Godoy Román Francisco Baltazar

FRANCISCO BALTAZAR GODOY ROMAN 

Rut : 2.159.629 9
F.Nacim. : 01 05 24, 49 años a la fecha de la detención
Domicilio : Pintué. Aculeo. Dpto. de Paine
E.Civil : Casado
Actividad : Campesino
C.Repres. : Presidente de Federación Campesina y Secretario Asentamiento Huiticalán
F.Detenc. : 18 de septiembre de 1973

Francisco Baltazar Godoy Román, casado, 2 hijos, dirigente campesino, fue detenido por Carabineros en las puertas de acceso del Asentamiento Huiticalán el día 18 de septiembre de 1973. Fue ingresado a las celdas de la Subcomisaría de Paine desde donde fue sacado a media noche del mismo día 18 con destino desconocido permaneciendo hasta el día de hoy detenido desaparecido.
El día 18 de septiembre, aproximadamente a las 11:30 horas de la mañana, llegó hasta el Asentamiento Huiticalán el Teniente de la Comisaría de Pintué, Luis Jara acompañado de otros uniformados y de algunos civiles que vestían partes del uniforme de Carabineros, entre éstos el agricultor Antonio Vásquez. Se movilizaban en un único vehículo, una camioneta celeste de propiedad de Francisco y Humberto Fuentes, dueños de un predio de la zona.
Francisco Baltazar Godoy Román temía ser detenido. El día anterior había hecho llegar al Gobernador del Departamento de Maipo una carta en la cual le manifestaba sus temores "dejo mi domicilio habitual de Aculeo, por razones de mi seguridad personal"… "Tengo un alto respeto por las Fuerzas Armadas y de Orden de mi patria, no son ellas las que me atemorizan, sino la represalia del sector patronal, que ya se está haciendo notar".
Instantes previos a su detención, una mujer lugareña lo había advertido del peligro de ser detenido que recaía sobre él.
Al detenerlo sus captores lo suben inmediatamente al vehículo y lo botan en el piso, luego se dirigen hacia un portón ubicado en la parte posterior del predio donde se encontraba el Presidente del Asentamiento Huiticalán, Miguel Angel Cornejo Saravia. Presenció la detención de Cornejo su hijo Rodolfo Godoy Pérez, éste pudo ver en momentos que era subido al vehículo. A Rodolfo Godoy Pérez el carabinero Luis Jara le ordenó abrir el portón para que pudiera salir el vehículo pero no alcanzó a cumplir la orden cuando uno de los uniformados disparó sobre el candado que había colocado en el portón soltándose éste. Al día siguiente quedó en libertad Miguel Angel Cornejo Saravia; éste relató que a ambos se les había trasladado hasta la Subcomisaría de Paine, tirados en el piso del vehículo y cubiertos por una manta. En la causa por presunta desgracia en la persona de Francisco Baltazar Godoy Román y en causa 2 90 E por inhumaciones ilegales en la localidad de Paine, ante el Ministro en Visita don Germán Hermosilla, Miguel Angel Cornejo Saravia relató haber estado en el mismo calabozo que Francisco Baltazar Godoy Román hasta la medianoche del 18 de septiembre, momento en que es sacado Godoy Román con destino desconocido. Miguel Angel Cornejo Saravia fue careado con 12 carabineros de la dotación de la Subcomisaría de Paine, que según nómina hecha llegar al Tribunal por la 7° Comisaría de Carabineros de Buin correspondería a la dotación a septiembre de 1973. El no reconoció entre ellos a sus captores. Además todos negaron haberlo visto en el interior de la Subcomisaría, como también negaron el hecho de que hubiera habido detenidos en la Subcomisaría. Todos afirmaron que el personal se había abocado solamente a labores de vigilancia puesto que se temía un ataque extremista al cuartel.
Al declarar en el proceso el Mayor de Carabineros Nelson Iván Bueno Espinoza, quien estaba a cargo de las Unidades de Carabineros del Departamento de Maipo y de la Subcomisaría de Paine, señaló respecto a la existencia de detenidos: "posiblemente los hubo, pero esto fue realizado por personal militar que patrulló la zona los que procedían de la Escuela de Infantería de San Bernardo". Coincidente con esta declaración fue la del Cabo 1° Jorge Enrique González Quezada "en relación a que si se realizaron patrullajes por el Departamento, estos no se efectuaron ya que ellos estaban a cargo de las Unidades del Ejército que venían de otros Regimientos".
También fue testigo de su reclusión en la Subcomisaría de Paine el dirigente campesino José Calderón Miranda. Este señaló afirmando haber permanecido el 18 de septiembre de 1973 en la misma celda con Godoy, hasta que en un momento sacaron a este último argumentando que podían ponerse de acuerdo en las declaraciones porque se conocían.
José Calderón Miranda, Presidente de la Confederación Sindical Campesina Manuel Rodríguez, había sido detenido el 15 de septiembre de 1973 desde su domicilio por Carabineros y civiles. Entre los civiles había reconocido a Claudio Oregón y Héctor Carrasco. José Calderón Miranda permaneció hasta el 20 de septiembre en la Subcomisaría de Paine. Durante su permanencia en el calabozo de dicha Unidad fue sometido a apremios físicos que lo dejaron en muy mal estado. Carabineros además rapó su pelo como lo hacía con todos los detenidos. El día 20 de septiembre fue sacado de la Subcomisaría por personal uniformado de la Escuela de Infantería de San Bernardo y trasladado hasta ese recinto militar, donde se le tomaron algunos datos antes de llevarlo hasta el campo de detenidos ubicado en el Cerro Chena. El 24 de septiembre de 1973 José Calderón Miranda es sacado en un vehículo junto a un dirigente poblacional de San Bernardo de apellido Blanco y a un muchacho muy joven. En el trayecto se les vendó la vista. En el vehículo fueron trasladados hasta el Puente Maipo donde se les hace bajar e inmediatamente se les dispara por la espalda cayendo los 3 cuerpos al agua del río Maipo. José Calderón Miranda fue el único de los 3 que sobrevivió a su ejecución, los otros dos cuerpos sin vida se perdieron en las aguas.
En los asentamientos aledaños a la Laguna de Aculeo, Asentamiento Huiticalán, Rangue, El Vínculo, Mancel Alto y El Patagual, se detuvo en fechas posteriores a 15 campesinos en operativos realizados por Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, ocurridos los días 13, 20 y 21 de octubre de 1973. El operativo del 13 de octubre estuvo a cargo del Mayor Machuca que iba acompañado del Teniente de la Comisaría de Pintué, Luis Jara. Los uniformados portaban una lista con los nombres y datos personales de los que fueron detenidos.
Manuel Pavez Henríquez, tesorero del Asentamiento El Patagual detenido el 13 de octubre de 1973 se encuentra detenido desaparecido al igual de Francisco Baltazar Godoy Román.
Otros 10 campesinos detenidos en los operativos del día 13, 20 y 21 de octubre, donde participan Carabineros de Pintué y Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, fueron ejecutados. Los cuerpos sin vida de Pedro Juan Meneses Brito, Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Cares Silva, Luis Osvaldo González Mondaca, y José Manuel Díaz Inostroza fueron encontrados por sus familiares en el Instituto Médico Legal. El parte correspondiente consignaba como lugar del deceso el Puente Maipo el día 23 de octubre de 1973 a causa de impactos de bala. Los cuerpos sin vida de Francisco Javier Lizama Irarrázabal, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celenio Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres fueron enterrados clandestinamente en los cerros del Asentamiento San Vicente de Lo Arcaya en la comuna de Pirque. Estos cuerpos sin vida y semi enterrados habían sido encontrados por lugareños que dieron cuenta a Carabineros de Puente Alto, iniciándose una investigación judicial en el Juzgado de Letras de Puente Alto (rol 15270) el 14 de noviembre de 1973. En el proceso declaró sólo un familiar de las 5 víctimas, no citó el Tribunal a ningún otro familiar al haber informado la Prefectura de Investigaciones que los domicilios de estos quedaban fuera de la jurisdicción del Tribunal. El Tribunal ordenó inscribir las defunciones al Registro Civil de Independencia estableciéndose como fecha de muerte el 13 de octubre de 1973, lugar fundo San Vicente, Lo Arcaya y causa múltiples heridas a bala.
La detención y posterior desaparecimiento de Francisco Baltazar Godoy Román se enmarca en lo que fue la represión en Paine el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Las primeras gestiones realizadas por los hijos de Godoy Román estuvieron encaminadas a obtener respuestas directas de los organismos competentes. Concurrieron a Centros de detención de Paine, San Bernardo y Santiago. Consultaron en Cruz Roja Internacional, SENDET y revisaron los listados del Instituto Médico Legal, al no encontrar por esa vía rastros de su padre iniciaron acciones por la vía judicial.
La tramitación judicial se inició con una presunta desgracia en su favor, interpuesta por su hija Helia Godoy Pérez ante el Juez de Letras de Buin el 14 de abril de 1978. Se le asignó el rol 25245?3. El Juez Instructor, Fernando Montenegro Araya, citó a declarar a Miguel Angel Cornejo Saravia quien confirmó la detención y permanencia en la Subcomisaría de Paine de ambos hasta la noche del 19 de septiembre, oportunidad en que fue sacado Godoy Román del calabozo. Por los mismos días se recibió respuesta de Oficio enviado a la Subcomisaría de Paine acerca de su permanencia en dicha Subcomisaría. En él se daba cuenta que no estaban en condiciones de informar sobre una posible detención de Godoy Román por cuanto el Retén de Pintué había permanecido levantado en la fecha señalada. El Oficio respuesta venía con dos firmas. Una de ellas correspondía al Sargento 1° de Carabineros Luis E. Jara Riquelme, que sería el aprehensor de Godoy Román. Así quedaba negada la detención por el jefe de un Retén al cual nunca se le señaló como lugar de destino del detenido.
Oficios con respuestas negativas se recibieron del Registro Civil e Identificación de Buin, Champa y Gabinete Central, Paine. En ninguno de ellos había sido inscrita su defunción. Policía Internacional y el Servicio Médico Legal también respondían negativamente.
El juez citó a declarar a la dotación de la Subcomisaría de Paine que la componían 12 funcionarios según Oficio enviado en junio de 1979 por la 7a. Comisaría de Carabineros de Buin. Todos ellos negaron que Carabineros hubiera realizado detenciones y ninguno de ellos vio detenidos en las dependencias de la subcomisaría.
En agosto de 1979 su hija interpuso una querella contra los funcionarios de Carabineros que participaron en el secuestro de Godoy Román y contra todas aquellas personas a quienes pueda haber cabido en una u otra forma participación en los hechos. Esta querella fue acumulada a la causa 25245?3 por presunta desgracia que se llevaba en el mismo Tribunal. Además se solicitó agregar el proceso rol 25736 por "Hallazgo de Osamentas" (se refiere a cadáveres encontrados en el Tranque Colonia Kennedy de la localidad de Hospital) a fin de investigar si correspondían estas a su padre. La causa 25736 no se tuvo a la vista. En tanto que transcurridos 3 meses (diciembre 1979) el juez se declaraba incompetente para continuar llevando el caso por aparecer en antecedentes la participación de funcionarios de Carabineros y en contra de los cuales había quedado entablada una querella por secuestro. El expediente fue remitido a la Fiscalía Militar. El juzgado militar aceptó la competencia y el sumario quedó encargado a la 1° Fiscalía Militar bajo el rol 46 80.
Se ofició a la Subcomisaría de Paine a fin de confirmar la permanencia de Godoy en sus dependencias, pero la respuesta fue negativa. Se respondía dando cuenta que los libros de novedades de la guardia de esta Subcomisaría correspondientes al año 73, fueron recibidos en la 7a. Comisaría de Buin, en esa fecha – ahora 15° Comisaría de Buin – donde fueron destruidos con fecha 10 de mayo de 1977 según consta en los folios N°54 y N°55 del libro de destrucción de Actas de esa Unidad. Durante prácticamente un año (julio 1981 – julio 1982) no hubo más diligencias decretadas por la Fiscalía. Sí se recibió Oficio respuesta de la CNI (Central Nacional de Información) que daba cuenta de la inexistencia de antecedentes relativos a su detención en ese organismo y a contar del 11 de septiembre de 1973. Con esta respuesta, la Fiscalía Militar cerraba el sumario y sobreseía total y temporalmente la causa. Para ello tuvo en consideración el Informe de la Subcomisaría de Paine (Retén Pintué) y la declaración de los 12 carabineros junto a los Oficios respuesta de los registros civiles concluyendo de esta forma que "no resulta completamente justificada la perpetración del presunto delito que dio motivo a la formación de este sumario". (Julio 1982) Dicha resolución fue apelada fundamentando tal solicitud en la existencia de diligencias que deberían cumplirse: a) citar al querellante para que proporcionara la identidad de la persona que puso sobre aviso a Godoy Román de su inminente detención; b) oficio al Ministerio del Interior para que informara la identidad del Gobernador del Depto. Maipo, a quien en septiembre de 1973 Godoy Román le hizo llegar una declaración; c) despacho de orden de investigar la identidad de los dirigentes de los empleadores agrícolas de la zona a septiembre del 1973; d) oficio al Depto. de Personal del Ejército para que informe la identidad, grado y destinación del Oficial que en septiembre del 73 se desempeñó como Comandante de la Escuela de Infantería de San Bernardo con el objeto que preste declaración; e) Verificar un careo entre Miguel A. Cornejo Saravia y los 12 funcionarios de la Subcomisaría de Paine, para aclarar la contradicción entre uno y otro.
El 19 de julio de 1983 la resolución fue revocada accediendo solamente al careo solicitado. En éste, las partes se mantuvieron en sus dichos; el detenido afirmando haber estado recluido en la Subcomisaría de Paine junto a Godoy Román, en tanto que los Carabineros reiterando la no perpetración de detenciones así como no haber visto jamás a Godoy Román y Cornejo Saravia recluidos en la Subcomisaría.
Finalizados los careos el 28 de septiembre de 1983, el Fiscal Militar resolvió remitir el proceso al II Juez Militar para su sobreseimiento el que fue aprobado en octubre de 1983. La causa fue apelada siendo confirmada la resolución en junio de 1987 por la Corte Marcial.
Los familiares de Godoy Román han entregado los antecedentes relativos a su detención y desaparecimiento al Ministro en Visita Extraordinaria don Germán Hermosilla, el cual a partir de octubre de 1990 investiga denuncia interpuesta por la Vicaría de la Solidaridad por inhumación ilegal de personas en la localidad de Paine (rol 2?90?E) Corte Presidente Aguirre Cerda. Al momento de esta redacción dicha causa se encontraba en estado de sumario sin haberse establecido responsabilidades penales en esta causa ni haberse logrado establecer el destino de Francisco Baltazar Godoy Román.
En esta misma causa aún está pendiente el informe de Perito Ad? Hoc que deberán confrontar las osamentas encontradas en el Tranque Kennedy en 1973 (causa rol 25736) con los datos antropomórficos de los detenidos desaparecidos de Paine. Dicha causa 25736 fue solicitada en el proceso de Godoy Román sin haberse traído a la vista en ningún momento.
Por otra parte en agosto de 1991 se inició en el 22° Juzgado del Crimen el proceso rol 4449?AF. En él se investiga una denuncia relativa a inhumaciones ilegales de detenidos desaparecidos ocurridas en 1973, en el Patio 29 del Cementerio General. Los antecedentes antropométricos de Francisco Baltazar Godoy Román fueron incluidos en la causa. En el mes de septiembre de 1991 el juez sumariante ordenó la exhumación de 108 tumbas del mencionado patio. Las osamentas encontradas que correspondían a 125 cuerpos fueron ingresadas al Instituto Médico Legal. Al cierre de esta redacción aún se trabajaba en el proceso de identificación de las víctimas (1992).
 

El Tribunal de alzada incrementó la pena de 6 años de presidio dictada por la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón.La Corte de Apelaciones de San Miguel elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá cumplir el oficial de Carabineros en retiro Nelson Iván Bravo Espinoza, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Francisco Baltazar Godoy Román, ilícito cometido a partir del 18 de septiembre de 1973, en la localidad de Aculeo, comuna de Paine.
En la etapa de investigación, la ministra Cifuentes logró establecer que los hechos acontecieron a partir del día 18 de septiembre de 1973, a las 07:30 horas, contexto temporal en que Francisco Baltazar Godoy Román fue detenido por funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, en el portón de acceso al asentamiento "Huiticalán", ex fundo Santa Marta de Aculeo y, acto seguido, trasladado a la referida unidad policial, lugar en que se le mantuvo encerrado, sin que conste la existencia de alguna orden, emanada de autoridad administrativa o judicial, que autorizara su detención y posterior encierro y, mucho menos, los maltratos físicos a los que fue sometido.
En el aspecto civil, con el voto en contra de la ministra Mondaca, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $80.000.000 a hijo de la víctima.

Santiago de Chile.- Un suboficial retirado de Carabineros de Chile, que estaba procesado por homicidios y desapariciones de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fue encontrado muerto con un impacto de bala en el cuerpo, informaron hoy fuentes policiales.

El cadáver de Luis Jara Riquelme, de 75 años, fue encontrado a las 22:00 horas del martes (02:00 GMT de hoy) en el puente sobre el río Cruces, en las afueras de la ciudad de Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago.

Jara Riquelme tenía su domicilio en Buin, a 35 kilómetros de la capital chilena y estaba desaparecido desde el pasado fin de semana, razón por la cual su familia había presentado una denuncia, aunque también se indicó que un hijo suyo vive en Valdivia.

El cuerpo presentaba un impacto de bala en el tórax y por ahora se investiga si el ex policía se quitó la vida o fue víctima de un homicidio, dijo a los periodistas el prefecto Iván Vega, de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia.

El incidente se produjo después que el pasado domingo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que no decretaría un indulto general con motivo del Bicentenario de la Independencia sino beneficios particulares, de los que excluyó explícitamente a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

El mandatario rechazó de ese modo una propuesta de la Iglesia Católica y sobre un indulto general por el Bicentenario, en el que se pedía, también de forma explícita, incluir a represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-199) condenados por ese tipo de delitos.

Luis Jara Riquelme, según organizaciones de derechos humanos, estaba procesado por la Corte de Apelaciones de San Miguel por los secuestros y desaparición de varias decenas de pobladores de la localidad de Paine, cometidos en 1973, tras el golpe que Pinochet encabezó para derrocar al presidente Salvador Allende.

El ex carabinero, de acuerdo con esos antecedentes, estaba procesado como autor de los secuestros y homicidios calificados de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázabal, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Jorge Manuel Pavez Henríquez.

También como autor del delito de secuestro agravado de FRANCISCO BALTAZAR GODOY ROMAN .

Fueron los dueños de latifundio y de camiones quienes participaron junto a los agentes de Estado en las torturas, ejecución y desaparición de los 70 habitantes de Paine, en su mayoría campesinos, durante la dictadura militar. La justicia ha procesado a seis de ellos y uno quedó imputado por los crímenes de lesa humanidad, Francisco Luzoro Montenegro. Sin embargo, el clan Kast, quien ha participado según testigos, ha quedado impune.

El 2017, la Corte Suprema ratificó el fallo contra el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad: Francisco Luzoro, por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. La condena fue por 20 años y un día. Sin embargo, el criminal solicitó la libertad provisional bajo fianza en favor del procesado, bajo el argumento de "no ser un peligro para la seguridad de la sociedad", manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.

Francisco Luzoro fue el dirigente dueño de camiones de Paine, quien actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.

También hubo otros cinco civiles procesados, como Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

El 2017 también se procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

El clan Kast y su impunidad

Las denuncias contra la familia del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast volvieron tras conocerse el fallo de la Corte Suprema por el caso de "Paine Centro", el cual involucra la ejecución y desaparición de 38 habitantes. En el fallo se condenó a 11 ex uniformados del Ejército y Carabineros.

En el programa Sin Filtros, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) emplazó a Teresa Marinovic, convencional del Partido Republicano por la complicidad de la familia Kast en la ejecución y desaparición de 70 personas, todos hombres y en su mayoría trabajadores agrícolas. Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar.La familia Kast tiene renombre en la derecha, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, famoso operador de la derecha, uno de los pilares fundantes de la UDI, arquitecto en los cambios del Estado (ODEPLAN) durante los 80 para ajustarlo al nuevo sistema económico neoliberal que se quería implementar en ese momento, sino además con vínculos con la misma DINA, como revela el libro A la Sombra de los Cuervos, el periodista Javier Rebolledo.

Voces contra la Reforma Agraria

En el Golpe de Estado, Miguel Kast hizo una buena relación con Jaime Guzmán y también fundador UDI. Antes, en los años 70, mientras que en distintas localidades como en Paine, la Reforma Agraria comenzaba a levantarse desde organismos campesinos y sindicatos de obreros agrícolas, en ese periodo la familia Kast habría facilitado los camiones e inclusive sindicado a algunos de los que fueron luego asesinados.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria y hermano de José Antonio, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos.

Francisco Luzoro, reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”. La familia Kast tenía relación con préstamos y traslados que unía a los militares y Carabineros con las detenciones.

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como "cómplices pasivos" y "no pasivos" de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]

Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

 Fuentes:

[1] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos ( extracto)