Galaz Salas Domingo Octavio

DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS

Rut : 6.278.976-K
F.Nacim. : 10-09-50, 23 años a la fecha de la detención
Domicilio : Asentamiento El Escorial. Paine
E.Civil : Soltero
Actividad : Obrero Agrícola
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 3 de octubre de 1973

Domingo Octavio Galaz Salas, soltero, 23 años al momento de los hechos, obrero agrícola domiciliado en el Asentamiento El Escorial de Paine, fue detenido el día 3 de octubre de 1973 desde su domicilio en presencia de su familia, por Militares pertenecientes a la Escuela de Infantería de San Bernardo. En la oportunidad, en un vasto operativo que abarcó el Fundo Liguay y el Asentamiento El Escorial, se detuvo a once campesinos cuyos nombres figuraban anotados en una lista que portaban sus aprehensores. El operativo que incluyó arrestos y allanamientos fue realizado al margen de toda legalidad.
Restos humanos correspondientes a Domingo Octavio Galaz Salas y a otros 13 campesinos detenidos en ambos predios agrícolas durante operativos Militares realizados el 24 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, distante 4 kilómetros del lugar de los arrestos. En la oportunidad el Instituto Médico Legal informó al Tribunal su imposibilidad de identificar las víctimas y establecer la causa de la muerte. Sin embargo, en enero de 1991 el mismo Instituto tras un nuevo peritaje informó acerca de la identidad de cada una de las osamentas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala. Es así como de un total de 20 detenidos -en esta seguidilla de operativos- tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos una semana en el Campamento de Chena, y otros tres fueron ejecutados en el mismo Campamento aduciendo los ejecutores haber actuado ante un intento de fuga y otros 14 campesinos fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.
A las 4:00 horas de la madrugada del día 3 de octubre y en circunstancias que todos sus moradores dormían, un grupo de Militares fuertemente armados unos con sus rostros tiznados de negro y otros que parecían ser sus jefes con pasamontañas, ingresaron sorpresivamente al hogar del afectado. Inmediatamente requirieron la presencia de Domingo Galaz y los otros moradores, fueron conminados a salir de sus camas, en tanto que a Galaz Salas se le indicaba que sería llevado con ellos para lo cual debería llevar su cédula de identidad. Sin alcanzar a vestirse del todo fue sacado de su hogar con rumbo desconocido para su familia. Junto a los aprehensores estaba José Cabezas Bueno, campesino de ese asentamiento, que fuera detenido el día anterior. A éste lo tenían con su rostro cubierto por un paño pese a ello pudo ser reconocido por quienes estaban presente.
En enero de 1991 las osamentas correspondientes a Domingo Octavio Galaz Salas fueron entregadas a sus deudos y sepultadas en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N105 del 5 de febrero de 1991 se consignó como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada causada por traumatismo cráneo facial y de extremidades inferiores por bala.
El nombre de Domingo Octavio Galaz Salas fue incluido en una nómina de personas "presuntamente desaparecidas" y fallecidas que hiciera acompañar el Gobierno de Chile a su informe sobre "La Situación actual de los Derechos Humanos en Chile" presentado ante el 30 período de sesiones de la ONU en octubre de 1975. Dicha nómina que incluía un total de 63 personas, de las cuales 11 eran detenidos desaparecidos de Paine, fue declarada falsa por el Ministro en Visita Juan Rivas Larraín quien realizó una investigación al respecto, dentro de la tramitación de la causa 24005-1 del Juzgado de Letras Maipo Buin relativa al secuestro de 23 campesinos ocurrida en Paine en 1973. El Ministro estableció que los protocolos asignados a los 11 detenidos desaparecidos de la lista mencionada correspondían a personas muertas con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en Santiago y sus alrededores, todos a consecuencia de impactos de bala y cuya identificación no había sido posible por carecer los cadáveres al momento de ingreso al Instituto Médico Legal de epidermis en sus manos quedando todos ellos inscritos como NN sin haberse producido modificaciones posteriores al respecto. A Galaz Salas se le había asignado el protocolo de autopsia N?3096. Además el Ministro concluyó que el documento atribuido a la dirección del Instituto Médico Legal tenía adulterada la firma de quien fuera su director y el timbre en ella consignado no correspondía al ocupado en la Dirección del Establecimiento.
La detención y ejecución de Domingo Octavio Galaz Salas se enmarca en lo que fue la represión en Paine con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
La tramitación judicial se inicia el 15 de enero de 1974 con la interposición de un Recurso de Amparo rol 36-74, que fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 20 de mayo de 1974, tras haber recibido informes negativos de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Ministerio del Interior y de las Prefecturas de Carabineros e Investigaciones. En marzo de 1977 se interpuso una denuncia por Presunta Desgracia en el Juzgado de Letras Maipo Buin rol N 24862. En ella se decretaron idénticas diligencias a las ya ordenadas en el Amparo obteniéndose similares respuestas y resolviendo el juez sumariante en noviembre de 1977 sobreseer temporalmente la causa, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En 1980 la causa fue desarchivada y el proceso reabierto al presentar la parte denunciante nuevos antecedentes al Tribunal. Se transcribió de la causa 24005-1 (Ministro en Visita Espejo) la denuncia presentada por el Vicario General Don Ignacio Ortúzar Rojas relativa a inhumaciones masivas e irregulares ocurridas en el Patio 29 del Cementerio General durante el año 1973. La irregularidad comprendía tanto tumbas asignadas a personas NN como otras que si bien existía una identificación de la víctima merecía dudas la autenticidad de la información consignada en los libros del Cementerio. Entre estas últimas se consignaban 2 campesinos detenidos desde el Asentamiento El Escorial y posteriormente ejecutados en el Campamento de Detención del Cerro Chena (Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz).
A la denuncia por la presunta Desgracia por Galaz Salas reabierta rol Nro. 24862, se agregó una querella contra los efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo que participaron en el operativo del 3 de octubre de 1973 en el Asentamiento El Escorial. En ella el Tribunal ofició al Ministro en Visita, don Humberto Espejo, a fin de que le fuera informado si el nombre de Domingo Octavio Galaz Salas figuraba en la nómina que el gobierno chileno entregaba ante la ONU con motivo del 30 período de sesiones y de ser así se le remitieran las conclusiones a las cuales se habría llegado respecto de su contenido. Los antecedentes no le fueron remitidos al Juez instructor informando el Ministro Espejo que la causa se encontraba radicada en la II Fiscalía Militar, tras haberse declarado su incompetencia. En enero de 1981 el proceso N 24862 fue acumulado al proceso rol N 26037 del mismo juzgado y que se iniciara en enero de 1980, tras haberse interpuesto una querella por el delito de secuestro de 5 campesinos del Asentamiento El Escorial y Fundo Lircay y también en contra del personal militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En ésta iniciada por el Juez Fernando Montenegro Araya se había oficiado al Ministro del Interior, Policía Internacional, Dirección del Registro Civil, Cementerio General de Santiago e Instituto Médico Legal de cuyas respuestas se concluía que no figuraban ni detenidas ni fallecidas, por su parte la respuesta de la Escuela de Infantería argumentaba su imposibilidad de verificar los nombres dado que la documentación pertinente se habia destruido en 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 12 de julio de 1978 se interpuso una querella ante el Juzgado de Letras Buin Maipo por el delito de secuestro de Hernán Pinto Caroca, en contra de la dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
La causa fue acumulada al proceso 24005-1 del mismo Tribunal en la cual se investigaba similares denuncias relativas a 22 campesinos de Paine, todos detenidos ilegalmente en septiembre y octubre de 1973.
La causa 24005 se inició el 21 de marzo de 1975, fue sobreseída temporalmente el 20 de enero de 1976 para ser reabierta el 23 de marzo de 1977 al entregar la parte denunciante nuevos antecedentes. El 4 de abril de 1977 se designó el Ministro en Visita don Juan Riveras por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua para que continuara conociendo el caso. Este se declaró incompetente el 13 de agosto de 1979 debido a la creación de la corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerca a cuya jurisdicción correspondió el sector de Maipo-Buin. Su nuevo rol fue el N?1-79, la investigacion quedó a cargo del Ministro en Visita Humberto Espejo. El Ministro se declaró incompetente en tres oportunidades remitiendo los antecedentes del caso a la Fiscalía Militar por haber personal militar sindicado en las querellas como responsables del secuestro. En la tercera oportunidad, el 7 de enero de 1980, la Corte aprobó la incompetencia y remitió el proceso a la II Fiscalía.
Su nuevo rol fue el N 952-80. Con fecha 28 de noviembre de 1989 el Fiscal Militar se hace parte en representación del Notario Público Militar y solicita el sobreseimiento de la causa y la aplicación de la Ley de Amnistía. (D.L. 2191 de 1978). El 1 de diciembre el II Juzgado Militar aprobó la resolución.
Al cierre de esta redacción (fines de 1992) la causa se encontraba en la Corte Marcial desde el 2 de enero de 1990 a fin de verse la apelación presentada.
Durante el desarrollo de la causa 24005-1 referente a Hernán Pinto Caroca se realizaron las siguientes diligencias relevantes: con fecha 15 de junio de 1979 declara la esposa de Pinto Caroca y entrega nuevos antecedentes al Tribunal informando del hallazgo en la Cuesta de Chada y de la no entrega de sus restos a sus familiares por parte del Instituto Médico Legal.
El 15 de mayo de 1979 el Ministro Rivas solicita traer a la vista el proceso rol 23643 ("Hallazgo osamentas en Chada"). El 22 de junio de 1979 responde el Oficio el Comandante en Jefe de la II División del Ejército señalando lo siguiente " no es posible dar curso a la petición formulada" por tratarse de una causa que ha sido tramitada conforme al procedimiento Penal Militar en Tiempo de Guerra y agregaba que el 4 de noviembre de 1975 se había dictado sobreseimiento temporal.
Al ser consultado el Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo acerca del nombre del personal que actuó en octubre de 1973 en Paine y sus alrededores, respondió su director Carlos Meirelles Muller el 7 de febrero de 1979; "por tratarse de antecedentes clasificados que el Director infrascrito no tiene atribuciones para darlos a conocer, tal petición debe tramitarse a través del señor Ministro de Defensa Nacional". Este a su vez respondió el 22 de mayo de 1979, a través de su Ministro, General Raúl Benavides, argumentando que dadas las condiciones imperantes en el país en los meses de septiembre y octubre de 1973 le era materialmente imposible determinar el contingente militar que operó en Paine y sus alrededores.
El 11 de julio de 1980 el Pleno de la Corte Suprema acordó remitir la causa rol 561-75 (rol de origen 23643) a fin de que el Ministro Espejo la tuviera a la vista.
El 16 de agosto de 1980 el Ministro en Visita agregó compulsas de la causa rol 23643 (rol de Fiscalía 561-75). De esta forma quedaron consignadas declaraciones de otros familiares que confirmaran lo ya declarado por la esposa de Pinto Caroca.
En el mismo mes el Ministro en Visita Humberto Espejo oficia al Instituto Médico Legal a fin de recabar información sobre el destino de las osamentas que de acuerdo a los antecedentes la II Fiscalía Militar habría ordenado su sepultación (Causa 561-75).
El 22 de julio de 1981 la parte denunciante solicita la acumulación del proceso 561-75 por contener importante información sobre el destino de los detenidos en el Asentamiento El Escorial. En resolución del 27 de noviembre de 1981, el Juez Militar denegó la acumulación fundamentando la decisión textualmente "no hay indicios suficientes que permitan sindicar a determinadas personas como autor o cómplice o encubridor de los hechos denunciados".
Con fecha 19 de agosto de 1981 el Instituto Médico Legal informó al Tribunal su imposibilidad de dar respuesta a lo consultado, por haber enviado los antecedentes a la causa 561-75 de las cuales no guardó copia velando por el secreto debido en causa en estado de sumario.
Entre agosto de 1984 y julio de 1985 declaró la oficialidad de la Escuela de Infantería de San Bernardo que a octubre de 1973 se desempeñaba en esa Unidad. La totalidad de ellos declararon no haber participado en operativos realizados en Paine y sus alrededores y desconocen acerca de las muertes ocurridas en Chada.
Años después a petición del Fiscal Militar, la causa fue sobreseída la Ley de Amnistía sin establecerse el destino de los detenidos-desaparecidos, ni indicar responsabilidades en su desaparecimiento. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este Tribunal, ya que en septiembre de 1991 en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General.La causa, a diciembre de 1992, continuaba en tramitación.
Por otra parte, en causa 2-90-E iniciada en agosto de 1990, tras haber designado la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda al Ministro en Visita Don Germán Hermosilla para que conociera de denuncias por inhumaciones irregulares ocurridas en Paine y que afectaría a detenidos-desaparecidos de la zona, el Tribunal también decretó diligencias tendientes a esclarecer el paradero de las víctimas de El Asentamiento El Escorial.
En el expediente quedó consignada la magnitud de los hechos represivos ocurridos en los Asentamiento El Escorial y Fundo Liguay. Se dio cuenta de 17 víctimas, nombre de testigos e identificación de la rama de las Fuerzas Armadas que operó en el sector. Se dio cuenta del hallazgo y la no entrega de sus cuerpos para su sepultura. Con estos antecedentes el Ministro Hermosilla realizó las siguientes diligencias: el 22 de mayo de 1990 se constituyó en el Servicio Médico Legal cerciorándose de la existencia de 3 sacos de arpilleras con osamentas referidos a los protocolos N 519 al 530 del año 74, éstos tenían una etiqueta con la leyenda "Osamentas de Chada año 1974". Dispuso que dichas osamentas quedaran a su disposición y ordenó que fueran nuevamente periciadas. El 15 de octubre de 1990 el Tribunal se constituyó en el Cerro Redondo de la Cuesta de Chada. Se recogieron evidencias, fragmentos óseos, partes de vestuario, 2 vainillas percutadas, 25 proyectiles deformados y 18 en buen estado. El 24 de octubre de 1990 el Ministro del Interior informó que al asumir las nuevas autoridades el 14 de marzo de 1990 no se encontraron antecedentes relacionados con la detención de personas en el período 11 de septiembre de 1973 al 31 de diciembre de 1974, agregando que lo anterior no descartaba que las personas individualizadas en la nómina hubiesen sido detenidas por orden de las anteriores autoridades. En diciembre de 1990 el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, desde su sección Balística Forense, informó respecto a dos vainillas y 17 de los proyectiles encontrados en la cuesta, llegando a las siguientes conclusiones: son en su mayoría proyectiles diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automática, su calibre corresponde a 7,62 mm. Nato, siendo éstas municiones de guerra. Otro proyectil corresponde al calibre 32 largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y el otro que es calibre 7.9 está diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre. Respecto a las personas o servicios que utilizaban ese tipo de armas durante los últimos 4 meses de 1973 informó que se trataba, textualmente "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares". El 28 de diciembre de 1991 el Instituto Médico Legal informó al Tribunal que había identificado cada una de las catorce osamentas y se encontraban a disposición del Tribunal a fin de que fueran exhibidas a sus familiares. En enero de 1991 se hizo entrega de las osamentas a los familiares de las 14 víctimas procediéndose a su sepultación e inscripción en el Registro Civil de Independencia. Al cierre de esta redacción (fin de 1992) la causa 2-90-E se encontraba en estado de sumario no habiéndose decretado diligencias referente a los inculpados.

Apenas de cárcel fueron condenados militares por el secuestro de tres campesinos de Paine, región Metropolitana, en hechos ocurridos en septiembre y octubre de 1973.

La ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH. de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó sentencia de primera instancia en la causa que investiga el secuestro calificado de los obreros agrícolas Manuel Ortiz Ortiz (18) y de Juan Guillermo Cuadra Espinoza (26), y la sustracción del menor Ignacio del Transito Santander Albornoz (17), hechos ocurridos entre el 24 de septiembre y 2 de octubre de 1973, en el sector El Escorial en Paine, comuna de San Bernardo.

De esta manera, la magistrada condenó a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo a Jorge Eduardo Romero Campos, Alfonso Faúndez Norambuena, Carlos Walter Kyling Schmidt y José Hugo Vázquez Silva, como autores del secuestro calificado de Manuel Ortiz y la sustracción del menor.

Por su parte, a Escipón Pedro Cesar Escobar Norambuena se le condenó a 10 años de presidio mayor en su grado medio por dichos delitos, absolviéndose a Roberto Rozas Aguilera.

También se condenó a Sergio Ávila Quiroga y Jorge Reyes Cortés a 15 años y un día como autor del secuestro calificado de Ortiz y Guillermo Cuadra Espinoza; así como también por la sustracción del menor Tránsito Santander.

Además, se condenó a una pena de 10 años y un día a Carlos Durán Rodríguez, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.

Todos los condenados eran miembros del Ejército, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El subteniente de dicha dependencia militar, el coronel (r) del Ejército, Andrés Magaña Bau, falleció durante la investigación, en julio de 2021.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso, valoró lo resuelto e indicó que “este caso refiere al martirio de 3 jóvenes chilenos contra los cuales se ensañaron los militares. Son símbolos de la brutalidad desatada en Paine por la Dictadura”.

Caucoto junto con valorar lo resuelto, destacó que “la tarea de la ministra en Visita Marianela Cifuentes es encomiable y reivindica la actividad judicial. Los familiares de los campesinos de Paine claman al cielo por justicia para todas sus víctimas, y con este fallo se da un paso trascendente en esa inmensa tarea, que aún no concluye, pero avanza sin desmayar”.

Los hechos concretados por militares por secuestro de campesinos en Paine 

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la ministra se pudo establecer que “el día 24 de septiembre de 1973, en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, entre otros”.

A ello, se añadió que “tras su detención, Cuadra Espinoza y Santander Albornoz fueron trasladados al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del cerro Chena, a cargo del teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el que además se desempeñaba el subteniente Carlos Walter Kyling Schmidt, junto a personal de Investigaciones y Carabineros, entre ellos, Mario Jesús Campos Ripley, Oscar Hernán Vergara Cruces, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Sergio Heriberto Ávila Quiroga, donde se les mantuvo encerrados”.

En esa línea, se apuntó que el día 2 de octubre de 1973, “en el sector de El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el capitán Jorge Romero Campos, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau, detuvieron, sin derecho, a Carlos Manuel Ortiz Ortiz”.

Además, se precisó que “tras su detención, Ortiz Ortiz fue trasladado al campo de prisioneros referido, a cargo del teniente Alfonso Faúndez Norambuena, lugar en el cual se le mantuvo encerrado, sin derecho”.

Finalmente, se aseveró que “al interior del mencionado lugar, Juan Guillermo Cuadra Espinoza y Carlos Manuel Ortiz Ortiz fueron fusilados los días 5 y 6 de octubre de 1973, respectivamente, desconociéndose hasta la fecha el paradero de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz”.

La Corte Suprema condenó a exintegrantes del Ejército y Carabineros por el homicidio de 38 campesinos en Paine, ocurridos en 1973. El máximo tribunal revirtió la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la media prescripción, por considerar que esta figura no puede aplicar para los crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema condenó a exmiembros del Ejército y Carabineros por el homicidio de 38 campesinos en distintos asentamientos de Paine, ocurridos en 1973.

La Segunda Sala del máximo tribunal acogió los recursos de casación presentados por los querellantes en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la media prescripción, por considerar que la figura no se debe acoger en los casos de crímenes de lesa humanidad.

A raíz de ello, Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, miembros del Ejército (r), fueron condenados a 20 años de presidio por su responsabilidad en los 38 casos de homicidio calificado.

Los 14 primeros hechos ocurrieron entre 24 de septiembre y el 3 de octubre de 1973 en el sector de “El Escorial”. En tanto, los 24 restantes tuvieron lugar entre el 8 de octubre y el 16 de octubre del mismo año en los asentamientos de “Campo Lindo” y “24 de abril”.

José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez, también retirados del Ejército, fueron sentenciados a 10 años de presidio por estos acontecimientos.

Por otra parte, Raúl Francisco Areyte Valdenegro deberá purgar una pena de 7 años y 6 meses de presidio por su responsabilidad en los 14 homicidios del sector “El Escorial”.

Finalmente, Nelson Iván Bravo Espinoza, oficial de Carabineros (r), deberá pasar 10 años y un día en la cárcel por los secuestros calificados de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, cometidos los días 8 y 10 de octubre de 1973.

De acuerdo al fallo, la calificación de crimen de lesa humanidad “obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción”.

El abogado Nelson Caucoto, quien representa a familiares de 37 víctimas, se mostró satisfecho del veredicto.“El máximo tribunal de la República ha dictado sentencia definitiva, en este caso, que habla de una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad. Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general”, señaló Asimismo, indicó que “uno de los crímenes imperdonables de la dictadura ha sido resuelto por la justicia chilena de manera civilizada”.

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como "cómplices pasivos" y "no pasivos" de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.

Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país acogió sendos recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la figura de la media prescripción en contra de once involucrados.El Presidente Gabriel Boric se refirió en horas de esta tarde a la condena que realizó la Corte Suprema a 11 exintegrantes del Ejército y Carabineros, por la matanza de 38 campesinos en distintos asentamientos de Paine, hecho ocurrido en el año 1973."Si no hay verdad ni justicia, las heridas no pueden sanar. Después de 49 años de lucha, familias de Paine lograron vencer a la impunidad. A seguir construyendo un Chile en donde siempre se respete la democracia y los derechos humanos", reflexionó el Mandatario en su cuenta de Twitter.Y es que la Segunda Sala del máximo tribunal del país acogió sendos recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había aplicado la figura de la media prescripción. La decisión de la Suprema radicó en que aquello no debía aplicarse en crímenes de lesa humanidad.En primer lugar, se condenó a los miembros en retiro del Ejército, Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, a 20 años de presidio por su responsabilidad en los 38 casos de homicidio calificado.En tanto, José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez, todos retirados de la institución castrense, fueron sentenciados a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autores de homicidio calificado.Por otra parte, Raúl Areyte Valdenegro fue sentenciado a 7 años y seis meses, y Nelson Iván Bravo Espinoza, oficial (r) de Carabineros, fue condenado a diez años y un día.

"Vi cómo le cortaban la lengua y le sacaban los ojos": Alejandro Bustos, sobreviviente de fusilamiento en Paine. El colorín Bustos, como le dicen nos cuenta crudo relato de cómo fueron asesinados 4 campesinos en manos de camioneros, los integrantes de la familia Kast, Francisco Luzoro y otros empresarios de derecha. Estos criminales hechos se produjeron en la madrugada del 20 de septiembre de 1973.

En esa época, a los carabineros que asesinaron a más de 22 campesinos en esa zona, los llamaron "Los chacales de Paine".
Fueron declarados culpables de haber participado en la desaparición de 22 pobladores o campesinos de la zona en lo que se denominó como “La matanza de Paine”, cuando estos campesinos detenidos por carabineros y civiles fueron asesinados sin ningún cargo o juicio y lanzados al río o algún canal de regadio.

Paine, en proporción a su gente, es la comuna de Chile en la que mayor cantidad de civiles participó en aquella oscura y siniestra época, entre ellos los familiares del ex candidato de extrema derecha y ex UDI, José Antonio Kast, dueños de la empresa de alimentos Bavaria, que desde el mismo 11 de septiembre de 1973 apoyaron con comidas y bebestibles a los carabineros y grupos de civiles, que integraban, muchos de ellos el grupo fascista Patria y Libertad.

Entre los asesinados está el padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.

El testimonio del único sobreviviente, Alejandro Bustos, ‘el colorín de Paine’, es escalofriante:

"Me llevaron a la Comisaría. Vino otro carabinero con un alambre y me amarró las manos atrás por la nuca, después me empujaron de la banca para dejarme botado en el suelo. Cuando empezó a oscurecer, sacaron unas chuicas de vino y empezaron a prender fuego para un asado.

Había carabineros y civiles, casi todos camioneros. Estaban los Carrasco, el Tito y el Toño Ruiz Tagle, el peluquero Aguilera, el Pato Meza, Miguel González, Carlos Sánchez, el Jara, el Cristián Kast, Larraín, Suazo. Eran unos quince civiles y unos dieciocho carabineros, yo los veía desde mi rincón cómo se reían y emborrachaban, pero estaba muy quieto, porque cuando se acordaban de mí, se acercaban civiles o pacos a darme de puntapiés por las costillas.

Al rato vinieron a hacerme tragar más vino y uno dijo "a este guevón hay que pasarlo pa'dentro, pa'que sepa lo que es canela", entonces Retamal me sacó el alambre y empezaron a empujarme al calabozo. Estaba muy oscuro y había mucha gente parecía. Apenas cerraron la puerta las personas que había adentro empezaron a preguntarme si estaba bien. "Es el Colorín", dijo uno en voz baja que no alcancé a reconocer porque entraron los pacos casi en seguida y me sacaron al pasillo. "Tenís que decir toda la verdad, ¿son o no son comunistas los que estaban ahí adentro?".

Como yo les dije que no, me pescaron a cachetadas y el Moya gritaba que si estábamos metidos en la "JAP", estábamos en política, "y en qué entrenamiento andabai metido, guevón, p'tas que soy bueno pa'mentir". Se aburrieron de pegarme. "Vamos a comer será mejor", dijo uno y me empujaron de nuevo al calabozo. Un rato después empecé a reconocer a los compañeros, eran todos gente re buena, Carlos Chávez, Luis Ramírez, Orlando Pereira, Raúl Lazo, también Calderón el del Escorial. Empezamos a conversar entre nosotros, de quienes éramos y si estábamos heridos; varios me preguntaban si había visto a sus esposas.

Serían, creo, la una de la mañana, cuando el paco Retamal abrió la puerta del calabozo, con él entraron Leiva y Manuel Reyes, carabineros también. Nos hicieron salir por detrás de la guardia mientras Claudio Obregón y Carrasco nos nombraban por una lista. Cuando le tocó salir a Calderón, Carrasco le dijo "vos te quedai por ahora", y lo devolvieron pa'dentro cerrándole la puerta.

Atrás de la guardia nos esperaba un furgón verde y el auto crema de los Carrasco, también estaba la camioneta verde de don Jorge Sepúlveda, la camioneta amarilla de Obregón, y el auto de González. Nos subieron al furgón y los autos partieron, los propios dueños los manejaban.

El furgón iba al final de la fila y lo conducía el carabinero Juan Valenzuela. Nosotros nos preguntábamos mientras tanto que si estarían llevándonos al Estadio Nacional o al Chile o al Regimiento de Chena, sólo ese tipo de sitios nos imaginábamos pero, a pesar de la sospecha tremenda, a ninguno se le ocurrió mencionar que nos llevaban a algún escondrijo para matarnos. Mucho más allá, cuando el finao Ramírez que era evangélico empezó a orar, se me puso la carne de gallina; supongo que a todos les pasó lo mismo porque empezaron a encomendarse a Dios, a los santos; yo también recé porque soy católico, devoto de la Virgen.

Llegó un momento en que nadie más conversó de nada con nadie, no nos atrevíamos supongo porque era evidente. Recién por Champa el finado Chávez lo dijo, estábamos todos rezando y él nos interrumpió, "van a matarnos", dijo enronquecido, después en voz baja agregó, "el que quede vivo que sea hombre y cuente dónde van a botarnos". Un momento más tarde, como si hubiera tenido una revelación, me dijo, "usted Alejo, que va salvarse, avise que estamos muertos".

Cuando nos bajaron del furgón y vimos en fila los autos con los faroles encendidos, no nos cupo duda. Hasta allí yo todavía creía que podían estar amenazándonos solamente, pero empezaron a empuñar las metralletas, todos ellos, civiles y carabineros, nada más que hablar.

El sargento Reyes nos condujo a empujones a la orilla del río, y burlándose de nosotros nos hizo levantar los brazos, "¡vamos a matarlos por no ponerse de acuerdo en sus mentiras!". Sucedió todo en un segundo, lenguas de fuego salieron por los cañones y las ráfagas comenzaron a rugir.

La noche pareció iluminarse con demonios y una quemazón en el brazo me echó al suelo, cai revolcándome, Orlando Pereira cayó encima mío, su sangre corrió por mi cuerpo. Quedé de costillas al lado del sargento Reyes y Pancho Luzoro gritó "éste ya está muerto!", entonces con Daniel Carrasco me tomaron de las piernas para arrojarme al agua. Pero no alcancé a caer, unas moras me detuvieron. Desde allí alcancé a ver cómo a los otros los remataban, o no sé si estaban todavía vivos porque eran miles de balazos y les seguían disparando. Creo que casi todos ya estaban muertos, pero igual, pararon de disparar y empezaron a torturarlos.

Vi cómo a Raúl Lazo le sacaban los ojos y la lengua, pero al menos gritaba, a los otros les aplastaban la cabeza con peñascos, con palos. Parece que ya no les quedaban balas, todo era ahora con piedras y cuchillos, y entonces los empiezan a empujar al agua como a mí. Tiran a Orlando Pereira pa'abajo y cae encima mío, y ahí sí que me fui abajo, se desprendieron las moras, la corriente estaba fuerte.

Empecé a ahogarme y en mi desesperación me agarré de una raíz de sauce y un remolino comenzó a darme vueltas. Una persona a mi lado se ahogaba también, se hundía y salía a ratos; era el mismito Orlando Pereira, "soy yo Colorín", me dijo, con la cantidad de cortes y heridas que tenía logró reconocerme. Después me pidió que lo tratara de sacar del agua, pero yo no me lo podía porque estaba con el brazo dormido, ni siquiera lo sentía; él sin embargo no sé cómo pudo sacarse una chomba que llevaba puesta y se la cruzó por la cintura, quería amarrarse de la raíz pero yo no pude seguir afirmándome y el agua nos arrastró hasta otro remolino que comenzó a darnos vueltas hundiéndonos.

Trataba de respirar las veces que salíamos a flote, era lo único que me importaba, se me ocurre que yo mismo me había abandonado, aunque con el brazo bueno continuaba tomado Orlando no sé si para salvarme yo o para salvarlo a él. Veía todo negro y sólo sombras que giraban y giraban.

En una de esas vueltas el remolino nos empujó a un banco de arena y ayudándome un poco logré varar allí, pero a Pereira ya no lo alcanzaba. De repente el remolino lo reflotó y ahí sí que pude, lo tenía agarrado de la chomba apenas, pero de a poco lo fui tirando hasta que varó también al lado mío.

En ese momento justo se limpió la luna y pude verlo clarito, entonces me dijo "hasta aquí no más Rucio, voy a morirme", y se echó sobre mis piernas tiritando y tiritando hasta que ya no se movió más. Tuve que sacármelo de encima. Murió a mi lado sin que yo pudiera hacer nada, nada; me dejó ahí solo y no veía a ninguno de los otros, pero sí el resplandor de los autos de nuestros fusiladores que se retiraban, los motores me quedaron sonando el cerebro, después nada más. Tenía que reaccionar para ver al menos dónde estaba y lo conseguí en una curva un poco más allá, donde alcancé a ver esos riscos grandes donde tiraban las naranjas malas; allí mismo nos habían botado, como a fruta podrida. Trataría de salir de algún modo, además ya no había más que hacer con el pobre de Orlando, quedó allí varado en el banco de arena. Me puse su chomba en la herida y me arrastré entre medio de las moras".

Orlando Bustos pudo sobrevivir para contar esta terrible historia que hoy cumple 45 años exactos de la venganza de civiles de derecha y uniformados contra personas indefensas….