Fuenzalida Navarrete Gonzalo Iván

GONZALO IVAN FUENZALIDA NAVARRETE

Rut : 9.295.342 4 Concepción 

F.Nacim. : 26 07 61, 26 años a la fecha de la detención 

Domicilio : Calle Carmen, comuna de Maipú, Santiago. 

E.Civil : Soltero Actividad : Mueblista 

C.Repres. : Militante del Partido Comunista, pertenecía a la Comisión de Derechos Juveniles (CODEJU) en Concepción. Miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 

F.Detenc. : Entre el 7 y 10 de septiembre de 1987 

Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, soltero, mueblista, militante del Partido Comunista, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue detenido en Santiago entre el 7 y 10 de septiembre de 1987 en circunstancias que se desconocen, en un operativo realizado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) e Investigaciones de Chile, desapareciendo, según Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, desde el Cuartel de Calle Borgoño de esta capital, junto a otros cuatro compañeros de militancia. La última vez que se vio al afectado fue el día 7 de septiembre de 1987, alrededor de las 18:00 horas, en que concurrió a ver a su polola doña Patricia Cancino a su lugar de trabajo en la Ferretería América ubicada en calle 5 de abril N°138 de la comuna de Maipú. En esa oportunidad, quedaron de acuerdo en que Gonzalo la pasaría a buscar a las 19:00 horas de ese día, pero no concurrió a la cita ni regresó al domicilio en que residía. A partir de ese momento se desconoce su paradero. Doña Patricia Cancino señala, además, en la declaración prestada ante Tribunales que el afectado vivía en la comuna de Maipú, en calle Carmen con Nueva San Martín, por lo que supone que su secuestro ocurrió en dicho sector. Previo a estos hechos, el domicilio de la polola del afectado fue allanado con fecha 3.9.87, por agentes de la CNI, quienes preguntaron por Gonzalo Fuenzalida. El afectado, quien se dirigía en esos momentos a la casa de Patricia Cancino, se percató de lo que acontecía en el inmueble, retirándose del lugar. Con posterioridad a la detención de Fuenzalida Navarrete, el día 4 de Octubre de 1987, a las 03:00 horas de la madrugada, agentes que se identifican como de Investigaciones, detienen en su domicilio a Patricia Cancino y a su hermano Héctor, siendo trasladados a un recinto, que los aprehendidos identifican como un cuartel de la CNI, donde son golpeados e interrogados entre otras cosas acerca de las actividades que desarrollaba Gonzalo Fuenzalida e incluso a Héctor Cancino los agentes le muestran una foto muy reciente del desaparecido. Ambos jóvenes fueron procesados por el secuestro del Coronel Carreño. Durante una jornada de protesta realizada en el país en el año 1983, el afectado, quien vivía en ese entonces en la ciudad de Concepción, fue detenido por Carabineros quienes lo trasladaron a la Comisaría ubicada en la intersección de las calles Salas con San Martín, de dicha ciudad. Fue puesto a disposición de la II Fiscalía Militar, acusado de ofensas a Carabineros y luego dejado en libertad incondicional. En esa oportunidad fue violentamente golpeado al interior del furgón policial. En el mes de mayo de 1986, un hermano del afectado, de nombre Manuel fue detenido en Santiago, acusado de pertenecer al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, permaneciendo posteriormente en la ex Penitenciaría de Santiago, en calidad de procesado. La detención y posterior desaparecimiento forzado de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, por parte de los agentes de la CNI, como asimismo la de otros cuatro jóvenes militantes del Partido Comunista, que aparecen vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez: José Julián Peña Maltés detenido el 9 de septiembre de 1987; Julio Orlando Muñoz Otárola, detenido en la vía pública el 9 de septiembre de 1987; Alejandro Alberto Pinochet Arenas, detenido el 10 de septiembre de 1987, en la vía pública ante testigos; Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, detenido el 9 de septiembre de 1987, después de las 19:00 horas, se dieron conjuntamente con una serie de operativos tipo rastrillo llevados a cabo por la CNI y fuerzas de seguridad que actuaron conjunta y coordinadamente con efectivos policiales, a fin de dar con el paradero del Coronel de Ejército, Carlos Carreño, ingeniero de la Fábrica de Armamentos y Maestranza del Ejército (FAMAE), secuestrado con fecha 1° de septiembre de 1987 desde su domicilio en la comuna de La Reina, en Santiago, por un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes lo liberaron posteriormente en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS Con fecha 22 de septiembre de 1987 se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el recurso de amparo rol 1082 87 en favor de José Julián Peña Maltés, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Alejandro Alberto Pinochet Arenas y Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, informándose al Tribunal que sus detenciones ocurrieron en la semana del 7 al 11 de septiembre de 1987 y que, en relación a uno de los amparados ?Pinochet Arenas? existe un testigo que da cuenta de su aprehensión ocurrida el 10 de septiembre de 1987, en la intersección de las calles Catedral con San Martín de esta capital, por parte de individuos de civil quienes se movilizaban en un vehículo utilitario marca Dahiatsu, color celeste, año 80?83, cuya patente sería EG 2102 o EG 1202. Consultados distintos organismos al respecto, informaron: La CNI, mediante respuesta telefónica de fecha 22 de septiembre de 1987 y posteriormente por Oficio Reservado N°A 4/212?011 del 29 de septiembre de 1987, suscrito por su Director Nacional, Brigadier General Hugo Salas Wenzel, señaló que los afectados no han sido detenidos por dicho organismo. En iguales términos responden la jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros; la Jefatura de la III Zona Policial de Investigaciones y Gendarmería. Por su parte el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó a la Corte que "no se ha dictado orden o resolución alguna que afecte a los amparados". El Jefe de Registro Nacional de Vehículos Motorizados allegó a la causa los certificados de anotaciones de los vehículos correspondientes a las patentes mencionadas en la presentación del recurso, ninguna de las cuales coincidió con las descripciones dada por el testigo del vehículo en que se movilizaban los aprehensores. Con fecha 13 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones, a petición de la parte recurrente, resuelve oficiar al entonces Subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, quien en publicación del Diario La Tercera, de fecha 7 de Octubre de 1987 señaló: "…que el gobierno se había enterado a través de los medios de comunicación social del presunto desaparecimiento de esos cuatro sujetos …que inmediatamente se había solicitado a los servicios de orden y seguridad que hicieran las averiguaciones correspondientes", a fin que informe a la Corte esos antecedentes reunidos en dicha investigación. En otro alcance de la declaración de Alberto Cardemil, éste señaló que "no debe extrañar mayormente esta situación. La acción comunista mezcla la espectacularidad y la publicidad con la clandestinidad. Ese es su modo de trabajar y actuar, así es que es muy probable que esto se deba a un "sumergimiento" de esta naturaleza". Con fecha 18 de noviembre de 1987, y pendiente aún la respuesta del citado Subsecretario del Interior del gobierno militar; la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo, ordenando remitir los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente. Apelada dicha resolución, ésta fue confirmada con fecha 26 de noviembre de 1987 por la Corte Suprema de Justicia. El afectado, permanece en la actualidad en calidad de detenido desaparecido. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consigna que "fue detenido entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 en un operativo realizado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) e Investigaciones de Chile. Desapareció junto a sus cuatro compañeros de militancia desde el Cuartel de calle Borgoño".

El general chileno retirado Carlos Forestier, que llegó a ser ministro de Defensa durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue procesado ayer junto a otras dos personas -el ex fiscal militar Mario Acuña y un tercer uniformado cuya identidad se mantiene en reserva-, por la ejecución de diez personas en el campo de prisioneros de Pisagua y en la ciudad de Iquique, a finales de 1973. La resolución fue adoptada por el juez especial Juan Guzmán, quien tiene a su cargo la investigación de las querellas contra Pinochet. Guzmán también dictó orden de arresto contra Forestier.
En la misma resolución -dictada a cinco días de que el pleno de la Corte de Apelaciones inicie el desafuero contra Pinochet-, el juez Guzmán sometió a proceso por el mismo delito al ex fiscal militar, Mario Acuña Riquelme, y al suboficial Miguel Chile Aguirre Alvarez. Forestier deberá cumplir prisión preventiva en un recinto militar. Hasta el momento, en la causa que sustancia Guzmán se han dictado 11 procesamientos y Forestier es el tercer general (R) procesado en el caso,ya que el año pasado encausó al general (R) Sergio Arellano Stark, por la llamada Caravana de la Muerte y al ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, por el secuestro calificado del ex gerente general de Cobrechuqui, David Silbermann El auto de procesamiento contra Forestier se basa en las desapariciones ocurridas en Pisagua de Freddy Taberna Gallegos, Jorge Marín Rossel,Marcelino Lamas Largo, Francisco Jiménez Vidal, William Millar Sanhueza,Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas, José Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Fuenzalida Fernández.
 

Un hombre al que Augusto Pinochet siempre le confió su vida fue quien rompió el silencio en el proceso por la desaparición de los cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrido en 1987, sustanciado por el ministro Hugo Dolmestch.

Apodado el “Chino Campos” por sus camaradas en el Comando de Aviación del Ejército -y uno de los pilotos de confianza del ex dictador- contó hace algunas semanas al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar junto a un subalterno hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes.

Estos últimos eran nada menos que los cuerpos de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes habían sido detenidos días antes por agentes de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el grupo

paramilitar de izquierda.

Viaje secreto

El ministro Dolmestch hizo un verdadero trabajo de joyería junto con la Policía de Investigaciones en este caso. Y ello, porque el círculo estaba completamente cerrado y compartimentado en torno al manejo de la información sobre estos hechos. Pero el tiempo pudo más.

El “Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que aún está en servicio activo en la institución, en una agregaduría militar en Europa, cuya identidad este medio se la reserva hasta que, posiblemente, el ministro lo procese en los próximos días.

De hecho el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando precisamente a un testigo clave para el proceso.

Para el caso del oficial activo, y como ha sido la tendencia en el Ejército con los funcionarios que estén involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos, será alejado de la institución.

Pero el hecho de que se haya ocupado uno de los helicópteros de Pinochet no era una prueba suficiente, salvo porque el “Chino Campos” aseguró en su testimonio que la orden provino del ex dictador.

Pasos macabros

¿Pero cómo se configuró la operación? El ministro Dolmestch acreditó que la misma estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas. Por ese hecho -que sirvió en primera instancia para que fueran luego asesinados- están sometidos a proceso desde el 2002, el jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César

Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy.

Ahora bien, el ministro tiene una segunda convicción. Una vez detenidos los frentistas la orden venida desde el alto mando fue que el régimen no negociaba con terroristas. La sentencia de muerte entonces estaba firmada.

Fue así como en la CNI se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el Ejército esta operación. El magistrado confirmó entonces cómo se consiguieron los fierros para amarrarlos a los cuerpos y lanzarlos al mar frente a San Antonio.

Rieles de la muerte

A fojas 1.655 del proceso declaran Romilio Lavín, por entonces jefe del cuartel Loyola, donde se arreglaban los autos de la CNI y su subordinado el oficial (R) Adrián Herrera Espinoza. El primero aseguró que Zúñiga le pidió “unos rieles que serían la base de un box de estacionamientos” que se construía, pero no se los entregó.

Sin embargo, una vez que abandonó el cuartel, supo que Zúñiga había vuelto a sus andanzas y, a través de una orden de Salas Wenzel, logró que Herrera Espinoza entregara los “materiales”.

“Fui informado, no recuerdo por quien, que retiraban unos trozos de rieles para un operativo que se iba a realizar en la noche por agentes operativos de la CNI”, dijo en su testimonio a fojas 1.723.

Pero el detalle más escalofriante vendría en la segunda etapa. Los frentistas, estando detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI, fueron inyectados por un enfermero apodado “El Qüincy” con un veneno que los mató. Este verdadero doctor de la muerte se suicidó hace aproximadamente tres años en su casa.

Una tercera etapa fue el traslado hasta la zona de Peldehue, donde el rastro de los frentistas se perdió para siempre.

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.

El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.

El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.

Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.

Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.

Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.

La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.

Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.

Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.

Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.

De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.

El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.
Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.
Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.
En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

La Fundación Julio Guerra realizó este domingo 12 de septiembre un acto en homenaje a los cinco combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fueron secuestrados entre el 05 al 10 de septiembre de 1987 y desde esa época pasaron a formar parte de la abultada lista de detenidas y detenidos desaparecidos, crimen de lesa humanidad que constituye una de las formas más siniestras del terrorismo de Estado implementado por la dictadura. En esta operación participaron coordinadamente agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército.

Por Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso

Esta actividad forma parte de un trabajo que vienen realizando distintas organizaciones de derechos humanos en la región, pero en este caso específico es una actividad llevada adelante por la Fundación Julio Guerra de Viña del Mar, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, cuyo objetivo es ir conformando una Ruta de la Memoria mediante la instalación de Placas y Memoriales que recuerden a las luchadoras y los luchadores populares asesinados, ejecutados o hechos desaparecer durante el período de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Julio Guerra es uno de los 12 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados en la denominada "Operación Albania" el 15 y 16 de junio de 1987.

La convocatoria realizada por la "Fundación Julio Guerra Olivares, Por el arte de Vivir con Dignidad", organización popular de carácter cultural y social, denominó a esta actividad "GRITOS DEL MAR: LOS 5 EN LA MEMORIA", manifestando que nada está olvidado, nadie está olvidado.

Esta ceremonia se realizó en la "Plaza de Los Loros", ubicada a un costado de la Facultad de Odontología, por debajo de un recinto de la Armada y frente a la Playa Carvallo de Valparaíso, lugar hasta donde concurrieron familiares y decenas de compañeras y compañeros, quienes dieron vida a una emotivo acto político cultural que se inició con el impactante baile de la cueca sola realizado por Olga Jeria, hermana de un detenido desaparecido, coreografía que fue creada por la Agrupación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos (AFDD) precisamente para simbolizar la ausencia de los seres queridos.

Luego de esta poderosa y emotiva danza, María Antonieta Vega, conductora del evento, leyó uno a uno los nombres de los cinco compañeros desaparecidos: MANUEL JESÚS SEPÚLVEDA SÁNCHEZ – JOSÉ JULIÁN PE'A MALTÉS- GONZALO IVÁN FUENZALIDA NAVARRETE- JULIO ORLANDO MU'OZ OTÁROLA- ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS, y a medida que los iba nombrando las y los participantes coreaban con sus puños en alto ¡Presente! 

La música también formó parte de esta actividad, un grupo de persona entregó su arte interpretando hermosas y combativas canciones.

A nombre de la Comisión Chilena de Derechos humanos hizo uso de la palabra Alicia Zúñiga, quien además integra el Concejo Municipal de Valparaíso, para expresar que: "es un honor estar presente acá y quiero saludar a todos los compañeros y en especial a las compañeras familiares de Detenidos Desaparecidos que se encuentran hoy presentes en este acto de homenaje y memoria. Este es un acto para los cinco compañeros desaparecidos en septiembre de 1987 y quiero brindarle un gran abrazo a Verónica, puesto que este acto tiene un particular significado emotivo para ella y su familia. En ese sentido el estar acá haciendo este acto es un homenaje a nuestros compañeros en las diversas dimensiones que alcanzaron en sus vidas, hombres jóvenes llenos de fuerza, de todo ese ímpetu que los llevó a actuar sin vacilaciones en contra de la dictadura."

Antes que se procediera a destapar la Placa en Memoria de Manuel Sepúlveda Sánchez, «un ciudadano porteño que fue parte de una historia trascendental para Chile", como expresó la conductora del acto, la compañera Rosa Alfaro, Presidenta de la Fundación Julio Guerra, hizo uso de la palabra para manifestar:

"Es muy importante que cada uno de ustedes sea un mensajero de esta actividad y de este homenaje. Creo que de todos y cada uno de los compañeros Detenidos Desaparecidos debería haber una Placa o un Monolito. Es tarea de cada uno de nosotros recuperar esta Memoria en nuestra población, en nuestros barrios, en nuestras ciudades.Hay que tomarse las plazas, la verdad es que nosotros hemos seguido una Ruta de la Memoria y nos hemos tomado las plazas, hemos pedido permiso para realizar los actos solamente, pero no para poner las Placas, así que es una tarea muy importante porque es nuestro compromiso con la memoria, porque el compromiso con los compañeros ya lo tenemos, estamos comprometidos eternamente con ellos, por lo tanto nuestra lucha es por la memoria y también por la justicia social.

Construir estos monumentos es necesario porque aquí en el entorno hay personas, hay una población que también tiene que saber quiénes son los responsables de las torturas, de los asesinatos. Más arriba hay un recinto militar, aquí estamos frente a ellos, a cara descubierta y con nuestras manos limpias diciendo que seguimos en la lucha y no olvidamos».

Verónica Bravo, cónyuge de Manuel Sepúlveda Sánchez, procedió a destapar la Placa de Memoria en donde está escrito: "HOMENAJE AL COMPA'ERO MANUEL SEPÚLVEDA DETENIDO -DESAPARECIDO EL 5 DE SETIEMBRE DE 1987".Al cumplirse 34 años del desaparecimiento de Manuel Sepúlveda, porteño de 28 años y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, honramos su memoria y tenaz lucha por la defensa de los derechos humanos. Fue detenido y desaparecido junto a otros militantes, a través de un operativo conjunto entre la CNI., Batallón de Inteligencia del Ejército y el comando de aviación del Ejército durante la dictadura cívico-militar. "Quiero mirar la tierra hasta encontrarte, que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma, compañero". «Su esposa e hijo. Valparaíso 12 septiembre 2021".

Una vez descubierta la Placa en Memoria de Manuel Sepúlveda comenzó a escucharse la canción "Dónde Quiera que estés", de Joan Manuel Serrat, que en parte de su letra dice: "donde quiera que estés te gustará saber que te pude olvidar y no he querido, y por fría que sea mi noche triste no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste…"produciéndose un momento emotivo y muy sobrecogedor.

Posteriormente un compañero a nombre del FPMR hizo entrega de una bandera de la organización a Verónica y se repartieron claveles rojos a las y los asistentes para luego bajar por las escalinatas de la plazoleta, atravesar la Avenida Altamirano y descender a la Playa Carvallo, lugar donde se lanzaron las flores rojas al mar.

Las potentes olas que reventaban en las rocas de la playa emitiendo un sonido rítmico y levantando su espuma blanca, se transformó en un espacio y un grito de libertad que recibió en su vientre las flores, abrazándolas y transportándolas pausadamente mar adentro con su oleaje.

Como un símbolo más de esta ceremonia el color azul del mar, el rojo de los claveles y el blanco de la espuma se mezclaron formando el tricolor de la bandera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Los cuerpos de los cinco compañeros Detenidos Desaparecidos fueron lanzados al mar frente a la costa de la localidad de Quintay, pero transformados en energía hoy son parte del inmenso mar que baña las playas de Valparaíso y las costas de todo Chile.

Una vez terminada la actividad me acerqué a conversar con la compañera Rosa para que me relatara como nació esta iniciativa, y esto es lo que ella me expresó:

"Nosotras consideramos que era muy importante colocar esta placa, aunque a la Vero le costó un poco asumirlo, porque es una manera de hacer un duelo, un rito, de saber que hay un lugar donde puedes ir a poner una flor, sobre todo cuando se trata de compañeros desaparecidos. Nos parece muy importante para las personas, para la familia, para los hijos, saber que hay un lugar determinado donde poder ir. Lo quisimos de hacer de esta forma, mirando el mar.

En la mañana se hizo un rito en la playa muy íntimo donde participó la Vero y unas compañeras. Allí se quemó una carta escrita para Manuel y aún cuando estaba lloviendo la carta no se apagó y siguió ardiendo. Eso fue como a las 10.30. A las once estuvimos acá arriba entregándole algunos mensajes al Manuel y después vino el acto.
Esto está lleno de simbolismos, no solamente para la Vero, para todos, porque igual esto de los compañeros Detenidos-Desaparecidos también es un duelo eterno. Y en estos casos todos sabemos lo que significa el mar.
Paradójicamente Manuel venía a esta playa a tirarse piqueros y le gustaba mucho nadar en el mar, entonces también es simbólico, el mar en un momento le dio alegría y luego se convirtió en su tumba.

Este acto lo planteamos cuando fuimos al cementerio para conmemorar la operación Albania y allí la Vero dijo, "que pena que no tenga ningún lugar donde recordar a Manuel", entonces allí nació la idea de hacer este Memorial, de colocar esta Placa en esta plaza».

Con estos antecedentes me acerqué a conversar con Verónica Bravo, la compañera y esposa de Manuel Sepúlveda, para consultarle si era posible incluir un relato sobre la ceremonia efectuada durante la mañana, contestándome positivamente y transcribo a continuación lo expresado por ella:

"Con anterioridad a este acto público estuvimos con unas compañeras haciendo una ceremonia para despedir a Manuel en forma simbólica. Esta despedida fue muy importante, porque lo vamos a seguir recordando, pero ya no con tanto dolor, porque el siempre va a estar con nosotros en nuestros corazones.

Yo hice una carta para Manuel donde escribí todo lo que sentía, lo que siento y eso para mí tuvo un significado muy importante, porque son cosas que tenía muy guardadas en mi corazón. Me quedé como un poco más tranquila, porque de alguna manera lo solté, lo dejé ir. La carta la quemamos como una forma de que se transformara en fuego, en energía y así estará para mí presente en cualquier lugar».

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a prisión a 33 exagentes de la policía secreta, por cinco secuestros calificados durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.Se trata de los casos Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, militantes del Partido Comunista, que desaparecieron en septiembre de 1987 tras ser detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los cinco pertenecían además al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo considerado el brazo armado del Partido Comunista, que recurrió a la lucha guerrillera contra la dictadura y el fallo de primera instancia fue dictado en octubre de 2013 por el juez especial Mario Carroza.

Condenas ratificadas o aumentadas

El tribunal de alzada ratificó las condenas de quince años de prisión, como autores de los delitos, al general Hugo Salas Wenzel, exjefe de la CNI y al mayor Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo del organismo represor, ambos actualmente en la cárcel, cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos.

A diez años y un día fueron sentenciados Iván Quiroz Ruiz y Gonzalo Maass del Valle también como autores, mientras a otros 19 agentes, uno de ellos mujer, se les aumentó la pena desde cinco años y un día a diez años y un día de prisión.

Al exagente Luis Sanhueza Ross, el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, como autor de los ilícitos, en tanto que a otros dos se les elevó la pena de 3 años y un día a una de 5 años y un día, también como autores.

A otros cinco agentes se les elevó la pena de primera instancia, de tres años y un día, a cinco años y un día como cómplices de los delitos, mientras dos más recibieron una pena de tres años y un día de presidio, que podrán cumplir en libertad vigilada, como cómplices, elevándose la pena inicial de 541 días como encubridores.

Indemnizaciones

En el aspecto civil, la Corte de Santiago confirmó que el Fisco debe pagar indemnizaciones por un total de 380 millones de pesos (unos 603.000 dólares) a los familiares de las víctimas.

El ministro en visita Mario Carroza Espinoza dictó sentencia de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos en septiembre de 1987.

El magistrado sentenció a 34 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los secuestros de los 5 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y que son los últimos detenidos desaparecidos antes del 10 de marzo de 1990.

El juez determinó las sanciones que se detallan en contra los integrantes por su responsabilidad en 1 o  los 5 delitos antes mencionados:

Entre los ex agentes del aparato represor se encuentran: Hugo Salas Wenzel con 15 años de presidio, Álvaro Corbalán Castilla. 15 años de presidio, Iván Quiroz Ruiz. 10 años y un día de presidio, Gonzalo Maass del Valle. 10 años y un día, Luis Sanhueza Ross. 5 años y un día más otras 29 personas imputadas en estos casos.

En el aspecto civil se acogieron las demandas de indemnización  presentadas en contra del Fisco de Chile,  determinando que se deben pagar en total la suma de $ 380.000.000 (trescientos ochenta millones de pesos) a los familiares de las víctimas que se dividen en $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los tres padres y un hijo demandantes y  $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno de los 9 hermanos de las víctimas.

https://www.youtube.com/watch?v=MiOpYSlyAhA&t=1548s  video disponible youtube.com

Gabriel Faure   – Requiem