Freire Medina José

JOSE FREIRE MEDINA

Rut : 89.084 de San Antonio

F.Nacim. : 28-04-1953, 20 años de edad a la fecha de la detención

Domicilio : Pudeto 1640, San Antonio

E.Civil : Soltero

Actividad : Guardia Presidencial

C.Repres. : Miembro de la Guardia Presidencial, GAP. Militante del Partido Socialista

F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973

José Freire Medina, 20 años de edad a la ocurrencia de los hechos, miembro de la Guardia Presidencial, militante del Partido Socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 al salir el último grupo de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido. Freire Medina era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de amigos personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.

Su familia residía en el puerto de San Antonio y tenía 8 hermanos, a los cuales ayudaba en sus estudios. Hacía pocos meses que había hecho su Servicio Militar en la Fuerza Aérea y era miembro de la Juventud Socialista del Puerto de San Antonio; sólo tres meses antes había ingresado a la Guardia Presidencial. Había tenido tres días de licencia en su hogar, regresando a asumir sus funciones el 10 de septiembre a las 18:30 horas. Normalmente le correspondían turnos de 48 horas de servicio. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda. Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares quienes les ordenaron tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y enviados a la Posta de la Asistencia Pública por resultar heridos a bala, algunos días después esta dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial por una patrulla militar, encontrándose a partir de esa fecha desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar a La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros e ingresados en el recinto de la Intendencia de Santiago. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que los demás permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir los hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese recinto fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un lugar denominado los boxes o antiguas cabellerizas; desde allí, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con demás prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de todos los prisioneros.

Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial; y, Arsenio Poupin Oissel, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

Alrededor de las 14 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18:00 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y, el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.

Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado mencionado, declara que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27.

Sin embargo, esta matanza de prisioneros, que se habían rendido y que estaban desarmados y maniatados, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellos, José Freire Medina, siguen desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

La familia en un primer momento no hizo gestiones judiciales en virtud del temor reinante. Sin embargo, en el proceso por querella criminal interpuesta ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, el 2 de julio de 1987 registrado como causa rol 16.805?2, por el delito de homicidio calificado en la persona de Enrique Ropert Contreras, quien fuera ejecutado en relación a los hechos de La Moneda, se incluyeron los nombres de varios miembros de la Guardia Presidencial que se encuentran desaparecidos, entre ellos José Freire Medina, de manera que la información que las autoridades entregaron, en algunas diligencias específicas se refiere al afectado.

El 9 de julio del año 1987 el Centro Santiago Sur de Gendarmería (Penitenciaría de Santiago) informó que desde el mes de diciembre de 1983 no estaba registrado el ingreso de José Freire Medina (entre otros). El Juez Instructor reiteró la solicitud de información a este servicio para que informara sobre el período enero de 1973 a enero de 1983.

La Penitenciaría reiteró que estas personas no figuraban ingresadas en dicho servicio. Este proceso no brinda otros antecedentes sobre José Freire.

El 16 de noviembre de 1991, el padre de José Freire Medina, don José Freire Grendi, presentó una querella criminal, ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N? 126465 6 por los delitos de secuestro prolongado, eventual homicidio e inhumación ilegal de su hijo y solicitó que se oficiara a Revista QUE PASA y se hiciera un peritaje fotográfico, dado que allí figura, en la portada del número 1002 de junio de 1990, la foto de su hijo, en los momentos en que sale en calidad de detenido desde el interior de La Moneda.

Igualmente solicitó que se oficie el Registro Civil, al Instituto Médico Legal, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía Internacional y que se expida orden de investigar. Esta causa se encuentra, a la fecha de este informe, en tramitación ante la justicia ordinaria. Esta causa se encuentra a fines de 1992 en estado de sumario.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

 El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

La familia de José Freire Medina, así como quienes fueron sus amigos, vivieron ayer una jornada muy emotiva, ello al convertirse en realidad el anhelo de mucho tiempo, que una calle de la ciudad que lo vio nacer llevara su nombre para ser recordado por las futuras generaciones.
¿Quién fue José Freire Medina?, le consultamos a su hermana Tatiana, quien dio una dura lucha para conseguir este reconocimiento.
Un joven idealista, soñador, a los 20 años, en 1973, era GAP, Guardia Amigos del Presidente, estuvo en la Moneda hasta el último momento, defendiendo, cuando se rindieron fue sacado por Morande, detenido, llevado al regimiento Tacna, allí estuvo hasta el día 13, donde fue torturado, sacado amarrado con alambres en las manos y pies, tirado a un camión y llevado al fuerte Arteaga, lo mataron, lo acribillaron, al tiempo fue sacado en saco, con pedazos de rieles y fue lanzado al mar, precisamente aquí, en el litoral central.
¿Qué siente en estos momentos?
Satisfacción, sentimientos encontrados, pero contenta, en realidad con esto sentimos que nuestro hermano va a quedar en la memoria de San Antonio, la gente se va a preguntar quien fue, eso es bueno porque va a estar en la historia.
Nosotros perdimos la esperanza de recuperar el cuerpo, por eso esto era muy importante, luego de una lucha muy larga, durante la cual esto se manoseó mucho, fue muy doloroso, pero con esto doy gracias a Dios.

¿Le parece bien la calle elegida?
Por supuesto, está junto a Carabineros de Chile, una institución muy importante, está la Gobernación, está el Memorial donde figuran todos los compañeros que murieron acá, está la Municipalidad y llega a calle Patria, creo que todo se ha conjugado en buena forma.

¿Qué opina de los casos de falsos detenidos desaparecidos?
Realmente es algo a lo que no me gustaría referirme, porque es algo muy delicado, lo que si tengo claro es que es algo que se debe aclarar, para tranquilidad de todos. El Gobierno debe aclararlo, no se debe prestar para confusiones, es algo muy triste.
 

Renato Gonzalez Cordova fue también GAP, pero además amigo personal.

¿Qué nos puede decir de José Freire?
Fuimos compañeros en la escolta del presidente Allende, pero también éramos amigos de la infancia, por eso en estos momentos siento emociones encontradas, Es un justo reconocimiento a un hombre que dio la vida por defender la ley, la Constitución, el estado de derecho, además fue oficialmente el primer hombre que inicia desde la Moneda la defensa contra el golpe militar, porque estaba de guardia en la seguridad de la Moneda y el Presidente le pidió garantizar las medidas de seguridad, lo cual cumplió fielmente, entregando su vida, fue un precursor de la democracia, a medias, que hoy tenemos.

Al lugar concurrió también Jorge Ro-mo, gobernador de la época en San Antonio, quien lo describió como un joven muy soñador, que se integró a defender un proceso. La familia ha sufrido las consecuencias, como muchas familias en Chile, el no saber con exactitud lo sucedido. El inmortalizar su nombre en esta calle es algo de justicia y es muy importante para todos los que fuimos parte del proceso que se llevó a cabo durante la Unidad Popular. No puede pasar al olvido alguien que entregó su vida, así como lo hizo José Freire Medina, indicó.

Carlos Gonzalez, secretario de la Agrupación de Derechos Humanos de San Antonio, formuló una invitación a toda la comunidad sananto-nina, para el próximo sábado 28 de febrero, desde las 19:00 horas, junto al Memorial ubicado en Av. Barros Luco, ocasión en que se rendirá un homenaje a José Freire Medina.

En la oportunidad se realizará un acto artístico cultural, en el cual participarán dirigentes de organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos, señaló Carlos Gonzalez, porque es necesario reconocer a un joven que es todo un ejemplo y que debe ser motivo de orgullo para San Antonio.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros en retiro del Ejército por los casos de 23 víctimas detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Todos eran colaboradores directos del ex Presidente Salvador Allende, y fueron trasladados al Regimiento Tacna y al "Fuerte Arteaga" en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas. En el caso de 8 víctimas se caratuló como secuestro calificado, por lo que el abogado querellante Nelson Caucoto expresó que “confiamos que la Excma. Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”.

En uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete miembros en retiro del Ejército como coautores de los delitos de homicidio y secuestro calificado de 23 detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 en el golpe militar,.

Todas las víctimas eran colaboradores directos del ex Presidente Salvador Allende, y quienes fueron detenidos desde la sede de Gobierno y trasladados al Regimiento Tacna y al "Fuerte Arteaga" en Peldehue, donde fueron fusilados y explosionados con granadas.

Entre las víctimas se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos, economistas  y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

La sala integrada por los ministros (as) María Soledad Melo, Gloria María Solís e Inelie Durán, confirmó lo resuelto en mayo de 2018 por el ministro instructor Miguel Vázquez Plaza, y condenó al entonces militar del Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas.

Se trata de  Jaime Antonio Barrios Meza, economista y quien se desempeñaba como gerente general del Banco Central;   Egidio Enrique Paris Roa, ex secretario general de la Universidad de Chile;  Georges Klein Pipper, médico y asesor de la Secretaría General de Gobierno;  Claudio Raúl Jimeno Grendi y Héctor Ricardo Pincheira Núñez también asesores presidenciales; y Luis Avilés Jofré, Manuel Ramón Castro Zamorano, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa y Oscar, todos miembros del GAP.

Además, se condena a Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y a Jorge Ismael Gamboa Álvarez, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de las mismas personas.

Mientras que Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, actualmente fallecido, fueron condenados a 9 años de presidio mayor por el mismo delito.

Maureira Roa y Herrera López también fueron condenados como autores de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de 8 de las 23 víctimas. Se trata de Juan Eduardo Paredes Barrientos, ex jefe de la Policía de Investigaciones; Arsenio Poupin Oissel, ex secretario general de Gobierno Sergio Contreras, Enrique Huerta Corvalán, ex intendente de Palacio; Daniel Escobar Cruz, jefe de gabinete del Subsecretario de Interior; y los ex GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, y Oscar Enrique Valladares Caroca.

Para el abogado querellante Nelson Caucoto la sentencia en esta causa es “de dulce y de agraz”. “De dulce porque 48 años después se está poniendo término a un juicio de raigambre histórica.  Se trata de los hechos ocurridos en el Palacio de La Moneda, esto es en el corazón de la institucionalidad política y republicana de Chile, la que fue arrasada a sangre y fuego por los militares golpistas”, indicó.

Señala que “son 23 víctimas, colaboradoras del Presidente Allende que estuvieron hasta el último momento acompañándolo ese crucial día.  Llevados al Regimiento Tacna, torturados y finalmente fusilados en Peldehue por sus captores. De esas 23 víctimas, cuyos restos fueron removidos 5 años después, se logró identificar 15, que dieron lugar a la calificación jurídica de homicidios calificados. Las 8 restantes dieron lugar a secuestros calificados”.

“Y de agraz”, explica el abogado “porque es en estos últimos 8 delitos donde discrepamos de la penalidad y participación determinada, tanto en primera como el de segunda instancia.  Confiamos que la Excma. Corte Suprema pueda rectificar en esa parte esta sentencia, para que tengamos justicia plena”, explicó.