Flores Baeza César Augusto

César Augusto FLORES BAEZA

El mismo día 12 de septiembre, fue detenido César Augusto FLORES BAEZA, 30 años, empleado administrativo de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y militante del Partido Socialista.

Se presentó voluntariamente a Investigaciones, fue detenido y trasladado al Gimnasio IANSA, lugar donde su familia pudo verlo. Luego fue trasladado al Regimiento, recinto en que fue sometido a tortura, de acuerdo a las declaraciones de testigos; desde ese momento nada se sabe de su suerte o paradero. En el mes de noviembre una alta autoridad del Regimiento le habría reconocido a la familia la detención, señalándole que había sido dejado en libertad. Sin embargo, nunca regresó a su familia, no hizo trámites ante ninguna dependencia o servicio del Estado y no registra salida del territorio nacional. Testigos señalaron a su familia que el 17 de septiembre fue llevado a interrogatorio, desde ese momento nunca más regresó.

Atendidos estos antecedentes, a la Comisión le asiste convicción que César Flores fue víctima de violación de sus derechos humanos, por parte de agentes del Estado, quienes luego de aprehenderlo lo hicieron desaparecer forzadamente.

El ministro de fuero Jorge Zepeda estableció la identificación de los restos pertenecientes a cinco detenidos desaparecidos desde el Regimiento de Infantería de Montaña de Los Angeles, en los días posteriores al golpe militar.

Tras someter a pericias de ADN osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Angeles, el juez determinó que estos corresponden a César Flores Baeza, Mario Belmar Soto, Juan Ulloa Pino, Juan Yáñez Franco y Víctor Ulloa Pino, este último de sólo 16 años al momento de su detención. César Flores, que era funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria, es tío del periodista de La Nación Domingo Luis Narváez.

La resolución determinó que los cuerpos de estas personas fueron enterrados clandestinamente luego que se les dio muerte, y sus restos fueron luego desenterrados después de 1978 en lo que se conoció como “Operación Retiro de Televisores”. Los pequeños fragmentos hallados en 1990 corresponden a los que quedaron en el lugar del entierro luego de las exhumaciones posteriores a 1978.

La “Operación Retiro de Televisores” correspondió al nombre que la dictadura dio a las remociones de cuerpos a partir de fines de 1978, luego que en Lonquén se descubrieron los cuerpos de 15 campesinos asesinados. Esta operación fue confirmada por un criptograma enviado por el general Augusto Pinochet a los regimientos, documento del que fue testigo un suboficial de inteligencia que lo descifró y que así lo declaró este año al juez Juan Guzmán.

Los restos de detenidos desaparecidos identificados recientemente por el ministro Jorge Zepeda en Santiago y el Servicio Médico Legal (SML), hallados en 1990 en Los Angeles, llegaron anoche a la Octava Región y serán velados hoy en la parroquia Los Cotolengos.

      Así lo informó la abogada Nelly Navarro Rojas, querellante en varias causas por violaciones de derechos humanos en las provincias de Concepción y Biobío, quien precisó que los funerales de tres de las víctimas individualizadas serán realizados mañana.

      Los detenidos identificados por el juez Zepeda son Juan Miguel Yáñez Franco, Mario Omar Belmar Soto, César Augusto Flores Baeza y los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino, cuyos restos fueron encontrados hace 14 años en el interior del fundo La Mona, hoy propiedad de la forestal Mininco. Las víctimas desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser aprehendidas y llevadas a la tenencia de Carabineros El Abanico.

      Según indicó la abogada Navarro, los funerales de los hermanos Ulloa y de Flores Baeza serán mañana, tras una misa en la Catedral de Los Angeles. Los primeros, sin embargo, serán llevados tras el oficio religioso a Curacautín, mientras que Flores Baeza será enterrado en el Cementerio General angelino. Las osamentas de Yáñez Franco fueron remitidas a su familia en Temuco. Las de Belmar Soto, en tanto, descansarán en el Memorial de Santiago, pues sus parientes residen actualmente en Argentina.

      La abogada Navarro sostuvo que en la Octava Región hay todavía alrededor de 150 detenidos desaparecidos. Agregó que a muchos de ellos podrían pertenecer las osamentas halladas en distintas excavaciones en la región, en análisis en el SML de Santiago.

América Baeza Vega nace el 19 de agosto de 1916, en la comuna de Quilleco, región del Biobío. Ha dedicado buena parte de su vida a la búsqueda de verdad y justicia para el caso de su hijo detenido desaparecido. Además, se ha destacado por su labor en defensa de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones a estos durante la dictadura.

Realiza sus estudios primarios en su tierra de origen, para luego terminar su educación secundaria en el Liceo de Niñas de la ciudad de Los Ángeles. Se desempeña luego como oficial del Registro Civil de su pueblo natal, hasta que es trasladada a la comuna de Mulchén, donde deja el servicio público para dedicarse al cuidado de su familia e hijos.

El 12 de septiembre de 1973, su hijo César Augusto Flores Baeza, funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y militante del Partido Socialista, fue detenido, torturado, ejecutado y hecho desaparecer. Desde ese momento, ella inicia el proceso de su búsqueda, exigiendo justicia para su caso y el de otras personas en similar situación, pese a ser perseguida, acosada y amenazada por esta causa.

En 1976 abandona el país rumbo a la ciudad de Hamburgo, en Alemania, lugar donde vive durante dos años. A su regreso a Chile, en 1978, interpone un recurso de amparo a favor de su hijo, ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual fue rechazado. Pese a ello, América Baeza continúa en su búsqueda de justicia, liderando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la provincia del Biobío, además de colaborar también con la Vicaría de la Solidaridad de Concepción.

El año 2004, después de diez años de investigaciones y pericias, le fueron entregados algunos restos mortales de su hijo. Y aunque este hecho pudo eventualmente detener su búsqueda de justicia, ella ha continuado en su lucha por la verdad para el caso de su familiar, así como para el resto de las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Tuvieron que esperar 14 años para que se les confirmara que los restos encontrados en una fosa del fundo "La Mona", en la zona rural de Los Angeles, correspondían a sus familiares desaparecidos desde septembre de 1973.

-“Creo que lo mataron”. Esas palabras del entonces obispo de Los Angeles, Orozimbo Fuenzalida se le quedaron grabadas a América Baeza Vega cuando junto a su marido, Armando Flores, concurrió a conversar con él para pedirle ayuda para encontrar a su hijo, César Augusto Flores Baeza, detenido el 12 de septiembre de 1973. América Baeza tiene hoy 88 años, 31 de los cuales se los ha pasado buscando a César. Su largo peregrinar llegó a su fin el pasado jueves 14 cuando extraoficialmente se le comunicó que los restos de su hijo habían sido identificados. Tuvieron que pasar 14 años para que se confirmara que uno de las cinco osamentas encontradas en una fosa en el fundo La Mona, situado en el área rural de Los Angeles (a 515 kilómetros al sur de Santiago), correspondían al hijo que tanto había buscado. Dolor profundo y muchas emociones invadieron el alma de estos padres que, como muchos otros familiares, no han cejado en su empeño por encontrar la verdad. Mucho menos la señora América, que desde 1978 pertenece a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nunca ha dejado de hacer cuanto sea necesario para que hechos como éstos no vuelvan a repetirse y tampoco queden impunes. Es que a la angustia de no saber qué había pasado con su hijo César, se sumó el exilio de sus dos hijas y la exoneración de su marido, sin embargo sacó fuerzas de flaqueza y siguió luchando. La señora América recuerda que en cierta ocasión en que estaba muy mal, se encontró con una persona que participaba en la Agrupación y que le contó su drama. “Ella tenía más edad que yo y su situación era tan terrible que me sentí como avergonzada. Eso me dio un poco más de fuerza y como que me olvidé de mi dolor, porque a mi alrededor había más dolor”. “Nadie sabía en qué iba a terminar esto” CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA , tenía sólo 30 años, militaba en el partido Socialista y trabajaba en la Corporación para la Reforma Agraria, CORA. Al día siguiente del golpe militar, se presentó voluntariamente a la Policía de Investigaciones porque su nombre aparecía en una lista que estaba siendo difundida por la radio. “El no ocupaba ningún cargo importante ni en el partido ni en la CORA –recuerda su madre- pero lo que lo condenó fue que lo pusieron en la repartición de vales de bencina cuando todo estaba muy crítico”. Fue llevado al gimnasio de la planta IANSA, donde había más personas detenidas. Sus padres pudieron verlo, incluso le llevaron algunas cosas. “Nadie sabía en qué iba a terminar todo esto porque no nos imaginamos en lo que se iba a transformar”. Confiaban en que pronto recuperaría su libertad, sin embargo cuando lo trasladaron al internado del liceo y después al Regimiento, entendieron que la situación era grave. Fue cuando dejaron de verlo. Algunos testigos indicaron después que el 17 de septiembre lo sometieron a un interrogatorio y después no lo vieron más. El Regimiento de Infantería Lo mismo le ocurrió a las familias de los otros cuatro detenidos desaparecidos que fueron hallados en la fosa del fundo La Mona: Mario Omar Belmar Soto, Juan Miguel Yáñez Franco y los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino. Fueron detenidos en fechas y circunstancias distintas, sin embargo hay algunos factores comunes :la intervención de efectivos de la Policía de Investigaciones y la permanencia en el Liceo de Hombres de la ciudad (usado como recinto de detención por el Ejército) y, en dos de los casos. Y la participación de carabineros en otros dos. Quizás el elemento más claro aquí es que casi todos los detenidos fueron llevados al Regimiento de Infantería de Montaña, donde se pierde su pista. Juan Miguel Yáñez Franco, tenía 25 años, era casado, mueblista y militante del Partido Comunista. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en su domicilio de la ciudad de Los Angeles, por funcionarios de Investigaciones quienes allanaron su casa.. Lo llevaron al Liceo de Hombres y más tarde al Regimiento. El 12 de septiembre, le correspondió el turno a Mario Omar Belmar Soto, 30 años, jefe de la central hidroeléctrica de Rapel y sin militancia política conocida. Por razones de su trabajo para Endesa, Mario Belmar se encontraba en la zona al ocurrir el golpe militar. No estás muy claras las circunstancias de su detención que ocurrió el 13 de septiembre. Poco antes, Belmar se había comunicado con su hermana para contarle que solicitaría un salvoconducto para viajar a Rapel, cosa que no ocurrió. A la esposa de Mario Belmar se le avisó que su marido estaba internado en el hospital de Los Angeles con una herida a bala, pero no pudo dar con su paradero. El testimonio aportado por Naldo Sanhueza, tiempo después, dio algunas luces de lo que podría haber ocurrido con Belmar. Sanhueza fue detenido el 22 de septiembre de 1973 por carabineros del retén de Antuco. En ese recinto, fue encerrado solo en un calabozo. Dice que sintió muchos gritos y pudo observar la presencia de militares en un sector del retén donde se ubicaban las pesebreras, lugar en el cual se torturaba. En un momento determinado escuchó a los militares dar órdenes a un grupo de detenidos a fin de que cantaran "Venceremos", luego de ello, se escucharon ráfagas de metralletas. Al día siguiente, 23 de septiembre de 1973, el testigo fue sacado del calabozo y conducido por un pasillo, en donde señala "se encontraban tirados los cuerpos de Mario Olivares Pérez, prácticamente agónico y de Mario Belmar Soto, (detenido desaparecido) quien al parecer estaba muerto, ya que no se movía, la lengua afuera y sus vestimentas destruidas con barro y sangre; ambos se veían terriblemente torturados". Los hermanos Juan Eladio, 26 años, topógrafo y director de la Corporación de Obras Urbanas y Víctor Adolfo Ulloa Pino, 16 años de edad, estudiante de enseñanza media, fueron detenidos el 18 de septiembre de 1973, aproximadamente a las 10:30 horas en la casa ubicada en calle Valdivia de Los Angeles, lugar donde Juan Ulloa era pensionista. Ambos hermanos, acompañados de la cónyuge de Juan, Elena Jensen Cortés, concurrieron a la pensión con el fin de recuperar ropa y otros objetos personales ya que hacía unos días que la casa había sido cerrada por su dueña. Al llegar a la vivienda, vieron que sus puertas estaban abiertas y entraron; a los pocos momentos ingresó una patrulla de Carabineros al mando del Sargento Venegas y el Cabo Sergio Daguiere quienes procedieron a detenerlos junto con otras dos personas que también se encontraban en la casa. Los cinco detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Los Angeles, interrogados allí por el Capitán Fabres y enviados el mismo día al Regimiento, ya que, según fueron informados, no había cargos en su contra y sólo irían para un chequeo y saldrían en libertad. Fueron conducidos al Regimiento, ingresando aproximadamente a las 14:00 horas del día 18 de septiembre. Según testimonio aportado 17 años después por un testigo que en septiembre de 1973 era conscripto del Regimiento de Los Angeles, los hermanos Ulloa Pino habrían permanecido encerrados en condiciones miserables en una pequeña garita dentro del recinto militar, durante 15 días aproximadamente, y posteriormente sacados del lugar y llevados con destino desconocido. Catorce años de espera Muchos rumores e historias circularon después tratando de determinar dónde estaban los detenidos desaparecidos de Lo Angeles. Se habló de entierros clandestinos y de lanzamientos a los cuerpos a los ríos de la zona. Todo hasta que en 1990, el rumor se transformó en certeza y tras la respectiva orden judicial, se pudo exhumar desde una fosa situada en el fundo “La Mona”, de propiedad de Forestal Mininco, los restos de al menos cinco personas. Sin embargo, por falta de medios técnicos y, seguramente de interés de la justicia, las osamentas permanecieron varios años olvidadas en uno de los juzgados de Los Angeles, pese a los intentos de familiares y de abogados por acelerar su identificación. Hasta que el ministro capitalino, Jorge Zepeda, nombrado por la Corte Suprema para hacerse cargo de los casos de violaciones a derechos humanos de los Angeles, especialmente los referidos a Endesa, tomó el asunto en sus manos y ordenó que los restos fueran remitidos al Servicio Médico Legal de Santiago. Finalmente, las pesquisas dieron su fruto y pudo establecerse que las osamentas correspondían a César Flores, Miguel Franco, Mario Belmar, Juan y Víctor Ulloa. Todos presentaban impactos de bala. La búsqueda para estas familias ha terminado. Pero aún falta determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables.

 El Poder Judicial informó en horas de la noche de la internación en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago, en la comuna de Peñalolén, a Walther Klug Rivera, criminal de lesa humanidad de la Dictadura chilena que se había fugado del país intentando evadir los procesamientos de la justicia en su contra.

El excoronel Klug Rivera es un conocido miembro de las fuerzas represivas de la Dictadura en el sur de Chile, y hoy es requerido en dos causas por violaciones a los derechos humanos: el secuestro y muerte de 21 trabajadores de Endesa en la comuna de Antuco, Provincia de Bío Bío y el secuestro calificado del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles, Luis Cornejo.

En el primer caso, Klug fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión, sin beneficios, por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA , Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José "scar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el segundo caso, Klug es sindicado como el responsable de la desaparición del estudiante de Topografía y presidente del centro de alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo.

Klug se había fugado en 2015 a Alemania, aprovechando la liviandad del trato a los violadores de DDHH que se da en nuestro país. Así, utilizó su doble nacionalidad y se benefició de la dificultad de la nación europea para extraditar a sus ciudadanos, aunque sean criminales de lesa humanidad. Sin embargo, en 2019 fue detenido en viaje que realizó a Italia, país desde donde fue extraditado a Chile.

No obstante, pese a la gravedad de los crímenes cometidos -se encuentra condenado por la Corte Suprema-, el criminal de lesa humanidad no fue encarcelado y se fugó nuevamente, esta vez a Argentina, desde donde fue expulsado a nuestro país. Klug no cumplió las cautelares que dictó el Ministro Carlos Aldana -quien no ordenó su detención pese a la existencia de estos antecedentes- por el otro caso por el que está siendo procesado: el secuestro calificado de Luis Cornejo.

La Ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que Walther Klug Rivera cumplirá en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago un periodo de cuarentena de 10 días para luego revisar su situación procesal.

El coronel en retiro del Ejército, Walter Klug Rivera, llegó a Chile la noche de este lunes. Según constató Radio Bío Bío, y permanece en el Regimiento de Policía Militar de Santiago.

Lo anterior luego de ser expulsado de Argentina, donde fue detenido hace dos semanas, luego de su fuga de Chile, fue la notificación de una condena por violación a los derechos humanos.

Recordemos que la sentencia fue de 10 años de cárcel decretados por la Corte Suprema, puntualmente por el homicidio y secuestro de 23 trabajadores de las centrales El Toro y Abanico de Endesa en 1973.

Esta fue la segunda fuga de Klug del país, ya que la primera fue en 2015.

Según se informó en un comunicado del Poder Judicial, Klug Rivera ingresó a la unidad militar para una cuarentena de 10 días, plazo en el cual la ministra del Caso Endesa, Paola Plaza, resolverá la situación procesal del exuniformado.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a:

-Patricio Martínez Moena, general de Ejército en retiro, a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios;

-Walter Klug Rivera, coronel en retiro, a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y

-Ismael Espinoza Silva (Oficial) a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA  Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos: "Que, en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA; Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de 1973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de 'Los Canelos', 'Rayenco', 'Polcura', 'Antuco', además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de 'El Toro', 'El Abanico', y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de 'Cuatro Juntas', sector que era denominado 'Mallines del Sol', perteneciente al cajón de Alto Polcura', patronímico del río 'Polcura', que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales; Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidos y detenidos por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy".

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

Se trata del ex comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, quien integró la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), uno de los organismos de exterminio, tortura y desaparición de la dictadura. Lawrence estuvo en sitios como José Domingo Cañas y Villa Grimaldi y está acusado de registrar tres casos de tormentos a detenidos, ocho secuestros, cinco homicidios, dos homicidios calificados y una causa de apremios ilegítimos.

Otro nombre del listado es Demóstenes Cárdenas, empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) que habría sido cercano al genocida Manuel Contreras, estuvo en 4 Álamos y participó en casos de desaparición y asesinato.

Juan Rubilar Ottone, condenado por homicidio y que participó de la Central Nacional de Informaciones, CNI.

Miguel Soto Duarte fue carabinero e integrante de la CNI, condenado por el homicidio calificado de la militante del MIR, Paulina Aguirre Tobar en 1985, entre otras cosas.

Walter Klug Rivera, oficial del Ejército que fue parte del Servicio de Inteligencia Militar y habría escapado fuera de Chile, estuvo en el Campo de Prisioneros en las caballerizas del Regimiento de Infanteria N° 3 de Montaña " Los Ángeles" condenado a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, por los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Miguel Yáñez Franco; Cesar Augusto Flores Baeza; Víctor Jerez Meza; Mario Belmar Soto; Mario Samuel Olivares Pérez; Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino, y los delitos de Secuestro Calificado de José Abel Coronado Astudillo; Abel José Carrasco Vargas; Alamiro Segundo Santana Figueroa; Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez; Plutarco Coussy Benavides; Wilfredo Hernán Quiroz Pereira; Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo; Domingo Norambuena Inostroza; Luis Eduardo Vergara Corso; Benjamín Antonio Orrego Lillo; José Oscar Badilla García; Manuel Antonio Aguilera Aguilera; Manuel Sepúlveda Cerda y Bernardo Samuel Meza Rubilar.

Armando Fernández Larios, oficial de Ejército que participó de la Caravana de la Muerte, acusado de participar en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, la tortura, muerte y desaparición de Manuel Sanhueza Mellado y otros graves casos de violación a los derechos humanos.

Carlos Minoletti Arriagada, oficial del Ejército condenado por homicidio en el caso Caravana de la muerte, donde fue encargado de elegir los fusileros y ejecutar los fusilamientos.

La impunidad que sigue reinando en estos casos es brutal, defendida además por sectores de la derecha pinochetista.

Víctor Jerez Meza, casado, 3 hijos, obrero de la central "El Abanico" de la Empresa Nacional de Electricidad -Endesa-, presidente del Sindicato de la empresa y Secretario General Regional del Partido Socialista, fue detenido con fecha 22 de septiembre de 1973 en las dependencias del Sindicato de la central "El Toro", por Carabineros y efectivos del Ejército, ignorándose su paradero hasta el año 1999, cuando su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en una fosa común del cementerio de Nacimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) a la cónyuge e hijos de Víctor Jerez Meza, trabajador de la central hidroeléctrica El Abanico, de Endesa, quien habría sido ejecutado el 22 de septiembre de 1973.

En fallo dividido, la Octava Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Marisol Rojas, María Luisa Riesco y el abogado (i) Rodrigo Asenjo- confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes en la comisión de un delito de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el aspecto penal como civil.

“Que, ahora bien, en lo que atañe a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, y resultando imprescindible dilucidar si corresponde o no afirmar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo en el ámbito de la responsabilidad penal, sino también en el ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o, si por el contrario, incumbe restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regula el derecho privado, ha de señalarse que, en la especie no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial sino de una acción reparatoria en el ámbito de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad”, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución agrega que “por un principio de coherencia jurídica la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal. La fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del derecho humanitario y en los tratados internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas”.

“De otra parte, la aplicación de la prescripción del derecho privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico y moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y por lo mismo su aplicación en el campo del derecho público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que importa una negación de sus derechos fundamentales a la vida e integridad física, por quien es constitucionalmente el obligado a resguardarlos”, concluye el dictamen.Víctor Jerez Meza (en la foto), casado, 3 hijos, obrero de la central «El Abanico» de la Empresa Nacional de Electricidad -Endesa-, presidente del Sindicato de la empresa y Secretario General Regional del Partido Socialista, fue detenido con fecha 22 de septiembre de 1973 en las dependencias del Sindicato de la central «El Toro», por Carabineros y efectivos del Ejército, ignorándose su paradero a partir de ese momento.La cónyuge del afectado señaló en declaración jurada, que en la detención participó el teniente de Carabineros Zacarías Hannover García Agüero, del Retén Abanico, y que ese día 22 de septiembre ella concurrió a la central «El Toro» a requerir información de su cónyuge, el cual a partir del golpe de Estado debió ausentarse del domicilio familiar por razones de seguridad, pues la casa fue allanada en reiteradas oportunidades por militares.

«Cuando yo venía bajando por la calle del sindicato vi que los militares echaban a un individuo al furgón, y pregunté a algunos hombres que ahí habían a quien estaban subiendo al vehículo de los militares y ellos me respondieron que llevaban detenido al presidente del sindicato. Desde ese día cesaron los allanamientos en nuestro hogar», señala la declaración de la mujer.

La cónyuge de Víctor Jerez Meza concurrió en su búsqueda a los retenes de Antuco y Abanico, y también al Regimiento de Los Ángeles, todo ello sin resultados positivos en orden a dar con su paradero.

Por su parte, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala que el afectado estuvo recluido junto a otros obreros de Endesa -Plutarco Coussy, Mario Olivares y Wilfredo Muñoz-, quienes hasta hoy son detenidos desaparecidos.La información dada por las autoridades policiales a los familiares fue que se les había trasladado al Regimiento de Los Angeles. Y al igual que en otros casos, la prensa local del día 6 de octubre informó que el afectado se encontraba desaparecido, luego de haber sido puesto en libertad condicional mientras se completaban diligencias, agregando que no se había presentado ante un nuevo requerimiento y que debía «atenerse a las consecuencias».También agrega el informe de dicha Comisión que el 14 de enero de 1977, cuatro años después de la detención, en la prensa local apareció información que señalaba que Víctor Jerez Meza, Plutarco Coussy Benavides, Mario Olivares Pérez y Wilfredo Quiroz Pereira, habían sido fusilados. No se explican circunstancias, no existe certificación de defunción ni explicación oficial de la muerte.

Finalmente, el año 1999, los restos de Jerez Meza fueron identificados entre los cuerpos exhumados -enterrados como NN en una fosa común- en el cementerio de Nacimiento, tras una diligencia ordenada por el entonces ministro de fuero Juan Guzmán.

Por el crimen de Víctor Jerez, y de otros 22 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico, la Corte Suprema condenó en 2014 a Patricio Martínez Moena, general de Ejército en retiro, a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera, coronel en retiro, a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios; y al oficial Ismael Espinoza Silva, a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

De acuerdo al máximo tribunal, ellos serían los culpables de los homicidios de Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.