Fierro Inostroza Joel

JOEL FIERRO INOSTROZA

Rut     : 76.620 de Osorno
F.Nacim. : 17 09 23, 50 años a la fecha de la detención
Domicilio : Sector ex Estación, Entre Lagos
E.Civil : Casado, siete hijos
Actividad : Obrero maderero
C.Repres. : Militante del Partido Socialista; ex Regidor de Entre Lagos
F.Detenc. : 17 de septiembre de 1973

Joel Fierro Inostroza, casado, 7 hijos, obrero maderero, militante socialista, Regidor de la Comuna de Entre Lagos, fue detenido en su domicilio el 17 de septiembre de 1973, alrededor de las 17 hrs., junto a su esposa Blanca Valderas Garrido, ex Alcaldesa de Entre Lagos.
Hasta la vivienda llegó un grupo de aproximadamente ocho carabineros pertenecientes al Retén de Entre Lagos al mando del Sargento Raúl Oyarzún Blanco quien informó al matrimonio que era portador de una orden, que no exhibió, emitida por el Intendente de Osorno para detenerlos; mientras ocurría esta conversación, otros carabineros, identificados como los Cabos Abelardo Rojas y José Rocha, allanaban la casa al parecer en busca de armas. Luego, Joel Fierro y Blanca Valderas fueron sacados a empujones de su hogar en presencia de sus siete hijos e introducidos a un furgón de color verde con distintivo del S.A.G. (Servicio Agrícola y Ganadero). En este vehículo ya se encontraban otras personas que habían sido detenidas momentos antes en sus respectivos domicilios, ellos eran: Luis Sergio Aros Huichacán, Martín Núñez Rosas, dirigente del Comité Sin Casa de Entre Lagos y José Ricardo Huenumán Huenumán, regidor de la comuna de Entre Lagos, los tres militantes del Partido Socialista.
Según testimonio de la señora Blanca Valderas, los cinco arrestados fueron llevados al Retén de la localidad y allí separados quedando ella sola en un calabozo y los cuatro hombres en otro; señala también que en el cuartel fueron vistos por el Alcalde de la comuna, señor Walter Lausen.
En ese recinto policial permanecieron alrededor de ocho horas. Aproximadamente a la una de la madrugada del día 18 de septiembre fueron sacados de las respectivas celdas y llevados hasta la calle donde había un furgón de color negro colocado en posición de retroceso y con sus puertas abiertas; ubicados alrededor del vehículo se encontraba un grupo de aproximadamente 10 individuos armados con metralletas y vestidos con ropas de color oscuro (azul o negro), guantes y botas de tipo militar; cubrían sus rostros con máscaras que semejaban vampiros y en la cabeza portaban cascos. Estos individuos introdujeron a los detenidos al furgón, los cuatro hombres tenían las manos amarradas a la espalda. El vehículo se dirigió al antiguo puente colgante sobre el río Pilmaiquén donde se detuvo en su entrada norte; allí descendieron los ocupantes del vehículo e ingresaron al puente, a unos cinco o seis metros de la entrada, el grupo se detuvo y los detenidos fueron obligados a arrodillarse e inclinarse hacia el río. Detrás de cada uno de ellos se ubicó uno de sus aprehensores, les dispararon y los arrojaron luego a las aguas. Sólo logró salvarse la señora Blanca Valderas debido a que el arma de su captor no funcionó y molesto por esto, el sujeto la golpeó con la culata del arma y la empujó hacia el río; ella logró nadar y salir del agua en un lugar alejado donde pudo buscar ayuda. Su testimonio ha servido para reconstruir los hechos que dieron lugar a la desaparición, hasta hoy, de los otros cuatro detenidos, entre ellos su esposo.
Todos estos antecedentes fueron conocidos 5 años después, cuando su cónyuge Blanca Valderas logró encontrar el apoyo que necesitaba para denunciar lo que había pasado y sufrido. Una vez que ella logró salir del río con vida, empezó su largo peregrinar. De Osorno se trasladó a Valdivia y a los 7 meses a Santiago donde debió emplearse como asesora del hogar con otra identidad. En cinco años nunca pudo ver a sus hijos, que quedaron con su madre. Ella y los niños pasaron momentos muy difíciles, muchas veces no tuvieron qué comer. Además habían perdido su casa y parte de sus enseres. La casa donde vivían en septiembre de 1973 fue totalmente desvalijada por los Carabineros que practicaron las detenciones.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Se inició proceso rol 23.862 por querella criminal interpuesta el 12 de noviembre de 1979 por los delitos de secuestro y homicidio calificado en la persona de Joel Fierro Inostroza y secuestro y homicidio calificado frustrado de Blanca Valderas Garrido. La causa fue tramitada en el Primer Juzgado de Letras de Osorno y estuvo a cargo de la Ministro en Visita Juana González Insunza.
En el texto de la querella se menciona además la facultad del juez para investigar de oficio los posibles delitos cometidos en contra de los otros tres detenidos desaparecidos y durante la investigación se realizan diligencias comunes a todas las víctimas de los hechos.
La querella está dirigida en contra de los carabineros Suboficial Arriagada, Sargento Oyarzún, Cabos Rojas y Rocha y demás carabineros de la dotación del retén de Entre Lagos y en contra de los militares o civiles que resulten responsables.
Durante el proceso declaran todos los funcionarios de carabineros que, según información de la Dirección de Personal de Carabineros, prestaban servicios en el Retén de Entre Lagos en el mes de septiembre de 1973. En sus declaraciones, varios de ellos confirman haber pertenecido a esa unidad policial en la fecha en que ocurrieron los hechos, haber conocido a la ex Alcaldesa por razones del cargo que ella desempeñaba, pero niegan haber participado en su arresto, el de su esposo y los otros tres detenidos. Cabe destacar que el Suboficial Mayor Raúl Oyarzún Blanco, quien era, en septiembre de 1973, Sargento 2do. y jefe del retén, señala en parte de sus declaraciones que el personal de esa unidad ni siquiera estaba informado de las detenciones que se realizaban puesto que las hacían funcionarios del Ejército, Servicio de Inteligencia Militar y Carabineros de Osorno, Investigaciones y Cien Aguilas; agrega haber visto a civiles vestidos de uniforme con credenciales del Servicio de Inteligencia Militar.
Por otra parte, en careo realizado entre la querellante y el carabinero José Delis Rocha Hormazábal, Blanca Valderas dice que este funcionario entró a su casa junto con otros carabineros, destrozaron enseres y además el golpeó a uno de sus hijos con la culata de su arma. El carabinero Rocha niega haber detenido "activistas políticos" y dice que "las detenciones las efectuaban los militares y mi labor se limitaba a hacer patrullaje en la población con vehículos prestados".
Otra diligencia relacionada con la unidad policial fue la inspección de los libros de la Tenencia con el objeto de verificar si había antecedentes de los detenidos, lo que no fue posible encontrar puesto que todos los libros y documentos del año 1973 fueron incinerados según el reglamento del Carabineros. Consultado el Instituto Médico Legal de Osorno, éste informa que, revisados los archivos de informes de autopsias se constató que no había antecedentes de ninguno de los cuatro detenidos.
Citado el Alcalde de Entre Lagos Walter Lausen Siebert que la ex Alcaldesa dice que vio al grupo de detenidos en el retén, éste dice no recordar esa situación aunque, señala, "es muy posible que así sea, pero con el trajín de esos días, habían tantos detenidos que repito, no recuerdo con certeza si esta señora se encontraba detenida en este cuartel policial".
De los testigos que comparecen ante el Tribunal, tres de ellos mencionan haber visto el cadáver de una persona en el río en días posteriores al 18 de septiembre y que, al parecer, "había quedado encajado en un palo". Uno de estos testigos, que vivía aproximadamente a 100 metros del puente, dice que "la noche del 18 de septiembre de 1973, o sea en la madrugada, sentí disparos fuertes de arma de gran potencia que venían del puente colgante". También declaran tres de los hijos del matrimonio Fierro Valderas; los tres presenciaron la detención de sus padres, dos de ellos recuerdan, a pesar de que el año 1973 tenían entre 7 y 8 años de edad, que después de la detención, volvieron a la casa los carabineros con su padre y "lo maltrataban con la metralleta a fin de que reconociera una madera". Otros dos testigos dicen que, además del furgón del SAG que trasladó a los detenidos al retén, participaron en el operativo dos vehículos particulares de propiedad de dos personas de la zona; éstos declaran que efectivamente tenían vehículos como los descritos pero no los facilitaron a Carabineros. Uno de ellos, sin embargo, dice que el año 1971 tenía en su poder una camioneta que prestó a los funcionarios policiales y que su camioneta la usó con carabineros para hacerse cargo de un nombramiento de interventor en un fundo el 2 o 3 de septiembre actividad que no se pudo realizar porque los ocupantes lo impidieron, por lo que tuvieron que volver el 13 de septiembre.
Otra diligencia que realizó el tribunal fue la inspección ocular del puente que confirmó la descripción del lugar hecha por la querellante.
Después de estas y otras diligencias efectuadas, el 17 de abril de 1980 la Ministro en Visita se declaró incompetente por considerar que en los hechos investigados participaron miembros de Carabineros y por lo tanto corresponde su conocimiento al Tribunal Militar correspondiente y solicita remitir los antecedentes a la Fiscalía Militar Letrada de Osorno. Apelada esta resolución, es ratificada por la Corte de Apelaciones de Valdivia el 4 de julio de 1980 que señala en el oficio respectivo que, los funcionarios de carabineros contra quienes se dirigió la querella efectivamente prestaban servicios en el Retén de Entre Lagos en septiembre de 1973 y que además, existía ya el 11 de septiembre de ese mismo año, estado de guerra en el país a pesar de no haber sido declarado oficialmente sino hasta el día 22 de septiembre, todas estas razones para confirmar la resolución. El 14 de julio de 1980 se presentó un recurso de queja. El 22 de octubre de ese año, la Corte Suprema declara sin lugar este recurso.

Diez ex carabineros procesados el lunes pasado por causas de Derechos Humanos quedaron hoy en libertad bajo fianza en la Décima Región.

El coronel en retiro Adrián Fernández y nueve suboficiales fueron procesados por delitos cometidos entre 1973 y 1974 en la provincia de Osorno.

El grupo de ex uniformados está siendo investigado hace más de un año por el secuestro calificado de Lucio Angulo, René Urbina, Jorge Altamirano, Joel Fierro, José Huenuman, Luis Aro, Arturo Banderas y José Panguinamún.

Además, se les acusa del homicidio calificado de Martín Nuñez y el homicidio calificado frustrado de la ex alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Banderas.

En un comienzo la investigación fue llevada por uno de los magistrados de la Décima Región quien debió abandonar la causa para asumir labores en los tribunales de la Reforma Procesal Penal, el caso fue asumido por el juez Ramírez quien trabaja con un equipo multidisciplinario de investigaciones.

A LOS JUECES MILITARES QUE PARTICIPABAN EN LOS CONSEJOS DE GUERRA, NO LES INTERESABA, NI EL DERECHO, NI LA JUSTICIA, NI LA LEY. LES  INTERESABA, COMO BUENOS OPORTUNISTAS; HACER CARRERA RÁPIDA,  A COSTA DE CUALQUIER MEDIO Y PISOTEANDO CADÁVERES Y ADEMÁS SABÍAN A CIENCIA CIERTA QUE LOS PROCESADOS LLEGABAN AL TRIBUNAL DESPUÉS DE HABER SIDO TORTURADOS.

La histórica sentencia de Osorno enfrenta la prueba de fuego

Sábado 22 de marzo de 2008
Lanacion.cl
Por Jorge Escalante / Lanacion.cl

El dictamen de la jueza Ema Díaz Yévenes, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, condenando duramente a 24 oficiales y suboficiales de Carabineros por 31 víctimas de Osorno en 1973, deberá ser ahora revisada por esa corte y por la Sala Penal de la Corte Suprema, que se ha destacado por rebajar sustancialmente condenas o absolver a los criminales de la dictadura.

Las duras condenas dictadas en una sentencia de primera instancia por la ministra de la Corte de Valdivia, Ema Díaz Yévenes, en contra de 24 oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro por los crímenes de 31 víctimas de Osorno y alrededores, esperan ahora las resoluciones de las cortes de Valdivia y Suprema.

A ellas necesariamente llegarán las penas de presidio perpetuo, y a 20, 15 años y otras menores aplicadas por la magistrada a un general, un coronel, un teniente coronel y 21 suboficiales de Carabineros, que actuaron con extrema crueldad y alevosía las primeras semanas después del golpe militar de 1973 en contra de víctimas indefensas. Todos campesinos, dirigentes sociales y políticos y autoridades locales de Osorno, La Unión, Entrelagos y otros lugares de la provincia.

Se trató de la sentencia más numerosa en cuanto a condenados y víctimas y magnitud de penas, dictada en la historia de los juicios que se instruyen en el país por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero la preocupación de abogados querellantes y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, así como de los familiares de las víctimas y de los prisioneros sobrevivientes, está puesta en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Esa será la que, en última instancia, deberá revisar lo obrado por la jueza Díaz cuando vea la causa fallada por la vía de la casación que con seguridad interpondrán los abogados de las defensas de los condenados.

La inquietud tiene su fundamento en que esa sala, y especialmente los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, el primero integrante de los Consejos de Guerra realizados en Osorno en contra de los detenidos políticos en los días posteriores a la asonada militar, se han destacado en el último año y medio por rebajar sustancialmente las condenas dictadas en contra de ex agentes de la represión.

Ello, bajo la premisa confesada en privado por un integrante de esa sala, en el sentido de que “rebajamos las penas para equilibrar las cosas, y no absolvemos derechamente para que no se nos acuse mañana de que no hicimos justicia”.

Es el caso del oficial (R) de Carabineros de Osorno Hans Schernberger, absuelto de una pena de diez años, y quien integró junto a Ballesteros los irregulares Consejos de Guerra de Osorno, lo que al ministro de la Suprema le valió una acusación de familiares de desaparecidos y ejecutados ante el pleno del Máximo Tribunal.

¿Cuántas de estas penas aplicadas por la ministra Díaz se mantendrán en la Corte de Valdivia y en la Corte Suprema? La duda se mantendrá hasta cuando sendas cortes revisen lo obrado por la jueza Ema Díaz en la sentencia más contundente dictada entre todos los procesos abiertos en Chile por delitos de lesa humanidad.

Agresiones a familiares

La investigación realizada por la magistrada Díaz es considerada como una de las más completas, informadas y documentadas, similar a las que realiza el ministro Víctor Montiglio en Santiago.

Montiglio debe resolver en los próximos días el destino procesal del recientemente llamado a retiro general (R) Gonzalo Santelices y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre, así como de otros oficiales (R) de Ejército que se han ido sumando al episodio de Antofagasta de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, en el cual se asesinó a 14 prisioneros.

La sentencia de la jueza Díaz consta de más de 200 páginas y en ella relata con detalle los hechos acontecidos con relación a las 31 víctimas de las que dio cuenta su investigación.

Se trató además del dictamen más duro que afectó a la policía uniformada en la historia de estos procesos, similar o incluso mayor que aquella por la que se condenó a los autores del degollamiento de tres dirigentes comunistas en marzo de 1985, en la que también se dictaron penas de presidio perpetuo.

En el caso de la provincia de Osorno, los oficiales (R) condenados fueron el coronel Adrián Fernández Hernández, a presidio perpetuo, el general Hernán Rodríguez Guerrero, a 15 años de presidio, y el teniente coronel Antonio Baros Muñoz también a 15 años de cárcel.

Los suboficiales Rolando Becker Solís, Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz, Raúl Enrique Zapata y Jorge Obando Rodríguez, sufrieron las penas de 20 años de presidio.

Según informaron familiares de las víctimas, en los últimos días algunos de los sentenciados los han insultado y agredido en las calles de Osorno, acusándolos de que ahora tendrán que ir a la cárcel.

Eso, si la Corte de Valdivia y especialmente la Sala Penal de la Corte Suprema no los absuelve o rebaja sustancialmente las condenas, concediéndoles el beneficio de cumplir una pena inferior a cinco años y un día en libertad por el recurrido expediente que han aplicado en otros casos: “por tener el sentenciado irreprochable conducta anterior”.

comentarios excluidos (extracto)

Con la condena a 19 ex uniformados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia de Osorno y del Ranco, se comienza a cerrar un episodio que marcó a muchas familias.

La sentencia fue resuelta por la corte suprema y versa sobre delitos de tortura, homicidio y desapariciones forzadas de dirigentes políticos y campesinos.

Uno de los casos mas emblemáticos fue el de la ex alcaldesa de Entre Lagos en la época del golpe de estado de 1973, Blanca Valderas, quien sufrió la perdida de su esposo, Joel Fierro Inostroza, obrero maderero y Regidor de la Comuna de Entre Lagos, quien fue detenido junto a Valderas Garrido y otros 3 hombres por ex uniformados, siendo trasladados la noche del 18 de septiembre hasta el puente colgante sobre el río Pilmaiquén en Entre Lagos donde fueron acribillados, siendo la única sobreviviente Blanca Valderas, quien fue lanzada al río, creyendo sus verdugos que estaba muerta.

La condena a los ex uniformados contempla penas que van desde 600 días, la más baja, hasta 15 años. Por otro lado, 6 de los 25 imputados que fueron investigados en un principio, fueron finalmente absueltos.

Sobre este tema se refirió la presidenta a nivel nacional de la Unión de ex prisioneros políticos, Nelly Carcamo, quien calificó de bajas las penas, interpelando a aquellos que consideraron baja la condena al machi Celestino Cordoba a que hablen si es justo que personas que cometieron delitos de lesa humanidad hayan estado libres tanto tiempo.

En tanto, el diputado Fidel Espinoza, quien recordemos perdió a su padre también por causa de la represión post golpe militar, aseguró que la justicia tarda pero llega, sobretodo para quienes caminaron libres por las calles de Osorno teniendo deudas pendientes con la justicia por delitos contra los derechos humanos.

Cabe señalar que en la sentencia se recalca que en este caso de transgresiones a los derechos humanos, se destaca la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistía y la negación a la exclusión de responsabilidad, los que pretenderían impedir la investigación y sanción de los responsables de los casos de violación a los derechos esenciales, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.

Un homenaje a quien fuera en vida activa dirigente campesina y Alcaldesa de la entonces comuna de Entre Lagos, (actual comuna de Puyehue) Sra. Blanca Ester Valderas Garrido.

Rodolfo Balbontin, miembro de la Coordinadora Popular y de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Osorno, recordó los episodios que marcaron la vida de Blanca Ester Valderas, cuando logró sobrevivir al fusilamiento masivo que miembros de los organismos de seguridad de la época perpetraron contra otros dirigentes y su propio marido el 18 de septiembre de 1973, a días del Golpe de Estado militar, fusilándolos sobre el Puente Pilmaiquen y lanzándolos hacia el río, en la entrada antigua a la comuna de Entre Lagos.Balbontín realizó un llamado a toda la comunidad osornina a asistir al acto homenaje, señalando que no tiene consideraciones políticas ni partidistas, solo centrado en la defensa de los derechos humanos.
El homenaje a Blanca Ester Valderas, quien falleciera durante el mes de diciembre pasado en la ciudad de Temuco, se realizará el próximo viernes 20 de febrero desde las 18:00 hrs. en la Casa del Folclor de Osorno, para lo cual se ha convocado a diversas organizaciones, autoridades, usuarias y usuarios de Casa PRAIS y a la comunidad en general, donde se recordará la vida de la ex alcaldesa y dirigente social, a través de relatos, música y muralismo.