Ferruz Lopez Santiago Abraham

Santiago Abraham FERRU LOPEZ

El 11 de diciembre de 1975, el militante del PC Santiago Abraham FERRUZ LOPEZ, fue detenido en su domicilio en presencia de su cónyuge y varios vecinos. Posteriormente, fue trasladado a Villa Grimaldi, desconociéndose su actual paradero.

La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.

l ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de José Ascencio Subiabre, Mario Quezada Solís, Santiago Ferruz López y Octavio Boettiger Vera, ocurridos entre diciembre de 1975 y enero de 1976, en diverso lugares de la Región Metropolitana y que estuvieron detenidos en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi.

En la causa, el magistrado condenó a los siguientes ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a penas de 15 años y un día de presidio, sin beneficios: Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Ricardo Lawrence Mires y Carlos López Tapia. Además, absolvió de los cargos al ex agente Gerardo Godoy García.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, el ministro Llanos dio por acreditado los siguientes hechos:

“a) Entre mediados de 1974 y fines de 1976 funcionó el centro clandestino de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) denominado “Cuartel Terranova” o “Villa Grimaldi”,  ubicado en Avenida  José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, donde  un grupo de agentes, con conocimiento del Presidente de la Junta de Gobierno y, posteriormente, del Presidente de la República y del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros capturas de  personas, dirigentes, militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraban, ilegalmente, en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico, de  variada índole, y psicológico con el objeto de obligarlos a entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.
b) Que José Ramón Ascencio Subiabre (30 años de edad, artesano, militante del Partido Comunista)fue detenido el 29 de diciembre de 1975 a eso de las 18:30 horas desde su taller de artesanía ubicado en Padre Las Casas N° 2151 Conchalí,  trasladado hasta la Villa Grimaldi y encerrado en “La Torre”, donde se le ve por testigos hasta febrero de 1976, aproximadamente; 2) Mario Luís Quezada Solís  (32 años, soltero, auxiliar de enfermería, militante del Partido Comunista) fue detenido el 12 de diciembre de 1975 a las 15:00 horas en el domicilio ubicado en calle Elisa Reyes N° 554 La Granja, y trasladado hasta Villa Grimaldi, donde se le ve en hasta febrero de 1976;  3)Santiago Abraham Ferruz López (73 años, casado, 2 hijos, jubilado del servicio de seguro social, militante del Partido Comunista) fue detenido el 11 de diciembre de 1975 a las 03:00 de la mañana en su domicilio  Avda. Perú 1128 de Santiago, en presencia de su familia,  y trasladado a la Villa Grimaldi; 4)Octavio Julio Boettiger Vera (28 años, un hijo, egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista), fue detenido el 17 de enero de 1976 a las 21:00 horas en Providencia con Antonio Varas, frente a la Hostería de Providencia y trasladado a la Villa Grimaldi.
Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares, tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción;
Que los hechos descritos en el considerando precedente son constitutivos de sendos  delitos de secuestro  calificado, que contempla el artículo 141 incisos 1º y 3º del Código Penal, en razón  del tiempo en que se prolongó la acción, o sea, más de 90 días, y por las consecuencias de la misma, resultando un grave daño en la persona o intereses de los ofendidos; situación que ocurre en autos, pues aún se desconoce el paradero de éstos al encontrarse establecido en la causa que estas personas fueron retenidas contra su voluntad, privándoles de su libertad de desplazamiento, a partir de las fechas antes mencionadas: José Ramón Ascencio Subiabre, desde el 29 de diciembre de 1975; Mario Luís Quezada Solís,  desde el 12 de diciembre de 1975; Santiago Abraham Ferruz López, desde el 11 de diciembre de 1975; y Octavio Julio Boettiger Vera, desde el el 17 de enero de 1976”.

 En el aspecto civil, el fallo condena al fisco a pagar una indemnización total de $290.000.000 (doscientos noventa millones de pesos) a los familiares de las víctimas.

Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.

Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.

“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.

“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recordar a los caídos y buscar verdad y justicia, con el propósito de que estas cosas nunca más ocurran”, afirmó el diputado Jiménez.