Fariña Oyarce Carlos Patricio

CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE

Rut : Sin documentos de identidad

F.Nacim. : 06-11-59, 13 años a la fecha de la detención

Domicilio : Los Músicos 6075, La Pincoya (ex Manzana J, sitio I), Conchalí

E.Civil : Soltero

Actividad : Estudiante de Enseñanza Básica, Escuela Perú – Quinta Bella

C.Repres. : Sin militancia política

F.Detenc. : 13 de octubre de 1973

SITUACION REPRESIVA

Carlos Patricio Fariña Oyarce, estudiante de 13 años de edad, fue detenido el día 13 de octubre de 1973 en su domicilio de la Población La Pincoya durante el transcurso de un allanamiento practicado en dicha población por efectivos del Ejército, Carabineros e Investigaciones.

La madre del menor, doña Josefina Oyarce vda. de Fariña, relata así los hechos en el recurso de amparo interpuesto en su favor: "…A las 09:30 horas mi modesto domicilio fue cercado por numerosos Militares y Carabineros. Dos carabineros, cuatro militares y dos personas vestidas de civil irrumpieron en mi casa y exigieron que les entregara a Carlos Patricio. Traté de darles explicaciones, pero no me escucharon. Dos carabineros sacaron al niño desde su cama y uno de ellos -de la dotación de la Comisaría de Conchalí- le dio un fuerte culatazo en el pecho, por lo que el niño cayó, lo llevaron casi arrastrándolo hasta la cancha de fútbol. En la cancha se habían agrupado a las personas sospechosas, los militares dejaban ir a algunos y mantenían detenidos a otros; me acerqué al Oficial que comandaba la tropa, suplicándole que me entregara el niño porque estaba enfermo y diciéndole que lo llevaría al juzgado apenas se mejorara. El Oficial me respondió que me alejara y que me entregaría al niño cuando estuviera grande.

En un jeep militar, encañonado por dos militares, se llevaron a mi hijo con destino desconocido. Desde entonces no lo he vuelto a ver". Cabe hacer presente que el personal militar que actuó en el operativo descrito pertenecía al Regimiento de Infantería N°3 de San Felipe, que a la sazón se encontraba acantonado en el recinto de Quinta Normal.

Del día de los hechos de acuerdo al relato de la madre de la víctima, fue informada por un chofer de microbús, amigo de la familia -a quien le fue momentáneamente requisado su vehículo y ordenado trasladar tropa al Regimiento acantonado en Quinta Normal- que en el interior de ese lugar se encontraba detenido el menor Carlos Patricio Fariña, con quien incluso logró intercambiar algunas palabras.

Cabe hacer presente que días antes, Carlos Patricio había sido conducido por su madre al Juzgado de Letras de Menores, luego que accidentalmente se le disparara una pistola que le había entregado un muchacho mayor, al parecer delincuente habitual, a consecuencia de lo cual quedó herido un niño de 6 años, hijo de una vecina, la que, según se señala en el mencionado recurso de amparo, habría denunciado al menor Fariña a las fuerzas militares que rodeaban el sector allanado.

Los hechos en que resultó herido el niño vecino habrían ocurrido a finales de septiembre. El menor Fariña junto a sus dos hermanos de 14 y 3 años de edad, desde hacía algún tiempo quedaban solos en su casa. Su padre había fallecido repentinamente el año anterior, la madre en esa misma época enfermó de cáncer y además debió salir del hogar por razones de trabajo. Los niños sufrieron el impacto de esta situación y, en estas circunstancias, la persona señalada le pidió a Carlos Patricio que le guardara el arma; al parecer el delincuente temía que su casa fuera allanada situación habitual en esos días. El menor por curiosidad salió a mostrar el arma a otros niños vecinos y se hirió accidentalmente al niño de 6 años; éste quedó con una herida sin compromiso de órganos vitales. El menor, al ver al niño herido, salió corriendo y se alejó de su hogar. Al llegar su madre a la casa, y enterándose de los hechos y de que la vecina había hecho la denuncia en Carabineros, salió a buscarlo. Junto al niño y por recomendación de los Carabineros se presentó al Juzgado de Menores, este Tribunal dio orden de ingreso a la Casa de Menores. En dicho recinto el menor fue víctima de abuso sexual, por lo que hizo abandono de él regresando a su casa. Llegó con altas temperaturas. Su madre esperaba que se recuperara para ir a poner en conocimiento de estos graves hechos a la Juez de Menores. La vecina, que al parecer desconocía las razones del por qué el niño había regresado, dio cuenta de su presencia a los uniformados que allanaban el sector.

Otro menor detenido en similares circunstancias en la Población La Pincoya, Víctor Iván Tejeda Vidal, apareció ejecutado en el Instituto Médico Legal.

Cabe mencionar que la madre realizó innumerables gestiones, en los dos primeros años de la desaparición de su hijo. Todos los días recurrió a algún lugar para ubicar su paradero o saber de la suerte corrida en manos de sus captores, lamentablemente todos resultaron inútiles. La Sra. Josefina Oyarce, vda. de Fariña falleció, víctima de cáncer, el 22 de noviembre de 1977, sin saber del paradero o suerte de su hijo. Su hermano menor retomó la búsqueda cuando fue mayor.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

La madre del menor concurrió a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), a diversas Comisarías de Carabineros de la capital, a los regimientos Tacna, Buin y San Bernardo en pos del paradero de su hijo, sin resultados positivos. Asimismo realizó gestiones en el Instituto Médico Legal.

Con fecha 2 de abril de 1974 interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que roló con el número 299-74. En él se solicitó diversos Oficios, destinados a obtener información acerca del detenido: Ministro de Defensa, con el objeto de identificar al Regimiento que tenía su sede en el interior de la Quinta Normal el día 13 de octubre de 1973; al Prefecto de Carabineros de Santiago, al Jefe de la Policía de Menores y a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos. Sin decretar ninguna de las diligencias, el recurso fue agregado a la tabla extraordinaria el día 2 de abril de 1974. Con fecha 3 de abril, la sala ordenó que para entrar al conocimiento del recurso se oficiara al Ministro del Interior para que informara si estaba detenido el amparado, sin decretar las diligencias solicitadas por el recurrente. Recién el 30 de mayo de 1974 respondió el Oficio el General Oscar Bonilla, Ministro del Interior, señalando que Carlos Fariña "no se encuentra detenido y que este Ministerio ignora su actual paradero".

Con fecha 15 de junio, la Corte ofició al Ministerio de Defensa, organismo que respondió al requerimiento judicial el 24 de octubre de 1974 en los siguientes términos: "por tratarse de personas denunciadas a la Justicia Militar, los informes correspondientes fueron remitidos al Ministerio del Interior". En definitiva, el 14 de noviembre de 1974, siete meses después de haberse solicitado el amparo, la Corte declaró sin lugar el habeas corpus, remitiendo los antecedentes al Juzgado del Crimen que corresponda.

Con fecha 14 de junio de 1976, la Sra. Oyarce, presentó una denuncia por el secuestro de su hijo Carlos Patricio Fariña ante el 3er. Juzgado del Crimen de Santiago, Tribunal que ordenó enviar los antecedentes al 10° Juzgado por haberse perpetrado lo hechos denunciados en el territorio de éste. El 21 de junio, el 10° Juzgado del Crimen aceptó la competencia y ordenó instruir el sumario correspondiente. Entre la sucesión de informes negativos de las diferentes autoridades requeridas, cabe destacar el del Subsecretario de Guerra, de 14 de julio de 1976, en el cual consta que correspondió al Regimiento de Infantería de Montaña N°3 Yungay, de San Felipe, acantonarse en la Quinta Normal desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta el término de ese año en el lugar mencionado. El Comandante de esa Unidad corrobora la información, aunque limita la presencia del Regimiento en la Quinta Normal sólo hasta el mes de noviembre de 1973 y en relación con la detención del menor Fariña Oyarce, niega que ésta se haya practicado.

Con fecha 6 de septiembre de 1976, el Juez sobreseyó temporalmente la causa y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución el 13 de octubre del mismo año.

El Gobierno de Chile informó a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el afectado "no tiene existencia legal", en circunstancias que la identidad del menor Carlos Patricio Fariña Oyarce se encuentra debida e irrefutablemente establecida con su correspondiente certificado de nacimiento debidamente inscrito y libreta de familia. No tenía cédula de identidad, en ese tiempo los menores no sacaban ese documento.

Los antecedentes antropomórficos de Carlos Patricio Fariña Oyarce fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas, muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

Los lugares de memoria están ahí, algunos quizás invisibles pese a placas, monumentos y acciones reivindicativas. A veces los ojos no ven y las verdades se pierden en buenas intenciones.

“Recuerdo que le disparé siete balas apuntándole en el pecho…pero como por un instinto natural… por no ver su mirada” (pp. 76, Nelson Bañados)

Cincuenta años después del Golpe Cívico-Militar, Felipe Olivares y Claudio Vilches, dos jóvenes cientistas políticos, inician un camino investigativo hacia el corazón de uno de los tantos hechos deleznables perpetrados en los primeros días de la dictadura: el fusilamiento del sacerdote catalán Joan Alsina en el Puente Bulnes, en Santiago.

“Mátame de frente” da cuenta de la búsqueda de información acerca de este caso emblemático, que se inicia con algunos datos concretos que lo enmarcan. Uno de ellos, la punta del hilo, es que el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) sirvió como espacio de acantonamiento del Regimiento N°3 Yungay de San Felipe, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 4 de octubre de ese año. Fue lugar de detención, tortura y desaparecimiento de personas. Allí permaneció Joan Alsina después de ser detenido con otras personas en el Hospital San Juan de Dios hasta la noche de su fusilamiento, el 19 de septiembre de 1973. Muchos testigos concuerdan en este dato de veracidad, entre ellos, un capellán castrense.

La historia de Joan Alsina se enhebra con la de otros que sufrieron, murieron y desaparecieron a manos de los militares del Regimiento Yungay de San Felipe, durante el fatídico tiempo en el que estuvieron acantonados en el INBA y posteriormente en la Quinta Normal. Por ejemplo, la historia de Lucio Bagus, un funcionario del Hospital San Juan de Dios, hasta hoy desaparecido. Y la de Carlos Fariña, un niño de trece años detenido en su casa y que fue finalmente encontrado en una fosa en Américo Vespucio con San Pablo.

Es así como, a lo largo del libro, el lector puede entender la trama del tejido de muerte que ha estado oculta o invisibilizada. Sus puntos se unen, se imbrican y se funden, mostrándonos una imagen de terror, que no es ficción literaria o invento político. Aquello ocurrió. La crueldad, la perversidad y la posterior impunidad fueron bestias feroces que se movieron a su antojo en la noche dictatorial, desde el primer momento de ese 11 de septiembre.

El hilo de la historia relatada también recoge los puntos colgantes o perdidos de los cómplices (pasivos o activos), de los delatores. De los que, por razones personales, entregaron a colegas o vecinos. De los que callaron. De los que miraron a otro lado cuando estaban ocurriendo estos hechos. De los que contribuyeron al ocultamiento de la verdad. Quizás por legítimo miedo, quizás porque realmente no les interesaba. El “algo habrán hecho” permanece latiendo en las oscuridades que nos rodean hoy.

También están acá los perpetradores, con sus nombres completos y hasta sus fotos, documentos públicos verificables. Y los oficios de las investigaciones judiciales en que, cuando la Justicia consultaba por alguno de estos responsables, casualmente había un error de ortografía o de tipeo en el nombre, de manera que la respuesta era que esa persona no pertenecía al Ejército de Chile. Esta fue una de las tantas maniobras que garantizaron la impunidad de los asesinos del Estado.

Joan Alsina fue ejecutado en el Puente Bulnes por el conscripto Nelson Bañados y el capitán Mario Caraves, que dio la orden y estuvo ahí para verificar que la mano de su subalterno realizara la acción por él. Por cobardía o por la necesidad de proveerse de cómplices que no pudieran hablar después. Las palabras que dan título al libro fueron dichas por Joan Alsina en el momento en que Nelson Bañados se aprestaba a fusilarlo. Quedó como una frase lapidaria que sin embargo no conmovió a los perpetradores y se mantuvo con carácter de emblema en estos cincuenta años.

La historia de Joan Alsina, así como la frase, nos lleva al asunto del perdón. Para él, como para sus padres, el perdón era crucial. Su padre, antes de morir, escribió dos cartas en las que extendía el perdón que Joan Alsina entregó a sus asesinos en el Puente Bulnes. Una misiva era para el conscripto Nelson Bañados, que la aceptó, y la otra para el capitán Mario Caraves, que la rechazó, indignado.

La narración toma a ratos un tono de crónica y en otros momentos alcanza una atmósfera de intimidad envolvente, no exenta de asombro, cuando pareciera que ya nada puede asombrarnos. Los autores, aunque intentan mantenerse a la distancia impuesta por la estructura de la investigación, no pueden evitar estremecerse y se acercan emocionalmente a las historias de testigos y familiares que van entretejiendo, apoyados por documentos, fotos y datos fácilmente verificables. Esto lleva a que el libro se lea como una investigación propiamente tal, pero que al mismo tiempo como el compendio de múltiples voces que se despliegan como una urdiembre que va mucho más allá de los casos en cuestión: el tejido alcanza al país entero cuando se unen los puntos con el hilo enhebrado de estas historias.

Los lugares de memoria están ahí, algunos quizás invisibles pese a placas, monumentos y acciones reivindicativas. A veces los ojos no ven y las verdades se pierden en buenas intenciones. Libros como “Mátame de frente”, asentados en un trabajo investigativo riguroso y comprometido con la verdad, abren las puertas para revisitar los espacios geográficos y simbólicos, mirar viendo la historia de nuestro país y recorrer valientemente, los senderos de las lágrimas de aquellos que dejaron su vida en nuestro territorio nacional, que aún sangra.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala en su delgada espalda.

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

“Chile: Las víctimas infantiles”

Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

Tras llegar a acuerdo con los afectados, el CDE pagará, en total, una reparación de $100 millones. La suma incluye a otras dos familias

El fisco pagará un total de $100 millones como indemnización a los parientes de tres víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Una de estas familias es la de Carlos Fariña Oyarce, quien sólo tenía 14 años cuando en 1973 fue detenido en su domicilio de la población La Pincoya por una patrulla militar del Regimiento Yungay y desapareció.

Sus restos fueron encontrados en 2000, en un sitio eriazo de Américo Vespucio, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial.

El cuerpo del menor presentaba múltiples impactos de bala, según los antecedentes que constan en el expediente de la causa.

Las otras dos víctimas Víctor Vidal Tejeda (16) y el joven Héctor Araya Garrido (20). Ambos fueron arrestados en el mismo operativo en La Pincoya, en octubre de 1973, y posteriormente fueron ejecutados.

En 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 10 años y un día de presidio efectivo, sin beneficios, al mayor (R) Donato López Almarza, entonces comandante del regimiento, por los delitos de secuestro y homicidio calificado cometidos contra los tres jóvenes.

En tanto, el tribunal de alzada impuso al oficial (R) de la misma unidad castrense, Erasmo Sandoval Arancibia, una pena de cinco años, pero con el beneficio de la libertad vigilada por un plazo de seis años, por los delitos de homicidio en el caso de Fariña.

Según el acta de conciliación, la reparación está dirigida a Iván Fariña Oyarce, María Inés Vidal Tejeda, Marcelina de las Mercedes Araya Garrido, Violeta del Carmen Araya Garrido y María Elena Araya Garrido.

A la audiencia, efectuada el lunes último, asistió un representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -organismo que defiende los intereses del fisco- y el abogado Nelson Caucoto, por las familias.

Cada uno de los demandantes recibirá $20 millones, después que el Ministerio de Hacienda entregue su aprobación y libere los fondos para el pago

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena en la investigación por los homicidios de Carlos Fariña Oyarce, Víctor Vidal Tejera (ambos menores de edad a la época de los hechos) y Héctor Araya Garrido, ocurridos a partir del 13 de octubre de 1973 en Santiago.

Para los magistrados el dictamen de primera instancia dictado por el ministro Jorge Zepeda se ajusta plenamente a los hechos, aunque hicieron una salvedad en el caso de uno de los reos.

Los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Roberto González  indicaron que Donato López Almarza deberá cumplir la pena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios; mientas que Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada por el tiempo de 6 años. El  juez Zepeda previamente había sancionado que López Almarza debía cumplir una pena de 7 años por los delitos de secuestro calificado de las tres víctimas y otros 7 años por los homicidios calificados.

Los magistrados optaron por  rechazar la demanda en contra el fisco que en primera instancia había sido acogida y fijada en 24 millones de pesos para  cada uno de los 5 querellantes en el proceso a título de pago por daño moral.

El ministro Villarroel aportó, en todo caso, el voto en contra pues fue partidario de aplicar la prescripción de la acción penal debido al tiempo transcurrido.

Comandante (R) Donato López Almarza y el oficial (R) Enrique Sandoval Arancibia fueron sentenciado a 14 años de cárcel y cinco años de libertad vigilada, respectivamente, por el secuestro y homicidio de tres menores de la población La Pincoya.

El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia puso fin el miércoles a la investigación por los asesinatos de los niños Carlos Fariña Oyarce (14 años), Víctor Vidal Tejeda (16) y del joven Héctor Araya Garrido (20), asesinados por agentes del Ejército en un sector de la población La Pincoya y que se constituyó en uno de los crímenes más simbólicos cometidos luego del golpe militar.

El magistrado sentenció al comandante retirado Donato López Almarza a 14 años de reclusión efectiva por los delitos de secuestro calificado y homicidios de los tres menores de edad a la época de los hechos y cinco años al oficial en retiro Enrique Sandoval Arancibia, al que se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Sandoval Arancibia actualmente se desempeña como jefe de seguridad de la municipalidad de Providencia y en varias ocasiones familiares de los menores asesinados ha solicitad su salida el cargo público.

La sentencia de más de 60 carillas dictada por el ministro Zepeda condena además al Fisco a pagar una suma total de $ 120 millones a los familiares de los menores asesinados, divididos en $ 24 millones a cada uno de los cinco querellantes en el proceso.

La sentencia judicial da cuenta clara de la represión en los primeros días de la dictadura y como agentes de estado, sin motivo aparente, desplegaron una política para “infundir temor” a la población en general y a los pobladores en particular.

Zepeda establece que un batallón del Regimiento N° 3 Yungay de San Felipe fueron trasladados al sector nororiente de Santiago, específicamente para desplegar la represión en sectores populares como la población La Pinocoya y otros donde realizaron diversos allanamientos en busca de esos opositores.

"En uno de esos operativos el del 13 de octubre de 1973 llegaron hasta la casa del menor Carlos Fariña Oyarce, ubicada en Los Músicos 6074, y sacaron de su lecho de enfermo al menor de 14 años de edad, el motivo de tal exigencia fue que días antes el menor Carlos Patricio, manipulando un arma de fuego disparó en acto casual un proyectil, hiriendo al niño Ramón Zúñiga Díaz, de 6 años de edad, siendo por este hecho ingresado, por orden del Primer Juzgado de Menores de Santiago, a la Casa de Menores, donde Carlos Patricio desesperadamente pedía ver a su madre; ésta, la señora Josefina, así lo encontró en ese internado llorando y afiebrado, al sufrir el ataque de otros menores internos”, señala la resolución.

"Los militares, en conocimiento del incidente antes referido, en definitiva sustrajeron del lado de su madre al menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, el que se encontraba en su lecho de enfermo; trasladándolo enseguida, junto a otros detenidos reunidos en el sector "Las Siete Canchas" de la población La Pincoya hasta el cuartel base del Regimiento Yungay N° 3, en el interior de la Quinta Normal, utilizando para ello entre otros medios de transporte un microbús conducido por un particular; posteriormente, varias de las personas detenidas – procurando los hechores el mínimo peligro y el ocultamiento físico y moral de la noche – al igual que el menor Carlos Patricio Fariña Oyarce, fueron ejecutadas sin amparo o clemencia alguna”, agrega.

El mismo día, desde una casa de calle Los Pomelos, fue sacado el menor Víctor Vidal Tejeda y detenido Héctor Araya Garrido quienes corrieron la misma suerte que Carlos Fariña, luego de ser ejecutados en el sector las canchas.

El cuerpo de Carlos Fariña recién fue encontrado el 30 de junio de 2000, mientras se realizaba una ampliación de la Avenida Américo Vespucio al llegar a San Pablo, siendo identificado por el Servicio Médico Legal días después y entregado a sus hermanos, ya que la madre del niño murió sin saber de su paradero.

En tanto, los restos de Araya Garrido fueron encontrados en una fosa del Patio

29 del Cementerio General y luego incinerados por sus familiares, mientras no se sabe del destino de los restos de Vidal Tejeda.

El ministro Zepeda califica estos crímenes como de lesa humanidad por lo que no aplica la Ley de Amnistía de 1978 y rechaza aplicar la figura de la prescripción siguiendo el criterio de la Corte Suprema que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos prevalecen a la legislación chilena por el principio jurídico de ius cogens.

“Que, sin duda alguna, es posible además establecer que los actos antes descritos, por su seriedad, constituyen un ataque flagrante a la dignidad humana, atendida la especial y extrema crueldad empleada en contra de las víctimas menores de edad – dos de ellos niños y un joven – y a su entorno – en especial, en contra de las madres de los tres, que se mantuvieron, hasta que les fue posible, junto a sus hijos detenidos, garantes y fieles a su deber de protección y de cuidado – considerando asimismo que se trataba de acciones generalizadas y sistemáticas para infundir terror a la población civil, toleradas y promovidas por el mando de los subordinados que las ejecutaban, como se demuestra con el alto número de víctimas muertas al igual que los menores”, afirma.

El ex agente de la DINA y la CNI, en 1973 mató por la espalda al niño Carlos Fariña y quemó el cadáver de la víctima más joven de la dictadura. En 1979 comandó la “limpieza” de los cuerpos enterrados en cuesta Barriga para arrojarlos al mar. En 1981 mató al mirista Lisandro Sandoval. Hoy trabaja junto al coronel (R) Cristián Labbé, actual alcalde de Providencia, comuna segura.
En medio de la noche de octubre de 1973, iluminada sólo por los focos del camión, el niño miró al oficial y gritó que no quería morir. Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, “Pete el Negro”, ordenó a dos soldados que lo pusieran de espalda, porque no lo quería mirar. El niño siguió pidiendo clemencia. El oficial levantó su pistola Steier y le dio cuatro tiros en la cabeza. Luego, un conscripto roció el cuerpo con combustible y el oficial del Regimiento Yungay encendió un fósforo y lo tiró encima. La llamarada alumbró los rostros de espanto de los dos soldados, que se taparon la cara para que el hedor de la carne abrasada no se les metiera como recuerdo imborrable en el alma. Pete permaneció imperturbable. Nadie dijo más. Cavaron rápido la sepultura clandestina en el sitio despoblado.
Con 14 años, Carlos Fariña Oyarce se convirtió en la víctima más joven de la dictadura de Pinochet. Consumida la gasolina y con la escena envuelta en la penumbra infernal de los faroles del vehículo, empujaron los restos humeantes a la improvisada tumba. La tierra que comenzó a tapar al niño no alcanzó a liberar a los soldados del espanto. Pete no se conmovió y permaneció duro en el mando. Limpiaron todo rastro y regresaron en silencio al Internado Barros Arana en Quinta Normal. Ese fue el lugar elegido donde se instalaron los efectivos de un destacamento del Yungay que provenía de la ciudad de San Felipe, en la V Región, al mando de su comandante, Donato López Almarza.
Convirtiendo las salas de clases en celdas de prisión y tortura para quienes iban cayendo en razzias callejeras y detenciones selectivas, allí instalaron su cuartel general horas después del golpe militar de 1973. Su misión en Santiago: reforzar el terror.
Con 24 años y el grado de teniente “Pete el Negro” –como le decían en el Ejército por su feo aspecto– estaba por esos días al mando de la Segunda Sección de la Primera Compañía del destacamento del Yungay. Pocos meses antes del golpe de Estado viajó a la Escuela de las Américas en Panamá para aprender a reprimir con eficacia.
Su fiereza lo hizo escalar posiciones para trabajar en Villa Grimaldi comandando la Agrupación Cóndor de la Brigada Caupolicán, allanando y deteniendo gente al lado del grupo selecto de Miguel Krassnoff y el “Ronco” Marcelo Moren Brito.
Hoy, Sandoval Arancibia –procesado por el juez Jorge Zepeda con la acusación de matar y quemar al niño Fariña– es, paradojalmente, el supervisor de la seguridad de la comuna de Providencia, bajo el mando del también ex agente de la DINA coronel (R) y alcalde Cristián Labbé. La función de “Pete” es “la Inspección Técnica de los contratos externos de la Dirección de la Seguridad Vecinal”.
Confesión intencionada
Los restos del niño Fariña se hallaron casualmente el 30 de junio de 2000, tras una excavación en el sector de la avenida Américo Vespucio con San Pablo, al oeste de Santiago.
Hace una semana, Sandoval confesó finalmente el crimen del menor ante el ministro Zepeda. Aunque intentó encubrir el asesinato como un “fusilamiento por un pelotón” ante el cual “puse al menor de frente y di la orden de disparar”, gracias a la colaboración de los doce conscriptos que esa noche comandó “Pete”, en la investigación judicial se habria establecido que el crimen ocurrió como está relatado en esta crónica. Así, al menos lo certifica el auto de procesamiento y el documento de formalización de la acusación dictada en contra de Sandoval y López Almarza por el juez.
Pero la prueba más clara de que Fariña no murió como asegura Sandoval, es el protocolo de autopsia practicado a sus restos e incorporado al expediente, que indica que le dispararon por la espalda. En su confesión, “Pete” culpó a quien era su comandante, López Almarza, de ordenarle “eliminar y hacer desaparecer” al niño el mismo día de su detención en La Pincoya el 13 de octubre de 1973, durante un allanamiento masivo en búsqueda de “extremistas”.
Operación Cuesta Barriga
Desaparecida la DINA a fines de 1977, “Pete” pasó a la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde se convirtió en uno de los preferidos de Álvaro Corbalán y llegó a comandar la Brigada Azul que persiguió al MIR. Allí operó con la chapa de “Roberto Hernán Fuenzalida Palma”.
Corrían los días de enero de 1979; poco antes –en noviembre de 1978–, los cuerpos de 15 campesinos fueron encontrados en una mina abandona de Lonquén, al sur de Santiago. Jerónimo Pantoja, al mando de la CNI en reemplazo de general Odlanier Mena, que estaba de vacaciones, ordenó a Pete: “¡Vuele la mina de cuesta Barriga. No queremos más problemas!”.
Al cuartel general de la CNI llegó la información, aportada por un cazador de conejos, de la existencia de varios cuerpos humanos tirados en un pique de la mina. Sus perros dieron con los restos por el olfato. Según dichos judiciales de Sandoval, el cazador contó el hallazgo primero en la Vicaría de la Solidaridad y pidió dinero, “pero se demoraron mucho y llegué primero”.
Primero pensaron en volar la mina, pero el explosivo necesario “provocaría un temblor grado tres” que sería registrado por los sismógrafos. Entonces, Pantoja le ordenó quemar los cuerpos con ácido, lo que rechazó por el peligro que implicaba para él y su gente.
“Pete” llamó al general Mena a su casa de veraneo en Mehuín y le dijo que era urgente su retorno a Santiago. A las doce del día siguiente, al aeródromo de Tobalaba arribó el helicóptero de la CNI y Mena ordenó: “¡Saque los cuerpos y limpie la mina!”.

Sandoval alias “Pete” cuenta que eligió diez agentes y partió a la cuesta con “cien sacos paperos” y los implementos necesarios. Trabajaron tres días y tres noches y llenaron “unos 50 a 80 sacos con restos humanos”. Algunos estaban esqueletizados, “pocos todavía tenían tejidos, pero el olor era putrefacto”.
En algunos de los sacos pusieron también restos de ropas. “Había que sacar todo lo que revelara la presencia de restos humanos”, afirmó el agente en el proceso de cuesta Barriga. No pudo precisar la cantidad de cuerpos extraídos, pero sospecha que fueron más de 20, todos desarticulados.
A Malloco y Peldehue
Terminada la tarea improvisaron una gran escoba con ramas de arbustos y barrieron bien para no dejar rastros. Subieron los sacos a un camión y los disimularon con fardos de pasto que llevaron para ello. Encima rociaron avena “para minimizar el olor de la carga, por si nos topábamos con gente”.
Según Sandoval, bajo las órdenes “del general Mena” llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, partieron al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar atados a rieles.
Para esta fase de la operación, “Pete” recuerda que “tomamos la ruta que lleva al santuario de Sor Teresita de los Andes”.
Finiquitado todo, Sandoval Arancibia regresó a la mina y tiró cinco perros muertos al pique, “para justificar la presencia de huesos ahí, como había dicho el cazador a la Vicaría”.
Dos años después, en agosto de 1981, siendo un capitán de la CNI y en compañía de “Juan Pablo Aguilera Espinoza”, que resultó ser el agente Víctor Manuel Molina Astete, “El Choco”, en la cercanía de la estación de Metro Ecuador, en Santiago, Pete mató a tiros al mirista Lisandro Sandoval Torres. El crimen lo confesó en el juicio, pero fue favorecido con el beneficio de la prescripción del delito.
Tres muertes y un sentimiento
¿Pero por qué debía morir el niño Fariña? ¿Cuál era el interés del comandante López Almarza para ordenar la muerte de un escolar de 14 años?
La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones logró descifrar el misterio tras ubicar a los conscriptos que participaron en el allanamiento en La Pincoya, donde Fariña fue detenido, y quienes lo sacaron del Barros Arana comandados por Sandoval Arancibia.
De acuerdo a los antecedentes recabados, Carlos Fariña Oyarce habría muerto a causa de una venganza gatillada por una relación sentimental, y no por motivos políticos. A su muerte se logró vincular otros dos crímenes cometidos por efectivos militares, uno en las mismas horas del asesinato de Fariña, y el otro, días después.
Poco antes del golpe militar, jugando con un arma de fuego, Carlos Fariña hirió casualmente a un niño de seis años. Por ello fue internado en un hogar de menores, del que se fugó y se refugió en casa de su madre, Josefina Oyarce, en La Pincoya. Estaba en cama con fiebre el día que el contingente del Yungay realizó la operación rastrillo y ordenaron que todos los hombres mayores salieran a una cancha cercana, para luego subirlos a unos buses.
Un oficial entró a la casa de los Fariña y obligó a la madre a entregarle a Carlos, en una acción selectiva. A su vez, “un oficial joven, de bigotes, que llevaba una boina negra y ejercía el mando sobre su grupo”, según se estableció en el proceso, sustrajo de otra calle de la población a Víctor Iván Vidal Tejeda. El menor, de 16 años, tuvo el mismo destino que Fariña, pero su cuerpo fue entregado a la morgue en la madrugada del 14 de octubre de 1973.
Seis días después, en un sector de Américo Vespucio, apareció el cuerpo del artesano Ramón Zúñiga Sánchez, de 31 años, según la autopsia fallecido a raíz de impactos de balas de grueso calibre “efectuados desde larga distancia”.
La pista clave
¿Qué unió las tres muertes? En declaraciones procesales de Leontina Díaz Huerta, madre del niño herido por Fariña, sostiene que el comandante del Regimiento Yungay, Donato López, entabló con ella una relación sentimental y que después del golpe militar la sacó de La Pincoya, instalándola en otra casa fuera del lugar, visitándola a veces.
El artesano Ramón Zúñiga Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado baleado, era el esposo de Leontina y a la vez el padre del niño herido por Fariña. Zúñiga Sánchez tenía a su vez otra relación paralela con una mujer, que resultó ser hermana mayor del adolescente de 16 años Víctor Vidal Tejeda. De esta manera, la fina investigación policial logró determinar que las muertes de Carlos Fariña, Víctor Vidal y Ramón Zúñiga Sánchez están unidas por un vínculo sentimental.
En su confesión de la semana pasada ante el juez Zepeda, “Pete el Negro” sostiene que la noche que el comandante Donato López le ordenó matar a Fariña, le dijo: “Es un pato malo involucrado en delitos. Un peligro para la población. El otro día le disparó a un niño de seis años. ¡Mátelo y haga desaparecer su cuerpo!”.
Tanto el actual “supervisor” de la seguridad de los vecinos de Providencia como López Almarza están procesados y acusados por el ministro Zepeda como autores del secuestro y homicidio calificado de Carlos Fariña, y arriesgan condena de prisión.
Lo que ahora queda por acreditar judicialmente, habiéndose logrado en forma policial, es el vínculo entre las muertes del niño Fariña y los otros dos pobladores.

El ex militar, que deberá pagar una fianza de $50 mil para acceder al beneficio, está procesado como autor del secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce, detenido cuando sólo tenía 13 años.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el beneficio de la libertad provisional en favor del mayor (R) del Ejército y actual funcionario de la Municipalidad de Providencia, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia.

El ex militar, que deberá pagar una fianza de $50 mil para acceder al beneficio, está procesado como autor del secuestro y homicidio de Carlos Fariña Oyarce, quien fue detenido en 1973 cuando estaba próximo a cumplir 14 años, transformándose en una de las víctimas más jóvenes de la represión del régimen militar.

La decisión fue adoptada en forma unánime por los ministros Jorge Dahm y Patricio Villar, además de la abogada integrante María Victoria Valencia.

Por la muerte del menor también está procesado el mayor (R) del Ejército Donato López, que además es responsabilizado por los crímenes de Víctor Vidal, de 16 años, y Héctor Araya, de 20.

Según la investigación judicial, Fariña Oyarce fue secuestrado desde su domicilio en la población "La Pincoya", el 13 de octubre de 1973, a las diez de la mañana, por un contingente integrado por dos carabineros, cuatro militares y dos civiles.

Fue llevado hasta una cancha de fútbol, cercana a su casa, donde se reunía a todos los detenidos en el allanamiento y se seleccionaba a quienes iban presos. Desde allí, Fariña Oyarce, fue sacado en un camión militar con destino desconocido.

Después de hacer transcurridos 27 años, el 30 de julio del año 2000, obreros que efectuaban trabajos en un terreno de una construcción, en avenida Américo Vespucio con San Pablo, cercano al aeropuerto Pudahuel, encontraron los restos del menor.

El ministro Jorge Zepeda dejó detenido al funcionario de seguridad vecinal de Providencia, mayor (R) Enrique Sandoval Arancibia, a quien la semana pasada procesó por secuestro y homicidio del menor Carlos Fariña Oyarce (14), quien fue sacado de su hogar en La Pincoya el 13 de octubre de 1973.Tras notificar ayer al ex uniformado, el magistrado se manifestó conforme “en cuanto se culmina una investigación”. No obstante, precisó que “la tragedia está por el lado de las víctimas y por el lado de quienes en su oportunidad tuvieron alguna responsabilidad”.Enrique Ibarra, defensor de Sandoval, informó que el ministro le concedió la libertad previo pago de una fianza de 50 mil pesos y con consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ello, hasta que el tribunal resuelva su situación, Sandoval permanecerá recluido en dependencias del Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Sorpresa en la familia

El hermano de la víctima, Iván Fariña, dijo estar sorprendido por la eventual libertad de Sandoval y anunció una reunión para hoy a medio día con el ministro Zepeda, “para saber qué puedo esperar, cuándo habrá condenas”.

En su investigación, el juez precisó que el personal que actuó en el operativo pertenecía al Regimiento de Infantería de Montaña N° 3 Yungay, de San Felipe, que en ese momento estaba acantonado en el recinto de Quinta Normal.

Sandoval, entonces estaba al mando de la segunda sección de la primera compañía “Cazadores” del Regimiento y habría sido el autor material del homicidio del menor.

Este es el segundo procesamiento dictado por Zepeda en la causa, ya que desde 2004 está encargado reo -por los mismos delitos- el mayor (R) Donato López, quien estuvo a cargo de esta unidad militar.

El ex uniformado trabaja como inspector técnico de servicios externos de la dirección de seguridad vecinal de la comuna.

Labbe: “no tengo opinión”

El alcalde (UDI) de Providencia, Cristián Labbé, sostuvo que esperará que la justicia indague y que los tribunales resuelvan la situación del funcionario.

Y agregó que “yo no tengo opinión sobre esto. El señor Sandoval es un funcionario administrativo que no tiene responsabilidades de seguridad y que no tiene actividades con la comunidad”.

En entrevista con Canal 13, el edil afirmó que “lo único que siento es que sigamos con el tema a 30 y tantos años (…) Como funcionario, el señor Sandoval tiene todo el apoyo de la municipalidad hasta que la justicia dictamine”

En un sitio eriazo ubicado en la circunvalación Américo Vespucio, a la altrua de San Pablo, trabajadores de una construcción encontraron los restos de un cuerpo que los primeros informes señalaban que pertenecía a Carlos Patricio Fariña Oyarce. Era el 30 de junio de 2000 y las osamentas correspondían al más pequeño de los detenidos desaparecidos que figuran en el Informe Rettig, quien fue aprehendido en su propio hogar por Carabineros, Investigaciones y personal del Regimiento Yungay de San Felipe -que se encontraban acantonados en la Quinta Normal- cuando tenía 13 años.
El hallazgo provocó una conmoción evidente. El buen estado en que se encontraron las osamentas permitió identificar con rapidez la identidad del cadáver. De hecho, el pequeño permanecía aún con la ropa con la que salió de su casa el 13 de octubre de 1973. La vestimenta fue un elemento detonante a la hora de reconocer el cuerpo de Fariña, pues estaba consignada en todos los informes que se entregaron a la Vicaría de la Solidaridad, a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a los Tribunales cuando Josefina Oyarce -madre del menor- presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en abril de 1974.
Entre los restos también se encontró el carné de identidad de uno de los dos amigos con los que fue detenido Carlos Fariña y que figuran como ejecutados políticos. Debido a que se conocía la existencia de una tercera persona del grupo que figuraba como desaparecida, se hicieron las asociaciones pertinentes y se determinó que los restos del adolescente no estaban en el Patio 29 del Cementerio General -como se pensó originalmente- sino que eran los encontrados en Américo Vespucio con San Pablo, cien metros al norte de un paso sobre nivel.
Un largo viaje
Tras la detención de su hijo, Josefina Oyarce inició un largo trámite judicial para conocer el paradero de Carlos. En mayo de 1974 el general Oscar Bonilla, quién se desempeñaba como ministro del Interior, respondió a la Corte de Apelaciones que el menor no estaba detenido y que el gobierno desconocía su paradero. Debido a que el niño no tenía carné de identidad, luego de su desaparición fue borrado de todos los registros estatales e incluso de las listas que presentó el embajador ante Naciones Unidas, Sergio Diez, a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, donde figura como “sin existencia legal”.
Según Iván Fariña, hermano menor del joven desaparecido, por esta razón el niño fue borrado de la libreta de matrimonio de sus padres y no se pueden obtener certificados de nacimiento actuales. Hasta hoy, sólo cuentan papeles antiguos que tenía su madre -quien falleció de cáncer en noviembre de 1978-, no sin antes dejar como encargo a sus hijos que hicieran lo posible por encontrar a su hermano.
“Mi Hermano y Yo, es un conmovedor documental narrado por sus protagonistas, quienes hacen un esfuerzo por contar la historia de una familia desintegrada a partir de un acto infantil e involuntario. Iván, el hermano menor, emprende una búsqueda para reparar su propia amnesia y de esa forma reencontrarse con su hermano y consigo mismo”, señala el realizador de este cortometraje, Sergio Gandara.
– ¿Cómo se origina este documental?
– Nace a partir de este acontecimiento específico que es el hallazgo de las osamentas que corresponden al cuerpo de Carlos Fariña. Es a través de este hecho que sale a la luz pública esta historia que es conmovedora, tremenda y muy terrible para toda esa familia que quedó destruida tras la desaparición del adolescente. Este niño fue inculpado de terrorista sin serlo y por eso y una serie de acontecimientos es detenido.
– ¿Cuáles son las razones por la que es detenido?
– Un día, con las travesuras propias de un niño, Carlos se pone a jugar con una pistola disparándole casualmente a un amigo. La mamá del niño herido va a donde los militares y lo denuncia señalando que este juego terminó con su muerte. Entonces esa mentira detona la detención y posterior desaparición de Carlos. Y lo que quisimos retratar en la película es justamente eso y cómo su hermano menor que en ese momento tenía 4 años –ahora alcanza los 34- busca la verdad sobre esta incomprensible muerte.
– Según los datos recogidos en Mi Hermano y Yo, ¿qué pasó tras la desaparición de Carlos Fariña?
– Luego que Carlos desaparece su madre lo busca por todas las comisarías y hospitales; pone recursos de amparo en la Vicaria de la Solidaridad y sigue todo el procedimiento que los familiares de detenidos desaparecidos realizaban en ese momento. Esta señora estaba enferma y con esta búsqueda frenética y la pena su enfermedad se agrava aún más. La madre de Carlos alcanzó a resistir tres años y luego fallece. La familia queda reducida a Humberto, el hermano mayor de Carlos, e Iván, el menor.
– ¿Qué pasa con los hermanos?
– Humberto, tras la muerte de su madre, se va de la casa e Iván llega a vivir con una tía que está vinculada a la CNI, por lo este niño crece en un mundo que le niega constantemente la existencia de este tipo de hechos negándole de raíz su historia pasada. Es para el plebiscito del año '88 que Iván se da cuenta que había otra realidad que desconocía y comienza el proceso de acercarse a la Vicaria de la Solidaridad hasta dar con la ficha de su familia. De ahí en adelante logra reconstruir la historia y comienza la búsqueda del paradero de su hermano desaparecido.
– ¿Este documental logra reconstruir la historia fielmente?
– En la película nosotros llegamos a una verdad bastante reveladora en el sentido que tratamos de armar este rompecabezas y construir la historia sobre la base de lo que nos dijo la gente de la población y otras personas ligadas a los acontecimientos.
– ¿Entonces representa un aporte al caso?
-Aparte de todo lo que cuenta la gente y que nos ayuda a reconstruir la historia sobre la base de sus recuerdos, también dimos con testimonios que nos parecen bastantes claves.
– ¿Cómo cuáles?
– Primero que Iván toma la decisión de enfrentar al supuesto inculpado sobre el asesinato de Carlos Fariña, que era el mayor de ejército Donato López que en ese momento estaba al mando del regimiento Yungay y quien tuvo la obligación de allanar la población La Pincoya. Además, rescatamos el testimonio de la mamá del niño herido que hoy no vive en Chile y quién dice haber conocido a este mayor y haber tenido una relación con él. Estos son algunos de los nuevos antecedentes que hacen que este caso decante en una posible tesis para resolver el caso.
– ¿Cuál es el estado legal del caso?
– Después del hallazgo de los restos el caso quedó en manos del juez Guzmán, quién denomina el hecho como “Caso la Pincoya”, pero por la cantidad enorme de causas que lleva a mediados de 2001 la causa pasó a un juez especial quien tras nueve meses se declara incompetente. Hace menos de un año la causa vuelve al juez Guzmán. El caso debe ser juzgado, porque los menores están expresamente excluidos de la Ley de Amnistia.

La querella número 163 presentó hoy el abogado Nelson Caucoto contra el senador Augusto Pinochet, por la muerte del niño Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, quien es la víctima más joven del gobierno militar. El abogado Nelson Caucoto interpuso hoy un libelo acusatorio en contra del general (r) Pinochet por los delitos de secuestro, homicidio e inhumacion ilegal de Carlos Fariña. El niño fue detenido y posteriormente muerto en octubre de 1973. El 30 de junio último, peritos del Servicio Médico Legal encontraron los restos de Fariña Oyarce en el sector de calle San Pablo con Avenida Américo Vespucio en la comuna de Pudahuel, presentando 12 impactos de balas. El delito de sustracción de menores está contemplado como no admistiable según el decreto ley publicado el 18 de abril de 1978. Por esta razón, señaló Caucoto es posible iniciar una investigación y dar con los responsables y condenarlos.
 

A un niño detenido desaparecido de 13 años de edad, quien fue sacado de su hogar en la población La Pincoya por efectivos militares tras el levantamiento militar en 1973, corresponden las osamentas que fueron encontradas el pasado 30 de junio en la comuna de Pudahuel. Según los peritajes efectuados por el Instituto Médico Legal, los restos humanos corresponden al de Carlos Fariña. Estos fueron encontrados enterrados a 60 centimetros de profundidad en la esquina de Américo Vespucio con San Pablo. En declaraciones a "Televisión Nacional", el hermano de la víctima, Iván Fariña, señaló que "el saber que lo encontré, por un lado me da alegría, y me da mucha pena y mucha rabia saber cómo lo encontré, saber que tenía muchos impactos de bala", muchos impactos en la cabeza, disparos en la espalda". Por su parte la presidente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, que acompañó a Iván Fariña hasta el Instituto Médico Legal, dijo que "creemos que si con un niño de 13 años fueron capaces de hacerlo, que más habrán hecho con aquellos que consideraban peligrosos y enemigos".

En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de los menores Carlos Fariña Oyarce (13) y Víctor Vidal Tejeda (16), así como por el crimen de Héctor Araya Garrido (18), ocurridos en octubre de 1973, en la Región Metropolitana.
El máximo tribunal condenó al mayor (r) Donato López Almarza a una pena de seis años de presidio sin beneficios.
En tanto, el oficial (r) Erasmo Sandoval Arancibia recibió cinco años de presidio pero se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El voto de mayoría fue del ministro Jaime Rodríguez y los abogados integrantes Jorge Medina y Guillermo Ruiz, mientras que el de minoría fue de los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal.
En primera instancia, el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia había determinado dos penas de siete años de presidio para López Almarza; y una de cinco años, con el beneficio de la libertad vigilada, para Sandoval Arancibia.
En 2008, no obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago había impuesto una pena única de 10 años y un día de presidio para el mayor en retiro y mantenido la condena para Sandoval Arancibia.
Fariña Oyarce fue detenido en su domicilio de la población La Pincoya por una patrulla militar del Regimiento Yungay y desapareció. Sus restos de fueron encontrados con 12 impactos de bala en 2000, en un sitio eriazo de Américo Vespucio, comuna de Pudahuel, cuando se realizaban excavaciones para la construcción de un parque industrial.
Las otras dos víctimas fueron arrestadas en el mismo operativo en La Pincoya, en octubre de 1973, y posteriormente fueron ejecutados por efectivos el Ejército.

Mi hermano y yo

Realizador: Sergio Gándara / Paula Sánchez | Clasificación: TE

Documental que relata la historia del menor Carlos Fariña Oyarce de 13 años de edad , quien desapareció de su casa en 1973 luego del golpe de estado. Este documental relata los esfuerzos de Iván Fariña, su hermano por encontrarlo; y las vivencias familiares una vez que el cuerpo del menor apareció sepultado al costado de una carretera. A partir de ahí, se reconstruye la vida del niño y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en detenido desaparecido. Una obra sobre la crueldad y el absurdo de nuestra historia reciente.

Casa productora: PAROX
/ ADOC (Asociación de Documentalistas de Chile)
Producción Ejecutiva: Paula Sánchez y Sergio Gándara
Investigación: Paula Sánchez
Producción general: Eduardo Lobos
Cámara: Sergio Gándara y Mauricio Hartard
Asistente de Cámara: Gilberto Robles
Sonido directo: Juan Pablo Manríquez
Montaje: Joana Rochadel, Alicia Scherson y Germán Moreno