Farías Vargas Gustavo Manuel

GUSTAVO MANUEL FARIAS VARGAS

Rut      : 6.436.152  K
F.Nacim. : 08  09  50, 23 años a la fecha de su detención
Domicilio : Hurtado de Mendoza 235. Llolleo, San Antonio
E.Civil : Soltero
Actividad : Recaudador de Obras Sanitarias de San Antonio
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc. : 24 de septiembre de 1973

Gustavo Manuel Farías Vargas, soltero, recaudador de Obras Sanitarias de San Antonio, militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar en el domicilio de su hermana Isabel Farías Vargas ubicado en la población Santa Luisa de Quilicura, Santiago, el 24 de septiembre de 1973. El y sus hermanos Francisco Antonio, Carlos Vicente y Arturo Florencio, habían sido llamados por Bando militar para que se presentaran en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes el mismo 11 de septiembre de 1973. A la fecha de la detención de la víctima, sus hermanos ya se encontraban recluidos.
Gustavo Farías fue visto por numerosos testigos en el Regimiento de Tejas Verdes, cuyo Comandante era el entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, desde donde desapareció el 5 de octubre de 1973 junto a otros cinco detenidos: Víctor Fernando Mesina Araya, Jorge Luis Ojeda Jara, Ceferino Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Florindo Alex Vidal Hinojosa.
El cadáver de este último fue encontrado el 17 de octubre de 1973 en la desembocadura del río Rapel, siendo el único reconocido y entregado a sus familiares. Días antes, el 6 de octubre, también en el río Rapel, fueron encontrados los cuerpos de Víctor Mesina y Jorge Luis Ojeda, a los que se les dio sepultura en el Cementerio Parroquial de San Antonio por orden judicial y sin conocimiento de sus respectivas familias. En relación a Gustavo Farías Vargas, el Coronel de Ejército, Manuel de la Fuente Borge, en 1974, Jefe de la Zona en Estado de Sitio de los Departamentos de San Antonio y Melipilla, informó oficialmente a la Corte de Apelaciones de Santiago, que éste se encontraba registrado en el Archivo de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes como detenido el 22 de septiembre de 1973 y puesto en libertad el 8 de octubre del mismo año, (15 de abril de 1974).
María Victoria Farías Vargas hermana de la víctima declaró en 1991 ante el 1er. Juzgado del Crimen de San Antonio. Ella expuso que su hermano, desde el momento en que fuera detenido, permaneció siempre en el Regimiento de Tejas Verdes, al borde del río Maipo, en donde le recibieron enseres y alimentos hasta el 8 de octubre de 1973, fecha en que le dijeron que el afectado ya no se encontraba allí. Un Suboficial de apellido Carranca le dijo a la declarante que Gustavo había quedado en libertad y que "nunca le habían comprobado nada". Agregó que ninguno de los familiares pudo conversar con su hermano, puesto que éste se encontraba en el sector F, que eran unos nichos en los que se mantenía a los presos completamente incomunicados. Este antecedente se vio corroborado por las declaraciones de la joven de 17 años de edad, Ana Graciela Becerra Arce, quien a la fecha también se encontraba recluida en el Regimiento de Tejas Verdes. La testigo declaró que en el mes de septiembre de 1973, fue autorizada por sus captores para llevarle comida a los detenidos que se encontraban incomunicados en los "containers". Por esta razón los pudo ver y conversar con ellos. Ahí estaba Gustavo Farías Vargas a quien llamaban "Pochocho" y ella conocía, junto a Florindo Alex Vidal, Ceferino Santis, Víctor Mesina, Amador Aguila, Miguel Sánchez y un médico de apellido Pereda. Logró conversar con el afectado, el que se encontraba en malas condiciones físicas y quien le dijo "no aguanté más y entregué tu participación en la venta de diarios en las pesqueras, lo tuve que largar, perdóname".
Por su parte, Hernán Becerra Madrid también fue testigo de la permanencia del afectado en Tejas Verdes. El declarante fue detenido el 15 de septiembre de 1973 y conducido a dicho recinto militar, entre otros. Fue en ese recinto a su ingreso cuando se hizo presente Manuel Contreras Sepúlveda, a la sazón Comandante del Regimiento a quien el testigo conocía personalmente desde épocas anteriores. Más aún, antes del 11 de septiembre de 1973, Hernán Becerra y Manuel Contreras se habían encontrado en actividades sociales en el Instituto Chileno Soviético de Cultura de San Antonio, se dirigió a él en forma violenta y amenazante, le dijo "al fin te tengo mirista…", profiriendo insulto tras insulto.
Hernán Becerra señaló que los detenidos permanecían en una especie de barracones cabañas de madera, prefabricadas en los que normalmente había entre 6 a 7 personas. No tenían ventanas, no había literas ni camas ni tampoco luz eléctrica. Al llegar a Tejas Verdes, a los detenidos se les asignaba un número, el que debían llevar colgado al cuello, escrito con tiza en un trozo de cartón o cholguán. Al testigo le correspondió el número 425. El Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, solía visitar el sector donde se encontraban los prisioneros, aprovechando esas oportunidades para lanzar arengas en tono amenazante, haciendo sentir su condición de jefe máximo del recinto. Fue en ese lugar de reclusión donde Hernán Becerra Madrid vio a los hermanos Gustavo y Carlos Farías Vargas, a quienes conocía de antes.
Otro testigo sobreviviente, Amador Arturo Aguila Maturana, detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones de San Antonio y por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y conducido al Regimiento de Tejas Verdes, en donde fue sometido a diversas torturas, mantenido encerrado en unos containers metálicos que habían llegado en un barco alemán, declara que una noche, durante los primeros días de octubre de 1973, cuando era traído de una sesión de interrogatorio en el subterráneo del Casino de Oficiales, los militares lo condujeron a una suerte de comedor. Allí vio a un grupo de detenidos que estaba separado del resto. Los militares señalaron que esos presos iban a quedar en libertad, razón por la que prohibieron hablar con ellos. El grupo estaba compuesto por Gustavo Farías Vargas, Luis Norambuena Fernandois Ceferino Santis Quijada Florindo Alex Vidal Hinojosa, Víctor Fernando Mesina Araya y Jorge Luis Ojeda Jara.
Al día siguiente, ninguno de los detenidos integrantes de ese grupo se encontraba en el Regimiento. Al resto de los presos les llamó la atención que la ropa de Gustavo Farías aún permanecía allí. Entonces el Suboficial de apellido Carriel dijo que la botaran. Como los recluidos se negaron a hacerlo, pidió que la entregaran en la guardia por si alguien venía a buscarla.
Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, quien en 1973 era funcionario del Instituto Médico Legal de San Antonio, desempeñándose como Auxiliar del Médico Legista, doctor Julio Berdichesky, declaró ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y ante el 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en 1990 y 1991 respectivamente. Expuso que el 23 de septiembre de 1973 lo requirieron desde la Morgue, ubicada en el Hospital local. Al presentarse en su lugar de trabajo, vio seis cuerpos en el suelo, uno encima del otro, entre los que estaban los restos de cuatro dirigentes marítimos del Sindicato de Estibadores de San Antonio (Héctor Rojo Alfaro, Samuel Núñez González, Armando Jiménez Machuca y Guillermo Alvarez Cañas), de un dirigente socialista, Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla, y de Fidel Alonso Bravo Alvarez, (todos ellos habían sido vistos en malas condiciones físicas, recluidos, entre otros recintos, en el Regimiento de Tejas Verdes). Los cadáveres, según lo constató el testigo, estaban casi destrozados por heridas de arma blanca y los impactos de bala que presentaban, por su trayectoria, inequívocamente habían sido hechos post mortem y con los cuerpos en el suelo. Dado la situación, el doctor Berdichesky se comunicó telefónicamente con el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le señaló que sólo les interesaba legalizar las defunciones, que no practicara autopsia, que la data de muerte era el 22 de septiembre de 1973, a dos kilómetros al sur del Retén Atalaya, y que los cuerpos debían salir directamente al Cementerio, con un intervalo de una hora cada uno y con un acompañamiento no superior a tres personas por cadáver. Oficialmente se informó que los detenidos habían tratado de fugarse cuando eran trasladados a Bucalemu.
Al día siguiente, el doctor Berdichesky le contó al testigo que había sido llevado al Regimiento, obligándolo a cambiar el informe médico, borrando la parte relativa a las heridas con arma blanca y debiendo poner en su lugar "heridas por balas de guerra".
El 27 de septiembre de 1973, el auxiliar del médico legista Luis Alberto Sepúlveda fue detenido por Militares y conducido a Tejas Verdes. El testigo fue sometido a violentas torturas y el Fiscal Miranda le dijo a su cónyuge que lo habían detenido por "falsear informes de autopsia". Mientras permanecía en Tejas Verdes, Luis Alberto Sepúlveda vio, entre otros, a Gustavo Farías, a Florindo Alex Vidal y a Ceferino Santis, metidos en unos nichos que se hacían con estructuras metálicas. En los primeros días de octubre, en la noche, el testigo fue subido a una camioneta a la que también subieron a Luis Fernando Norambuena Fernandois, a Ceferino Santis Quijada, a Florindo Alex Vidal y a Gustavo Farías Vargas. El vehículo pertenecía a la Pesquera Arauco e iban otras personas cuyos nombres el declarante no recuerda. Cuando la camioneta se ponía en marcha, los militares bajaron a Sepúlveda y le dijeron "por el bien tuyo y por el nuestro, tú no has visto nunca esta camioneta".
Por su parte, Arturo Florencio Farías Varas hermano del afectado fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando se presentó en la Fiscalía Militar que funcionaba al interior del Regimiento Escuela de Ingenieros Militares, después de haber sido llamado por Bando. De inmediato fue interrogado por el Fiscal David Miranda y por personal del Servicio de Inteligencia Militar. Sus hermanos Carlos y Francisco Farías Vargas, ya se encontraban detenidos. Después de permanecer incomunicado en la Cárcel de San Antonio, Arturo Farías, fue llevado a interrogatorio al Regimiento de Tejas Verdes, en los primeros días de octubre de 1973. Después de ser sometido a torturas (dos detenidos debían sostenerlo puesto que no podía mantenerse en pie) fue sacado al patio donde se estacionaban los vehículos. Era ya de madrugada. Allí había dos grupos de detenidos, siendo llevado el testigo hacia uno de ellos, integrado por unas cinco personas. En esos momentos un Sargento dijo a quienes lo llevaban "el detenido no va con el Comandante", de modo que Arturo Farías fue llevado hasta el segundo grupo. Sin embargo pudo darse cuenta que en el primer grupo de detenidos estaba su hermano, Gustavo, de quien no sabía que se encontraba arrestado y el que le hizo un gesto de saludo. Vestía pantalones azules y llevaba puesto un vestón grueso oscuro. Se veía agotado, al igual que el resto de las otras personas. Junto al afectado estaban Luis Norambuena, Ceferino Santis, Florindo Alex Vidal y Jorge Ojeda Jara, (también iba en el grupo, aunque el testigo no lo menciona, Víctor Mesina Araya). Ninguno de ellos retornó al Regimiento.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 24 de marzo de 1974, el nombre del afectado fue incluido en la presentación de un amparo masivo por 131 personas interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago y rolado con el N°289 74. Durante la tramitación de éste y en relación a Gustavo Farías Vargas, su detención fue reconocida oficialmente cuando el Coronel Manuel de la Fuente Borge, Jefe de la Zona en Estado de Sitio de los Departamentos de San Antonio y Melipilla, ofició a la Corte informando que el nombre del afectado estaba registrado en el Archivo de la Fiscalía Militar de Tejas Verdes como detenido el 22 de septiembre de 1973 y puesto en libertad el 8 de octubre del mismo año, (15 de abril de 1974). El Tribunal no investigó al respecto, ni hubo mayores diligencias relacionadas con Gustavo Farías.
El 28 de noviembre de 1974, el amparo masivo fue rechazado. Se apeló de la resolución, la que fue confirmada por el Pleno de la Corte Suprema el 31 de enero de 1975. En esta misma oportunidad, el máximo Tribunal acordó nombrar un Ministro en Visita Extraordinaria para que se abocara a la investigación correspondiente. La designación recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien, el 24 de febrero de 1975, instruyó el proceso rol N°106.657 en el 1er Juzgado del Crimen de Santiago.
El proceso se inició con la citación a los familiares denunciantes, los que fueron compareciendo en el transcurso de los meses. Se enviaron oficios a las autoridades de la época todos con respuestas negativas y se acumularon distintas denuncias por presunta desgracia, incluyendo el caso de 11 detenidos desaparecidos de Isla de Maipo, algunos de cuyos cuerpos fueron después encontrados en los Hornos de Lonquén, así como las causas de Enrique París Roa y de Enrique Huerta Corvalán, ambos desaparecidos en el Palacio presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El 25 de septiembre de 1975 sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos denunciados se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año, el Ministro en Visita dictó fallo. En el caso particular de Gustavo Farías Vargas, su nombre fue incluído por el Ministro Visitador dentro de una lista de 22 casos de personas que se encontraban en libertad. Por este motivo por encontrarse el afectado libre y no desaparecido se sobreseyó el proceso. En otras situaciones, la causa fue remitida a la Justicia Militar por incompetencia del Ministro Enrique Zurita.
El 10 de mayo de 1976, la Corte de Apelaciones de Santiago, aprobó la resolución consultada.
Años después, el 3 de diciembre de 1990, se interpuso una denuncia de presunta desgracia del afectado ante el 12° Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N°37.470 6. En la presentación se señalaba que Gustavo Farías había sido detenido en el domicilio de su hermana, Isabel Farías Vargas, en Santiago, por una patrulla militar, la que lo condujo al Regimiento de Tejas Verdes, desde donde desapareció en octubre de 1973. Se agregaba que Patricia Farías hermana lo había visto en un patio de dicho recinto en los primeros días de octubre de ese año. Se solicitaba la citación a declarar de los testigos de reclusión de la víctima y numerosos oficios dirigidos al Instituto Médico Legal de San Antonio y Santiago y a distintas autoridades.
En diciembre de 1990, el Tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, en donde fueron acogidos a tramitación bajo el rol N°50.581 11, el 3 de enero de 1991. Se gestionaron entonces diversos oficios. Autoridades del Cementerio Parroquial de San Antonio respondieron que el afectado no se encontraba sepultado allí. También carecía de antecedentes relativos a la víctima el Ministerio del Interior, Asistencia Pública de San Antonio, Policía Internacional, Instituto Médico Legal y Cementerios General y Católico de Santiago. Asimismo, declararon por exhorto los hermanos del afectado Carlos a Isabel Farías Vargas. Ante una orden judicial Investigaciones, informó haber realizado averiguaciones en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, en donde se le dijo que toda la documentación de la época había sido remitida al 2° Juzgado Militar, después de permanecer, hasta 1979, en poder de la Fiscalía Militar ad hoc que funcionó en Tejas Verdes.
El 21 de noviembre de 1991, se adjuntó al proceso el Oficio del Mayor General Rodrigo Sánchez Casillas, Jefe del Estado Mayor General de Ejército, quien informó sobre los miembros del Ejército que se desempeñaron en el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes entre los años 1973 y 1974. Los nombres de Oficiales y Suboficiales consignados en este Oficio coincidieron en su gran mayoría con aquellos que ya habían sido entregados por testigos que permanecieron recluidos en aquel recinto Militar.
En diciembre de 1991, esta causa fue acumulada al proceso rol 51.071 11 del mismo 1er Juzgado del Crimen de San Antonio, la que ya se encontraba en tramitación. Esta última se había abierto cuando el 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación remitió a dicho Tribunal antecedentes relacionados con 21 casos de desaparecimientos y homicidios ocurridos en el Campamento de Detenidos que funcionaba al interior del mencionado Regimiento. Entre los casos presentados estaba el de Gustavo Manuel Farías Vargas. El 22 de febrero del mismo año se instruyó la causa.
El proceso se inició con la citación a comparecer a todas las personas que declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para después realizarse numerosas diligencias en relación a cada uno de los 21 casos presentados.
En su aspecto general, durante la investigación judicial, los querellantes solicitaron, en noviembre de 1991, la remisión del sumario que se ha llevado en el Colegio Médico en contra del doctor Vittorio Orvieto. También se pidió la comparecencia de Nelson Patricio Valdés Cornejo, en 1973, segundo Jefe de Investigaciones de San Antonio; y de Roberto Araya Silva, locutor de Radio Sargento Aldea.
El 17 de diciembre de 1991, compareció ante el Tribunal, Nelson Patricio Valdés Cornejo, quien reconoció su Jefatura en Investigaciones, pero negó su participación en detenciones y torturas. Dijo haber concurrido al Regimiento de Tejas Verdes sólo para constatar si entre los presos políticos había algún delincuente habitual. Señaló que era fácil ser reconocido porque había sido Presidente en un Club Deportivo en Cartagena. A diciembre de 1991, esta causa aún se encontraba abierta y con diligencias pendientes.

El 9 de mayo el ministro Jaime Arancibia acusó por secuestro calificado de tres personas a Krassnoff y otros dos ex miembros del regimiento Tejas Verdes de San Antonio. Un testimonio acredita que los tres, estando vivos, fueron lanzados a mar abierto amarrados a un fierro en los pies.

Fue en octubre de 1973. El helicópetero H225 «Puma» emprendió vuelo con siete personas en su interior, pero solo cuatro volvieron.

Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas son esas tres personas restantes. Todos, hasta hoy detenidos desaparecidos, después de haber pasado por el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio.

Los tres son también las primeras víctimas comprobadas de los conocidos «vuelo de la muerte» que realizaba la dictadura militar con los cuerpos de los desaparecidos. Así lo consigna El Dínamo con un reportaje que da cuenta del relato de Juan Guillermo Orellana Bustamente, suboficial en retiro del Ejército, quien con su testimonio acreditó por primera vez el lanzamiento de personas vivas al mar.

Mecánico del helicóptero militar, Orellana formó parte de esa tripulación esa fatídica madrugada de octubre.

“Recuerdo que se ordenó el vuelo hacia las Rocas de Santo Domingo (Quinta Región), posándonos en una cancha de golf… Mientras yo vigilaba la aeronave, vi aparecer una camioneta, no recuerdo marca, pero estaba cubierta con un toldo de lona y se atracó a la puerta izquierda del helicóptero”, continuó Orellana en su declaración ante el juez Jaime Arancibia, que tiene fecha del 29 de mayo de 2012.

“Al subir a la aeronave me encontré en el piso con tres personas vivas, que estaban atadas de pies y manos y con la vista vendada. Recuerdo que los tres sujetos eran varones. El primero de estos era un señor adulto de pelo canoso, de 45 a 55 años, de contextura gruesa. La segunda persona era más joven, era de tez morena. Calculo que debió tener entre 30 y 40 años, y la tercera persona la recuerdo como de 25 a 30 años, tez morena, delgado”, agregó el militar en retiro.

Orellana amplió su declaración en agosto de 2014 y aseguró que, aparte de estar amarrados de pies y manos, los tres detenidos estaban «con un pedazo de fierro amarrado a los pies».

Junto a él, estuvieron ese día el mayor Emilio Robert de la Mahotiere y el capitán Richter Nuche Sepúlveda, piloto y copiloto de la tripulación. Según el ex mecanico, el oficial a cargo de la operación los reunió y le dijo las siguientes palabras: “En esta misión a cumplir, tenemos dos caminos a seguir. Primero que cumplamos la misión y, segundo que la rechacemos. En esta segunda instancia, nos tomarán prisioneros, trasladados a Tobalaba, se nos realizará un Consejo de Guerra y seremos fusilados por traidores a la Patria”.

Junto a ellos estaba un capitán, vestido de civil, que Orellana no conocía su nombre.

El trayecto fue de 20 minutos desde la costa en vuelo rumbo a mar abierto. Ahí, el ex mecánico tuvo la tarea de abrir la puerta del helicóptero. “El capitán de Ejército procedió, solo, a tomar a las personas. En primer lugar tomó a la persona más adulta de los pies; lo giró hacia la puerta y lo empujó con las manos hacia abajo, hacia el mar”, declaró.

Dicha persona era Ceferino Santis Quijada, obrero y militante del MIR, de 31 años. Estaba vivo al momento de ser lanzado al mar.

A Luis Norambuena Fernandois, regidor por San Antonio y miembro del Comité Central del Partido Socialista, «lo tomó de las axilas, lo llevó hacia la puerta y lo tomó de los pies. Lo empujó de la misma manera que al primero”.

El más joven, Gustavo Farías Vargas, recaudador de obras sanitarias en San Antonio y militante del MIR, fue el único que opuso resistencia activa, pero no pudo evitar el mismo destino. “Este sujeto joven le puso resistencia, pero este capitán igual lo tomó de las axilas, lo giró hacia la puerta y lo lanzó al mar. Aquí hay un detalle: el capitán, al empujar hacia abajo, el sujeto apoya los pies en el carenaje del tren de aterrizaje, se produce una lucha, o sea un forcejeo y, visto esto, lo vuelve a tirar de las axilas, lo despega del tren de aterrizaje y ahí lo lanza hacia el mar”, aseguró.

“En esos instantes yo cierro la puerta y le comunico al comandante de la aeronave que la misión está cumplida”, agregó Orellana.

Su declaración tiene un elemento clave, aunque aún él mismo mantiene un manto de dudas sobre esa desconocida persona de civil: «Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff”.

Entonces capitán del Ejército, estaba asignado precisamente en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, comandado por Manuel Contreras.

Krassnoff, De la Mahotiere y Nuche fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado de Santis, Norambuena y Farías el pasado 9 de mayo por el ministro Jaime Arancibia.

La investigación espera esclarecer otros posibles «vuelos de la muerte».

El suboficial (r) del Ejército, Juan Guillermo Orellana Bustamante, es el autor del único testimonio que confirmó los llamados «vuelos de la muerte» en 1973, práctica donde se lanzaban prisioneros políticos vivos al mar durante la dictadura militar.

El suboficial indicó que estos hechos ocurrieron en octubre de 1973, cuando trabajaba como mecánico del helicóptero militar y formó parte de la tripulación que despegó de madrugada desde el aeródromo de Tobalaba hasta las Rocas de Santo Domingo.

Desde ese lugar partieron rumbo al océano Pacífico los tres prisioneros, quienes eran militantes de izquierda. Los prisioneros en ese momento se encontraban vivos, atados de pies y manos y con la vista vendada. Además tenían un pedazo de fierro amarrado a los pies. Sus nombres eran, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas. Todos ellos fueron detenidos por militares del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio.

«El capitán de Ejército procedió, solo, a tomar a las personas. En primer lugar tomó a la persona más adulta de los pies; lo giró hacia la puerta y lo empujó con las manos hacia abajo, hacia el mar”, dice Orellana a El Dínamo, refiriéndose a la descripción de Ceferino del Carmen Santis Quijada, obrero y militante del MIR industria Rayonhil. Tenía 31 años y era el mayor de las tres personas secuestradas. Era casado y tenía dos hijos.

“Al segundo sujeto lo tomó de las axilas, lo llevó hacia la puerta y lo tomó de los pies. Lo empujó de la misma manera que al primero”, refiriéndose a Luis Fernando Norambuena Fernandois. Con 30 años, era integrante del Comité Central del Partido Socialista, regidor por San Antonio y secretario regional de la CUT.

“El tercero, que era el sujeto más joven, lo tomó de la misma forma que al segundo…” Su nombre era Gustavo Manuel Farías Vargas, un recaudador de obras sanitarias en San Antonio, militaba en el MIR y era soltero. Él y sus tres hermanos fueron detenidos y llevados a los cuarteles de Tejas Verdes.

Quienes participaron en el hecho fue el propio Orellana, el misterioso capitán del Ejército vestido de civil, el mayor Emilio Robert de la Mahotiere y el capitán Richter Nuche Sepúlveda, que oficiaba como copiloto.

«Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff», explica el suboficial en su testimonio.

Krassnoff en ese tiempo efectivamente era capitán. Años después integró el primer contingente de la DINA y comandó la Brigada Halcón, encargada del exterminio de todos los militantes del MIR del país.

Farias y otros tres detenidos, Jorge Ojeda Lara, Florindo Vidal Hinojosa y Víctor Mesina Araya fueron internados en el Campamento de Prisioneros Nº 2, situado al interior del Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Por su parte Norambuena y Santis Quijada, luego de pasar por otros recintos de detención, fueron recluídos en la cárcel pública de San Antonio.

La noche del 5 de octubre de 1973, los seis prisioneros fueron sacados de sus lugares de cautiverio, subidos a un camión frigorífico y llevados con rumbo desconocido. Los cuerpos de Ojeda, Vidal y Mesina aparecieron a la mañana siguiente en las riberas del río Rapel, con sus cráneos destrozados a golpes.

De los prisioneros Santis, Norambuena y Farias no se volvió a saber. Hasta ahora, en que se conoce el testimonio del suboficial en retiro del Ejército, Juan Guillermo Orellana Bustamante, que formó parte de la tripulación del helicóptero en calidad de mecánico. Los tres cautivos habrían sido embarcados en la nave atados de pies y manos junto con un oficial vestido de civil quien procedió a lanzarlos al vacío, una vez que el helicóptero se internó mar adentro, frente a las Rocas de Santo Domingo.

Según el suboficial Orellana, el sujeto de civil que cometió el brutal asesinato fue Miguel Krassnoff Marchenko, cuyo nombre se repite como autor o cómplice de innumerables crímenes de lesa humanidad.

La práctica de lanzar cuerpos al mar desde aeronaves, con objetos pesados amarrados a sus pies, fue ejecutada por militares franceses en la etapa más álgida de la guerra de Argelia. Se le denominó burlescamente ‘gambas Bigeard’ por quien inventó el brutal procedimiento, el comandante de paracaidistas Marcel Bigeard. Se atribuye a militares galos la transmisión de esta y otras tácticas de guerra contrainsurgente a los ejércitos latinoamericanos vía la Escuela de las Américas, gestionada por el ejército estadounidense. Miguel Krassnoff fue alumno de esta fatídica ‘Escuela’.

El relato del suboficial Orellana se viene a sumar a otros hechos y pruebas sobre la utilización de esta brutal práctica por parte de los militares. En septiembre de 1976 apareció en una playa de ‘La ballena’ de Los Molles el cuerpo de la profesora Marta Ugarte, tras zafarse del objeto metálico, presumiblemente un trozo de riel, con el cual fue lanzada al mar desde un helicóptero. A lo anterior se agrega en 2004 el hallazgo en el fondo de la bahía de Quinteros de restos de rieles, por parte de la Policía de Investigaciones en el marco de las investigaciones sobre desapariciones de opositores a la dictadura efectuadas por el juez Juan Guzmán. Uno de los trozos de metal, que actualmente se exhibe en Villa Grimaldi, presenta un botón de camisa adherido, señal inequívoca que estuvo amarrado al cuerpo de una persona.

La justicia burguesa es garantía de la impunidad de sus propios crímenes

En estos días circula la especie de que Miguel Krassnoff podría ser beneficiario de libertad condicional. Desconocemos si tal perspectiva puede ser real en las múltiples causas que buscan establecer la responsabilidad de uno de los mayores criminales de la Dictadura, emblema de la misma por su brutalidad y actual reivindicación de sus crímenes. El Goering chileno.

Es un hecho histórico que estos crímenes no fueron excesos, ni errores de procedimiento. Muy por el contrario, como lo revela lo ocurrido en otros países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Brasil, obedece a un siniestro plan imperialista destinado a desarticular el levantamiento de la clase obrera y los explotados en contra del orden capitalista. Fue en defensa de el orden burgués y de la gran propiedad privada (que ellos llaman libertad y democracia) que se perpetraron estos crímenes.

La lucha por el castigo a los genocidas, sustancial a la lucha democrática en nuestro país, forma parte del combate por la revolución obrera y el socialismo. Incidentalmente algunos represores podrán morir en prisión, como ocurrió con Mamo Contreras, pero en un sentido general la burguesía buscará la liberación de los que ayer fueron sus esbirros. De hecho sólo una pequeña proporción de los criminales han sido enjuiciados y una aún menor ha llegado a prisión.

Serán tribunales populares, de la mano de una triunfante revolución obrera, los encargados de hacer justicia contra el conjunto de la burguesía genocida. Los militares y los civiles, los criminales que apretaron el gatillo y los que dieron la orden de masacrar en Washington.

En las postrimerías de un nuevo aniversario del Golpe del 73, en la memoria de Ceferino Santis, Luis Norambuena y Gustavo Farías y la del conjunto de los miles que cayeron luchando por el Socialismo, nuestro mejor homenaje será la victoria. ¡¡Hasta el Socialismo, por siempre compañeros!!!