Escobar Cruz Daniel Francisco

DANIEL FRANCISCO ESCOBAR CRUZ

Rut : 3.102.636 de Santiago
F.Nacim. : 04 10 35, 37 años a la fecha de su detención
Domicilio : Pasaje N 1 N 1285, Población Fresia, Santiago
E.Civil : Casado, 4 hijos
Actividad : Funcionario Público
C.Repres. : Jefe de Gabinete del Subsecretario del Interior Militante del Partido Comunista
F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973

Daniel Francisco Escobar Cruz, casado, cuatro hijos, Jefe de Gabinete del Subsecretario del Interior, militante del Partido Comunista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir del Palacio de La Moneda formando parte del último grupo de personas que se encontraban en dicha sede de Gobierno. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

Daniel Escobar era funcionario de la Dirección General de Correos y Telégrafos y estaba en comisión de servicios en La Moneda desde el año 1969. Posteriormente fue designado Jefe de Gabinete del Subsecretario del Interior y se encontraba desempeñando sus funciones cuando se produjo el Golpe Militar.
El 11 de septiembre de 1973 el Palacio presidencial de La Moneda, sede del gobierno, fue tomado por efectivos de infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas presentes en el lugar, permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares quienes les ordenaron tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública en circunstancias que se encontraban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas del recinto asistencial y se encuentran desaparecidas. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar a La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por personal de Carabineros e ingresados en el local de la Intendencia de Santiago. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que del resto se desconoce su situación final, y de otros sus identidades.
Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir los hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente se les mantuvo en el sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de todos los prisioneros.
Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellos: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.
Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.
Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.
El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su carácter de enfermera. A las 18 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14.30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.
Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar. Este detective ha señalado que recuerda entre los detenidos de La Moneda llevados al Tacna, entre otros, a Daniel Escobar, a quien describe como "un muchacho que trabajaba en la Subsecretaría del Interior".
Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.
Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas para destrozar los cuerpos y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado mencionado, declara que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27, quienes antes de ser asesinados gritaron consignas políticas en favor del gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, esta matanza de prisioneros, que se habían rendido y que estaban desarmados y maniatados, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Daniel Francisco Escobar Cruz, siguen desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 11 de abril de 1978 la madre del afectado presentó ante el Segundo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago una denuncia por secuestro en la persona de Daniel Escobar Cruz. Esta ingresó como causa rol N 88292 1. En ella se pidió citar a declarar al abogado Hugo Pavez que había brindado algunas informaciones sobre el destino del afectado, así como oficiar al Regimiento Tacna; a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, SENDET; a los campamentos Tres Alamos y Cuatro Alamos; Cárcel Pública y Penitenciaría de Santiago. También se solicitó citar a declarar al detective Carlos Bravo y a Iván Arévalo, quien decía haber visto a Daniel Escobar.
En virtud del Decreto Ley 2.191, que concede amnistía a las personas que hayan cometidos hechos delictuosos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, la Jueza Raquel Camposano Echegaray resolvió, el 13 de mayo de 1978, sobreseer definitivamente el proceso recién iniciado.
Se apeló de esta decisión a la Corte de Apelaciones de Santiago y ésta acogió la apelación resolviendo que "al no encontrarse agotada la investigación se repone la causa al estado de sumario a fin de que el juez practique las diligencias que solicita la denunciante". En virtud de esta decisión se iniciaron las diligencias.
Mediante oficio 1183 de 1978 el entonces Ministro del Interior Sergio Fernández informó que la Central Nacional de Informaciones, CNI, no dispone de ningún antecedente sobre el afectado y que dicho Ministerio no registra constancia que Escobar Ruiz (sic) haya sido detenido por efectivos de Seguridad.
El detective José G. Hermosilla Correa en el Parte 1538 del 30 de abril de 1978 relata que realizó las pesquisas ordenadas verificando que el abogado Hugo Pavez Lazo está fuera del país, desde el 9 de abril de 1978 y que otros testigos no fueron ubicados y que todas las otras diligencias realizadas no dieron resultados positivos excepto el interrogatorio efectuado a la denunciante, quien ratificó lo presentado al Tribunal.
Por su parte Policía Internacional informó que no hay registro de salida del país de Hugo Pavez Lazo entre el 1? de abril y el 30 de junio de 1978.
El 20 de julio de 1978 la Segunda Fiscalía Militar informó no haber despachado orden de aprehensión ni de arraigo en contra de Escobar Cruz. Con la misma fecha la Tercera Fiscalía Militar remitió una comunicación similar.
Policía Internacional comunicó al Tribunal que el afectado no registra salidas del país a contar del primero de septiembre de 1973.
El Subsecretario del Interior, Enrique Montero Marx, informó el 4 de agosto de 1978 que Daniel Escobar Cruz fue funcionario de Correos desde el primero de abril de 1973 hasta el 30 de septiembre de 1973, fecha en que caducó su interinato. Agrega que estuvo en comisión de servicios desde el 15 de enero de 1969 en esa Secretaría de Estado.
Diversos hospitales incluyendo los pertenecientes a las FF.AA. informaron que no tenían antecedentes sobre el afectado. El 15 de diciembre de 1978 el Instituto Médico Legal comunicó que Daniel Escobar Cruz no figuraba ingresado en ese Establecimiento. Información similar se recibió de los cementerios de Santiago, excepto el Cementerio General, cuyo interventor, el coronel Jorge Vega Pemjean, comunicó el 26 de octubre de 1979 que era necesario indicar la fecha aproximada del fallecimiento en consideración del alto número de personas que se sepultan anualmente.
El 17 de julio de 1979 la Segunda Comisaría Judicial de la Policía de Investigaciones informó que después de consultar la guía telefónica había establecido que el abogado Hugo Pavez Lazo tenía su oficina en Adolfo Santos Ossa 2564, pero que ese número no existía y que no había podido ser ubicado en otros lugares.
El 29 de octubre de 1979, según oficio 1194/40353, la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros comunicó que los funcionarios de esa dependencia no han intervenido en la detención de Daniel Francisco Escobar Cruz y que no registra antecedentes en esa institución.
El 14 de noviembre de 1979 el Coronel Fernando Arancibia Reyes, Director Nacional de la Central Nacional de Informaciones, CNI, comunicó al Juzgado que toda información que se requiera de CNI debe solicitarse a través del Ministro del Interior.
En abril de 1979 se designó un Ministro en Visita para tratar los casos de detenidos desaparecidos; el 11 de enero de 1980, dicho Ministro recibió esta causa a instancias del abogado de la demandante. El mencionado Ministro dejó constancia de este hecho al asumir la causa y ordenó citar a Eliana Lazo Deret, para ubicar al abogado Hugo Pavez López y que se oficie a Investigaciones para consultar si en 1973 Carlos Bravo figuraba en la nómina de dicha institución.
El 2 de enero de 1980 el General Ernesto Baeza Michaelsen, Director General de Investigaciones informó que don Carlos Ernesto Bravo Zamora, ex detective, se asiló el 24 de octubre de 1973 en la Embajada de México y viajó a ese país el 11 de febrero de 1974. El 6 de junio de 1980 se cerró el sumario y considerando que no se encontraba completamente justificada la perpetración de un hecho punible se sobreseyó temporalmente el proceso. El 22 de julio de ese año la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó dicha resolución.
El 24 de julio de 1991, doña Rosa Escobar Bello, hija del afectado interpuso una querella criminal ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el N? 126465?6 por los delitos de secuestro o arresto ilegal, probable homicidio y eventual inhumación ilegal en la persona de su padre, don Daniel Escobar Cruz solicitando hacer nuevas gestiones y averiguaciones ante autoridades e instituciones y que se acumule esta querella al proceso que por detenidos desaparecidos de La Moneda se tramita ante el mismo Tribunal. A fines de 1992 se encontraba la causa en tramitación en estado de sumario.

Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.

La funcionaria muestra una ficha en la que puede leerse el nombre completo: Jaime Barrios Meza; edad: 48 años a la fecha de su detención; profesión: ingeniero comercial; fecha y lugar de detención: 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda; ejecutado el 13 de septiembre de 1973; el centro donde permaneció detenido está en blanco. 'Tu padre fue arrojado al mar', dice la funcionaria. Así lo señala una escueta frase -'destino: probablemente, a 10 millas al oeste frente a la costa de San Antonio'- que no precisa fecha alguna.

'Después de 27 años de silencio y de oír mentiras, ¿por qué tengo que creer que esto es verdad?', pregunta el hijo de la víctima. La funcionaria difícilmente puede responder, porque el organismo en el que trabaja, dependiente del Gobierno, no tiene manera de comprobar la veracidad de la información entregada por los militares. 'Emocionalmente ha sido un golpe fuerte. Sabíamos que se había arrojado gente al mar y que todo era posible. Pero ha sido muy duro la constatación, la certeza, el fin de las dudas. Es la primera vez que los militares reconocen que hicieron lo que hicieron. Todavía no nos dicen cómo, y el cómo es mucho peor que el hecho mismo, que ya es terrible de por sí. Yo no creo en eso mientras no tenga más datos. ¿Cómo saben ellos que fue ejecutado ese día? ¿Y quién dio la orden en todo Chile de exhumar cuerpos y lanzarlos al mar?'

El 11 de septiembre de 1973, el teléfono sonó de buena mañana en casa de la familia Barrios. Al otro lado del hilo, un miembro de la guardia personal del presidente informaba de que había un levantamiento militar y que Salvador Allende y sus más estrechos colaboradores se dirigían al palacio de La Moneda para ponerse al frente de la situación. Sin perder tiempo, Jaime Barrios, el principal asesor económico del presidente y ex gerente general del Banco Central, y su esposa, Nancy Julien, partieron de inmediato. La radio ya empezaba a dar la noticia: la Marina se había sublevado en Valparaíso, la principal ciudad portuaria de Chile. En casa del matrimonio Barrios quedó su hijo Enrique, a punto de cumplir 15 años. Aquel joven, que hoy trabaja en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, recuerda los días previos al golpe: 'La situación era de tal caos que el presidente hablaba en cadena nacional y se cortaba la luz por atentados a las torres eléctricas y nos escribían cartas con la amenaza 'Ya viene'.

Dos horas más tarde, Jaime Barrios llamó a su hijo desde el palacio presidencial, a punto de ser bombardeado por los golpistas. Enrique recita de memoria las palabras de su padre: 'Mi hijito lindo, usted se tiene que ir de ahí. Lo van a pasar a buscar. Baje. Llévese una pistola y un cinturón de balas y los dos pasaportes . Yo voy a estar aquí hasta el final. Estamos bien, con tu madre. Besitos'. Fue la última vez que Enrique habló con su padre. Desde entonces no ha habido ni rastro del paradero de Jaime Barrios, ni de los más de mil detenidos desaparecidos bajo el régimen de terror de Augusto Pinochet.

Nancy Julien estuvo con su marido en el palacio de La Moneda, asediado por los golpistas, hasta que el presidente Allende negoció una tregua de 15 minutos con Pinochet, para que pudieran salir las mujeres. El general traidor no respetó el pacto y la salida se produjo bajo las balas. La Embajada de México abrió las puertas a todas aquellas mujeres y a varios centenares de refugiados, obligados a emprender el camino del exilio.

Nancy Julien contrató los servicios del prestigioso bufete Rabinovich, de Nueva York, para poder desvelar el paradero de su marido. El abogado Len Weinglass viajó a Chile el 9 de marzo de 1974, donde mantuvo contacto con fuentes gubernamentales y con personas que conocían a Barrios. En los diez días que pasó en Chile, el abogado norteamericano comprobó los dramáticos efectos del golpe militar: el general Bachelet y el ex ministro de Defensa José Toha, éste último suicidado, murieron en prisión.

En el informe que elaboró a su regreso escribió lo siguiente: 'Según las evidencias recogidas, puedo informar que Jaime Barrios murió entre la tarde del 11 y el 16 de septiembre, bien en el Regimiento Tacna o en Peldehue, en la base militar de Colina. La mejor información apunta a última hora del 11 de septiembre o el 12 de este mismo mes como la fecha de la muerte. El padre Renato Poblete, jesuita y editor de la revista Mensaje, escuchó el rumor de que podría haber huido a Argentina, pero no daba ningún crédito a dicha versión'. Entre los numerosos testimonios recogidos por el abogado destaca el de Miriam Contreras, secretaria personal del presidente Salvador Allende, que estuvo en el palacio presidencial hasta refugiarse en la Embajada de Cuba. Weinglass consiguió un permiso especial para ingresar en la representación diplomática, adonde llegó después de cruzar tres controles de soldados fuertemente armados. Éste fue el testimonio de Contreras al investigador estadounidense: 'Al salir de La Moneda , por la calle Morandé, nos pusieron contra la pared, las manos en la nuca y con un pelotón de militares apuntándonos con fusiles. Al comenzar de nuevo la pasada de aviones ametrallando el lugar, nos hicieron tumbarnos boca abajo en el suelo, en medio de la calle. Después de permanecer en esa postura durante largo tiempo, abandoné el lugar (por causas imprevistas y con mucha suerte), quedando allí tumbados todos los compañeros'. Los soldados vaciaron los bolsillos de los detenidos y se llevaron la cartera de Jaime Barrios con toda su documentación.

Numerosas gestiones internacionales en las que intervinieron, entre otros, los escritores Gabriel García Márquez y Julio Cortázar no sirvieron de nada. Los militares y la prensa chilena lanzaban todo tipo de bulos sobre la suerte de Barrios, como que estaba prófugo. Las personas capturadas en el palacio de La Moneda el día del golpe fueron 49. Los 17 miembros del equipo de protección presidencial y otros detenidos fueron separados del grupo al día siguiente, con lo que el grupo final de prisioneros ascendía a 21: 10 asesores del presidente y funcionarios del Gobierno, 10 efectivos de la guardia presidencial y un obrero que acudió voluntario al palacio. Todos ellos fueron conducidos al regimiento Tacna, que estaba bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda.

'Ahora tenemos que empezar a investigar la escasa información que han dado los militares', dice Enrique O'Farrill. 'Lo que sí sabemos, o al menos tenemos muchos indicios, es que fueron trasladados al regimiento Tacna y de allí a Peldehue, donde fueron fusilados en grupos de cuatro, y posteriormente arrojados a una fosa. Hay testigos oculares que vieron a mi padre en Tacna. El diputado Vicente Sotta, por ejemplo. Un soldado del Tacna declaró desde el anonimato que presenció cómo un grupo de prisioneros amarrados con alambre eran arrojados a un camión que abandonó el cuartel el 13 de septiembre. Otros militares relataron que los prisioneros fueron colocados al borde de una fosa donde fueron ejecutados, tras lo cual se lanzaron varias granadas. La matanza nunca fue reconocida por la Junta Militar, que jamás dio detalles del paradero de los desaparecidos de La Moneda.

No se supo de su paradero hasta que en 1998 se hallaron los restos de algunos de ellos en los trabajos de exhumación en el llamado Patio 29 del Cementerio General de Santiago. El descubrimiento no sólo contradecía la versión que indicaba que todos los ejecutados de La Moneda habían sido arrojados a una fosa en Peldehue, sino que reveló bárbaras torturas. 'Los restos de Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, mostraban quemaduras que habían alcanzado los huesos', dice el abogado español Joan Garcés, asesor de Salvador Allende.

En mayo de 1991, la hija de Jaime Barrios, Alicia, presentó una querella por homicidio e inhumación ilegal de su padre ante los tribunales de Santiago. Hasta la fecha no ha tenido ningún efecto. 'Nosotros vamos a seguir luchando para saber la verdad, porqué Jaime Barrios desapareció de este mundo porque determinadas personas lo decidieron. Tenemos derecho a preguntar qué pasó. Los que bombardearon La Moneda fueron ellos. Ellos hicieron la guerra'.

Para su hijo Enrique 'lo más importante no es saber quiénes lo hicieron, quién era la persona al mando de la patrulla, cuál era su rango, quién manejó el helicóptero o quién los torturó durante dos días, sino que más importante que todo eso es que se juzgue a Pinochet, porque la orden de eliminar a sangre fría toda la gente que estaba en el palacio de La Moneda el día del golpe es una orden de Pinochet'.Enrique O'Farrill, de 42 años, funcionario de la Cancillería chilena, acudió esta semana acompañado del corresponsal de EL PAÍS a la Oficina de Reparación, en Santiago, para recibir información sobre su padre, Jaime Barrios, desaparecido desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Diversos testimonios indicaron que Barrios, principal asesor económico del derrocado presidente Salvador Allende, había sido fusilado junto a otros detenidos y enterrado en una fosa. Durante 27 años, los familiares clamaron en el desierto en busca de su paradero. Los militares guardaban silencio. Ahora han hablado por primera vez, y han dado una lista de casi 200 detenidos desaparecidos. La mayoría, afirman, fueron lanzados al mar. Jaime Barrios entre ellos.