Encina Pérez Gerardo Antonio

Rut : Sin información
F.Nacim. : 15 08 40, 33 años a la fecha de detención
Domicilio : Melozal, Comuna de San Javier
E.Civil : Casado, 1 hijo
Actividad : Agricultor
C.Repres. : Militante del Partido Socialista, Encargado del PS en la zona de Melozal
F.Detenc. : 2 de octubre de 1973

Gerardo Antonio Encina Pérez, casado, 1 hijo, agricultor, militante del Partido Socialista, fue detenido el 2 de octubre de 1973 cuando se presentó en la Comisaría de San Javier, recinto al cual había sido citado por personal de esa Unidad Policial días antes. En ese momento lo acompañaba su esposa María Inés Samur Garrido, quien en 1990 en declaración jurada ante Notario expuso:
"En el mes de septiembre, no recuerdo el día pero fue después del 11 de septiembre de 1973, tomaron detenido a mi marido Gerardo Antonio Encina Pérez, de 33 años de edad, por denuncia de mi madre, pues tenía una carabina vieja que no tenía balas porque no vendían para ese tipo de armas. Querían que entregara las armas que tenía, lo que no podía ser porque no era efectivo, tampoco quiso entregar la que tenía. Yo vi en mi casa cuando lo tenían boca abajo, tendido en el suelo y se subieron 5 ó 6 carabineros sobre él para que dijera que tenía armas. Después fue trasladado a la Cárcel de Linares, donde estuvo detenido varios días, no recuerdo cuántos, hasta que lo saqué bajo fianza de mil escudos que pagué en la Fiscalía Militar de Linares, el día 17 de septiembre.
Días después fueron Carabineros a la casa y lo dejaron citado para el día 2 de octubre, antes de ir a la Comisaría de San Javier, no pudieron llevarlo ese día pese a que andaba una patrulla, porque él había salido a pescar con nuestro hijo Gerardo Patricio.
El día 2 de octubre antes de ir a San Javier lo acompañé a Linares, a la Fiscalía, a pedir un certificado que según él le podría servir de ayuda, yo no lo leí, no sé lo que decía, y después fuimos a la Comisaría de San Javier para que se presentara. Yo lo esperaba afuera porque él me gritó por una reja que lo esperara, lo que hice hasta las 17:00 hrs., hora en que partía la micro.
Al día siguiente volví a la Comisaría de San Javier a preguntar por él, me encontré con el carabinero Cáceres que me dijo no haberlo visto. Cáceres era el Jefe del Retén antes del Golpe, y con el cual mi marido había tenido un problema en una fiesta del Colegio donde vendieron bebidas alcohólicas y terminaron todos bebidos incluyendo al Jefe del Retén, que lo hizo golpear y tuvieron un juicio que mi marido ganó y le costó el traslado a Cáceres.
Al día siguiente que mi marido quedara detenido en la Comisaría de San Javier, fui a la Fiscalía Militar de Linares, les dije que si lo habían matado me dejaran sepultarlo, desde allí llamaron por teléfono a la Comisaría de San Javier y dijeron que lo habían dejado en libertad en la mañana. Yo volví a mi casa, pero nunca más volvió".
Señala, además, que en una entrevista con el Jefe de Plaza de la zona de Linares, éste le señaló que había sido dejado en libertad. Sin embargo, continuó la búsqueda: "Seguí intentando encontrarlo, un día en la micro a Linares la gente comentaba que estaba muerto en el río Loncomilla, me quedé callada…
La muerte y desaparecimiento de Gerardo Antonio Encina Pérez está asociada a otros casos similares en la zona de San Javier ocurridos en los meses de septiembre y octubre. En esta localidad, por esos días, desaparecieron forzadamente cuatro personas, uno de cuyos restos fue reconocido y otro rescatado con posterioridad.
El día 15 de septiembre, ante testigos, se presentaron voluntariamente y quedaron detenidos en el retén de Melozal:
Cesáreo Soto de 60 años de edad, sin militancia política; Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, 45 años de edad, comerciante de animales y simpatizante de la Unidad Popular, todos desaparecidos hasta la fecha; Rubén Acevedo Gutiérrez de 22 años de edad, obrero agrícola y dirigente campesino en Melozal, ejecutado posteriormente.
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consigna que Gerardo Antonio Encina Pérez fue trasladado desde la Comisaría de San Javier hasta el Retén de Carabineros de Melozal.
Sus familiares lo buscaron desde esa fecha intensa e infructuosamente. Escucharon rumores que señalaban la existencia de cadáveres en el río Loncomilla. En un puente sobre este río había signos evidentes de sangre, razón por la cuál se inició la búsqueda con apoyo de bomberos de la localidad.
Fue encontrado el cadáver de Rubén Acevedo, con huellas de balas. Otros cadáveres no pudieron ser rescatados, entre éstos, algunas personas creyeron reconocer a Gerardo Antonio Encina Pérez.
Según antecedentes, estas cuatro personas habrían sido llevadas por sus captores al puente sobre el río Loncomilla, lugar donde se les ejecutó y sus cuerpos lanzados al cauce.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
No existen antecedentes de este caso ante la Justicia.
 

Dos ex oficiales de Carabineros que están procesados por los graves delitos de secuestro calificado de detenidos desaparecidos exigieron a los jueces de San Javier y Parral el beneficio del sobreseimiento definitivo de sus causas por “demencia senil”, ya que a través de sus abogados, ambos acusados presentaron informes médicos señalando que por razones de salud no se encuentran en condiciones de enfrentar un juicio.

Sin embargo, los magistrados que instruyen los procesos criminales- Eric Sepúlveda de San Javier y Walter Morales como subrogante en Parral- se negaron terminantemente a acceder a las peticiones presentadas respectivamente por el oficial en retiro de Carabineros, Rolando Rivera Tuca, y el ex suboficial mayor de esta misma institución uniformada, Pablo Luarte Valleros, ambos a la fecha en libertad bajo fianza.

En el caso de San Javier, el procesamiento a Rivera Tuca se refiere a la desaparición de Gerardo Antonio Encina Pérez, ocurrida el dos de octubre de 1973, cuando esta persona fue detenida por personal de Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier y trasladado hasta los calabozos de la unidad policial, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Por estos hechos, junto a Rivera Tuca están acusados también como autores del mismo delito el coronel en retiro del ejército, Claudio Lecaros Carrasco, además del ex suboficial de la misma institución castrense, José Basilio Muñoz Pozo.

Incluso tras procesar a estos tres ex uniformados el 29 de agosto del 2003 y por orden de la Corte de Apelaciones de Talca, el juez Sepúlveda los mantuvo en prisión preventiva hasta octubre del mismo año. A nombre de Rivera Tuca, su abogado Omar Valdés presentó la solicitud de sobreseimiento, citando un informe médico donde se revela que sufriría de distorsión psíquica orgánica senil, exigiendo en consecuencia que sea excluido de la causa criminal. Ante la petición, el juez de San Javier -con atención preferente a causas de derechos humanos- se negó en forma terminante, sosteniendo que el procesado no está calificado como enajenado mental y que tiene capacidad de discernimiento, resolución que fue apelada y confirmada por la Corte de Talca.

El segundo caso en debate corresponden a otro proceso por secuestro calificado de dos víctimas registradas en Parral en 1973, donde los procesados son Hugo Cardemil, Pablo Coulier, César Hidalgo y Pablo Luarte Vallejos, todos en libertad bajo fianza. La petición respecto a Luarte Vallejos se fundamenta también en que el suboficial mayor en retiro de Carabineros presentaría un avanzado deterioro cognitivo, déficit visual, hipertensión y “diabetes melitus”, por lo cual se solicitó el sobreseimiento por demencia senil.

La petición fue rechazada por el juez subrogante de Parral, Walter Morales, dando paso a una apelación que se encuentra pendiente en la Corte de Talca. En esta voluminosa causa, constan antecedentes de que Cardemil, Coulier e Hidalgo fueron condenados en enero pasado a penas que van desde 17 a 7 años de cárcel por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, también en causas de detenidos desaparecidos.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca condenó a cinco años de prisión al ex coronel del Ejército Claudio Lecaros por el homicidio calificado del campesino y militante del Partido Socialista Gerardo Antonio Encina, ocurrido el 2 de octubre de 1973, informa la prensa local.

El dictamen sostiene que el asesinato ocurrió mientras el país se encontraba "en estado de guerra" tras el alzamiento militar del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que se pueden aplicar las Convenciones de Ginebra que tipifican el delito como de lesa humanidad.

La Corte confirmó, además, la absolución del oficial de Carabineros (policía militarizada) Rolando Rivera en el caso, al considerar que no participó en el crimen del militante socialista.

En agosto de 2008, la magistrada en visita Juana Venegas determinó en primera instancia la absolución de los dos funcionarios procesados.

Sin embargo, la causa llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, a 258 kilómetros al sur de Santiago, donde ocurrieron los hechos, después de que el Ministerio del Interior apelara el fallo de la jueza.

Claudio Lecaros Carrasco fue condenado a cinco años de presidio, pero con beneficios, por el secuestro calificado de Gerardo Encina.

El hecho ocurrió el 2 de octubre de 1973 en la comuna de San Javier.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado del militante socialista Gerardo Antonio Encina Pérez, ocurrido a partir del 2 de octubre de 1973, en la comuna de San Javier.

En fallo dividido, los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal del país, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, condenaron a Claudio Lecaros Carrasco a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

El fallo se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron del parecer de aplicar la figura de la prescripción de la acción penal.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Juana Venegas Ilabaca, en primera instancia, había determinado la absolución de Lecaros Carrasco. En tanto, el tribunal de alzada, le había otorgado una sanción de cinco años y un día de presidio sin beneficios.

Encina Pérez, de 33 años, fue detenido luego de presentarse en la comisaría de San Javier, adonde había sido citado por las autoridades de la dictadura.