Domínguez Jara Gustavo Efraín

Rut : 149.021, Chillán
F.Nacim. : 21 11 45, 27 años a la fecha de la detención.
Domicilio : Asentamiento Ranquil (hoy La Victoria), San Nicolás, Chillán.
E.Civil : Casado
Actividad : Obrero agrícola
C.Repres. : Cajero y bodeguero Comité Campesino "Ranquil". Militante Demócrata Cristiano
F.Detenc. : 11 de octubre de 1973

Gustavo Efraín Domínguez Jara, casado, obrero agrícola, fue detenido junto a su hermano Tomás Rogelio Domínguez Jara y don Wilson Alfredo Becerra Cifuentes, todos dirigentes campesinos, el día 11 de octubre de 1973, alrededor de las 17:00 horas, por efectivos de Carabineros en circunstancias que se encontraban en su lugar de trabajo y residencia ubicado en el ex Asentamiento Ranquil hoy fundo Victoria de San Nicolás, Chillán. Los policías, entre los cuales se encontraban los carabineros de apellidos Méndez y Sáez de la dotación del Retén San Nicolás, llegaron al lugar movilizados en 4 jeeps de la Institución, procedieron a allanar violentamente las casas del Asentamiento, requisando ilegalmente la documentación y la caja de fondos de la empresa campesina. Luego sacaron una lista que portaban y llamaron a los 3 afectados, a quienes flagelaron y golpearon en presencia de otros trabajadores agrícolas, siendo posteriormente introducidos a los jeeps y trasladados con destino desconocido.

Después de la detención, su familia se apersonó al Retén de San Nicolás para saber acerca de su paradero, pero en la unidad policial no recibieron respuesta alguna. Igual suerte corrieron las diligencias y averiguaciones que realizaron en los centros de detención de prisioneros políticos de la ciudad de Chillán y de Concepción. Tampoco los trámites judiciales permitieron conocer la suerte corrida en manos de sus captores.

La Comisión Verdad y Reconciliación consignó en su informe que los 3 dirigentes fueron trasladados al "Puente El Ala" en donde se les habría dado muerte. En diciembre de 1973 fueron encontrados en las riberas del río Ñuble a la altura del puente señalado a lo menos 9 cuerpos, de los cuales 2 ó 3 fueron identificados, los que resultaron ser detenidos por Carabineros.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 6 de enero de 1975, la familia de los hermanos Domínguez Jara interpuso un recurso de amparo en favor de ambos detenidos ante la Corte de Apelaciones de Chillán. El recurso, signado con el rol 94.326, fue rechazado con el sólo mérito de lo informado por Carabineros de San Nicolás y el Presidio de Chillán, en el sentido que no registraban información acerca de los amparados.

Posteriormente, en octubre de 1978, se presentó un nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Chillán, rol 104.889, en el cual se recibió informe de la Fiscalía Militar de Ñuble en el sentido de que en esa Fiscalía no existe proceso en contra de los amparados ni se ha dictado resolución alguna que los afecte. También se recibió un oficio respuesta del Retén de Carabineros San Nicolás, en el cual se indica que los afectados no han sido detenidos o registrados en los libros de Guardia de esa Unidad, durante el año 1973. Con el mérito de estos antecedentes, la Corte rechazó el recurso de amparo, remitiendo los autos al Juez del Crimen de San Carlos, a fin de investigar los hechos denunciados, instruyéndose sumario por presunta desgracia.

El 27 de noviembre de 1978, el Juez de San Carlos dio inicio al proceso 41.579, emitiendo una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, organismo que al diligenciar la orden entrevistó a don Eladio Domínguez Jara, quien indicó que sus hermanos detenidos desaparecidos eran militantes del Partido Demócrata Cristiano y ratificó los hechos denunciados al Tribunal acerca del arresto y posterior desaparecimiento de los afectados. También se entrevistó a Mario Moreno Molina, Juan Morales Correa, y a Gilberto Ortega Riquelme, quienes expusieron que a la fecha de los hechos se encontraban trabajando en el Fundo La Victoria (ex Asentamiento Ranquil) con los hermanos Domínguez Jara, cuando éstos fueron detenidos por Carabineros al parecer del Retén San Nicolás. Finalmente se entrevistó al actual Jefe Subrogante del Retén San Nicolás, quien manifestó que en esa Unidad no había antecedentes de los afectados, y que él, a la fecha de ocurrencia de los hechos, no prestaba servicios en ese destacamento. En enero de 1979, el Tribunal citó y tomó declaración a las personas antes mencionadas, quienes ratificaron lo dicho ante Investigaciones. El 31 de enero de ese año, el Juez sobreseyó temporalmente la causa, por no encontrarse justificada en autos la perpetración del delito que dio origen a la formación del proceso. En febrero de 1979, la Corte de Apelaciones de Chillán aprobó la resolución anterior, pese a que en el proceso no hay diligencia alguna tendiente a individualizar a la dotación de Carabineros del Retén de San Nicolás, que a la fecha de la detención de los hermanos Domínguez prestaban servicio en esa Unidad.

El 29 de marzo de 1979, el proceso fue reabierto por resolución de la Corte de Apelaciones de Chillán, a raíz de una presentación que hicieran los distintos Obispados del país a las autoridades militares y judiciales a fin que se investigaran los casos de personas detenidas desaparecidas. En el caso particular de Gustavo Domínguez Jara, se indica que entre los carabineros aprehensores, se pudo identificar a los de apellidos Méndez y Sáez, ambos de la dotación de San Nicolás.

Efectivamente, de especial relevancia es la declaración ante el Tribunal del Cabo Primero de Carabineros Demetrio Méndez Lagos, quien expone que en el año 1973 se encontraba trabajando en el Retén San Nicolás y que después del 11 de septiembre de ese año hubo un operativo dirigido por un Teniente que estaba en esos años en la Comisaría de Chillán y del cual no recuerda el nombre, y con esta persona y otros funcionarios de otros Retenes, ya que en esa oportunidad se agregaba gente de todos los lados para los operativos, se allanó una casa del Fundo Ranquil en ese tiempo y no se encontraron armas, se interrogó a la gente y a los hermanos Domínguez Jara los echaron al jeep de ellos para aislarlos de los demás asentados e interrogarlos en forma separada; agrega que estas dos personas, luego de ser interrogadas por el Teniente que andaba a cargo, quedaron en libertad. Finalmente declara que posteriormente, vieron a estos dos ciudadanos pasar en bicicletas por el Puente "El Ala", que queda a unos 7 km. al sur de San Nicolás. Los que los habrían visto eran obreros que estaban en el lugar. En una nueva orden de investigar diligenciada por Investigaciones, se informa que el Suboficial Mayor de Carabineros, ya en retiro, Manuel Castillo Oliva, era el encargado del Retén San Nicolás a la fecha de los hechos, quien entrevistado por Investigaciones indica que no recuerda nada de los hermanos Domínguez Jara; declaración que ratifica posteriormente al comparecer ante el Tribunal, agregando que en esa fecha iba mucho personal de Carabineros y de Ejército a detener personas con problemas políticos, quienes no eran ingresados al respectivo registro de detenidos del Retén a su cargo, cuya dotación era de 5 personas.

Finalmente, el Juez tras recibir el extracto de filiación de los dos hermanos, estimó agotada la investigación y sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse establecida la existencia del delito por el cual se inició el proceso. Dicha resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Chillán con fecha 3 de agosto de 1979. Pese a la importancia de lo declarado por el carabinero Demetrio Méndez Lagos, en cuanto a reconocer la detención de los afectados, el Tribunal no lo interroga si en ese operativo participaron los otros policías del Retén San Nicolás, a fin de citarlos a declarar.
 

El Primer Juzgado de Letras de San Carlos procesó a un suboficial retirado de Carabineros por su presunta participación como autor de la desaparición de tres trabajadores agrícolas de Ránquil, ocurrido el 11 de octubre de 1973.

El ex carabinero, Manuel Castillo Oliva, habría encabezado la patrulla que detuvo a los hermanos Gustavo y Tomás Domínguez Jara, además de Wilson Becerra Cifuentes, dirigentes del asentamiento Ránquil, ex fundo La Victoria, quienes fueron detenidos y torturados, para posteriormente perderse el rastro, indicó Ignacio Marín Correa, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El suboficial (r) fue detenido por la policía de Investigaciones en la ciudad de Temuco, Novena Región, donde residía, y permanece detenido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Carlos. Su abogada, Ingrid Landero, apeló ante la Corte de Apelaciones de Chillán, de la resolución del juez Angel Coria Ricotti.

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al ministro de Chillán, Claudio Arias, reabrir la causa que investiga la desaparición de tres campesinos de Ñuble en 1973.

El tribunal de alzada acogió así una apelación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la que alegaba que en el sumario estaba prácticamente aclarada la responsabilidad de personal de Carabineros en el secuestro calificado.

El ministro Arias había dictado el sobreseimiento del caso, argumentando que las diligencias se habían agotado, sin poder acreditar la culpabilidad de las personas inculpadas en la investigación, entre ellas el teniente en retiro, Patricio Jeldres Rodríguez.

En ese escenario es que la abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, recurrió la resolución del alto magistrado relativa a la desaparición de los hermanos Gustavo y Rogelio Domínguez, además de Wilson Becerra, detenidos el 11 de octubre de 1973 por un grupo operativo de la 2º Comisaría de Carabineros de Chillán. Los efectivos estaban al mando entonces del oficial Jeldres.

Tras ecuchar los alegatos de la abogada Parra y analizar los antecedentes, los ministros de la Primera Sala de la Corte penquista -María Leonor Sanhueza, Eliseo Araya y César Panés- estimaron “que no se encuentra agotada la investigación”, por lo que ordenaron la reapertura del sumario.

Además, decretaron que el ministro Claudio Arias -criticado por agrupaciones de Familiares de Víctimas de Detenidos Desaparecidos- practique una serie de diligencias, entre las cuales están un careo entre el ex uniformado inculpado y Patricio Marabolí Orellana, “a fin de aclarar la contradicciones que se advierten en sus declaraciones”.

También se ordena al juez someter a Jeldres a una serie de exámenes médicos para determinar si su condición de salud le permitiría enfrentar el eventual proceso judicial.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, sometió a proceso al ex coronel de carabineros Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, en calidad de autor del delito de secuestro calificado consumado de los hermanos Gustavo Efraín Domínguez Jara, de 27 años, y Tomás Rogelio Domínguez Jara, de 23, y Wilson Alfredo Becerra Cifuentes, de 25 años de edad, ilícito cometido el 11 de octubre de 1973.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación se logró determinar que alrededor de las 16 horas del 11 de octubre de 1973, una patrulla de carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, al mando del entonces teniente Patricio Jeldres, todos armados con metralletas y en tenida de combate, se dirigieron a la comuna de San Nicolás, siendo esperados por carabineros del lugar y bajo las órdenes del teniente Jeldres se dirigieron hasta el Asentamiento Campesino «Ránquil» -hoy fundo Victoria- que trabajaba en el predio explotado por la CORA.

«(…) lugar en el que procedieron a detener a varios de sus dirigentes, los que fueron torturados por varias horas -sumergiéndolos en una pileta con agua, aplicándoles corriente y propinándoles golpes en el cuerpo- todo en presencia de sus familias, incluidos menores de edad, para luego, cuando ya atardecía, se llevaron a Gustavo Efraín y Tomás Rogelio Domínguez Jara y Wilson Alfredo Becerra Cifuentes hasta el ingreso del «Puente El Ala» sobre el río 'uble, donde fueron vistos por última vez con vida, fecha desde la cual se desconoce toda noticia de su paradero o destino», indicó la resolución.

Con la asistencia de más de 500 campesinos provenientes de las cuatro provincias de la Región del Biobío se conmemoraron en Chillán los 50 años de la Ley 16.640 de la Reforma Agraria, promulgada en julio de 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Previo a la ceremonia, realizada junto al edificio de la Gobernación Provincia del Ñuble, autoridades y dirigentes campesinos se dirigieron al monumento que recuerda a las víctimas de la dictadura en Chillán para honrar la memoria de los campesinos y funcionarios del agro que fueron ejecutados, detenidos y hechos desaparecer tras el golpe de Estado de 1973.

En la ceremonia participó el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, y como invitados especiales, Jacques Chonchol, ministro de Agricultura de Salvador Allende, y Rafael Moreno, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). En la ocasión se presentó la Orquesta del Liceo de Excelencia de San Nicolás.

El subsecretario Ternicier dijo que la Reforma Agraria “fue un proceso que reivindicó los derechos humanos, no se debe olvidar que hace 50 años se conculcaban los derechos de la gente del campo. Pero significó también crear las bases para el desarrollo silvoagropecuario del país. Sin la Reforma Agraria no podríamos hablar de Agricultura Familiar Campesina. Esta conmemoración apunta a revalorizar el campo chileno, que con todo el potencial alimentario que contiene está llamado a ser uno de los pilares del desarrollo económico de Chile”.
 

“Esta celebración nos permite adentrarnos en nuestra propia historia. A la Confederación Ránquil en tres oportunidades se nos quemó toda nuestra documentación, en dictadura allanaron la sede y quemaron todo. Por lo tanto, historia escrita no hay mucha, la suerte es que la tenemos viva porque aquí están los campesinos y campesinas que la vivieron. Estamos muy contentos de recordar los 50 años tanto de la Ley de Reforma Agraria como de la Ley de Sindicalización Campesina”, afirmó ?Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Campesina Ránquil.

El director de INDAP Biobío, Andrés Castillo, expresó: “Ésta ha sido una gran celebración porque hemos estado homenajeando la memoria de muchos campesinos y funcionarios que lo dieron todo por el mundo rural, pero también hemos visto a los jóvenes, a los nietos de la Reforma Agraria, que con nuevas tecnologías y energías se preparan para tomar la posta de la producción agrícola”.

Momentos cargados de emotividad se vivieron a la hora de los reconocimientos a agricultores y representantes de los pueblos indígenas que formaron parte de los asentamientos, cooperativas, y a parceleros que fueron protagonistas del proceso reformador. También fueron homenajeados quienes en la época eran funcionarios de la CORA, organismo encargado de ejecutar la Reforma; de INDAP, responsable de las asesorías para la organización de sindicatos campesinos y para la productividad de las tierras reformadas; y del SAG, que tuvo a su cargo la vigilancia y asesoría fitosanitaria de los predios expropiados. 

El Tribunal Constitucional dirigido por Iván Aróstica fue remecido  por la entrega de miles de firmas de emplazamiento al Tribunal; la carta transversal de senadores demandando al presidente Piñera intervenir en el mismo sentido, y la movilización en Santiago de las organizaciones de derechos humanos de Ñuble, sosteniendo un cartel frente a la sede del TC, que acusa a la institución ubicada en Huérfanos 1234, de amparar a violadores de derechos humanos.

Explicó Rosario Peña, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chillán: “Las firmas que entregamos hoy 14 de mayo las juntamos en sólo dos semanas, en el Paseo Peatonal de Chillán. Los jóvenes eran los que más firmaban, ellos eran los más benévolos. Esperamos que el tribunal constitucional se aboque ahora a devolver las causas de ddhh a los tribunales de justicia.”

La presión está logrando resultados concretos. Este martes 15 de mayo, a  las 10 de la mañana, se verán en audiencia pública las primeras causas de “inaplicabilidad constitucional” luego de largo tiempo de estar congeladas en el TC, trabando así la investigación judicial contra responsables de crímenes en esa región. Los primeros casos en tabla son por la desaparición en  octubre de 1973  de Ricardo Troncoso, militante del MIR –que hasta el golpe trabajó como reportero gráfico del diario Clarín-  y de los hermanos TOMAS Y GUSTAVO DOMINGUEZ JARA , dirigentes campesinos del asentamiento Ranquil. 

Vigencia de la táctica dilatoria

Los dirigentes y miembros de  organizaciones de DDHH de la Región de Ñuble, estuvieron acompañados de la diputada por esa zona, Loreto Carvajal y el abogado constitucionalista Fernando Atria, para  la entrega  al presidente del Tribunal Constitucional de 2337 firmas de ciudadanos y ciudadanas de Ñuble. También estuvieron acompañados por los ex presos políticos del cuartel de Tejas Verdes.

Porque esta táctica dilatoria continúa siendo utilizada por la defensa de los criminales. La abogada Patricia Parra informó del ingreso de un nuevo  recurso de inaplicabilidad, para detener el juicio contra el general ® de carabineros Patricio Jeldres, procesado por el secuestro y desaparición de un joven de apenas 16 años, Gabriel Cortez Luna,  a quien el uniformado detuvo en el marco de una disputa personal con el hermano del desaparecido, Parra y el abogado Patricio Robles, del Programa de DDHH del Ministerio del Interior,  calificaron como una verdadera “avalancha” escalonada la presentación ante el TC de casos de inaplicabilidad entre julio de 2017 y enero de 2018. En todos los casos es a nombre de afectados por procesamientos, de manera que se ha dilatado indefinidamente el avance de las causas y la dictación de fallos. Parra y Robles alegarán el martes 15  por las víctimas, en tanto que Maximiliano Murat lo hará a nombre de los violadores de derechos humanos procesados en estas causas.

Rol del Tribunal Constitucional

La semana pasada Iván Aróstica sostuvo ante miembros del Tribunal Constitucional alemán de visita en Chile, que “el golpe de 1973 puso fin a un quiebre institucional previo” afirmación que lo coloca del lado de los impulsores del golpe militar y  fue rebatida por otros miembros de su entidad. Hilda Miranda, del Comité Verdad y Justicia de Ñuble consideró inaceptables las expresiones de Aróstica que contribuyen a validar el horror de 17 años de represión e infamia y a mostrar al Tribunal Constitucional como una trinchera que asegura la impunidad de los criminales.

La diputada Carvajal, consultada respecto del rol del TC señaló que era muy negativo y que se había constituido en otro poder del Estado, por lo que apeló a que su presidente atendiera el sentido humanitario y jurídico de la petición de estas organizaciones de manera que las causas regresen a manos del Ministro Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción. El senador Felipe Harboe, presidente de la cámara alta,  que representa la región de Ñuble, comparte plenamente esta petición. En entrevista a La Tercera, Harboe sostuvo que el Tribunal Constitucional se está “autodestruyendo con sus decisiones” y que es insólito que incluso esté interviniendo en temas de Derechos Humanos. Por su parte Fernando Atria expresó en la manifestación callejera: “Se trata de una lectura de sentido común y de humanidad que debe hacer el TC en las más de 40 causas que están paralizadas”, agregando que la actuación del tribunal presenta problemas para la independencia judicial. Carmen Herz, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que al igual que el diputado Tucapel Jiménez,  se excusó por no llegar a la entrega de firmas y visibilizar su apoyo a estas demandas.

La dirigente Rosario Peña AFDD de Chillán, Mercedes Sánchez, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido, y Jorge Vera, del comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble y los dirigentes presentes, consideran gravísimo que el TC haya acogido  la solicitud de suspensión de procedimiento que afecta a 13 víctimas  de su región y a muchas más en todo Chile. Sostienen que esta maniobra vulnera derechos como  “obtener justicia en un plazo razonable, el derecho a la verdad antes aludido, consagrado en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, así como disposiciones internacionales válidas y obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2, de la Constitución Política del Estado.”

A continuación el texto completo de la declaración de las organizaciones de ddhh de la provincia de Ñuble.