Díaz Toro José Abel

La muerte, el mismo 2 de octubre de 1973, de tres personas que habían sido detenidas separadamente por efectivos de carabineros de la Tenencia de Cajón. Desde ese Recinto desaparecen hasta el mes de febrero de 1974, en que sus familiares fueron llamados a presentarse al Regimiento La Concepción de Lautaro. Allí, según relatan, se les comunicó – sin más explicaciones – que todos ellos habían fallecido el 2 de octubre de 1973, entregándoseles certificados de defunción, pero no los cuerpos. Se trata de:

– José Enrique CONEJEROS TRONCOSO, 32 años, obrero de la Estación Experimental Carillanca, detenido el mismo 2 de Octubre.

– Juan Bautista RODRIGUEZ ESCOBAR, 34 años, obrero de la Estación Experimental Carillanca, detenido el 1º de Octubre.

– José Abel DIAZ TORO, 29 años, trabajador agrícola, dirigente sindical, detenido el 28 de septiembre.

Habiéndose acreditado las detenciones y constado sus muertes violentas ocurridas el mismo día o poco después de ello, a esta Comisión le asiste la convicción que la detención, ejecución y ocultamiento de los cuerpos de José Conejeros, Juan Rodríguez y José Díaz fue de responsabilidad de agentes del Estado quienes así violaron sus derechos humanos.

Personal especializado del Instituto Médico Legal de Santiago y efectivos de la Brigada de Homicidios de la policía de Investigaciones de la capital y Temuco trabajan junto al juez para encontrar los restos de detenidos desaparecidos entre los años 1973 y 1974. La Corporación de Detenidos Desaparecidos habría dado cuenta que al interior del fundo Santa Ana se encontrarían las osamentas de tres personas. Según el informe Rettig, corresponderían a los restos de José Enrique Conejeros Troncoso, José Díaz Toro y Juan Bautista Rodríguez, dirigentes sindicales y obreros de la Estación Carillanca.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó el procesamiento 129 en las causas que tramita e imputó a un oficial de Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del trabajador de la Corporación de Reforma Agraria Samuel Alfonso Catalán Lincoleo. Ilícito perpetrado el 27 de agosto de 1974, en la comuna de Lautaro.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó el procesamiento 129 en las causas que tramita e imputó a un oficial de Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del trabajador de la Corporación de Reforma Agraria Samuel Alfonso Catalán Lincoleo. Ilícito perpetrado el 27 de agosto de 1974, en la comuna de Lautaro.

En la resolución (causa rol 113.958), el ministro en visita encausó al entonces teniente del Ejército Ludovico Eduardo Aldunate Herman, en calidad de autor del delito de lesa humanidad.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre logró reunir antecedentes para dar por establecidos: “Que Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, 29 años, se desempeñaba como empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) en la ciudad de Pitrufquén desde 1970, estando a cargo de las expropiaciones de predios rurales. Además, era simpatizante del Partido Comunista. En 1973, luego del golpe militar solicitó su traslado a la oficina de Temuco, por lo que comenzó a viajar a esa ciudad desde Lautaro, donde residía”.

“Que el 27 de agosto de 1974, alrededor de las dos de la madrugada, una patrulla militar del regimiento reforzado N° 20 ‘La Concepción’ de Lautaro integrada por el Subteniente Sergio Fernando Alcayaga Barraza, más el Sargento Héctor Salazar, algunos clases, soldados conscriptos y el Detective de la Policía de Investigaciones de Lautaro Jorge Eusebio Barriga Soto, se desplazó hasta el domicilio de Samuel Catalán Lincoleo ubicado en el Fundo Millachiguay de esa comuna, para lo cual se movilizaban en uno o dos vehículos militares. Que una vez que llegaron al domicilio de la familia Catalán, el oficial al mando ordenó allanar el inmueble para lo cual ingresaron violentamente a este, despertando a todos sus ocupantes, entre los que se encontraban Rosa Catalán Lincoleo, Hortensia Sinforosa Catalán Lincoleo, Eliecer Jaime Catalán Lincoleo y Domingo Cayuán Cheuquén. Acto seguido, el Subteniente Sergio Fernando Alcayaga Barraza, a cargo, ingresó a la habitación en la cual dormía Samuel Catalán Lincoleo y saltó sobre su cama. Inmediatamente, golpeó con su fusil el rostro de la víctima produciéndole una herida profunda en la frente, comenzando a sangrar profusamente y dejándolo semiinconsciente. En ese instante el Subteniente Alcayaga Barraza percutió su arma sobre la cabecera de Catalán Lincoleo dejando un orificio en esta y en el armazón de la cama”.

Posteriormente, prosigue: “(…) el Subteniente Alcayaga Barraza ordenó detener y sacar a Catalán Lincoleo de la casa y subirlo a uno de los vehículos en los que la patrulla se transportaba, sin portar aparentemente una orden judicial para tales efectos. En esa misma oportunidad, fueron detenidos Víctor Cristóbal Catalán Trangol, primo de Samuel Catalán, quien se encontraba alojando en el domicilio; Domingo Cayuán Cheuquén, trabajador de la familia Catalán, y José Miguel Pacheco Coliluán, vecino de la familia Catalán, quien había sido detenido previo al allanamiento antes indicado. Todos los afectados fueron conducidos hasta el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde fueron dejados en dependencias de esa unidad”.

“Que Víctor Cristóbal Catalán Trangol, Domingo Cayuán Cheuquén y José Miguel Pacheco Coliluán, fueron interrogados y dejados en libertad al día siguiente o en una fecha posterior, no así Samuel Alfonso Catalán Lincoleo; igualmente, se comentó entre los conscriptos que una persona de apellido Catalán había sido detenida, según dichos de Héctor Andrés Pinto Pino”, agrega.

para el ministro en visita: “(…) lo narrado en los considerandos precedentes da cuenta de que existió la conformación de patrullas en el Regimiento La Concepción de Lautaro que recorrían la jurisdicción de Lautaro y procedían a detener a ciudadanos que eran sindicados como elementos terroristas o que tenían vinculaciones con ideologías de izquierda, proscritas por el régimen militar entrante. De esto da cuenta también lo sucedido con José Abel Díaz Toro, José Enrique Conejeros Troncoso y Juan Bautista Rodríguez Escobar, apresados por una patrulla del Regimiento La Concepción de Lautaro, en la localidad de Cajón, según da cuenta Causa Rol N° 45.306-A, Episodio Cajón; asimismo, Causa Rol 45.306-B, Episodio Burgos y Haddad y Eligen Ponce Arias, detenidos por otras patrullas en la ciudad de Lautaro, ambas causas con sentencia debidamente ejecutoriada, según consta a 2088 a fs. 2193”.

“Que para el año 1974 –continúa la relación– Héctor Hugo Vásquez Martínez se encontraba ejerciendo como enfermero del Regimiento La Concepción de Lautaro, quien en el segundo semestre del año 1974 fue testigo de la ejecución de una persona en el sector de la Piscicultura de la ciudad de Lautaro, que correspondería a una persona de apellido Catalán. En su calidad de enfermero del Regimiento La Concepción de Lautaro, una mañana del segundo semestre del año 1974, fue requerido para conformar una patrulla, llevando solo su bolso de primeros auxilios y sin armas, la que estaba a cargo del entonces Teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman, y que habría estado conformada por unos diez efectivos militares, entre conscriptos y clases, además, del Oficial Militar ya señalado, la patrulla salió desde el regimiento, en camión, con dirección hacia la Piscicultura de Lautaro, lugar en el que había un bosque. Al llegar, Vásquez Martínez (enfermero), pudo percatarse que junto a un grupo de militares había una persona detenida a quien tenían arrodillada, con sus manos amarradas a la espalda y su rostro descubierto, por lo que pudo darse cuenta de que era de ascendencia mapuche”.

La resolución, consigna: “Que entre los militares se encontraba el Capitán Rafael García Ferlice, posiblemente un teniente de apellido Díaz y un grupo de soldados conscriptos. Se procedió a cubrir el rostro del detenido con una prenda de ropa negra que el mismo vestía. Acto seguido, el teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman, apoyó su fusil SIG en un arbusto para hacer puntería en la cabeza del detenido, disparándole y ocasionándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, se comentó en el regimiento entre los militares que el ejecutado era de apellido Catalán y que estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en este mismo sentido declara Pedro Joel Fuentes Sepúlveda, conscripto, quien señala haber conocido a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo y que por comentarios al interior del regimiento supo que fue un uniformado quién le dio muerte”.

“Que asimismo Héctor Hugo Vásquez Martínez recuerda nítidamente al teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman como ejecutor de este hecho, toda vez que afirma que se sorprendió al ver quién era el ejecutante del disparo con fusil SIG a la persona que estaba detenida en la Piscicultura de la Ciudad de Lautaro, es decir, el Teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman, puesto que jamás vio o escuchó que el teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman actuara en hechos de sangre o con detenidos, recordando al teniente Aldunate como una persona muy culta, jovial, que incluso ayudaba en la Misa, relato que se condice con los de conscriptos que estuvieron bajo las órdenes del teniente Ludovico Eduardo Aldunate Herman, tales como Eduardo Leopoldo Schneider Reinike, quien señala …“era inmensamente católico. Tenía un apego muy grande con la iglesia, andaba con santos y movimiento religioso”. Herich Alejandro Hauri Gómez, al señalar “él era muy estructurado, muy disciplinado, muy correcto”. Roberto del Carmen Cea Urrea, al indicar…”muy buena facha del teniente Aldunate, muy católico…”, concluye.

“Atendido el mérito de los antecedentes, la naturaleza del delito, la pena asignada, la edad del procesado LUDOVICO EDUARDO ALDUNATE HERMAN, esto es 70 años de edad, y la situación sanitaria en que se encuentra el país, resulta más adecuado para lo fines del procedimiento –por ahora– decretar la medida cautelar personal de arresto domiciliario total”, ordenó el ministro Mesa Latorre.