Díaz Darricarrere Carmen Margarita

Rut. : 5.198.627
F.Nacim. : 15 06 50, 24 años a la fecha de detención
Domicilio : Los Illanes 95, Las Condes, Santiago
E.Civil : Soltera
Actividad : Estudiante universitaria
C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR
F.Detenc. : 13 de febrero de 1975
Carmen Margarita Díaz Darricarrere, estudiante universitaria, militante del MIR, fue detenida por la DINA el 13 de febrero de 1975, alrededor de las 10:30 horas, a cuadra y media de su domicilio ubicado en calle Los Illanes Nº75, junto a Iván Montti Cordero y del hijo menor de éste, de sólo 5 años de edad. Tras ser detenidos, fueron llevados al domicilio individualizado en donde fueron detenidos, horas después, Alan Bruce Catalán y Sergio Vásquez Sáenz. Todos ellos fueron trasladados ese mismo día al recinto secreto de la DINA denominado Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados, torturados y recluidos en un lugar llamado "La Torre". La víctima, como los otros detenidos junto a ella, desaparecieron desde ese recinto clandestino la última semana de febrero de 1975. El niño de 5 años, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un Hogar de Menores donde fue encontrado fortuitamente por sus familiares.
De la detención de Carmen Díaz y de su posterior reclusión en Villa Grimaldi, existen numerosos testimonios de víctimas sobrevivientes, las que han declarado en los diferentes procesos judiciales que se inciaron por el desaparecimiento de los otros afectados detenidos junto a ella. Tal es el caso de la testigo Ingrid Sucarrat Zamora, quien declara en el proceso por Iván Montti Cordero, que encontrándose detenida en Villa Grimaldi, fue sacada la noche del 12 de febrero de 1975 y trasladada a un inmueble ubicado en calle Los Illanes frente al Nº "95", casa esta última vigilada por la DINA. Ella pernoctó toda la noche en ese lugar custodiada por 3 agentes y en la mañana del día siguiente fueron detenidas Carmen Díaz y las otras personas individualizadas, siendo todos ellos trasladados a Villa Grimaldi en donde los vio hasta el día 24 de febrero. En la misma causa por Montti Cordero, constan las declaraciones de las ex?prisioneras de la DINA, María Isabel Matamala Vivaldi, Amelia Odette Negrón Larre, Elena María Altieri Missana, Fidelia Herrera Herrera, y Gladys Díaz Armijo, en las cuales dan testimonio de haber sido detenidas por la DINA, trasladadas a Villa Grimaldi en donde fueron torturadas y vejadas; en ese recinto vieron a la víctima y a las otras personas detenidas en relación a ella en lugar denominado "La Torre", quienes hacia fines de febrero de 1975 fueron sacados de Villa Grimaldi y trasladados con destino desconocido. Varias de las testigos estuvieron en la misma celda de Carmen Díaz, con quien pudieron conversar en varias oportunidades enterándose de las circunstancias que rodearon su detención. Es así, que Elena María Altieri Missana relata en su declaración jurada, que en una oportunidad divisó fuera de la pieza donde estaba a una mujer parada en el patio, con un niño tomado de la mano, estaba vendada, tenía la piel tostada, usaba una falda de verano muy corta, pelo corto; después fue ingresada a la pieza con el resto de las detenidas. Allí se sacó la venda y preguntó por el lugar dónde estaba, a la vez que dice llamarse Carmen Díaz Darricarre, que el niño se llama "CONE" (Eugenio Montti Araya) y que es hijo de Iván Montti Cordero, detenido junto a ella. El niño no entró a la pieza y las detenidas ignoran qué pasó con él. Carmen Díaz estaba bien, daba la impresión que aún no la habían torturado.
Pese a la diligencias y averiguaciones realizadas por su familia, aún se desconoce el destino final que corrió en manos de los agentes de la DINA. Las gestiones judiciales no dieron resultado alguno, salvo el de acreditar de manera fehaciente su detención y posterior reclusión en un recinto de la DINA.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 20 de julio de 1979, su hermano Rodrigo Raimundo Díaz Darricarrere, interpuso una querella criminal por el delito de secuestro ante el Sr. Ministro en Visita Servando Jordán López, quien se encontraba investigando los casos de detenidos desaparecidos del Departamento de Santiago. En el escrito de la querella, se exponen las circunstancias precisas del arresto de la víctima y de su estadía en Villa Grimaldi. También se acompañan al proceso un recorte del diario El Mercurio del 24 de marzo de 1974, en que se ordena la comparecencia de la afectada a la Fiscalía Militar de Temuco, declaraciones juradas de Gladys Díaz Armijo, Patricia del Carmen Zúñiga Barros, Fidelia Herrera, Gloria Angélica Araya Bolton, Oscar Hernán Angulo Matamala, y de Hugo Ernesto Salinas Farfán, todos sobrevivientes de Villa Grimaldi y, por lo tanto, testigos de reclusión de la víctima. El Sr. Ministro en Visita se declaró incompetente para conocer los antecedentes, con el fundamento de que su Visita Extraordinaria se halla limitada a los procesos que se encontraban en tramitación: y a conocer de la reapertura del sumario en aquellas causas que encontrándose sobreseídas, se hagan valer nuevos antecedentes. Los autos fueron remitidos al 6º Juzgado del Crimen de Santiago, iniciándose la causa 193.360.
En la orden de investigar diligenciada por la Policía de Investigaciones, se entrevistó al denunciante quien ratificó los términos de su denuncia; se pidieron los respectivos informes al Gabinete Central de Identificación y de Policía Internacional los que no fueron obtenidos; la CNI dijo que la afectada nunca ha figurado como detenida por sus efectivos; y en el Instituto Médico Legal no ha ingresado desde el año 1975 el cadáver de una persona con sus características. Finalmente, el informe de Investigaciones dice que otras diligencias practicadas ?no dice cuáles? con el fin de lograr obtener un posible paradero de Carmen Díaz, no han dado los resultados esperados. El 16 de noviembre de 1979 el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, informó al Tribunal que en esa Secretaría no existe antecedente alguno de la afectada, como tampoco hay constancia de haberse dictado orden de resolución que le afecte o haya afectado. En octubre de 1980, el Juez efectuó la inspección personal de la causa Nº 545 78 por el desaparecimiento de Iván Montti Cordero, de la Primera Fiscalía Militar de Santiago, dejando constancia de las partes atingentes a los hechos de sus conocimiento.
En marzo de 1981, el Director General de Investigaciones informó que, revisados los Archivos del Departamento de Informaciones, Carmen Margarita Díaz Darricarrere registra militancia en el MIR, en el año 1974 la Fiscalía Militar de Cautín encarga su ubicación y detención en la causa 12 74 por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, y en la causa 550 74 por infracción a la Ley de Control de Armas. El 30 de abril de ese año, la Policía de Investigaciones informó sobre una segunda orden de investigar emitida por el Tribunal, en la cual nuevamente se entrevistó al denunciante. Pero esta vez se trasladaron a calle Los Illanes verificando que el Nº95 no existe (efectivamente, la casa donde ocurrieron los hechos es la signada con el Nº75), pero que se entrevistó a varios vecinos del sector, entre ellos a doña Dora Atton Walch, domiciliada en Los Illanes 64, ubicada al frente del Nº75, quien manifestó que en febrero de 1975 se encontraba de vacaciones en el sur del país y que por lo tanto ningún antecedente relacionado con esa materia puede aportar.
El informe de Investigaciones indica que se hicieron las averiguaciones pertinentes respecto a Villa Grimaldi, estableciéndose que la mencionada Villa no existe.
Cabe consignar que tanto en la visita el Ministro Jordán como en el expediente 553 78 de la Segunda Fiscalía Militar, constan las declaraciones del General Manuel Contreras Sepúlveda y del Coronel Marcelo Moren Brito, quienes reconocen que Villa Grimaldi era un lugar de tránsito de detenidos, fichaje y análisis de información.
El 14 de mayo de 1982, el Juez tiene a la vista la causa 12?74 de la Fiscalía de Ejército de Cautín, y en la cual se ordena la aprehensión y remisión de Carmen Díaz Darricarrere. El Juez deja constancia que mediante parte Nº13 de fecha 25 de febrero de 1974, Investigaciones de Temuco informó que Carmen Díaz se encuentra asilada en México.
El 18 de mayo, el Juez decretó el cierre del sumario, resolución que fue apelada por la parte querellante ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Tribunal que el 20 de septiembre de 1982 revocó la resolución apelada por considerar que no se encontraba agotada la investigación.
En esta nueva etapa del proceso, el Juez tuvo a la vista el proceso Nº550 74 del Juzgado Militar de Valdivia seguido en contra de Carmen Díaz Darricarrere, en la cual rola declaración indagatoria de la inculpada con fecha 11 de septiembre de 1973, certificándose que fue puesta en libertad por una inadvertencia del Regimiento Tucapel, donde prestó declaración. El 4 de julio de 1974 es declarada rebelde para todos los efectos legales y, posteriormente, es condenada a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autora del delito de infracción a la Ley de Seguridad Interior; encontrándose rebelde se suspende el procedimiento hasta que se presente o sea habida.
El 7 de octubre de 1982, la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional informó que la afectada no registra anotaciones de viaje. En febrero de 1985, el Tribunal tuvo a la vista el expediente 553 78 de la Segunda Fiscalía Militar y en el cual se encuentran acumuladas, entre otras causas, el proceso de Alan Bruce Catalán en el cual constan las declaraciones de testigos que estuvieron detenidos en Villa Grimaldi con Alan Bruce y Carmen Díaz, y quienes señalan que el jefe de Grimaldi era Marcelo Moren Brito, tío de Alan Bruce Catalán, a quien decían "El Ronco".
También se consigna la aclaración del Coronel Marcelo Moren Brito, quien dice que efectivamente es pariente de Alan Bruce, que perteneció a la DINA hasta el año 77 y que teóricamente pudo haber sido jefe de Villa Grimaldi en más de una oportunidad. Niega conocer del arresto de su sobrino Alan Bruce.
En febrero del 85 el proceso fue cerrado y en abril de ese año el Juez don Manuel Silva Ibáñez, sobreseyó temporalmente la causa con el fundamento que de los antecedentes allegados al proceso, no se encuentra acreditado en autos la existencia de algún delito en los hechos investigados. Dicha resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 8 de noviembre de 1985.

De manera reservada, el ministro Alejandro Solís interrogó a una serie de otrora integrantes del gabinete de la dictadura, en el marco de una diligencia solicitada por el propio Manuel Contreras, ex jefe del desaparecido organismo represivo. Tras las diligencias, el magistrado estimó que sus dichos ''no alteran los razonamientos anteriores'', y le aplicó la décima condena por violaciones a los derechos humanos.
Pese a que el ministro Alejandro Solís acogió la petición interpuesta por la defensa del ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras, referida a que las ex autoridades civiles del régimen de Augusto Pinochet avalaron que las detenciones realizadas por el disuelto organismo eran legales, el magistrado decidió finalmente mantener la tipificación de secuestro calificado y dictar una nueva condena en su contra.
Los abogados Fidel Reyes y Javier Gómez, quienes representan al ex uniformado, pretendían -mediante estos testimonios- lograr establecer que los militantes del MIR Eugenio Montti y Carmen Díaz, al igual que los otros detenidos desaparecidos, ya no se encuentran secuestrados y que sus aprehensiones fueron legales, en virtud de los decretos exentos firmados por las autoridades administrativas.
La decisión del juez Solís, en cuanto a tomar estas declaraciones en la fase probatoria de estos casos, había sido interpretada como un "triunfo" por parte de la defensa del militar en retiro, ya que hace un año atrás habían solicitado que se realizarán estas indagatorias, lo cual fue rechazado por este magistrado, así como también por los ministros Juan Eduardo Fuentes y Joaquín Billard, quienes también sustancian investigaciones en contra del organismo encabezado por Contreras.
No obstante, Solís no varió su apreciación de los hechos e igualmente dictó la décima condena por violaciones a los derechos humanos en contra del ex jefe de la DINA, como autor del secuestro calificado en contra de estos dos opositores a la dictadura, sancionándolo con 15 años y un día de presidio.
En tanto, también en calidad de autores, condenó a los ex agentes Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth, por ambos casos, mientras que a Osvaldo Romo le aplicó una sanción de cinco años y un día por el secuestro calificado de Montti.
Asimismo, Solís castigó con cinco años y un día a Miguel Krasnoff y Basclay Zapata, en calidad de cómplices, mientras que a Fernando Laureani y Gerardo Godoy los absolvió por falta de participación en los hechos.
Eugenio Iván Montti Cordero egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado y militante del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el 13 de febrero de 1975, junto a su hijo Iván Montti Araya, de 5 años, y Carmen Díaz Darricarrere, en el domicilio ubicado en Los Illanes Nº95, Las Condes. (Fuente: memoriaviva.com).
Según los antecedentes recopilados en el proceso judicial, los dos adultos estuvieron detenidos en el recinto de detención clandestino Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió su rastro.
Declaraciones de ex autoridades
Durante el pasado mes de noviembre, declararon ante Solís los ex jefes de gabinete de Pinochet Ricardo García, Sergio Fernández y Sergio Onofre Jarpa, el general (r) César Benavides y Carlos Cáceres. Asimismo, declaró el otrora subsecretario del Interior general (r) Enrique Montero Marx.
También fueron interrogados los ex directores de la desaparecida CNI, generales (r) Odlanier Mena, Gustavo Abarzúa y Hugo Salas Wenzel, además del ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo.
Detenciones y muertes
Como se explicó a este medio, los objetivos que buscó la defensa de Contreras apuntaron a establecer que las detenciones llevadas a cabo por la ex DINA eran legales en la medida que existió un decreto ley que proscribió a los partidos políticos y las actividades proselitistas tras el golpe militar de 1973.
En esa medida, los abogados del ex uniformado -quien actualmente cumple dos condenas a firme: de 12 años y un día por el secuestro calificado del sastre Miguel Ángel Sandoval y otra de 10 años y un día por el caso de la estudiante de periodismo Diana Arón- buscaban establecer que las aprehensiones realizadas por el ex organismo de seguridad fueron lícitas.
Por otra parte, también persiguieron acreditar mediante estos testimonios que en Chile no existió un estado de guerra, con lo cual impugnarían la aplicación de la Convención de Viena sobre crímenes de lesa humanidad, como también que no habría existido una política institucional para ordenar secuestros de personas.
Otro de los fines a que apuntó esta estrategia fue acreditar que las víctimas no se encuentran apresadas hasta ahora, con el fin de desvirtuar la aplicación de la figura de secuestro permanente, logrando imponer el delito de homicidio calificado, el cual a su juicio estaría prescrito en virtud de la legislación penal chilena.
De hecho, al igual que en estos dos casos, la defensa del "Mamo" pedirá que en todos los casos en que está involucrado su cliente (alrededor de 150) se incluyan estos testimonios. Así también, por medio de ellos interpondrán recursos de revisión ante la Corte Suprema para intentar modificar las condenas "a firme" que existen en contra del ex uniformado.
Párrafos escogidos
– Ricardo García, ex ministro del Interior (1985-1987): "Aquellas detenciones asociadas a los estados de excepción, que eran efectuadas con decreto exentos y que se ajustaban a las normas constitucionales y legales vigentes, debe concluirse que no adolecían de ilicitud".
"En cuanto al arresto transitorio de personas, podían ejercerse mediante Decreto Supremo exento de toma de razón, firmado por el Ministro del Interior “por Orden del Presidente de la República”. Las situaciones de detención en estados de excepción, así como por decreto exento en la forma expresada, según mis recuerdos, eran planteadas por Investigaciones".
"Nunca tuve conocimiento que existiera una política institucional que contemplara secuestros. Tampoco tuve conocimiento de que la hubiera habido antes de mi ingreso a mi Secretaría de Estado".
– Sergio Fernández, ex ministro del Interior (abril de 1978 a abril de 1982 – julio de 1987 a octubre de 1988": "Durante los períodos que ejercí como Ministro del Interior, no había estado de sitio en el país, y conforme a la legislación vigente a la época las órdenes de arresto debían ser firmadas por el Ministro del Interior, bajo la fórmula por Orden del Presidente de la República".
"La CNI se vinculaba con el Gobierno para efectos administrativos a través del Ministerio del Interior. Este Ministerio no tenía ni tuición ni mando respecto de dicha Central, ni tampoco conocía ni se le informaba de sus operaciones.
Tampoco intervenía en el nombramiento de su personal. Era un ente militar autónomo y especializado".
– Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior (1983 – 1985): "En mi época como Ministro del Interior nunca hubo secuestrados".
– Enrique Montero Marx, ex subsecretario del Interior (septiembre de 1973 hasta abril de 1982): "El Ministro del Interior, en relación con las detenciones que se practicaban en virtud del estado de sitio, se limitaba exclusivamente a dictar un decreto exento que las autorizaba, señalando el nombre completo del detenido, el lugar donde permanecía y la constancia que quedaba sujeto a vigilancia y control del Jefe de la respectiva Guarnición Militar o de la autoridad de las Fuerzas Armadas o de Carabineros en que delegaren esa facultad".
– Odlanier Mena, ex director de la CNI: "No se recibieron como personas secuestradas de la DINA, a las presuntas víctimas de estos autos, Iván Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere".
"Durante el desempeño de mi cargo como Director de la CNI no hubo personas secuestradas en las instalaciones de este organismo, en consecuencia no se dispuso la liberación de ellos".
– Otto Trujillo, ex agente del Comando Conjunto: "Sólo en dos oportunidades, en allanamientos que se hicieron en los cuales yo participé, el Oficial coordinador, ya sea (Roberto) Fuentes Morrison o (Edgard) Ceballos, ingresaban a las casas y se hacían pasar por DINA, finales de 1975".
"Me acuerdo que ocurrió en dos oportunidades una en La Granja, después que se completa el allanamiento se llamó a Marcelo Moren Brito, en ese lugar se encontró un barretín, con armamento, creo que eran metralletas AKA. Moren llegó en un auto Ford, color salmón, ellos siguieron buscando y encontraron otro barretín más grande aún. Y el segundo fue en la población Los Cóndores de Plata, en este caso también se identificaron como agentes de la DINA".

La Corte Suprema dictó condena en la investigación por los secuestros calificados de Eugenio Montti Cordero y Carmen Díaz Daricarrere, ocurridos a partir el 13 de febrero de 1975 en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 21 de enero de 2008.

El tribunal máximo sentenció al ex director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, a 7 años de presidio efectivo; y a Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth Pozo, a 4 años de presidio, como autores de dos secuestros calificados. Se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes fueron condenados a 541 días de presidio como cómplices de dos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Fernando Lauriani Maturana y Gerardo Godoy García fueron absueltos por falta de participación.

Asimismo, se ratificó la decisión de rechazar la demanda de indemnización de perjuicios presentados por los familiares de las víctimas en contra del Estado de Chile.

En el aspecto penal, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción de la acción penal y determinar la absolución de todos los procesados.

En tanto, en el aspecto civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes sostienen que este tipo de delitos son imprescriptibles, tanto en el aspecto penal como en el civil, por lo que eran partidarios de conceder indemnización por el daño causado.

Con este fallo se completan 15 sentencias por este tipo de procesos dictadas por la Corte Suprema en este año, y 43 desde 2005.

Historia de su desaparción

Carmen Díaz Darricarrere y Eugenio Montti, quienes tenían 24 y 29 años, respectivamente, fueron aprehendios por agentes de la DINA a escasos metros de su domicilio junto al hijo de este último, de cinco años. Junto a otros detenidos -Alan Bruce Catalán y Sergio Vásquez Sáenz- fueron llevados ese mismo día a Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados y sometidos a tortura.

Ambos jóvenes y los otros detenidos desaparecieron desde ese recinto clandestino la última semana de febrero de 1975, mientras que el niño, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un hogar de menores donde fue encontrado fortuitamente por sus familiares.

En el marco del aniversario del Golpe Militar, el Colegio de Enfermeras de Chile A.G y su Comisión de Derechos Humanos, realizan un homenaje a enfermeras víctimas de violación a los derechos humanos en Dictadura.                CARMEN MARGARITA DIAZ DARRICARRERE.

Tenía 24 años y era estudiante de Enfermería de la Universidad de Chile en la sede Temuco y militante del MIR, cuando fue detenida por la DINA el 13 de febrero de 1975, alrededor de las 10:30 horas, a cuadra y media de su domicilio ubicado en calle Los Illanes Nº75 de Las Condes en Santiago, junto a Eduardo Iván Montti Cordero (29 años, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado) y del hijo menor de éste, de sólo 5 años de edad.

Después de ser detenida en una casa junto a otras víctimas de la dictadura todos fueron trasladados al recinto secreto de la DINA denominado Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados, torturados y recluidos en un lugar llamado «La Torre», desde donde desaparecieron la última semana de febrero de 1975.

El niño de 5 años, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un Hogar de Menores, donde fue encontrado fortuitamente por quienes quedaban de su familia.

Fue hecha desaparecer junto a Jaime Vásquez Sáenz, Alan Bruce Catalá y Eugenio Iván Montti Cordero.

En diciembre de 2006 se condenó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda a quince años de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias respectivas en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen Margarita Díaz Darricarrere y se sancionó a Marcelo Luis Manuel Moren Brito y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias correspondientes, por su responsabilidad de coautores de los delitos de secuestros calificados antes mencionados.

También fueron condenados Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes, como cómplices en los delitos de secuestro calificado de Eugenio y Carmen a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias que corresponden, siendo todos condenados al pago de las costas del proceso.Fueron absueltos el brigadier Fernando Lauriani y el oficial de Carabineros Gerardo Godoy, ambos retirados.

El tribunal de alzada también sobreseyó por muerte al ex agente civil Osvaldo Romo. Pese a la diligencias, averiguaciones y gestiones judiciales realizadas por su familia, aún se desconoce el destino final que corrió en manos de los agentes de la DINA. El 20 de marzo de 1981, las sedes Temuco de las Universidades “de Chile” y “Técnica del Estado” se fusionan en la Universidad de la Frontera (UFRO).

En 2011, Carmen Díaz recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de la Frontera. A principios de 2018 recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de Chile.

De nuevo es 11 de Septiembre. La conmemoración de las víctimas de la dictadura, que se lleva a cabo en estas fechas,  desde 1990, nunca ha sido una actividad nacional; la han mantenido viva las víctimas sobrevivientes  de la represión, sus familiares, organizaciones de DDHH, de memoria, personas y grupos que rinden homenaje y que recuerdan, en un intento cada vez más difícil, a cada una de las personas detenidas desparecidas y ejecutados políticos, que solidarizan con los miles de sobrevivientes de la tortura y detención ilegal; los que sufrieron exilio forzado, quienes fueron expulsados de sus trabajos y sus estudios, quienes perdieron sus viviendas, aquellos que fueron relegados, las personas que sufrieron todo tipo de vulneración de sus derechos, de forma violenta y sin posibilidad de defenderse o reclamar. 

La realidad es que en Chile, la dictadura nunca fue derrotada. El traspaso del poder, de Pinochet y su régimen, se hizo cuidadosamente y se negociaron acuerdos que finalmente contribuirían que en 2019 se levantara una protesta social y política sin precedentes, contra este Chile negociado. Lo que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes anhelaban, nunca llegó: la justicia plena, pronta y reparatoria. En su lugar Pinochet nunca perdió la calidad de ex Presidente de la República, cargo que se otorgó a sí mismo, al igual que su investidura de Senador. Se estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación, que entregó el estatus de víctimas calificadas a una gran proporción, pero no a todas, de las víctimas fatales. Entregó una reparación caprichosa y las investigaciones preliminares de esta comisión se enviaron a los tribunales sin ningún seguimiento ni voluntad del gobierno, para ser finalmente sobreseídas en su gran mayoría.

Hoy en día, es aceptable que personas manifiesten su apego a la dictadura militar y nieguen la existencia de crímenes horrendos que tuvieron lugar, porque es de conocimiento establecido en la población, que recordar a las víctimas, exigir justicia, es una opción política, que todas las miradas acerca de esto son opiniones y que todas son válidas. Nunca se estableció en el subconsciente colectivo que la dictadura fue un periodo negro de este país, del cual todos los chilenos y chilenas, aquellos que sufrieron las violaciones y los que no, tenían que condenar. 

Solo en un periodo muy corto, 503 días para ser exactos y debido a algo absolutamente casual, Pinochet en un viaje de placer y de negocios a Inglaterra, fue detenido. Ese fue el único momento en su vida que se encontró en esa condición; fue solo a raíz de eso que tuvo que renunciar a su cargo de Senador para obtener la protección total del gobierno, entonces democrático, de Chile.

Las víctimas de la dictadura vienen de todo Chile, pertenecen a todos los espacios, es nuestro deber visibilizarlas, recordarlas y asegurarnos que su memoria se preserve en forma activa. La Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, sedes Temuco, que en 1981 conforman la Universidad de La Frontera de acuerdo a la decisión de la Junta de Gobierno. Tiene entre sus estudiantes y profesores, 21 víctimas, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, mujeres y hombres. Son parte de nuestra comunidad universitaria, se movieron por los mismos espacios, trabajaron por una sociedad mejor, más solidaria, más justa, como lo hacen hoy en día muchos de los y las estudiantes, funcionarios y académicos. Son nuestra historia, no pasado porque están presentes en la memoria; por lo tanto debemos darles el lugar que se merecen en nuestra universidad, donde hoy estudiamos, trabajamos compartimos el sueño de un mundo justo y mejor.

Escrito por: Nicole Douilly Yurich
Directora Centro de Estudios y
Promoción de los Derechos Humanos UFRO

Para llevar adelante la entrega de los 20 títulos profesionales, la Universidad de La Frontera realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los casos.Veinte títulos profesionales póstumos entregó la Universidad de La Frontera a los estudiantes que durante la dictadura fueron asesinados o desaparecidos y que se encontraban cursando sus carreras en las universidades de Chile y Técnica del Estado.

La ceremonia, desarrollada con la presencia de autoridades universitarias, familiares y amigos de los homenajeados, se vivió con absoluta emotividad y solemnidad, conforme fueron entregados cada uno de los certificados que acreditan los estudios realizados por los jóvenes y que se vieron interrumpidos por motivos políticos y causas históricas de atentado contra los Derechos Humanos.

Al respecto, el rector (s) de la Ufro, Juan Manuel Fierro, señaló que para la universidad esta ceremonia constituye un acto de profunda reflexión. "Es el culminar un deambular profundamente humano como éste, no significa cerrar la última página de un libro, sino reiniciar la escritura de uno nuevo, proponiendo lo imperecedero del ideal universitario y la conquista de la dignidad humana”.

Lilian Díaz Herrera, familiar de Carmen Díaz Darricarrere, una estudiante de 24 años que fue desaparecida el 13 de febrero de 1975 mientras estudiaba Enfermería en la Universidad de Chile, sede Temuco, sostuvo que “surge una gratificación por el reconocimiento de Carmen como estudiante y como profesional de la Universidad de La Frontera, pero también nos provoca un sentimiento profundo el que sea reconocida como luchadora social porque para nosotros como familia, estos ejemplos nos ayudan a cerrar un proceso importante, la larga tarea de asumir, reconocer y exigir justicia”.