de Castro López Bernardo

Rut : 4.182.895, Santiago
F.Nacim. : 01 11 38, 34 años a la fecha de su detención
Domicilio : Bilbao 1236, Providencia, Santiago
E.Civil : Casado, 3 hijos
Actividad : Dibujante Técnico
C.Repres. : Militante del Partido Socialista
F.Detenc. : 14 de septiembre de 1974

Bernardo De Castro López, casado, tres hijos, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio en Santiago el 14 de septiembre de 1974 alrededor de las 15:00 horas, por efectivos de la DINA que dijeron ser "de Inteligencia". Los agentes llegaron a la casa preguntando por "el señor que pinta" diciendo que eran "de la Universidad", para después identificarse como personal de seguridad. Uno de ellos mostró una especie de credencial que tenía una fotografía en colores.

El afectado se encontraba en cama con fiebre, aquejado de una fuerte gripe y sinusitis maxilar, le ordenaron vestirse, recomendándole que se pusiera ropa gruesa. Antes de marcharse, los aprehensores manifestaron que lo interrogarían y luego lo traerían de vuelta. Se movilizaban en un automóvil Chevy Nova color celeste turquesa, patente DC 22.
Media hora después, los mismos agentes volvieron al domicilio y registraron su escritorio, de donde sacaron unas matrices de panfletos que de Castro había confeccionado con el rostro del ex Presidente Allende, además de pintura roja y hojas de papel.

Al día siguiente volvieron nuevamente y sacaron otras pertenencias de la víctima. Finalmente, concurrieron de nuevo el día 16 de ese mes, pero no se les abrió la puerta y se retiraron.

Testigos de la detención fueron su cónyuge Juana Saavedra, sus hijos, su hermana Mariella y su madre Enedina López Clavero. Cuando ellas preguntaron donde lo llevaban, los sujetos les respondieron que eso lo consultaran a la DINA.
El arresto y posterior desaparición de Bernardo de Castro se enmarca en un operativo de la DINA destinado a desarmar una estructura del Partido Socialista de la 10a. Comuna, que concluyó con la detención de un grupo de sus militantes. El primero de ellos Claudio Venegas fue detenido el 10 de septiembre, luego, el día 11, lo fueron Víctor Olea Alegría y Leonardo Rivas Balmaceda, el día 12 siguieron con Juan Carlos González Sandoval y el 14, además de de Castro, con Agustín Holgado Bloch, Luis Olivares Toro, Luis Ahumada y su cónyuge que fue liberada el mismo día. El 16 continuaron con Mario Carrasco Díaz y, días después, el 23 de septiembre, fueron detenidos Juan Luis Tapia y el ciudadano español avecindado en Chile, Helios Figuerola Pujol, quien debió entregarse al ser detenida su madre Clara Pujol. Finalmente, el 24 de ese mes fue detenido Eduardo Aliste González, a quien los agentes esperaron en su casa desde el día anterior. De todo este grupo, Olea, Carrasco, de Castro, Aliste y Venegas permanecen desaparecidos y el resto recobró su libertad en distintas fechas, siendo casi todos expulsados del país.

Los detenidos hasta el 16 de septiembre, entre los que se cuenta la víctima, fueron conducidos primero al Cuartel Central de Investigaciones, donde los interrogaron y ficharon. Ese día 16 fueron trasladados, con la vista vendada, en una camioneta Chevrolet C 10 hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como "Venda Sexy", que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza.

Después llegaron también detenidos a este recinto Juan Luis Tapia y Helios Figuerola. En este lugar fueron interrogados y torturados. Según relato de Agustín Holgado, quienes más sufrieron sistemáticamente los tormentos y se veían más afectados eran Víctor Olea, Mario Carrasco y Claudio Venegas, todos ellos desaparecidos hasta la fecha.
Entre los agentes de la DINA que se reconocieron participando en estos operativos se encuentra Osvaldo Romo Mena. Por otro lado, los vehículos que se repitieron en los domicilios de los afectados fueron un auto verdoso, un automóvil Chevy Nova color celeste turquesa patente DC 22 y una camioneta Chevrolet C 10 color rojo, con toldo. Según se estableció en el proceso que investigó la desaparición de Claudio Venegas, la placa DC 22 correspondía a un auto Chevrolet, color negro de la Dirección de Investigaciones, a cargo del Departamento de Informaciones.

El 25 de septiembre fueron llevados al Campamento 4 Alamos, también bajo tuición de la DINA, donde los ubicaron en piezas separadas. Entre el 28 y el 30 de ese mes pasaron en libre plática a Tres Alamos, excepto los cinco que están desaparecidos, entre los que se encuentra Bernardo de Castro López.

Según Agustín Holgado, supo que sus compañeros que quedaron en Cuatro Alamos permanecían allí hasta mediados de octubre de 1974, fecha desde la cual dejó de tener noticias de ellos.

Con posterioridad, el 23 de julio de 1975, el nombre de Bernardo de Castro apareció incluido en la nómina de 119 personas que habrían muerto en Argentina y otros países, según noticia publicada por el periódico brasileño O'DIA y la revista argentina LEA, ambas desconocidas en sus respectivos países y que al parecer fueron editadas esa única vez con el sólo objeto de publicar esta falsedad. Según se decía, un grupo había muerto en enfrentamientos con personal de los servicios de seguridad argentinos y otros producto de rencillas internas del MIR. Todos quienes componían este listado corresponden a hombres y mujeres detenidos por la DINA y que se encuentran desaparecidos desde entonces.
Ante la respuesta de las autoridades argentinas y brasileñas que negaron la ocurrencia de estos hechos, las autoridades del gobierno militar chileno debieron reconocer oficialmente que no había constancia de estas presuntas muertes, como tampoco de que las víctimas hubiesen abandonado el país.
Pese a todo, Bernardo de Castro se encuentra desaparecido luego que fuera detenido por agentes de la DINA en su domicilio el 14 de septiembre de 1974.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 16 de septiembre de 1974 se presentó un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1106 74, el que fue declarado sin lugar por el Tribunal al día siguiente, en virtud de las facultades que otorgaba el Estado de Sitio. No se ordenó diligencia alguna para emitir esta resolución, la que fue apelada. El 23 de septiembre, la Corte Suprema para mejor resolver ordenó pedir informes a los Ministerios de Interior y de Defensa.
Dos meses después ambos titulares respondieron al máximo Tribunal negando tener antecedentes de la detención de Bernardo de Castro. Con el mérito de éstos informes, el 25 de noviembre de ese año la 2a. Sala de la Corte Suprema aprobó la resolución apelada, no obstante ordenó se remitieran los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, para que se diera curso a una investigación por los hechos denunciados. De esta causa, que debió iniciarse por orden del máximo Tribunal, no se tiene conocimiento.

Sin embargo, el 17 de septiembre, la cónyuge de de Castro presentó una denuncia por secuestro, violación de domicilio y robo con intimidación ante el 6° Juzgado del Crimen, que dio origen a la causa rol 90.577.
Cumpliendo una orden de investigar, la policía civil realizó averiguaciones respecto de la patente del vehículo en que llevaron detenido al afectado, que en un comienzo se individualizó como DE 22, que resultó pertenecer a un automóvil Fiat 600.

Las diligencias posteriores se centraron en la ubicación del propietario de este vehículo que, después de haber pasado por varios dueños entre abril y agosto de 1974, terminó en manos de un detective de Melipilla, estableciéndose que la patente al parecer nunca fue sacada del auto. En la causa por la desaparición de Claudio Venegas se estableció que la placa de este vehículo era en realidad DC 22 y correspondía a un vehículo de Investigaciones.
La Secretaría Nacional de Detenidos, Sendet, informó que no tenía antecedentes de la detención del afectado, quien no figuraba en sus registros. Esta respuesta se reiteró entres oportunidades, aún cuando comenzaron a tenerse las primeras noticias que de Castro se encontraba en Cuatro Alamos.

Con estos antecedentes, el 28 de enero de 1976 se cerró el sumario y se dictó sobreseimiento temporal de la causa por no encontrarse acreditado el delito, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 31 de marzo del mismo año.

El 27 de julio de 1979 se interpuso una querella ante el Ministro en Visita Servando Jordán, por secuestro, intimidación en las personas, robo y apremios físicos, en contra de efectivos de la DINA. El Ministro Jordán había sido nominado a comienzos de ese año por la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar las causas por desaparición de personas que habían sido detenidas por los servicios de seguridad, y se instaló para tal efecto en el 2° Juzgado del Crimen de Santiago.

Al parecer no fue acogida la solicitud de reabrir el sumario de la causa archivada en el 6° Juzgado. En marzo de 1980 se volvió a solicitar se reabriera la causa, lo que se repitió en agosto y septiembre del mismo año. Recién esta última solicitud al parecer fue acogida, pero se desconoce la tramitación del proceso en manos del Ministro Jordán. Sin embargo, se sabe que la causa fue sobreseída temporalmente a comienzos de 1982, ya que en marzo de ese año se solicitó la revocación de esta resolución, cuyo fallo se desconoce.

Otras gestiones realizadas por la familia ante las autoridades tampoco dieron resultado positivo.
Uno de los agentes que participó en los operativos de la detención de Bernardo de Castro, el ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, fue detenido el 16 de noviembre de 1992, después de ser expulsado de Brasil, país donde había vivido con identidad falsa desde finales de 1975. A diciembre de 1992, Romo había debido comparecer en varias causas por detenidos desaparecidos y en 6 se había dictado encargatoria de reo en su contra.

A dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procesó este viernes la ministra en visita (S) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Raquel Lermanda, en la investigación que instruye por secuestro calificado de dos víctimas de la denominada Operación Colombo, que fueron detenidos en el centro de torturas conocido como la “Venda Sexy” .

La magistrada encargó reo a los ex agentes Raúl Iturriaga Neumman y Alejandro Molina Cisternas por el secuestro calificado de Bernardo De Castro López, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la comuna de Providencia.
A Iturriaga Neumann además lo procesó por el secuestro calificado de Ida Vera Almarza, ocurrido a partir del 19 de noviembre de 1974 en la comuna de La Reina.

La jueza -que reemplaza al ministro Víctor Montiglio por encontrarse éste con licencia médica- determinó que la notificación de los procesados se realice en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, donde ambos permanecen por otras condenas por violaciones de los Derechos Humanos

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.

Como parte de la conmemoración oficial de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, la Casa de Bello continuó con la entrega de este reconocimiento. Encabezada por el Rector Ennio Vivaldi, la ceremonia ratificó el compromiso institucional con la memoria, la reparación, la verdad y la justicia que se ha venido desarrollando en los últimos años.

Emoción y alegría fueron parte de las emociones de personas de diferentes generaciones que se encontraron este martes 11 de septiembre en un repleto Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, que, como parte de la ceremonia oficial de conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, realizó la segunda entrega del reconocimiento Título póstumo y simbólico y del grado académico póstumo y simbólico a estudiantes detenidos(as) desaparecidos(as) y ejecutados(as) políticos(as).

Los distinguidos en esta oportunidad fueron los ejecutados políticos José Modesto Amigo Latorre, Tatiana Valentina Fariña Concha, Sócrates Augusto Ponce Pacheco y Frank Randall Teruggi Bombatch; y los detenidos desaparecidos Clara Elena Canteros Torres, BERNARDO CASTRO LOPEZ , Jorge Humberto D'Orival Briceño, Jorge Enrique Espinosa Méndez, Néstor Alfonso Gallardo Agüero, José Fernando Romero Lagos y Eduardo Humberto Ziede Gómez.

Estos 11 estudiantes de la Casa de Estudios se suman a los 101 que recibieron la distinción en abril pasado, como parte de un ejercicio de memoria institucional calificado como “indispensable” ante los últimos hechos relacionados a la justicia y las violaciones de DD.HH.

En la ceremonia, además, fueron homenajeados tres estudiantes cuyas familias no pudieron asistir a la primera entrega de títulos. Éstos son Juan Andrés Blanco Castillo, Juan Aniceto Meneses Reyes y Carmen Margarita Díaz Derricarrere.

“Esta Universidad hoy día vive en este acto un momento de desusada conmoción, pero quisiéramos pensar que más allá de este momento, permanecerá en nosotros y ustedes este espíritu de configurar un país en el cual hubieran sido felices quienes hoy estamos homenajeando", dijo el Rector Ennio Vivaldi respecto a este proceso que está a cargo del Comité de Titulaciones Póstumas que integran la Cátedra de Derechos Humanos y el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.

Junto con destacar la importancia de los nombres “porque detrás de ellos hay historias, hay amigos y familias que nunca han dejado de luchar por su reconocimiento, por pelear contra el olvido en un país que insiste en enterrar el pasado”, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, explicó que “frente a las deudas de nuestro país en estas materias, la Universidad de Chile ha decidido, como tantas veces en su historia, actuar en consecuencia con su memoria histórica, con la deuda ética que una institución como esta tiene con el país y con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, motivo por el cual, recalcó, el proceso sigue abierto, sorteando las dificultades de la ausencia de una política de archivos y la destrucción de los mismos.

Por su parte la presidenta de la FECh, Karla Toro, junto con recordar al estudiante de Ingeniería asesinado en dictadura Patricio Manzano, relevó que este acto de reparación “no puede ser un punto de llegada. Por el contrario, debe ser un punto de inicio para poder avanzar de manera decidida en una verdadera política de memoria por parte de nuestra Universidad”, tarea en la que, dijo, los estudiantes deben jugar un rol protagónico.

Una memoria viva

“Un día como hoy, hace 45 años, aprendimos a esperar, y seguimos esperando verdad y justicia. No nos merecemos nada menos que eso. Es por eso que estos actos son sumamente importantes, porque nos revindican”, señaló Alejandra Parra, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, agregando que “es importante que dejemos este legado a las nuevas generaciones”.

Parra tuvo palabras también respecto al rol de la sociedad en materia de memoria y de DD.HH. ya que “depende de nosotros que la impunidad a la que nos hemos visto sometidos especialmente este año no siga. Podemos seguir en la lucha, pedir verdad y justicia y luchar contra la impunidad”.

Por su parte, Mireya García, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), agradeció este acto de memoria de la Universidad de Chile “porque los actos simbólicos para nosotros tienen un valor enorme, traspasan lo simbólico y se transforman en actos de reivindicación de lo que fue la vida de ellos, y ellos fueron también estudiantes".

García relevó también la necesidad de que “la sociedad en su conjunto sea parte de esta lucha porque los desaparecidos son de todos, nos pertenecen a todos, porque los ejecutados nos pertenecen a todos, porque los torturados somos todos".

Fueron parte de esta ceremonia el prorrector Rafael Epstein; la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman; el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, junto al director Jurídico (s), Ignacio Maturana.

Junto a ellos asistieron el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Ruiz Schneider; el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez; el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Mario Maino; el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Manuel Amaya; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno; el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Roberto Neira; el decano de la Facultad de Artes, Luis Orlandini; el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José De Gregorio; la decana de la Facultad de Odontología, Irene Morales, y el director del Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Frühling; además de la presidenta de la FECh, Karla Toro, representantes del Senado Universitario y del Consejo de Evaluación, entre otros.

Participaron también de este encuentro, que fue abierto a toda la comunidad universitaria y la ciudadanía, el músico Roberto Márquez –vocalista de Illapu– y los actores Paulina Urrutia y Daniel Muñoz, quienes fueron los maestros de ceremonia; además de Joan Turner y Amanda Jara, la Premio Nacional de DD.HH Fabiola Letelier, el arquitecto Miguel Lawner, el músico Fernando García, autoridades universitarias y del cuerpo diplomático.