D’Apollonio Zapata Carlos Jacinto

SERGIO D'APOLLONIO PETERMAN
Rut     : Sin información
F.Nacim. : 08 11 24, 48 años a la fecha de la detención
Domicilio : Calle Prat s/n, Quinta La Palma, Santa Bárbara.
E.Civil : Casado, 9 hijos.
Actividad : Obrero Agrícola.
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 23 de octubre de 1973

CARLOS JACINTO D'APOLLONIO ZAPATA
Rut     : Sin información
F.Nacim. : 22 06 51, 22 años a la fecha de la detención
Domicilio : Calle Prat s/n, Quinta Palma, Santa Bárbara.
E.Civil : Soltero.
Actividad : Mozo.
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 23 de octubre de 1973

Sergio D'Apollonio Peterman, casado, 9 hijos, obrero agrícola, fue detenido junto a su hijo Carlos D'Apollonio Zapata, 22 años de edad, a las 3 de la mañana del 23 de octubre de 1973, en una casa que cuidaban, en la localidad de Santa Bárbara. Los aprehensores fueron 3 carabineros del Retén Santa Bárbara, entre los que se encontraban el funcionario Daniel Torres y otro apodado "el Cotorra". Estos llegaron en una camioneta color rojo de propiedad de José Domínguez. (en otros casos se ha mencionado a un civil llamado Jorge Domínguez, como también a un hijo, del mismo nombre).
Los carabineros señalaron que actuaban por una denuncia hecha por un vecino llamado Eduardo Pérez. Luego de detenerlos los llevaron hasta el puente Bío Bío. Allí los hicieron bajar del vehículo y los ejecutaron, una vez muertos tiraron sus cuerpos al río. Estos hechos fueron vistos por la esposa de Sergio D'Apollonio y su hija Cristina, quienes permanecían escondidas cerca del lugar de la ejecución.
Al amanecer y cuando ya los policías se habían retirado, ambas mujeres intentaron sacar los cuerpos del agua, logrando sólo rescatar el de Carlos Jacinto. El cuerpo de Sergio D'apollonio no pudo ser rescatado. Al día siguiente, 24 de octubre, en momentos en que el cuerpo de Carlos Jacinto era velado en una casa, llegaron unos carabineros del Retén Santa Bárbara y "sustrajeron" el cadáver para arrojarlo nuevamente al río en el puente Pinto, cerca de la cordillera. Mientras la familia vivía esta nueva tragedia de no poder ni siquiera velar a su muerto, la madre se encontraba en Los Angeles dando cuenta de lo sucedido en la Fiscalía Militar. Ahí le dijeron que mandarían una patrulla militar al pueblo, además, le indicaron que diera cuenta de los hechos denunciados en el 2º Juzgado del Crimen de Los Angeles. Al regresar a su casa en Santa Bárbara se enteró de lo sucedido. A pesar de que los hechos fueron denunciados de inmediato jamás ninguna autoridad investigó los hechos ni se pudo tener certificación oficial de las muertes.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 24 de octubre de 1973, se dio cuenta de los hechos en la Fiscalía Militar y en el 2º Juzgado del Crimen de Los Angeles. Se desconoce la tramitación que debió tener la mencionada denuncia.
Los familiares presentaron los hechos ante la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Despiadada e inmisericorde. Como una plaga se expandió  por los campos de la región la represión que se desató sobre los campesinos y trabajadores rurales inmediatamente después del golpe de estado de septiembre de 1973.

El campesinado de la zona se había integrado con entusiasmo y fervor a la ola de rebeldía que se forjó en el impulso de la reforma agraria y en la conquista de derechos y libertades. Una vida digna era el objetivo que motorizaba las luchas y esperanzas de los pobres de los campos. "La tierra para el que la trabaja", era la forma específica que adoptaba el comienzo de ese camino por una vida mejor.

El gobierno popular de Salvador Allende impulsaba una reforma agraria que se proponía afectar solo a los fundos de más de 80 hs. de riego básico que, dada nuestra geografía y resquicios legales de los poderosos, dejaba reducida su aplicación a unos cuantos predios del llano central. La explotación de los trabajadores del campo, sin embargo, se desarrollaba sin límites ni reparos desde el mar a la cordillera, y desde la cordillera al mar, en fundos y latifundios de distintos tamaños y características. Pero llegado el triunfo del gobierno de Allende, los campesinos y trabajadores agrícolas que vivían y sufrían esa explotación patronal no se fijaron en límites de hectáreas, ni se subordinaron a definiciones programáticas ajenas, para proponerse zafar del yugo de los patrones. Emprendieron su propio camino de lucha y se tomaron fundos y predios para ejercer su libertad y exigir o aplicar sus derechos. Las tomas condujeron a la expropiación de los fundos y latifundios, a la generación de asentamientos y comunidades campesinas, a la construcción de sindicatos y cooperativas, a las organizaciones colectivas y amplias, a forjar su propio destino.

Esta ola de rebeldía campesina generó, inevitablemente, el odio absoluto de patrones, de los momios (fachos), de los poderosos. En esta zona las corrientes derechistas eran poderosas, contaban con grupos paramilitares organizados, siguieron y siguen siendo poderosas. Cuando lograron consumar el golpe de estado que derrocó al gobierno de Allende, desataron todo su odio, su ánimo de revanchismo, su sed de venganza sobre el campesinado y los trabajadores del campo.

Los antiguos patrones junto a bandas paramilitares de derecha, otros lacayos de los poderosos, lideraron con lista en mano las incursiones que se desataron sobre los campos por parte de las tropas uniformadas; o bien, esos civiles se integraron plenos de entusiasmo criminal a las incursiones represivas.

Las tropas de uniformados, militares y carabineros, llevaron a cabo incursiones represivas sobre los lugares, fundos, caseríos, que más se habían destacado en la lucha por sus derechos durante el gobierno de Allende, o desde antes, o desde siempre. El objetivo era acallarlos, aniquilarlos, someterlos, restablecer el orden patronal de la mano del poder de la bala y la bayoneta de los uniformados.

Esto fue particularmente masivo y virulento en la provincia de Bío-Bío, en especial en las comunas de Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco y Mulchén. Allí los civiles incluso actuaron por su cuenta, o participaron de interrogatorios y torturas al interior de las unidades militares y policiales, o participaron activamente en ejecuciones de campesinos apresados. Las acciones represivas buscaban no solo el amedrentamiento de los ciudadanos sino el sometimiento popular y sembrar el terror en la población en su conjunto. A estas razias, se agregó el despreciable método de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas que iban causando las hordas represivas; situación de desaparición que en la mayoría de los casos se mantiene hasta hoy.  Esta práctica dio inicio a la existencia de detenidos desaparecidos.

Un caso que grafica de modo brutal la brutalidad (valga la redundancia) y el odio de los ejecutores, sus métodos despiadados y macabros, lo encontramos en lo ocurrido con la familia D'Apollonio  en la comuna de Santa Bárbara. Sergio D'Apollonio Peterman, obrero agrícola de 48 años, casado, 9 hijos, y su hijo CARLOS JACINTO D'APOLLONIO ZAPATA , obrero agrícola, 22 años, fueron detenidos a las 3 de la madrugada del 23 de octubre de 1973 por carabineros del Retén Santa Bárbara. Los aprehensores se hacían acompañar por el facho civil Jorge Domínguez y movilizaban en una camioneta del latifundista José Domínguez, padre del anterior. Luego de detenerlos los llevaron a un puente cercano que cruza el río Bío-Bío; los hicieron descender del vehículo; los ejecutaron con ráfagas de fusilería; una vez muertos, arrojaron sus cuerpos al río. Todo esto fue visto por la esposa de Sergio Apollonio y su hija Cristina quienes habían seguido los pasos de la comitiva y observaban ocultas los hechos a cierta distancia. Al amanecer, cuando los policías se habían marchado del lugar, ambas mujeres bajaron hasta el lecho del río e intentaron recuperar los cuerpos de sus deudos desde las aguas. Solo pudieron rescatar el cuerpo de Carlos Jacinto. El día 24 de octubre, en circunstancias que se encontraban velando el cadáver de Carlos en la casa familiar, llegaron hasta la vivienda los mismos carabineros del Retén Santa Bárbara quienes, por el imperio del poder de las armas, se llevaron el cadáver para arrojarlo nuevamente al río Bío-Bío, esta vez sobre el Puente Pinto, más al interior de la cordillera. Casos como éste se encuentran por decenas en los campos de la zona, pero no sólo en los campos se atacó al campesinado.

En los hechos, la represión desatada sobre localidades y pequeños pueblos de la zona también se inscribe en esta gran represalia dirigida contra el mundo campesino y rural. En ese marco se incluyen las masivas y notorias acciones de represalia y aniquilamiento desarrolladas en lugares como Santa Juana, Nacimiento, Laja, Hualqui, Coelemu, San Rosendo, entre otros lugares.

Para los gestores y ejecutores del golpe de estado el mundo rural fue un objetivo prioritario de la subsecuente represalia desatada sobre la población. No menor es el dato que en la zona que comprende la actual región el 29 % de las víctimas (ejecutados y detenidos desaparecidos) provocadas en la primera época post golpe (entre septiembre y diciembre de 1973) es gente del mundo campesino y rural de la zona. En la provincia de Biobío este porcentaje alcanza el 43,5 % de las víctimas y en la provincia de 'uble el 34,5 %. A estas víctimas hay que agregar aquellos campesinos que fueron detenidos, encarcelados, torturados, expulsados de sus tierras, como parte de esta guerra contra el pueblo instigada por los patrones y ejecutada por uniformados y fachos.

Así se estableció el imperio del terror en los campos. Y los antiguos patrones recuperaron sus fundos y potestades, restablecieron su orden amparados en la violencia y criminalidad del régimen dictatorial.

Casi cuarenta y cinco años va a cumplir el caso Santa Bárbara en espera de que la Corte de Apelaciones de Concepción revise el fallo por la desaparición de 28 campesinos en 1973.

Se trata de la más antigua causa del tribunal de alzada, cuyo trámite ha sido retrasado tanto por los propios ministros como los condenados.

En esta investigación, fueron condenados 17 exuniformados y civiles por el secuestro calificado de los campesinos de Santa Barbara y Quilaco, desaparecidos en 1973.

La sentencia es de 2013 y las apelaciones de las defensas presentadas al año siguiente, desde cuando los familiares de las víctimas esperan el fallo de segunda instancia.

Sin embargo, con distintos argumentos, la vista de la causa se ha retrasado ya por cinco años, ahora con el cambio de abogado de unos de los condenados, lo que fue calificado como un escándalo por la vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Norma Panés.Y en eso coincidió uno de los abogados querellantes, Patricio Robles, quien calificó como una maniobra dilatoria la utilizada por uno de los condenados, Sergio Fuentes Valenzuela, quien debería estar ya cumpliendo una pena de 10 años de cárcel según las víctimas.

Pero lo más grave es que al suspender la vista de los recursos la Corte de Apelaciones saca la causa de la posibilidad de trámite, lo que podría evitarse, explicó el dirigente del Colegio de Abogados, Ignacio Sapiaín, precisando que mientras asume una nueva defensa los alegatos pueden mantenerse en espera.

Intentamos consultar tanto a la Corte de Apelaciones como a la Suprema por el caso Santa Bárbara, sin existir hasta el cierre de esta nota un pronunciamiento respecto de un tema tan sensible y donde las víctimas esperan que se haga justicia desde hace más de 45 años.

Tras el golpe de estado de 1973 muchos chilenos/as fueron perseguidos y desaparecidos a lo largo del país. La familia D’Apollonio fue víctima de una ola represiva a campesinos y trabajadores en el sur de Chile por parte de civiles y tropas uniformadas. Sergio y Carlos fueron secuestrados, asesinados y lanzados a un río para no volver a verlos nunca más.

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Una situación totalmente irregular se produce en la comuna de Curacautín, en La Araucanía, específicamente en la escuela Collico, donde el municipio mantiene a un criminal de lesa humanidad como director. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil condenado por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. 

Juan Carlos Burgos Belauzarán es el nombre del criminal de lesa humanidad que trabaja como profesor encargado de la escuela rural Collico, de Curacautín. El delincuente fue condenado, junto a cuatro carabineros y nueve civiles, como autor de secuestro y desaparición de 28 campesinos en Quilaco y Santa Bárbara, en lo que configura uno de los crímenes más brutales de la dictadura. 

Burgos Belauzarán fue condenado a la pena de cuatro años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, pero en la actualidad figura como profesor encargado de la escuela rural Collico, con un sueldo de más de $2 millones. El cargo lo ocupa al menos desde 2016.

Debido a la gravedad de esta situación, no sólo por su ilegalidad, sino por lo que reviste una condena por delitos de lesa humanidad, RESUMEN se contactó tanto con el DAEM de Curacautín como con la seremi de Educación en La Araucanía, desde donde evitaron asumir  responsabilidades y anunciaron que la situación está en manos de un equipo jurídico «para tomar una resolución».

Desde el departamento de educación municipal señalaron que «aún no nos ha informado la Corte Suprema y en la recolección de antecedentes de ahora salió la inhabilidad y por eso se levantó la información a los abogados. Yo no tenía idea, llevo casi un año en el cargo y tampoco soy de Curacautín».

Patricio Aguilera, director del DAEM, acotó que esta escuela rural está en receso en la actualidad, pero Juan Carlos Burgos Belauzarán aparece ganando un salario, en marzo de 2023, de más de $2 millones. En esta línea, Aguilera contestó que, «él está con licencia y la licencia se la paga la Isapre. Nosotros ahora mandamos los antecedentes a los asesores jurídicos cuando nos llegó el certificado de inhabilidad, inmediatamente derivamos a nuestros abogados».

Consultada la seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco, sobre el porqué de la permanencia de un violador de derechos humanos como encargado de una escuela, se remitió a responsabilizar al sostenedor, evitando referirse a una posible toma de medidas.

«En el ámbito administrativo de la gestión de los establecimientos educacionales, las contrataciones del personal están bajo la responsabilidad del sostenedor que, en este caso, corresponde al municipio. Como Ministerio de Educación llamamos a los municipios y al servicio local de educación pública, en su calidad de sostenedores a dotar de mayor rigurosidad a los procesos de revisión de los antecedentes de quienes ejercen labores en los establecimientos educacionales».

Por lo pronto, el criminal de lesa humanidad, Juan Carlos Burgos Belauzarán se encuentra con licencia y según declararon del DAEM, se estaría «esperando» por la revisión del equipo jurídico para concretar su desvinculación, por lo pronto, sigue figurando como profesor encargado de la escuela Collico. 

A continuación, describimos los hechos en los que participó directamente como autor, Burgos Belauzarán, cometidos en Santa Bárbara y Quilaco, entre septiembre y diciembre de 1973:

En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio.

Es así que el 13 de septiembre de 1973, un grupo de civiles y carabineros, todos premunidos de armas de fuego y que se movilizaban en vehículos motorizados, llegaron al domicilio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, ubicado en la parcela El Rodal, en las afueras de Quilaco, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, para luego llevárselo caminando desde ese lugar con destino desconocido, haciéndolo desaparecer hasta la fecha.

El 14 de septiembre de 1973 Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama fueron secuestrados desde su domicilio ubicado en una choza del fundo Corcovado, camino a Villacura, en la comuna de Santa Bárbara, por Carabineros y civiles, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino.

El 16 de septiembre de 1973, Juan de Dios Rubio Llancao y Julio Alberto Rubio Llancao, fueron detenidos y trasladados a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara a cargo del Jefe de la Unidad, el entonces teniente Planté Aravena Sáez. El mismo día, Guillermo Purrán Treca recurrió a la indicada unidad policial en busca de protección porque no podía regresar a su domicilio, ya que lo había dejado el bus y estaba próxima la hora de inicio del toque de queda, pero le dejan allí en calidad de detenido. En la noche, estos tres campesinos más José María Tranamil Pereira que también había sido detenido, fueron sacados del recinto policial y trasladados hasta el puente Quilaco donde los carabineros les acribillan, desconociéndose desde esa fecha toda noticia sobre los cuatro campesinos.

El 16 de septiembre de 1973, Sebastián Hernaldo Campos Díaz se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, pues había sido citado anteriormente, quedando detenido sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

A mediodía del 17 de septiembre de 1973, Elba Burgos Sáez fue detenida por Carabineros en la vía pública en la ciudad de Santa Bárbara, fue subida en una camioneta y se la llevaron con destino desconocido, ignorándose desde esa fecha toda noticia de su paradero o de su existencia.

La tarde del 17 de septiembre de 1973, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda Riquelme, concurrieron voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, cumpliendo con una citación que, a través de un tercero, les había hecho Carabineros de la aludida unidad policial, siendo ingresados a dicha recinto como detenidos, ignorándose desde esa fecha toda noticia sobre su paradero o destino.

En la comuna de Quilaco, en horas de la madrugada del 20 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de José Felidor Pinto Pinto, dirigente del asentamiento campesino Campo Lindo, ubicado en el antiguo fundo Huinquén, a quien detuvieron sacándolo de su casa llevándolo con destino desconocido en vehículos desde ese lugar, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias de su destino, desapareciendo su rastro hasta la fecha.

En horas de la mañana del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, el grupo de verdugos llegaron hasta el fundo ‘El Huachi’, ubicado a 8 kilómetros de esa comuna, detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados en horas de la noche con destino desconocido y sin que hasta la fecha hayan sido vueltos a ver o se tengan noticias de sus paraderos.

Más o menos al mediodía de ese día, el mismo grupo se dirigió hasta la villa Loncopangue y también hasta las inmediaciones del fundo Rañiguel del mismo sector, procediendo a detener a Luis Alberto Cid Cid, Luis Bastías Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz, siendo subidos a un camión de la Municipalidad de Quilaco que conducía José Feliciano Gutiérrez Ortiz, conocido como ‘El Chamo’, para luego ser llevados por el camino público que conduce a Quilaco hasta un sendero que lleva a la confluencia de los ríos Bío Bío y Quilmes, donde fueron bajados del vehículo y vigilados por sus captores, se les llevó caminando hasta las riberas de los cursos de agua señalados, momento en que sus aprehensores les habrían disparado con armas de fuego cayendo sus cuerpos al cauce de los mencionados ríos, ignorándose su real paradero hasta la fecha. También ese mismo día, en horas de la tarde fue detenido en Quilaco por un grupo conformado por Carabineros y civiles, el lugareño Segundo Marcial Soto Quijón, fecha desde la cual le hicieron desaparecer.

En la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente las 14:00 horas del mismo día 20 de septiembre, el grupo criminal detuvo en el sector Los Junquillos a José Nazario Godoy Acuña, el que posteriormente fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Alrededor de las 22:30 horas del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, llegaron hasta el domicilio de Manuel Salamanca Mella, ubicado en avenida La Feria sin número en Santa Bárbara, donde le detuvieron en presencia de sus familiares, para luego llevárselo a la Tenencia de Carabineros. En igual fecha, el mismo grupo se dirigió a la pensión ubicada en calle Rosas N° 343 de la comuna de Santa Bárbara, donde detuvieron a José Mariano Godoy Acuña, siendo trasladado hasta la Tenencia donde fueron vistos por última vez, sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

En la noche del 20 de septiembre de 1973, el mismo grupo armado de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de Miguel Cuevas Pincheira ubicado en calle Rosas N° 371 de Santa Bárbara y lo detuvieron, en presencia de sus familiares, cónyuge e hijos, sacándolo de su casa y trasladándolo a un lugar desconocido sin que hasta la fecha haya sido vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

El 23 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, el grupo de verdugos irrumpió en la hijuela La Palma, en la comuna de Santa Bárbara, para secuestrar desde su domicilio a los campesinos Sergio D’Apollonio Petermann, de 48 años de edad, y a su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, de 22 años.

A Carlos Jacinto lo trasladan hasta el puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sobre el río Bío Bío, donde le pusieron en una de las barandas y le dispararon con armas de fuego, cayendo así al lecho del río. Sin embargo, la corriente arrastró su cuerpo hasta una de las riberas donde horas de la mañana del día siguiente fue encontrado su cuerpo por familiares y conocidos. Estos llevan el cadáver hasta su vivienda y proceden a velarlo para darle luego sepultación, pero en horas de la tarde de ese día, los mismos individuos que le habían secuestrado la noche anterior irrumpieron para sustraer el cuerpo del joven y se lo llevaron para hacerlo desaparecer hasta el presente.

En la mañana del 3 de noviembre de 1973 aproximadamente a las 11:00 hrs., el grupo de Carabineros y civiles llegó hasta la Parcela N° 112 del sector Piñiquihue de la comuna de Quilaco, donde detuvieron a José Roberto Molina Quezada lo sacaron de su casa y se lo llevaron en un vehículo con destino desconocido, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias o conocimiento de su paradero.

En la noche del sábado 3 de noviembre, llegaron hasta el domicilio de Gabriel José Viveros Flores ubicado en las afueras de Loncopangue, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, sacándolo de su casa y llevándoselo con destino desconocido.

Alrededor de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 1973, en circunstancias que Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años de edad, se encontraba en una casa ubicada en el sector de Raleo del pueblo de Alto Bío Bío, llegó personal de Carabineros a detenerlo pero el joven arrancó en dirección al río Bío Bío siendo perseguido por los policías, uno de los cuales le disparó logrando aprehenderlo, momento desde el cual se ignora toda noticia de su paradero o existencia.

por Juan Contreras Jara