D’ Apollonio Pettermann Serjio Hugo

Rut     : Sin información
F.Nacim. : 08 11 24, 48 años a la fecha de la detención
Domicilio : Calle Prat s/n, Quinta La Palma, Santa Bárbara.
E.Civil : Casado, 9 hijos.
Actividad : Obrero Agrícola.
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 23 de octubre de 1973

CARLOS JACINTO D'APOLLONIO ZAPATA
Rut     : Sin información
F.Nacim. : 22 06 51, 22 años a la fecha de la detención
Domicilio : Calle Prat s/n, Quinta Palma, Santa Bárbara.
E.Civil : Soltero.
Actividad : Mozo.
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 23 de octubre de 1973

Sergio D'Apollonio Peterman, casado, 9 hijos, obrero agrícola, fue detenido junto a su hijo Carlos D'Apollonio Zapata, 22 años de edad, a las 3 de la mañana del 23 de octubre de 1973, en una casa que cuidaban, en la localidad de Santa Bárbara. Los aprehensores fueron 3 carabineros del Retén Santa Bárbara, entre los que se encontraban el funcionario Daniel Torres y otro apodado "el Cotorra". Estos llegaron en una camioneta color rojo de propiedad de José Domínguez. (en otros casos se ha mencionado a un civil llamado Jorge Domínguez, como también a un hijo, del mismo nombre).
Los carabineros señalaron que actuaban por una denuncia hecha por un vecino llamado Eduardo Pérez. Luego de detenerlos los llevaron hasta el puente Bío Bío. Allí los hicieron bajar del vehículo y los ejecutaron, una vez muertos tiraron sus cuerpos al río. Estos hechos fueron vistos por la esposa de Sergio D'Apollonio y su hija Cristina, quienes permanecían escondidas cerca del lugar de la ejecución.
Al amanecer y cuando ya los policías se habían retirado, ambas mujeres intentaron sacar los cuerpos del agua, logrando sólo rescatar el de Carlos Jacinto. El cuerpo de Sergio D'apollonio no pudo ser rescatado. Al día siguiente, 24 de octubre, en momentos en que el cuerpo de Carlos Jacinto era velado en una casa, llegaron unos carabineros del Retén Santa Bárbara y "sustrajeron" el cadáver para arrojarlo nuevamente al río en el puente Pinto, cerca de la cordillera. Mientras la familia vivía esta nueva tragedia de no poder ni siquiera velar a su muerto, la madre se encontraba en Los Angeles dando cuenta de lo sucedido en la Fiscalía Militar. Ahí le dijeron que mandarían una patrulla militar al pueblo, además, le indicaron que diera cuenta de los hechos denunciados en el 2º Juzgado del Crimen de Los Angeles. Al regresar a su casa en Santa Bárbara se enteró de lo sucedido. A pesar de que los hechos fueron denunciados de inmediato jamás ninguna autoridad investigó los hechos ni se pudo tener certificación oficial de las muertes.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 24 de octubre de 1973, se dio cuenta de los hechos en la Fiscalía Militar y en el 2º Juzgado del Crimen de Los Angeles. Se desconoce la tramitación que debió tener la mencionada denuncia.
Los familiares presentaron los hechos ante la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Una situación totalmente irregular se produce en la comuna de Curacautín, en La Araucanía, específicamente en la escuela Collico, donde el municipio mantiene a un criminal de lesa humanidad como director. Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, civil condenado por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la precordillera del Biobío, entre septiembre y diciembre de 1973. 

Juan Carlos Burgos Belauzarán es el nombre del criminal de lesa humanidad que trabaja como profesor encargado de la escuela rural Collico, de Curacautín. El delincuente fue condenado, junto a cuatro carabineros y nueve civiles, como autor de secuestro y desaparición de 28 campesinos en Quilaco y Santa Bárbara, en lo que configura uno de los crímenes más brutales de la dictadura. 

Burgos Belauzarán fue condenado a la pena de cuatro años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, pero en la actualidad figura como profesor encargado de la escuela rural Collico, con un sueldo de más de $2 millones. El cargo lo ocupa al menos desde 2016.

Debido a la gravedad de esta situación, no sólo por su ilegalidad, sino por lo que reviste una condena por delitos de lesa humanidad, RESUMEN se contactó tanto con el DAEM de Curacautín como con la seremi de Educación en La Araucanía, desde donde evitaron asumir  responsabilidades y anunciaron que la situación está en manos de un equipo jurídico «para tomar una resolución».

Desde el departamento de educación municipal señalaron que «aún no nos ha informado la Corte Suprema y en la recolección de antecedentes de ahora salió la inhabilidad y por eso se levantó la información a los abogados. Yo no tenía idea, llevo casi un año en el cargo y tampoco soy de Curacautín».

Patricio Aguilera, director del DAEM, acotó que esta escuela rural está en receso en la actualidad, pero Juan Carlos Burgos Belauzarán aparece ganando un salario, en marzo de 2023, de más de $2 millones. En esta línea, Aguilera contestó que, «él está con licencia y la licencia se la paga la Isapre. Nosotros ahora mandamos los antecedentes a los asesores jurídicos cuando nos llegó el certificado de inhabilidad, inmediatamente derivamos a nuestros abogados».

Consultada la seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco, sobre el porqué de la permanencia de un violador de derechos humanos como encargado de una escuela, se remitió a responsabilizar al sostenedor, evitando referirse a una posible toma de medidas.

«En el ámbito administrativo de la gestión de los establecimientos educacionales, las contrataciones del personal están bajo la responsabilidad del sostenedor que, en este caso, corresponde al municipio. Como Ministerio de Educación llamamos a los municipios y al servicio local de educación pública, en su calidad de sostenedores a dotar de mayor rigurosidad a los procesos de revisión de los antecedentes de quienes ejercen labores en los establecimientos educacionales».

Por lo pronto, el criminal de lesa humanidad, Juan Carlos Burgos Belauzarán se encuentra con licencia y según declararon del DAEM, se estaría «esperando» por la revisión del equipo jurídico para concretar su desvinculación, por lo pronto, sigue figurando como profesor encargado de la escuela Collico. 

A continuación, describimos los hechos en los que participó directamente como autor, Burgos Belauzarán, cometidos en Santa Bárbara y Quilaco, entre septiembre y diciembre de 1973:

En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio.

Es así que el 13 de septiembre de 1973, un grupo de civiles y carabineros, todos premunidos de armas de fuego y que se movilizaban en vehículos motorizados, llegaron al domicilio de Cristino Humberto Cid Fuentealba, ubicado en la parcela El Rodal, en las afueras de Quilaco, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, para luego llevárselo caminando desde ese lugar con destino desconocido, haciéndolo desaparecer hasta la fecha.

El 14 de septiembre de 1973 Juan de Dios Fuentes Lizama y Juan Francisco Fuentes Lizama fueron secuestrados desde su domicilio ubicado en una choza del fundo Corcovado, camino a Villacura, en la comuna de Santa Bárbara, por Carabineros y civiles, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino.

El 16 de septiembre de 1973, Juan de Dios Rubio Llancao y Julio Alberto Rubio Llancao, fueron detenidos y trasladados a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara a cargo del Jefe de la Unidad, el entonces teniente Planté Aravena Sáez. El mismo día, Guillermo Purrán Treca recurrió a la indicada unidad policial en busca de protección porque no podía regresar a su domicilio, ya que lo había dejado el bus y estaba próxima la hora de inicio del toque de queda, pero le dejan allí en calidad de detenido. En la noche, estos tres campesinos más José María Tranamil Pereira que también había sido detenido, fueron sacados del recinto policial y trasladados hasta el puente Quilaco donde los carabineros les acribillan, desconociéndose desde esa fecha toda noticia sobre los cuatro campesinos.

El 16 de septiembre de 1973, Sebastián Hernaldo Campos Díaz se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, pues había sido citado anteriormente, quedando detenido sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

A mediodía del 17 de septiembre de 1973, Elba Burgos Sáez fue detenida por Carabineros en la vía pública en la ciudad de Santa Bárbara, fue subida en una camioneta y se la llevaron con destino desconocido, ignorándose desde esa fecha toda noticia de su paradero o de su existencia.

La tarde del 17 de septiembre de 1973, José Rafael Zúñiga Aceldine, José Secundino Zúñiga Aceldine y José Gilberto Araneda Riquelme, concurrieron voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, cumpliendo con una citación que, a través de un tercero, les había hecho Carabineros de la aludida unidad policial, siendo ingresados a dicha recinto como detenidos, ignorándose desde esa fecha toda noticia sobre su paradero o destino.

En la comuna de Quilaco, en horas de la madrugada del 20 de septiembre de 1973, un grupo de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de José Felidor Pinto Pinto, dirigente del asentamiento campesino Campo Lindo, ubicado en el antiguo fundo Huinquén, a quien detuvieron sacándolo de su casa llevándolo con destino desconocido en vehículos desde ese lugar, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias de su destino, desapareciendo su rastro hasta la fecha.

En horas de la mañana del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, el grupo de verdugos llegaron hasta el fundo ‘El Huachi’, ubicado a 8 kilómetros de esa comuna, detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís, trasladándolos a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados en horas de la noche con destino desconocido y sin que hasta la fecha hayan sido vueltos a ver o se tengan noticias de sus paraderos.

Más o menos al mediodía de ese día, el mismo grupo se dirigió hasta la villa Loncopangue y también hasta las inmediaciones del fundo Rañiguel del mismo sector, procediendo a detener a Luis Alberto Cid Cid, Luis Bastías Sandoval y Raimundo Salazar Muñoz, siendo subidos a un camión de la Municipalidad de Quilaco que conducía José Feliciano Gutiérrez Ortiz, conocido como ‘El Chamo’, para luego ser llevados por el camino público que conduce a Quilaco hasta un sendero que lleva a la confluencia de los ríos Bío Bío y Quilmes, donde fueron bajados del vehículo y vigilados por sus captores, se les llevó caminando hasta las riberas de los cursos de agua señalados, momento en que sus aprehensores les habrían disparado con armas de fuego cayendo sus cuerpos al cauce de los mencionados ríos, ignorándose su real paradero hasta la fecha. También ese mismo día, en horas de la tarde fue detenido en Quilaco por un grupo conformado por Carabineros y civiles, el lugareño Segundo Marcial Soto Quijón, fecha desde la cual le hicieron desaparecer.

En la comuna de Santa Bárbara, aproximadamente las 14:00 horas del mismo día 20 de septiembre, el grupo criminal detuvo en el sector Los Junquillos a José Nazario Godoy Acuña, el que posteriormente fue trasladado hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Alrededor de las 22:30 horas del 20 de septiembre de 1973 en la comuna de Santa Bárbara, llegaron hasta el domicilio de Manuel Salamanca Mella, ubicado en avenida La Feria sin número en Santa Bárbara, donde le detuvieron en presencia de sus familiares, para luego llevárselo a la Tenencia de Carabineros. En igual fecha, el mismo grupo se dirigió a la pensión ubicada en calle Rosas N° 343 de la comuna de Santa Bárbara, donde detuvieron a José Mariano Godoy Acuña, siendo trasladado hasta la Tenencia donde fueron vistos por última vez, sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

En la noche del 20 de septiembre de 1973, el mismo grupo armado de Carabineros y civiles, llegó hasta el domicilio de Miguel Cuevas Pincheira ubicado en calle Rosas N° 371 de Santa Bárbara y lo detuvieron, en presencia de sus familiares, cónyuge e hijos, sacándolo de su casa y trasladándolo a un lugar desconocido sin que hasta la fecha haya sido vuelto a ver o se tengan noticias de su paradero.

El 23 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada, el grupo de verdugos irrumpió en la hijuela La Palma, en la comuna de Santa Bárbara, para secuestrar desde su domicilio a los campesinos Sergio D’Apollonio Petermann, de 48 años de edad, y a su hijo Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata, de 22 años.

A Carlos Jacinto lo trasladan hasta el puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sobre el río Bío Bío, donde le pusieron en una de las barandas y le dispararon con armas de fuego, cayendo así al lecho del río. Sin embargo, la corriente arrastró su cuerpo hasta una de las riberas donde horas de la mañana del día siguiente fue encontrado su cuerpo por familiares y conocidos. Estos llevan el cadáver hasta su vivienda y proceden a velarlo para darle luego sepultación, pero en horas de la tarde de ese día, los mismos individuos que le habían secuestrado la noche anterior irrumpieron para sustraer el cuerpo del joven y se lo llevaron para hacerlo desaparecer hasta el presente.

En la mañana del 3 de noviembre de 1973 aproximadamente a las 11:00 hrs., el grupo de Carabineros y civiles llegó hasta la Parcela N° 112 del sector Piñiquihue de la comuna de Quilaco, donde detuvieron a José Roberto Molina Quezada lo sacaron de su casa y se lo llevaron en un vehículo con destino desconocido, momento desde el cual nunca más se tuvo noticias o conocimiento de su paradero.

En la noche del sábado 3 de noviembre, llegaron hasta el domicilio de Gabriel José Viveros Flores ubicado en las afueras de Loncopangue, procediendo a detenerlo en presencia de sus familiares, sacándolo de su casa y llevándoselo con destino desconocido.

Alrededor de las 16:00 horas del 7 de noviembre de 1973, en circunstancias que Aliro Segundo Oporto Durán, de 17 años de edad, se encontraba en una casa ubicada en el sector de Raleo del pueblo de Alto Bío Bío, llegó personal de Carabineros a detenerlo pero el joven arrancó en dirección al río Bío Bío siendo perseguido por los policías, uno de los cuales le disparó logrando aprehenderlo, momento desde el cual se ignora toda noticia de su paradero o existencia.

por Juan Contreras Jara

El ministro Aldana instruyó que los once condenados a penas efectivas de cárcel, lo hagan en recintos penales de la Región del Biobío.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, inició el cúmplase de la sentencia que condenó a grupo de carabineros en retiro y civiles, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Sergio D´Apollonio Petermann, Miguel Cuevas Pincheira, Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto Pinto, Luis Alberto Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz, Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quijón y José Roberto Molina Quezada. Ilícitos perpetrados en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, entre septiembre y diciembre de 1973.

En la resolución (causa criminal rol 372, episodio Santa Bárbara), el ministro Aldana comenzó hoy –jueves 2 de febrero– con la notificación a los condenados en la causa: Héctor Isaías Echeverría Beltrán que deberá cumplir la pena de 11 años de presidio en calidad de autor de ocho delitos de secuestro calificado; y José Roberto Valdivia Dames, quien deberá purgar cinco años de presidio por el secuestro de Miguel Cuevas Pincheira.

En los próximos días, el ministro instructor continuará notificando las penas a Exequiel Celedón Barra, 10 años y un día de presidio en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Cristino Humberto Cid Fuentealba y José Felidor Pinto Pinto; Jorge Eduardo Valdivia Dames, 5 años de presidio por el secuestro calificado de Miguel Cuevas Pincheira; Jorge Denis Domínguez Larenas deberá cumplir igual pena en calidad de autor de tres delitos de secuestro calificado; y Eugenio Villa Urrutia, Juan Carlos Burgos Belauzarán y José Feliciano Gutiérrez Ortiz purgarán 4 años de libertad vigilada por siete secuestros calificados.

El ministro Aldana instruyó que los once condenados a penas efectivas de cárcel, lo hagan en recintos penales de la Región del Biobío.

 por Claudia A. Fuentes Riveros 

Casi once años después de iniciada la investigación por la detención y desaparición de al menos 28 personas en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, región del Bío Bío, el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia condenando a un total 17 personas, entre ex uniformados y civiles.

Las penas de presidio establecidas por el ministro Aldana comprenden entre 10 años la más alta y 541 días la más baja. Sólo en este último caso se concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Santa Bárbara y Quilaco corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos donde hubo una estrecha colaboración entre carabineros, militares y civiles. Es así como en el caso de Santa Bárbara se pudo establecer que alrededor del 19 de septiembre de 1973, el jefe de la Tenencia de la localidad, Plante Euclides Aravena, formó la denominada “Fuerza de Colaboración Voluntaria con Carabineros de Chile”, con el objetivo de “buscar extremistas”.

Su primera operación ocurrió el 20 de septiembre, cuando el grupo de carabineros y civiles procedió a la detención de al menos siete personas en el fundo “El Huache”, situado a 8 kilómetros del pueblo y en el sector Los Junquillos.

Pero estas causas tienen una larga historia. El 14 de diciembre de 2000 se presenta una querella ante el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, que entonces estaba a cargo del juez Waldemar Koch, quien fue nombrado con dedicación preferente como resultado de la Mesa de Diálogo que se desarrolló durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Durante su gestión hubo sustanciales avances en las causas, ya que Koch también asume las acciones judiciales presentadas por casos de detenidos desaparecidos de Quilaco. Ya tenía claro los hechos e identificado a los responsables, pero no alcanzó a dictar procesamientos pues el 11 de diciembre de 2001 dejó el cargo por haber sido nombrado Juez del tribunal Oral de Angol.

Asumió entonces como juez, Miguel Salgado, quien por resolución de la Corte Suprema del 20 de junio de 2002, se dedicó en forma exclusiva la tramitación de las causas de derechos humanos existentes en su tribunal. Esto le permitió avanzar con mayor celeridad y es así como el 28 de octubre de 2002  ordenó la detención y procesamiento de nueve personas, cuatro ex funcionarios de carabineros y cinco civiles,  como responsables de la desaparición de 24 personas en la comuna de Santa Bárbara.

Posteriormente y tras el nombramiento del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, como ministro especial para las causas de derechos humanos, estos procesos -así como otros- pasaron a sus manos.

En ese marco, a comienzos de septiembre de 2005, el ministro Aldana decretó una serie de diligencias en terreno, entre ellas nuevas declaraciones y careos.

La sentencia

Fue así como finalmente, este miércoles 15 de junio, Aldana dictó sentencia de primera instancia en contra de 17 personas, entre ex uniformados y civiles, como responsables del secuestro calificado de 28 personas, ocurridos en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El magistrado dictó condena en contra de quienes participaron en los secuestros calificados de José Rafael Zúñiga Aceldini,  José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira,  Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann (todos ellos ocurridos en Santa Bábara); y de Cristino Humberto Cid Fuentealba, José Felidor Pinto, Luis Alberto Cid, Luis Alberto Bastas Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz,  Gabriel José Viveros Flores, Segundo Marcial Soto Quejón y José Roberto Molina Quezada (ocurridos en Quilaco).

Los sentenciados por los secuestros de Santa Bárbara son:
-Planté Euclides Aravena Sáez: 10 años y 1 día.  Sin beneficios.
-Héctor Isaías Echeverría Beltrán:  7 años y medio.  Sin beneficios.
-José Jaime  Godoy Godoy: 7 años. Sin beneficios.
-José Heraldo Pulgar Riquelme: 7 años. Sin beneficios.
-Jorge Denis Domínguez Larenas: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Sergio Amado Fuentes Valenzuela: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Jorge Eduardo Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-José Roberto Valdivia Dames: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Luis Enrique Ricardo Barrrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Manuel Dario Barrueto Barting: 6 años y medio. Sin beneficios.
-Pedro Segundo Ruiz Pardo: 541 días.  Se concedió el beneficio de la remisión condicional.

En tanto, los condenados por los secuestros de Quilaco son:
-Eugenio Villa Urrutia:  7 años. Sin beneficios.
-José Eleodoro Burgos Sandoval: 7 años. Sin beneficios.
-Juan Carlos Burgos Belauzarán: 7 años. Sin beneficios.
-Carlos Santiago Sepúlveda Rivera: 7 años. Sin beneficios.
-José Feliciano Gutiérrez Ortiz: 7 años. Sin beneficios.
-Exequiel del Carmen Celedón Barrera: 7 años. Sin beneficios.

Asimismo, se acogió la demanda civil planteada en contra del fisco, determinando que se debe cancelar $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Gretel del Carmen Godoy Acuña por el secuestro de su hermano Sebastián Campos Díaz; a Jacinta Godoy Acuña $80.000.000 (ochenta millones de pesos) por el secuestro de su cónyuge Manuel Salamanca Mella, y $15.000.000 (quince millones de pesos) por el secuestro de sus hermanos José Domingo, José Nazario y José Mariano Godoy Acuña; a Ana María D’ Apollonio Zapata $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre Sergio D’Apollonio Petermann; a Ana María Zúñiga Beroiza $70.000.000 (setenta millones de pesos) por el secuestro de su padre José Zúñiga Aceldini, y $10.000.000 (diez millones de pesos) por el secuestro de su tío José Secundino Zúñiga Aceldini.

Además, los condenados deberán pagar solidariamente $80.000.000 (ochenta millones de pesos)  a Norma Panes Panes (cónyuge de Miguel Cuevas Pincheira), y $40.000.000 (cuarenta millones de pesos a Maritza Pilar, Fabiola del Carmen, Víctor Hugo, Dorian Inés y Miguel Ángel Cuevas Panes (hijos de Miguel Cuevas Pincheira), ya que este grupo familiar no presentó acción contra el fisco.

Delegación de dirigentes de Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Exonerados Políticos del Régimen Militar, participaron de encuentro nacional, en la ciudad de Los Angeles, y la vez visitaron la comuna de Santa Bárbara, donde rindieron un homenaje a las víctimas de la represión, en memorial ubicado en nuestra comuna.

La actividad fue organizada por la Oficina PRAIS y de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Los Angeles, y Santa Bárbara, donde recordó a las víctimas y la memoria de estos, con una sencilla, pero emotiva ceremonia, en el acceso Norte del Puente Quilaco.

El alcalde de la comuna de Santa Bárbara, Daniel Salamanca Pérez, el Concejal de la comuna de Quilaco, Jorge Vallejos, y directivos de las organizaciones, provenientes desde diversos puntos del país, participaron de este evento, donde hicieron sentir, que aún “NO HAY OLVIDO Y PERDÓN”, por lo acontecido, en el pasado, lo que quedó reflejado en cada una de las intervenciones.

Intervino por la comuna de Santa Bárbara, su presidenta, Ana Dapollonio, quien recordó la pérdida de sus familiares, y que fueron lanzados al Río Bío Bío, y junto con ello, la inclaudicable lucha que han venido dando, como organización en los tribunales de justicia, para que se sepa la verdad de lo acontecido, con los desaparecidos, y que se haga justicia y se encuentre a los verdaderos responsables de estos hechos.

Por otra parte, Norma Panes, víctima también de la represión militar, que perdió a su esposo, Miguel Cuevas Pincheira, y a su primo, Juan Darío Pincheira Chávez, criticó duramente a quienes hasta el día hoy, gozan de libertad y caminan impune, por las calles de la comuna, y del resto del país.

Mientras que el alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, tuvo palabras de conciliación y afecto, para quienes fueron víctimas de la dictadura, señaló “que queremos que hechos como estos nunca más se vuelvan a repetir en Chile, y en ninguna otra parte del mundo, porque hace daño y desintegra a la sociedad misma”, así también solicitó a los familiares a estar unidos, a tener fe y esperanza en un futuro mejor, para las nuevas generaciones, pero manteniendo siempre vivo el recuerdo de aquellos que ya no están”.

Santa Bárbara, 24 nov (elmundo.cr) – Este miércoles los constituyentes de la Comisión de Derechos Fundamentales realizaron un homenaje a los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en por la dictadura del 73, de las comunidades de Santa Bárbara y Quilico.

El monumento que recuerda a las víctimas de encuentra frente al puente que une las comunas de Santa Bárbara y Quilico en la región del Biobío. Ahí están inscritos los nombres de esos 34 campesinos, trabajadores y pehuenches de la zona.

“Las futuras generaciones deben ser educadas en que los derechos humanos se respetan. Por eso este homenaje pretende que toda la comunidad de Santa Bárbara, toda la octava región y todo Chile, conozca nuestra historia. Esa historia que hoy día queremos reconstruir, y con ella construir un Chile con justicia para todas y todos”, señaló María Rivera, Convencional electa por el Distrito 8 y dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores.

El homenaje se realizó en el marco de la “Región Constituyente”, la primera vez que la Convención Constitucional sesiona durante una semana fuera de Santiago.

“Es muy importante que la convención salga a la calle. Que se haga en la calle. Que sean todos los habitantes los que participen, las mujeres, la juventud, los hombres, los que trabajan en el campo, en la industria, en la salud, en todas partes; porque hoy día tenemos un tremendo desafío: querré construir un bueno país entre todas y todos.

Por eso estamos aquí, rindiendo un homenaje a los que fueron víctimas de esa criminal dictadura”, puntualizó.

Este monumento fue atacado en febrero de este año por desconocidos, por lo que las agrupaciones de detenidos desaparecidos de Concepción, de Santa Bárbara y de Mulchén, además del Observatorio de Derechos Humanos de Latinoamérica, presionaron por su restauración.

En ese sentido, María Rivera respaldó el rescate de este memorial a las víctimas. “Como integrantes de la comisión de Derechos Fundamentales y ex integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos como centro la defensa de los derechos humanos y en ese sentido la memoria es muy importante”, concluyó

Como parte de las actividades de este miércoles, la Comisión de Derechos Fundamentales de la cual María hace parte, se reunió con el Alcalde y el consejo municipal de Santa Bárbara y posteriormente, un cabildo abierto en la localidad.