Cortés Alruiz Juan Elías

Rut : 4.568.351
F.Nacim. : 04 03 45, 31 años a la fecha de su detención
Domicilio : Cienfuegos 230, Depto.502, Santiago E.Civil : Soltero
Actividad : Empleado; ex estudiante de Mineralúrgica del Cobre, Universidad Técnica del Estado
C.repres. : Partido Comunista; ex dirigente sindical del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios (1973)
F.Detenc. : 29 de abril de 1976

Juan Elías Cortés Alruiz, soltero, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, ex dirigente sindical, militante comunista, su familia lo ve por última vez el 29 de abril de 1976, alrededor de las 09:30 horas. Desde entonces no se le volvió a ver. Sin embargo, a través de informaciones obtenidas por su familia, ha sido posible establecer que Juan Elías fue detenido alrededor del 7 de mayo (información que también obra en poder de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), en la vía pública, sin testigos, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo que a la fecha realizaba una intensa batida en contra de los miembros del Partido Comunista.
Aunque se carece de antecedentes relativos a las circunstancias particulares que rodearon su aprehensión, sí es sabido que su detención y desaparecimiento se inscribieron en una fuerte arremetida de la DINA en contra del Partido Comunista miembros de su Comité Central, dirigentes de distintas e importantes estructuras partidarias, sus enlaces y militantes ocurrida en el mes de mayo de 1976. En esa época, fueron detenidos dirigentes, todos los cuales, incluyendo al afectado permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Otros detenidos desaparecidos en esos días fueron Juan Elías Cortés, y el grupo conformado por Mario Jaime Zamorano, Onofre Jorge Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Patricio Donato y Elisa Escobar, detenidos en relación a la "ratonera" montada por la DINA en calle Conferencia (domicilio donde se reunía la Comisión Política del Partido Comunista). Posteriormente, el 7 de mayo, se detuvo a Fernando Antonio Lara y a José Manuel Guggiana. El 9 de mayo, lo fue Lenín Adán Díaz, y, al día siguiente, Marcelo Renán Concha Bascuñán. El 12 de mayo se detuvo al Subsecretario General del Partido Comunista, Víctor Manuel Díaz López. También ese día fue detenida Eliana Espinoza. El 18 de mayo, Rodolfo Marcial Núñez y, el 19 de ese mismo mes, César Domingo Cerda Cuevas. De todas estas personas se desconoce su suerte o paradero.
En relación a estos sucesos, la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), en declaraciones públicas emitidas en julio de 1976, señaló que "los Servicios de Inteligencia estaban en conocimiento de que el Partido Comunista había ordenado efectuar asilos masivos y realizar actos políticos con motivo de la realización de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se haría en Santiago". Ante esta situación, dichos servicios "resolvieron actuar contra las casas buzones (32 en total en Santiago) que este Partido mantiene para el enlace entre la Comisión Política y los diferentes regionales". Se agregaba que "en las casas buzón fueron detenidos aquellos miembros del Partido Comunista clandestino que se dedicaba a este tipo de enlace".
En un segundo comunicado, el 17 de julio de 1976, DINACOS informó que el Gobierno había estimado adecuado " entregar sólo una parte de los abundantes antecedentes, debiendo reservarse, por razones obvias, todos aquellos que afectan la investigación en curso referida a la acción subversiva del Partido Comunista". Por último, se afirmaba oficialmente que en dicho operativo "fue detenido un grupo importante de dirigentes comunistas clandestinos". Por su parte, la prensa de la época (Revista "Qué Pasa" del 12 de agosto de 1976) informó que, según lo declarado por el Gobierno, se habían desbaratado 32 casas buzones en un operativo realizado en contra de los comunistas en mayo de 1976. En el artículo periodístico se entregaban nombres de personas detenidas entre ellos, el de Bernardo Araya, Uldarico Donaire y Víctor Díaz que hasta hoy están desaparecidas.
La familia del afectado recorrió centros de detención, hospitales, Instituto Médico Legal, Comisarías, Investigaciones, acudió al Servicio Nacional de Detenidos (SENDET), etc, sin obtener informaciones sobre el paradero de la víctima, la que después del 11 de septiembre de 1973 tuvo que presentarse en su calidad de dirigente sindical a declarar en Investigaciones. Después de que se le tomaran sus datos, quedó en libertad, previa advertencia de que "podía ser detenido en cualquier momento".

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 17 de junio de 1976 se interpuso un recurso de amparo por el afectado en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 534 76. Con fecha 1º de julio, la familia se desistió de él.
Posteriormente se tramitó el amparo rol Nº 874 76, el que fue presentado en el mismo Tribunal anterior, el 9 de septiembre de 1976. En la presentación, Cecilia Maggie Cortés hermanastra de la víctima señalaba que poseían antecedentes ciertos de que el amparado se encontraba detenido desde hacía varios meses. Con el sólo informe del Ministro del Interior, señalando que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado (17 de septiembre de 1976), la Corte rechazó el recurso el 22 de septiembre de 1976, acordando remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.
Se apeló de la resolución ante la Corte Suprema, la que confirmó el fallo el 29 de septiembre de 1976.
Los antecedentes fueron acumulados a la causa rol Nº 85.150?7 del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, instruida por presunta desgracia del afectado, el 24 de junio de 1976. Durante la tramitación de este proceso, las autoridades una vez más negaron la detención de la víctima. El Coronel Roberto Guillard Marinot, Subsecretario de Guerra, respondió a un Oficio del Tribunal diciendo que cualquier consulta relativa a arrestos practicados en virtud del Estado de Sitio, debía ser hecha al Ministerio del Interior. Por su parte, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, oficiaba diciendo que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado (1º de julio de 1976). El Capitán de Carabineros Juan Manuel Vergara Villalobos, Secretario Ejecutivo Nacional Subrogante del SENDET, informó que el Ministerio del Interior había comunicado que no registraba antecedentes de la víctima, (7 de octubre de 1976). Siete meses después de ocurrido el desaparecimiento de Juan Elías Cortés, y sin que se lograra avanzar en la investigación, la familia solicitó que se oficiara a la DINA para que informara al respecto. El 16 de diciembre de 1976, el Ministro Benavides manifestaba que "por razones exclusivas de seguridad nacional, se ha dispuesto que toda información relativa a personas arrestadas o presuntivamente detenidas por infracción a las disposiciones vigentes sobre Estado de Sitio, se analicen a través de este Departamento de Estado".
El 28 de diciembre de 1976, Cecilia Maggie Cortés señaló al Tribunal que, por personas que habían recobrado su libertad, fue informada que su hermano Juan Elías se encontraba incomunicado en Villa Grimaldi, centro secreto de reclusión y tortura de la DINA. A raíz de ello, solicitó al Juez que se constituyera en dicho recinto. Efectivamente, el 28 de febrero de 1977, a las 19:20 horas, el Juez se constituyó en Villa Grimaldi. Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a efecto "por tratarse éste de un recinto militar". A las 19:30 horas, el Tribunal hubo de retirarse del lugar. Año y medio después, el 18 de julio de 1978, el Grupo Ad hoc de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se constituyó en Villa Grimaldi, acompañado por el General Odlanier Mena, entonces Director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) sucesora de la DINA por el Coronel Pantoja, por Miguel Alex Schweitzer y por dos testigos que habían permanecido recluidos en dicho lugar. En esa oportunidad, el grupo Ad?hoc quedó con el convencimiento previamente se constataron cada uno de los antecedentes entregados que Villa Grimaldi fue en realidad utilizada como recinto de detención por la CNI y por la DINA. No obstante el peso de toda la información acumulada, el ex Director de la DINA, General Manuel Contreras Sepúlveda, en declaración prestada ante al Ministro en Visita Servando Jordán López, en enero de 1980, reafirmó una vez más que Villa Grimaldi era sólo un lugar de tránsito, donde se fichaba a los detenidos para después dejarlos en libertad o enviarlos a los centros de reclusión que el Ministerio del Interior dispusiera.
Al no constituirse el Tribunal en Villa Grimaldi, se optó por cerrar el sumario el 7 de marzo de 1977. La Corte de Apelaciones revocó la medida el 12 de abril de 1977, ordenando al Tribunal practicar la constitución en Villa Grimaldi, hecho que aconteció el 11 de mayo del mismo año. La Juez, Raquel Camposano, constató que existían numerosas piezas numeradas, no encontrando detenidos en el lugar. Se puso fin a la diligencia y el 20 de mayo se volvió a cerrar el sumario y a sobreseer temporalmente la causa. La Corte confirmó el fallo el 15 de julio de 1977.
En junio de 1980, Medalia Alruiz madre del desaparecido presentó una querella criminal por el delito de secuestro ante el Ministro en Visita Servando Jordán López, designado en calidad de tal por la Corte Suprema para investigar los casos de detenidos? desaparecidos denunciados en Santiago (marzo de 1979). En la presentación se señalaba como responsable del delito a una organización clandestina dependiente de la DINA y se solicitaba la citación a declarar del Capitán de Ejército Germán Jorge Barriga Muñoz, quien participó en las detenciones ocurridas en 1976; al Cabo 2º de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos, por los mismos motivos; a Julio Lorenzo Leyton Robles, quien también había sido integrante de la DINA; al Sargento 1º de Carabineros, Heriberto del Carmen Acevedo; al médico Luis Hernán Santibáñez Santelices; y al ex jefe de la DINA, Teniente Coronel de Ejército Vianel Valdivieso Cervantes. El Ministro Jordán acogió la querella y reabrió el sumario el 15 de julio de 1980, ordenando la citación al Tribunal de los agentes mencionados.
Luis Hernán Santibáñez Santelices reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Tarico y en donde se habría atendido un funcionario de la DINA. Cuando se le exhibió la foto del afectado, dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. Informó que la Clínica London había atendido a Vianel Valdivieso, a quien siempre vio de civil.
Por su parte, el Sargento de Carabineros Heriberto Acevedo, dijo haber pertenecido a la llamada "Brigada Lautaro", dependiente de la DINA, cuyo jefe era Germán Jorge Barriga, la que estaba integrada por Luis Hernán Troncoso y Julio Lorenzo Leyton. Informó que él trabajaba en una "renoleta" con Troncoso Vivallo. Dijo que le daban el nombre de algunas personas, averiguaban sus domicilios en el Gabinete, constataban que efectivamente la persona se encontrara en el lugar e informaban a Germán Barriga. Afirmó no haber participado en detenciones.
Emilio Hernán Troncoso Vivallos, confirmó la versión de Acevedo. Cabo 1º de Carabineros, había ingresado a la DINA en noviembre de 1973, formando parte de la "Brigada Caupolicán", la que después pasó a llamarse "Brigada Lautaro". Dijo que el jefe de ésta era el Mayor Juan Morales Salgado y que el Coronel Vianel Valdivieso era el superior de Morales. Afirmó no recordar si le correspondió averiguar el paradero de personas del Partido Comunista en 1976. Agregó que había hecho guardia en Londres 38 y en Villa Grimaldi, pero que éstos no eran lugares de detención.
Al acudir a declarar Julio Lorenzo Leyton Robles, Cabo 1º de Ejército, dijo no haber pertenecido nunca a la DINA, pero que su hermano fallecido el 29 de marzo de 1977 sí había pertenecido a los Servicios de Inteligencia. Al proceso se adjuntó el certificado médico del doctor Osvaldo Leyton Bahamondes, constatando el fallecimiento de Manuel Jesús Leyton Robles a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardíaca. En el certificado de defunción se señala como lugar de fallecimiento la calle Almirante Barroso Nº 76, dirección donde funcionaba la Clínica London.
Manuel Leyton Robles y Heriberto del Carmen Acevedo, el 21 de marzo de 1977, estuvieron directamente involucrados en el asalto y robo con violencia cometido en contra del comerciante Marcel Duhalde Garat. Mientras este último conducía su vehículo Renault, año 71, fue interceptado por los dos agentes, los que manejaban otro Renault de características similares. Leyton y Acevedo trasladaron a Duhalde, maniatado y amordazado, hasta el sector de La Obra, en donde lo dejaron abandonado previo robo de su vehículo, dinero, reloj y documentos. La búsqueda del Renault fue encargada al servicio especializado de Carabineros, este equipo especializado detuvo a Leyton y allanó su domicilio, el 24 de marzo de 1977. El agente confesó que su cómplice era Acevedo, quien también fue detenido. En los allanamientos realizados en los respectivos domicilios se encontraron, entre otros, armas de distinto tipo y calibres (fusiles, revólveres, corvos, 190 cartuchos de munición AKA, etc.); trece tarjetas con fichas confidenciales y con fotos de personas; cédulas de identidad; un estuche de madera conteniendo fotos de personas; tarjetas de identificación de la DINA; padrones de vehículos; numerosas placas de patentes del año 1976; un automóvil Renault de la DINA, y un vehículo perteneciente al detenido desaparecido Daniel Palma. Ambos agentes recuperaron su libertad por la intervención del Teniente Coronel de Ejército, Vianel Valdivieso.
Por su parte, Mireya Barra Bustamante, esposa de Manuel Leyton, declaró, en agosto de 1980, ante el Ministro en Visita y en el proceso seguido por el desaparecimiento de Miguel Ovalle Narváez, que su marido había sido llevado a una clínica ubicada en calle Almirante Barroso por compañeros suyos. Agregó que él falleció al día siguiente a consecuencia de un paro cardíaco y que la DINA había corrido con todos los gastos del funeral.
Cuando el Ministro Jordán citó a declarar a Vianel Valdivieso y a Germán Jorge Barriga, el Teniente Coronel Raúl Benavides Escobar, en esa fecha Ministro de Defensa Nacional, respondió que "en atención a la naturaleza de las funciones que desempeñan dichos Oficiales no es posible que se ausenten del lugar en que se encuentran prestando sus servicios; por tal motivo y con el objeto de colaborar con la acción de la justicia, se solicita que se sirva tener a bien disponer la práctica de la diligencia al Sr. Fiscal de turno en Santiago", (15 de octubre de 1980). El 23 de octubre del mismo año, el Ministro en Visita respondió a Benavides que dichos Oficiales figuran "como querellados – inculpados en tres procesos (incluyendo el de la víctima) y, debido a ello, este Ministro Instructor no está facultado para delegar funciones".
Recién el 26 de noviembre de 1980, acudió a prestar declaraciones el Mayor de Ejército, Germán Jorge Barriga Muñoz. Testimonió que había ingresado a la DINA a mediados de 1974, permaneciendo en dicho organismo hasta fines de 1977. Informó que su labor específica consistía en realizar investigaciones encomendadas por el Director Manuel Contreras Sepúlveda. Señaló que era falso que formara parte de algún grupo denominado "Lautaro" o "Caupolicán". sin embargo, reconoció haber trabajado junto a Emilio Hernán Troncoso, a Heriberto Acevedo y a Manuel Jesús Leyton. Dice que su Unidad no tenía como labor específica detener a personas del Partido Comunista; agregando que, como resultado de las investigaciones que realizaban, a veces detenían personas, las que eran entregadas a Tres Alamos. Aseguró ignorar la existencia de Cuatro Alamos.
También ese 26 de noviembre declaró Vianel Valdivieso Cervantes, Teniente Coronel de Ejército, reconociendo su participación en la DINA desde 1974 y hasta su disolución. Su labor específica se relacionaba con la ingeniería electrónica (profesionalmente es Ingeniero Electrónico), sin haber pertenecido a alguna Unidad denominada "Lautaro" o "Caupolicán". Afirmó no haber participado nunca en detenciones.
Aunque el Mayor Juan Morales Salgado nombrado por Emilio Hernán Troncoso como jefe de la "Brigada Lautaro", no declaró en el proceso del afectado, sí lo hizo en la causa por el desaparecimiento de Gabriel Castillo Tapia. En ese proceso, en julio de 1980, reconoció su pertenencia a la DINA, haberse desempeñado como Capitán en la Escuela de Artillería de Linares y haber estado a cargo de la "Brigada Lautaro" durante un mes, recibiendo órdenes directas de Manuel Contreras.
El 13 de marzo de 1981, se cerró el sumario. Se apeló de la resolución y el 20 de julio del mismo año, la Corte de Apelaciones confirmó la medida del Ministro en Visita. El 20 de agosto de 1981 se sobreseyó temporalmente la causa, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 16 de noviembre de 1981, después de la apelación correspondiente.

Este viernes la Universidad de Santiago concederá por gracia, en forma póstuma y simbólica, los títulos universitarios profesionales a 38 estudiantes detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura militar.

Emilio Daroch, presidente de la Corporación Solidaria UTE-Usach, gestor de esta iniciativa, explicó que esta Universidad fue un lugar donde la dictadura aplicó con más fuerza la violencia. “Es significativo reparar y dar justicia a situaciones de extrema violencia que se vivieron a lo largo de varios años en nuestra Universidad”, señaló.

Esta iniciativa cobra sentido como una forma de desagraviar a personas que durante su participación como estudiantes en la comunidad universitaria sufrieron las consecuencias de la dictadura, como los casos emblemáticos de Gregorio Mimica en 1973 o Mario Martínez, dirigente estudiantil asesinado a fines de los ‘80.

En la ceremonia serán los familiares quienes recibirán los diplomas. “Estuvimos en permanente contacto con las familias de algunos compañeros desaparecidos, pero hubo dos o tres casos en que no pudimos encontrar a nadie”, se lamentó Daroch, quien explicó que la de este viernes será la primera entrega de títulos, ya que hay antecedentes de más ejecutados o desaparecidos en el periodo. “Este proceso no se ha cerrado, estos son los casos que se pudo acredita… Esperamos realizar otra titulación como ésta más adelante”.

Los estudiantes víctimas de la dictadura que serán titulados en forma póstuma son:

Rafael Araneda Yévenes, Jorge Aravena Mardones, Jaime Buzzio Lorca, Ricardo Campos Cáceres, Claudio Contreras Hernández, Renzo Contreras Jorquera, Juan Elías Cortés Alruiz, Manuel Cortéz Joo, Alfonso Díaz Briones, Antonio Elizondo Ormaechea, Oscar Fuentes Fernández, Luis González Mella, Francisco González Ortíz, Patricio Guarategua Quinteros, René Lucero Muñoz, Zacarías Machuca Muñoz, Rafael Madrid Gálvez, Juan Bosco Maino Canales, Adolfo Mancilla Ramírez, Agustín Martínez Meza, Mario Martínez Rodríguez, Gregorio Mimiça Argote, Eugenio Montti Cordero, Leopoldo Muñoz Andrade, Ramón Núñez Espinoza, Eduardo Ojeda Disselkoen, Fernando Olivares Mori, Pedro Oyarzún Zamorano, Michelle Peña Herreros, José Peña Maltés, José Manuel Ramírez Rosales, Enrique Reyes Manríquez, Hugo Ríos Videla, Ricardo Rioseco Montoya, Carlos Santibáñez Romero, Carlos Terán de la Jara, Jaime Vásquez Sáenz y Francisco Viera Ovalle.

El acto, que será encabezado por el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, se llevará a efecto en el Aula Magna del Plantel, el viernes 6, a las 11.30 horas. Y posteriormente, en el patio de la ex Escuela de Artes y Oficios, se develará una placa conmemorativa con los nombres de los titulados.

Informe de la Comisión de Reconciliación Universitaria de 1991, actualizado a 40 años del golpe de Estado de 1973.

cuando me estaba levantando, llamaron de la universidad para avisarme que un grupo de personas de civil había asaltado la radio de la UTE, destruido la antena y ametrallado la sala de transmisiones. Después supimos que era gente de la Armada, de la unidad que tenían en Quinta Normal. […] Los estudiantes se reunieron y acordaron quedarse en la UTE.                        Enrique Kirberg Rector de la Universidad Técnica del Estado

Sello Editorial USACH, primera edición septiembre de 2013