Claudet Fernández Jean Yves

El primero de noviembre de 1975, agentes de seguridad detuvieron en el Hotel Liberty de Buenos Aires a Jean Yves CLAUDET FERNANDEZ, de nacionalidad franco-chilena, militante del MIR. La víctima había sido procesada en Chile con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 y se encontraba en Argentina después de un corto exilio en Francia. Allí participó activamente en la reorganización del MIR realizando labores de relevancia en el equipo de inteligencia de esa organización política.

La Comisión llegó a la convicción de que los autores del secuestro fueron miembros de la DINA que actuaron directamente o en coordinación con agentes de seguridad de la República Argentina. En efecto, se tuvo conocimiento del hecho de que la DINA envió varios antecedentes, tales como fotografías, a sus agentes en Buenos Aires para ubicar a Jean Claudet. La detención de un correo del MIR de apodo "Daniel" pudo dar al organismo de seguridad las pistas necesarias para su localización en el Hotel bonaerense.

La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos y estima que existen graves presunciones de que Jean Ives Claudet haya sido ejecutado en Argentina, con participación de la DINA, a juzgar por las inequívocas referencias que se hacen en comunicaciones escritas de un agente de la DINA en Argentina, que la Comisión pudo conocer.

(Informe Rettig)

Un juez que investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet solicitó a las autoridades estadounidenses permiso para recoger el testimonio del ex secretario de estado Henry Kissinger.
Kissinger abandonó Francia el mes pasado sin responder a la citación del magistrado, y la embajada estadounidense lo disculpó diciendo que el ex funcionario tenía otras cosas que hacer, y que de todos modos la información solicitada era confidencial.
Le Loire había citado a Kissinger para que declarase sobre el presunto papel desempeñado por Estados Unidos en el asesinato de personalidades de oposición en Chile durante la dictadura instaurada por Pinochet, quien asumió el poder mediante un golpe de estado en 1973.
Un vocero de la embajada norteamericana lamentó en ese entonces que el magistrado hubiese acudido directamente al ex secretario de estado con la petición, y le recomendó acudir directamente al Departamento de Estado.
La justicia francesa dijo que en 1999 había enviado un pedido oficial a Washington, cuando el presidente era el demócrata Bill Clinton, pero que no se había recibido respuesta alguna.
El Plan Cóndor
Uno de los franceses desaparecidos, el izquierdista Jean-Yves Claudet-Fernandez, fue una de las víctimas del Plan Cóndor, según la pesquisa de Le Loire.
El juez también considera a Pinochet responsable de las desapariciones del activista Alphonse Chanfreau, del sacerdote Etienne Pesle y de Georges Klein, quien había sido asesor de Salvador Allende. Le Loire libró orden de captura contra Pinochet en 1998.

El abogado de Contreras aseguró que su representado está dispuesto a declarar por exhorto en el caso de los cinco ciudadanos franceses desaparecidos entre 1973 y 1975.
Al respecto Manns recalcó que "la conducta del general Contreras ha sido la de colaborar siempre con las acciones de justicia y que también ha colaborado con otros exhortos provinientes de otros países".
El profesional dejó en claro que en este caso particular el ex uniformado no tiene ningún incoveniente de recibir al juez Billar en su lugar de detención para responder a las preguntas que sean necesarias.
Ante el hecho de que un juez extranjero como el francés Roger le Loire pida antecedentes de un caso que se trató fuera de su país, el abogado dijo que es una situación que "tendría que verla con mayor certeza". Sin embargo, aseguró que esta causa estaría enmarcada dentro del ámbito de lesa humanidad, la cual, además de no estar dispuesta en nuestro país, se encuentra sobreseída por la aplicación de la ley de amnistía.
Recordemos que los cinco franceses identificados son Alfonso Chanfrau, Juan Ives, Marie Louis Pesle, Jorge klein y Amiele Massiel, todos ellos desaparecidos entre los años 1973 y 1975.
La diligencia que será realizada por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billar, está fijada para el próximo jueves 5 de julio. Por último, el abogado Manns señaló que en el transcurso de las próximas 72 horas pedirá al juez instructor Juan Guzmán Tapia que entregue el beneficio de libertad provisional a Manuel Contreras, quien se encuentra bajo arresto domiciliario

El ex director de la disuelta DINA, general en retiro Manuel Contreras, se negó por segunda vez consecutiva a declarar en el marco de la investigación que lleva la justicia francesa por la desaparición de cinco ciudadanos chileno-franceses durante el gobierno militar.
Contreras fue interrogado ayer lunes en su domicilio por el juez del Primer Juzgado del Crimen, Joaquín Billard, quien de esa forma cumple un exhorto autorizado por la Corte Suprema, que envió el juez del Gran Tribunal de París, Roger Le Loire.
En 1999 Roger Le Loire inició la investigación por la desaparición y muerte del estudiante Alfonso Chanfreau, el ex sacerdote Etienne Pesle, el médico George Klein, el ingeniero químico Jean-Ybes Claudet Fernández y Marcel Amiel Baquet.

El juez francés Roger Le Loire pidió la difusión mundial de esta medida a través de la Interpol. Las órdenes de captura serán remitidas en las próximas horas a la Fiscalía de París e incluyen al oficial de policía Gerardo Godoy García Paul Schaefer, al teniente coronel(r) Miguel Krasnoff Martchenko, al brigadier (r) Pedro Espinosa Bravo, y al coronel (r)Marcelo Moren Brito
La inclusión en este proceso judicial del caso del mirista Alfonso Chanfreau, hizo que el magistrado incluyera en su lista a toda la plana mayor de la disuelta DINA y de la brigada de investigación metropolitana de ese organismo represivo, la BIM.
Así las nuevas órdenes de detención están encabezadas por el ex director de ese servicio de inteligencia, Manuel Contreras, y por Paul Schaefer Schneider, líder de la ex Colonia Dignidad, enclave germano acusado de participar en múltiples violaciones a los derechos humanos.
Contreras, está bajo arresto domiciliario en Chile por la desaparición del ex gerente de CobreChuqui David Silbermann, también está reclamado por la justicia francesa por complicidad de secuestro acompañado de torturas de Claudet Fernández.
Por este último caso, el magistrado francés ha pedido igualmente la detención de Enrique Arancibia Clavel, y del coronel (r) Raul Iturriaga Neumann y el brigadier (r) José Octavio Zara Holger.
Las órdenes de arresto por presunto "secuestro acompañado de torturas" o por complicidad de este crimen, firmadas hoy por Le Loire, serán transmitidas a la Fiscalía de París.
El juez solicitó la difusión mundial de esta determinación a través de Interpol y el requerimiento será transmitido a las autoridades chilenas a través del Ministerio Justicia francés.
La medida judicial es cáracter preventivo, pero fuentes cercanas al proceso precisaron que las órdenes de arresto emitidas equivalen "virtualmente" a un procesamiento, pues con ellas podrán ser juzgados en rebeldía.
La instrucción del sumario, en la que Le Loire ya había emitido ordenes de arresto contra Pinochet, de 85 años, y otros dos militares chilenos, está prácticamente concluida, con lo cual el juicio contra todos ellos podría tener lugar el año próximo, señalaron las fuentes.
Los otros oficiales chilenos procesados
Los cinco franceses desaparecidos son Etienne Pesle (el 19 de septiembre de 1973 en Temuco), Alphonse René Chanfreau (el 30 de julio de 1974), Georges Klein (en el asalto de los golpistas al palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973), Jean-Yves Claudet Fernández (1 de diciembre de 1975 en Buenos Aires en el plan Condor), y René Amiel Baquet.
En el caso de Pesle, las órdenes internacionales de arresto firmadas hoy por el juez parisino van dirigidas contra Emilio Sandoval Poo, que participó en su detención; y Andrés Pacheco Cardenas, que presuntamente era el comandante del campamento donde fue torturado.
Con respecto a Klein, el juez ha ordenado la detención del general retirado Javier Palacios Ruhmann, que supuestamente dirigió in situ el asalto a la Moneda y ordenó la captura de quienes estaban allí; Luis Ramirez Pineda, comandante del campamento de Tacna, y el oficial Rafael Ahumada Valderrama.
En el caso de Baquet, que vivía en la frontera argentino-chilena, la investigación no determinó que se tratara de un asesinato, más bien se cree que su muerte fue accidental, por lo cual se espera su sobreseimiento.
Por otra parte, el juez Le Loire sigue a la espera de una respuesta de Estados Unidos para poder tomar declaración indagatoria sobre la Operación Cóndor al ex secretario de Estado y ex consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Henry Kissinger.
Varios documentos desclasificados a finales del año pasado muestran que los servicios secretos de EEUU (CIA) estaban al tanto de la existencia y los objetivos del plan Cóndor desde 1976, y varios de esos documentos estaban firmados por el propio Kissinger

Los militares chilenos (ex-agentes de la DINA) cuya captura fue solicitada hoy por el juez francés Roger Le Loire, que investiga la desaparición de cinco franceses durante el régimen militar chileno, dijeron que no reconocen la jurisdicción a tribunales extranjeros.
Entre los inculpados por Le Loire figura Manuel Contreras, que fue jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Pedro Espinoza, que fue su lugarteniente, el general en retiro Eduardo Iturriaga y Paul Schaefer, que dirigió un enclave alemán donde fueron secuestrados opositores a la dictadura.
En declaraciones a EFE, los abogados Juan Carlos Manns y José Luis Sotomayor, que defienden a algunos de los inculpados, negaron hoy las atribuciones del magistrado francés en este caso: "Nuestros defendidos no reconocen jurisdicción a la justicia francesa".Juan Carlos Manns, abogado del ex jefe de la DINA, subrayó que siempre prima el principio de la "soberanía jurídica que tiene cada país".
Agregó, además, que no hay ningún tribunal penal internacional que esté requiriendo a estas personas y que, si así fuera, Chile tendría que haber firmado y ratificado la convención que le dio nacimiento.
Por lo tanto, a su juicio, es imposible que, como han señalado fuentes judiciales en París, los imputados por "presunto secuestro con torturas", puedan ser juzgados en rebeldía.
"Si acaso fueran juzgados y procesados en rebeldía, significa que no hay un debido proceso", remarcó el abogado del ex jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet.
José Luis Sotomayor, abogado del brigadier en retiro José Zara, coincidió con estas apreciaciones y agregó que el secuestro (desaparición) no es a su juicio un delito de lesa humanidad sino estrictamente de orden penal.
En ese contexto, reafirmó que "en este caso prima la jurisdicción de cada país y no de tribunales extranjeros".
Por el lado de los querellantes, la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos (AFDD) reaccionó con alegría ante la decisión del juez Roger Le Loire.
"Esta es una muy buena noticia y una resolución muy importante que puede contribuir a que en este país se imite ese ejemplo", dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación.
Según Díaz, se trata de crímenes contra la humanidad cometidos contra ciudadanos franceses que "no prescriben ni pueden ser amnistiados" y frente a los cuales "el Estado chileno tiene la obligación de responder".
Agregó que la resolución va a ayudar a que la Corte Suprema revierta el sobreseimiento temporal dictado contra el ex dictador Augusto Pinochet en el caso "Caravana de la Muerte" y acoja el recurso de casación interpuesto por los querellantes contra el cierre del caso.
Para la vicepresidenta del organismo, Mireya García, el dictamen del juez francés "demuestra que el derecho internacional se sigue imponiendo y que los violadores de los derechos humanos en definitiva nunca van a poder vivir tranquilos". García agregó a EFE que hay países "donde la justicia se ejerce más allá de las coyunturas políticas, de las presiones y de los acuerdos de procesos de transición".
El juez Roger Le Loire investiga desde 1998 la desaparición de los chileno-franceses Alfonso Chanfreau, Etienne Pesle, Georges Klein, Jean-Ives Claudet Fernández y René Amiel Baquet

El coronel retirado argentino José Osvaldo Ribeiro fue detenido hoy en Buenos Aires a petición de la Justicia de Francia para juzgarle por la desaparición del ciudadano franco-chileno Jean Ives Claudet. Fuentes judiciales dijeron que el "arresto preventivo con fines de extradición" de Ribeiro fue dispuesto por el juez federal Sergio Torres quien, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, tramita el pedido de Francia. La solicitud de detención del juez francés Roger Le Loire, vía Interpol, está vinculada al secuestro y desaparición de Jean Ives Claudet Fernández en Buenos Aires en 1975, un año antes del golpe de Estado que dio lugar a una dictadura militar de siete años. Los abogados de los familiares de los desaparecidos franceses manifestaron su satisfacción por la detención, que se produce dos días después de que el Gobierno argentino plasmara en un decreto su decisión de rechazar todos los pedidos de extradición formulados por jueces extranjeros que investigan los crímenes de la dictadura. En ese sentido los abogados dijeron que "la decisión" del arresto de Ribeiro es una "señal positiva" porque se produce después que el lunes entrara en vigor el decreto que fija la posición de la administración de Fernando de la Rúa. Agregaron que ahora se abre un plazo de cuarenta días para que la Justicia de Francia curse la petición de extradición del coronel retirado argentino. "Las familias esperan que el juez actúe en consecuencia cuando se reciba el pedido", señalaron. El Gobierno dejó claro que rechazará cualquier solicitud de extradición, aunque se compromete a denunciar ante la Justicia nacional todos los casos en los que los magistrados extranjeros aporten en sus requerimientos "antecedentes, documentación o pruebas" vinculadas con delitos cometidos durante la dictadura argentina.

“La justicia chilena es olvidadiza y con lagunas”, denunció el lunes en París la abogada francesa Sophie Thonon, a dos días del inicio de un juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena (1973-90).
En conferencia de prensa en presencia de familiares de las víctimas, la abogada lamentó “los medios extremadamente limitados” con que contó la justicia chilena para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, aunque subrayó el esfuerzo desplegado por el juez chileno Juan Guzmán que estuvo “a un paso de condenar a Augusto Pinochet estando vivo”.
“Pero todos sabemos que la justicia chilena es olvidadiza y con lagunas”, afirmó Thonon, que el miércoles será la encargada de abrir la presentación de las partes querellantes contra los 14 acusados de secuestro, tortura y desaparición de cuatro franceses ante el Tribunal de lo Criminal de París.
Georges Klein, consejero del difunto presidente chileno derrocado por el golpe militar Salvador Allende; el ex sacerdote Etienne Pesle; Alphonse Chanfreau, líder estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago, Temuco y en Buenos Aires.
Su colega William Bourdon, que representará a las familias Klein, Chanfreau y Pesle, coincidió en que los juicios llevados a cabo en “Chile han sido fragmentarios, parcelarios y sin prestar atención a la arquitectura de la represión”.
Por esa razón Bourdon subrayó el “valor simbólico e histórico de este juicio, pues será el único proceso que permitirá hacer una fotografía judicial precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor instaurado por el general Augusto Pinochet”.
El juicio concluirá el 17 de diciembre. Ese mismo día el Tribunal presidido por el juez Pierre Kremer anunciará la sentencia

Trece militares chilenos, entre los que se cuenta el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras (en la foto), y un uniformado argentino, serán juzgados en ausencia en Francia, entre el 8 al 17 de diciembre, por la desaparición de cuatro franceses.
Georges Klein, consejero del Presidente Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, el dirigente del MIR, Alphonse Chanfreau, desaparecieron entre 1973 y 1975 en Chile. Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR, desapareció en Buenos Aires. Manuel Contreras es acusado en los cuatro casos por “secuestro acompañado de tortura y actos de barbarie”, según las actas judiciales.
Por la desaparición de Georges Klein están acusados además los generales Herman Julio Brady y Luis Joachim Ramírez Pineda y el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama. En el caso de Etienne Pesle está acusado el oficial de la FACh, Emilio Sandoval Poo.
Por la desaparición de Alphonse Chanfreau están acusados el brigadier general del Ejército, Pedro Espinoza Bravo; el coronel de Carabineros, Gerardo Godoy García; los coroneles Miguel Krasnoff Matchenko y Marcelo Moren Brito y el suboficial del Ejército Basclay Humberto Zapata. En el caso de Jean Yves Claudet Fernández están acusados los generales José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y el teniente coronel argentino José Osvaldo Riveiro.

La justicia francesa condenó el viernes en ausencia a penas de 15 años de prisión a cadena perpetua a una docena de militares y un civil chilenos y a un militar argentino por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
El general retirado Manuel Contreras, fundador de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política del régimen, encarcelado actualmente en Chile, fue condenado a cadena perpetua por decisión del Tribunal en lo Criminal de París presidido por el juez Hervé Stephan.
A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la jerarquía de la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo, sostuvo el magistrado al leer la sentencia que pone punto final al juicio en ausencia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura pinochetista.
George Klein, Etienne Pesle y Alphonse Chanfreau desaparecieron en Chile y Jean Yves Claudet desapareció en Argentina, todos ellos entre 1973 y 1975.
El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles retirados Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko.
El magistrado francés reafirmó la vigencia de la orden de detención emitida por la justicia francesa en mayo de 2005 contra los militares condenados. De la lista inicial fue absuelto José Octavio Zara Holger, por fallecimiento.
En presencia de un centenar de familiares, principalmente los hijos de los cuatro desaparecidos, de ex compañeros de trabajo y de expertos legales que llegaron desde Chile, España y Francia, concluyó así un juicio en ausencia iniciado el 8 de diciembre, 12 años después de iniciada esta causa en Francia, en octubre de 1998, justo cuando Pinochet era detenido en Londres.

A José Osvaldo 'Balita' Ribeiro, exnúmero dos del Batallón 601 de inteligencia, lo responsabilizan de centenares de desapariciones de opositores en Argentina. Estuvo en Honduras cinco años entrenando a los grupos 'Contra'.

Cayó uno de los represores mas buscado: Osvaldo Ribeiro.

Uno de los represores emblemáticos de Inteligencia militar durante la dictadura fue detenido esta tarde en Buenos Aires. El coronel retirado José Osvaldo Riveiro, ex número dos del Batallón 601, fue apresado al intentar atenderse en el Hospital Argerich. Estaba prófugo y se ofrecían 100 mil pesos de recompensa por datos que aportaran a su captura.

Cuando el represor dio sus datos en recepción, el sistema lo detectó como prófugo y se llamó a la policía. Una vez en el hospital, se constató que era el hombre que revistaba detrás del general Alfredo Valín durante la represión ilegal, con pedido de captura de Francia, donde fue condenado a 25 de prisión en 2010. Según se informó, quedó internado bajo vigilancia policial, con diagnóstico de “demencia senil”. También lo requiere la justicia federal de Mendoza.

Apodado “Balita” y “Rawson”, fue clave en el andamiaje represivo desde el Batallón 601 de Inteligencia Militar. La justicia francesa lo condenó por su participación en el secuestro y desaparición del franco-chileno Jean-Yves Claudet, a quien una patota se llevó del Hotel Liberty, en Florida y Corrientes. En ese

Jean Yves Claudet Fernández.

operativo, a fines de 1975, el 601 actuó en sintonía con la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, que buscaba al dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez pero se encontró con la pista de Claudet, que hacía de correo entre los dirigentes del MIR exiliados en Francia y los que se hallaban en la Argentina.

Riveiro actuó durante la dictadura bajo el ala del general Guillermo Suárez Mason. Y luego asesoró a la contra nicaragüense operando en Honduras. De allí que sus andanzas exportando el know how del terrorismo de Estado lo convirtieran en un nombre repetido en los Archivos del Terror, los documentos hallados a fines de 1992 en Paraguay y que certifican la Operación Cóndor, esto es, la existencia de una alianza represiva en los 70 entre los países del Cono Sur.

El caso Claudet lo llevó a la cárcel por pedido de Francia en 2001, pero salió en libertad gracias a la normativa del gobierno de Fernando de la Rúa  que obstaculizó los procesos de extradición de represores. Lo cual no impidió la acción judicial en Europa, que en noviembre de 2010 convirtió al coronel en el segundo represor, después de Alfredo Astiz, en ser condenado en ausencia por la justicia francesa.

Antes, Riveiro revistó como funcionario del menemismo. Fue director de Relaciones Institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), dependiente del Ministerio de Defensa. Cuando se supo que era funcionario, el entonces ministro Jorge Domínguez echó la culpa al Ejército por su contratación, admitiendo su paso por el IAF entre junio de 1997 y marzo de 1999.

“Los argentinos nos enseñaron a utilizar la capucha de goma para asfixiar a los prisioneros mientras los interrogábamos. Los métodos eran simples pero muy dolorosos: sentábamos desnudo a los hombres y después les colocábamos una canastilla en los testículos en la que, de a poco, metíamos piedras o maíz. También nos enseñaron a dar descargas eléctricas, sobre una cama de metal”, contó el ex miembro de la contra José Valle en 1995, acerca de cómo era la instrucción recibida por los militares argentinos que conducía Riveiro.(extracto)

enviado por Red Charquicán.

El presidente de la asociación de ex presos políticos chilenos es esperado el sábado en Saintes.

El juicio de 14 líderes de la ex junta militar chilena sospechosos de haber secuestrado a cuatro franceses durante los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1) concluirá hoy en París. Se lleva a cabo desde el miércoles 8 de diciembre ante el Tribunal de lo Penal.Ninguno de los acusados, ex soldados que ahora tienen entre 61 y 89 años, ha comparecido. Creyendo que la justicia francesa no tiene que procesarlos, ningún abogado los representa, tampoco, en el colegio de abogados. Finalmente, como Chile no extradita a sus nacionales, las órdenes de captura emitidas por magistrados franceses han tropezado con un final de inadmisibilidad.

Un juicio sin jurado

Por lo tanto, el juicio se desarrolló en rebeldía. Solo están presentes las familias de los cuatro franceses desaparecidos, Georges Klein, Alphonse Chanfreau, Étienne Pesle, un ex sacerdote, y Jean-Yves Claudet-Fernandez. Tras doce años de múltiples acercamientos a la justicia francesa, obtuvieron este juicio en rebeldía, llevado a cabo por tres magistrados profesionales en ausencia de jurados populares. Estas familias exigen una condena colectiva simbólica. Desde un inicio han estado acompañados por Ricardo Parvex, presente a su lado durante este juicio.

Cuando el general Pinochet tomó el poder en septiembre de 1973, Ricardo Parvex trabajaba en la reforma agraria de su país y participaba activamente en el MIR, un movimiento de extrema izquierda. Fue arrestado por militares en 1975 y pasó muchos meses en campos de prisioneros de la junta militar antes de ser expulsado de Chile.

Profesor en Francia

Viviendo en Francia desde 1976, Ricardo Parvex enseña la geografía del desarrollo allí y continúa haciendo campaña con ex presos políticos chilenos que se han refugiado en Francia.

El sábado, a las 20:30 horas, será el invitado del Comité de Amistades Iberoamericano-Franco-Chileno de Saintes. Durante una conferencia que dará en la sala Saintonge (núm. 1, 2 y 3), declarará sobre el juicio de París que finaliza esta tarde.

Su intervención estará precedida por extractos de la película de Patricio Guzmán titulada “Le cas Pinochet”.(1) Luego de su golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el General Pinochet permaneció en el poder durante diecisiete años, al frente de Chile.

La vicepresidenta de Codepu conoce de cerca el sistema francés de justicia y derecho humanitario, porque fue la cara visible de la organización en la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el juicio seguido en París contra ex agentes de la dictadura por los crímenes de ciudadanos franco-chilenos durante el régimen de Pinochet. En medio del descontento del oficialismo por el asilo del ex frentista en Francia, la neuropsiquiatra emplaza a la derecha chilena.

"Absurdas”. Esa es la palabra que Paz Rojas, integrante de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), elige para describir las distintas peticiones del Gobierno de Sebastián Piñera y los partidos políticos oficialistas -bajo la batuta de la UDI- para revertir la medida de asilo otorgada por Francia al ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

En conversación con El Mostrador, la neuropsiquiatra, que durante la dictadura fundó un equipo que clandestinamente atendió a las víctimas de tortura, familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, asegura que "no me extraña que Francia le haya dado el asilo (a Palma Salamanca)”.

“Francia conoce muy a fondo todo lo que los chilenos vivieron, vivimos y estuvieron muy cerca siempre de nosotros. Francia nos acogió como hijos y Francia conoce este tipo de cosas”, reflexiona la vicepresidenta de Codepu, quien recordó que durante el régimen de Augusto Pinochet debió abandonar el país, puesto que ella y sus colaboradores eran requeridos por la DINA.

Además, Rojas tuvo palabras sobre la carta que envió el Presidente Piñera a su par francés, pidiendo su intervención directa en el caso: "Yo no creo que Macron tome en cuenta eso. Y además, existen organismos en Francia como la OFPRA (Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas) que le da el refugio (a Palma Salamanca) y que es muy independiente del Gobierno", manifestó.

Cuando no hubo extradición desde Chile

La activista conoce de cerca el sistema francés de justicia y derecho humanitario, porque fue la cara visible de la organización en la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el juicio seguido en París contra ex agentes del Estado por los crímenes de un grupo de franco-chilenos durante la dictadura.

En 1998, luego de la detención de Pinochet en Londres, se interpuso una querella en Francia por los ciudadanos franceses asesinados o desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, solicitándose el arresto inmediato de éste y su extradición para ser juzgado ante los tribunales franceses.

Finalmente, en ese caso, en un fallo histórico, la Corte Penal de París condenó el 17 de diciembre de 2010 a 13 acusados, entre ellos a la cúpula de la DINA, a penas de prisión entre 15 años y cadena perpetua, por el secuestro y la tortura de Alfonso Chanfreau, Jean-Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. Sin embargo, el pedido de extradición galo fue denegado por Chile, primero por la ministra Rosa María Maggi, decisión que luego fue ratificada por la Corte Suprema.

Ese hito es recordado ahora que desde la derecha chilena se acusa a Francia de ser “cómplice del terrorismo”, por asilar al imputado por el crimen del senador UDI Jaime Guzmán. Dicha reacción contrasta con el silencio que tuvieron para otros casos, como el de los franceses asesinados bajo la dictadura de Augusto Pinochet. A la reacción de la condena contra la decisión del organismo francés también se han sumado rostros de la ex Nueva mayoría, quienes han abogado por la extradición de Palma Salamanca para que cumpla su condena en Chile.

Para Rojas, esto refleja que “todos los gobiernos, incluido la Concertación, han hecho una justicia no en la profundidad que merecía esta dictadura que duró 17 años y que encarceló, torturó, hizo desaparecer y ejecutó. O sea, todas las cosas que hicieron los sucesivos gobiernos para mí son absolutamente insuficientes”.

Algunos de los ciudadanos franco-chilenos víctimas de la dictadura:

Alfonso Chanfreau Oyarce: Detenido desaparecido desde el 30 de julio de 1974, a la edad de 23 años, casado, una hija, estudiante de filosofía en la Universidad de Chile en Santiago. Fue arrestado en su domicilio en Santiago, por agentes de la DINA. Trasladado a la casa de torturas de calle Londres 38. Al día siguiente detienen a su esposa, Erika Hennings, quien es trasladada al mismo lugar en donde fueron torturados por agentes de la DINA.  En agosto de 1974, es trasladado a un lugar desconocido y desde esa fecha está desaparecido.

Jean Yves Claudet Fernández:  Detenido desaparecido desde el 1 de noviembre de 1975, en Buenos Aires. Tenía 35 años, casado, 2 hijos, ingeniero químico. Detenido en dos ocasiones después del 11 de septiembre de 1973 y procesado ante la Fiscalía Militar. Repatriado a Francia en 1974, llega a Argentina en 1975. Agentes de la DINA en marco del "Plan Cóndor", lo detienen en un hotel en Buenos Aires y desde esa fecha permanece desaparecido.

Georges Klein Pipper: Detenido desaparecido desde el 11 de septiembre de 1973, médico, asesor del Presidente Salvador Allende. Tenía 27 años en esa fecha, casado, una hija. Arrestado junto al último grupo de personas que se encontraban al interior de La Moneda después del bombardeo. Trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.

Etienne Pesle De Menil: Detenido desaparecido desde el 19 de septiembre de 1973 en Temuco. Ex sacerdote, 49 años en esa fecha, casado, 2 hijos. Fue arrestado en su lugar de trabajo (INDAP) ante numerosos testigos por personal de la Fuerza Aérea y militares, y llevado en una camioneta con destino desconocido. Desde esa fecha permanece desaparecido.

Otros franceses víctimas de la dictadura son:

Enrique Ropert Contreras: 20 años, militante del Partido Socialista, estudiante de Economía en la Universidad de Chile, hijo de Miria Contreras, secretaria del Presidente Allende. El 11 de septiembre de 1973 a las 08.30 hrs, Ropert llegó a La Moneda a dejar a su madre; cuando ella se baja del vehículo, Carabineros lo detiene. Fue trasladado hasta la Intendencia, desde donde fue conducido a la Sexta Comisaría de Carabineros de Santiago, según el Informe Rettig.  En esa dependencia de Carabineros fue el último lugar donde se le vio con vida. Días después su cuerpo fue encontrado en una de las riberas del río Mapocho, bajo un puente.

Andre Jarlan Pourcel: Sacerdote francés. Vicario de la Parroquia de la Victoria en Santiago. Murió al ser impactado por una bala disparada por Carabineros durante la Jornada de Protesta Nacional del 4 de septiembre de 1984, mientras se encontraba orando en la habitación de su domicilio. La familia presentó querella criminal contra Carabineros. Dos nuevas querellas fueron presentadas el 20 de noviembre de 1998, ante los tribunales de París.

Rene Marcel Amiel Baquet: Detenido desaparecido desde 1977 en Mendoza, Argentina. Fue arrestado por agentes chilenos y argentinos.  

Cuando faltan 24 horas para que el Tribunal en lo Criminal de París pronuncie su veredicto contra 12 militares y un civil chileno más un militar argentino, todos implicados en la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet, los abogados de las familias reclamaron a la justicia de Francia que "les restituya la dignidad" y, a través suyo, a "todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la justicia".

Doce militares y un civil chilenos, entre éstos Manuel Contreras, ex jefe de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía política), y un militar argentino, son juzgados en ausencia en Francia por secuestro y tortura desde el pasado 8 de diciembre. Los acusados podrían ser condenados a cadena perpetua, pena que Francia aplicó en 1990 al ex capitán de la marina argentina, Alfredo Astiz, por la desaparición durante la dictadura argentina (1976-83) de dos religiosas francesas, Sophie Domon y Leonie Duquet.

En nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Claude Katz reclamó al Tribunal de lo Criminal de París una "sentencia que restituya la dignidad de la que han sido despojados (…), una sentencia que refleje la victoria del derecho contra la barbarie".

Georges Klein, consejero del difunto presidente chileno derrocado por el golpe militar Salvador Allende; el ex sacerdote Etienne Pesle, que trabajaba en la reforma agraria en el sur de Chile; Alphonse Chanfreau, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) secuestrado en Santiago; y Jean Yves Claudet Fernández, militante del MIR secuestrado en Buenos Aires, desaparecieron entre 1973 y 1975.

"Este no es sólo el proceso de los cuatro franceses, sino de todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la justicia", sostuvo la abogada Sophie Thonon, en nombre de la familia Claudet y de la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en Francia (AEXPPCH), antes de afirmar que "este juicio es una etapa decisiva en la búsqueda de la verdad 37 años después" de los hechos.

Junto al espacio vacío destinado a los acusados que calificó de "habitáculo de la cobardía", el abogado William Bourdon sostuvo que este proceso "fue posible gracias a las familias" a quienes una sentencia del tribunal "permitirá escribir el acta de defunción de sus seres queridos".

En un enfático alegato durante el cual nombró repetidamente a los hijos de los cuatro desaparecidos, Bourdon lamentó que "este juicio a la dictadura chilena (…) no se haya llevado a cabo" cuando Pinochet aún estaba vivo.

"Si usted estima que deben ser condenados, ello provocará un movimiento sísmico que incitará a la justicia chilena a ir hasta el final", afirmó Benjamin Serfati, abogado de la Corporación para la Promoción y la Defensa de los derechos del Pueblo (CODEPU) dirigiéndose al presidente del Tribunal.

La dictadura dirigida por Pinochet, el gran ausente en este juicio, fallecido el 10 de diciembre de 2006 en Santiago, dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos y unas 30.000 personas sufrieron la tortura.

Serfati denunció la "represión preparada, metódica y sistemática" que aplicó el régimen chileno que, con la desaparición de personas, quiso "abolir la memoria".
El Tribunal de lo Criminal de París, presidido por el juez Hervé Stephan, escuchará el viernes la requisitoria del fiscal Pierre Kramer, tras la cual deliberará y anunciará su sentencia, 12 años después de iniciada la instrucción, en octubre de 1998, justo cuando el juez español Baltasar Garzón lograba la detención en Londres de Pinochet.

En presencia de los hijos de los cuatro desaparecidos y de más de medio centenar de familiares y testigos llegados de Chile, España y Francia, Serfati saludó "la dignidad de estos cuatro franceses que, como Allende, quisieron quedarse en Chile" tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Compañero Georges Klein, ¡presente!; compañero Alphonse Chanfreau, ¡presente!; compañero Etienne Pesle, ¡presente!; compañero Jean Yves Claudet, ¡presente!", repitió el abogado en el final de su alegato, acompañado por algunas voces de la sala en el tribunal parisino.

En 2013, la Corte Suprema rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. «Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición», sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre las espaldas de la derecha chilena. Apenas se confirmó que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas entregaría asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, todo tipo de acciones de advertencia y rechazo comenzaron a planificarse.

De hecho, pese a que no tiene competencia al respecto, el Gobierno anunció que entregarán una nota de protesta ante la Embajada de Francia, mientras que Piñera informó que enviará una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, para exigir que se cumpla con el tratado de extradición que existe entre Chile y Francia. 

«Le voy a enviar una carta al Presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos y él me confirmó que la primera decisión la tenía esta oficina independiente del Gobierno francés», señaló en El Informante.

Llama la atención la persistencia del oficialismo porque se cumpla el tratado de extradición entre ambos países, un interés que no han mantenido cuando ha sido la justicia francesa la que se ha interesado en procesar a criminales chilenos. De hecho, en noviembre de 2013 pasado, la jueza Rosa María Maggi rechazó extraditar a diez ciudadanos chilenos condenados en Francia -en ausencia, en diciembre de 2010- por la muerte de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La sentencia de la jueza integrante de la Corte Suprema estableció que «es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición, dado que se trata de hechos acaecidos a partir del 11 de setiembre de 1973 y cuyo principio de ejecución se sitúa dentro del territorio de nuestro país».

De esta manera, la jueza negó la extradición de los oficiales Luis Ramírez Pineda, Emilio Sandoval Poo, Blascay Zapata Reyes, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchentko, Gerardo Godoy García, Marcelo Moren Brito y Rafael Ahumada Valderrada.

Enrique Arancibia Clavel y de Herman Brady, dos de los condenados en el juicio desarrollado en París, murieron poco después de la sentencia.

Desaparición forzada, tortura y asesinatos de cuatro ciudadanos franceses

El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal en lo Criminal de París condenó a los diez ex agentes de la dictadura de Pinochet a penas que iban desde los 15 años de prisión a presidio perpetuo, por su participación en los asesinatos y desaparición forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce, Georges Klein Pipper, Jean-Ives Claudet Fernández y Ettiene Pesle.

Georges Klein era consejero del presidente Allende, mientras que el ex sacerdote Etienne Pesle trabajaba en la reforma agraria y Alphonse Chanfreau, estudiante de Filosofía de la U. de Chile, se desempeñaba como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los tres desaparecieron en los primeros años del régimen, entre 1973 y 1975, mientras que Jean Yves Claude, también militante Mir, desapareció en Buenos Aires.

Por estos hechos, tanto Manuel Contreras, fundador de la DINA, como el agente Pedro Espinoza fueron condenados a cadena perpetua por la instancia judicial en Francia. 

Sin embargo, en su resolución, la jueza Maggi argumentó que los casos estaban siendo investigados por tribunales chilenos, a quienes «incumbe prioritariamente el conocimiento y fallo de los hechos por los que se formula el requerimiento, existiendo en la actualidad en Chile una multiplicidad de procedimientos orientados a determinar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales e identificar a sus responsables».

En octubre de 2011, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una misión especial a Chile para solicitar a las autoridades chilenas que cumplieran con las órdenes de detención decretadas en contra de los responsables del asesinato, torturas y desaparición de los cuatro ciudadanos franceses.

Las palabras del fiscal general del país, Francois Falleti, quedaron marcadas tras el fallo condenatorio en Francia: «Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (…) y debe lanzar un mensaje claro», sostuvo, argumentando que crímenes de dicha índole «deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar».

«Lo expuesto descarta la competencia subsidiaria que invoca el estado requirente por lo que, compartiendo el parecer de la señora Fiscal Judicial, no se estima procedente dar inicio formal a la investigación conforme al artículo 646 del Código de Procedimiento Penal», cerró el fallo de la justicia chilena.

Más tarde, en enero de 2004, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal confirmó la resolución en un fallo dividido. La mayoría de los condenados se encuentra hoy cumpliendo penas en Chile por crímenes de lesa humanidad, aunque la justicia tardó en procesar a algunos.

El empresario temuquense Emilio Sandoval Poo recibió su condena recién en mayo de 2016 por el el secuestro calificado del sacerdote francés Etienne Pesle de Menil, un delito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973 en Temuco.