Cerda Cuevas César Domingo

Rut : 1.415.352
F.Nacim. : 01 08 28, 47 años a la fecha de su detención
Domicilio : Copérnico 4832, Población Mussa, San Miguel, Santiago
E.Civil : Casado, tres hijos
Actividad : Obrero de la Construcción
C.Repres. : Partido Comunista, Comité Central; Ex dirigente Agrario de la Federación Campesina e Indígena "Ranquil" (1973); Dirigente Nacional de la Central Unica de Trabajadores (CUT) (1973); representante del Gobierno en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) (1970-1973)
F.Detenc. : 19 de mayo de 1976

César Domingo Cerda Cuevas, casado, tres hijos, obrero de la construcción, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido sin testigos el 19 de mayo de 1976, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, en las inmediaciones de la Estación Central, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Ese día había salido de su hogar a las 09:30 horas, diciéndole a su esposa ?señora Eufemia Torres? que iba a buscar trabajo. Efectivamente, César Domingo Cerda se encontraba cesante y solía salir hacia distintos sectores. Aunque le dijo a su cónyuge ?con quien ya llevaba casi 30 años de matrimonio? que volvería a almorzar, no retornó más a su hogar.
No obstante carecer de testimonios directos de la detención del afectado, todos los antecedentes indican que ésta ocurrió en los términos relatados por su esposa. Según informaciones de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, César Domingo Cerda Cuevas fue visto en Villa Grimaldi ?centro secreto de detención y tortura de la DINA? desde donde se perdió su rastro. Además, hechos previos confirman que César Domingo estaba siendo buscado por los Servicios de Seguridad desde hacía ya un tiempo. El 11 de septiembre de 1975, llegaron hasta su hogar agentes que preguntaron por él. El 11 de enero de 1976, a las tres de la mañana, su domicilio fue allanado por efectivos de seguridad armados con metralletas y con un brazalete amarillo en el brazo izquierdo. Después de registrarlo todo, y al no encontrarse el afectado en su casa, se retiraron, llevándose consigo una foto de la víctima.
Por otra parte, la detención y desaparición de César Domingo Cerda Cuevas es parte de una serie de operativos de la DINA en contra del Partido Comunista , miembros de su Comité Central, dirigentes de distintas e importantes estructuras partidarias, sus enlaces, y militantes , realizada en el mes de mayo de 1976. En esta época, entre otros, fueron detenidos 11 altos dirigentes del Partido, todos los cuales, incluyendo al afectado, permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Entre éstos se detiene el día 3, a Miguel Luis Morales. Después se producen las detenciones de Mario Jaime Zamorano, Onofre Jorge Muñoz, Uldarico Donaire, Jaime Patricio Donato y Elisa Escobar, en la "ratonera" montada en Calle Conferencia (domicilio donde se reunía la Comisión Política del Partido Comunista).
Posteriormente, el 7 de mayo, fue detenido Fernando Antonio Lara , dirigente regional del Partido Comunista, y el 9 de mayo lo fue Lenín Adán Díaz. El 10 de mayo, la DINA detuvo a Marcelo Renán Concha; y el 12 de mayo fue detenido el Subsecretario General del Partido Comunista, Víctor Manuel Díaz López. También ese día se detuvo a Eliana Espinoza. El 18 de mayo fue detenido Rodolfo Marcial Núñez. Por último, el 19 de mayo de 1976, fue detenido César Domingo Cerda, quien, además de haber sido dirigente sindical, era miembro del Comité Central del Partido Comunista. En todas estas acciones tuvo participación directa la DINA, permaneciendo la víctima desaparecida.
En relación a estos hechos, la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) , organismo oficial del Gobierno de la época, en declaraciones públicas emitidas en julio de 1976, señaló que los Servicios de Inteligencia habían detectado una serie de acciones que el Partido Comunista emprendería en el mes de mayo de 1976. Fue así como dichos Servicios "resolvieron actuar contra las casas buzón (32 en total en Santiago) que ese Partido mantiene para el enlace entre la Comisión Política y los diferentes regionales". Se agregaba que en las casas buzón "fueron detenidos aquellos miembros del Partido Comunista clandestino que se dedican a este tipo de enlace". Por su parte, la prensa de ese entonces (Revista "Qué Pasa" del 12 de agosto de 1976) informó que, según lo declarado por el Gobierno, se desbarataron 32 "casas buzón" en un operativo que se realizó en contra de los comunistas. En el artículo periodístico se informaba de la detención de militantes de esa colectividad política, dando, incluso, los nombres, entre otros, de Bernardo Araya, Uldarico Donaire, Víctor Díaz, como algunos de los personeros detenidos. Hasta hoy, ellos tienen la calidad de detenidos desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 11 de junio de 1976 se interpuso un recurso de amparo por el afectado en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº509 76. Durante la tramitación de éste, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó al Tribunal que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, el 18 de junio del mismo año. Sólo sobre la base de esta diligencia y esta información, la Corte rechazó el amparo el 25 de junio de 1976. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema, la que confirmó el fallo el 30 de junio del mismo año, ordenando remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.
De esta manera, el 13 de julio de 1976, el 7º Juzgado del Crimen de Santiago instruyó la causa rol Nº78.373?5. A este proceso se acumuló, el 4 de mayo de 1977, una denuncia de presunta desgracia que se había interpuesto por la desaparición del afectado en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago (14 de julio de 1976). En respuesta a una orden judicial, Investigaciones informó al Tribunal haber hecho averiguaciones en diferentes establecimientos carcelarios, sin lograrse resultados positivos. Se agregaba que la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) afirmaba que César Domingo Cerda "no se encontraba detenido por motivos políticos". A su vez, el Ministro del Interior, General Benavides, señalaba, el 11 de agosto de 1976, que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.
El 30 de septiembre de 1976, el Tribunal solicitó al Ministro de Defensa Nacional antecedentes relativos a la aprehensión de César Domingo Cerda. La respuesta la dio el Coronel Roberto Guillard Marinot, Subsecretario de Guerra, el 25 de octubre de 1976, consignando que "los arrestos que se practican en virtud de las facultades que confiere el Estado de Sitio se realizan de acuerdo a atribuciones que se encuentran centralizadas en el Ministerio del Interior". Casi un año después, el 25 de mayo de 1977, nuevamente el Ministro Benavides informó al Tribunal. En esta oportunidad, agregaba que la DINA carecía de antecedentes de Cerda Cuevas.
Sin que se hubiesen producido avances en la investigación judicial, se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa, el 23 de junio de 1977. El 26 de octubre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución.
Por su parte, la familia del afectado realizó distintas gestiones tendientes a ubicar el paradero de la víctima. Se solicitó la colaboración de la Cruz Roja Internacional; se escribió al Ministro del Interior, de Defensa Nacional, de Justicia; se enviaron los antecedentes a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas; a la Comisión Internacional de Juristas, etc. Todo ello sin resultados positivos.
El 1º de agosto de 1978, la familia de César Domingo Cerda Cuevas, junto a familiares de otros 70 detenidos?desaparecidos, acudió al 10º Juzgado del Crimen de Santiago para adherir a una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar, la que los radicó en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago. La causa fue rolada con el Nº 553 78.
En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos.
Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa ,la que aún se encontraba en etapa de sumario, por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
(Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

El Partido Comunista (PC) de Chile rindió homenaje a miembros de su dirección asesinados por agentes de la dictadura en 1976 en lo que pasó a la historia como el crimen de la calle Conferencia.

Así, cumpliendo todos los resguardos y permisos necesarios en medio de la pandemia de Coviod-19, una representación simbólica de esa organización acudió a ese punto de esta capital donde depositaron flores en recordación a sus compañeros caídos hace 44 años en el enfrentamiento a las fuerzas represivas de Augusto Pinochet.

Los hechos ocurrieron en los primeros días de mayo de 1976, cuando agentes de la tenebrosa Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), fue apresando uno a uno a los dirigentes del PC en el inmueble ubicado en la calle Conferencia 1587.

Estos fueron Víctor Manuel Díaz, Secretario General del PC, Jorge Muñoz, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Mario Zamorano, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Diaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Eliana Espinoza Fernández y César Cerda Cuevas.

Todos fueron trasladados a distintos centros clandestinos de detención y tortura, hasta ser desaparecidos, condición en la que se encuentran hasta hoy.

Asimismo este domingo, a las 21:00 hora local, vía Facebook Live y Youtube, se hizo un homenaje a esas mujeres y hombres víctimas de la represión dictatorial, con la participación de los cantautores Jorge Coulón, Roberto Márquez, Rocío Rojas y Manuel García.

En la transmisión habló el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien recordó que en mayo de 1976 una Dirección Nacional completa de la organización fue secuestrada, torturada, ejecutada y desaparecida en un hecho horrendo.

Teillier señaló que los comunistas seguirán exigiendo verdad y justicia, cruzándose en el camino de la derecha y de los adoradores de la dictadura que quieren impunidad para los criminales, y que jamás aceptarán la negación de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.

Añadió que desde el 18 octubre del año pasado, ante las movilizaciones sociales, el gobierno de derecha reinstaló la violación de derechos humanos como práctica política, y la criminalización de los ciudadanos, calificando de delincuentes y violentistas a quienes protestaron.

A fines de mayo de aquel año en los comités regionales del PC se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo -esta última alejada de la organización por motivos de salud-. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik.

En la madrugada del día 30 de abril de 1976, cerca de las 3:30 horas, agentes de la DINA, apoyados en las inmediaciones por integrantes del Comando Conjunto, llegaron hasta la casa ubicada en calle Conferencia 1587, en el sector surponiente de la comuna de Santiago, donde funcionaba un taller de carteras, propiedad del  obrero marroquinero Juan Becerra Barrera. Le dijeron que su cuñada, María Teresa Zúñiga, quien vivía en la calle Alejandro del Fierro 5113, en Quinta Normal, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Becerra accedió a acompañarlos, subiéndose al vehículo en que se movilizaban. De inmediato fue esposado, vendado y trasladado hasta la Villa Grimaldi.

Ese fue el inicio de una operación diseñada por los mandos de la DINA para capturar a la cúpula del Partido Comunista. Punto favorable para los objetivos de Manuel Contreras fue el haber logrado la colaboración de Elisa Escobar Cepeda, enlace de Mario Zamorano, detenida por los agentes de la DINA a fines de marzo o comienzos de abril de 1976.

Becerra era amigo de Zamorano desde comienzos de los años sesenta, y en 1974 el dirigente del Partido le había pedido ocupar su casa de Conferencia para efectuar reuniones cada dos o tres meses. Zamorano también llegaba con frecuencia a la vivienda de la madre de Becerra, ubicada en la calle Alejandro del Fierro, en la comuna de Quinta Normal. Elisa Escobar conocía ambos lugares y entregó sus características, además de las probables fechas de las reuniones, a los hombres de la DINA.

Así, aquella noche de fines de abril los agentes de la brigada Purén, apoyados por otras agrupaciones del cuartel Terranova, detuvieron a varios de los moradores de ambas casas, a los que torturaron durante casi dos días antes de llevarlos de nuevo a sus domicilios y montar las ratoneras en espera de los dirigentes comunistas que acudirían a la cita programada.

El 30 de abril los agentes ocuparon la vivienda de Alejandro del Fierro y retuvieron allí a cuatro adultos y un niño de diez años. Ana María Becerra, hermana de Juan, casada con Julio Maigret, uno de los retenidos en la casa de Quinta Normal, se enteró de lo que allí ocurría y acudió el 2 de mayo a dar aviso a la Vicaría de la Solidaridad. En ese lugar se encontró con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y le contó lo que estaba pasando con su familia. El prelado, portando unos medicamentos que requería uno de los apresados en la casa de Alejandro del Fierro, se apersonó en la vivienda inquiriendo a los agentes de la DINA por su proceder. Éstos quisieron retenerlo también, pero uno de los jefes del grupo decidió dejarlo ir. Alvear comunicó por escrito al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia lo que había presenciado.

No obstante aquella circunstancia, cinco agentes de la DINA se instalaron el 2 de mayo en la casa de Conferencia y a sus ocupantes los obligaron a simular que estaban trabajando en el taller de marroquinería que funcionaba en el lugar.

Los dirigentes comunistas convocados a la reunión entrarían sin mayores precauciones, salvo que faltara una cierta cartera colgada en la ventana, la señal convenida para advertir sobre un peligro inminente. Becerra había cedido en la Villa Grimaldi a las tortura y confirmó los detalles de la cita en su casa. Lo que Becerra no sabía era que a esa reunión, programada para tratar el tema sindical, debía asistir el propio Víctor Díaz, que a última hora fue marginado por seguridad y reemplazado por Jaime Donato, miembro de la Comisión Sindical del Partido.

El 3 de mayo Elisa Escobar acudió a la casa de Conferencia para avisar que al día siguiente Mario Zamorano llegaría con otras personas.

A las 19 horas del 4 de mayo, ignorante de las detenciones ocurridas en las horas anteriores, se apersonó en el taller de Conferencia Mario Zamorano, uno de los máximos dirigentes del Partido. Todo estaba aparentemente normal e ingresó tirando del cordel que abría la puerta. Dos hombres le cayeron encima; intentó resistir, pero le dispararon en una pierna y cayó sangrando profusamente. Lo envolvieron en una frazada y lo arrastraron a una pieza interior. Sólo minutos después ingresó a la trampa Jorge Muñoz Poutays, miembro también de la Dirección.

Esa madrugada una camioneta se llevó a los detenidos. A la mañana siguiente, miércoles 5 de mayo, llegó a la casa Jaime Donato Avendaño, miembro del Comité Central y encargado del Frente Sindical. Poco después apareció Uldarico Donaire, conocido como «Rafael Cortez», otro de los máximos responsables del Partido, encargado de la Comisión de Control y Cuadros.

Elisa Escobar volvió a la casa el 6 de mayo, cerca de las 13:30 horas. Preguntó por Zamorano y, en una evidente operación de encubrimiento, fue detenida por los agentes de la DINA.

Estando en manos de la DINA, Elisa Escobar acudió el 8 de mayo a la casa de Eliana Espinoza, enlace de Víctor Díaz, y al no encontrarla le dejó un recado con su padre, donde le pidió que se juntaran en un determinado punto de Santiago. Eliana Espinoza llegó al lugar, pero no encontró a nadie. Fue en ese momento cuando la DINA inició su seguimiento.

Entretanto, Víctor Cantero, miembro también de la Dirección del Partido, llegó a una reunión de los comités regionales de Santiago, a la cual debían asistir Donaire y Muñoz, los que no aparecieron. La reunión se levantó de inmediato y cundió la inquietud entre los dirigentes.

Tras el aparente fallido contacto con Elisa Escobar, Eliana Espinoza decidió ir a ver a Víctor Díaz para hacerle presente su preocupación. Se reunieron el 11 de mayo y, al término de la cita, ella quedó de volver para sacarlo del lugar.

Víctor Díaz, cabeza del comunismo criollo en la clandestinidad, fue detenido a las 2:00 de la madrugada del 12 de mayo de 1976, por un numeroso contingente de la DINA. Bajo el nombre de José Santos Garrido Retamal, residía con un matrimonio amigo donde el dueño de casa era el ingeniero Jorge Canto Fuenzalida, en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. Periódicamente lo visitaba una mujer llamada «Ana», que realmente era Eliana Espinoza Fernández, su enlace con la plana mayor del PC.

Cuando ese día 11 Eliana llegó a visitarlo estaba visiblemente alterada. Hablaron como siempre en voz baja y en un aparte. Ella se retiró muy luego. Esa noche, cerca de las 2:00 de la madrugada del día 12, insistentes timbrazos despertaron a la familia. Al asomarse a la calle, el dueño de casa pudo ver a seis sujetos de civil armados, algunos con ametralladoras largas. Uno de los agentes gritó: «¡Somos de la DINA!».

Sacaron a Víctor Díaz de la casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Iba vestido con su pijama, con zapatos sin calcetines y una chaqueta sobrepuesta sobre los hombros. Llevaba las manos atadas a la espalda y, a causa de los fuertes y numerosos golpes, tenía un ojo semicerrado, el labio inferior hinchado, respiraba con dificultad y caminaba y cojeaba más que de costumbre.

Al día siguiente, la ofensiva de la DINA prosiguió con la detención de Fernando Lara Rojas, 27 años, dirigente regional del PC en Talca y que desde 1975 colaboraba con un equipo del Partido en Santiago. El 19 de mayo, ante un llamado de Eliana Espinoza para encontrarse, fue detenido en la calle César Cerda Cuevas, 47 años, obrero de la construcción, dirigente nacional de la CUT e integrante del Comité Central. Fue visto por última vez en Villa Grimaldi en septiembre.

A fines de mayo, en los comités regionales se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo, esta última alejada de la organización por motivos de salud. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik. A continuación, a Eduardo Cantero y a Clara Cantero de 22 años, hermano e hija de Víctor, respectivamente. Los restos de Eduardo fueron encontrados en 1990 en el fundo Las Tórtolas, que había sido terreno militar. De Clara aún no se encuentra nada. Desapareció desde Villa Grimaldi.

A mediados de julio de 1976 la División Nacional de Comunicación Social, Dinacos, informó que los organismos de seguridad habían logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, las que servían de enlace entre la Dirección y los regionales de dicho partido.

Los oficiales que comandaban la represión directa contra el PC condujeron a los dirigentes comunistas a lugares secretos de detención. Desde Villa Grimaldi los llevaron al cuartel de Simón Bolívar, donde fueron sometidos a feroces tormentos y usados, además, como conejillos de experimentación por Michael Townley, quien buscaba probar en humanos los efectos del gas sarín que había logrado producir el químico Eugenio Berríos.

En los últimos días de aquel mes de julio, lo que quedaba de la Dirección del PC instruyó a Víctor Cantero y a Inés Cornejo para que abandonaran el país y entregaran a otro equipo la dirección del Partido. Antes, a fines de mayo y luego de una rápida consulta entre los sobrevivientes del Comité Central, se coincidió en que el elegido debía ser Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central. En medio de condiciones dramáticas, donde cada día algún dirigente desaparecía, Fernando Ortiz asumió la conducción del PC secundado por Waldo Pizarro, Horacio Zepeda y Fernando Navarro. A fines de octubre, Cantero y Cornejo se asilaron en la embajada de Italia. También se ordenó hacerlo a Luis Canales, Virginia González y Víctor Galleguillos.

A principios de agosto de 1976 se inició otro devastador golpe en contra del aparato de Organización del PC. Al mediodía del 4 de agosto fue detenido en la vía pública, muy cerca de su casa, Hugo Vivanco Vega; poco después capturaron a su esposa, Alicia Herrera, en su domicilio. El día 5, en su casa, fue arrestado Oscar Ramos Garrido, ex intendente de Llanquihue, miembro del Comité Central y encargado de Organización, y su hijo Oscar Ramos Vivanco.

El 9, fueron detenidos Víctor Morales Mazuela, José Corvalán Valencia, Mario Juica Vega, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, todos dirigentes intermedios vinculados a los organismos de Dirección. El mismo 9, apresaron a Marta Ugarte Román, integrante del Comité Central. El 10 de agosto cayó Nicolás Vivanco, hijo de Hugo. El 7 había desaparecido Manuel Vargas Leiva, ex alcalde de Tiltil y miembro del Comité Central. El 11 de agosto, Miguel Nazal Quiroz, integrante del Comité Central y secretario del regional de San Miguel; y Carlos Vizcarra Jofré, ex dirigente de la Jota que había pasado al Partido; el 16, Julio Vega Vega, dirigente sindical; el 18, Nelson Jeria, secretario del Regional Norte de Santiago; el 26, el Comando Conjunto detuvo a Víctor Cárdenas, y la DINA, a Gabriel Castillo Tapia y Pedro Silva Bustos, miembros del equipo de Organización que mantenían contactos con los regionales.

El 12 de septiembre de 1976, un ciudadano francés admiraba los rompientes de la playa La Ballena, en el balneario de Los Molles, cerca de La Ligua, cuando entre los roquerios vio el cuerpo atado de una mujer que había sido arrojado por el mar. Era Marta Ugarte, la tesorera del PC, secuestrada a comienzos de agosto, antes de llegar a su casa.

En las semanas previas habían aparecido varios cuerpos desfigurados en las riberas del río Maipo. Exhibían huellas de balazos y estaban amarrados con alambre desde el cuello a las piernas, dentro de sacos paperos.

La segunda dirección del PC empezó a caer el 9 de diciembre, al ser detenido Armando Portilla Portilla, miembro del Comité Central. El 13, en la vía pública y ante numerosos testigos, fue capturado Fernando Navarro Allende, también miembro del Comité Central.

Dos días después, el 15 en la mañana, fueron detenidos en la rotonda Lo Plaza, en Ñuñoa, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Esa misma tarde cayeron, en calle Larraín, Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizarro Molina, y en otros barrios de Santiago, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, 29 años, embarazada de cinco meses.

Tres días después fueron secuestrados por la DINA Lisandro Cruz Díaz y el mirista Carlos Durán González. El 20 de diciembre, con la detención de Edras Pinto Arroyo, ex secretario de los diputados del PC, terminó la ofensiva de la DINA en contra de los comunistas.

A los detenidos se les torturó hasta matarlos. Se les inyectó cianuro y otras sustancias letales. Se les arrancó de su boca las tapaduras de oro que algunos poseían. Se les quebraron los huesos. Se les asfixió con bolsas plásticas. Se experimentó en ellos con gas sarín. Se les aplicó un soplete para borrarles sus rostros, cicatrices, huellas dactilares y cualquier otro rastro que permitiera identificarlos. Finalmente, sus cuerpos fueron introducidos en sacos paperos, con pedazos de rieles amarrados con alambre, subidos a helicópteros del Ejército y lanzados al mar en el litoral central.

A comienzos de 1977, la DINA había logrado casi completamente su objetivo: exterminar a la Dirección del PC. También había logrado acumular una gran cantidad de información sobre la orgánica interna y las redes de apoyo construidas en el exterior por los comunistas. Se enfocaron entonces en otra de las metas prioritarias: identificar y capturar a los encargados de las finanzas y apropiarse de los fondos que venían de Europa y de los que, muy secretamente, algunos operadores financieros locales administraban en Chile.

53 ex agentes de la DINA fueron condenados por el exterminio de la dirigencia del Partido Comunista entre 1976 y 1977. En conversación con Radio Universidad de Chile, los familiares recuerdan los detalles de esta investigación y las heridas que “aún no sanan”. A más de cuatro décadas de espera, cercanos a las víctimas relatan que muchas sucumbieron esperando alguna sentencia y sus paraderos.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó recientemente a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestros y homicidio de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en el contexto del denominado caso “Calle Conferencia 1”.

La principal condena recayó sobre el otrora Jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien fue condenado por 20 años de presidio como autor de ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio de Víctor Díaz López.

Lo sigue el ex-agente Carlos López Tapia, sentenciado a 20 años, al igual que el ex brigadier de Ejercito, Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 700 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

Pese a los avances en la investigación y posteriores condenas, Álvaro Muñoz, hijo del desaparecido Onofre Jorge Muñoz, indicó que, a 42 años de los hechos, aún no se sabe completamente lo que sucedió, a partir del ocultamiento de información y falsos antecedentes declarados por los militares y civiles involucrados.

El también hijo de la fallecida dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, recordó la difícil situación de muchos familiares de las víctimas que sucumbieron esperando alguna sentencia condenatoria.

“Algunas de ellas yo las conocía porque eran los tíos que frecuentaban la casa. Además, a través de esta entrevista quiero recordar a mi abuelo, Jorge Muñoz Contreras, padre de Jorge, que murió el año 1987 sin saber qué pasó con su hijo. Mi abuela, con quien yo me crie, y que rezó hasta su último día por saber lo que ocurrió y quien murió el año 1999. Lo mismo pasó con mi hermana, quien también falleció sin saber el paradero de sus familiares. Al igual que tantas personas que ya no están, y que no pudieron saber lo que realmente sucedió. Yo creo que este es un acto de justicia que se merecen ellos y tantos luchadores sociales que fueron asesinados y hechos desaparecer”, afirmó.

Los hechos se remontan a 1976, donde integrantes de la DINA tomaron detenidos a los miembros de la familia que vivía en el número 1587 de la Calle Conferencia, en una acción conocida como “ratonera”. Después de interrogatorios y torturas, fueron obligados a volver a su casa y aparentar una vida normal, bajo estrecha vigilancia de los agentes, para ayudar en la detención de miembros y dirigentes del PC, que allí se reunían clandestinamente.

Además de Onofre Muñoz, entre las víctimas se encuentra el otrora secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos,

También se hizo desaparecer a Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández.

Alexis Zamorano, sobrino de Mario Zamorano Donoso, precisó que, a pesar de valorar la resolución judicial, las heridas aún no sanan, debido principalmente al desconocimiento del paradero de las víctimas.

“No podemos cerrar el ciclo, es decir, es distinto con aquellos compañeros que aparece su cuerpo, y que la familia, independiente del dolor y trauma de saber cómo lo mataron y cuanta tortura le hicieron, acá no hay duelo, esa parte no está cerrada, la herida sigue abierta. Esto lo podrá mitigar un poco el tiempo, pero ¿dónde cresta voy a dejar una flor?, el Ejército dijo hace un tiempo que los habían tirado al mar, sin embargo, algunos se encontraron sepultados en dependencias militares. La Justicia tardó, pero se sabía que en ese tiempo los jueces estaban comprados por la dictadura, igual algo se ha avanzado”, argumento.

Según estableció la investigación, la mayoría de las víctimas del caso Calle Conferencia, fueron detenidas y trasladadas a Villa Grimaldi, para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros integrantes del PC.

Lorena Díaz Ramírez, hija del desaparecido economista y militante de la colectividad, Lenin Díaz Silva, indicó que el fallo es considerado como un logro, sin embargo, aseveró que se trata de condenas de baja pena en comparación con la magnitud de los delitos cometidos.

“Son sentimientos encontrado porque la Justicia cuando tarda tanto, también duele y se hace lejana. Además, esta sentencia no se hace cargo de determinar o establecer en qué circunstancias murieron nuestros familiares. Parte de la reparación, verdad, justicia y el nunca más, tiene que ver con eso, el país tiene derecho a saber toda la verdad por muy doloroso que sea, y caminar por las calles y encontrarte con un asesino libre”, subrayó.

En el expediente, se constata que muchas de estas personas opositoras al régimen, fueron colocadas en bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para eventualmente ser lanzados al mar.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.