Cepeda Marinkovic Horacio

Rut     : 1.846.038
F.Nacim. : 14 05 22; 54 años a la fecha de su desaparición
Domicilio : Diego Rojas N°753, La Reina, Santiago
E.Civil : Casado, 4 hijos
Actividad : Constructor Civil; jubilado de la Corporación de Obras Urbanas
C.Repres. : Ex Director de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado; Ex Director del Instituto Chileno -Alemán de Cultura (R.D.A.). Militante del Partido Comunista
F.Detenc. : 15 de diciembre de 1976

Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976, fueron detenidas trece personas: once pertenecientes al Partido Comunista algunos de ellos miembros de su Comité Central y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Los procedimientos que se utilizaron para detenerlos guardan semejanzas entre cada caso de privación de libertad, particularmente en que sus arrestos se realizaron en la vía pública, salvo en un caso, y destacándose que el grueso de las detenciones se verificaron el día 15 de diciembre de 1976, afectando en ese sólo día a siete personas. Y la otra nota común en sus situaciones, fue aquella que proporcionó oficialmente el gobierno militar, en el sentido que prácticamente todos registraban salida de Chile a Argentina, entre fines de diciembre de 1976 o a principios de enero de 1977. La falsedad de esta versión quedó posteriormente establecida. La otra característica común a todas estas personas es que hasta la fecha se encuentran desaparecidas.
Se trata de: Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido el 29 de noviembre de 1976; Armando Portilla, detenido el 9 de diciembre de 1976; Fernando Alfredo Navarro Allende, detenido el 13 de diciembre de 1976; Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Juan Fernando Ortiz Letelier, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Waldo Ulises Pizarro Molina, Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 15 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz, Carlos Patricio Durán González, ambos detenidos el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, detenido el 20 de diciembre de 1976.
Horacio Cepeda Marinkovic, constructor civil, casado, 4 hijos, militante del Partido Comunista, en su calidad de Director del Instituto Chileno?Alemán viajó el 8 de septiembre de 1973 a la República Democrática de Alemania, y luego estuvo en Italia, para regresar finalmente a Chile en julio de 1975; salió de su casa el día 15 de diciembre de 1976, alrededor de las 09:00 horas, en dirección al centro de Santiago para comprar pintura con el objeto de realizar algunos quehaceres domésticos y juntarse con un compañero de partido, quien probablemente corresponde a una de las personas detenidas ese mismo día y actualmente desaparecido. El afectado fue detenido en la vía pública por agentes de seguridad, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.
Como antecedente, cabe consignar que el yerno del afectado, Luciano Mallea Correa, militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido el 30 de septiembre de 1976, por miembros del Comando Conjunto, siendo trasladado al lugar clandestino de reclusión denominado "La Firma", situado en calle Dieciocho de la ciudad de Santiago, en donde fue intensamente interrogado bajo torturas sobre personas de militancia de izquierda. En un momento del interrogatorio le preguntaron por su suegro Horacio Cepeda, en los siguientes términos: ¿tu suegro era el encargado de los comunistas en la E.T.C. cierto? (aludían a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado de la cual el afectado fue su Director); asimismo, le hicieron ver que tenían antecedentes personales y políticos de miembros de la familia Cepeda. Igualmente, le manifestaron el explícito deseo de llegar a la dirección del Partido Comunista. Como a fines de octubre, Mallea fue liberado, y se fue al sur, al campo. Regresó a Santiago el mismo día 15 de diciembre de 1976, y concretamente a la casa de su suegro Horacio Cepeda, enterándose que éste había salido y no regresaba. Cuando llegó su esposa, Antonia Cepeda Antoine, le manifestó a ésta: "tu papá no ha llegado, tu mamá está muy mal". En su declaración judicial, Antonia Cepeda, declaró: "…Le rogué que se escondiera (a Mallea), pero él se opuso y prefirió quedarse, porque estaba convencido que volverían a apresarlo por no haber informado sobre la militancia de mi padre. Esa noche no durmió, aterrado me pidió esperar antes de recurrir de amparo, pues a él le habían prohibido interponer esa acción en su favor, bajo pena de muerte. Le pregunté si había hablado con mi padre (el afectado), contestándome que lo había hecho antes de irse al campo. Me contó que le había relatado a mi papá su detención y lo que vio durante su cautiverio, advirtiéndole que el Partido Comunista estaba infiltrado y que habrían tratado de convencerlo para que sirviera de instrumento de penetración. Mi papá le manifestó que daría cuenta al Partido Comunista, ante lo cual Luciano le rogó que lo dejara efectuar antes una declaración escrita para ser entregada a esa colectividad política una vez que él, Ramiro (hijo común de ambos) y yo saliéramos de Chile; no me quedó claro si mi padre aceptó esa proposición pero, según mi madre, el primer contacto que mi papá se aprontaba a tener con la gente del Partido Comunista fue el quince de diciembre de 1976…".
Luciano Mallea, desde el extranjero otorgó una declaración en la que relató su experiencia, los interrogatorios, las torturas que sufrió, de los casos de personas perseguidas o detenidas de que tuvo conocimiento durante su cautiverio, dio descripciones de agentes, del lugar de reclusión clandestino, etc. Se hace presente que varios de los agentes de que nombró y describió, resultaron encargados reos por el Ministro Carlos Cerda en el proceso rol 2 77, que se comenta en el caso de Reinalda del Carmen Pereira Plaza.
Mallea, al terminar su relato escrito, señaló: "He hecho este testimonio, tratando de recordar al máximo los detalles que rodearon mi detención y con el objeto de que sirva para el esclarecimiento de aquellos casos de violaciones de derechos humanos, cuyas investigaciones se llevan en Chile. No tiene ningún otro alcance ni finalidad…".
Por otra parte, la cónyuge del afectado, Wilma Elena Antoine Lazzerini, en una declaración que prestó en el mismo proceso judicial, indicó que después de la desaparición de su marido, una amiga íntima, cuyo nombre se reservó por razones obvias, le confidenció datos sobre el paradero del afectado. Esto lo precisó más en otra declaración, diciendo: "…la amiga íntima a que aludo… era… quien llegó a verme el día 31 de diciembre de 1976 y me ofreció hacer averiguaciones tendientes a ubicar el paradero de mi marido, Horacio Cepeda Marinkovic. Unos 15 días después me informó que un amigo suyo, al parecer miembro de la DINA, le había contado que Horacio estaba detenido en un departamento en el centro de Santiago, pero no me dio el nombre del informante. Calculo que una semana después… (la amiga) me informó que a Horacio lo conducirían a un Campo de Concentración en el norte del país; agregó que el dato le había sido proporcionado por la misma fuente. No recibí más información de mi (amiga) y cuando traté que estampara sus dichos en una declaración jurada, me manifestó su imposibilidad, porque el funcionario de la DINA le había advertido que cuidara de revelar tales antecedentes, bajo amenaza…".
La versión oficial del gobierno, fue de que el afectado, al igual que otros de los detenidos desaparecidos del grupo de los trece, habían hecho abandono del país por el paso Los Libertadores a la Argentina. Es así, como respecto de Horacio Cepeda se indicó que registraba salida de Chile con destino a la Argentina, por el referido paso, el día 6 de enero de 1977, sin indicarse por qué medio de transporte, apareciendo en una hoja de ruta junto a otras 12 personas ninguno de los otros detenidos anotándose todas ellas en relación al vehículo placa argentina 134487; es decir, conforme a ese documento, un total de 13 personas cruzaron en un sólo automóvil. Más adelante, producto de una orden de investigar entregada a la Policía de Investigaciones, institución de la que emanaba el dato anterior, se señaló que el afectado registraba salida en automóvil particular, cuyos datos no se señalaron. Y, después, el Subcomisario de la Policía de Investigaciones, Mario Enrique Guzmán Bustamante, afirmó en una de sus declaraciones en la misma investigación criminal referida aludiendo a Horacio Cepeda que "seguramente esta persona salió a pie". A estas alturas ya se daban varias contradicciones.
Pero más adelante se sumó otro hecho que planteó otros puntos contradictorios, que no hicieron sino demostrar que la llamada versión oficial de la salida del país era inverosímil o falsa, y que obedecía a una maniobra para favorecer la impunidad de los involucrados en la desaparición forzada de las personas detenidas.
En efecto, se recogió en la prensa la noticia que señaló, según el Ministerio del Interior de Argentina, que cuatro chilenos: Horacio Cepeda, Luis Lazo, Héctor Véliz y Edras Pinto, habían ingresado a territorio argentino el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG 19. La información ésta agregaba más interrogantes pues, por ejemplo, respecto de Héctor Véliz el gobierno chileno afirmó que no salió del país, en tanto que del resto sí afirmaba la salida, pero no que lo habían hecho en el vehículo con patente chilena HG 19. Sin ir más lejos, en relación a Horacio Cepeda: se dijo que salió de Chile, anotándosele en hoja de ruta con indicación del vehículo patente argentina 134487, y después se afirmó que seguramente salió a pie.
Todavía más: se comprobó judicialmente que la mencionada patente HG 19 chilena, nunca fue vendida por la Municipalidad de Santiago, a la que había sido asignada, patente que por lo mismo fue anulada. (ver los casos de Héctor Véliz, Luis Lazo y Edras Pinto).
En el mismo proceso criminal, y ante el ministro Cerda, el mismo Subcomisario de Investigaciones, a la sazón Jefe de la Avanzada Los Libertadores, interrogado sobre puntos detectados por dicho magistrado, por ejemplo, respondió: "…yo escribí la última línea (la 13a. en que se registra al afectado y sus datos) del original de la hoja de ruta… No sé responder por qué el Tribunal me pregunta si la última línea (la 13a.) está escrita con días de posterioridad al resto del instrumento aludido; yo digo que esa línea está escrita el mismo día 6 de enero de 1977. No sé por qué, según el Tribunal me plantea, no coincide la identidad de los pasajeros de las líneas 2, 4, 7 y 11 de esa hoja de ruta. Tampoco sé explicar la falta de correspondencia entre los datos del vehículo y los que aparecen incluidos en esa hoja de ruta…". Y luego, en términos generales, ya que fue interrogado por las hojas de ruta en que se anotaron a los otros detenidos, manifestó: "…Digo categóricamente que jamás recibí instrucciones superiores, ni órdenes, ni influencias de amigos o interesados tendientes a producir alteraciones en las hojas de ruta. Tampoco creo que ello haya ocurrido con alguno de mis dependientes en esa época…".
Sobre lo último declarado por dicho policía, basta tener en consideración que en el proceso rol 2 77, el magistrado Cerda encargó reo a dos funcionarios de Investigaciones que elaboraron hojas de ruta, por el delito de falsificación de esos instrumentos, como se dio en relación a los casos de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto (para mayores antecedentes ver relato de Reinalda del Carmen Pereira Plaza).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 20 de diciembre de 1976, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cónyuge de Horacio Cepeda recurrió de amparo en su favor, el que se ingresó con rol 1084 76, dando cuenta de los hechos que habían sucedido, y solicitó se oficiara al Ministerio del Interior y a la DINA, sobre su marido. A la petición de oficiar a la DINA, la Corte resolvió que más adelante se dictaminaría.
Al término de 24 días de interpuesto el recurso, se certificó la información que dio el Ministerio del Interior: "no se encuentra detenido por orden de ese Ministerio". El 17 de enero de 1977, visto lo informado por aquel Ministerio, la Corte rechazó el recurso de amparo, y sobre la petición de oficiar a la DINA arguyó que, como todas las informaciones que se recaben a dicha Dirección de Inteligencia, las da esa Cartera de Estado, no se accede a esa petición. Sin perjuicio del rechazo del habeas corpus, dispuso el Tribunal pasar los antecedentes al Juzgado del Crimen para que instruya sumario para investigar la posible comisión de un delito en el desaparecimiento. Todo lo anterior lo sentenciaron los Ministros Servando Jordán, Germán Valenzuela y el abogado integrante Enrique Montaner.
En el trámite de apelación ante la Corte Suprema, se insistió en la necesidad de oficiar a la DINA sobre la situación del afectado, pero ese Tribunal Supremo, sin pronunciarse acerca de esa diligencia planteada, procedió a confirmar lo fallado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 24 de enero de 1977, concurriendo en ese sentido los Ministros Octavio Ramírez, Marcos Aburto, Estanislao Zúñiga y los abogados integrantes Darío Benavente y Raúl Rencoret.
En definitiva, el caso de este afectado y el de otros desaparecidos del llamado grupo de los trece, fue investigado en el mencionado rol 2 77, que se comenta en el caso de Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

Nuevos restos óseos, posiblemente de desaparecidos políticos, fueron encontrados hoy en un socavón minero donde hace un mes se buscan esqueletos de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, informó el juez Héctor Carreño. Carreño dijo hoy que «hemos seguido encontrando huesos de las mismas características de los anteriores''. Un centenar de pequeños restos de falanges, costillas, vértebras y piezas dentales se han recogido a varios metros de profundidad en una vieja mina de la Cuesta Barriga, 37 kilómetros al noroeste de Santiago.
Exámenes forenses preliminares indican que los restos corresponden a personas de 30 a 60 años, y tienen huellas de lesiones causadas antes de la muerte por golpes o balas, segun ha dicho el magistrado. Carreño busca los huesos de seis dirigentes comunistas detenidos y desaparecidos por la policía represiva de Pinochet, en 1976. Una pieza dental fue identificada como perteneciente a Horacio Cepeda, uno de los desaparecidos. La ubicación de la mina como tumba clandestina de desaparecidos fue entregada por las fuerzas armadas al gobierno, el 5 de enero, junto con señas de otras tumbas de unos 200 opositores cuyas huellas se perdieron tras su arresto.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

El abogado querellante Nelson Caucoto señaló que “este caso denominado Conferencia II, permitió descubrir el cuartel de exterminio de la DINA en calle Simón Bolivar, del cual nunca nadie salió vivo y nadie escapo de la brutalidad de la tortura”.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de  reemplazo en el caso denominado “Episodio Conferencia II”, operación a manos de la “brigada Lautaro” perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y responsable del secuestro y homicidio de miembros de la segunda directiva clandestina del Partido Comunista, hecha desaparecer en 1976.

Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra suplente Dobra Lusic y el abogado integrante Diego Munita rechazaron los recursos de casación interpuestos por las defensas de los inculpados, anulan fallo de segunda instancia y en sentencia de reemplazo revocaron las absoluciones y confirman todo resuelto en primera instancia por el ministro Miguel Vasquez, condenando a 37 ex agentes de la DINA por los delitos de secuestro calificado, secuestro simple y homicidio.

De esta manera, el máximo tribunal condenó a los jefes de la DINA Juan Hernán Morales Salgado y Pedro Octavio Espinoza Bravo, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como coautores de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo; a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Ulises Pizarro Molina; y a 4 años de presidio menor en su grado máximo como coautor de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo.

Del mismo modo, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich,  Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos Orlando, Jesús Torrejón Gatica, Víctor Manuel Álvarez Droguett y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo.

Por su parte, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño Juvenal Alfonso Piña Garrido, José Alfonso Ojeda Obando, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Sergio Hernán Castro Andrade, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Jorge Hugo Arriagada Mora, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Carlos Eusebio López Inostroza, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Carlos Enrique Miranda Mesa, Hiro Álvarez Vega, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Camilo Torres Negrier, Celinda Angélica Aspe Rojas, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez Héctor Raúl Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña:, Jorge Lientur Manríquez Manterola, José Miguel Meza Serrano,  Jorge Iván Díaz Radulovich y Teresa del Carmen Navarro Navarro como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Los mismo agentes junto a Luis Alberto Lagos Yáñez fueron condenados además como coautores de los delitos de secuestro simple a Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio.

José Alfonso Ojeda Obando también fue condenado como cómplice de los delitos de los homicidios calificados cometidos a Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Asimismo, María Angélica Guerrero Soto: fue condenada como autor de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier y de Horacio Cepeda Marinkovic, a la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio.

Los agentes que habían sido condenados por sentencia de definitiva de primera instancia, respecto de quienes la Corte Suprema omite pronunciamiento sobre sus responsabilidades por su muerte son: Ricardo Víctor Lawrence Mires, Hernán Luis Sovino Maturana, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Jorge Laureano Sagardía Monje, Heriberto del Carmen Acevedo, Manuel Antonio Montre Méndez.

El tribunal desechó aplicar la media prescripción consolidando de esta manera una jurisprudencia reiterada y sostenida de la Sala Penal del máximo tribunal, desechando un instituto que favorecía a los violadores de derechos humanos, ya que rebajaba las penas desnaturalizando el castigo.

Reacciones: “Justicia a 50 años del Golpe Militar”

Para el abogado querellante en este caso Nelson Caucoto, “siempre será importante saludar un fallo favorable que pone término a un juicio sobre violaciones a los derechos humanos, tanto por la duración de los mismos, como por la respuesta que se entrega a los familiares por su lucha ejemplar buscando la justicia”.

Caucota señaló que “este caso denominado Conferencia II, permitió se descubriera el cuartel de exterminio de la DINA en calle Simón Bolivar, del cual nunca nadie salió vivo y nadie escapo de la brutalidad de la tortura”.

En ese sentido, Caucoto sostuvo que “a 50 años del Golpe Militar, la señal que emite la Sala Penal es que no importa el tiempo que haya pasado desde la ocurrencia de los hechos, igualmente habrá castigo para los culpables de tanta atrocidad”.

“El mensaje de no impunidad que emana de los tribunales chilenos es un potente llamado a no repetir estos crímenes en el futuro”, destacó el abogado.

Por su parte, Estela Ortíz, hija de Juan Fernando Ortíz Letelier, profesor universitario y miembro del comité central del PC, quien fue detenido el 15 de diciembre de 1976, expresó “lo ocurrido en Chile fue grave, tan grave que el fallo se afirma en los juicios de Nuremberg”. Además, destacó que las familias han logrado la verdad judicial después de 47 años y seis meses.

“Todavía quedan cerca de 1.500 causas abiertas por graves violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990 que esperan una respuesta. ¿Hasta cuándo mantendrán el silencio cómplice que nos enferma? Cumplan con su deber”, dijo interpelando al Poder Judicial

“¿Qué puedo decir después de 47 años y seis meses esperando que la justicia estableciera la verdad sobre la muerte de mi padre? Puedo decir que el fallo describe tormentos que para mí son indecibles e impensables, pero que fueron reales. Señala que se trata de un crimen de lesa humanidad, que lo mataron a él y a sus compañeros por considerarlos enemigos ideológicos de la dictadura que eliminaba a quienes pensaban distinto”, agregó.

El juez a cargo del caso, Start Anderson, determinó que Rivas era extraditable por siete cargos de secuestro agravado en Chile cuando trabajaba para la DINA.

El Tribunal Federal de Australia confirmó la extradición de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras y ex agente de la DINA, luego de rechazar el recurso de apelación presentada por la defensa de la mujer de 68 años.

El juez a cargo del caso, Start Anderson, determinó que Rivas era extraditable por siete cargos de secuestro agravado en Chile cuando trabajaba para la DINA.

miércoles 24 noviembre de 2021 | Publicado a las 1:27 am · Actualizado a las 1:30 am

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AVÍSANOS

• NACIONAL

Australia confirma extradición de Adriana Contreras, ex agente de la DINA

El juez a cargo del caso, Start Anderson, determinó que Rivas era extraditable por siete cargos de secuestro agravado en Chile cuando trabajaba para la DINA.

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Publicado por: Carmen Marfon

El Tribunal Federal de Australia confirmó la extradición de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras y ex agente de la DINA, luego de rechazar el recurso de apelación presentada por la defensa de la mujer de 68 años.

El juez a cargo del caso, Start Anderson, determinó que Rivas era extraditable por siete cargos de secuestro agravado en Chile cuando trabajaba para la DINA.

Por medio de sus redes sociales, la organización de derechos humanos Truth&Justice Chile, que lucha por la extradición de la secretaria de Manuel Contreras desde hace más de 10 años, confirmó que deberá regresar al país.

La exsecretaria de Manuel Contreras está procesada en calidad de coautora por los casos de los dirigentes comunistas Víctor Díaz López, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Juan Ortiz Letelier, Héctor Véliz y Reinalda Pereira Plaza.

Miembro del Comité Central del Partido Comunista, Horacio Cepeda fue secuestrado en Santa Rosa con Avenida Matta el 15 de diciembre de 1976 y trasladado al cuartel Simón Bolívar. No se sabe cuántos días sobrevivió, pero por lo declarado por los propios agentes de la DINA en el proceso judicial, se le aplicó corriente durante horas en distintas partes del cuerpo y, por la noche, sediento imploró que le dieran agua. Al otro día uno de los carceleros se la concedió. La combinación de agua con el cuerpo electrificado lo desplomó. Se le aplicó cianuro para asegurar su muerte; se le quemó el rostro y las manos para que no fuera identificado. Fue ensacado y junto a otros detenidos lanzado en un pique minero en Cuesta Barriga. Recién se supo que Adriana Rivas, agente de la DINA, implicada en la detención y desaparición de mi padre, será extraditada. Todos los implicados en su muerte están libres excepto ella: la justicia australiana operó; la nuestra está en deuda con el país y con nosotros, sus familiares.

[A mi padre, a la memoria de mi madre y en nombre de mis hermanos]

Era cerca de las 11 de la mañana y el sol pegaba fuerte en un mes de enero caliente y sin brisa. Alrededor de 20 personas subíamos la ladera de un cerro en el kilómetro 12 de Cuesta Barriga. Apoyándonos de espino en espino, evadiendo los litres y ayudándonos unos con otros, escalábamos con dificultad la pendiente que nos separaba del lugar en que habían ocultado los cuerpos de nuestros familiares. A nuestro paso se levantaba el polvo de un suelo desprovisto de humedad y vegetación, excepto la presencia de espinos y litres raídos, para los cuales los cuerpos de nuestros familiares habían sido el único abono que de verano en verano los hizo florecer. Para llegar a lo alto no había sendero, subíamos uno al lado del otro como si fuéramos en una avanzada tomados de la mano, abrazando el cerro y desafiando la distancia en busca de un tesoro escondido. El corazón me latía, no podía detenerme, anhelaba tener alas, ganarle al tiempo y a la distancia. Mi sentir transitaba de la pena al regocijo, la pena del padre dolido y el regocijo del reencuentro.

Desde lo alto pudimos divisar a los paleros. Al acercarnos al punto de excavación, el único ruido que se oía era el de las palas al tomar contacto con la tierra. El ambiente estaba inundado de silencio y las miradas de todos se entrecruzaban en las rudas manos de los excavadores. Estábamos alertas al momento tan largamente esperado en que nuestros familiares se asomaran, miraran el cielo y se entibiaran nuevamente con el sol. El mundo interno, el imaginario, las emociones, de los que fuimos testigos de aquel acontecimiento sólo quedó grabado en el alma y el corazón de cada uno.

Ese día nuestros familiares asesinados y hechos desaparecer no se quisieron mostrar. Descansaban en el fondo de una mina a pocos metros del lugar de búsqueda. Éramos ocho mujeres. Se nos permitía estar aproximadamente a 60 metros de la entrada de la mina. Llegábamos en la mañana y nos íbamos cuando empezaba a irse la luz y el juez con su equipo terminaban la búsqueda del día. Todas las jornadas, al llegar en la mañana Paulina extendía un cubrecama blanco sobre el cual nos sentábamos para permanecer bajo un espino que nos cobijaba del sol; a lo lejos se divisaba el verde del fondo de la quebrada, el único paisaje amable que había a nuestro alrededor. En aquellos días me pregunté una y otra vez por qué Paulina eligió un cubrecama blanco cuando en aquel lugar lo único que abundaba era la tierra. Ahora pienso que era un acto cargado de simbolismo, de magia y amor: recibirlos y envolverlos en una tela blanca. La mayoría nos habíamos conocido el año 1976, sentadas en las largas banquetas que orillaban los pasillos de la Vicaría de la Solidaridad. A medida que íbamos llegando nos fuimos reconociendo una a una en la mirada, nuestros ojos testificaban que en adelante estaríamos unidas en el mismo dolor y en la misma esperanza. Con el paso del tiempo nos fuimos hermanando, nos hicimos cómplices, supimos guardar secretos, aprendimos a mentir; juntas nos consolamos, bailamos y tocamos la guitarra; aprendimos a arrancar, a conservar la risa y a vivir con alegría. Pasaron los años y seguimos unidas en la espera.

Durante un mes estuvimos ahí en la puerta de la mina. Pasábamos las horas conversando, recordando nuestros primeros encuentros, los miedos, las penas, las alegrías que juntas vivimos. Compartíamos el curso que habían tomado nuestras vidas, nos mostrábamos las fotografías de nuestros hijos y nietos. Escuchábamos la radio y revisábamos los diarios que en aquel momento comunicaban profusamente la noticia de la búsqueda. Sobre el cubrecama blanco, compartimos una vez más la fruta, el agua y el pan. Entre tanto, en el fondo de la mina, manos generosas palpaban prolija y sigilosamente la tierra para encontrar a nuestros familiares sin perturbar sus sueños. A medida que avanzaban las horas la temperatura subía y la única sombra era la del espino bajo el cual estábamos. Pararse y caminar por los alrededores no mitigaba el calor, por lo que durante todo el tiempo que permanecimos ahí estuvimos una al lado de la otra, como cuando estábamos en las banquetas de la Vicaría compartiendo las colchonetas en las huelgas de hambre, encadenadas en los tribunales o tendidas en el piso de una micro de carabineros.

Después de un mes de permanecer allí, supimos que nuestros familiares ya no estaban en ese lugar: habían sido trasladados y lanzados al mar. De ellos sólo quedaban algunos vestigios. Mi padre había partido a sanar sus heridas en las aguas saladas del mar, sin antes dejarnos como regalo de su paso por la mina algunos fragmentos de su blanca sonrisa.

Con mis hermanos, después de 36 años, vimos por primera vez a nuestro papá. Llegamos alrededor de las 11 de la mañana al Instituto Médico Legal. Nos guiaron por un pasillo que conducía a una sala en la que, al centro, sobre una mesa y encima de un paño blanco, estaba dispuesta amorosamente su sonrisa. Una foto con su nombre: don Horacio Cepeda Marinkovic, y una bandera chilena y un clavel. Dejaba de ser un desaparecido y volvía digno a su despedida.

Una tarde de julio del año 2012 mi padre volvió a casa. Sobre la mesa de la vitrina del living preparé un pequeño altar, lo adorné con el árbol de la vida que alguna vez traje de México, los ángeles de lata de Haití, la Virgen de Guadalupe, una de sus pipas, una foto de mi madre con él y velas encendidas. Llegó a la casa en una carroza fúnebre blanca. La urna se ubicó al centro del altar sobre la vitrina. En su interior estaba mi padre, se hacía presente en seis de sus piezas dentales, que en vida y muerte fueron parte de su identidad. Se mantenían blancas, prolijamente cuidadas, tenían las señas de su pipa y de su sonrisa. Alrededor de la 7 de la tarde empezaron a llegar sus amigos y familiares. Algunos de los asistentes lo recordaron en voz alta; se comentó su condición de pedagogo de los niños y jóvenes que lo rodeaban; del gusto por el buen vino y el buen vestir; de su afán coleccionista y de su conocimiento de los nombres de los pájaros y plantas; de su compulsión lectora y de la avidez por aprender cosas nuevas. Del pampino que nació en Huara, del abuelo Juan y de la abuela María, del teatro y la pulpería de Peña Chica. Del hombre curioso poseedor de una dimensión subjetiva difícil de descifrar, en el que convivía lo enérgico y lo cálido, lo expansivo y lo hermético, la prisa y la cadencia, la estridencia y el silencio prolongado.

Fue su último paso por la casa, compartió una copa de vino con sus familiares y amigos; se quedó dormido entre recuerdos y declaraciones de amor. Hoy descansa en el memorial. A su derecha tiene como vecino a su amigo Fernando Ortiz; a la izquierda a su compañero Lincoyán Berríos.

A fines de mayo de aquel año en los comités regionales del PC se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo -esta última alejada de la organización por motivos de salud-. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik.

En la madrugada del día 30 de abril de 1976, cerca de las 3:30 horas, agentes de la DINA, apoyados en las inmediaciones por integrantes del Comando Conjunto, llegaron hasta la casa ubicada en calle Conferencia 1587, en el sector surponiente de la comuna de Santiago, donde funcionaba un taller de carteras, propiedad del  obrero marroquinero Juan Becerra Barrera. Le dijeron que su cuñada, María Teresa Zúñiga, quien vivía en la calle Alejandro del Fierro 5113, en Quinta Normal, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Becerra accedió a acompañarlos, subiéndose al vehículo en que se movilizaban. De inmediato fue esposado, vendado y trasladado hasta la Villa Grimaldi.

Ese fue el inicio de una operación diseñada por los mandos de la DINA para capturar a la cúpula del Partido Comunista. Punto favorable para los objetivos de Manuel Contreras fue el haber logrado la colaboración de Elisa Escobar Cepeda, enlace de Mario Zamorano, detenida por los agentes de la DINA a fines de marzo o comienzos de abril de 1976 

Becerra era amigo de Zamorano desde comienzos de los años sesenta, y en 1974 el dirigente del Partido le había pedido ocupar su casa de Conferencia para efectuar reuniones cada dos o tres meses. Zamorano también llegaba con frecuencia a la vivienda de la madre de Becerra, ubicada en la calle Alejandro del Fierro, en la comuna de Quinta Normal. Elisa Escobar conocía ambos lugares y entregó sus características, además de las probables fechas de las reuniones, a los hombres de la DINA.

Así, aquella noche de fines de abril los agentes de la brigada Purén, apoyados por otras agrupaciones del cuartel Terranova, detuvieron a varios de los moradores de ambas casas, a los que torturaron durante casi dos días antes de llevarlos de nuevo a sus domicilios y montar las ratoneras en espera de los dirigentes comunistas que acudirían a la cita programada.

El 30 de abril los agentes ocuparon la vivienda de Alejandro del Fier

ro y retuvieron allí a cuatro adultos y un niño de diez años. Ana María Becerra, hermana de Juan, casada con Julio Maigret, uno de los retenidos en la casa de Quinta Normal, se enteró de lo que allí ocurría y acudió el 2 de mayo a dar aviso a la Vicaría de la Solidaridad. En ese lugar se encontró con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y le contó lo que estaba pasando con su familia. El prelado, portando unos medicamentos que requería uno de los apresados en la casa de Alejandro del Fierro, se apersonó en la vivienda inquiriendo a los agentes de la DINA por su proceder. Éstos quisieron retenerlo también, pero uno de los jefes del grupo decidió dejarlo ir. Alvear comunicó por escrito al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia lo que había presenciado.

No obstante aquella circunstancia, cinco agentes de la DINA se instalaron el 2 de mayo en la casa de Conferencia y a sus ocupantes los obligaron a simular que estaban trabajando en el taller de marroquinería que funcionaba en el lugar.

Los dirigentes comunistas convocados a la reunión entrarían sin mayores precauciones, salvo que faltara una cierta cartera colgada en la ventana, la señal convenida para advertir sobre un peligro inminente. Becerra había cedido en la Villa Grimaldi a las tortura y confirmó los detalles de la cita en su casa. Lo que Becerra no sabía era que a esa reunión, programada para tratar el tema sindical, debía asistir el propio Víctor Díaz, que a última hora fue marginado por seguridad y reemplazado por Jaime Donato, miembro de la Comisión Sindical del Partido.

El 3 de mayo Elisa Escobar acudió a la casa de Conferencia para avisar que al día siguiente Mario Zamorano llegaría con otras personas.

A las 19 horas del 4 de mayo, ignorante de las detenciones ocurridas en las horas anteriores, se apersonó en el taller de Conferencia Mario Zamorano, uno de los máximos dirigentes del Partido. Todo estaba aparentemente normal e ingresó tirando del cordel que abría la puerta. Dos hombres le cayeron encima; intentó resistir, pero le dispararon en una pierna y cayó sangrando profusamente. Lo envolvieron en una frazada y lo arrastraron a una pieza interior. Sólo minutos después ingresó a la trampa Jorge Muñoz Poutays, miembro también de la Dirección.

Esa madrugada una camioneta se llevó a los detenidos. A la mañana siguiente, miércoles 5 de mayo, llegó a la casa Jaime Donato Avendaño, miembro del Comité Central y encargado del Frente Sindical. Poco después apareció Uldarico Donaire, conocido como «Rafael Cortez», otro de los máximos responsables del Partido, encargado de la Comisión de Control y Cuadros.

Elisa Escobar volvió a la casa el 6 de mayo, cerca de las 13:30 horas. Preguntó por Zamorano y, en una evidente operación de encubrimiento, fue detenida por los agentes de la DINA.

Estando en manos de la DINA, Elisa Escobar acudió el 8 de mayo a la casa de Eliana Espinoza, enlace de Víctor Díaz, y al no encontrarla le dejó un recado con su padre, donde le pidió que se juntaran en un determinado punto de Santiago. Eliana Espinoza llegó al lugar, pero no encontró a nadie. Fue en ese momento cuando la DINA inició su seguimiento.

Entretanto, Víctor Cantero, miembro también de la Dirección del Partido, llegó a una reunión de los comités regionales de Santiago, a la cual debían asistir Donaire y Muñoz, los que no aparecieron. La reunión se levantó de inmediato y cundió la inquietud entre los dirigentes.

Tras el aparente fallido contacto con Elisa Escobar, Eliana Espinoza decidió ir a ver a Víctor Díaz para hacerle presente su preocupación. Se reunieron el 11 de mayo y, al término de la cita, ella quedó de volver para sacarlo del lugar.

Víctor Díaz, cabeza del comunismo criollo en la clandestinidad, fue detenido a las 2:00 de la madrugada del 12 de mayo de 1976, por un numeroso contingente de la DINA. Bajo el nombre de José Santos Garrido Retamal, residía con un matrimonio amigo donde el dueño de casa era el ingeniero Jorge Canto Fuenzalida, en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. Periódicamente lo visitaba una mujer llamada «Ana», que realmente era Eliana Espinoza Fernández, su enlace con la plana mayor del PC.

Cuando ese día 11 Eliana llegó a visitarlo estaba visiblemente alterada. Hablaron como siempre en voz baja y en un aparte. Ella se retiró muy luego. Esa noche, cerca de las 2:00 de la madrugada del día 12, insistentes timbrazos despertaron a la familia. Al asomarse a la calle, el dueño de casa pudo ver a seis sujetos de civil armados, algunos con ametralladoras largas. Uno de los agentes gritó: «¡Somos de la DINA!».

Sacaron a Víctor Díaz de la casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Iba vestido con su pijama, con zapatos sin calcetines y una chaqueta sobrepuesta sobre los hombros. Llevaba las manos atadas a la espalda y, a causa de los fuertes y numerosos golpes, tenía un ojo semicerrado, el labio inferior hinchado, respiraba con dificultad y caminaba y cojeaba más que de costumbre.

Al día siguiente, la ofensiva de la DINA prosiguió con la detención de Fernando Lara Rojas, 27 años, dirigente regional del PC en Talca y que desde 1975 colaboraba con un equipo del Partido en Santiago. El 19 de mayo, ante un llamado de Eliana Espinoza para encontrarse, fue detenido en la calle César Cerda Cuevas, 47 años, obrero de la construcción, dirigente nacional de la CUT e integrante del Comité Central. Fue visto por última vez en Villa Grimaldi en septiembre.

A fines de mayo, en los comités regionales se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo, esta última alejada de la organización por motivos de salud. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik. A continuación, a Eduardo Cantero y a Clara Cantero de 22 años, hermano e hija de Víctor, respectivamente. Los restos de Eduardo fueron encontrados en 1990 en el fundo Las Tórtolas, que había sido terreno militar. De Clara aún no se encuentra nada. Desapareció desde Villa Grimaldi.

A mediados de julio de 1976 la División Nacional de Comunicación Social, Dinacos, informó que los organismos de seguridad habían logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, las que servían de enlace entre la Dirección y los regionales de dicho partido.

Los oficiales que comandaban la represión directa contra el PC condujeron a los dirigentes comunistas a lugares secretos de detención. Desde Villa Grimaldi los llevaron al cuartel de Simón Bolívar, donde fueron sometidos a feroces tormentos y usados, además, como conejillos de experimentación por Michael Townley, quien buscaba probar en humanos los efectos del gas sarín que había logrado producir el químico Eugenio Berríos.

En los últimos días de aquel mes de julio, lo que quedaba de la Dirección del PC instruyó a Víctor Cantero y a Inés Cornejo para que abandonaran el país y entregaran a otro equipo la dirección del Partido. Antes, a fines de mayo y luego de una rápida consulta entre los sobrevivientes del Comité Central, se coincidió en que el elegido debía ser Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central. En medio de condiciones dramáticas, donde cada día algún dirigente desaparecía, Fernando Ortiz asumió la conducción del PC secundado por Waldo Pizarro, Horacio Zepeda y Fernando Navarro. A fines de octubre, Cantero y Cornejo se asilaron en la embajada de Italia. También se ordenó hacerlo a Luis Canales, Virginia González y Víctor Galleguillos.

A principios de agosto de 1976 se inició otro devastador golpe en contra del aparato de Organización del PC. Al mediodía del 4 de agosto fue detenido en la vía pública, muy cerca de su casa, Hugo Vivanco Vega; poco después capturaron a su esposa, Alicia Herrera, en su domicilio. El día 5, en su casa, fue arrestado Oscar Ramos Garrido, ex intendente de Llanquihue, miembro del Comité Central y encargado de Organización, y su hijo Oscar Ramos Vivanco.

El 9, fueron detenidos Víctor Morales Mazuela, José Corvalán Valencia, Mario Juica Vega, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, todos dirigentes intermedios vinculados a los organismos de Dirección. El mismo 9, apresaron a Marta Ugarte Román, integrante del Comité Central. El 10 de agosto cayó Nicolás Vivanco, hijo de Hugo. El 7 había desaparecido Manuel Vargas Leiva, ex alcalde de Tiltil y miembro del Comité Central. El 11 de agosto, Miguel Nazal Quiroz, integrante del Comité Central y secretario del regional de San Miguel; y Carlos Vizcarra Jofré, ex dirigente de la Jota que había pasado al Partido; el 16, Julio Vega Vega, dirigente sindical; el 18, Nelson Jeria, secretario del Regional Norte de Santiago; el 26, el Comando Conjunto detuvo a Víctor Cárdenas, y la DINA, a Gabriel Castillo Tapia y Pedro Silva Bustos, miembros del equipo de Organización que mantenían contactos con los regionales.

El 12 de septiembre de 1976, un ciudadano francés admiraba los rompientes de la playa La Ballena, en el balneario de Los Molles, cerca de La Ligua, cuando entre los roquerios vio el cuerpo atado de una mujer que había sido arrojado por el mar. Era Marta Ugarte, la tesorera del PC, secuestrada a comienzos de agosto, antes de llegar a su casa.

En las semanas previas habían aparecido varios cuerpos desfigurados en las riberas del río Maipo. Exhibían huellas de balazos y estaban amarrados con alambre desde el cuello a las piernas, dentro de sacos paperos.

La segunda dirección del PC empezó a caer el 9 de diciembre, al ser detenido Armando Portilla Portilla, miembro del Comité Central. El 13, en la vía pública y ante numerosos testigos, fue capturado Fernando Navarro Allende, también miembro del Comité Central.

Dos días después, el 15 en la mañana, fueron detenidos en la rotonda Lo Plaza, en Ñuñoa, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Esa misma tarde cayeron, en calle Larraín, Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizarro Molina, y en otros barrios de Santiago, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, 29 años, embarazada de cinco meses.

Tres días después fueron secuestrados por la DINA Lisandro Cruz Díaz y el mirista Carlos Durán González. El 20 de diciembre, con la detención de Edras Pinto Arroyo, ex secretario de los diputados del PC, terminó la ofensiva de la DINA en contra de los comunistas.

A los detenidos se les torturó hasta matarlos. Se les inyectó cianuro y otras sustancias letales. Se les arrancó de su boca las tapaduras de oro que algunos poseían. Se les quebraron los huesos. Se les asfixió con bolsas plásticas. Se experimentó en ellos con gas sarín. Se les aplicó un soplete para borrarles sus rostros, cicatrices, huellas dactilares y cualquier otro rastro que permitiera identificarlos. Finalmente, sus cuerpos fueron introducidos en sacos paperos, con pedazos de rieles amarrados con alambre, subidos a helicópteros del Ejército y lanzados al mar en el litoral central.A comienzos de 1977, la DINA había logrado casi completamente su objetivo: exterminar a la Dirección del PC. También había logrado acumular una gran cantidad de información sobre la orgánica interna y las redes de apoyo construidas en el exterior por los comunistas. Se enfocaron entonces en otra de las metas prioritarias: identificar y capturar a los encargados de las finanzas y apropiarse de los fondos que venían de Europa y de los que, muy secretamente, algunos operadores financieros locales administraban en Chile.

Vuelve al salón Tarapacá de Iquique, la impactante obra “Mi Abuelo Horacio”, basada en la historia del detenido desaparecido Horacio Cepeda, nacido en la comuna de Huara y detenido en Santiago, sin que hasta ahora, se sepa de su paradero. La actriz Malucha Pinto se sintió conmovida al conocer los hechos, de boca de la hija de la víctima y se propuso rescatar su memoria, a través de una propuesta teatral que combina ficción y biografía.

La obra  -que es una nueva creación de Aracataca Teatro,  con texto y dirección de la actriz Malucha Pinto-,  ya se presentó en Huara, Pozo Almonte y en Iquique. El domingo pasado, el Salón Tarapacá tuvo lleno total y se espera que en esta segunda presentación y despedida, nuevamente logre el interés del público. La cita dominical es a las 19.30 hrs., en el Salón Tarapacá.

MEMORIA DE LA LUZ

Malucha Pinto, en conversación con Edición Cero, relató que la obra forma parte de un proyecto más amplio, que se llama “Memoria de la luz”, cuyo objetivo es recuperar el sueño, acerca de la lucha social que se generó a fines del siglo pasado “y que desemboca con la Unidad popular, en un esfuerzo de profundizar la democracia en Chile y que termina democráticamente con el golpe cívico militar”.

“Mi Abuelo Horacio”, es una obra de teatro que habla del personaje, pero también de la época que a él le toca transitar y cuyo historia conoce la actriz, a través de la mirada de su hija Victoria, que en la pieza teatral es representada por Carolina Carrasco, quien interactúa con Pablo Fuentes.

“Hacemos un viaje de memoria, donde esta niñita (la nieta) recuerda todo lo que su abuelo Horacio le enseñó; todo lo que vivió en la época, hasta el día de su detención”, señala Carolina Carrasco.

HORACIO CEPEDA

Horacio Cepeda Marinkovic nació en Huara en 1922, constructor civil, casado, 4 hijos, militante del Partido Comunista, en su calidad de Director del Instituto Chileno Alemán viajó el 8 de septiembre de 1973 a la República Democrática de Alemania, y luego estuvo en Italia, para regresar finalmente a Chile en julio de 1975.

Salió de su casa el día 15 de diciembre de 1976, alrededor de las 09:00 horas, en dirección al centro de Santiago para comprar pintura con el objeto de realizar algunos quehaceres domésticos y juntarse con un compañero de partido. Fue detenido en la vía pública por agentes de seguridad, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Nunca más volvió.

Más de 500 personas llegaron este miércoles 30 de agosto hasta el Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el marco de actividades culturales programadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Brigada por la Memoria y los Derechos Humanos y el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso.

La presentación del libro “Los niños de la rebelión”, la obra de teatro “Mi abuelo Horacio” y un acto cultural en homenaje a las personas detenidas desaparecidas en la Región de Valparaíso formaron parte de los actos de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, organizados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA),  el colectivo Brigada por la Memoria y los Derechos Humanos, y con el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso.

Hasta el Monumento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados políticos de la Dictadura Militar de la Región de Valparaíso, ubicado en el bandejón central de Avenida Brasil en Valparaíso, entre las calles Rodríguez y Freire, llegaron este miércoles 30 de agosto más de 500 personas para participar de un acto cultural.

La Directora Regional del CNCA, Nélida Pozo Kudo, resaltó que el Consejo de la Cultura, a través de la Dirección Regional y la Unidad de Memoria y Derechos Humanos, ha asumido el compromiso por la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y el trabajo con los sitios de memoria. ”Creemos que debe ser una base cultural para nuestro país trabajar por los derechos humanos. Hemos desarrollado un trabajo permanente con las agrupaciones de derechos humanos que tiene como objeto apoyar y fomentar aquellas manifestaciones artísticas que buscan contribuir a la reparación histórica y simbólica, junto con la identificación, visibilización y gestión de los sitios de memoria. Vamos a seguir trabajando incansablemente para que la justicia, la verdad y la reparación sean una política pública de verdad”, concluyó la autoridad de Cultura.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, también se presentó en el acto para homenajear a las personas detenidas desaparecidas víctimas de la dictadura. “A mi generación se le imputa ser la generación sin miedo y yo tiendo a discrepar con esa frase. Los que lucharon por la recuperación de la democracia o la vuelta de los gobiernos civiles son, efectivamente, la generación sin miedo. Creo que la generación de hoy tiene que reconocer y aprender  con humildad  de aquellos que dieron su vida por hacer de este país un país más justo y más digno. El esfuerzo que tenemos que hacer es no solamente recordarlos  como victimas sino como luchadores y luchadoras”, expresó la autoridad comunal.

El acto se inició con la con la participación del intérprete de jazz, Claudio Vilches, la lectura de los nombres de las detenidas y detenidos desaparecidos en la región y el encendido de  velas. Posteriormente, se presentaron el Coro Sortilegio Vocal Ensamble, dirigido por Andy Williams, y el dúo de artistas urbanos, Rocío y Nicolás. Durante la ceremonia también hicieron uso de la palabra representantes de diversas agrupaciones vinculadas al trabajo de memoria y derechos humanos de la Región de Valparaíso.

Otras actividades

El acto de homenaje fue precedido por la presentación de la obra “Mi abuelo Horacio”, de Aracataca Creaciones, que se presentó con entrada liberada a teatro lleno  en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso. Con texto y dirección de la actriz Malucha Pinto, el montaje da a conocer la historia de la nieta del ex director de Instituto Chileno Alemán de Cultura, Horacio Cepeda, detenido y desaparecido en 1976. La obra rememora pasajes de la vida de Cepeda, su perfil revolucionario, el día que abandonó el país para evitar que lo detuvieran, su regreso y, finalmente, su captura por agentes del Estado. La representación se enmarca dentro del proyecto Memoria de la Luz, que busca recuperar la memoria histórica de familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos a través de talleres, conversatorios y entrevistas.

El martes 29 de agosto, en tanto, en el Centro de Extensión (Centex) del CNCA, ubicado en Plaza Sotomayor 233, se realizó la presentación del libro “Los niños de la rebelión”,  investigación que desarrolló el periodista Mauricio Weibel, que consistió en una acuciosa revisión de miles de documentos secretos del régimen cívico militar de Augusto Pinochet. El libro recrea una parte no contada de la historia de Chile y de toda una generación: la de aquellos niños y niñas de entre doce y diecisiete años que abrazaron las utopías y las armas a fines del siglo XX. Publicado por el sello Aguilar, la investigación da cuenta del testimonio de lucha de los adolescentes que crearon centros de alumnos, organizaron milicias y construyeron alianzas políticas imposibles a nivel nacional, desde demócrata-cristianos hasta marxistas ortodoxos.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la asamblea acogió la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse desde 2011

Se trata de tres dirigentes comunistas y un militante del MIR que murieron en el cuartel de exterminio de Simón Bolívar.

La identificación se logró sobre la base de restos óseos descubiertos hace 11 años en la Cuesta Barriga.

El Servicio Médico Legal identificó, tras 11 años de peritajes, a cuatro detenidos desaparecidos asesinados en 1976 en el Cuartel Simón Bolívar, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.

Fernando Ortiz Letelier, miembro de la cúpula clandestina del PC es una de las víctimas identificadas. (Foto: Memoria Viva)

Fuentes judiciales revelaron a la agencia EFE que los identificados son los dirigentes comunistas Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, y el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Ángel Guerrero Castillo.

Los primeros integraban la tercera directiva clandestina del Partido Comunista que operó en Chile durante la dictadura, luego de que las dos primeras fueran exterminadas por la DINA el mismo año 1976.

Las identificaciones se realizaron sobre la base de alrededor de 200 pequeños fragmentos óseos, que serán entregados a sus familiares próximamente.

Organismos de derechos humanos dijeron que los restos de los dirigentes comunistas descansarán en el monumento a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Cementerio General, y Guerrero será sepultado en Puente Alto.

En su momento, la dictadura desconoció la detención de las cuatro víctimas ahora identificadas, aduciendo que, "junto a otros marxistas", habían huido hacia Argentina.

El proceso

La existencia del cuartel Simón Bolívar, del que ningún prisionero salió vivo, se desconoció hasta el año 2007, cuando fue develada a la Justicia por Jorgelino Vergara, alias "El Mocito", un agente de la DINA arrepentido que fue protagonista de un documental homónimo estrenado el año pasado.

Según explicaron las fuentes judiciales, la identificación de estas cuatro víctimas ha sido posible porque, a diferencia de los demás desaparecidos de Simón Bolívar, cuyos cuerpos fueron arrojados al mar, sus cadáveres fueron lanzados al fondo de una mina abandonada en el sector de la Cuesta Barriga, junto a un antiguo camino a Valparaíso.

En el cuartel Simón Bolívar operaron la "brigada Lautaro" y el "Grupo Delfín" de la DINA, según revela el libro "La Danza de los Cuervos", de Javier Rebolledo, de reciente aparición y basado en las revelaciones de Jorgelino Vergara.

Según el texto, las víctimas fueron sometidas a brutales torturas; algunos, como Fernando Ortíz fueron apaleados hasta morir. Tras asesinarlos, los agentes quemaron con sopletes sus rostros y huellas digitales para evitar su identificación.

En enero de 1979, el agente Erasmo Sandoval Arancibia, conocido como "Pete el Negro", comandó un grupo que extrajo los cuerpos de la mina de Cuesta Barriga para después arrojarlos al mar en sacos con trozos de rieles atados. De aquella exhumación clandestina e ilegal sólo quedaron unas 200 pequeñas piezas óseas, que tras exhaustivas pericias iniciadas en 2001 y chequeadas en laboratorios extranjeros, permitieron la identificación de estas cuatro víctimas.

El desentierro de los cadáveres correspondió a la operación "Retiro de Televisores", ordenada directamente por Augusto Pinochet tras el descubrimiento, en 1978, de quince cadáveres correspondientes a campesinos asesinados en el sector de Lonquén, cercano a Santiago.

Sandoval, que admitió los hechos en una declaración judicial, dijo que tras desenterrar los cadáveres lanzaron varios perros muertos al fondo de la mina para justificar la presencia de restos, pues un campesino había descubierto los cuerpos e informado a la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia Católica que defendió los derechos humanos durante la dictadura.

"Pero nosotros llegamos primero", se jactó en su declaración judicial "Pete el Negro".

Los centenares de cadáveres exhumados en la operación "Retiro de Televisores" fueron lanzados al mar o quemados en tambores en los regimientos, según ha podido establecer la Justicia.

El ex agente Sandoval trabajó hasta 2007 en la Municipalidad de Providencia como encargado de seguridad, bajo el mando del alcalde Cristián Labbé, ex miembro de la DINA e instructor de sus agentes. "Pete el Negro" fue despedido después que sus acciones fueron conocidas públicamente.

La hija del detenido desaparecido Horacio Cepeda Marincovic, Bárbara Cepeda, ingresó a la Clínica Santa María a causa de un infarto cardíaco.

La hija del integrante de la segunda dirección clandestina del PC, apresada y hecha desaparecer por la DINA a fines de 1976 en el cuartel Simón Bolívar donde se instaló la Brigada Lautaro, se vio enfrentada en las últimas semanas a una fuerte angustia y depresión por los antecedentes falsos aportados por la diputada RN Karla Rubilar.

Ésta le informó que su padre estaba vivo y que no era un detenido desaparecido. El antecedente lo obtuvo Rubilar de un libro del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, plagado de mentiras acerca de las víctimas de la dictadura.

Cumpliendo con el compromiso verbal asumido con los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga, el gobierno, a través del Programa de Derechos Humanos, solicitó al ministro Héctor Carreño que instruya sumario en el caso de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1976 e investigue los antecedentes que demostrarían que hubo remoción de restos en ese lugar.
Si es acogida la solicitud del Programa, se abrirá un nuevo frente de investigación, pues el mandato que otorgó la Corte Suprema a Héctor Carreño y Amanda Valdovinos -a cargo de la búsqueda de veinte cuerpos en el Fuerte Arteaga- fue sumamente restrictivo desde el minuto que los designó como jueces especiales, pues sólo les comisionó confirmar la veracidad de la información de la Mesa de Diálogo y encontrar los cuerpos que estarían en esas coordenadas, pero nada les dijo sobre esclarecer las circunstancias de las desapariciones investigadas.
Así, a diez meses de esta resolución, sólo ha habido avances en materia de hallazgo de osamentas. De hecho, desde que el 9 de enero comenzó la investigación en el socavón de la mina Los Bronces, ubicada en el kilómetro 12 de la Cuesta Barriga, el proceso se ha visto enturbiado por las limitaciones impuestas por el máximo tribunal.
De acuerdo a los familiares de las víctimas de Cuesta Barriga no se puede pretender encontrar cuerpos, identificarlos y luego dejar el caso botado. Aseguran que todo juez debe tener como principal misión la verdad y la justicia y, en ese plano, determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes de 1976 y quiénes removieron sus cuerpos. Por ello, anticipan que si falla la presentación del Programa presentarán querellas para determinar la remoción de restos de sus parientes, la que aseguran se efectuó, con 90 por ciento de certeza, en 1987.
La remoción de 1987
Una pieza fundamental para investigar la remoción de restos será la información proporcionada por dos testigos a Investigaciones y el mismo tribunal, que declararon que en 1987 camiones del Ejército recorrieron la zona y realizaron operativos, trasladando bultos.
Esta tesis cobra fuerza, porque los peritajes de los expertos del Servicio Médico Legal han determinado que los cuerpos fueron exhumados entre cinco a diez años después de su entierro, lo que queda en evidencia porque los restos que permanecieron en la mina corresponden a aquellos que caen libremente al moverse y no presentan las fracturas propias de un cadáver que no está en avanzado proceso de descomposición.
Si a ello se suma que el propio ex almirante Jorge Arancibia, cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada confirmó que la información de restos en Cuesta Barriga fue entregada por su institución, las posibilidades que el juez Carreño inicie una investigación en esa área pone como principales inculpados -nuevamente- a miembros de las Fuerzas Armadas.
Para los familiares de las víctimas estos antecedentes son tan contundentes que ameritan solicitar al Ejército que informe sobre estos trabajos y rompa -parcialmente- el secreto que ofreció la Mesa de Diálogo a las personas que entregaron estos datos, pues en su opinión tendrían alguna participación en el delito de exhumación y remoción de cuerpos.
Entre los familiares existe la creencia que la totalidad de los restos de sus padres y hermanos jamás serán encontrados, pues señalan que luego de remover los restos la práctica habitual fue dinamitarlos o destruirlos y, muy difícilmente se realizaron en ese período operativos para lanzar cuerpos al mar.
Lenta identificación
Mientras los familiares de los desaparecidos aguardan con ilusión el resultado de la diligencia solicitada por el Programa, el Servicio Médico Legal comenzó la larga tarea de establecer la identidad de las osamentas, que de acuerdo al organismo corresponderían al menos a diez personas.
Las 200 piezas encontradas sólo han permitido a la fecha tener certeza de la identidad de dos personas: Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, gracias a la comparación de las piezas dentales con radiografías que guardaban sus familiares, aunque sus restos deberán ser evaluados como todos los demás con pruebas de ADN, investigación que se extenderá al menos por un año. Ello, pese a que los familiares esperan que el trámite sea más corto de lo previsto, considerando que se chequearon grupos de osamentas comunes para facilitar los peritajes.
El informe de la mesa de diálogo sólo consigna que en la Cuesta estarían los cuerpos de Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Segundo Lazo Santander, Luis Segundo Fernando Alfredo Navarro Allendes, Juan Fernando Ortíz Letelier y Héctor Véliz Ramírez, todos ellos detenidos el 13 de diciembre de 1976.
Pero las agrupaciones de derechos humanos y el Informe de la Comisión Rettig suman los nombres de Santiago Edmundo Araya Cabrera (detenido el 29 de noviembre de 1976), Armando Portilla (detenido el 9 de diciembre de 1976), Reinalda del Carmen Pereira Plaza y Waldo Ulises Pizarro Molina, detenidos en el operativo del 13 de diciembre de 1976; Lizandro Tucapel Cruz Díaz y Carlos Patricio Durán González, ambos apresados el 18 de diciembre de 1976; y Edras de las Mercedes Pinto Arroyo, arrestado el 20 de diciembre de 1976.
A la fecha los informes forenses han establecido "acercamientos" a las identidades de Héctor Véliz, Alfredo Navarro, Luis Lazo y Lincoyán Berríos, pues sus antecedentes médicos presentan importantes correspondencias con las piezas óseas periciadas en el Servicio Médico Legal. También se menciona a Lizandro Cruz y Carlos Durán que se encuentran entre las víctimas del Partido Comunista
 

Entre noviembre y diciembre de 1976 se produjo una verdadera redada del Comando Conjunto sobre altos dirigentes de izquierda. Luego de su muerte a manos de los efectivos de esa unidad, los cuerpos de estas trece personas detenidas fueron arrojados a un socavón de difícil acceso en la Cuesta Barriga y, más tarde, removidos sin que existan antecedentes de su paradero final.
En materia judicial, el caso de los once dirigentes comunistas y dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) dan luces sobre el modo de actuar del grupo operativo paralelo a la DINA, el Comando Conjunto que agrupo a representantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
Incluso, el Ministerio del Interior de Argentina confirmó que cuatro chilenos – Luis Lazo, Héctor Véliz, Horacio Cepeda y Edras Pinto- ingresaron a su territorio el 6 de enero de 1977, en un vehículo con patente chilena HG-19. Curiosamente los tribunales chilenos, en los que se había presentado una denuncia por presunta desgracia señalaban que Véliz no registraba salida del país y se citaba un informe del régimen militar.
Después de una serie de tentativas judiciales en que los familiares solicitaron ministros en visita, la causa quedó en manos del magistrado Guestavino pero con limitaciones: se indagarían ocho casos y no trece. La tramitación de esta causa duró cerca de 13 años y se acumularon en ella 21 tomos con más de nueve mil fojas. Durante ese período no sólo Guestavino conoció el proceso sino también Carlos Letelier Bobadilla, quien en agosto de 1978 cerró el sumario que reabrió a los pocos meses.
Reasumió entonces Guestavino, quien decretó el sobreseimiento definitivo por aplicación del D.L. 2191 en diciembre de 1980. En un hecho inédito durante este período, la Corte de Apelaciones revocó el cierre del sumario, y el propio ministro en Visita dejó sin efecto el sobreseimiento decretado, por haberse omitido una formalidad legal.
Así en 1983 el proceso recayó en manos del actual ministro de la Corte de Apelaciones capitalina Carlos Cerda Fernández, quien dictó cientos de diligencias, consistentes en citaciones, reconocimientos de lugares y de personas, peritajes, revisión de expedientes criminales, despacho de Oficios recabando informes a servicios del Estado, a ramas de las Fuerzas Armadas, instituciones particulares y otras de vital importancia.
En total sumó cerca de 200 testimonios, entre ellos destaca las declaraciones de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en Servicios de Inteligencia, como asimismo de funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, y de algunos civiles que colaboraron con los servicios de seguridad, como es el caso de Otto Trujillo y de Miguel Estay Reyno (El Fanta).
En esta etapa se contó con la declaración del soldado primero de la Fuerza Aérea de Chile, Andrés Valenzuela Morales, que en 1984 desertó de esta institución y dio cuenta que a "mediados de la década del 70, comenzó a operar un llamado Comando Conjunto o Comando Conjunto Antisubversivo, integrado por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, más algunos civiles que pertenecieron a partidos de izquierda y luego de ser detenidos por los servicios de inteligencia, sometidos a presiones y/o extorsiones, se transformaron en colaboradores".
En este grado de investigación, el ministro Carlos Cerda llegó a establecer datos esclarecedores respecto de otros casos de violaciones de derechos humanos, disponiendo incluso la remisión de algunas piezas del "proceso de los trece" a otros tribunales que conocían de causas criminales por ellos.
Pero fue el 14 de agosto de 1986 cuando el magistrado asestó su golpe más fuerte, cuando dictó 40 procesamientos por igual número de personas, entre los que se encuentra el ex integrante de la Junta Militar, General del Aire Gustavo Leigh, otros generales, oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y de algunos civiles. Los uniformados eran algunos en servicio activo y otros en retiro a esa fecha.
Cuatro de éstos presentaron un recurso de queja por no aplicar la Ley de Amnistía y la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10 de septiembre de 1986, deja sin efecto las encargatorias de reo no sólo de los cuatro oficiales, sino que mediante oficios de la totalidad de los procesados.
Como consecuencia directa de estos encausamientos, el ministro Cerda fue amonestado por el pleno de la Corte Suprema que determinó su suspensión por dos meses del poder judicial.
Desde esa época, las causas del Comando Conjunto se encuentran dispersas en distintos juzgados del crimen y una de ellas, el caso de los trece, es manejada por el ministro Héctor Carreño. Los familiares de las víctimas confían en que por primera vez se acercarán a la verdad y a la justicia, y sostienen que hoy más que nunca merecen saber quiénes detuvieron a sus familiares y quiénes removieron años después sus cuerpos

Amparándose en informes de 1979, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) informó que el hermano del candidato a senador Jorge Arancibia, Fernando Arancibia, desempeñó el cargo de subdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y habría negado ante jueces de la época la existencia de prisioneros políticos.
De acuerdo a la presidenta de la entidad, Viviana Díaz, consta que el ex coronel de Ejército, Fernando Arancibia, participó en el grupo operativo del Golpe de Estado y luego en la creación de la DINA. Además, fue Agregado Militar en Argentina en 1978 y regresó en 1979 para convertirse en el subdirector de la CNI.
La dirigenta explicó que estos antecedentes ponen en evidencia la necesidad de iniciar acciones judiciales para investigar la verdadera participación de la CNI en la actualidad y, puntualmente, la vinculación del ex almirante Arancibia en este cuadro.
"Un candidato a senador y un subdirector de la CNI, genética e ideológicamente hermanados, uno en la marina y otro en el Ejército, ambos unidos por un pasado golpista y un presente conspirativo, están liderando una gran operación política y de inteligencia destinada a instalar el legado pinochetista", indica una declaración de la AFDD.
Las informaciones de la agrupación precisan también que "en 1980, a raíz del hallazgo en Lonquén de osamentas, la CNI inicia una operación de remoción de restos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país, bajo su propia coordinación".
Añaden que tiempo después el coronel (r) Arancibia aparece junto con el líder de Avanzada Nacional, Alvaro Corbalán.
Estos antecedentes, para Viviana Díaz, ponen en evidencia que el candidato a senador Arancibia no pudo desconocer la información de detenidos desaparecidos que negó durante su permanencia en la Mesa de Diálogo, instancia que él mismo propició, aseguró.
"El almirante (r) Arancibia le mintió a todo el país al entregar esa información sobre el caso Cuesta Barriga, pues indudablemente que estaba enterado de la remoción de los restos de Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Héctor Veliz, Horacio Cepeda y Luis Lazo, disfrazando una operación destinada a hacer desaparecer por segunda vez a nuestros familiares y presentándola como una contribución para esclarecer lo sucedido".

La ministra en visita Amanda Valdovinos confirmó que restos óseos humanos, correspondientes a tres personas, fueron encontrados al interior del Regimiento del Ejército Justo Arteaga, de Colina. La diligencia corresponde a lo ordenado por la Corte Suprema luego de recibir el informe de la Mesa de diálogo que concluyó en enero y que, según los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas, en ese recinto militar estarían sepultados los restos de unas 20 personas.
Caucoto: "Son del Comando Conjunto"
El abogado Nelson Caucoto dijo a La Voz que todos los restos que puedan ser ubicados en el sector de Colina corresponden a víctimas del denominado Comando Conjunto.
Según el Informe Rettig, algunas de las personas desaparecidas son Humberto Fuentes Rodríguez, Luis Moraga Cruz, Ricardo Weibel Navarrete (identificado), Ignacio González Espinoza (identificado), Miguel Rodríguez Gallardo, Nicomedes Toro Bravo, José Sagredo Pacheco, Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana y Juan Gianelli Company, Fernando Navarro Allendes, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Waldo Pizarro Molina, Héctor Veliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, entre otros.
Por esto, el profesional considera "poco eficiente" el sistema de designación de jueces especiales que realizó la Corte Suprema a petición del gobierno. "El sistema ha provocado confusión, porque sin duda que se avanza más con un ministro a cargo de casos específicos".
 

Familiares de detenidos desaparecidos señalaron hoy que el renunciado comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, "perdió todo su honor al haber renunciado a la institución, con lo cual se coloca en duda su real aporte en la mesa de diálogo". Los familiares de Linocoyán Berrios, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Héctor Ortiz y Héctor Veliz -cuyos restos según los informes de las Fuerzas Armadas habrían sido dejados en la Cuesta Barriga- entregaron una carta al ministro del Interior, José Miguel Insulza, en la cual manifiestan su preocupación por la actitud del jefe naval de haber dimitido a su cargo por pretenciones políticas.
Antonia Cepeda, señaló que "la Armada perdió su honor el dia mismo que hizo lo que hizo con nuestros familiares. También Arancibia perdió su honor cuando entregó a la mesa de dialogo una información confusa de dudosa veracidad y que no ha permitido hasta ahora encontrar los restos de nuestros familiares".

Cuando a mediados de febrero los peritos del Servicio Médico Legal (SML) lograron identificar algunas piezas óseas del dirigente comunista Horacio Cepeda -uno de los seis detenidos desaparecidos que el ministro Héctor Carreño busca en la Cuesta Barriga- se produjo un terremoto en el organismo dependiente del ministerio de Justicia.
La familia de Cepeda fue informada por peritos del SML sobre el avance en la identificación. Minutos después, la información se hizo pública, cuestión que puso en serios aprietos al director del SML, Jorge Rodríguez, pues ni siquiera el juez Carreño estaba al tanto.
La filtración fue sólo una muestra de los riesgos que -a ojos de La Moneda- se corría si los familiares eran informados por la Unidad de Identificación. Un temor que llegó a su tope cuando se evidenciaron errores en el informe de las Fuerzas Armadas: en abril, días antes de que la magistrada Amanda Valdovinos confirmara la información a la familia de Luis Rivera Matus, éstos ya sabían que el cuerpo del dirigente del PC no había sido lanzado al mar, como afirmaban los uniformados.
El episodio puso en jaque el informe militar. Y la situación empeoró un mes después, cuando se identificó a Samuel Lazo, cuyos restos fueron encontrados en el Patio 29, en circunstancias que los uniformados señalaban que habían sido lanzados al mar. Entonces sus familiares, junto a otros relacionados con el mismo caso, fueron informados de la situación y se advirtió que lo mismo ocurría con otros tres cuerpos.
Las críticas hacia los militares y el gobierno aumentaron. E incluso los abogados que participaron en la mesa de diálogo se pusieron en pie de guerra.
Control total
Esta situación, que complicó a La Moneda y las Fuerzas Armadas, aceleró los cambios que venía planeando la dirección del SML. Desde que los militares entregaron su informe, se inició un plan para formar una unidad dedicada exclusivamente a identificar a los desaparecidos. Y se concluyó que el control político de esta unidad debía descansar en los funcionarios gubernamentales y no en los profesionales técnicos.
Esa es, de hecho, la razón que altas fuentes del SML entregan para explicar que la médico forense Patricia Hernández haya sido rebajada de su cargo: ya no ocupará la jefatura, sino que coordinará el trabajo del grupo encargado de identificar a los desaparecidos.
Será, en cambio, el director del SML, Jorge Rodríguez -quien se reintegró el martes a su cargo tras seis meses de licencia- quien manejará administrativamente la unidad (a la que se le aumentaron los recursos de $200 millones a $600 millones anuales) y manejará la información sobre las pericias. "De esta forma Hernández ya no tendrá que preocuparse de los trámites burocráticos de la unidad", explica una fuente del SML.
"Movida política"
Hernández, al ser consultada por el tema, atribuyó los cambios a "una movida política". Así lo señaló al vespertino La Segunda, pero no entregó detalles. Según fuentes del SML, la médico forense apunta a la desconocida pugna que protagonizó, a comienzos de año, con la asesora presidencial en la materia, María Luisa Sepúlveda.
Según esta versión, Hernández recibió una copia del informe días después del discurso del Presidente Ricardo Lagos. Entonces lo revisó y advirtió que existían al menos tres errores, los que chequeó con los protocolos de autopsia archivados en la Unidad de Identificación.
Las fuentes agregan que la médico forense optó por informar a La Moneda. Y que, para eso, efectuó un informe que fue remitido a la dirección del SML para que, a su vez, llegara a manos de Sepúlveda, cuestión que según altas fuentes del SML ocurrió.
Una vez que la asesora presidencial recibió una copia, llamó a Hernández y la citó a una reunión. Según fuentes del SML, en el encuentro Sepúlveda le habría señalado que no era su función chequear los datos entregados por los militares. Y le solicitó que no interviniera en el tema "pues había que proteger a los familiares y no complicar la situación con las Fuerzas Armadas".
La Tercera intentó comunicarse con Sepúlveda para obtener su versión. Sin embargo, no respondió a los llamados. En el SML señalan que desde ese episodio aumentó la presión sobre los peritos para evitar las filtraciones. Y agregan que tras lo ocurrido en el caso de Rivera Matus, el subdirector del organismo, Salvatore Maisto, increpó a los miembros del equipo.
Nuevo procedimiento
Entonces se optó por efectuar los cambios, que fueron informados por Maisto hace dos semanas: Hernández fue rebajada de su cargo, mientras la antropóloga Isabel Reveco fue despedida de la Unidad de Identificación.
El objetivo del SML es aumentar el control para que los familiares sean informados por los jueces del resultado de las pericias. Un procedimiento que provoca dudas en algunos de ellos, pues conocerán los resultados con mayor lentitud. Un resquemor que comparten los peritos del organismo, pues explican que a los familiares se les pide una serie de antecedentes cuando existen posibilidades de identificar a las víctimas. Y que, en ese contexto, es difícil ocultarles los avances de las pericias.
 

"Han pasado cuatro meses y no se ha encontrado nada. Eso ciertamente es negativo". La frase, pronunciada por el Presidente Ricardo Lagos, corresponde a la primera evaluación pública que el Mandatario realiza sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, iniciada después de que el 5 de enero las Fuerzas Armadas entregaran un informe con antecedentes sobre el paradero de 200 víctimas, en el marco del acuerdo firmado seis meses antes en la mesa de diálogo.
"Ha habido un reconocimiento muy fuerte. Yo no sé de otras Fuerzas Armadas que hayan hablado de cuerpos tirados al mar. Y eso tiene un valor", agregó el Mandatario, cuatro días después de que los abogados de derechos humanos Pamela Pereira, Héctor Salazar, Roberto Garretón y Jaime Castillo Velasco -quienes participaron en la mesa de diálogo- le enviaran una carta reclamando que La Moneda "no ha cumplido" los compromisos que adquirió en la instancia.
Los profesionales afirman que el gobierno no ha pedido formalmente que el Poder Judicial nombre jueces especiales para investigar los antecedentes aportados por la mesa de diálogo. Y han criticado al gobierno por negarse a formar una instancia que coteje los datos aportados por las Fuerzas Armadas, en circunstancias que hasta ahora sólo se han encontrado algunas piezas óseas de dos detenidos desaparecidos -Fernando Ortiz y Horacio Cepeda- y, al contrario, se han evidenciado errores en el informe castrense.
Pero es un hecho que el gobierno tiene dos dificultades. Por un parte, sabe que la Corte Suprema tiene serias reticencias frente a la posibilidad de nombrar jueces especiales, considerando la vaguedad de los antecedentes entregados. Y, en Palacio, no quieren asumir la responsabilidad de chequear los antecedentes.

Ciento cuatro días después de que los uniformados entregaran antecedentes sobre el paradero de los desaparecidos, la búsqueda sólo ha arrojado resultados positivos en la Cuesta Barriga, donde los restos corresponderían a ocho personas. Hasta ahora sólo dos han sido identificadas. Una pieza dental que permitió identificar al dirigente comunista Fernando Ortíz. Cuatro más que pertenecerían a Horacio Cepeda -otro miembro de la dirección clandestina del PC descabezada en 1976-, además de tres pedazos de cráneo, trozos de falanges y una costilla, es el saldo de la búsqueda de detenidos desaparecidos iniciada hace 104 días, luego de que las Fuerzas Armadas entregaran el informe elaborado a partir del acuerdo de la mesa de diálogo.
Según los datos manejados en tribunales y por los familiares de las víctimas, los restos -encontrados en la Cuesta Barriga- pertenecerían a ocho personas, incluyendo a una mujer. Los mismos antecedentes maneja La Moneda. Así lo señaló el miércoles la asesora presidencial en el tema, María Luisa Sepúlveda, que viajó a Valparaíso tras ser citada a la comisión de DD.HH. de la Cámara. De este modo, de los 1015 casos pendientes consignados en un informe del Gobierno -fechado en octubre del 2000- sólo se ha logrado identificar dos desaparecidos y se han encontrado restos que pertenecerían a otros seis. Un sexto de los casos consignados en el informe de los militares con datos sobre su ubicación exacta, que llegan a 49.

El análisis realizado por el Servicio Médico Legal al centenar de huesos hallados en la mina abandonada concluyó que pertenecen al menos a 8 personas. El ministro en visita Héctor Carreño, basado en conclusiones del Servicio Médico Legal (SML), confirmó la indentificación de los restos de los dirigentes comunistas desaparecidos en 1976 Fernando Ortiz y Horacio Cepeda.

Identifican primer desaparecido del informe de FFAA
Aunque se trata de un dato preliminar ya que aún faltan las pruebas de ADN para determinar con exactitud la identidad de los restos, el Servicio Médico Legal señaló que el diente encontrado en Cuesta Barriga pertenece al dirigente PC. Aunque aún falta que se realicen las pruebas de ADN, el Servicio Médico Legal (SML) logró la identificación preliminar del dirigente comunista detenido en 1976, Horacio Cepeda Marinkovic, a partir de un diente encontrado durante la búsqueda que encabeza el ministro Héctor Carreño en una mina abandona en Cuesta Barriga. De esta manera, Cepeda se convierte en el primer desaparecido que es posible ser ubicado físicamente sobre la base de los antecedentes aportados por las Fuerzas Armadas al gobierno hace poco más de un mes.
 

La confirmación de una compleja operación -montada por el régimen militar en el marco de la "Operación Cóndor"- para ocultar su responsabilidad en el asesinato de los detenidos desaparecidos, es una de las consecuencias del informe entregado por las Fuerzas Armadas, en el que aparecen los restos de seis chilenos como enterrados clandestinamente en el sector de Cuesta Barriga. Según el informe, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier y Héctor Veliz Ramírez, todos ellos detenidos desaparecidos, habrían sido enterrados en una fosa clandestina en Cuesta Barriga, luego de haber sido detenidos por los organismos secretos de seguridad en 1976. Esa información viene a confirmar, 24 años más tarde, que la explicación oficial entregada por las autoridades del régimen militar de la época, apoyada en documentos de extranjería argentinos, era falsa y fue fabricada a través de los canales de cooperación entre los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Con esos documentos entregados a los tribunales por el Ministerio del Interior -cuyo titular era el actual senador UDI Sergio Fernández- se paralizó toda investigación de los tribunales y se pretendió convencer a los organismos internacionales que intentaban detener la represión en Chile que los detenidos desaparecidos no existían y que se trataba de "extremistas" que habían escapado de Chile. Que todo era un "invento del comunismo internacional".