Castro Sáez Héctor Guillermo

Rut : 7.641.477-7

F.Nacim. : 24-12-55, 17 años a la fecha de la detención

Domicilio : Asentamiento El Escorial, Paine

E.Civil : Soltero

Actividad : Obrero agrícola

C.Repres. : Sin militancia política

F.Detenc. : 24 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

Héctor Guillermo Castro Sáez, 17 años al momento de los hechos, soltero, obrero agrícola, sin militancia política, fue detenido el día 24 de septiembre de 1973, por Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo desde las Viñas del Asentamiento El Escorial y conducido junto a otros 6 campesinos hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo, y luego hasta el campamento de detención del Cerro Chena, desde donde fue sacado el 3 de octubre y llevado hasta el sector de El Escorial, oportunidad en que se procedió a detener a otros 11 campesinos. El operativo del día 24 de septiembre se realizó al margen de toda legalidad, los nombres de quienes fueron detenidos figuraban anotados en una lista que portaban los aprehensores. El conscripto Mario Morales Durán fue reconocido entre los aprehensores.

Restos humanos correspondientes a Héctor Guillermo Castro Sáez y a otros 13 campesinos detenidos en los predios agrícolas El Escorial y Liguay durante operativos militares realizados el 24 de septiembre y 2-3 octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, distante a 4 kilómetros del lugar de los arrestos. En la oportunidad, el Instituto Médico Legal en causa rol 23643, del Juzgado de Letras Maipo-Buin informó al Tribunal la imposibilidad de identificar las víctimas y establecer la causal de la muerte.

Sin embargo, en enero de 1991 el mismo Instituto informó en causa 2-90-E al Ministro en Visita don Germán Hermosilla acerca de la identidad de cada una de las osamentas, tras haber realizado un nuevo peritaje de estas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala. Es así como de un total de 20 detenidos en esta seguidilla de operativos, tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos en el Campamento de Chena, otros tres fueron ejecutados (dos en el Cerro de Chena y uno en la Escuela de Infantería de San Bernardo) y 14 fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.

La presencia militar en el Asentamiento El Escorial se inició el día 19 de septiembre de 1973. En la oportunidad hubo un operativo con numeroso despliegue militar, varios camiones, tanquetas y jeeps y un helicóptero acompañaron el operativo. Los campesinos varones fueron sacados de sus lugares de trabajo y casas y llevados a una cancha. Se les golpeó duramente mientras se les interrogaba acerca de armas y se les requería el nombre de algunos compañeros. Terminado el operativo que se prolongó por varias horas, los militares se retiraron sin haber efectuado detenciones; se mantuvo una unidad vigilando por varios días el acceso al predio. Su regreso se produjo el 24 de septiembre. Los militares hicieron consultas a los lugareños para identificar a quienes detendrían. En la oportunidad se detuvo a Héctor Guillermo Castro Sáez y los dirigentes Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Juan Bautista Núñez Vargas, Francisco Garrido, José Luis Marchant, y a los trabajadores, Carlos Farías e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz. Tras mantenerlos algunas horas botados en la cancha del Asentamiento, los detenidos fueron subidos a un camión y trasladados hasta la Escuela de Infantería. Cerca de las 20:00 horas a los detenidos se les vendó la vista y se les condujo nuevamente al camión. Todos fueron llevados al recinto militar de Chena inicialmente a una Escuela del Cerro Chena que en esos días era centro de detención, luego a una casa de techo rojo donde fueron torturados.

Estuvieron aproximadamente 8 días juntos en una misma celda. Francisco Garrido, Carlos Farías y José Luis Marchant recuperaron su libertad. Al declarar en septiembre de 1990 ante el Ministro en Visita don Germán Hermosilla (causa 2-90-E Juzgado de Letras Maipo-Buin) José Luis Marchant R. aseguró haber permanecido en todo momento juntos, hasta la noche del día 2 de octubre de 1973 oportunidad en que son separados entre quienes quedarían en libertad más adelante, quienes serían ejecutados en el recinto militar y quienes serían llevados a la Cuesta de Chada para su ejecución junto a otros asentados detenidos los días 2 y 3 de octubre.

En enero de 1991 las osamentas correspondientes a Héctor Guillermo Castro Sáez fueron entregadas a sus deudos y sepultados en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N°108 5/2 1991, se consigna como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada causada por traumatismo craneano y traumatismo pelviano de columna lumbar por bala.

Su caso se enmarca en lo que fue la represión en Paine en 1973. (Mayores antecedentes en José Domingo Adasme Núñez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Las primeras diligencias realizadas en favor de Héctor Guillermo Castro Sáez, las efectuaron sus familiares concurriendo a los recintos de detención de Carabineros, Investigaciones y Militares tanto en San Bernardo como en Santiago. En toda oportunidad fue negada su detención. La búsqueda se suspendió en marzo de 1974, al encontrar evidencias de su homicidio en la Cuesta de Chada.

Al proceso rol 23643 que se iniciara ante tal hallazgo no fue citada a declarar su familia (mayores antecedentes de la causa rol 23643 en ficha de Víctor Manuel Zamorano González).

No concurrieron voluntariamente ante el Tribunal por haber sido uno de los miembros de la familia detenido con posterioridad a las ejecuciones y amenazado a fin de que mantuviera en silencio lo ocurrido.

El 21 de septiembre de 1990 se inició la investigación jurídica del caso al interponerse una denuncia por presunta desgracia en el Juzgado de Letras Maipo-Buin. La causa fue acumulada a la Vista del Ministro don Germán Hermosilla el cual en el proceso rol 2-90-E investigara una denuncia por inhumaciones irregulares ocurridas en Paine con víctimas de 1973. En la presentación se entregaron antecedentes de las 17 víctimas en ese sector de Paine, nombre de testigos e identificando a la rama de las Fuerzas Armadas responsable. Además se dio cuenta del hallazgo y la no entrega de sus cuerpos para su sepultura por parte del Tribunal competente. El 22 de septiembre de 1990 el Tribunal se constituyó en el Servicio Médico Legal cerciorándose de la existencia de 3 sacos de arpilleras con osamentas referidas a los protocolos N°519 al 530 del año 1974, estas tenían una etiqueta con la leyenda "Osamentas de Chada año 74". En la oportunidad se informó que faltando la orden de sepultación que debería haber provenido de la II Fiscalía Militar (causa rol 23643 por Hallazgo de Osamentas) no había sido posible proceder a la sepultación.

El Ministro en Visita dispuso que dichas osamentas quedarían a su disposición y ordenó que fueran nuevamente periciadas.

El 15 de octubre de 1990, el Tribunal se constituyó en el Cerro Redondo de la Cuesta de Chada. Se recogieron evidencias; fragmentos óseos, partes de vestuario, 2 vainillas percutadas y 25 proyectiles deformados y 18 en buen estado.

En diciembre de 1990 el laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones desde su sección Balística Forense informó respecto a 2 vainillas y a 17 de los proyectiles encontrados en la cuesta, llegando a las siguientes conclusiones: son en su mayoría proyectiles diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automática; su calibre corresponde a 7,62 mm NATO, siendo estas municiones de guerra. Otro proyectil corresponde al calibre 32, largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y el otro que es calibre 7,9 está diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre. Respecto a las personas o servicios que utilizaban ese tipo de armas durante los últimos 4 meses de 1973, señalaban textualmente "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares".

El 28 de diciembre de 1991, el Instituto Médico Legal informó al Tribunal que había identificado cada una de las catorce osamentas y se encontraban a disposición del Tribunal a fin de que fueran exhibidas a sus familiares.

En febrero de 1991 el Tribunal hizo entrega de las osamentas a las familias de las 14 víctimas procediendo estas a su sepultación e inscripción en el Registro Civil de Independencia.

Al cierre de esta redacción (fines de 1992) la causa 2-90-E se encontraba en estado de sumario no habiéndose decretado diligencias referentes a los inculpados.

Héctor Guillermo Castro Sáez es uno de los
setenta detenidos desaparecidos y ejecutados
de Paine. De acuerdo al Informe Rettig2,
tenía 18 años al momento de su detención y
desaparición, soltero, se desempeñaba como
obrero agrícola, sin militancia conocida. Fue
detenido el día 24 de septiembre de 1973 en su
trabajo en la viña El Escorial en un operativo
realizado por efectivos del Regimiento de
Infantería de San Bernardo. Fue conducido
hasta una cancha, desde este lugar al señalado
Regimiento y al centro de detención del Cerro
Chena.
A continuación, presentamos el testimonio de
Marisol Castro Sáez y Bárbara Castro Castro,
hermana y sobrina, respectivamente, de
Héctor Guillermo Castro Sáez. Este testimonio
se basa en conversaciones sostenidas entre
Marisol, Bárbara y la investigadora de Germina,
conocimiento para la acción.

Testimonio de Marisol Castro Sáez y Bárbara Castro Castro Yo soy Marisol Castro Sáez, hermana del ejecutado Héctor Castro Sáez. Mi hermano, que le decíamos Millo, fue detenido el 23 de septiembre de 1973, y asesinado en octubre del mismo año, no recuerdo la fecha exacta. Héctor tenía 17 años cuando fue detenido en su lugar de trabajo, en las viñas de El Escorial; era soltero y no tenía hijos. Yo tenía 15 años cuando se lo llevaron y, actualmente, soy madre de cuatro hijas, tengo trece nietos y dos bisnietos. Yo soy Bárbara Castro Castro, sobrina de Héctor Castro Sáez e hija de Marisol Castro Sáez. Soy madre de tres hijos y tengo dos nietos.Aún no nacía al momento del asesinato de mi tío, pero sé todo lo que ocurrió porque en la familia me lo han contado y soy testigo del sufrimiento de mi familia, en especial de mi abuelita Guillermina Sáez Peña con quién viví hasta los 13 años. Yo digo que ella falleció de pura pena por la detención y asesinato de su hijo. Ella ya no estaba viva cuando encontraron los restos de mi tío Héctor. Nací en El Escorial, pero mis papas, Luis Castro Pardo y Guillermina Sáez Peña, eran de Pirque, sector Tarapacá. Mi mamá se casó a los 13 años, y mi papá allá también trabajaba en el campo. Éramos trece hermanos, y con Héctor éramos de los menores. Los hermanos éramos: Manuel, José, Luis, Juan, María, Marta, Patricia, Héctor, yo, Ester, Oscar, Rosa y Claudio. Todos vivíamos con nuestros padres en El Escorial cuando detuvieron a Héctor. Como todos los días, el día de su detención fue a almorzar a la casa y volvió al trabajo. Esa fue la última vez que lo vimos. Nunca pudimos imaginar que todo esto pudiera ocurrir. Mi hermano no ocupaba ningún cargo en el asentamiento, sólo trabajaba en el campo. Para justificar su detención decían que era agente, que tenía armamento, ¡A dónde, qué armamento iba a tener! si la gente en El Escorial era gente que trabajaba en la tierra, en el campo, por tanto, el armamento que tenían era el azadón, la pala y el chuzo, que eran las herramientas de trabajo. ¡Eso es lo que la gente tenía en El Escorial! De lo que estaba pasando con el golpe militar sabíamos porque lo habíamos visto en la televisión o escuchado en la radio, y porque en la casa los adultos estaban preocupados y nos decían que no podíamos salir después de una determinada hora porque había toque de queda, pero nunca imaginamos que podríamos vernos afectados como sucedió sólo días después. Al momento del Golpe, mi mamá debe haber tenido unos 40 años y falleció como a los 65 años. Antes de morir alcanzó a conocer como a sesenta nietos y cincuenta bisnietos. Era dueña de casa, pero también trabajaba como temporera en la uva o en la bodega del fundo El Escorial. Nosotros ayudábamos a mi papá cuando le daban trabajo a trato. Él nos llevaba para que le ayudáramos y así salir más rápido con el trabajo. Después, ya más grandes, salíamos trabajar a otros lados, a cortar habas, a cortar porotos.Mi papá y todos mis hermanos trabajaban en el fundo El Escorial. Héctor trabajaba en las viñas como casi toda la gente del fundo. Mi hermano casi no fue al colegio, nunca aprendió a leer ni a escribir. Yo creo que no pasó de tercero básico. Hasta hoy sueño con mi hermano que me dice “Algún día vas a llegar donde yo estoy”. Héctor era solo un poquito mayor que yo, pero era muy preocupado de nosotros, pendiente del colegio, de tener las monedas para pagar los pasajes. Si teníamos que hacer un trabajo manual, él estaba con nosotros, y siempre pendiente que no le faltara nada a mi mamá, se preocupaba hasta de comprarle los cigarros. Mi hermano nos daba la plata semanal para los pasajes para ir al colegio, le daba plata a mi mamá y lo que dejaba para él lo enterraba en tarros de café. En su pieza levantó un ladrillo del piso, hizo un hoyo y ahí guardaba su plata. Era su secreto, en su dormitorio no entraba nadie. Siempre avisaba “Mi cama está hecha, ya le cambié las sábanas y está todo hecho”, y así, se aseguraba que nadie entrara a su pieza. Héctor era muy responsable con la familia. Con mis hermanos mayores discutía cuando le pegaban a su señora o llegaban haciendo escándalo, él siempre poniendo orden y defendiendo a las mujeres. En ese tiempo todos mis hermanos vivían en el mismo sitio, aunque ya estaban casados. El único que vivía fuera era Luis. Si mis hermanos llegaban curados, Héctor decía “¡Ya, los chiquillos vienen curados! Así que ustedes, temprano a la cama”, protegiéndonos a todas las mujeres que dormíamos en un solo dormitorio….continuar leyendo…(extracto)

La Corporación Paine “un lugar para la memoria”, conjuntamente con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, inauguraron el sábado 30 de agosto un memorial en homenaje a los 17 campesinos ejecutados en el Cerro Redondo, cuesta de Chada, el año 1973.

La ceremonia contó con la presencia del diputado Leonardo Soto, representantes de Gobierno, familiares/as, amigos/as, miembros de la AFDD de Paine, de la Corporación Paine “Un Lugar para la Memoria”,  el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo  y dirigentes/es sociales de la comuna.

En el marco de la inauguración, Sergio Muñoz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, les envió un mensaje a las entidades organizadoras, expresándoles: “Están haciendo un acto de reconocimiento a la dignidad humana de quienes fueron violentados en sus derechos, al extremo de perder la vida.  Es el testimonio de quienes hoy dejan expresado que tales hechos no tienen justificación, por lo mismo aun cuando pase el tiempo deben ser investigados y sancionados los responsables, con el objeto que la sociedad y todos sus integrantes comprendan que nunca se renunciará en este propósito”.

El máximo tribunal condenó a 10 funcionarios del Ejército como autores del homicidio calificado de 38 personas y a un Carabinero por el secuestro calificado de dos víctimas. La Corte recalificó los delitos elevando las penas de los condenados.

Tras 49 años de ocurridos los hechos la Corte Suprema emitió fallo definitivo en uno de los casos más emblemáticos perpetrados por dictadura militar, a través de su Segunda Sala Penal condenó a ex uniformados por el homicidio calificado de 36 trabajadores agrícolas y 2 empresarios, todos de la localidad de Paine, quienes fueron ejecutados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, el 3 y 16 de octubre 1973, respectivamente, a manos de funcionarios de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Los ministros Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y los abogados integrantes Diego Murita y Leonor Etchebery, en fallo histórico condenaron a Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, capitán y subteniente del Ejército, respectivamente, a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificados de las víctimas. En este caso, el máximo tribunal aumentó sus penas en relación al fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el cual Romero venía condenado a 15 años y Fernández a 10.

Del mismo modo, la Corte elevó las penas para el cabo José Vásquez Silva y a los conscriptos Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera y Carlos Durán Rodríguez de 5 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo también como autores de homicidio calificado.

La misma pena recibieron los conscriptos Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.

En el caso del conscripto Raúl Francisco Areyte Valdenegro, la Corte aumentó su condena de 5 a 6 años de presidio mayor en grado mínimo como autor de 14 homicidios calificados.

Señalar que para todos los condenados antes mencionados, el máximo tribunal recalificó los delitos en relación al fallo de segunda instancia, de secuestro calificado a homicidio calificado. Del mismo modo, los ministros reconocieron la colaboración que tuvieron los conscriptos mediante sus declaraciones, lo cual habría aportado en las identificaciones y les aplicó la atenuante especial de colaboración sustancial y de irreprochable conducta anterior.

Mientras que el capitán de Carabineros Nelson Bravo Espinoza fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado medio, cuya pena fue elevada en 5 años y su delito fue recalificado como autor de secuestro simple a secuestro calificado de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, ocurrido entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

En tanto, Osvaldo Magaña Bau, Juan Guillermo Quintanilla y Carlos Kylling Schmidt, quienes habían sido condenados durante el proceso, fueron sobreseídos por encontrarse fallecidos, al igual que Víctor Pinto Pérez.

El abogado querellante Nelson Caucoto, quien representa a familiares de 37 víctimas, se mostró satisfecho ya que la Corte acogió todos los recursos de casación que presentaron y celebró el fallo señalando que “mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutadas por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas”.

Caucoto, quien lleva el caso desde sus inicios, señaló que “El máximo tribunal de la República ha dictado sentencia definitiva, en este caso, que habla de una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad.  Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general.

Uno de los crímenes imperdonables de la dictadura cívico-militar ha sido resuelto por la justicia chilena de manera civilizada.  A pesar del largo tiempo transcurrido, la Justicia es posible”.

Mencionar que en los alegatos actuaron también como querellantes el Programa De DD.HH del Ministerio del Interior, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)  y el abogado Luciano Fouillioux, como apoderado del padre la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberng.

En materia civil se dejó sin efecto la cosa juzgada que había sido decretada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y que impedía a algunos familiares de las víctimas acceder a una reparación.

Los crímenes ocurrieron durante los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En la instancia judicial, se reinterpretaron los delitos, pasando de secuestro calificado a homicidio calificado.

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a penas de entre 5 y 15 años de cárcel a 13 miembros retirados del Ejército por su responsabilidad en la ejecución de 38 campesinos de asentamientos de la comuna de Paine, ejecutados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, durante los primeros días de la dictadura cívico-militar, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973.

En la sentencia, la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Diego Simpértigue, Ana Cinfuegos y Dora Mondaca– recalificó los “secuestros calificados” como “homicidios calificados”, rebajando así la sanción penal que deberán cumplir los condenados.

De esta forma, la sanción penal que deberán cumplir los condenados Jorge Romero Campos, Osvaldo Magaña Bau y Juan Quintanilla Jerez, es de 15 años de presidio, como autores de los crímenes. En tanto, Carlos Kyling Schmidt y Arturo Fernández Rodríguez fueron sentenciados a 10 años de presidio; mientras que José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Rodrigo Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Mesa, Víctor Sandoval Muñoz, Carlos Durán Rodríguez y Raúl Areyte Valdenegro deberán purgar 5 años y un día de presidio.

En el caso del exoficial de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza fue sentenciado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, como autor de dos delitos de secuestro simple.

La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó la tardanza en llegar a este resultado. “Nunca vemos que se resuelva condenar a condenas perpetuas. Es decir, tardan y más encima (son) migajas”, agregó.  

“Uno no puede hablar de que en Chile hay justicia. Distinto es que siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, donde muchos de los familiares han fallecido, donde además es una verdad donde siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio, donde las condenas no tienen correlato con la magnitud del delito cometido”.

Lorena Pizarro

“Estamos cansados pero satisfechos, porque se ha hecho un ajuste con la historia y con tanta víctima inocente e indefensa”, dijo el abogado Luciano Fouilloux, querellante en la emblemática causa, a radio Cooperativa. “Es un caso muy duro, un caso muy histórico. Paine es la localidad en que, en relación víctima-población, más represión hubo en Chile, sin lugar a dudas”, agregó el jurista. 

"Los cobardes desadaptados que cometieron actos indignantes y repudiables como la desaparición, la tortura, la violación, el asesinato, el robo, etc. No merecen la muerte, ni la justicia a medias. Merecen el castigo de una sociedad que no permita la impunidad, la repetición de la barbarie y el olvido".

Falleció el coronel del Ejército en retiro, Osvaldo Andrés Magaña Bau, quien estaba procesado por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes, de la Corte de San Miguel.

Sus crímenes los cometió en el Cerro Chena y en los campos de la zona sur de la Región Metropolitana. Sólo confesó 36 crímenes de campesinos y dirigentes de Paine, por lo que aparecía colaborando con la justicia. Según él los fusiló con humanidad, por orden de sus superiores. Reconoció las masacres de Cuesta Chada, Nuevo Sendero y El Tránsito.

Pero este mes fue condenado con otros seis criminales por el asesinato de once campesinos, hecho ocurrido en octubre de 1973 conocido como episodio Paine Aculeo. Los campesinos fueron sacados del cerro Chena y llevados a San Vicente, al sur poniente de Pirque, donde fueron semienterrados en el asentamiento Salvador Allende, al costado del río Maipo.Entre los condenados están los coroneles del Ejército Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; el carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga y el prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera a la pena de 18 años. Además, el general de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años.También torturaron Víctor Pino Pérez (integrante de la DINA,ya fallecido), y Sergio Rodríguez Rautcher. Además, por diversos testimonios, la Ministra en Visita Extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos Marianela Cifuentes, individualizó a otros torturadores: los Capitanes de Ejército Eduardo Octavio Silva Bravo, Juan Carlos Nielsen Stambuk, Jorge Eduardo Romero Campos, Carlos Kyling Schmidt, Luis Cortez Villa, Marcial Cobos Farías, Luis Villarroel Contreras, Héctor Maturana Zúñiga, Luis Garfia Cabrera; los Tenientes Víctor Sandoval Muñoz, Jorge Saavedra Meza y Carlos Duran Rodríguez; los Mayores, Hernán Pizarro Collarte y Ciro ahumada Miranda.Todos ellos dirigidos por el Coronel Pedro Montalva Calvo. Se suman a la lista los policías de Carabineros e Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Mario Jesús Campos Ripley, entre otros terroristas de Estado.

Los torturados y ejecutados en Pirque fueron, Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavéz Enríquez.

Magaña Bau confesó algunos crímenes, pero siempre negó haber participado en las torturas y exterminio de decenas de prisioneros políticos en el Cerro Chena.

El 6 de octubre de 1973, 18 presos políticos fueron masacrados a manos de genocidas. En ese lugar estuvimos detenidos alrededor de 500 personas, entre ellas un centenar de mujeres.

Declaraciones judiciales informan que trabajadores y destacados militantes comunistas de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo fueron detenidos el 28 de septiembre de 1973: el pastor Roberto Ávila, Arturo Koyk Fredes, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monarde, Manuel González Vargas, Ariel Monsalve Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, José Silva Oliva, y Ramón Vivanco Díaz.

Además, jóvenes estudiantes socialistas fueron detenidos el 27 de septiembre: Francisco Viera Ovalle y Héctor Hernández Garcés, de 19 y 17 años respectivamente. También Javier Antonio Pacheco Monsalve, mueblista, ex GAP, fue detenido el 5 de octubre. Su muerte fue tormentosa y su cuerpo destrozado a golpes. 

Igualmente fue detenido Ricardo Solar Miranda, quien trabajaba de rondín y era militante del MIR. Se suman a la lista de quienes tuvieron en Cerro Chena los campesinos militantes del MIR de Linderos y Paine Juan Cuadra Espinoza, Gustavo Martínez Vera y Carlos Ortíz Ortíz.

También Franklin Valdez, dirigente de la Fenats, Juan Martínez dirigente socialista y su hijo, Vicente Blanco, dirigente Vecinal, Mauricio Cea, el regidor de Buin Héctor García, Rubén Lamich, dirigente de Buin.

Muchos compañeros más fueron asesinados en el Cerro Chena. También estuvieron detenidos y torturados los Regidores de San Bernardo Doctor Luis Andrade, Fernando Ávila y Bernandino Jara.

En todos estos crímenes está la mano de Andrés Magaña, el más sádico de los torturadores.

Me correspondió tener careos con estos criminales, en San Bernardo y en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En el careo, Magaña decía haber estado tres años en el Cerro Chena, pero distante de 800 metros de los lugares de tormentos y exterminio.

Alguna vez saldrá a la luz la carpeta investigativa judicial, que prueba que este oficial de ejército participó, a lo menos, en 70 crímenes de lesa humanidad.

Fueron los dueños de latifundio y de camiones quienes participaron junto a los agentes de Estado en las torturas, ejecución y desaparición de los 70 habitantes de Paine, en su mayoría campesinos, durante la dictadura militar. La justicia ha procesado a seis de ellos y uno quedó imputado por los crímenes de lesa humanidad, Francisco Luzoro Montenegro. Sin embargo, el clan Kast, quien ha participado según testigos, ha quedado impune.

El 2017, la Corte Suprema ratificó el fallo contra el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad: Francisco Luzoro, por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. La condena fue por 20 años y un día. Sin embargo, el criminal solicitó la libertad provisional bajo fianza en favor del procesado, bajo el argumento de "no ser un peligro para la seguridad de la sociedad", manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.

Francisco Luzoro fue el dirigente dueño de camiones de Paine, quien actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.

También hubo otros cinco civiles procesados, como Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

El 2017 también se procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

El clan Kast y su impunidad

Las denuncias contra la familia del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast volvieron tras conocerse el fallo de la Corte Suprema por el caso de "Paine Centro", el cual involucra la ejecución y desaparición de 38 habitantes. En el fallo se condenó a 11 ex uniformados del Ejército y Carabineros.En el programa Sin Filtros, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) emplazó a Teresa Marinovic, convencional del Partido Republicano por la complicidad de la familia Kast en la ejecución y desaparición de 70 personas, todos hombres y en su mayoría trabajadores agrícolas. Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar.

La familia Kast tiene renombre en la derecha, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, famoso operador de la derecha, uno de los pilares fundantes de la UDI, arquitecto en los cambios del Estado (ODEPLAN) durante los 80 para ajustarlo al nuevo sistema económico neoliberal que se quería implementar en ese momento, sino además con vínculos con la misma DINA, como revela el libro A la Sombra de los Cuervos, el periodista Javier Rebolledo.

Voces contra la Reforma Agraria

En el Golpe de Estado, Miguel Kast hizo una buena relación con Jaime Guzmán y también fundador UDI. Antes, en los años 70, mientras que en distintas localidades como en Paine, la Reforma Agraria comenzaba a levantarse desde organismos campesinos y sindicatos de obreros agrícolas, en ese periodo la familia Kast habría facilitado los camiones e inclusive sindicado a algunos de los que fueron luego asesinados.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria y hermano de José Antonio, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos.

Francisco Luzoro, reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”. La familia Kast tenía relación con préstamos y traslados que unía a los militares y Carabineros con las detenciones.

La ministra Cifuentes condenó a los ex oficiales del Ejército Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez a presidio perpetuo, en calidad de autores de 38 delitos de secuestro calificado.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a 13 miembros del Ejército y Carabineros en retiro y a un civil, por su responsabilidad en los delitos consumos de 14 secuestros calificados de campesinos del sector El Escorial de Paine, víctimas que fueron finalmente ejecutadas en la Cuesta Chada, el 3 de octubre de 1973; y de 24 campesinos de asentamientos de la zona, los que fueron ejecutados en el sector Los Quillayes, cercano al Lago Rapel, el 16 de octubre de 1973.
En el fallo, la ministra Cifuentes condenó a los ex oficiales del Ejército Jorge Eduardo Romero Campos, Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez a presidio perpetuo, en calidad de autores de 38 delitos de secuestro calificado.
En tanto, los ex miembros de la rama castrense José Hugo Vásquez Silva, Carlos del Tránsito Lazo Santibáñez, Juan Dionisio Opazo Vera, Roberto Mauricio Pinto Laborderie, Jorge Segundo Saavedra Meza, Víctor Reinaldo Sandoval Muñoz y el civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez, deberán purgar 20 años de presidio.
En el caso del soldado conscripto, a la época de los hechos, Raúl Francisco Areyte Valdenegro, la magistrada lo condenó a 15 años de presidio en calidad de autor de 14 delitos de secuestro calificado; y al soldado conscripto Carlos Enrique Durán Rodríguez, a 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de 38 delitos de secuestro calificado.
Finalmente, la ministra condenó al excapitán de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de 2 delitos de secuestro calificado.
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar la suma total de $15.928.000.000 a familiares de las víctimas.

Los hechos
En la etapa de investigación de la ministra en visita estableció los siguientes hechos:
"Respecto de las víctimas José Cabezas Bueno, Francisco Calderón Nilo, Héctor Castro Sáez, Domingo Galaz Salas, José González Espinoza, Juan González Pérez, Aurelio Hidalgo Mella, Bernabé López López, Juan Núñez Vargas, Héctor Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Arenas y Víctor Zamorano González:
1° Que el día 24 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo se presentaron en el asentamiento ‘El Escorial' de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, a Héctor Guillermo Castro Sáez y Juan Bautista Núñez Vargas, entre otros.
2° Que, tras su detención, Héctor Castro Sáez y Juan Núñez Vargas fueron trasladados al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar en que se les mantuvo ilegalmente encerrados.
3° Que, el día 2 de octubre de 1973, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo se presentaron en el asentamiento ‘El Escorial' de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, a José Ángel Cabezas Bueno, quien, acto seguido, fue trasladado al campo de prisioneros del Cerro Chena.
4° Que, el día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena, a cargo del Teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y los Subtenientes Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, con los detenidos José Ángel Cabezas Bueno, Héctor Guillermo Castro Sáez y Juan Bautista Núñez Vargas, en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, se dirigieron al asentamiento ‘El Escorial' de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, a Francisco Javier Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González.
5° Que, posteriormente, en el mismo camión trasladaron a todos los detenidos hasta una quebrada en la Cuesta de Chada y los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose tiempo después sus cadáveres abandonados en el citado lugar".

Asentamientos
En tanto, respecto de las víctimas José Adasme Núñez, Pedro Cabezas Villegas, Ramón Capetillo Mora, José Castro Maldonado, Patricio Duque Orellana, José Fredes García, Luis Gaete Balmaceda, Carlos Gaete López, Luis Lazo Maldonado, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quinteros, Samuel Lazo Quinteros, René Maureira Gajardo, Rosalindo Herrera Muñoz, Jorge Muñoz Peñaloza, Mario Muñoz Peñaloza, Ramiro Muñoz Peñaloza, Silvestre Muñoz Peñaloza, Carlos Nieto Duarte, Andrés Pereira Salsberg, Laureano Quiroz Pezoa, Roberto Serrano Galaz, Luis Silva Carreño y Basilio Valenzuela Álvarez, la indagatoria estableció la siguente secuencia:

1° Que, el día 8 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento ‘Campo Lindo' de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Ramón Alfredo Capetillo Mora, quien, acto seguido, fue encerrado en la referida unidad policial.
2° Que, en los días posteriores, Ramón Capetillo Mora fue trasladado al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
3° Que, el día 10 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento ‘24 de Abril' de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Mario Enrique Muñoz Peñaloza, quien, acto seguido, fue encerrado en la referida unidad policial.
4° Que, en los días posteriores, Mario Muñoz Peñaloza fue trasladado al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
5° Que, en la época de los hechos, la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.
6° Que, el día 16 de octubre de 1973, en la madrugada, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena, a cargo del Teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y los Subtenientes Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, con los detenidos Ramón Alfredo Capetillo Mora y Mario Enrique Muñoz Peñaloza, en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, con el objeto de detener a veintidós personas en la localidad de Paine. Es así que, en sus respectivos domicilios, ubicados en la zona urbana de la comuna de Paine, detuvieron, sin derecho, a René del Rosario Maureira Gajardo y a Andrés Pereira Salsberg. En el asentamiento ‘24 de Abril', a Patricio Loreto Duque Orellana, José Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Rosalindo Delfín Herrera Muñoz, Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Luis Ramón Silva Carreño y Basilio Antonio Valenzuela Álvarez. En el asentamiento ‘Nuevo Sendero', a José Domingo Adasme Núñez, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, Luis Rodolfo Lazo Maldonado, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Carlos Enrique Lazo Quinteros y Samuel Altamiro Lazo Quinteros y, por último, en el asentamiento ‘El Tránsito', a Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Esteban Serrano Galaz.
7° Que, posteriormente, los detenidos antes mencionados fueron trasladados hasta la quebrada Los Arrayanes, sector Los Quillayes, en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en que fueron fusilados por los soldados antes referidos y el civil que los acompañaba, quienes, acto seguido, enterraron sus cuerpos en el mismo sitio, siendo encontrados años después sólo fragmentos óseos y dentales de once de las veinticuatro víctimas, debido a que sus cuerpos fueron removidos y trasladados hasta un sitio desconocido hasta la fecha.
 

Espacio recuerda a 17 campesinos asesinados por la dictadura cívico-militar

La Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) autorizó la solicitud de incorporar la placa conmemorativa del Memorial de Paine, con todos los elementos que componen su espacio, en el registro de Monumentos Públicos.
De acuerdo al organismo, la placa corresponde a “objetos que han sido ubicados en el espacio público (campos, calles, plazas y/o paseos) con el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura e historia nacional”, gracias a lo cual todo el espacio que conforma el Memorial de Paine queda protegido ante eventuales amenazas de destrucción o desprotección.
Recordemos que la “placa de los ejecutados de Escorial”, originalmente se instaló en el cementerio La Rana de Huelquén con motivo del funeral de 17 campesinos asesinados por la dictadura cívico-militar, pertenecientes justamente al sector del Escorial, siendo posteriormente traída al Memorial en el año 2015.

La placa está hecha de mármol, y fue financiada por el Ministerio del Interior. Tiene inscrito el nombre de cada uno de los asesinados, junto un fragmento del poema “Siempre” de Pablo Neruda, y el nombre de la AFDDyE de Paine, destacando al final la bandera de lucha de los familiares que es “Justicia”.

Precisamente, desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados (AFDDyE) de Paine, señalan que la placa da cuenta de un hito muy sensible y significativo para la comunidad, pues corresponde al funeral de personas cuyos restos estuvieron retenidos en el Instituto Médico Legal, durante los 17 años de dictadura.

Los nombres que integran la lista corresponden en su mayoría a campesinos que pertenecieron al Asentamiento El Escorial de Paine, quienes fueron detenidos por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el tres de octubre, y posteriormente ejecutados en la Cuesta de Chada, a sólo kilómetros de sus casas.

Sus familias no supieron de su paradero hasta que algunos animales alertaron la presencia de restos humanos en el lugar. Sin embargo, el instituto Médico Legal exhumó los cuerpos y se negó a entregarlos, indicando que no había “medios suficientes”, explicación que se entiende bajo la frase “si no hay cuerpo no hay delito”, puesto que las autoridades intentaron borrar toda evidencia sobre los detenidos desaparecidos ante la opinión pública y el extranjero, buscando a la vez, ganar tiempo para generar leyes protectoras hacia agentes del Estado que atentaron contra los Derechos Humanos, como fue la Ley de Aministía.Finalmente, el año 1990, con la salida de los militares de La Moneda, se agiliza la entrega de los cuerpos a sus familias, quienes así cerraron en parte este doloroso proceso de pérdida de sus seres queridos.( elciudadano.cl ).