Carreño González Enrique del Angel

Enrique del Angel Carreño González, soltero, estudiante universitario, militante del MIR, detenido en su domicilio en presencia de su madre y de su hermana menor el 20 de septiembre de 1973, alrededor de las 20:00 hrs., por efectivos Militares y de Carabineros, quienes lo golpearon y procedieron a amarrarlo a un árbol antes de llevárselo detenido. Momentos antes, otros miembros de esta patrulla habían concurrido al domicilio de Oscar Saldías Daza y, al no encontrarlo, detuvieron a su madre Isabel Daza, a quien trasladaron en una camioneta hasta el domicilio de Enrique Carreño. Aquí, ella fue cambiada a un Jeep, donde también introdujeron al afectado, trasladándolos a ambos a la Comisaría de Carabineros. En seguida fueron a buscar a Oscar Saldías a casa de un tío siendo también detenido y conducido al recinto policial. La madre de Saldías señala que a su hijo lo ingresaron a patadas, culatazos y golpes y que después ?no recuerda la hora? fue sacado junto con Enrique Carreño, ambos esposados. Esa misma noche ella fue dejada en libertad.
Carreño y Saldías fueron conducidos a la Cárcel de Parral, en este recinto fueron vistos por el detenido Juan Fuentes Gatica, quien fuera dejado en libertad con posterioridad. Fuentes fue incomunicado el 22 de septiembre, pero no perdió contacto con otros presos y fue así como supo que Oscar Saldías y los detenidos Hugo Soto Campos, Luis Aguayo Fernández y Claudio Escanilla Escobar fueron sacados de la Cárcel por patrullas Militares y de Carabineros el 26 de septiembre. Todos ellos se encuentran desaparecidos desde entonces. Se supo que Enrique Carreño fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares y posteriormente a la Cárcel de esa ciudad, donde existe constancia de su ingreso el 4 de enero de 1974. Según esta constancia, el afectado fue dejado en "libertad provisional" el 9 de enero de ese mismo año; sin embargo, su madre indica que lo visitó hasta el 5 de febrero en este Penal, a la semana siguiente le informaron que había sido liberado. Desde ese momento no supo más de su suerte o paradero.
En la Cárcel de Linares Enrique Carreño fue visto por otro preso, Nelson Castillo, quien certifica que lo recuerda especialmente, ya que era constantemente interrogado y regresaba en muy mal estado físico. Agrega que Carreño manifestaba su temor de morir en las torturas. Agrega en su testimonio que el 5 de febrero de 1974 el afectado fue llamado a presentarse ante la Guardia Interna donde le comunicaron que quedaba en libertad y expresó a sus compañeros de prisión su miedo de que se tratara de una falsa libertad. No regresó al Penal ni fue visto con posterioridad.
Los interrogatorios se desarrollaban en un sector de la Escuela de Artillería hasta donde llevaban a los prisioneros y en ellos participaban efectivos Militares, de Carabineros y de Investigaciones. Nelson Castillo recuerda al Capitán Claudio Lecaros e indica que los presos le tenían especial temor por su crueldad. De los encargados del recinto militar recuerda al Comandante Cabezas, a Jorge Sincke Quiroz, a los Coroneles Carlos Morales Retamal y Sergio Pérez Hormazábal y al Fiscal Militar Mayor Romero.
Según recuerda la madre de Oscar Saldías entre los carabineros que lo detuvieron se encuentran el Sargento Luis Hidalgo, los carabineros Valenzuela, Toledo, Morales y Duarte. Los familiares de Carreño también identifican otro carabinero de apellido Vásquez y al Teniente de Ejército Luis Cerda. Entre los militares que participaban en el traslado de detenidos desde la Cárcel de Parral a la Escuela de Artillería se encontraban los Cabos Raúl Ugalde y Manuel Moya y los Tenientes Dodge y Sáenz, todos de la dotación de ese Instituto Militar, según recuerdan detenidos que luego recobraron su libertad.
A pesar de que Enrique Carreño González durante casi cuatro meses fue visto por familiares y otros detenidos y pudo identificarse a muchos de los militares y carabineros que lo detuvieron, interrogaron y custodiaron, no ha sido posible establecer su suerte desde que fuera sacado del Penal de Linares los primeros días de enero de 1974.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 5 de abril de 1979 se inició la causa rol 33.455 en el Juzgado de Letras de Parral por presunta desgracia de la víctima, por Oficio de la Corte de Apelaciones de Chillán, en cumplimiento a disposiciones de la Corte Suprema que ordenó investigar el desaparecimiento de detenidos denunciados por los Obispos de la Iglesia Católica.
Según informó el Alcaide de Parral, Enrique Carreño, el afectado ingresó a ese Penal el 27 de septiembre de 1973, por orden del Gobernador y egresó el 5 de octubre de ese año, fecha en que fue entregado a la Fiscalía Militar. El Gobernador era el Capitán Hugo Cardemil, de la Escuela de Artillería de Linares. El Director de la Escuela de Artillería, donde funcionaba la Fiscalía Militar, señaló por su parte que no existían antecedentes de la detención de la víctima en ese recinto. A su vez, el Tribunal Militar informó que Carreño no figuraba procesado en sus libros.
El Alcaide de la Cárcel de Linares dice que en los libros de ese Penal aparece registrado el ingreso de Carreño el 4 de enero de 1974, en calidad de detenido político y que el 9 de enero de ese año fue dejado en libertad provisional. No se indica por orden de qué tribunal o autoridad se practicó esta privación de libertad.
Carabineros indicó por su lado que no podía informar respecto de la víctima, pues los libros de la época habían sido incinerados.
Con estos antecedentes se cerró el sumario el 20 de julio de 1979 y con igual fecha se dictó el sobreseimiento temporal de la causa, por no encontrarse acreditado el delito, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Chillán el 30 de julio de 1979.
En la causa por presunta desgracia de Oscar Saldías Daza, otro de los detenidos que fue sacado el 26 de septiembre desde la Cárcel de Parral, Investigaciones informa que en el Cuartel de ese servicio funcionaba una Comisión nombrada por el Capitán Hugo Cardemil, que la integraba el Jefe de Unidad policial (en esos días ejercieron esa Jefatura los Subcomisarios Eldo Avila Contreras y Martín Espinoza León) y un Teniente de Ejército. El Capitán Cardemil declaró por su parte que en ese Cuartel se interrogaba a los detenidos y, si había méritos, se les confeccionaba una ficha y en seguida eran enviados a Linares, donde funcionaba la Fiscalía Militar. Indica también el Oficial que él tuvo "mucho que ver con la detención de muchos ciudadanos", pero no menciona ningún nombre.
 

El magistrado sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de 15 detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel ® de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel ® de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial ® de Carabineros Luis Alberto Hidalgo
Sus primeros procesamientos después del sobreseimiento definitivo de Augusto Pinochet dictó ayer el ministro instructor Juan Guzmán, con lo que el magistrado marcó la línea que seguirá de no declararse incompetente para seguir conociendo de los distintos procesos acumulados en sus manos, a pesar del sobreseimiento definitivo del ex jefe del Ejército.
El juez Guzmán sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de quince detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel ® de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel ® de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial ® de Carabineros Luis Alberto Hidalgo.
El magistrado se encuentra además trabajando en nuevos procesamientos por otros procesos que instruye, los que dictaría en los próximos días. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de: Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad, a 40 kilómetros al este de Parral.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
El magistrado dictó estos nuevos autos de reo inmediatamente tras regresar el lunes pasado de una licencia médica, la que se inició el mismo lunes 1 de julio, fecha en que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema emitió el fallo que sobreseyó definitivamente a Augusto Pinochet de la causa Caravana de la Muerte, debido a una “enajenación mental” ocasionada por una “demencia vascular incurable”.
Originalmente esta investigación se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego la tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Colonia Dignidad del militante del MIR Alvaro Vallejos Villagrán. Tras múltiples vaivenes procesales, la causa llegó a la justicia militar, desde donde fue rescatada por abogados del Codepu y terminó acumulada en las manos del juez Guzmán.
La abogada querellante Julia Urquieta valoró que “finalmente se está haciendo justicia con las víctimas y los familiares de Parral. Varios de los desaparecidos de Parral fueron a parar a Colonia Dignidad”, dijo la abogada.
Si bien estos desaparecimientos ocurrieron en Parral antes de que allí comenzara a operar el cuartel de la DINA en 1975, en las primeras investigaciones fue inculpado el jefe de la Brigada Sur de la DINA, coronel ® Fernando Gómez Segovia
 

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.

El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.

En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.

La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.

Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.

De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.

Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.

Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas. El último «regalo de Pascua» de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los […]

Caso de quemados con fósforo en Dignidad quedó impune Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.

El último «regalo de Pascua» de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.

El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.

Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió «libertad vigilada».

La nueva «rebaja Suprema» -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.

EN EL FUNDO

Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.

Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Sch fer ordenó «limpiar el fundo». Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.

LOS OTROS AUTORES

De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.

Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada. Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.

Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.

Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.

Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.

La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.

Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.