Carreño Aguilera Iván Sergio

Manuel Antonio Carreño Navarro, casado, siete hijos, militante comunista y su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera, de 16 años de edad, estudiante secundario, militante de la Juventud Comunista, fueron detenidos el 13 de agosto de 1974, en su domicilio, alrededor de las 00:30 horas, por tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que se movilizaban en una camioneta Chevrolet color rojo, sin patente y con letras blancas, en la que habían dos agentes más. A esa hora de la madrugada, los aprehensores, fuertemente armados, llegaron hasta el domicilio de las víctimas, identificándose como "policías" y haciendo un gesto de mostrar documentación, la que nadie logró ver. Allanaron minuciosamente el hogar y obligaron a Ana Concepción Aguilera, esposa y madre respectivamente de los afectados, que les abriera la puerta del dormitorio de Iván Sergio. Los agentes, al enterarse del nombre del menor, revisaron una carpeta de color negro que portaban consigo y consultaron una lista de nombres. Inmediatamente después hicieron levantarse a Iván Sergio Carreño y dijeron que tenía que acompañarlos. Cuando la madre preguntó por qué se lo llevaban, un agente, alto y delgado, le respondió con brusquedad: "ahora se preocupa y no se preocupó antes cuando andaba pegando carteles en la calle".

En esos momentos, Manuel Antonio Carreño, a medio vestir, se acercó a los aprehensores y preguntó lo que estaba sucediendo con su hijo. La respuesta fue "usted quédese calladito porque también tiene que acompañarnos, es allá donde tiene que hablar".

Ambos, padre e hijo, fueron subidos a la parte de atrás de la camioneta, custodiados por uno de los agentes. En el vehículo también iba detenido José del Tránsito Aceitón Salazar ?atado con alambres y tapado con una frazada? quien permaneció incomunicado por más de 30 días, para terminar siendo expulsado del país en febrero de 1975, sin que pudiera declarar en el proceso por el desaparecimiento de los afectados. Aceitón había sido Presidente de las JAP del sector y abastecía a Manuel Antonio Carreño.

En la tarde de ese mismo día, testigos vieron como Iván Sergio era trasladado por sus captores en una camioneta por la Población Anexo Independencia,ubicada al frente de la Población El Carmen, en la que el menor tenía su domicilio,siendo obligado a reconocer compañeros del Liceo donde estudiaba. Alrededor de las 18:00 horas de ese 13 de agosto, fue llevado hasta los respectivos domicilios de dos niñas menores de edad, Verónica Patricia Pareja y Rosa Eliana Narváez. Las dos menores  que habían participado hasta el día del Golpe Militar en el Centro Juvenil de la Población Anexo Independencia junto a Iván Sergio  fueron detenidas en esa oportunidad, saliendo libres sólo 4 semanas después. La madre de la primera de ellas informó de la situación a Ana Concepción Aguilera.

Por su parte, Sergio Andrés Díaz, quien vivía en la Población Anexo Independencia, supo de la detención de los Carreño y, desde la esquina de su casa, vio cuando detuvieron a Verónica Patricia y a Rosa Eliana. Más aún, el domicilio del testigo fue allanado varias veces. En uno de esos allanamientos, no se precisa la fecha, los agentes llevaban consigo a Iván Sergio Carreño, el que se veía en muy mal estado físico y era incapaz de caminar solo.

Manuel Antonio Carreño y su hijo, fueron trasladados por sus aprehensores a Londres 38, centro secreto de detención y tortura de la DINA, en donde fueron vistos por testigos. Erika Cecilia Hennings, quien fuera detenida el 31 de julio de 1974, permaneció en Londres 38 por espacio de 17 días. En ese recinto, la declarante supo de la presencia de varias personas que estaban allí en calidad de detenidas, entre estas, Manuel Antonio e Iván Sergio Carreño. Por otra parte, un sacerdote, que en 1974 se desempeñaba como párroco en la Parroquia San Diego de Huechuraba de la Población El Carmen, recibió testimonios relativos al destino corrido por los afectados. Por antecedentes que le proporcionaron, entre otros José del Tránsito Aceitón, supo de las circunstancias que rodearon la detención de los Carreño y de su traslado al recinto de calle Londres 38. Según le informaron los testigos, Manuel Antonio Carreño, quien había sido violenta e intensamente torturado, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a gritar e insultar a los guardias. Estos reaccionaron tomándolo y arrastrándolo hacia un patio interior, en donde procedieron a golpearlo hasta la muerte. Una vez muerto, los agentes cavaron un hoyo en el patio. La impresión de aquellos que estaban detenidos fue que lo enterraron ahí mismo.

Iván Sergio Carreño, al escuchar los gritos, comenzó, en la sala donde se encontraban los demás detenidos, a gritar también, llamando a su padre. Entonces los guardias tomaron al menor y también lo arrastraron al patio, dándole muerte. La versión le fue plenamente confirmada al sacerdote, incluso en sus detalles, por José Aceitón, cuando el declarante lo fue a ver a Tres Alamos. Más aún, Aceitón y los otros testigos pidieron al sacerdote, en esa fecha (1974), que no entregara la información a la familia de los afectados, puesto que la señora "podía incluso morirse". Sólo se dio a conocer cuando la familia Carreño viajó al exilio a Viena, Austria.

La detención de Manuel Antonio Carreño y de su hijo Iván Sergio, no fue un hecho aislado, sino que se inscribió en una redada que realizó la DINA en el sector. Según testigos, desde el 12 de agosto de 1974 se advirtió a muchos carabineros rondando por la Población Anexo Independencia de Conchalí. Al día siguiente, en la madrugada, se produjeron detenciones en la población El Carmen y otros sectores de Conchalí. Así, además de los Carreño, fueron detenidos Andrés Tadeo Galdámez, también militante comunista y también detenido  desaparecido; José del Tránsito Aceitón, ex Presidente de las JAP; las menores Verónica Patricia Pareja y Rosa Eliana Narváez y una persona de apellido Pezoa, todos los cuales, a excepción de Galdámez y los Carreño, recuperaron su libertad.

Posterior a los hechos, el domicilio de los afectados recibió la "visita" de civiles que inquirían antecedentes. La primera de estas "visitas" se produjo el 15 de febrero de 1977 y los civiles de identificaron como pertenecientes al Servicio de Investigaciones. Ya en esta fecha, la señora Ana Concepción Aguilera se encontraba en tratamiento siquiátrico, víctima de una fuerte neurosis producto de sus pocas esperanzas de encontrar con vida a su esposo e hijo. También se encontraba en tratamiento psicológico su hijo de 8 años de edad, el que había sido fuertemente afectado por el desaparecimiento de su padre y hermano.

El 16 de julio de 1977, a las 4 de la tarde, dos jóvenes, de entre 16 y 19 años, se presentaron en el domicilio familiar. Dijeron que venían de la Secretaría Nacional de la Juventud, y el mayor de ellos mostró un carnet universitario de la Universidad de Chile. Señalaron que buscaban información acerca de Iván Sergio, preguntando todo lo concerniente a su detención y diciendo que pondrían los antecedentes en manos de autoridades de Gobierno. En el transcurso de la conversación, Ana Concepción Aguilera sufrió una crisis que se tradujo en una fuerte baja de presión y en un derrame nasal y bucal, con desvanecimiento posterior. Ante la situación, los jóvenes procedieron a retirarse.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 19 de agosto de 1974 se interpuso recurso de amparo por los afectados en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 958?74 y el que fue fallado sólo 9 meses más tarde, en mayo de 1975. Se consultó a las distintas autoridades y el 20 de septiembre de 1974 el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, respondió al Tribunal informando que Manuel Antonio e Iván Sergio Carreño no se encontraban detenidos por orden de la autoridad administrativa y que esa Secretaría de Estado ignoraba sus respectivos paraderos. El 15 de octubre del mismo año, el Ministro Benavides reiteraba que Manuel Carreño no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría. El 18 de octubre, Ana Aguilera señalaba a la Corte que su marido y su hijo habían estado detenidos en el recinto de calle Londres Nº 38, solicitando que se oficiara a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) para que informara al respecto.

En noviembre de 1974, Ana Aguilera decía a la Corte "mi angustia de madre, de mujer, de esposa y de chilena, en estos momentos es inmensa frente a la injusticia tan grande y creo que es necesario que Vs. Ilma. haga uso de todas las facultades y prerrogativas que le confieren las leyes a fin de poner término definitivo a ella". En estos mismos días, el General Raúl Benavides oficiaba al Tribunal respondiendo a nombre del Prefecto General de Carabineros, haciendo presente que "este Ministerio informó sobre la situación de las mencionadas personas (los afectados)", (27 de noviembre). Además, el Ministerio de Defensa Nacional informó que los afectados no registraban antecedentes en esa Secretaría de Estado. Por su parte, el General de Brigada y Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Santiago, Sergio Arellano Stark, informó en diciembre de 1974, que ni a Manuel Carreño ni a su hijo Iván Sergio se les instruía causa en el II Juzgado Militar. El 15 de marzo de 1975, frente a un nuevo requerimiento del Tribunal, el Ministro Benavides insistió en que ninguno de los dos afectados se encontraba detenido por orden de esa Secretaría, cosa que se volvió a repetir el 20 de marzo de ese mismo año.

El 14 de mayo de 1975, en mérito a los informes de las autoridades, se rechazó el amparo y se remitieron los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente a fin que investigara la posible comisión de un delito.

El 4 de octubre de 1974, Ana Aguilera presentó una denuncia por presunta desgracia ante el 3º Juzgado del Crimen de Santiago, la que fue rolada con el Nº 3.322. Después de que se emitiera una orden de investigar, el 23 de noviembre de 1974 se archivaron los antecedentes por "no haberse adelantado más en el éxito de esa investigación". No hubo otras diligencias. Sin embargo, el 12 de mayo de 1975, la jueza, María Antonieta Gutiérrez, del mismo 3er. Juzgado del Crimen, dejó sin efecto la medida anterior y se instruyó sumario, dándole el rol Nº118.145?8. A este proceso se acumularon los antecedentes remitidos por la Corte de Apelaciones. La primera diligencia realizada fue la emisión de una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, la que fue respondida el 27 de junio de 1975 y en la que se señalaba que se habían practicado diversas averiguaciones en hospitales, postas, Instituto Médico Legal, establecimientos de reclusión, sin obtener resultados positivos. El 7 de julio del mismo año, Investigaciones informaba nuevamente al Tribunal que se habían efectuado nuevas consultas ante "los servicios de inteligencia agrupados en la DINA, SENDET, y servicios de Carabineros y de Investigaciones, no obteniendo respuesta positiva". Se agregaba que, ante la posibilidad de que los afectados hubiesen salido del país, se había consultado en la oficina de la INTERPOL, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior, tampoco en esta oportunidad se lograron antecedentes concretos.

Posterior a estas diligencias, la causa quedó paralizada hasta el 23 de junio de 1976. Es decir, transcurrió un año sin que se realizara diligencia alguna tendiente a ubicar el paradero de Manuel Antonio Carreño y de su hijo Iván Sergio. Recién en esta fecha se emitió una nueva orden de investigar, con el fin de dar con el domicilio de las menores Verónica Patricia Pareja y de Rosa Eliana Narváez, diligencia que nunca fue concretada durante la tramitación del proceso. Las menores no concurrieron a declarar ante el Tribunal.
El 22 de septiembre de 1976, el Teniente Coronel Sergio Guarategua Peña, Secretario Ejecutivo Nacional del SENDET, comunicó al Tribunal que, por Oficios anteriores, el Ministerio del Interior ya había informado que los afectados no habían sido detenidos por orden de esa Secretaría. Sin que se lograran mayores avances, el 2 de diciembre de 1976, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa, por no encontrarse suficientemente acreditada la existencia del delito. En su dictamen el Fiscal hizo notar "el desinterés por tratar de averiguar los hechos que motivaron la instrucción del sumario, en el cual es cierto que consta que la Autoridad no ha ordenado ni mantiene la detención de los desaparecidos". El Fiscal agregaba diligencias que debían realizarse: oficiar al Ministerio del Interior, al SENDET y a Tres Alamos, a fin de que informaran sobre la efectividad de la detención de José del Tránsito Aceitón; asimismo citar a Aceitón para que declarara sobre su propia detención y lo que supiera en relación a los afectados, agrega además el Fiscal que el interrogatorio deberá llevarlo a cabo personalmente el Juez de la causa. El 18 de marzo de 1977, la Corte de Apelaciones revocó el fallo y ordenó al Juez que practicara las diligencias propuestas por el Fiscal.
Sin embargo, ya en 1977, casi tres años después de ocurridos los hechos, no fue posible citar a declarar al principal testigo presencial, José del Tránsito Aceitón Salazar, puesto que, tal como lo informó el Ministro del Interior Benavides, al Tribunal, el 27 de abril de ese año, el testigo había sido expulsado del país el 5 de febrero de 1975, habiendo viajado a Venezuela el 13 de febrero de aquel año. Benavides reconoció en ese Oficio la reclusión de José Aceitón en Tres Alamos, después de haber estado preventivamente detenido en Cuatro Alamos. Diligencias posteriores tampoco tuvieron resultados en el sentido de ubicar a José Aceitón. El 22 de agosto de 1977, el Coronel de Ejército y Subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Valdés Puga, informó que la Embajada en Venezuela no había logrado ubicar el paradero de José Aceitón, pues no se encontraba inscrito en el Consulado de Chile.
Sin que se tomaran los testimonios de los testigos presenciales de los hechos se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa? por no encontrarse acreditada la existencia del delito ? el 12 de septiembre de 1977. El 21 de octubre de ese año, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del Juez.

Por su parte, la familia realizó una serie de gestiones administrativas, recorriendo centros de detención, postas, Instituto Médico Legal y escribiendo a las autoridades de la época. Cuando Ana Aguilera acudió a Tres Alamos ?según lo declaró ella misma? los Carabineros se rieron, diciéndole que todas las madres creían que sus hijos eran buenos "pero no saben lo que los angelitos hacen por detrás". El 30 de noviembre de 1974, también en Tres Alamos, le recibieron dos paquetes con ropa y útiles de aseo dirigidos a su esposo e hijo. Sin embargo, después de media hora, el carabinero que la atendió, la llamó y le devolvió los paquetes diciéndole a "estos no los han sacado…". La señora Ana Aguilera quiso preguntar algo más, pero le cerraron el portón.

El 12 de marzo de 1976, Ana Aguilera escribió al Ministro del Interior, General de División Raúl Benavides Escobar, relatándole los hechos y solicitándole una investigación al respecto. El Ministro, en su respuesta, el 18 de marzo de 1976, le informó carecer de antecedentes relativos a los afectados. En 1974 se presentó una denuncia por "sustracción de menor de edad", de la que no hay mayores antecedentes. Posteriormente, y dada la situación económica y de salud de la gran parte del grupo familiar, algunos de ellos, incluida la madre y esposa, viajaron al extranjero. Hasta hoy, Manuel Antonio Carreño y su hijo Iván Sergio permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

En el año 1992 a raíz de la detención del ex agente de la DINA, se interpuso una querella por el secuestro de Manuel Antonio Carreño Navarro y su hijo Iván Sergio Carreño Aguilera. Esta causa se tramita en el 3er. Juzgado del Crimen de Santiago bajo el rol Nro. 118145. A diciembre de 1992 la referida causa se encuentra en estado de sumario y con diligencias pendientes. El ex agente Romo fue detenido en Brasil en julio de 1992, y a los 3 meses expulsado de ese país. A su arribo a Chile fue detenido y puesto a disposición de varios Tribunales que tramitan causas por detenidos desaparecidos. A fines del año 1992 en 7 procesos se habían dictado autos de reo en su contra. Romo Mena vivía en Brasil desde finales de 1975, a ese país llegó con identidad falsa que le proporcionara la DINA a él y su grupo familiar.

En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.

Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.
Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.
En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.

La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.

Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.

Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.

En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.

En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.

En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.

En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.

En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.

En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.

En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.

Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.

En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.

En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.

En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio

Tenía personalidad propia: militaba en las Juventudes Comunistas y también coqueteaba con el hippismo. Le fascinaban las películas de vaqueros y era talentoso para los oficios manuales: se hizo su propia guitarra eléctrica con desechos, para tocar desde Jimi Hendrix hasta Quilapayún. A Iván Sergio Carreño Aguilera y a sus hermanos y hermanas el padre los hacía dormir escuchando música clásica. En la familia le decían “Ivanocho”. Tenía 15 años al momento de su detención, realizada el día 13 de agosto de 1974 en su propio domicilio por agentes de la DINA. Se lo llevaron junto al padre, que también figura como detenido desaparecido.

No era común a inicios de la década de 1970 mezclar la música psicodélica y el rock con la pertenencia a las Juventudes Comunistas. De carácter original, Iván Sergio Carreño Aguilera sí lo hizo, aliñando el rigor de la militancia política con toques de hippismo. A las Juventudes Comunistas había ingresado a los 12 años, más o menos, cuando ya tenía experiencia pintando en Conchalí, donde vivía, con la Brigada Ramona Parra. Además, era fanático de Santana y Jimi Hendrix. Coleccionaba sus discos, uno de los cuales, War Heroes, de Hendrix, aún es conservado por su hermana Ana María, quien lo guarda como un artefacto que mantiene vivos los recuerdos más íntimos de Iván, un adolescente alegre, con chispa, bien flaco, bajito, la tez mate, y el pelo castaño claro y liso, más largo de lo habitual. Tenía 15 años al momento de su detención. Hasta el día de hoy, sus restos siguen sin aparecer.  

Junto con ser talentoso para la música –cantaba y tocaba instrumentos—, Iván sabía usar las manos para confeccionar lo que le hacía falta y le gustaba. Armó un barco dentro de una botella pequeña, que le regaló a su amigo íntimo, Sergio. A su perro regalón, Cascabel, le construyó una casa en el patio. No contento con eso, se hizo unos mocasines apache y él mismo fabricó su propia guitarra eléctrica, con materiales de desecho, para tocar los temas de Santana, Hendrix, Inti Illimani y Quilapayún. 

Así se daba un respiro de la vida de estudiante en el Liceo Nº 12 de Conchalí, vida que se tomaba en serio mientras atendía a los ecos de la guerra de Vietnam. Hay que decir que la familia entera tiene buen oído, y quizá no por azar. A Iván y a sus tres hermanos y tres hermanas el padre los hacía dormir escuchando los Nocturnos de Chopin, piezas de Franz Liszt y de Beethoven. Ana María, rememorando esos episodios, menciona que recibieron una enseñanza “adictiva a la música”. En las marchas de las Juventudes Comunistas, Iván tocaba el tambor.

A Iván, en la familia le decían “Ivanocho”, y todavía lo recuerdan como un adolescente a quien le gustaba ayudar a los otros.

Es posible pensar que la solidaridad le vino en parte por el lado del padre, Manuel Antonio Carreño Navarro, también miembro del Partido Comunista. Manuel trabajaba en las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, las célebres JAP, organización encargada de racionar los alimentos y velar por la escasez de suministros durante la etapa final del gobierno de Salvador Allende. En esa función, a diario recibía mercadería en su casa y le tocaba distribuirla. Ana María recuerda las peleas de Manuel con su mamá, Ana Aguilera Covarrubias. ¿La razón? Su padre repartía todo, se quedaba sin nada, forzando a la familia –Iván y Ana María eran de los que se ofrecían— a hacer largas colas como cualquier vecino para adquirir productos de primera necesidad. A Ana tampoco le gustaba la militancia de su marido y de sus hijos. Ella prefería mantenerse al margen de la política. Por lo demás, Manuel no consideraba que la militancia fuera cosa de mujeres, de manera que sus hijas tenían prohibido incorporarse al Partido Comunista.   

Ana María era la hermana más cercana a Iván; era la mayor de los dos, pero por poco. Más que cercanos, eran yuntas. Si a los nueve años Iván se tiraba del techo de la casa (y se quebraba la clavícula) jugando a Superman, ella hacía lo propio, saltando al patio en calidad de Superwoman. Ana María nos cuenta que Ivanocho era malo para la pelota, pero bueno para pololear y tener amigas, porque era muy galán, en el sentido de atento y respetuoso con las jóvenes, que le correspondían. 

Ana, la madre, llevaba a toda la prole al cine Santa Lucía o al teatro La Palmilla una vez al mes. A Iván le fascinaban las películas de vaqueros. También tuvo la oportunidad de tomarle el gusto al cine de la Metro Goldwyn Mayer, gracias a un cuñado que trabajaba en la oficina santiaguina de la compañía estadounidense, y le regalaba entradas para el cine que esta tenía en la calle Banderas. Ahí Ivanocho vio grandes producciones de Hollywood, como Lawrence de Arabia y El doctor Zhivago. “Éramos niños felices”, asegura Ana María en una entrevista, “mis papás se preocuparon de que creciéramos bien, teníamos una librería y ahí intercambiábamos revistas, [a Iván] le gustaba la Archie”, una famosa serie de historietas dirigida a un público adolescente.

Así transcurría la vida de Iván, entre las actividades del Partido, los estudios, la música, los galanteos, el cine y las reuniones con amigos. Hasta el 13 de agosto de 1974.

Ese día, alrededor de las 00:30 horas, la puerta de la casa de Ivanocho –en la Población El Carmen, comuna de Conchalí— fue abierta a patadas. Súbitamente, a la vivienda ingresaron tres hombres armados, miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, que no mostraron ninguna documentación, pero se hicieron pasar por policías en búsqueda de Iván, cuyo nombre llevaban anotado en una lista contenida en una carpeta negra. 

Entonces obligaron a Ana a conducirlos a la habitación de su hijo. Sin dar explicaciones, lo detuvieron y registraron la casa. Manuel, de 53 años en ese entonces, consultó a los hombres qué sucedía. Un agente le respondió: “usted quédese calladito porque también tiene que acompañarnos, es allá donde tiene que hablar”. Ana, por su parte, intentó retener a los suyos, y preguntó, desconcertada, por su hijo Iván, de tan solo 15 años: “¿Por qué se lo llevan?”. Por toda respuesta obtuvo estas palabras: “Ahora se preocupa y no se preocupó antes cuando andaba pegando carteles en la calle”. Germán, hermano menor de Iván, se puso a llorar ante la confusa situación. Uno de los hombres lo encañonó para hacerlo callar.

Manuel e Iván hicieron abandono de la casa en la madrugada. Ivanocho iba vestido con una parka azul nueva, con cuello de piel y capuchón, un pantalón azul de tela de piel de durazno y los mocasines apaches que se había hecho con sus propias manos. Padre e hijo fueron subidos a la parte trasera de una camioneta roja sin patente, donde además había dos agentes y otro detenido: José del Tránsito Aceitón Salazar, a quien llevaban amarrado con alambres y tapado con una frazada. Aceitón había sido presidente de las JAP del sector. De hecho, él abastecía a Manuel, quien en el pasado había pertenecido a la Fuerza Aérea, de donde lo habían expulsado por comunista.

El mismo 13 de agosto, pero en la tarde, Iván fue visto en una camioneta que se dedicó a merodear por la Población Anexo Independencia, frente al sector donde él vivía. Sus captores buscaban que reconociera a militantes del Partido Comunista. A las seis de la tarde, Iván presenció la detención de Verónica Patricia Pareja y Rosa Eliana Narváez. Las dos menores de edad habían participado, junto a él, en un grupo juvenil católico de la Población Anexo Independencia. Después las dejaron en libertad, pero de eso Iván no se enteró. En otra fecha que no se logró precisar, un vecino de la misma Población El Carmen divisó a Iván con agentes de la DINA durante uno de los allanamientos a su hogar. Las torturas ya se le notaban a lo lejos: Iván no podía caminar sin ayuda. 

Gracias a las declaraciones prestadas por testigos y la información recolectada por la Vicaría de la Solidaridad, se logró determinar que Iván y Manuel fueron trasladados a Londres 38, uno de los centros secretos de detención y tortura de la DINA, ubicado a pasos de la catedral de San Francisco, en la Alameda. Al menos hasta agosto de 1974, Iván y Manuel seguían detenidos en Londres 38. Consta además que pasaron un breve periodo en la Villa Grimaldi, también en poder de la DINA. 

Dos días después de su detención, el 15 de agosto de 1974, Iván cumplió 16 años. Los agentes de la DINA decidieron hacer algo por su cumpleaños. Como dice Ana María, le dieron “guaraca”. Lo torturaron como nunca antes lo habían hecho. Y todo en presencia del padre.

A Manuel y a Iván los mataron en Londres 38. Mientras era torturado, Manuel entró en crisis e insultó a los guardias. Entonces lo sacaron al patio interior de la casa, y lo asesinaron a golpes (otro detenido en el recinto testificó en una causa judicial que un agente le “vació una ráfaga de tiros”). Los otros prisioneros escucharon la escena macabra, los lamentos de Manuel. Iván reaccionó desesperado, a los gritos, y esto les dio una excusa a los hombres de la DINA para matarlo: a golpes, en el patio, igual que a su padre, ese mismo día indeterminado. 

Parte de los hechos se conocen por testimonios entregados a Jesús Rodríguez Iglesias, párroco de Conchalí, y por declaraciones aportadas por otros testigos, incluido José Aceitón, quien fue una de las personas que pidió expresamente no darle esta información a la familia, porque la señora “podía incluso morirse”. Luego de asesinar a Manuel, los hombres de la DINA habrían cavado un hoyo en el patio. Los demás detenidos –la mayoría miristas y socialistas— quedaron con la impresión de que al menos Manuel había sido enterrado ahí mismo. 

Ana no se quedó esperando con los brazos cruzados. Recurrió a todas las instancias disponibles para conocer su paradero y recuperarlos. El 19 de agosto de 1974, a seis días de la detención de Iván y Manuel, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, expresando la detención ilegal de su hijo y de su esposo. El recurso fue acogido y se ofició al Ministerio del Interior para que entregara información sobre los afectados. La respuesta del Ministerio tardó un mes en llegar y se limitó a declarar que “los amparados no se encuentran detenidos por orden de alguna autoridad administrativa”, agregando que no se contaba con noticias sobre sus paraderos.  

En septiembre del mismo año, la Corte solicitó informes al director general de Carabineros, César Mendoza Durán, y al ministro de Defensa Nacional, Herman Brady Roche, pero ninguno de los dos aportó algo. Las víctimas no registraban antecedentes. Ni siquiera habían sido denunciados ante la Justicia Militar. Semanas después, la Corte reiteró el oficio al director general de Carabineros y solicitó información al jefe de la Zona en Estado de Sitio y al Comando de Aviación. Las respuestas volvieron a ser negativas: “No se encuentran procesados ni detenidos por esta autoridad”. 

“Mi angustia de madre, de mujer, de esposa y de chilena, en estos momentos es inmensa frente a la injusticia tan grande y creo que es necesario que vuestra Corte haga uso de todas las facultades y prerrogativas que le confieren las leyes a fin de poner término definitivo a ella”. Declaró Ana a la Corte de Apelaciones en noviembre de 1974, a tres meses de la desaparición forzada de su hijo y su esposo.

Todas las gestiones formales de la Corte resultaron infructuosas, hasta que se resolvió declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto en favor de Manuel e Iván. Ana no renunció. En los próximos años, perseveró en las gestiones judiciales, aunque sin obtener ningún resultado, salvo frustración tras frustración. Envió cartas a los ministerios de Interior y Defensa, recorrió centros de tortura y mantuvo contacto con la Secretaría Nacional de Detenidos. Nada prosperó. 

La familia Carreño Aguilera quedó a la intemperie tras la desaparición de Manuel e Iván. Según nos cuenta Ana María, desde ese momento comenzaron a tratarlos como si tuvieran “lepra, ni siquiera los compañeros del partido se acercaron a nosotros”. Ana provenía de una familia de derecha, y seguramente eso no la ayudó en nada. Tampoco por ese lado encontró amparo. Incluso, uno de sus hermanos, gerente de una empresa muy importante al momento del Golpe de Estado, habría contribuido a la desaparición de gente. Mientras tanto, los hombres de la DINA no se cansaban de allanarles la casa a los Carreño Aguilera. Para peor, en los alrededores de su hogar, se divisaba a diario a un civil de punto fijo.

Desde fines de los años 70, Ana María forma parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ahí sigue activa. No se pierde reunión, ni evento, ni manifestación. Dice haber hecho de la Agrupación “mi vida”. Hay un tono imperioso en su demanda de justicia que no ha aflojado con los años. Demanda de justicia y reivindicación de la memoria. En los años 80, en plena dictadura, era de las mujeres que iban a manifestarse frente a la casa de Londres 38, custodiada por agentes de civil que las interceptaban. La madre de Ana María y su hermano para ese entonces se habían exiliado en Europa, de modo que ella perseveró sola en la causa de los derechos humanos.

Para los cumpleaños de Iván suelen reunirse en familia y comer una torta en su homenaje. Pero en esas ocasiones, en que la “celebración” está teñida por el duelo, no se sacan fotos. Ana María siente que su hermano sigue a su lado. Habla de “algo mágico, no sé, intangible, uno sabe que está, él te guía”.