Fecha Detención : 27-09-1973
Lugar Detención : Antuco
Actividad Política : Partido Socialista (PS)
Actividad : Obrero
Estado Civil e Hijos :
Nacionalidad : chilena
Relatos de Los Hechos
Fuente :(Informe Rettig)
Categoría : Antecedentes del Caso
El día 27 de septiembre fueron detenidos en su respectivos domicilios de Villa Los Canelos por carabineros de Antuco y militares del Regimiento de Los Angeles:
– Manuel Antonio AGUILERA AGUILERA, 45 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Central El Toro.
– Abel José CARRASCO VARGAS, 39 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Central El Toro y militante del Partido Socialista.
Ambos fueron llevados al recinto policial de Antuco, lugar en el cual, según declaran sus familiares, se les informó que fueron trasladados al Regimiento de Los Angeles. Testigos declararon haber visto en este Recinto a Abel Carrasco. Hasta la fecha se desconoce la suerte y paradero de ambos.
Es convicción de la Comisión que las personas mencionadas fueron efectivamente arrestadas por agentes del Estado, que son los responsables de su desaparecimiento posterior. Se funda ese convencimiento en los antecedentes aportados por familiares y testigos y en la existencia de otras situaciones similares debidamente comprobadas en el mismo sector geográfico.
LLEGA A CHILE EL EXCORONEL KLUG CONDENADO POR VIOLACIONES DE DDHH
Fuente :Antimafia – 01 Julio 2021
Categoría : Prensa
Por Claudio Rojas, desde Chile
El coronel en retiro del Ejército, Walter Klug Rivera, llegó a Chile la noche de este lunes. Según constató Radio Bío Bío, y permanece en el Regimiento de Policía Militar de Santiago.
Lo anterior luego de ser expulsado de Argentina, donde fue detenido hace dos semanas, luego de su fuga de Chile, fue la notificación de una condena por violación a los derechos humanos.
Recordemos que la sentencia fue de 10 años de cárcel decretados por la Corte Suprema, puntualmente por el homicidio y secuestro de 23 trabajadores de las centrales El Toro y Abanico de Endesa en 1973.
Esta fue la segunda fuga de Klug del país, ya que la primera fue en 2015.
Según se informó en un comunicado del Poder Judicial, Klug Rivera ingresó a la unidad militar para una cuarentena de 10 días, plazo en el cual la ministra del Caso Endesa, Paola Plaza, resolverá la situación procesal del exuniformado.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a:
-Patricio Martínez Moena, general de Ejército en retiro, a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios;
-Walter Klug Rivera, coronel en retiro, a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y
-Ismael Espinoza Silva (Oficial) a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.
En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.
De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos: "Que, en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA; Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de 1973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de 'Los Canelos', 'Rayenco', 'Polcura', 'Antuco', además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de 'El Toro', 'El Abanico', y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de 'Cuatro Juntas', sector que era denominado 'Mallines del Sol', perteneciente al cajón de Alto Polcura', patronímico del río 'Polcura', que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales; Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidos y detenidos por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy".
La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.
Ingresan a Regimiento Militar a Walther Klug, el criminal de lesa humanidad que se fugó a Argentina
Fuente :Resumen.cl, 29 jun 2021
Categoría : Prensa
El Poder Judicial informó en horas de la noche de la internación en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago, en la comuna de Peñalolén, a Walther Klug Rivera, criminal de lesa humanidad de la Dictadura chilena que se había fugado del país intentando evadir los procesamientos de la justicia en su contra.
El excoronel Klug Rivera es un conocido miembro de las fuerzas represivas de la Dictadura en el sur de Chile, y hoy es requerido en dos causas por violaciones a los derechos humanos: el secuestro y muerte de 21 trabajadores de Endesa en la comuna de Antuco, Provincia de Bío Bío y el secuestro calificado del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles, Luis Cornejo.
En el primer caso, Klug fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión, sin beneficios, por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José "scar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.
En el segundo caso, Klug es sindicado como el responsable de la desaparición del estudiante de Topografía y presidente del centro de alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo.
Klug se había fugado en 2015 a Alemania, aprovechando la liviandad del trato a los violadores de DDHH que se da en nuestro país. Así, utilizó su doble nacionalidad y se benefició de la dificultad de la nación europea para extraditar a sus ciudadanos, aunque sean criminales de lesa humanidad. Sin embargo, en 2019 fue detenido en viaje que realizó a Italia, país desde donde fue extraditado a Chile.
No obstante, pese a la gravedad de los crímenes cometidos -se encuentra condenado por la Corte Suprema-, el criminal de lesa humanidad no fue encarcelado y se fugó nuevamente, esta vez a Argentina, desde donde fue expulsado a nuestro país. Klug no cumplió las cautelares que dictó el Ministro Carlos Aldana -quien no ordenó su detención pese a la existencia de estos antecedentes- por el otro caso por el que está siendo procesado: el secuestro calificado de Luis Cornejo.
La Ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que Walther Klug Rivera cumplirá en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago un periodo de cuarentena de 10 días para luego revisar su situación procesal.
Corte Suprema dicta sentencia definitiva por secuestros y homicidios de trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico
Fuente :ANGELINO · 24 OCTUBRE, 2014
Categoría : Prensa
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia.
En fallo dividido (causa rol 17030-2013), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a:
- Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios;
- Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y
- Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.
En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.
De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos:
«a) Que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA.
- b) Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales.
- c) Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy».
La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.
INAUGURARÁN MEMORIAL POR EMPLEADOS PÚBLICOS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA
Fuente :cronicadigital.cl 5/9/2014
Categoría : Prensa
Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.
Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.
“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.
“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recor
