Cancino Aravena Anselmo Antonio

Anselmo Antonio Cancino Aravena, casado, 1 hijo póstumo, obrero agrícola, dirigente sindical, militante del MIR, fue detenido el 8 de diciembre de 1973, en las circunstancias que se expresan a continuación: debido a las condiciones que se vivieron después del Golpe Militar de 1973, Anselmo Cancino, y su novia Silvia Sepúlveda Bueno decidieron abandonar momentáneamente la mediagua que habitaban en el Campamento "Luciano Cruz", localizado junto al estadio de Linares. El 14 de septiembre de 1973 ambos fueron llamados a presentarse ante las autoridades por el Bando N 14, el cual fue difundido por los diarios de la zona y por las radios de Linares, San Javier y Parral.

Anselmo Cancino propuso a Silvia Sepúlveda que se entregara, ya que ella se encontraba embarazada de dos meses. Silvia Sepúlveda decidió finalmente hacerlo ya que "habían tomado detenidos como rehenes a sus padres y a los padres y a una hermana menor de Anselmo".

Efectivamente, el 13 de septiembre de 1973 en la noche, Militares armados detuvieron a José del Carmen Cancino Yáñez y Clotilde Aravena Aravena, padres de Anselmo Cancino, así como a Eunice Cancino Aravena, su hermana de 14 años. El matrimonio estuvo 19 días detenido en la Cárcel, en tanto la niña permaneció privada de libertad, también en la cárcel de Linares, un mes y medio. Silvia Sepúlveda se presentó a la Madre Superiora de la Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor, en Linares, el 22 de septiembre de 1973; la religiosa decidió llamar al Obispo de esa ciudad para que la presentara a las autoridades.

Silvia Sepúlveda permaneció 58 días incomunicada en la Escuela de Artillería de Linares y luego más de un año y medio recluida en el Buen Pastor. Durante el período de incomunicación fue intensamente torturada y la amenazaron frecuentemente con que iban a matar a su hijo, quien nació el 11 de abril de 1974.

Entre tanto, Anselmo Cancino buscó refugio en distintas casas de amigos y simpatizantes del gobierno depuesto, todos los cuales fueron ulteriormente detenidos por haberlo ayudado. Entre ellos se encuentra Viviana Montecinos, Elsa Arcoverde, Olivia de Rodríguez, César Bravo y la hija menor de esa María Inés Bravo.

César Bravo tuvo al fugitivo en su hogar y luego lo trasladó hasta un aserradero en Cauquenes, donde fue detenido el 8 de diciembre de 1973. En su detención participó el detective Héctor Torres Guajardo, quien también tomó parte en los interrogatorios y apremios a que fue sometida Silvia Sepúlveda.

Esta última expresó que Anselmo Cancino fue visto en el Regimiento o Escuela de Artillería de Linares por numerosas personas, entre otras Viviana Montecinos, Norma Montecinos y Norma Rodríguez. También lo vio y habló con él el profesor de Educación Física Alejandro Robinson Méndez Morales, quien, años más tarde, entregaría su testimonio ante el Tribunal que investigó la desaparición del afectado.

Silvia Sepúlveda identificó a la persona que más la torturó como el Capitán Claudio Lecaros Carrasco, el cual también es señalado por otros testigos como el principal interrogador de Anselmo Cancino. Cuando comparecieron a la presencia judicial, tanto el detective Torres como el Oficial Lecaros negaron su participación en los hechos.

Representantes de la Cruz Roja Internacional visitaron a Anselmo Cancino cuando estaba incomunicado en el Regimiento de Artillería linarense y, más tarde, requeridos judicialmente, dejaron constancia de este hecho. Igualmente, visitaron a Silvia Sepúlveda, quien les preguntó por él, respondiéndole los representantes que habían estado con Cancino, que se encontraba incomunicado pero en buen estado, que él preguntaba, a su vez, por ella y que la incomunicación le iba a ser levantada.

Por su parte, Viviana Montecinos Parra declaró bajo juramento que, desde el 14 de diciembre de 1973 vio en el Regimiento de Artillería a Anselmo Cancino por espacio de cinco días: "permanecía sentado en el suelo y estaba en muy malas condiciones físicas, una sola vez lo vi intentar pararse, sólo logrando hacerlo lo suficiente para sentarse en una banca".

En 1974, un efectivo de la Escuela de Artillería informó a la familia que Anselmo Cancino había sido sacado de noche de la misma escuela junto a Guillermo del Canto, María Isabel Beltrán Sánchez, Alejandro Mella Flores, Hernán Contreras Cabrera y José Gabriel Campos Morales, todos actualmente desaparecidos. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Anselmo Cancino Aravena.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 22 de enero de 1980 José del carmen Cancino Yáñez presentó una denuncia por la presunta desgracia de su hijo Anselmo Cancino Aravena ante el Segundo Juzgado del Crimen de Linares, la que llevó el rol N?5227 de este tribunal.

El 30 de enero de 1980 el Ministro del Interior Enrique Montero Marx afirmó que en su Secretaría de Estado no se poseían antecedentes acerca de esa persona.

Viviana Montecinos Parra compareció el 8 de febrero de 1980 y señaló que había permanecido cinco días con Anselmo Cancino en el Regimiento de Artillería de Linares. Más adelante, con fecha 7 de junio de 1990 amplió sus declaraciones para decir que mientras estuvo en el Regimiento de Artillería escuchaba los gritos y quejidos de Anselmo mientras lo interrogaban y quienes lo hacían eran el detective Torres y el Capitán Lecaros.

Pero el Director Subrogante de la Escuela de Artillería de Linares Gustavo Larraín Agüero manifestó, el 31 de enero de 1980, que Anselmo Antonio Cancino Aravena "jamás ha estado detenido en este Instituto Militar". Ese informe fue ratificado por el Director titular de ese Instituto el 26 de diciembre de 1980.

Por su parte, Silvia Inés Sepúlveda Bueno, la novia de Cancino, declaró extensamente el 14 de marzo de 1980 corroborando todo lo que sabía sobre la detención del afectado y más tarde volvió a ser varias veces citada en el proceso, acudiendo, por última vez, el 7 de junio de 1990.

En apoyo de esto último, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló al Tribunal, con fecha 10 de marzo de 1980, que Anselmo Cancino había sido visitado por delegados de ese organismo el 15 de diciembre de 1973 en la Escuela de Artillería de Linares.

El detective Héctor Torres Guajardo, tras ser repetidamente citado, acudió el 10 de diciembre de 1980 al tribunal para decir que "jamás he interrogado a la persona que se menciona, al cual no conozco y nunca lo he tenido de pie en la Escuela de Artillería de Linares, como se me señala".

El capitán Claudio Lecaros, sindicado como uno de los principales interrogadores de Cancino, no compareció inicialmente en la causa rol 5227 del Segundo Juzgado del Crimen de Linares. Sin embargo, sí lo hizo en otra causa que en ese Tribunal se tuvo a la vista por la desaparición de Alejandro Mella Flores (rol 42.198 del Primer Juzgado del Crimen de Linares) y expresó que no recordaba a las personas detenidas en el Regimiento de Artillería de Linares "por su escasa importancia política". En cambio, en ese mismo juicio, Raúl Abelardo Díaz Jara, Teniente de Ejército, quien se desempeñó en el Regimiento desde agosto hasta diciembre de 1973, dijo: "mi labor específica era llevar el kárdex de la relación de los detenidos. Mi superior jerárquico era el Capitán Claudio Lecaros. Al único que recuerdo es al detenido Cancino Aravena por su notoriedad".

El 14 de abril de 1981 el Tribunal declaró cerrado el sumario e inmediatamente dictó sobreseimiento temporal por no encontrarse acreditado el delito. La Corte de Apelaciones de Talca aprobó esa resolución el 30 de abril de 1981.

El 9 de mayo de 1989, se solicitó la reapertura del sumario, presentando una querella el padre del afectado. En ella se adjuntaban recortes de diarios de la época del Golpe Militar que publicaban el Bando N?14 y fotografías de Anselmo Cancino, se aportaban nuevos antecedentes y se solicitaban numerosas diligencias.

El Juzgado ordenó de inmediato reabrir la investigación y ordenó desarchivar también la causa por desaparición de Alejandro Mella Flores para tenerla a la vista.

La Cruz Roja Internacional confirmó, una vez más, con fecha 29 de mayo de 1989, la visita que sus delegados efectuaron a Anselmo Cancino el 15 de diciembre de 1973.

El 10 de agosto de 1989 el Ministro de Defensa informó que el Mayor Raúl Abelardo Díaz Jara presta actualmente servicios en la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y que Claudio Lecaros Carrasco se había retirado de esa rama de las Fuerzas Armadas. Localizada la dirección de este último por medio del Registro Civil, se le hizo comparecer el 14 de noviembre de 1989 y declaró extensamente que en la época del Golpe Militar desempeñó funciones administrativas, correspondiéndole sólo revisar los antecedentes de los detenidos.

María Inés Bravo Torres, quien, por haber tenido en su hogar junto a su padre a personas buscadas por las autoridades militares, fue detenida y enviada al Regimiento de Artillería de Linares, se presentó al tribunal el 7 de junio de 1990. Recordó que "un día en uno de los pasillos de la Escuela de Artillería de Linares divisé a Anselmo Cancino, lo vi de espalda, andaba con una manta negra y cuando yo iba al baño él se dio vuelta y le vi la cara y lo reconocí como Anselmo Cancino, él estaba sentado y lo vi muy pálido. Debo agregar que, en los días en que yo permanecí en las galerías, sentía gritos y quejidos de dolor de hombres y creo que venían de salas contiguas a las que usaban para tomarnos declaración".

El 21 de junio de 1990 acudió al Tribunal Darko Jaime Tapia Alvarez, ex militante del MIR que, en su carácter de tal, conoció a Anselmo Cancino en Linares. Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 y llevado al Regimiento de Artillería de Linares, donde estuvo hasta fines de diciembre de 1973. Mientras esperaba ser interrogado, en una oportunidad vio que pasaron dos personas llevando a Anselmo Cancino, cada una de un brazo, pues el prisionero tenía las manos amarrado atrás, entrando a una sala con él. "A continuación ?agrega? yo sólo escuché gritos y lamentos de Anselmo dentro de esa sala y al rato lo sacaron entre dos hombres y lo traían arrastrándolo, lo entraron a otra sala en la cual quedó la puerta junta solamente y por un espacio de la puerta entreabierto pude ver que Anselmo estaba allí tirado en el suelo". Corroboró que el detective de apellido Torres y el capitán Lecaros participaron en los apremios e interrogatorios de Cancino, además de un sargento Aguilar y un Comandante Cabezas.

El mismo día 21 de junio de 1990 se presentó al Juzgado Gabriel del Río Espinoza, quien se desempeñara como Director de la Escuela de Artillería de Linares el 11 de septiembre de 1973. Reconoce que confeccionó el Bando N?14, que ordenaba la presentación de Cancino y otras personas y acotó que las denuncias eran, muchas veces, hechas por particulares. Debido a la escasez de personal en su regimiento, efectivos de Carabineros e Investigaciones colaboraban en las detenciones e interrogatorios y no recuerda el nombre de Anselmo Cancino debido a la cantidad de personas interrogadas.

El 28 de junio de 1990 se presentó al tribunal Alejandro Robinson Méndez Morales, quien era simpatizante del MIR en la época del Golpe de Estado. Estuvo detenido en octubre de 1973 en el Regimiento de Artillería y en una oportunidad, sentado frente a la pared, descubrió un hoyo y, según sus palabras "vi hacia el otro lado y allí estaba Anselmo Cancino en una sala solo y de pie; el Detective Torres se dio cuenta que yo estaba mirando hacia el otro lado, por lo que me ordenó volverme hacia los vidrios que daban al patio; al rato después me hicieron entrar a una sala en donde también estaba Anselmo Cancino y cruzamos algunas palabras". Más tarde, un funcionario lo llevó a otra sala donde, según su testimonio, "estaba otro de nuestros compañeros; se trataba de Guillermo del Canto con quien también tuve oportunidad de cruzar algunas palabras".

El 23 de julio de 1990 nuevamente compareció Claudio Lecaros Carrasco y negó haber interrogado alguna vez a los detenidos. Hacia esa fecha, el Tribunal había citado no menos de quince veces a Raúl Abelardo Díaz Jara, sin lograr su comparecencia.

El 2 de agosto de 1990 el Tercer Juzgado Militar de Concepción pidió al Segundo Juzgado del Crimen de Linares que se inhibiera de seguir conociendo la causa rol 5227 por haber militares eventualmente comprometidos en los hechos. El 30 de agosto de 1990 el Juzgado Civil no aceptó la incompetencia y envió el proceso a la Corte Suprema.

El 26 de octubre de 1990, el Fiscal de la Corte Suprema remitió un extenso informe a ese tribunal en el que expresaba que la causa debía seguir siendo conocida por el Segundo Juzgado del Crimen de Linares. Empero, con fecha 11 de diciembre de 1990, la Corte Suprema decidió que era competente para seguir la tramitación de la causa el III Juzgado Militar de Concepción. El 27 de diciembre de 1990 el proceso pasó a la Fiscalía Militar de Talca con el rol 800 90.

Este último Tribunal no efectuó ninguna diligencia y con fecha 13 de mayo de 1991 declaró cerrado el sumario. El 15 de mayo de 1991 dictó sobreseimiento temporal por no haberse acreditado el delito. No obstante, el III Juzgado Militar dejó sin efecto esa resolución y ordenó reabrir el proceso, ordenando una serie de diligencias, entre ellas un nuevo interrogatorio a Héctor Torres, oficios al Registro Civil, Policía Internacional, Instituto Médico Legal, Cruz Roja Internacional, etc., (este último organismo respondió, en el mismo sentido en que lo había hecho antes dos veces, con fecha 7 de agosto de 1991).

Héctor Torres fue citado reiteradas veces y finalmente se le arrestó para que compareciera el 23 de octubre de 1991 a repetir lo mismo que había dicho con anterioridad.

El 24 de octubre de 1991 la Fiscalía Militar de Talca declaró otra vez cerrado el sumario y sobreseyó temporalmente el 31 de octubre de ese año, lo que fue aprobado por el III Juzgado Militar el 13 de diciembre de 1991.

La Corte Marcial conoció la apelación en contra del sobreseimiento temporal y el 21 de abril de 1992 revocó el sobreseimiento y ordenó a la Fiscalía de Talca reabrir el sumario. A la fecha de este informe la causa continuaba en tramitación.

Alselmo Cancino, hijo de detenido desaparecido: “Quiero saber dónde fue ejecutado mi papá, exhumado y quemado”.

Cancino pidió la reapertura del caso Operación Retiro de Televisores y denunció la pérdida de una pieza ósea en el Servicio Médico Legal, caso que derivó en la aparición de 89 cajas con restos sin ser periciadas.

“Aquí no ha habido voluntad de investigar, ha faltado compromiso de los tribunales o del Poder Judicial en general. Es un claro ejemplo de cómo los jueces han mirado para el lado, han preferido echar la tierra bajo la alfombra”.

Las palabras son de Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo del dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, Anselmo Cancino Aravena, quien pidió la reapertura de la investigación conocida como Operación Retiro de Televisores y en particular del episodio Linares, donde existen testimonios de militares confesos.

En la lucha por encontrar verdad y justicia,  los familiares entregaron al Servicio Médico Legal una costilla que se extravió y que pertenecería a un dirigente asesinado, hecho que reveló la existencia de 89 cajas con restos óseos que nunca fueron periciados y que permanecieron 20 años en la  Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Chile.

La vida de Anselmo Cancino ha estado marcada por la búsqueda de su padre, dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario en tiempos de la Unidad Popular, detenido el 8 de diciembre de 1973 y llevado a la  Escuela de Artillería de Linares, de donde desapareció.

Luego del golpe de Estado, su padre, junto a su madre Silvia Sepúlveda, que se encontraba embarazada de dos meses, fueron llamados a presentarse ante las autoridades, de acuerdo a la información difundida  en el Bando militar Nº14.

Cancino Aravena propuso a su compañera que se entregara debido a su estado.  Silvia Sepúlveda se entregó el 22 de septiembre de 1973 y estuvo 58 días incomunicada en la Escuela de Artillería de Linares donde fue brutalmente torturada y la amenazaron con frecuencia que iban a matar a su hijo que nació el 11 de abril de 1974, rodeado de militares y torturadores. Silvia estuvo más de un año y medio recluida en la Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor.

La semana pasada, el hijo póstumo del dirigente campesino cumplió 49 años y su anhelo es, “aunque no encontremos un hueso, que se determine jurídicamente la verdad respecto de cuál fue el lugar donde mi papá fue ejecutado y posteriormente fue exhumado y quemado en ese lugar, porque ahí quiero reclamar un sitio de memoria. Aunque sea un recinto militar, me da exactamente lo mismo y hacer todas las gestiones, aunque nos demoremos años, pero hacerlas”, relató.

Hoy toda su preocupación está centrada en la reunión del próximo lunes que sostendrá con la jueza, Paola Plaza, ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  con quien abordará  la reapertura de la investigación solicitada a principios del mes de marzo,  por el caso Operación Retiro de Televisores y en particular del capítulo “Cuaderno Ampliación y Adhesión de querellas (Inhumación y Exhumaciones ilegales)”, «de la causa Rol: 2182- 98 “Linares”, por los delitos de inhumaciones y exhumaciones ilegales, la que se encuentra sobreseída temporalmente desde el 25 de abril de 2007”.

La Operación Retiro de Televisores fue una medida ordenada entre los años 1978 y 1979 por el dictador Pinochet para desenterrar los cadáveres de ejecutados políticos en recintos militares para hacerlos desaparecer.

De acuerdo a los antecedentes aportados  en la solicitud de la reapertura de la investigación del 3 de marzo pasado, se señala que “el entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, en el marco de la investigación de la operación “Retiro de televisores”, ordena la creación de un cuaderno reservado. En este cuaderno los militares que participaron de las exhumaciones e inhumaciones cuentan con detalles de cómo hicieron el trabajo, describiendo situaciones específicas respecto del desentierro y quema de cuerpos de los detenidos. Estos antecedentes, fruto de la investigación liderada por familiares de detenidos desaparecidos, nunca se han investigado”.

Entre las diligencias requeridas, se pide interrogar en calidad de inculpados a  Patricio Rafael Alberto Gualda Tiffoine; Claudio Abdón Lecaros Carrasco; Jorge Ernesto Mario Zincke Quiroz;  Jorge Marcelo Escobar Fuentes; Luis Rosendo de las Rosas Aliste Sepúlveda y Héctor Luis Urrutia Ibáñez.

Polígono de Tiro General Bari 

Anselmo Cancino afirmó que el capítulo Linares nunca fue investigado por la justicia a pesar que las personas, oficiales, suboficiales y conscriptos que participaron en las exhumaciones ilegales están confesos y señalan con lujo de detalles cómo hicieron el trabajo. “Llama la atención por qué los jueces y los tribunales por tanto tiempo con toda esta información, nunca hicieron nada al respecto, datos  que están a disposición hace 20 años”, indicó.

En su opinión, “aquí no ha habido voluntad de investigar, ha faltado compromiso de los tribunales o del Poder Judicial en general, es un claro ejemplo de cómo los jueces han mirado para el lado, han preferido echar la tierra bajo la alfombra (…) También he escuchado algunos planteamientos como que eso revictimiza a los familiares y para qué vamos a abrir cosas que duelen tanto. Ha sido un acto casi de compasión con nosotros”.

“Entonces encuentro que no tiene nada que ver con el rol de la justicia respecto de nuestras demandas históricas de verdad y justicia, más aún teniendo toda esta información de base que tiene que ver con hacer acciones muy concretas, como convocar a ciertos personas que, por ejemplo, ud. dijo que aquí [que] hubo un desentierro de cuerpos, los pusieron en una parrilla hasta que las cenizas se las llevó el viento y eso no se ha hecho”, expresó Cansino.

Por ello, afirmó que “claro que ha habido negligencia de la justicia, por favor, de qué estamos hablando. Siempre he dicho que ha habido una política de silencio, aquí hubo negacionismo. Me han cerrado la puerta en la cara no sé cuántas veces, no sabes la cantidad de veces que he pedido a los jueces que reabran Linares y todos me dicen que ya fue investigado por el ministro (Alejandro) Solís y está sobreseído. Esa es la respuesta que me dan”.

Cancino espera que en la reunión del lunes, la ministra Paola Plaza tome en consideración estos antecedentes que nunca han sido trabajados y que vaya a Linares a hacer la labor que está pendiente. Aseguró que durante años los familiares de las víctimas vienen denunciando y que ni siquiera en Colonia Dignidad, “tienen la información del destino final que nosotros tenemos respecto del  Polígono de Tiro General Bari de Linares”, ubicado unos 12 kilómetros al oriente de Linares y donde habrían sido ejecutado, luego exhumados y quemados 8 cuerpos de campesinos.

En este proceso, Cancino junto al expreso político, Sergio Fernández Ojeda, no sólo lograron testimonios de campesinos, sino que ingresaron clandestinamente al Polígono de Tiro General Bari en el año 2000, donde dieron con el lugar donde fueron exhumados los restos de los ejecutados. Información que más tarde fue entregada al juez Juan Guzmán Tapia, que se constituyó en el sector con un equipo de peritos, botánicos, geólogos y personal del departamento V de la PDI,  el  17 de diciembre de 2001.

Más tarde, Sergio Fernández entregó en el año 2001 una pieza ósea, una costilla,  a la abogada del Programa de Derechos Humanos en la región del Maule, Loreto Meza.

Ante la permanente negativa a entregar información sobre el destino de la osamenta, Cancino pidió antecedentes vía transparencia al Servicio Médico Legal, el 8 de noviembre de 2019. Este organismo respondió el 19 de diciembre de 2019 que “existen restos óseos y material cultural signados “Escuela de Artillería de Linares. Dic 2001 77, ingresados este año desde la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Chile, sobre los cuales no existen ni número de protocolo ni informes periciales asociados. Este caso corresponde a uno de los 89 casos que remitió dicha Institución, por lo que aún no han sido evaluados”.

El 6 de febrero de 2020, Anselmo se reunió con la jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, Marisol Intriago. “Eso es escandaloso. Ese año fui, en base a esta respuesta, y pedí una reunión con la encargada de búsqueda del SML y otros funcionarios de la subsecretaría de DDHH de ese tiempo, durante el gobierno de Piñera, pedí explicación y un acta de eso. Es para no creerlo, me dijeron que esas cajas estuvieron expuestas a la humedad, por una inundación, y suponían que ya no estaban en condiciones de ser analizadas. Sin embargo, las cajas están en buenas condiciones, incluso hay más de un individuo dentro de una caja y  recién  iniciarían el proceso de peritajes”, expresó Cancino sobre el material que por dos década estuvo extraviado.

 Una muerte extraña

En todo el proceso por encontrar la verdad y entregar los restos humanos, su amigo Sergio Fernández denunció haber sido objeto de seguimiento y amenazas hasta que el 23 de septiembre de 2004 apareció muerto en un taxi, con dos balazos en la nuca.

“Murió en extrañas circunstancias, los días previos me dijo que lo iban a matar, que tenía seguimientos y amenazas. Quedó en evidencia que él era el que más había acompañado en esta búsqueda, en entrar la Polígono de Tiro a buscar evidencias, a identificar a militares y que tenían responsabilidad. Fue una de las personas más importantes en articular la investigación sistemática por mucho tiempo”, relató.

Agregó que un mes antes le dijo que lo iban a matar y “me encargó la costilla, no te olvides de la costilla, me dijo”. Cancino relata que la versión oficial indica que fue un asalto. Dos delincuentes lo abordaron en su taxi, le pagaron dos tiros en la nuca, no le robaron el teléfono, ni la billetera. De los dos sujetos, uno fue asesinado en la cárcel y el otro se fugó en un traslado. “Las circunstancias en que muere nuestro compañero, son absolutamente extrañas”, dijo Cancino.

 “Esto pasó el año 2004, no estamos hablando de hace 50 años y para nosotros, son situaciones muy frescas respecto de lo que ha significado avanzar y buscar, dado que los tribunales y las instancias que la sociedad y el Estado que debieran hacer este trabajo, no lo han hecho”, precisó.

En el marco de los 50 años del golpe cívico militar, el gobierno del Presidente Boric implementó el Plan Nacional de Búsqueda para víctimas de desaparición forzada en dictadura. Sobre este punto, Cancino señaló que “a estas altura vivo desconfiado de las instituciones y de los discursos o declaraciones políticas vacías, que nos termina frustrando como la Mesa de Diálogo del Presidente (Ricardo) Lagos que fue una burla, donde el Ejército entregó información falsa”.

“Quiero creerle al Presidente Boric que es un intento serio, con altura de miras, con recursos es decir,  con decisiones de políticas para que realmente este sea un plan nacional de búsqueda con un componente de memoria histórica, porque no se trata de andar juntando y juntando huesos. Porque nosotros aspiramos también a la reconstitución moral de quienes fueron nuestros familiares, líderes sociales que aspiraban un cambio social y a la construcción de la sociedad”, puntualizó Cancino.

El miércoles pasado, por unanimidad la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno para la conformación de una Comisión Especial Investigadora con el propósito de obtener información y determinar responsabilidades respecto del abandono de 89 cajas con osamentas de detenidos desaparecidos.

“No logro comprender por qué han pasado más de 20 años y las y los familiares nunca fuimos informados de aquello. Si bien ésta es una Comisión que va a investigar lo que aquí sucedió, aquí hay un inicio de una cadena que es una resolución judicial, que las destina a la Universidad de Chile, y que nunca se hizo cargo de lo que pasó con estas osamentas”, expresó la diputada que impulsó la iniciativa, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Cuando se conoció públicamente esta situación, la Casa de Bello aclaró que las muestras “se encuentran en dependencias del Servicio Médico Legal desde el año 2019” y que “durante el tiempo en cuestión, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.

Un hombre encuentra una osamenta, la entrega al Servicio Médico Legal y luego muere en extrañas circunstancias. El hijo de un detenido desaparecido lo releva en la búsqueda, descubriendo que la pieza está perdida, pero que existe casi un centenar de cajas con fragmentos jamás periciados. Una historia sobre la búsqueda de la verdad y la violencia institucional en materia de derechos humanos.

-Te tengo que contar algo- dijo Anselmo y luego colgó el teléfono.

Sergio llegó en su taxi 10 minutos después y ambos se perdieron en las calles de Linares sin rumbo fijo. Tras varias vueltas, el auto se detuvo en una calle apartada y oscura. Por fin habían encontrado un lugar tranquilo para conversar. Fue a fines agosto del año 2004.

Anselmo le contó que había accedido a las declaraciones del cuaderno reservado en la Operación Retiro de Televisores, orden entregada por Pinochet a través de criptogramas, para desenterrar los cadáveres de ejecutados políticos en recintos militares y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. Exhumaciones que habrían sido realizadas entre los años 1978 y 1979.

También le comentó a Sergio que había conversado con la viuda de Jorge Yañez, jefe del MIR en Cauquenes, porque sentía que era un deber moral contarle lo que había sucedido con los restos de su esposo. Luego agarró unas hojas del expediente y comenzó a leer en voz alta relatos sobre exhumaciones y quema de cuerpos.

“Al cavar no más de un metro apareció un cadáver…un Comandante de Apellido Reyes ordenó que prendieran fuego con petróleo a las osamentas que nosotros habíamos encontrado y las incineraron. Terminada la incineración, no quedó rastro alguno”, leyó Anselmo.

Sergio escuchó en silencio y encendió un cigarrillo.

-¡Lo logramos!- gritó de repente, intentando sintetizar todos los años recorriendo cerros, ríos y quebradas, en busca de algún vestigio que permitiera identificar a sus compañeros muertos.

Anselmo le agradeció su ayuda incondicional y reparó en que su amigo había vuelto a fumar. Estaba en silencio, ensimismado, nervioso.

-Me van a matar, Anselmo- soltó con voz entrecortada.

Anselmo trató de calmarlo y atribuyó todo a un cuadro de estrés. Incluso le ofreció llevarlo a Santiago a vivir con él, intentando aplacar su angustia.

-Tengo gente de punto fijo afuera de mi casa- insistió Sergio. Nunca van a perdonar lo que hicimos en el polígono.

Como si se fuera el último anhelo de un condenado a muerte, le pidió un último favor a Anselmo antes de marcharse.

-La costilla, no te olvides de la costilla- le dijo.

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Sergio siempre iba y volvía. Así lo recuerda Anselmo desde la primera vez que lo vio, en un cumpleaños suyo, cargando un balancín de mimbre con forma de pato, construido por los presos políticos amigos de su padre. “Siempre me llegaban regalos de la cárcel”, recuerda.

Su madre, Silvia Sepúlveda, nunca le ocultó la verdad. Supo desde niño que su padre, Anselmo Cancino Aravena, dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario en tiempos de la Unidad Popular, había sido detenido el 8 de diciembre de 1973, luego trasladado a la Escuela de Artillería de Linares y ejecutado pocos días después en el mismo recinto. Hecho acreditado por el ministro de fuero, Alejandro Solís, en una condena del año 1998, invocando la carta internacional de crímenes de lesa humanidad.

Tampoco Silvia le ocultó que ella, exdirigenta de la Juventud Obrera Cristiana, fue apresada y torturada en el mismo lugar donde habían trasladado a su padre. No sólo eso, le dijo que la detuvieron estando embarazada y que él había nacido en cautiverio.

-Hizo todo lo posible para que yo naciera: mantenerse firme y aguantar la tortura. Fue muy valiente. Los milicos la amenazaban con matarla, o si no, cuando grande, el niño podía ser un bandido igual que su padre.

Anselmo Cancino Sepúlveda nació el 11 de abril de 1974, rodeado de militares armados en la sala de parto del hospital de Linares. El equipo de salud, preocupado por el bienestar de Silvia, prolongó su estadía para que pudiera recuperarse. De ahí la trasladaron a la Cárcel de mujeres Buen Pastor de Linares, hasta que un consejo de guerra decretó su libertad después de 16 meses de encierro.

La vida afuera no fue fácil. Gracias a sutiles redes de apoyo, Silvia y su hijo llegaron a vivir a Peñuelas, un sector boscoso ubicado entre Linares y San Javier. Allí Anselmo conoció a Sergio Fernández, un tipo crespo, delgado y de nariz aguileña, que había sido compañero de su padre en el MIR previo al golpe de Estado de 1973.

Aunque ambos evitaban hablar del líder campesino desaparecido en dictadura, desarrollaron un vínculo especial que empezó a tejerse a partir de inesperadas visitas. Una relación afectuosa que se fue consolidando en el tiempo y se afianzó cuando Anselmo se fue a estudiar a Linares.

-Yo salí elegido presidente del Centro de Alumnos y ahí empezamos a hablar más de política, sobre el MIR y la historia de mi padre- recuerda. Después empecé a ir al campo a hablar con los campesinos que lo conocieron, intentando reconstruir su historia.

Luego de egresar del liceo, Anselmo estudió servicio social y comenzó a trabajar en Sarmiento, un pueblo rural cercano a Linares. Lo último que sabía de Sergio era que se había comprado un furgón y vendía “matute” en pueblos perdidos. Lugares remotos donde escuchaba historias y recopilaba datos sobre desaparecidos. Fue en el mismo periodo, a comienzos del año 2000, que volvió a tener noticias de él.

–Anselmo, tenemos que hablar– le dijo por teléfono. Hay un campesino que tiene información de dónde fue asesinado tu papá y quiere conversar contigo.

Al otro día, a primera hora, Anselmo viajó a Linares.

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Los perros llegaron con extremidades en sus hocicos. Pedazos de manos y articulaciones. La escena espantó a los campesinos quienes decidieron sacrificar a los animales, por respeto a los muertos, y a esa historia que circulaba sobre fusilamientos en el predio vecino, el Polígono de Tiro General Bari, ubicado camino a las termas de Panimávida, a unos 12 kilómetros al oriente de Linares.

El campesino contó a Sergio y Anselmo que habían escuchado disparos, en una quebrada contigua, donde los inquilinos del fundo solían ir a cazar conejos. La tesis parecía lógica: los cuerpos no estaban lo suficientemente profundos y los perros escarbaron hasta desenterrarlos. Todo esto habría sucedido a comienzo del año 1974.

-Fue terrorífico- explicó el campesino, cuya identidad Anselmo prometió resguardar.

Algunos inquilinos se atrevieron a ir al lugar, descubriendo varias depresiones en el piso. Le decían las tumbas y estaban en una quebrada plagada de rosa mosqueta. El campesino no acudió aquella vez, pero tuvo la oportunidad de hacerlo varios años más tarde.

Una vez su hija se enfermó y solicitó a los militares atravesar el polígono para ir a buscarla. En el trayecto detuvo el vehículo en el sector donde los perros habían escarbado. “Ahora o nunca”, pensó. Y luego bajó hasta ver, “con sus propios ojos”, lo que otros le habían contado. “Era la típica imagen cuando los cuerpos ceden y van dejando una especie de olla en la tierra”, explicó.

Anselmo pidió una hoja para hacer un croquis y empezó a trazar diversos hitos sobre el papel en blanco. Dimensionó las distancias, las señales del camino, el portón de ingreso, unas viejas casas de adobe y un estero que bordeaba el polígono. Al final del sendero, a un costado de la quebrada, estarían “las tumbas”.

Antes de marcharse, le preguntó al campesino si estaba dispuesto a entregar su testimonio en calidad de confesión al Obispo Carlos Camus, emblemático sacerdote defensor de los derechos humanos y fundador del Comité Pro Paz. El inquilino, testigo de las atrocidades ocurridas en el campo de tiro, aceptó aduciendo su condición de cristiano.

Esa misma noche, horas más tarde, Anselmo y Sergio partieron rumbo al polígono.

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Sergio pasó a buscarlo a las 5 de la mañana. Apenas alcanzó a echar una botella de agua y una cámara fotográfica en la mochila. De ahí enfilaron hacia la precordillera, pasando cada hito que habían marcado en el mapa. Uno tras otro, meticulosamente.

-Seguimos un kilómetro y medio más allá del polígono, como cualquier hijo de vecino. Dejamos el auto al borde del camino y empezamos a caminar- recuerda Anselmo.

El ritmo lo impuso Sergio, quien ordenaba detenerse cada 15 minutos para poder hidratarse. Su experiencia como andinista y fundador de clubes de montaña, fue crucial para adentrarse entre zarzamoras, lodazales, bosques y esteros. Anselmo no podía entender esa parsimonia cuando estaban a punto de ingresar clandestinamente a un recinto militar. Aunque con el tiempo logró entenderlo.

-Lo hacía para calmar mi ansiedad. Toma agua y respira, me decía a cada rato.

Al cabo de tres horas, poco antes del amanecer, ingresaron a una zona boscosa al interior del polígono. Una suerte de barrera natural conocida como la quebrada de las rosas, el lugar indicado por el campesino, donde los perros habrían desenterrado parte de los cadáveres. “Las tumbas”, como le llamaban.

Anselmo aprovechó de tomar fotografías, intentando captar las torres de vigilancia y las hendiduras en el piso. Se extendió en una de ellas, incluso, intentando demostrar que podían contener un cuerpo humano. Sergio le tomó una fotografía y luego guardaron silencio.

En ese momento Anselmo recordó el testimonio de un expreso político, sobre los últimos días de su padre, donde lo describe atado de pies y manos con una cadena amarrada al cuello. “Por la forma en que lo tienen da la impresión que los servicios de seguridad han capturado a una terrible fiera”, dice un fragmento aparecido de un libro que reúne relatos de sobrevivientes a la tortura en la región del Maule.

De pronto Anselmo rompe el mutismo y pregunta: ¿Por qué no trajimos palas?.

Sergio lo mira y le recrimina: “porque no me lo dijiste antes”.

En verdad, no había tiempo para nada más. Estaba amaneciendo. Los perros empezaron a ladrar y el recinto comenzó a agitarse lentamente. “Cálmate, respira”, insistía Sergio.

Antes de marcharse, Anselmo recogió un helecho que estaba al borde de la fosa y lo guardó en la mochila. Al llegar a casa lo puso en un tarro y le echó agua.

Un par de días después viajó a Santiago a reunirse con el Juez Juan Guzmán, quien recién habría logrado procesar a Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Cuando le contó que había ingresado a un recinto militar, el juez le hizo prometer que nunca más lo haría y que con los antecedentes aportados abriría un capítulo sobre Linares en la investigación que llevaba por la “Caravana de la Muerte”.

-Nos dimos la mano. Fue un pacto- dice Anselmo.

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-Usted facilita que el juez Guzmán se constituya en el lugar y haga los trabajos de investigación que corresponde o decimos que el Ejército y las instituciones públicas están coludidas para ocultar el destino final de nuestro familiar- dijo Anselmo en tono amenazante.

Estaba en una reunión junto a un general de Ejército y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, María Luisa Sepúlveda, contando lo que Sergio le había confesado hace unos días atrás: que el terreno en la quebrada las rosas había sido removido y que era necesario intervenir de inmediato.

Al otro día, llaman a Anselmo del departamento V de la PDI, el emblemático grupo de investigadores creados por el juez Guzmán especializado en Derechos Humanos, avisándole que los habían autorizados para entrar al polígono de tiro. Era primera vez que un juez ordinario se constituía en un recinto militar.

-Fue todo rapidísimo, una gestión de alto nivel, para evitar un escándalo desde el punto de vista político- rememora.

La caravana de al menos 8 vehículos, compuesto por peritos, botánicos, geólogos, antropólogos y arqueólogos, partió a Linares el lunes 17 de diciembre de 2001. En el polígono General Bari los recibió el Comandante Urrejola, fiscal militar encargado de atender los requerimientos del procedimiento encabezado por el Juez Guzmán Tapia.

Lo primero que hizo el oficial fue solicitar a un subalterno un mapa del recinto y extenderlo sobre el capó de un jeep militar. “Estas son todas las hectáreas del recinto, usted dirá por donde empezamos, magistrado”, dijo.

El juez Guzmán le respondió que venía con un testigo y llamó a Anselmo que se encontraba un par de metros atrás. El asistente social sacó el viejo mapa que había dibujado con el campesino y lo desplegó sobre la cartografía del militar.

–Ah, un croquis– dijo él, mirando con desdén el dibujo.

Anselmo le explicó que para poder llegar al lugar, tenía que emprender el mismo camino que había realizado la primera vez. Fue así como encabezó un recorrido de varios kilómetros, atravesando un paisaje que el turismo local ha bautizado hoy como la “Patagonia del Maule”.

El juez Guzmán, de impecable terno, atravesó alambradas, zarzamoras y hasta un estero. “Se arremangó los pantalones, se sacó los calcetines, los introdujo en sus zapatos y cruzó el río. Nunca se quejó de nada”.

Apenas identificó el lugar donde se encontraban las fosas, Anselmo comprobó, tal como le comentó Sergio, que el espacio había sido intervenido. Árboles cortados arrojados al lugar sin razón aparente, cubriendo las depresiones que habían dejado los trabajos de exhumación en la Operación Retiro de Televisores.

El equipo interdisciplinario se desplegó en el terreno, cercando el espacio con cintas amarillas. Luego ingresó un geólogo con un chuzo, lo levantó y lo dejó caer sin aplicar ningún tipo de fuerza. La herramienta se enterró varios centímetros en la tierra. “Removieron el lugar”, fue la conclusión del experto.

Mientras los trabajos avanzaban, Anselmo recordó que existía otro lugar que no logró identificar, pero que cuando ingresó con Sergio le pareció muy sospechoso. Como no pudo encontrarlo, le pidió al Juez Guzmán si podía venir otro testigo. El abogado aceptó y en menos de 15 minutos, como era su costumbre, Sergio Fernández apareció en el lugar.

-Ah, el joven no andaba sólo- masculló un militar entremedio. Luego comentó al grupo que era “el baqueano”, apuntando al recién llegado como el verdadero conocedor de la ruta.

Anselmo todavía se recrimina por haberlo llamado. “Terminé exponiéndolo”, dice.

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“Mataron a Sergio”,  fue lo único que escuchó cuando su madre lo llamó para informarle. Anselmo iba en una micro rumbo al trabajo y quedó tan impactado que tuvo que cortar la llamada. “Sentí una súbita sensación de irrealidad”, cuenta.

-Fue terrible, llegué a mi trabajo en el ministerio de Salud, me senté en el escritorio y tuve un ataque de locura. Esto no está sucediendo, pensaba, mientras lanzaba las carpetas del escritorio por toda la oficina.

La prensa informó que un ex preso político del régimen militar había sido encontrado muerto, con una herida de bala en la nuca, al interior de un taxi en Linares, la noche del 23 de septiembre de 2004.

Teobaldo Peña, presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, aseguró en El Mercurio que el taxista tenía en su poder 30 mil pesos y que no le habían sacado “la radio del auto, el teléfono celular, ni ningún elemento personal ni del vehículo”.

Sin expresarlo directamente, pero dejando entrever el contexto, Peña agregó que Fernández había declarado varias veces en contra del exjefe de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, por su eventual participación en violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Artillería de Linares.

A diferencia de otras regiones del país, el grupo operativo en Linares estaba compuesto por miembros del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones. “Ellos se desplazan como unidad en toda la región, de mar a cordillera, actuando codo a codo en las sesiones de tortura, siendo el Ejército siempre la columna vertebral”, explica el abogado Hiram Villagra.

La muerte de “Condorito”, como conocían a Sergio en Linares, dejó una estela de incertidumbre. No sólo por haber participado activamente en la búsqueda de detenidos desaparecidos y haber declarado en contra de una exautoridad de la PDI, sino por el destino de los asesinos confesos de su crimen: uno habría fallecido en una riña en la cárcel y el otro se fugó sin lograr ser recapturado.

Para Belarmino Sepúlveda, la muerte de su compañero en el politécnico de Linares, fue un crimen por encargo. Asegura que poco después del asesinato, los diarios regionales dieron cuenta que el arma involucrada era de un uniformado que no dio cuenta a sus superiores del extravío. “A Sergio lo mataron porque andaba averiguando sobre sus compañeros desaparecidos, nunca dejó de buscarlos”.

Pese a no poder acreditarlo “objetivamente”, Anselmo comparte la tesis de Belarmino. “Para mí fue una ejecución, a Sergio lo mataron con alevosía y premeditación, ¿qué delincuente asesina y sale arrancando, cuando su móvil es robar? Siento que aquí hubo fuerzas oscuras, conectadas con la institucionalidad, que decidieron profundizar en la política del silencio y guardar todo bajo la alfombra”.

La muerte de su amigo y compañero de su padre, no sólo caló con fuerza en el ánimo de Anselmo, sino que revivió una vieja deuda que tenía con él. Otra promesa más en su lucha infatigable contra la impunidad: seguirle la pista a una osamenta encontrada por Sergio cerca del polígono de tiro. Una costilla. La costilla de Sergio.

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El 8 de noviembre de 2019, Anselmo decidió enviar una solicitud de transparencia, dirigida a las autoridades del Servicio Médico legal, donde pedía información sobre una pieza ósea entregada a la abogada del Programa de Derechos Humanos en la región del Maule, Loreto Meza, por parte del expreso político Sergio Fernández.

Anselmo retomó de esta forma la “posta” encargada por su amigo antes de morir. Cuenta que fue a hablar con la funcionaria involucrada y que esta le contó que había entregado la costilla al Servicio Médico Legal y que terminó extraviada al interior del organismo. “Mentira o verdad, esa fue su respuesta”, cuenta Anselmo.

-Es muy probable que si no tenían protocolos, registros ni recursos, la pieza simplemente se les perdió. O sea, el despelote mismo. La expresión máxima de la falta de voluntad y de compromiso de parte de la institucionalidad en materia de derechos humanos.

Once días más tarde, Anselmo recibió la respuesta oficial del entonces Director del Servicio Médico Legal, Jorge Rubio Kinast, señalando que no tenía antecedentes sobre el caso consultado, pero sí respecto a 89 cajas con restos óseos provenientes de la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Chile, donde figuraba un material rotulado como “Escuela de Artillería de Linares”.

Lo más increíble de todo es que la carta reconocía que ninguno de los vestigios contenidos en las cajas había sido aún periciado. “Fue algo completamente irracional, surrealista. Estos tipos están locos”, pensó Anselmo tras leer la respuesta.

-Podemos hablar horas sobre el significado del negacionismo- explica. Pero para quienes lo han vivido en la piel y han sentido el peso de las puertas cerrarse en sus narices, que te digan que las cajas ni siquiera han sido revisadas, es una cuestión muy violenta.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, Marisol Intriago, reconoció en una reunión con Anselmo el 6 de febrero de 2020 que al momento de recibir las cajas en custodia -entregadas por el juez Guzmán a la Universidad de Chile el año 2001, luego de una inundación que dejó las evidencias con hongos- “no hubo revisión del contenido” y que el proceso de reconocimiento ha sido lento.

Fue el episodio de las cajas, en definitiva, uno de los factores determinantes para solicitar, a comienzos de marzo, la reapertura del caso por los delitos de inhumaciones y exhumaciones ilegales, causa actualmente sobreseída. Una medida que busca, según la abogada querellante del CODEPU, Mariela Santana, que “los nuevos antecedentes, como las osamentas no periciadas y rotuladas, sean investigados con otra mirada”.

La solicitud busca, además, incorporar el cuaderno reservado elaborado por el ministro Juan Guzmán Tapia, en el marco de la investigación de la Operación Retiro de Televisores. El documento pretende incorporar la información soslayada en su momento por el ministro Alejandro Solís, respecto a las declaraciones de militares sobre lugares de ejecuciones y testimonios de conscriptos comprometidos con colaborar en la investigación.

Para Anselmo establecer jurídicamente la verdad sobre el destino final de los cuerpos, reconocer en el fondo donde fue ejecutado su padre, es un rito que considera necesario para cerrar un capítulo de su vida. “Si sigues conectado eternamente, desde el dolor y la injusticia, transformas a esa persona en un fantasma. El primer elemento civilizatorio es cuando los seres humanos comienzan a enterrar a sus muertos. No es sólo un problema mío, entre víctima y victimario, es un tema que debe resolver la sociedad. Han pasado 50 años y creo que es el momento oportuno”.

por: Claudio Pizarro 

El máximo Tribunal rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que ordenó, además, publicar en un medio local un extracto de la sentencia de la Corte Suprema de 2010.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $800.000.000 a familiares de ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA , detenido el 8 de diciembre de 1973, en la ciudad de Linares.
Así, el máximo Tribunal rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que ordenó, además, publicar en un medio local un extracto de la sentencia de la Corte Suprema de 2010 que estableció que el secuestro calificado de Cancino Aravena constituye un crimen de lesa humanidad.
La sentencia sostiene que más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.
La resolución agrega que cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente. Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.
A continuación el fallo señala que dado el contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos.
También, la sentencia añade que estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.
Por último concluye que como correctamente lo señalan los jueces del fondo, no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

 

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Alejandro Robinson Mella Flores, María Isabel Beltrán Sánchez y Héctor Hernán Contreras Cabrera, ocurridos a partir de septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Linares, Región del Maule.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, determinaron las siguientes penas:

-Gabriel Del Río Espinoza: absuelto de su responsabilidad como autor de los secuestros de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, por falta de participación.

-Juan Hernán Morales Salgado: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt y José Gabriel Campos Morales. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. 

-Claudio Abdón Lecaros Carrasco: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera y Robinson Mella. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Antonio Aguilar Barrientos: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Félix Renato Cabezas Salazar: 5 años de presidio por su responsabilidad en los secuestros calificados de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

-Humberto Lautaro Julio Reyes: 3 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional.

En el aspecto civil, se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada contra el Fisco de Chile por incompetencia absoluta del tribunal.

En el aspecto penal, la sentencia se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal. En tanto, en lo civil, la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemülller, quienes estuvieron por acoger las demandas.

Con esta condena se completan 100 sentencias condenatorias en casos de violación a los derechos humanos, dictadas por la Corte Suprema desde el 2005. En el mismo periodo, se han dictado 112 sentencias, correspondiendo las restantes a absoluciones.

 

 

La Corte Suprema y de Apelaciones de Santiago dictaron sentencias en dos procesos ligados a violaciones de derechos humanos, cometidos en el país luego del 11 de septiembre de 1973.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal dictó condenas en la investigación por el secuestro calificado de Ariel Danton Santibáñez Estay, ocurrido a partir el 13 de noviembre de 1974, y que tramitó el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar.

Luego de  acreditarse la responsabilidad de los acusados, se condenó a tres años de presidio remitido al ex director nacional de la Dina general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, al coronel Marcelo Moren Brito y al coronel de Carabineros Ricardo Lawrence Mires.

En la investigación por el Episodio Linares, en tanto,  la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones sentenció a 15 años de presidio a Juan Morales Salgado y a cinco años a Gabriel del Río Espinoza, Claudio Lecaros Carrasco, Félix Cabezas Salazar y Antonio Aguilar Barrientos. A tres años de libertad vigilada a Humberto Julio Reyes.

A los condenados se les atribuyen responsabilidades en los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA , Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973.

Fue sentenciado a tres años de presidio por el secuestro calificado de Ariel Santibáñez Estay, en 1974, caso por el que también fueron condenadas otros dos ex agentes de la DINA. Ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, sumó hoy una nueva condena, de tres años de presidio, esta vez por el secuestro calificado de Ariel Santibáñez Estay, ocurrido a partir el 13 de noviembre de 1974. La decisión fue adoptada en fallo dividido por la Segunda Sala del máximo tribunal, que le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena. En la misma causa, tramitada por el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes Belmar, fueron sentenciados además el coronel (r) del Ejército Marcelo Moren Brito y el coronel (r) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires a 3 años de presidio. A ambos se les concedió también la remisión condicional de la pena. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago también dictó un fallo por una causa de derechos humanos, en la investigación del denominado "Episodio Linares", que instruyó el ministro Alejandro Solís y se refiere a nueve casos de secuestro calificado, cometidos en esa ciudad de la Séptima Región. En este caso, fueron condenados Juan Morales Salgado, a 15 años de presidio, Gabriel del Río Espinoza, a 5 años y un día de presidio, Claudio Lecaros Carrasco, a 5 años y un día de presidio, Félix Cabezas Salazar, a 5 años y un día de presidio, y Antonio Aguilar Barrientos, a 5 años y un día de presidio, todos ellos sin beneficios. Humberto Julio Reyes fue condenado a 3 años y un día de presidio, pero se le concedió la libertad vigilada. A los sentenciados se les atribuyen responsabilidades en los secuestros calificados de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA , Héctor Hernán Contreras Cabrera y Alejandro Robinson Mella Flores, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1973.
 

Familiares de un preso polico desaparecido presentaron este jueves una nueva querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet quien ya enfrenta m de 250 denuncias criminales por violaciones a los derechos humanos durante el rimen que encabezdesde 1973 a 1990.

La nueva demanda fue presentada por un hijo de ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA , quien fue detenido el 8 de diciembre de 1973 y desaparecien enero de 1974 en la ciudad agrola de Linares, 300 km al sur de Santiago. En la demanda se acusa a Pinochet de exhumacion  ilegal, obstruccion a la justicia y asociacion ilicita.

Seg el informe de la Comisi Nacional de Verdad y Reconciliacion que tratde establecer la verdad sobre las m graves violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, Cancino Aravena era un obrero agrola de 25 as, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).

La vtima fue detenida por una patrulla militar que lo traslada la Escuela de Artiller de Linares, desde donde saliel 12 de enero junto a otros detenidos, desconocidose desde entonces su destino.

Nació el 8 de noviembre de 1947 en la localidad de Yerbas Buenas, tenía 27 años. Era casado y obrero agrícola. Presidente del Consejo Comunal Campesino, Secretario de la Federación "Nuevo Horizonte" de Linares, la que estaba afiliada a la Confederación "Unidad Obrero-Campesina" de Santiago. Era vocero del M.I.R. y dirigente regional del Movimiento Campesino Revolucionario.

Su padre, José del Carmen Cancino Yáñez, nos contó lo siguiente:

"Vivíamos en el asentamiento Santa Amalia de Yerbas Buenas, Anselmo tenía una chacra de una hectárea, donde cultivaba porotos y ají, además tenía una yegua para el arado. Cuando salió elegido dirigente vendió todo y se fue a estudiar a Santiago sobre el campesino y su situación."

"Cuando volvió, fui a buscarlo a la estación. Encontré un joven de ciudad, con una revista en las manos, no lo conocí. Había aprendido cosas nuevas, especialmente sobre el derecho de los apatronados. De todas partes venían a buscarlo para que ayudara a arreglar problemas con los patrones: recuerdo una vez que obligó a un patrón de un fundo de Panimávida a pagarle los sueldos atrasados a sus inquilinos.""Después fue al sur, a trabajar con los mapuches. Estuvo poco tiempo. Cuando volvió, los patrones comenzaron a desconocer su calidad de trabajador y dirigente campesino, así es que fue a la Inspección del Trabajo de Linares y sacó un certificado. Andaba siempre con él."

"Me respetaba mucho, una sola vez peleamos, fue por la venta de una carreta. Mi esposa se enfermó y él vendió la carreta, tuve un disgusto por eso. discutimos mucho, pero esa fue la única pelea que yo recuerdo"

"Era mi regalón, siempre yo le pasaba papeles y libros para que estudiara, todo lo leía, era muy preparado. Yo era socialista, pero no cerrado, y sabía que mi hijo era mirista, nunca discutimos por eso, lo principal era que ambos luchábamos por los nuestros"

Silvia Sepúlveda, quien era su compañera y tuvo, mientras estaba prisionera, un hijo de él, recuerda que lo conoció en 1968.

"El ya era Secretario General de la Federación Nuevo Horizonte. En esa época era del Partido Socialista. Me impresionó por su sentido de la realidad, hablaba como un campesino que conoce las cosas. Era sencillo para expresarse, pero tenía un vocabulario muy rico, me llamaba la atención por su afán de superación. Era bajito, delgado, ojos café, de mirada muy viva y expresiva. Observaba y luego hablaba y siempre decía lo justo y necesario. No era muy agitador. Era más político, estudiaba los problemas, pensaba en las causas y en lo que se podía hacer. Iba como planificando todo, además era muy fino para tratar a las mujeres, decía que no era de revolucionario hablar con garabatos. Según él, todo se lo debía a su padre, que siempre lo había hecho ver la realidad."

"Se había casado a los 17 años y ya tenía 3 hijos. Había terminado la básica y continuó estudiando por su cuenta, escribía y se empeñaba en tener buena letra. Siempre decía que el campesino no se daba cuenta de su miseria y que además defendía a sus patrones. Se rebelaba ante tanto sometimiento, para ellos lo que decía el patrón era sagrado."

"En junio de 1972 nos hicimos pareja. Me costó, porque yo era amiga de su esposa y además muy católica. Nos fuimos a vivir al Campamento Luciano Cruz, donde teníamos una mediagua."

Algunos compañeros lo recuerdan como lo describe Silvia.

"Le decíamos el 'chico Cancino' no era deportista, era muy serio. Nunca lo vimos jugar en las pichangas que se organizaban entre los sindicatos agrícolas. Lo que siempre nos causó gracia de él, es que siendo dirigente de los campesinos no aprendió a andar a caballo."

Fue detenido el 8 de diciembre en un aserradero de la ciudad de Cauquenes, en donde estaba trabajando. Por un documento emanado de la Cruz Roja Internacional, la familia se enteró de su detención, que estaba incomunicado en la Escuela de Artillería de Linares y que, además, pronto sería dejado en libre plática.

Silvia describe que el día 11 de septiembre, Anselmo había llegado a la mediagua donde vivían, muy emocionado, "estamos perdidos" -le dijo-.

"Me contó que en la noche asistió a una reunión del regional y habían decidido irse a una casa de seguridad. Me preguntó si estaba embarazada, le contesté que posiblemente, él exclamó:' ¡justo ahora!' y se puso a llorar. Luego me dijo 'entregúese, usted es mujer y puede que tengan un poco de compasión, si además está embarazada'. Yo lo consolaba, tengamos fe, le decía, siempre te querré mucho, puede ser que esto no sea para tanto. Me decía "pero usted no ha leído lo que han hecho en otros países para detener el avance de los trabajadores… estamos perdidos'"

Alcanzaron a salir del campamento a las 9 de la mañana. Se encontraron nuevamente el día 14, allí decidieron que ella se entregaría y él trataría de salir de la ciudad.

"Lo detuvo el detective Héctor Torres en un aserradero de Cauquenes. Previamente habían detenido a una niña de 16 años, mediante su tortura lograron hacerla confesar los nombres de las otras personas que habían ayudado a Anselmo, así lo encontraron."

El padre de Anselmo relató:

"El 13 de septiembre, llegaron a la casa, en Yerbas Buenas, dos jeeps militares, con seis u ocho soldados que nos tomaron presos como rehenes, a mí por 20 días, a mi señora Clotilde del Carmen, por 15 días y a mi hija Eunice. por 1 mes y 7 días. Yo tenía 60 años, mi mujer 50 y mi hija 15, a ellas las dejaron en el 'Buen Pastor' y a mí en la Escuela de Artillería. A los pocos días me trasladaron a la Cárcel de Linares. Cuando estaba en la Escuela de Artillería, me preguntaban por mi hijo Anselmo y por un escondite de armas que supuestamente teníamos en Yerbas Buenas. Como no les respondía, porque no sabía de lo que me hablaban, me pegaban con un 'tonto de goma'. Yo hacía varios días que no veía a mi hijo, cuando me pegaban, les decía: ustedes quieren que yo les diga a todo que sí, pero después, cuando vayan y no encuentren nada, va a ser culpa de ustedes. Después me carearon con un campesino del mismo sector donde yo vivía, don Juan Vera, él había dicho que en mi casa habían miristas. El me dijo que había dicho eso para que no lo torturaran más."

"Cuando se supo que estaba detenido el papá de Anselmo, los demás presos me comenzaron a llevar cositas a la celda, no me faltó el pancito amasado y el cafecito."

En busca de Anselmo, militares, carabineros, detectives y civiles, allanaron en varias oportunidades el colegio del fundo Tres Esquinas, la casa de los suegros, la casa de su primera esposa, el campamento Luciano Cruz de Linares, la casa de sus padres y la sede del sindicato Nuevo Horizonte.

Viviana Montecinos se encontraba detenida en la Escuela de Artillería de Linares cuando vio llegar a Anselmo a ese lugar

"Le habían quebrado el brazo derecho, se quejaba del dolor, no podíamos hacer nada por él, los guardias no nos dejaban acercamos, pero después dejaron a mi hermana Norma, que ahora está exiliada en Suecia, darle la comida en la boca."

"La última vez que lo vimos estaba muy mal, lo tenían tirado en el suelo, en un rincón de un pasillo. Lo único que decía era que estaba preocupado por su compañera que se encontraba embarazada, no decía nada más. Tengo la impresión que los tiras ya le habían avisado que lo iban a matar. Aquella tarde. andaba con ojotas, poncho de Castilla negro, muy grueso, y un pantalón azul. de esos que llamábamos "Pecos Bill"

Con posterioridad a la detención de Anselmo Cancino, un efectivo de la Escuela de Artillería conñdenció a su padre que había sido sacado de noche del cuartel junto a otros cuatro detenidos: Guillermo del Canto, María Isabel Beltrán. Alejandro Mella Flores y Hernán Contreras, quienes también se encuentran desaparecidos.