Bustamante Sotelo Guillermo del Carmen

Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo, casado, 6 hijos, obrero agrícola, dirigente sindical, fue detenido en la mañana del día 14 de septiembre de 1973, desde su domicilio del Fundo "El Gomero" por un grupo de aproximadamente 10 carabineros pertenecientes a la Tenencia de Isla de Maipo, entre los cuales la cónyuge del afectado pudo identificar al Sargento Emeterio Bravo, y a los carabineros Justo Romo Peralta, Jacinto Torres González y Aquiles Mardones Gutiérrez.

Guillermo Bustamante fue sacado de su hogar y subido a una camioneta de color verde, donde fue obligado a tenderse boca abajo, mientras otros carabineros procedían a allanar la vivienda, según dijeron, "en busca de armas" que no encontraron.

La detención fue realizada en presencia de la cónyuge del afectado, sus seis hijos, todos menores de edad, y varios vecinos.

El mismo día y en el mismo operativo fueron detenidos otros trabajadores del Fundo " El Gomero" que posteriormente fueron liberados; también ese día fue detenido en la localidad de Lonquén el obrero agrícola Juan de Dios Salinas Salinas quien también permanece en calidad de detenido-desaparecido.

La cónyuge de Guillermo Bustamante, Andrea Núñez Tamayo, inició desde el día siguiente las gestiones de búsqueda de su esposo; acudió a la Tenencia de Isla de Maipo donde un funcionario policial le informó que todos los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional en Santiago, pero en este recinto no figuraba en las listas de detenidos; además, dos de los detenidos en la misma oportunidad estuvieron efectivamente en ese recinto de detención, pero nunca vieron allí a Guillermo Bustamante.

También realizó averiguaciones en el Ministerio de Defensa, Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET), Penitenciaría, Cárcel Pública, Servicio de Investigaciones, Estadio Chile e Instituto Médico Legal sin obtener informaciones acerca del paradero de su esposo.

Guillermo Bustamante Sotelo permanece hasta la fecha en calidad de detenido desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 10 de mayo de 1974 se presentó recurso de amparo, Rol 452-74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago que fue rechazado el 25 de octubre del mismo año y enviados los antecedentes al Juzgado de Letras de Talagante donde se inició, con fecha 20 de febrero de 1975, la causa rol 23.205 por presunta desgracia.

Se solicitó información al Ministerio de Defensa y del Interior resultando negativos; el Comandante del Comando de Combate de la Fuerza Aérea informó que el afectado no había sido detenido por orden de Tribunales de Aviación y la Fiscalía Militar Nacional certificó que en la causa 152-74 no figuraba. Por otra parte, el Instituto Médico Legal señaló que no aparecía registrado el cadáver de Guillermo Bustamante.

Comparecen ante el Tribunal el Sargento Emeterio Bravo y los carabineros Justo Romo, Jacinto Torres y Moisés Aguilera.

El Sargento en retiro, Emeterio Bravo, reconoce haber detenido a la víctima el 14 de septiembre de 1973, y que fue conducido a la tenencia de Isla de Maipo y manifiesta que ignora lo que pudiera haberle ocurrido después; no le consta que el detenido haya sido llevado al Estadio Nacional. Agrega que también se detuvo a otras personas del sector de Lonquén e Isla de Maipo en cumplimiento de órdenes superiores.

Los otros carabineros reconocen haber detenido a muchas personas en esa fecha, pero dicen no conocer a Guillermo Bustamante o no recordar las circunstancias de su detención. Señalan que los detenidos eran llevados a la Tenencia de Isla de Maipo y desde allí al Estadio Nacional; explican el que su nombre no aparezca en los libros de registro debido a un posible traslado inmediato a Santiago, no siendo de responsabilidad de ellos el ingreso en los libros ni la elaboración de listas, sino de sus jefes superiores.

Se dictó sobreseimiento temporal de la causa por no encontrarse suficientemente acreditado el delito, resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 19 de mayo de 1976.

El 13 de septiembre de 1979 se interpuso denuncia por secuestro ante el Juzgado Militar de Santiago. La investigación estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Militar con el Rol 694-79.

En la presentación se menciona el hecho que el nombre del afectado aparece en una nómina de "personas presumiblemente desaparecidas que fueron ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago". En esta nómina hay 63 nombres de personas, con sus respectivos números de Carnet de Identidad, Nº de protocolo de autopsia, día y hora de su deceso. En el caso de Guillermo Bustamante se señala que falleció el 14 de septiembre de 1973 a las 15:20 horas. También allí aparecen los nombres de otros siete detenidos cuyos restos fueron encontrados en los Hornos de Cal de Lonquén en diciembre de 1978.

Cabe señalar que esta nómina forma parte del Informe del Gobierno de Chile a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entregado en octubre de 1975 y que fue relatado por el Delegado del Gobierno Chileno, Sergio Diez, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de ese organismo el 7 de noviembre de 1975; posteriores investigaciones acerca de este listado ante autoridades de esa época no lograron establecer su origen ni responsables de su elaboración.

El 24 de julio de 1981, la Segunda Fiscalía Militar determina que, al encontrarse agotada la investigación y no existir antecedentes que permitan acreditar completamente los hechos denunciados, se sobresee temporalmente la causa 694-79.

Enviada la resolución en consulta a la Corte Marcial, esta decretó, con fecha 29 de octubre de 1981, el sobreseimiento total y definitivo señalando además que "de los antecedentes se desprende que los hechos habrían tenido lugar dentro del período señalado por el Decreto Ley Nº2.191, esto es, entre el 10 de marzo de 1978 y el 11 de septiembre de 1973" vale decir, se aplicó la Ley de Amnistía.

Los antecedentes antropomórficos de Guillermo Bustamante Sotelo fueron anexados a la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

El titular del Primer Juzgado de Talagante, Moisés Pino, realizará mañana 14 de septiembre la reconstitución de escena de un fusilamiento ocurrido hace 31 años en la misma fecha.

Se trata del crimen cometido por Carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, en contra de dos campesinos de la misma zona, a saber Guillermo Bustamante y Juan de Dios Salinas. Los uniformados también estuvieron vinculados en las muertes de otras personas que fueron encontradas años más tarde en los Hornos de Lonquén, gracias al trabajo del ex ministro Adolfo Bañados, cuyo hallazgo derivó en las remociones de cuerpos a nivel nacional, llamada “retiro de televisores”.

La diligencia se realizará en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en el Puente Naltagua, lugar donde se les disparó a estos campesinos y luego fueron lanzados a las caudalosas aguas del rio Maipo, tras lo cual su destino es hasta ahora desconocido y figuran como detenidos desaparecidos en el informe Rettig. En el lugar no sólo estará el magistrado, su actuario, el secretario del tribunal y los ex uniformados, sino también los familiares de las víctimas, por lo que constituye un hecho de características particulares, tomando en consideración que se realiza en la misma fecha de acaecidas las muertes.

En la causa hay, al menos, tres confesiones de ex carabineros que aseguran que ambos campesinos fueron asesinados sin mediar proceso judicial, y cuya ejecución fue ordenada por un oficial de esa unidad, cuya identidad este medio se reserva hasta la ejecución de la diligencia.

Tal como en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, las fichas de las situaciones represivas que aparecen en Internet, dan cuenta de todas las gestiones judiciales que se realizaron durante años para conocer los hechos, como también el destino de los dos campesinos, pero todas fueron insuficientes.

Historia de Isla de Maipo

Por Guillermo Inostroza Rojas

CAPITULO  X

LOS MARTIRES DE LONQUEN

Consciente de lo difícil  que resulta en estos tiempos (1987) referirse al “Caso Lonquén” se hará  de alguna forma, ya  que aunque  muy doloroso es parte de la historia isleña, por ser Lonquén  un importantísimo  distrito de su comuna y porque las 17 víctimas  residían en Isla de Maipo.

Tendremos que tener presente que las autoridades nacionales han dado por cerrado el proceso. Los parientes de las víctimas  con resignación esperan que algún día se haga justicia y la oposición al régimen  exige la reapertura del caso y el castigo a los culpables. Es indudable que todas las miradas acusadoras se dirigen  contra el régimen militar, por ser  uniformados  los principales sospechosos. Pero ocurre que en este terrible episodio el gobierno no tiene participación alguna. Mirado en forma imparcial, su responsabilidad radica sí, única y exclusivamente  en no ordenar una  minuciosa investigación, de hacerlo, sin duda alguna saldrá  airoso y fortalecido ante la opinión publica nacional e internacional, pues toda la población isleña rumorea sobre en quien caen las sospechas en esta materia. Incluyendo a los familiares de los mártires, pero el  temor obliga a todos a guardar silencio. Razón por la cual este autor con su conciencia y corazón limpio se limitará a  resumirlo como parte de la Historia de Isla de Maipo.

Todo empezó el día 12 de Septiembre de 1973, unas veinte horas después que una Junta Militar  tras un golpe de estado tomó el poder en Chile. Entonces llegó a la Parcela (A) “Santa Claus” ubicada en el sector de Los Cuatro Caminos de Lonquén una patrulla policial, procediendo a allanar el domicilio de don  Juan de Dios Salinas, sin detener a nadie. Dos días después, el 14 de Septiembre a las 5,30 am  otra patrulla se presentó en el lugar, llevándose detenido al dueño de casa. También cayeron en la redada  otros vecinos del sector, entre ellos  don Guillermo Bustamante Sotelo residente en la población Gabriela Mistral de La Islita. A todos se les condujo detenidos a la tenencia de La Isla encerrándolos en un calabozo.

En la madrugada del 17 al 18 de Septiembre  cuando el reloj apuntaba las 2,30 a, m aproximadamente, Salinas y Bustamante  fueron sacados de entre sus compañeros, sin que nunca mas se conociera su paradero, Ellos fueron los únicos que no fueron encontrados en el horno de cal. 20 días después, el domingo 7 de Octubre  fueron detenidos en sus casas  don Sergio Adrián Maureira Lillo de 46 años y sus hijos Sergio  Miguel de 28 años casado dos  hijos, Rodolfo de 27 casado un hijo, José Manuel de 25 soltero y Segundo Armando de 23 años, soltero. Minutos después siguieron igual suerte  Carlos Segundo Hernandez Flores de 39 años y sus hermanos Nelson de 32 y Oscar Nibaldo de 30 años de edad. Todos los nombrados eran vecinos entre sí  con domicilio en camino La  Ballica  y socios fundadores del Club Deportivo “ Robert  Kennedy” institución que crearon  impactados por la suerte de esa familia  norteamericana, sin pensar o talvez teniendo “in mente”  que su destino seria un día  similar.

La razzia continuó en el numero  694 de la Avenida El Rosario, apresando allí  a don Enrique  René Astudillo Rojas de 65 años de edad y a sus hijos  Ramón  Osvaldo de 27 y  Omar Enrique  de 20 años de edad, quien recién había  llegado desde la nortina ciudad de Iquique, donde cumplió su Servicio Militar  en el Regimiento “Carampangue” a todos  según se a podido establecer, se les acusó de ser comunistas. Esto deja de tener base , ya que no se detuvo a don Felipe Segundo Acevedo Vera que sí era comunista, con un curriculum sin igual en  la comuna.  Fue el primer regidor de esa colectividad en la historia de Isla de Maipo y en 1973 era un importantísimo miembro de la CUT Central Única  de Trabajadores de Chile y quien organizó  en una sola federación a los sindicatos isleños, los que se convirtieron en la base de lo que después fue común  en todo el país. Sin embargo a él no se le detuvo, pudiendo transitar libremente  por el pueblo. Esto nos demuestra gráficamente  que aquí no se perseguía a los marxistas, sino que a muy determinadas  personas y familias. Otras víctimas  inocentes fueron un grupo de alegres muchachos “algo desordenados” según dijo un policía después  compuesto por  Manuel Jesús Navarro Salinas de 20 años de edad, Miguel Angel  Brant Bustamante de 19, Iván Ordóñez Lama  de 17 y el  joven santiaguino José Manuel Herrera Villegas que ese fatídico día tuvo la desafortunada idea de ir a visitar a su abuela María  Acevedo que se encontraba enferma, y cuando regresaba  a la capital. Fue apresado en “La Plaza” junto a los demás muchachos cuando tenia tan solo 17 años de edad.

En los abandonados hornos de cal  del cerro Lonquén  fueron encontrados los cadáveres de todos los mártires nombrados cinco años después de su detención, despertando  indignación  mundial y la condena de Las Naciones Unidas.  Solo el tiempo  será el que determine un día tarde o temprano  cual fue la razón  o causa  que cubrió de sangre y dolor a tantos hogares y familias isleñas.

Tras la caída del régimen militar se  logro establecer  que los prisioneros Juan de Dios Salinas  y Guillermo Bustamante Sotelo fueron fusilados en el Puente Naltagua en la madrugada del 18 de Septiembre de 1973 .

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policia de Investigaciones captura ayer, en Valparaiso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policia en Isla de Maipo, al sur de la Region Metropolitana, cuando pocos dias despues del 11 de septiembre de 1973 orden de  la detencion y fusilamiento de 17 campesinos.

Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningun tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquen. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.

REAPERTURA

Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crimenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquen estaba cerrado, por aplicacion de la Ley de Amnistia. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua hab?i sido reabierta.

Las victimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agricolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que habia actuado como delator.Desde esa fecha en adelante nunca mas se supo de su suerte. Solo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.

Todos los policias que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.
En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambia el nombre a Marcelo- declara en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daria paso a su procesamiento, desaparecio sin dejar rastro.Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entrega una orden de captura a la BAE.

Tras meses de investigaciin, en las ultimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaiso.

Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atencion en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografia del mayor retirado.

SIN RESISTENCIA

Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicita una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares mas cercanos decian desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefonicas al lugar.El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indico que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas. LN

El caso Lonquen

El descubrimiento de los cuerpos enterrados en Lonquen, en 1978, se transformo en un emblema de la defensa de los derechos humanos y deja al descubierto la politica de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de las victimas.

Pinochet y el resto de los cerebros del regimen militar sabian que el macabro hallazgo de los hornos de Lonquen generarra problemas. De alli que se originara una nueva y siniestra estrategia para ocultar los crimenes cometidos a lo largo del pais: la operacion  retiro de televisores. Mediante esta clave, todas las unidades militares se encargaron de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habian arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Posteriormente, los restos fueron quemados o lanzados al mar.Tras la desaparicion de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo detuvieron a decenas de campesinos.

Quince de ellos sufrieron la represion de los policias, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro.
Tras un ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978, la Vicaria de la Solidaridad, presento ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquen.

Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante que, mediante un sumario, comprobo la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasa a la justicia militar y el 16 de agosto de 1979, se dicto la sentencia que sobreseyo total y definitivamente a los carabineros procesados en virtud de la Ley de Amnistia.

El año pasado el abogado Nelson Caucoto pidio la reapertura del caso y se espera que con la detencion de Castro, se sanciones a los tambien a los demas responsables.

El abogado Raúl Meza hizo la presentación en el ministerio de Justicia apelando a la “humanidad y misericordia” de la Presidenta Michelle Bachelet. El profesional adelantó además que durante el mes de septiembre se viene “una importante señal de arrepentimiento por parte de algunos reos de Punta Peuco”.

Hasta el ministerio de Justicia acudió el abogado Raúl Meza para presentar una petición de indulto para cuatro criminales condenados por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet.

El abogado sostuvo que esta es “la primera petición de indulto colectiva que se hace en el país, lo que constituye un hecho histórico para los familiares de estos condenados”. El profesional agregó que estos requerimientos dicen relación “con cosas estrictamente humanitarias” y asegura que se presentaron antecedentes médicos que justifican la petición de indulto.

Meza agregó que además se adjuntaron antecedentes que hablan de otras peticiones de indulto que fueron aceptadas y que no tienen relación con casos de personas con enfermedades terminales. “Se otorgaron indultos a personas condenadas por delitos de terrorismo, por lo mismo, queremos apelar ya no a los tiempos de la justicia, sino que a los de la misericordia”, afirmó.

El abogado adelantó además que durante este mes de diciembre, reclusos de la cárcel de Punta Peuco darán “una importante señal de arrepentimiento y perdón” y señaló que “por lo tanto, la Presidenta tiene una oportunidad histórica de consolidar la reconciliación”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, aseguró que “no se trata de sentimientos sino de justicia”, y que es la Mandataria quien debe pronunciarse sobre los beneficios carcelarios y no sus ministros.

El abogado de derechos humanos Cristián Cruz dijo que las autoridades del Gobierno, en especial el ministro de Justicia quien se mostró partidario de otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, han generado un clima propicio para justificar los indultos en base a supuestas razones humanitarias.

Los crímenes de los condenados que buscan el indulto

Los nombres por los cuales se realizó esta petición de indulto corresponden a Pedro Eduardo Vivian Guaina, René José Guillermo Cardemil Figueroa, Marcelo Castro Mendoza y Gustavo Muñoz Ramírez. Todos condenados por crímenes contra la humanidad.

En el caso de Pedro Eduardo Vivian Guaita, se le condenó por su participación en un caso de detención y tortura ocurrido en la ciudad de Copiapó en el año 1975, cuando el oficiaba como suboficial de Carabineros.

Guaita, junto a otros siete agentes de la dictadura, detuvieron a la víctima y su esposa Nicza Báez en 1975, siendo conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados. Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez recuperar su libertad.

En tanto René José Guillermo Cardemil Figueroa fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el homicidio de 6 personas. Él, junto a otros miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército allanaron violentamente los departamentos de la Torre 12 de la remodelación San Borja, obedeciendo a una falsa denuncia contra uno de los detenidos de parte de una vecina. El allanamiento sorprendió a los inquilinos del edificio mientras dormían en sus departamentos. Los militares procedieron a detener a 6 personas, 2 turistas argentinos, un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), un estudiante universitario, un cirujano dentista y un importador y militante del Partido Nacional.

Los seis detenidos, Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta , Beatriz Elena Díaz Agüero, Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro, cirujano dentista.  fueron llevados a la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel, lugar transformado en centro de detención por los agentes de la dictadura Al siguiente día, los detenidos fueron trasladados a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

En tanto Marcelo Iván Castro Mendoza, fue procesado como autor de 13 homicidios calificados y 2 secuestros cuando se desempeñaba como capitán de Carabineros. Finalmente fue condenado como autor de los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio.

NUEVA CONMEMORACIÓN POR ASESINATO DE 15 CAMPESINOS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA

En el cementerio parroquial, se conmemoró un año más la detención y posterior asesinato de los 15 campesinos víctimas de la dictadura en los Hornos de Lonquén. “Nuestro compromiso es mantener la memoria para encontrar la verdad y justicia anhelada por tantos años”, señaló el alcalde Carlos Adasme durante su discurso.