Barría Araneda Arturo

Arturo Barría Araneda, soltero, Profesor de Música, militante del Partido Comunista, fue detenido el 28 de agosto de 1974, cuando se presentó -junto a otros tres colegas y un alumno del Liceo Darío Salas- a la Escuela de Suboficiales del Ejército, luego que fuera citado por el Rector Delegado de ese establecimiento educacional, Capitán Luis Pavez.

Esta citación se debió a que el día 26 de agosto de ese año se realizaron los funerales de un alumno del Colegio, en donde se había cantado "La Internacional" y gritado consignas políticas. El Capitán Pavez fue informado de estos hechos por la Directora del Liceo y el Inspector Paradocente Mario. Por tal razón, citó verbalmente a los profesores Nieves Piedad Pizarro del Río, Rosa Amelia Camacho Parra y la víctima, más el alumno de 4° Medio de ese Liceo, Roberto Meneses Gaete, para presentarse ese día, a las 14:30 horas, al recinto militar indicado anteriormente.

Los afectados concurrieron a la Escuela de Suboficiales tal cual les fue ordenado, donde fueron interrogados ?separadamente? por el mismo Capitán Pavez y otro Oficial.

Alrededor de las 18:00 horas, les fue comunicado a los acompañantes que los cuatro requeridos serían trasladados al Comando de Institutos Militares, ubicado en las dependencias de la Escuela Militar en Apoquindo con Vespucio.

En este lugar fueron recibidos por un General de apellido Hidalgo, el que les señaló que serían interrogados y en seguida liberados, dado que el hecho que se les atribuía no tenía mayor gravedad.

Sin embargo, no fue así, ya que el Comandante encargado de interrogarlos los envió a la Escuela de Telecomunicaciones, donde pasaron la noche. Al día siguiente, 29 de noviembre, fueron conducidos nuevamente al Comando de Institutos Militares ?esta vez iban esposados? donde fueron interrogados e incomunicados entre sí. Permanecieron en el subterráneo de este recinto hasta alrededor de las 21:00 horas, luego de lo cual fueron sacados violentamente, se les vendó la vista y los trasladaron a un lugar desconocido, antes de lo cual alcanzaron a escuchar que eran transferidos a la DINA.

Después, se pudo establecer que este recinto se trataba de Cuatro Alamos, el cual estaba bajo tuición de la DINA y donde se mantenía incomunicados a los presos del exterior, pero sin ser interrogados.

Efectivamente fueron entregados a la DINA, lo que quedó estampado en el Oficio N°3550/303, de fecha 29 de agosto de 1974, firmado por el Comandante de Institutos Militares, con el que se hizo entrega de los prisioneros.

En Cuatro Alamos, el profesor Barría y el alumno Meneses fueron ubicados en la Pieza N°13, donde también se encontraban otros presos. Las profesoras en una pieza donde estaban ubicadas las mujeres.

Días después, el 4 de septiembre, los cuatro fueron sacados de este lugar y trasladados a un recinto secreto de la DINA, vendados, donde fueron interrogados, regresando a 4 Alamos en horas de la noche. Según él mismo contó a Juan Ramírez ?ex detenido con el que compartió en Cuatro Alamos? el interrogatorio versó sobre un viaje que había efectuado a Cuba años antes, donde había participado en cursos relacionados con su profesión. Según Ramírez, Arturo Barría fue sacado en dos oportunidades a interrogatorios.

Según el testimonio de otra prisionera, María Antonieta Castro, en septiembre de 1974 ella vio a la víctima en Villa Grimaldi muy torturado. Es posible que se trate de una de las veces en que fue sacado a los interrogatorios.

El 12 de septiembre, el joven Roberto Meneses fue dejado en libertad y las mujeres fueron traspasadas a Tres Alamos, donde permanecieron varios meses recluidas y posteriormente dejadas en libertad.

Entre los prisioneros que recuerdan la estadía del profesor Barría en Cuatro Alamos, además del ex dirigente sindical de MADECO Juan Ramírez, se encuentran Cristián Van Yurick, Manuel Salinas, Mario Aguilera y Blanca Rosa Bustos.

Aguilera y Ramírez expresan que Barría formó un Coro con los presos y participaba en los shows que hacían, con autorización de los guardias. En una ocasión, este Coro cantó en el pasillo para las detenidas. Blanca Bustos recuerda haber escuchado en una oportunidad que alguien cantaba el Ave María de Schubert y que las otras prisioneras le contaron que quien cantaba era Arturo Barría.

Tanto Aguilera como Ramírez coinciden también en señalar que guardan un grato recuerdo de la víctima, quien se destacaba por su cordialidad, su orden y una actitud protectora y levantadora de ánimo hacia su alumno ?Roberto Meneses? hasta que éste salió libre.

Mario Aguilera manifiesta que Arturo Barría fue sacado de Cuatro Alamos, junto a otros prisioneros, el 30 de septiembre de ese año y nunca más volvió a saber de su persona. Esta fecha coincide con la señalada por las profesoras detenidas con él, como la última vez que tuvieron comunicación con su colega. Familiares suyos recibieron una tarjeta postal, fechada el 8 de enero de 1975, enviada desde el Balneario de Quinteros, según timbre de Correos y lo indicado en la misma tarjeta. La escritura adolece de errores ortográficos y firma "Arturín", apelativo con que llamaban amigos y familiares al afectado.

En julio de 1975, su nombre apareció en una nómina de 119 chilenos muertos en Argentina, según información publicada por el periódico brasileño "O'DIA" y la revista argentina "LEA". Los medios de prensa que publicaron esta falsedad no eran conocidos en sus países y sólo salieron a la luz pública en esa oportunidad, con el indudable objetivo de propagar esta infamia.

Las autoridades argentinas y brasileras señalaron oficialmente desconocer estos hechos. Por otro lado las autoridades del gobierno militar chileno, se vieron en la obligación de informar a los Tribunales de Justicia que no había constancia de estas muertes, como tampoco de la salida del país de las 119 personas que componían esta nómina.

Todas las personas mencionadas habían sido detenidas por efectivos de seguridad chilenos y se encuentran desaparecidos desde entonces, al igual que la víctima.

El profesor Arturo Barría vivía con dos ancianas tías de 71 y 83 años a la fecha, las que lo habían criado luego de la muerte de su madre. Ambas dependían principalmente de los ingresos que él recibía.

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 29 de agosto de 1974 se interpuso un recurso de amparo en su favor y en el de los otros tres detenidos junto a él, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1023-74, al que se acumuló otra presentación realizada el 6 de enero de 1975.

La Corte ofició de inmediato a los Ministros de Interior y de Defensa para que informaran sobre los arrestos denunciados. Tres meses después, el Ministro de Defensa respondió que SENDET había informado no registrar antecedentes del afectado.

Más tiempo demoró el Ministro del Interior en evacuar el requerimiento de la Corte y el 13 de diciembre respondió informando sólo por la profesora Nieves Pizarro, indicando que se encontraba recluida en Tres Alamos, en virtud del Decreto Exento de ese Ministerio N°425.

Se le reiteró al Ministro un Oficio para que informara sobre los otros amparados y el 24 de enero de 1975, un mes después, contestó el Ministro informando esta vez por la segunda profesora detenida, Rosa Amelia Camacho, señalando que su detención en Tres Alamos se ordenó en virtud del Decreto Exento N°425; es decir, el mismo informado un mes antes.

Se volvió a reiterar la solicitud de información respecto de Arturo Barría y recién el 4 de febrero de 1975, seis meses después que se solicitara por primera vez al Ministro del Interior General César Benavides, éste respondió que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio.

Con el mérito de esta respuesta, el 5 de febrero de 1975 la Corte declaró sin lugar el amparo, resolviendo a la vez remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente para que se investigara la comisión de algún delito.

De esta forma, se dio inicio en el 5° Juzgado del Crimen de Santiago la causa rol 100.002?10, por presunta desgracia de Arturo Barría Araneda y de las otras personas detenidas. A este proceso se acumuló una querella por secuestro y arresto ilegal interpuesta ante el mismo Tribunal el 10 de marzo del mismo año. En el proceso declararon los testigos que fueron arrestados junto al profesor, los que dejaron constancia, a través de sus relatos, lo sucedido desde el día 28 de agosto, fecha en que fueron detenidos en la Escuela de Suboficiales del Ejército, hasta el 30 de septiembre de ese año, cuando las profesoras dejaron de tener comunicación con el afectado, estando él en Cuatro Alamos y ellas en Tres Alamos. Al momento de prestar estas declaraciones ambas se encontraban aún detenidas.

El 9 de abril de 1975, el Coronel Jorge Espinoza Ulloa de SENDET, informó al Tribunal que ese organismo no registraba antecedentes de la víctima. Sin embargo, el 24 de abril de ese año, el Comandante de Institutos Militares informó al Tribunal que los antecedentes de las personas consultadas, que habían sido detenidos el 28 de agosto de 1974, habían sido puestos a disposición de SENDET, mediante Oficio N° 3550/303 de ese Comando, por lo cual esa Secretaría Nacional de Detenidos debía informar al respecto.

El 14 de mayo de 1975, el Ministro del Interior respondió al Tribunal que no tenía antecedentes del afectado, cuya detención no había sido ordenada por esa autoridad.

Estas respuestas del Secretario Ejecutivo de SENDET y del Ministro del Interior resultan inverosímiles, debido a que en el mencionado Oficio N°3550/303, que fue remitido al Tribunal el 3 de noviembre de 1975, se indica que los detenidos ?incluyendo al profesor Arturo Barría- habían sido puestos "a disposición de DINA, en 'SENDET'… en calidad de detenidos por comprobarse su activa militancia con la ex-UP". En seguida de los nombres de los afectados se enumeran otras acusaciones, y se indica que se adjuntan sus cédulas de identidad y las fichas que en esa repartición se elaboraron de ellos. Firmó el Oficio, fechado el 29 de agosto de 1974, el Coronel Alfredo Reheren Pulido y se indica que copia del mismo se remitió a: SENDET, CAJSI II D.E., DINA, Ministerio de Educación y al Campamento Tres Alamos.

En tanto, en junio de 1975, el Coronel Espinoza de SENDET respondió por segunda vez al Tribunal que no registraba antecedentes de la víctima.

Además, se adjuntaron al Tribunal las respuestas negativas del Director de la DINA, del Edecán del General César Mendoza, miembro de la Junta de Gobierno y del Jefe de la Zona en Estado de Sitio en Santiago, dirigidas a la tía de Arturo Barría, respecto de la detención de su sobrino.

También declararon en el proceso el Capitán Luis Pavez, Rector Delegado del Liceo Darío Salas, la Directora Rebeca Román y el Inspector Mario Valenzuela, los que corroboraron lo relatado por los otros detenidos.

No obstante estas declaraciones y la copia del Oficio del Comandante de Institutos Militares, una vez llegó este último antecedente, el titular del 5° Juzgado del Crimen cerró el sumario y el 3 de diciembre de 1975 dictó sobreseimiento temporal de la causa, por no encontrarse acreditado el delito.

El 26 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este sobreseimiento.

El 17 de marzo de 1976 se solicitó la reapertura del sumario, aduciendo la importancia del testimonio que podría entregar el Jefe del Campamento de Tres Alamos, Conrado Pacheco y se adjuntó la tarjeta postal escrita por el afectado llegada a los familiares. Se solicitó un peritaje de esta escritura. El Tribunal sin embargo no dio lugar a esta solicitud y la causa continuó archivada.

El 21 de septiembre de 1979, se solicitó nuevamente la reapertura de la causa ante el Ministro en Visita Servando Jordán, de la Corte de Apelaciones de Santiago, nominado para investigar los procesos por desaparición de personas detenidas por efectivos de seguridad en Santiago.

El Ministro Jordán reabrió el sumario, sin embargo de su tramitación en la Visita se desconocen antecedentes. Se sabe en todo caso que se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar, que aceptó la competencia el 10 de enero de 1980, continuando la investigación en la Segunda Fiscalía Militar, con el rol 19-80.

El 21 de junio de 1976, al conocerse el Oficio del Comando de Institutos Militares mediante el cual se hizo entrega de los detenidos a la DINA, se interpuso un nuevo recurso de amparo en favor de Arturo Barría ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 548-76. Ante la Corte se acompañó una copia de este Oficio y de las declaraciones prestadas ante el 5° Juzgado del Crimen por el Capitán Luis Pavez.

El 5 de julio de 1976 el Ministro del Interior respondió negativamente respecto de alguna información del afectado, agregando como dato que un año antes se había publicado en los periódicos la noticia de su muerte en Argentina, en enfrentamientos ocurridos con efectivos de seguridad de ese país. Esto se indicó, a pesar de que el Ministro de Relaciones Exteriores ya había informado a los Tribunales que no había constancia de estas muertes y que las víctimas que se mencionaban en esa noticia no registraban salida del país.

La Corte resolvió, luego de recibir esta respuesta, volver a oficiar al Ministro del Interior, mencionando el Oficio de la autoridad militar que daba cuenta del arresto de la víctima, cuya copia se le adjuntó, indicándole incluso que señalara si acaso el afectado había sido puesto en libertad.

Pese a este nuevo Oficio, el Ministro volvió a reiterar que no tenía antecedentes de Arturo Barría Araneda.

Con esta última respuesta, la Corte resolvió rechazar el amparo, fallo que se dejó sin efecto a solicitud de la parte afectada que aclaró que el Ministro del Interior no contestaba al tenor de lo solicitado por el Tribunal.

Se enmendó el error y el Tribunal ofició nuevamente al titular de Interior, el cual respondió que la DINA había informado que no había detenido al afectado e insistió en manifestar que éste no registra antecedentes en el Kardex Confidencial de esa Secretaría de Estado.

La Corte no quedó satisfecha con esta respuesta y ordenó nuevo oficio a la autoridad, ya que al parecer el Ministro no había considerado los antecedentes entregados.

Pese a que a la nueva solicitud se le adjuntó copia de ésta la resolución de la Corte, el General Benavides volvió a responder que tanto el Ministerio del Interior como SENDET y la DINA no registraban antecedente alguno relacionado con la víctima.

El 24 de septiembre de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago falló definitivamente el amparo declarándolo sin lugar y rechazando una solicitud de la parte afectada de nuevas diligencias consistentes en citar a declarar al Capitán Luis Pavez y al Coronel Reheren, ex Comandante de Institutos Militares.

Sin embargo, aún cuando no se amparó al afectado, se resolvió remitir los antecedentes a la Corte Marcial para que este Tribunal, si lo estimaba procedente, ordenara una investigación "acerca de la conducta de los militares que intervinieron en la detención de Arturo Barría".

El 21 de octubre de 1976, la Corte Marcial resolvió, luego de conocer el proceso seguido en el 5° Juzgado del Crimen y que se encontraba sobreseído temporalmente, devolver el expediente del amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago y no practicar ninguna investigación.

En julio de 1978, se interpuso una querella masiva por secuestro ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago, en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, ex Director de la DINA y otros Oficiales de Ejército miembros de ese organismo de seguridad, por familiares de 78 personas detenidas desaparecidas por la DINA, entre ellas, Arturo Barría.

El titular del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar, que instruyó la causa rol 553-78 en la 2a. Fiscalía por los hechos denunciados. (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)

El Fiscal Militar solicitó información a las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ningún Servicio de Inteligencia registraba antecedentes, excepto la DINE, correspondiente al Ejército, que informó que el afectado registraba militancia comunista y que el año 1969 había recibido "instrucción ideológica y subversiva en Cuba". Este dato coincide con lo que él contara a su compañero de celda en Cuatro Alamos, en relación a que era interrogado por la DINA por un viaje a Cuba, que efectivamente había realizado.

Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario?- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

Para el Colegio de Profesores el 11 de Septiembre es una fecha es especialmente significativa. La represión militar afectó directamente a cientos de maestros, registrándose decenas de docentes Detenidos Desaparecidos hasta el día de hoy, junto con maestros Ejecutados por su actividad social y política. Algunos de ellos fueron detenidos en sus propias escuelas, desde donde se les perdió la pista para siempre. Se cuentan por cientos, también, los profesores torturados, exiliados y exonerados de sus trabajos.

«No puede haber contexto que justifique asesinar, desaparecer, torturar. No puede haber ningún contexto que justifique aquello», afirma contundente Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, en el día previo a una nueva conmemoración del Golpe de Estado de 1973.

Además, el Golpe de Estado implicó el término del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), la sólida organización gremial y sindical que habían constituido en 1970 los profesores de todo el país junto al personal paradocente de las escuelas. Junto con ello, en el mismo año 1973 la Junta Militar terminó con las Escuelas Normales y su centenaria tradición de formación docente, que había sostenido el crecimiento de la Educación Pública durante todo el siglo XX. Así mismo, el régimen intervino el currículum escolar, modificando la enseñanza que se impartía en las aulas.

El desarrollo de la Dictadura conllevó, también, la municipalización de los establecimientos educacionales del Estado. Este traspaso jibarizó el extenso sistema escolar público construido por décadas en el país, pero además originó la Deuda Histórica que afecta a miles de docentes hasta el día de hoy. En el año 1981, los profesores fueron obligadamente traspasados de su condición de funcionarios públicos a empleados municipales sin respetarles los reajustes a los que tenían derecho, afectando sus sueldos mientras fueron maestros activos y reduciendo sus pensiones una vez jubilados. Una consecuencia más del Golpe de Estado en el profesorado, que se mantiene sin solución hasta hoy.

Por todo ello, 136 docentes víctimas de las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias por motivos políticos son homenajeados permanentemente con una placa recordatoria en el edificio del Directorio Nacional del Magisterio, desde el 2014. Aquel edificio, a su vez, lleva el nombre de Manuel Guerrero Ceballos, otro profesor víctima de la Dictadura. Recientemente, además, el Salón de Recepción de la Casa del Maestro de Santiago fue renombrado en honor a Juan Antonio Gianelli Company, maestro y dirigente del SUTE, hecho desaparecer por el Comando Conjunto en 1976.

«Junto con recordar a nuestros colegas y llevarlos muy presentes en nuestras mentes y corazones, es importante también un compromiso como educadores con una cultura de los Derechos Humanos para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir tragedias como esta, para que nunca más en Chile los Derechos Humanos sean pisoteados como ocurrió en ese período», reflexiona el Presidente del Magisterio.

 

 

La Corte Suprema de Chile condenó a cinco agentes de la dictadura de Augusto Pinochet, por el secuestro calificado (desaparición), en 1974, de ARTURO BARRIA ARANEDA , un profesor de música incluido posteriormente entre las víctimas de la Operación Colombo, informaron hoy fuentes judiciales.

En el fallo, la Sala Penal del máximo tribunal chileno sentenció a seis años de prisión, como autores del delito, a los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y al brigadier Pedro Espinoza Bravo.

En tanto, el coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán fue condenado a cinco años, también como autor y, como cómplice, el agente Luis Pavez Parra recibió una pena de tres años y un día de prisión.

Los cuatro primeros están en prisión, cumpliendo sentencias que suman varios siglos, tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

En agosto de 1974, Arturo Barría Araneda, de 28 años, profesor de música del Liceo Darío Salas de Santiago y militante del Partido Comunista, fue citado por el Interventor militar del establecimiento a la Escuela de Suboficiales del Ejército, junto a otras dos profesoras y un alumno, por haber supuestamente participado en manifestaciones políticas durante el funeral de un estudiante.

Al concurrir a la citación, los cuatro fueron detenidos y enviados primero a otro recinto militar y después a un campo de prisioneros de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura, donde el docente fue sometido a torturas, ahí y en la Villa Grimnaldi, otra prisión clandestina de esa organización.

Según testimonios de prisioneros supervivientes, Barría fue torturado por haber viajado un par de años antes a Cuba, donde siguió un curso de perfeccionamiento como maestro de música.

En septiembre siguiente, los prisioneros dejaron de ver o escuchar al profesor, que solía entonar temas como el "Ave María", de Schubert, y otras piezas de música selecta.

En mayo de 1975, su nombre fue incluido entre las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir la desaparición de 119 prisioneros políticos, con el apoyo de las policías secretas de Argentina y Brasil.

En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos inexistentes, Lea y O Novo Dia, en las que se afirmaba que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) ocurridas en territorio argentino y brasileño.

La prensa chilena de la época replicó esas publicaciones con titulares como "Exterminados como ratones".

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

La Justicia chilena condenó este lunes a cinco exagentes de la policía secreta de Augusto Pinochet por la detención, secuestro y desaparición de ARTURO BARRIA ARANEDA.

La Justicia chilena condenó este lunes 13 a cinco exagentes de la policía secreta (Dirección de Inteligencia Nacional) de Augusto Pinochet, por la detención, secuestro y desaparición de Arturo Barría Araneda, un profesor de música y miembro del Partido Comunista, en septiembre de 1974 como parte de la denominada "Operación Colombo".

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó en fallo unánime a los generales retirados César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann a siete años de cárcel, al igual que al brigadier Pedro Espinoza Bravo. En tanto, el coronel Orlando Mano Durán fue condenado a cinco años y un día, y el capitán Luis Pavez Parra, a tres años y un día, pena que podrá cumplir bajo libertad vigilada.

En la misma causa, la corte de apelaciones absolvió a los agentes Manuel Avendaño González, Alejandro Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra, y ratificó la absolución de 56 personas en el mismo caso, lo que confirmó el fallo en primera instancia del juez Julio Crisosto.

Arturo Barría Araneda tenía 38 años al momento de su desaparición y fue visto por última vez en un campo de presos políticos en septiembre de 1974. Meses después, su nombre fue ingresado a la lista de la Operación Colombo para encubrir su desaparición y la de otros 119 presos políticos de la dictadura de Pinochet (1973-1990), a través de maniobras en los medios de comunicación en Chile y en la región, donde se dijo que estas muertes obedecían a purgas al interior del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que luchó activamente para el retorno de la democracia en Chile.

La agrupación Memoria Activa publicó que Arturo Barría Araneda fue detenido luego de asistir el 26 de agosto de 1974 al funeral de un alumno de su colegio, donde habría cantado “La Internacional” y gritado consignas políticas, y que el Rector Militar Delegado del colegio habría informado la situación al capitán Luis Pavez, quien fue condenado en la causa de secuestro calificado del profesor.

En el marco del “Mes de la Memoria”, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes realizó un homenaje a artistas víctimas de la dictadura militar, acto donde el escritor, Jorge Montealegre, presentó su libro “Memorias Eclipsadas. Duelo y resiliencia comunitaria en la prisión política”.Un emotivo homenaje a ARTISTAS , cultores y artesanos víctimas de la dictadura se desarrolló este viernes 9 de septiembre en Valparaíso, en el Centro de extensión del Consejo de la Cultura y las Artes (Centex).

La encargada de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Francia Jamett Pizarro, resaltó el rol de la institución en la observancia de políticas de reparación simbólica. “La celebración de conmemoraciones y homenajes a víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de los valores y principios del Consejo expresados en las Políticas Culturales 2011-2016. Este reconocimiento a las y los artistas víctimas de la dictadura responde a un compromiso institucional que busca resaltar sus vidas y sus obras, y construir nuevos relatos en torno a la reparación simbólica”, expreso la encargada.

El escritor, Jorge Montealegre, presentó su libro “Memorias Eclipsadas. Duelo y resiliencia comunitaria en la prisión política”, donde relata la manera en que la creación artísticas y cultural, en condiciones de vivencia en campos de prisioneros, permitieron sobrellevar de una manera más digna las violaciones de derechos humanos permanentes que sufrieron quienes fueron encarcelados por motivos políticos.El ciclo “Mes de la Memoria”, organizado por el CNCA, se inició el pasado viernes 2 de septiembre con un simbólico homenaje interno para recordar el legado de Galia Díaz Riffo y Romina Irarrázabal Faggiani, funcionarias fallecidas hace cinco años en el accidente aéreo de Juan Fernández.

Un juez chileno para casos de derechos humanos condenó a penas de prisión a ocho exagentes de la policía secreta del exdictador Augusto Pinochet, por la detención y desaparición en el año 1974 de ARTURO BARRIA ARANEDA , una de las víctimas de la Operación Colombo, informaron fuentes judiciales.

En el juicio por la desaparición de Barría, el juez Hernán Crisosto, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictaminó penas de 13, 10 y tres años y un día, para los exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

A 13 años de cárcel fueron sentenciados los generales retirados César Manríquez Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, todos ellos en prisión cumpliendo penas por más de 200 años tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Otros cuatro antiguos agentes, fueron sentenciados a diez años de prisión, también como autores, mientras uno de los agentes deberá cumplir una pena de tres años y un día, en condición de cómplice.

También el juez absolvió a 56 procesados por falta de participación en los hechos.

La sentencia se dictó por el delito de secuestro calificado (desaparición) de Arturo Barría Araneda, profesor de música del Liceo Darío Salas de Santiago, militante del Partido Comunista.

Barría Araneda, fue citado el día 27 de agosto de 1974 a la Escuela de Suboficiales del Ejército, junto a dos profesoras y un alumno, porque habría participado en manifestaciones políticas durante el funeral de un alumno del liceo.

El profesor se presentó al otro día en la Escuela de Suboficiales del Ejército, acompañado de testigos, donde se le privó de su libertad para ser enviado al recinto clandestino de detención de la DINA llamado «Cuatro Álamos», lugar donde permanece sin contacto con el exterior y fue visto por última vez en septiembre del mismo año.

En julio de 1975, su nombre aparece en un listado de 119 chilenos fallecidos supuestamente en el extranjero, en luchas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero en realidad se trataba de detenidos desaparecidos en Chile.

Los nombres corresponden a las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir sus desapariciones, que contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, donde se publicaron ediciones únicas de dos periódicos, «Lea» y «O Novo Día», en los que se afirmaba que las víctimas murieron en luchas entre facciones internas del MIR.

La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, que fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas. Además, unos 33 mil chilenos fueron secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas. 

En un acto cargado de solemne simbolismo, el pasado 4 de septiembre,  la Facultad de Artes de nuestra universidad oficializó la donación de una parte de la biblioteca personal  de Arturo Barría Araneda, profesor de música, detenidos desaparecidos víctima de la dictadura militar.

El material bibliográfico completo inicialmente entregado a Olivia Concha, profesora universitaria cercana a la Escuela de Música, quien posteriormente decide entregarlo  a tres universidades chilenas, entre ellas, la Academia, la Universidad de Chile y la Universidad de la Serena.

Aníbal Mardones, sobrino de Barría, agradeció el gesto de hacer partícipe a su familia de este momento en que la totalidad de los libros de su tío están a disposición de los  estudiantes en una universidad como la Academia de Humanismo Cristiano.

“Arturo era hermano de mi madre, quien hasta sus 93 años de vida nunca dejó de buscarlo y sé que para ella, al igual que para mí y mi familia, constituye un profundo honor que esta muestra bibliográfica permanezca en esta casa de estudios para el uso de los estudiantes, realmente  es un privilegio por lo que queremos agradecer a la Academia, sus profesores y estudiantes, ya que nos permiten dejar una huella en memoria de Arturo”, señaló Mardones.

Viviana Díaz,  emblemática integrante de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y ex alumna del Liceo Darío Salas, asistió en representación de los estudiantes que conocieron la labor educativa de Arturo Barría, quien  años más tarde se  une con familia de su profesor en la Vicaría de la Solidaridad.

“A través de una fotografía yo me enteré de la detención y desaparición del profesor a dos años que ésta ocurriera, de ahí conocí a Estercita, su hermana, y recordé  el profesor de música había dejado en mí, una honda huella, pues él era de aquellos que concitaba el respeto y cariño de todos los alumnos.  Él era una persona, que al igual que mi padre y tantos compañeros formaron parte de nuestra sociedad y hasta el día de hoy no logramos encontrarlos, y cuando nos preguntamos qué pasó con ellos, uno siente que falta esa  justicia tan importante para que esto nunca más vuelva a pasar en nuestro país, por lo que se reafirma el compromiso, que en mi caso personal, se asumió de por vida”.

En tanto Oscar Pino,  jefe de carrera de Pedagogía en Música,  y quien dirigió la ceremonia, recordó que la causa para detener a Arturo Barría fue haber participado en el funeral de un estudiante en el Liceo Darío Salas,  donde supuestamente él, dos maestras y un alumno habrían cantado “La Internacional” y gritando consignas políticas, por lo que fueron citados a la Escuela de Suboficiales del Ejército. Hecho que, según las palabras de Pino, “en la condición de educador artístico que desempeñó Arturo y la facultad de artes, en el acto de enseñar, ser artistas y comunicar, de alguna forma se entrelazan con lo que fue el testimonio de la detención y desaparición del profesor, al entenderlo como  un acto de amor por la profesión que en nuestro cotidiano debemos realizar en el espacio de trabajo y hacia los estudiantes”.

El 28 de agosto de 1974, ARTURO BARRIA ARANEDA , concertista en piano, profesor de música y militante del Partido Comunista de Chile, fue detenido por militares, desapareciendo desde esa fecha. Tenía 38 años para entonces. Nunca más pudo hacer clases en su querido Liceo Experimental Darío Salas, donde daba curso a su alegría de enseñar, a su sensibilidad y a su vocación de maestro de música, formador, amigo y compañero de sueños de muchachas y muchachos.

Desde entonces han fallecido muchos seres queridos para Arturo. Las tías Mina y Lala con quienes vivía antes de su detención, su hermano Víctor, mi padre, mi madre Clemencia, maestra al igual que él, y su hermana Olga. Hace pocos días,acaba de morir la tía Ester, quien dedicó toda su energía a la búsqueda de su hermano menor y a la denuncia de las violaciones de derechos humanos desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hasta que su salud se lo impidió.Solo le sobreviven, su hermano Luis y sus sobrinos, Aníbal, Virginia, Viviana, Luis Emilio, mi hermana Margarita y yo.

Desde su desaparición todo lo que hemos sabido del tío Arturo, nos ha conmovido profundamente.

Así, el año 1975 fuimos vapuleados por el montaje de los servicios de seguridad de las dictaduras del Cono Sur, con la noticia, publicada en dos periódicos editados por una sola vez  Lea de Argentina y O´Dia de Brasil ? sobre 119 izquierdistas que habrían huido de Chile y muerto tras enfrentamientos entre ellos mismos. Se trataba de 119 jóvenes chilenos, detenidos en el país y posteriormente hechos desaparecer, entre quienes las publicaciones incluían el nombre de Arturo Barría Araneda.

Lo peor de la prensa chilena de entonces, no tardó en hacerse eco de esta siniestra maniobra de ocultamiento e impunidad.

Así, aunque posteriormente se comprobó judicialmente el montaje, jamás La Segunda, ha pedido perdón o explicado siquiera la crueldad de escribir en su edición de 12.06.1975, como principal titular de portada, en grandes letras rojas, ?EXTERMINADOS COMO RATONES?.El tabloide venía a agregar la humillación y el desprecio al sufrimiento, dolor y angustia de los familiares de las víctimas.

En una especie de reparación por ese acto ignominioso, volvimos a saber del tío Arturo al leer un relato conmovedor que muestra en plenitud su fibra de ser humano, su dignidad, sensibilidad, temple, solidaridad y amor por sus semejantes.

La actriz Gloria Laso, quien afortunadamente sobrevivió al horror para contarlo, en su libro El río que fluía hacia arriba (páginas 103-104), menciona a nuestro Arturo en un recinto secreto de detención, y escribe: ??el momento más trágico fue una noche en la que se empezaron a formar algunos prisioneros elegidos en el largo y estrecho pasillo. Era un macabro sistema que se repetía cada día. Oíamos una reja que se abría con un gran chirrido y pasos apresurados. Luego las puertas se abrían y los guardias nos recorrían lentamente con la mirada, para finalmente elegir una persona.Ese día no nos tocó".

"Tras la puerta cerrada sentíamos órdenes, gemidos y pies que arrastraban cadenas. De pronto un grito rompió el escalofrío que nos suspendía, la voz siguió en la misma nota y entonó el ´Himno a la Alegría´. Una a una se fueron sumando las voces de decenas de cautivos, incluidas las nuestras. Hoy me recuerdo cantando a todo pulmón ´ven canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos´ llorando y aferrada a la puerta de la celda, intentando, como todos, dar fuerza a esos desconocidos cuyos rostros nunca vería y que sin embargo eran mis hermanos, enfilando sus pasos hacia la muerte llenos de dignidad".

?Nunca he sentido más orgullo y tampoco más vergüenza por pertenecer a esta especie.Con el tiempo supe que el hombre que cantaba era un profesor de música de apellido Barría. Deben saber sus descendientes que, él solo, sostenía con su temple a todos los demás?.

Gracias Gloria Laso por ese preciado recuerdo de nuestro Arturo, que, como tantos, dio hasta el final, testimonio de vida,solidaridad, esperanza en un mundo mejor y amor por sus semejantes, actitudes tan contrastantes con los administradores del odio, que impusieron la crueldad, el sufrimiento y el horror, inimaginables para quienes no los sufrimos en carne propia.

Chile.- Pinochet es procesado por cuatro muertes relacionadas con la Operación Colombo
El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue procesado hoy por cuatro de las 119 muertes causadas por la llamada Operación Colombo, llevada a cabo por la represión del régimen de facto en 1974, a un año del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Con estas acusaciones, y después de que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago anulara un sobreseimiento que lo favorecía al exculparlo, Pinochet suma 10 causas como responsable del secuestro, desaparición y muerte de igual .número de personas de esta operación

 militar, que fue negada por la dictadura y que incluyó un montaje que intentó que los chilenos creyeran que los 119 detenidos desaparecidos habían muerto en enfrentamientos de guerrillas.

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El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo chileno desaforó a Pinochet para que, sin inmunidad judicial, sea investigado como presunto responsable de las detenciones y desapariciones de otras 37 víctimas de la Operación Colombo.

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Hoy, la Sala sexta de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, decidió someter a proceso al ex dictador, por los casos del profesor de música ARTURO BARRIA ARANEDA , del veterinario Juan Chacón Olivares y de los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva.

 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el secuestro calificado del profesor de música del Liceo Darío Salas, Arturo Barría Araneda, ilícito perpetrado a partir del 28 agosto de 1974, en la Región Metropolitana. Víctima que forma parte de la denominada “Operación Colombo”.

En la resolución, el ministro de fuero condenó a penas de 13 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. En tanto, los ex integrantes del organismo: Orlando José Manzo Durán, Manuel Heriberto Avendaño González, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, deberán purgar 10 años, también en calidad de autores.

Asimismo, el ministro Hernán Crisosto aplicó la pena efectiva de 3 años y un día, en calidad de cómplice, al ex integrante de la DINA Luis Humberto Pavez Parra.

En tanto, resultaron absueltos por falta de participación en los hechos: Gerardo Ernesto Godoy García, Alejandro Francisco Molina Cisterna, Samuel Enrique Fuenzalida Devia, Máximo Ramón Aliaga Soto, Gustavo Galvarino Carumán Soto; Juan Evaristo Duarte Gallegos, Carlos Enrique Letelier Verdugo, Herman Eduardo Ávalos Muñoz, Raúl Bernardo Toro Montes, Alfonso Humberto Quiroz Quintana, Héctor Raúl Valdebenito Araya, José Stalin Muñoz Leal, Gerardo Ernesto Urrich González, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Mario Friz Esparza, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Basclay Humberto Zapata Reyes, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Angel Urbina Cáceres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Luis Fernando Espinace Contreras, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Juan Ignacio Suárez Delgado, Raúl Alberto Soto Pérez, José Jaime Mora Diocares, Víctor Abraham González Salazar, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Daniel Valentín Cancino Varas, Jaime Humberto Paris Ramos, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Luis Eduardo Mora Cerda, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Víctor San Martín Jiménez, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Guido Arnoldo Jara Brevis, Hugo Hernán Clavería Leiva, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Víctor Manuel Molina Astete, Olegario Enrique González Moreno, Miguel Ángel Yáñez Ugalde, Miguel Krassnoff Martchenko y Héctor Carlos Díaz Cabezas.

Los hechos
En la etapa de investigación, el magistrado Crisosto Greisse logró acreditar la siguiente secuencia de hechos:
-Que el 27 de agosto de 1974, Arturo Barría Araneda, quien era profesor de música en el Liceo Darío Salas de Santiago y militante del Partido Comunista, fue citado por el interventor militar de dicho recinto educacional, a la Escuela de Suboficiales del Ejército, ubicada en calle Blanco Encalada con San Ignacio, junto a otras dos profesoras y un alumno, por haber supuestamente participado en manifestaciones políticas durante el funeral de un alumno del liceo en el Cementerio General;

-Al día siguiente, 28 de agosto, Barría Araneda concurrió a la Escuela de Suboficiales del Ejército, acompañado de testigos, lugar donde se le priva de su libertad para, posteriormente, ser enviado al Comando de Institutos Militares, y después al recinto clandestino de detención de la DINA denominado “Cuatro Álamos”, ubicado en calle Canadá N° 3000, que era custodiado por guardias armados y al que solo tenían acceso los agentes de la DINA;

-Que el ofendido Barría Araneda durante su estada en los cuarteles de Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior y, en una oportunidad, fue sacado por el agente Osvaldo Romo Mena para ser interrogado en Villa Grimaldi, siendo devuelto el mismo día a “Cuatro Álamos”;

-Que la última vez que la víctima Barría Araneda fue visto por otros testigos en el recinto de “Cuatro Álamos”, ocurrió un día no determinado de septiembre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido;

-Que el nombre de Arturo Barría Araneda apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una publicación de la revista “O’DIA” de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Arturo Barría Araneda había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros, y

-Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Barría Araneda tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.

En su calidad de integrante de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, le tocó fallar la causa rol 192-2016 donde se rebajaron las condenas de varios agentes que participaron en esa operación, rebajando a la mita las condenas de 5 agentes, entre ellos Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga.

La ministra de la Corte de Apelaciones sostuvo ante el Senado que nunca falló en esa causa, que investigó crímenes de lesa humanidad ocurrido en los años 70.

“Con el pasar del tiempo, aquellas investigaciones sirvieron para determinar las responsabilidades criminales en derechos humanos y aclaro que no he fallado en la Operación Colombo”, dijo ante los senadores que deben visar su nombre para acceder al máximo tribunal.

Sin embargo, en su calidad de integrante de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, le tocó fallar la causa rol 192-2016 donde se rebajaron las condenas de varios agentes que participaron en esa operación, rebajando a la mita las condenas de 5 de ellos.

En fallo unánime (causa rol 192-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dobra Lusic, Guillermo de la Barra y Jenny Book– condenó a penas efectivas de 7 años de presidio a los ex oficiales de ejército César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. A 5 años y un día de presidio al agente José Orlando Gonzalo Manzo Durán, y a 3 años y un día de presidio al agente Luis Humberto Pavez Parra, con el beneficio de la libertad vigilada.

Además, se dictó la absolución de los agentes Manuel Avendaño González, Alejandro Astudillo Adonis y Demóstenes Cárdenas Saavedra, y se ratificó la absolución de otros 56 agentes de la DINA.

En primera instancia, en fallo dictado en noviembre de 2015, el ministro Hernán Crisosto había aplicado penas de 13 años para los primeros, de 10 años para Manzo, Avendaño, Astudillo y Cárdenas, todos en calidad de autores del delito, y de 3 años y un día para Pavez en calidad de cómplice.

En la etapa de investigación, el ministro en visita Hernán Crisosto logró establecer la siguiente secuencia de hechos:

“Que el día 27 de agosto de 1974, Arturo Barría Araneda quien era profesor de música en el Liceo Darío Salas de Santiago y militante del Partido Comunista, citado por el Interventor Militar de dicho recinto educacional a la Escuela de Suboficiales del Ejército, ubicada en calle Blanco Encalada con San Ignacio, junto a otras dos profesoras y un alumno, por haber supuestamente participado en manifestaciones políticas durante el funeral de un alumno de dicho plantel en el Cementerio General;

El 28 de agosto de ese mismo año, Arturo Barría Araneda concurrió a la citación a la Escuela de Suboficiales del Ejército, acompañado de testigos, lugar donde se le priva de su libertad, para posteriormente ser enviado al Comando de Institutos Militares, y después al recinto clandestinos de detención de la DINA denominados “Cuatro Álamos”, ubicado en calle Canadá N° 3000, de que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA;

Que el ofendido Barría Araneda durante su estada en los cuarteles de Cuatro Álamos permaneció sin contacto con el exterior, y en una oportunidad fue sacado por el agente Osvaldo Romo Mena para ser interrogado en Villa Grimaldi, siendo devuelto el mismo día a “Cuatro Álamos”;

Que la última vez que la víctima Barría Araneda fue visto por otros testigos en el recinto de “Cuatro Álamos” , ocurrió un día no determinado del mes de septiembre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido;

Que el nombre de Arturo Barría Araneda apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista “O’DIA” de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Arturo Barría Araneda había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;

Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Barría Araneda tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.