Barra Rosales Jenny del Carmen

Jenny del Carmen Barra Rosales, soltera, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica, militante del MIR, fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974, a los 20 años de edad, por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En esa oportunidad permaneció por espacio aproximado de 6 meses recluida en Cerro Chena, recinto de Tejas Verdes, Casa Correccional y Campamento Tres Alamos en virtud de las normas por Estado de Sitio. En esa oportunidad se le acusaba de repartir panfletos y pertenecer al Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).
Una vez recuperada su libertad, continuó con sus estudios en la carrera de Enfermería de la U. Católica de Santiago.
Posteriormente, el día 17 de octubre de 1977, según declara su madre "mi hija junto con una amiga llegaron a la casa de ésta. Al llegar allí le manifestaron a Yolanda Bastías, madre de la amiga, que notaron que habían sido seguidas desde Santiago, pero ella le restó importancia al hecho para tranquilizarlas. Más tarde mi hija regresó a su hogar distante 7 cuadras del de su amiga quedando de llamarla por teléfono a las 21:00 horas.
Yolanda Bastías declara que los hechos sucedieron el 17 de octubre, saliendo de su hogar a las 17:30 horas. "Recuerdo que ese día ella me dijo que su madre estaba preocupada porque había visto días antes a 3 sujetos bien vestidos, de lentes oscuros, que vigilaban su casa".
A su vez, Jacqueline Pezoa Barahona, amiga de ésta y quien declaró judicialmente en relación a Jenny, afirma que aproximadamente el 20 de octubre, estando ella en su trabajo, recibió un llamado telefónico de la víctima preguntando cómo estaba y agregando que ella estaba concurriendo a la Universidad y que estaba bien. Esto es contradictorio con la información de su ausencia de la Universidad a partir del 18 de octubre.
El día 17 de octubre, Jenny Barra concurrió al domicilio de Hernán Santos Pérez Alvarez, detenido desaparecido desde el día 19 de octubre y militante del MIR. En ese lugar almorzó con su esposa, Norma Ortega Villena, quien afirma que en esa oportunidad venía de clases y contaba sólo con algunos minutos para volver a ellas por lo que conversaron sólo cosas triviales.
Agrega que, días después y en circunstancias que presentaba un Recurso de Amparo por la desaparición de mi esposo, el día 19 de octubre me enteré de que Jenny también estaba desaparecida. En las averiguaciones tendientes a ubicar a mi cónyuge supe que Jenny se encontraba en un automóvil marca Peugeot 404 color gris, patente CH?800 de Renca, perteneciente a la ex Dina según me informé, en el momento en que mi esposo fue detenido y conducido contra su voluntad en dicho vehículo".
Por su parte Vicente Campillay Burgos declara que, cuando se dirigía a su trabajo, vio frente a su domicilio en la comuna de Pudahuel, un vehículo Peugeot 404 color celeste en el que habían varias personas. "Al pasar por el lado de este vehículo vi a una señorita que se cubría la cara con las manos, ya que al parecer lloraba. Supe que ese mismo día había desaparecido un señor cuyo nombre ignoro". Según agrega la madre, el vecino se acercó al vehículo intrigado por su larga permanencia en el lugar señalándole los civiles que "hacían una redada para aprehender drogadictos".
Por otro lado, el día 15 de octubre del mismo año fue detenido por agentes de civil José Miguel Tobar Quezada, domiciliado al igual que la víctima en San Bernardo. Fue conducido vendado a un lugar desconocido donde permaneció por espacio de 3 semanas. Allí fue torturado e interrogado sobre actividades políticas. Además se le exhibieron fotos de mujeres entre las cuales reconoció la de Jenny Barra, a la cual conocía por el hecho de vivir muy cerca de su domicilio. Bajo presión se vio obligado a señalar la foto que correspondía a la víctima. En ese lugar le inyectaron algún elemento que le producía somnolencia. Había una mesa de ping pong donde jugaban los agentes y el baño era muy pequeño. Existía una pieza a la cual se llegaba subiendo unos 3 escalones.
En su declaración afirma que "fui conducido a una pieza en que había una litera y allí permanecí durante gran parte del tiempo. Desde ese lugar sentí la conversación o interrogatorio que hacían a una mujer, pudiendo identificar la voz como perteneciente a Jenny Barra, dándome cuenta que también se encontraba detenida".
En una pieza contigua escuchó a 3 ó 4 hombres que se encontraban en la misma situación de detención. José Miguel Tobar fue detenido por civiles que se movilizaban en un vehículo Peugeot 404, patente CH 800, el mismo que practicó la detención de José Pérez Alvarez, y en el cual se habría visto una mujer que correspondería a la víctima.
En el proceso por secuestro, seguido en favor de Tobar Quezada ante el 11° Juzgado del Crimen de Santiago, se logró acreditar que dicha patente fue solicitada por la ex DINA a la Municipalidad de Renca, dando como domicilio el Edificio Diego Portales y como propietario al Ministerio de Defensa. Cabe señalar que la Dina había sido disuelta en agosto de 1977, creándose otro organismo de seguridad en su reemplazo, la Central Nacional de Informaciones (CNI). Desde esa fecha no se ha sabido más de la detenida desaparecida Jenny Barra Rosales y, a pesar de las múltiples acciones judiciales, no se logró ubicar su paradero. 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 4 de noviembre de 1977 su madre señora Laurisa del C. Rosales Nacarete interpuso un R. de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual roló con el N°591 77.
Se solicitó informes al Ministerio del Interior y al Prefecto de Investigaciones. Tanto el Prefecto Jefe del Area Metropolitana, Juan Salinas S., como el Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, informaron que no se registraban antecedentes de la amparada. El Ministerio del Interior agregó que "los únicos antecedentes que la amparada registra en los respectivos kardex de esta Secretaría de Estado son los que dicen relación con su arresto en virtud a lo ordenado en el D.E. N°2 del 3 de enero de 1974 y su posterior libertad dispuesta por Decreto N°202 del 9 de julio de ese mismo año". Este Oficio fue respondido con fecha 14 de noviembre de 1977.
Para mejor resolver, una sala de la Corte de Apelaciones ordenó citar a prestar declaración por intermedio de Investigaciones a Isabel Pezoa y Yolanda Bastías, con el fin que proporcionaran información sobre el caso denunciado.
Esta diligencia se cumplió con fecha 2 de diciembre, en que ambas comparecen a prestar declaración. Ese mimo día se rechazó el recurso de amparo y se ordenó remitir los antecedentes al Juez del Crimen correspondiente a fin que investigue los hechos relacionados con su posible desaparición.
El 9 de diciembre el juez de San Bernardo ordena instruir sumario dando orden amplia de investigar. Este proceso roló con el N°46576. En el mismo proceso, el 2 de enero de 1978 se acumuló la denuncia por secuestro interpuesta por la madre con fecha 30 de diciembre del mismo año, la cual roló con el N°46636.
El 18 de enero de 1978 Investigaciones devolvió orden de investigar, incorporando entrevistas a la madre de la víctima, Yolanda Bastías Henríquez, y diligencias en Universidad Católica, postas, hospitales, Instituto Médico Legal y Centro Nacional de Detenidos.
Asimismo declararon en el proceso Vicente Campillay Burgos y Norma Ortega Villena.
La parte denunciante solicita nuevas diligencias al Depto. de Extranjería, Prefectura de Investigaciones Juez Militar, Fiscalías Militares de Santiago, I. Médico Legal, Municipalidad de Renca por antecedentes del vehículo y otras encaminadas a esclarecer la suerte corrida por la víctima.
No habiéndose agotado la investigación y existiendo diligencias pendientes, con fecha 23 de Mayo de 1978 el juez que investigaba la causa declaró cerrado el sumario y sobreseyó definitivamente el proceso "teniendo presente que por Amnistía se ha extinguido la responsabilidad penal". Elevada en consulta la resolución, el Fiscal de la Corte de Apelaciones recomendó revocar la resolución con fecha 9 de Junio de 1978, debido a que "es menester que exista una imputación determinada en contra una persona también determinada, además se requiere que se agote la investigación para saber qué acción ilícita se ha perpetrado". De esta manera, la Corte ordenó reponer la causa al estado de sumario, prosiguiendo la investigación.
En el mes de junio de 1979, habiéndose recibido respuestas negativas de diferentes servicios, se declaró cerrado el sumario y se dicta el sobreseimiento temporal de la causa, lo cual fue en consulta a la Corte de Apelaciones, siendo éste aprobado por dicho Tribunal. Con fecha 20 de mayo de 1980 se interpone una nueva querella criminal por el delito de secuestro ante el 1er. Juzgado de Letras de San Bernardo, recibiéndose informes negativos del Ministerio del Interior y de la CNI, en cuanto a las detenciones.
En el mes de diciembre de 1980, fue cerrado el sumario y sobreseído temporalmente el proceso. Esta resolución fue confirmada por la Corte Presidente Aguirre Cerda en julio de 1981. 
 

RECORDAMOS A NUESTRAS/OS COLEGAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN DICTADURA

En el marco del aniversario del Golpe Militar, el Colegio de Enfermeras de Chile A.G y su Comisión de Derechos Humanos, realizan un homenaje a enfermeras víctimas de violación a los derechos humanos en Dictadura.

Carmen Margarita Díaz Darricarrere

Tenía 24 años y era estudiante de Enfermería de la Universidad de Chile en la sede Temuco y militante del MIR, cuando fue detenida por la DINA el 13 de febrero de 1975, alrededor de las 10:30 horas, a cuadra y media de su domicilio ubicado en calle Los Illanes Nº75 de Las Condes en Santiago, junto a Eduardo Iván Montti Cordero (29 años, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado) y del hijo menor de éste, de sólo 5 años de edad.

Después de ser detenida en una casa junto a otras víctimas de la dictadura todos fueron trasladados al recinto secreto de la DINA denominado Villa Grimaldi, en donde fueron interrogados, torturados y recluidos en un lugar llamado «La Torre», desde donde desaparecieron la última semana de febrero de 1975.

El niño de 5 años, quien también fuera llevado a Villa Grimaldi, fue trasladado a un Hogar de Menores, donde fue encontrado fortuitamente por quienes quedaban de su familia.

Fue hecha desaparecer junto a Jaime Vásquez Sáenz, Alan Bruce Catalá y Eugenio Iván Montti Cordero.

En diciembre de 2006 se condenó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda a quince años de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias respectivas en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Eugenio Iván Montti Cordero y de Carmen Margarita Díaz Darricarrere y se sancionó a Marcelo Luis Manuel Moren Brito y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias correspondientes, por su responsabilidad de coautores de los delitos de secuestros calificados antes mencionados.

También fueron condenados Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes, como cómplices en los delitos de secuestro calificado de Eugenio y Carmen a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias que corresponden, siendo todos condenados al pago de las costas del proceso.Fueron absueltos el brigadier Fernando Lauriani y el oficial de Carabineros Gerardo Godoy, ambos retirados.

El tribunal de alzada también sobreseyó por muerte al ex agente civil Osvaldo Romo. Pese a la diligencias, averiguaciones y gestiones judiciales realizadas por su familia, aún se desconoce el destino final que corrió en manos de los agentes de la DINA. El 20 de marzo de 1981, las sedes Temuco de las Universidades “de Chile” y “Técnica del Estado” se fusionan en la Universidad de la Frontera (UFRO).

En 2011, Carmen Díaz recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de la Frontera. A principios de 2018 recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de Chile.

Hilda Isolina Velasquez Calderón

Durante la madrugada del 14 de septiembre de 1973, en su domicilio en la Población Independencia de la ciudad de Talca, fueron despertados, allanados, interrogados y ejecutados por arma de fuego tres miembros de una familia: Héctor Valenzuela Salazar (27 años, Profesor universitario de Filosofía y militante del PS), Hilda Isolina Velasquez Calderón (31 años, Enfermera Universitaria y militante comunista) y su hija mayor Claudia Andrea Valenzuela Velázquez (6 años).

Carabineros llegó hasta el domicilio de la familia en el marco de las investigaciones que realizaban a raíz del incidente de Paso Nevado, donde fueron involucrados erróneamente con el intento de escape de Germán Castro (Intendente de la Provincia de Talca de la UP, militante socialista, fusilado en el Regimiento Chorrillos el 27 de septiembre de 1973, cuyo caso nunca pasó por Consejo de Guerra como las noticias de la época daban a entender).

Luego de darles muerte, los uniformados sostuvieron que fue un enfrentamiento. Cuando llegaron los familiares del profesor, aún se encontraban los cadáveres en la casa y los Carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio.

Según señala el Informe Rettig, la Comisión de Verdad y Reconciliación declaró con convicción que Héctor, Hilda y Claudia fueron víctimas de una grave violación de sus Derechos Humanos por cuanto fueron ejecutados por los Agentes del Estado, al margen de toda justificación. Los hijos menores del matrimonio, Paula (4 años) y Gonzalo (2 años) en esa época, se escondieron y salvaron de correr la suerte de su hermana y sus padres, sin embargo de todas maneras resultaron heridos.

El 5 de diciembre del año 2003 los cuerpos de los 3 ejecutados políticos fueron exhumados desde el Cementerio Municipal de Talca.

En 2004 el Carabinero (r), Emilio Muga Galfano, confiesa ser autor de los hechos. Recién en 2009 se procesa a Muga, quien se mantuvo en libertad bajo fianza, luego de cancelar $500 mil. En 2010 la Corte de Apelaciones de Talca sentenció a Muga a cumplir la pena de 5 años y un día de presidio por ambos homicidios de Héctor e Hilda y que debía cumplir la sanción de manera efectiva atendido la cuantía de la pena y los informes desfavorables de Centro de Reinserción Social Santiago Oriente de Gendarmería.

Emilio Muga Galfano muere antes de cumplir su irrisoria pena. No hubo, ni ha habido sentencia alguna en relación a la ejecución política de la hija mayor de Hilda, Claudia, de 6 años.

Jenny del Carmen Barra Rosales

Estudiante de Enfermería de la Universidad Católica, militante del MIR, fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974, a los 20 años de edad, por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En esa oportunidad permaneció por espacio aproximado de 6 meses recluida en Cerro Chena, recinto de Tejas Verdes, Casa Correccional y Campamento Tres Alamos en virtud de las normas por Estado de Sitio.

En esa oportunidad se le acusaba de repartir panfletos y pertenecer al Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).

Una vez recuperada su libertad, continuó con sus estudios en la carrera de Enfermería de la U. Católica de Santiago. El 17 de octubre de 1977, informó a terceras personas haber sido seguida desde Santiago, pero no le dio importancia. Se le vio en un automóvil marca Peugeot 404 color gris, patente CH-800 de Renca, solicitada a la Municipalidad por la ex-DINA (la DINA había sido disuelta en agosto de 1977 creándose como su reemplazo la Central Nacional de Informaciones o “CNI”). Dicho auto pertenecía al Ministerio de Defensa.

Posteriormente fue trasladada a un centro de tortura, según testigos junto a su amigo militante del PS y fotógrafo, Hernán Santos Pérez Álvarez, donde ambos desaparecieron. El 4 de noviembre de 1977, su madre Laurisa Rosales interpuso un Recurso de Amparo, ante lo cual se solicitan antecedentes al Ministerio del Interior e Investigaciones, quienes señalaron que solo hay antecedentes de la primera detención por lo que se rechazó este Recurso y se abrió un sumario.

Laurisa denunció secuestro y el caso se sobreseyó considerando supuesta prescripción pero como no se había hecho la investigación completa se volvió a abrir sumario, el cual se sobreseyó temporalmente en 1980. Sus restos fueron encontrados en 2001 en una mina abandonada en la Cuesta Barriga, una carretera alternativa que une Santiago y Valparaíso (120 km. al Oeste de la capital).

En la antigua mina se hallaron 200 pequeñas osamentas, rastros de los cuerpos que en 1979 los agentes de la dictadura desenterraron y nuevamente hicieron desaparecer para eliminar las huellas del paradero de los fallecidos, en una operación conocida como “Traslado de televisores”, según el comunicado del gobierno. Jenny Barra es la primera mujer desaparecida en Chile cuyos restos han sido identificados gracias al trabajo multidisciplinario del SML.

En este caso también hubo colaboración de parte de un laboratorio austriaco que contribuyó con los análisis genéticos. En la Plaza Guarello de San Bernardo hay un memorial por las víctimas de la dictadura que lleva el nombre de Jenny Barra.

En octubre de 2012 se pudo notificar a su familia de la identidad confirmada de los restos de Jenny, los cuales fueron enterrados en noviembre del mismo año. En 2013 recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A finales del 2018 se inauguró una placa conmemorativa en honor a ella y se le dió el nombre de Sala Jenny Barra a la sala del Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Católica.

José Alejandro Campos Cifuentes

Nació en Carehue, era el quinto de 12 hijos, tenía 30 años y un hijo (con su pareja de nacionalidad noruega, Gunvor Kristine Sorli) a la fecha de la detención. Militante del MIR. “Campito”, como le decían, ingresó a estudiar enfermería en la Universidad de Chile, sede Temuco en 1971 donde estuvo hasta principios de 1973, año en que fue llamado a hacer el servicio militar obligatorio, presentándose el 2 de abril, dado de baja el 31 de agosto, por orden de la IV División del Ejército de Valdivia.

Se presentó voluntariamente el 7 de octubre del mismo año al Regimiento de Temuco, al día siguiente es declarado reo, siendo llevado a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de Cautín, y condenado por traición a la Patria a 15 años de prisión desde el 8 de octubre en la Penitenciaría de Temuco, pena que fue conmutada por extrañamiento y salió el 11 de febrero de 1976, rumbo a Dinamarca, con prohibición de ingresar al país. En 1981 intenta regresar clandestinamente a Chile en la “Operación Retorno” del MIR.

El 19 de febrero es detenido junto a su compañero Luis Quinchavil Suárez (conocido como “Quincha”, profesor de lengua mapuche de la U. de Heiden en Holanda y también militante del MIR exiliado) en la frontera chileno-argentina por 18 gendarmes argentinos a caballo en el paso Paimún o Hua Hum, en la X Región, frente a Junín de los Andes, siendo puestos a disposición de agentes de la CNI en Neltume, en manos de quienes ambos desaparecieron, en violación a sus derechos humanos.

Conforme a lo señalado el 7 de julio de 2004, en el Fallo del pleno de la Corte de Apelaciones que aprueba el desafuero de Augusto Pinochet por su vinculación con la denominada “Operación Cóndor”, testigos señalan que ambos habrían sido trasladados por el capitán Augusto Werner Hasse, el sargento Héctor Barra Molina y un cabo de apellido Sandoval a la Dirección de Inteligencia de Carabineros en Valdivia para luego ser llevados presuntamente por el capitán Julio Benimelli a las 2:45 de la madrugada en una camioneta marca Veranello color verde oscuro, ambos vendados, al campo de tiro de La Reina en Santiago, donde según testimonios habrían sido dinamitados.

José Campos y Luis Quinchavil se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos hasta la actualidad, pues no se han encontrado. Un mes después de la desaparición de Campito, el 20 de marzo de 1981, las sedes Temuco de las Universidades “de Chile” y “Técnica del Estado” se fusionan en la Universidad de la Frontera (UFRO). De momento, la Universidad de Chile no le ha entregado título póstumo alguno, sin embargo, en 2011 Campito recibió su título póstumo de Enfermero por parte de la Universidad de la Frontera.

Rosa Elvira Soliz Poveda

Era la mayor de nueve hermanos, nació el 27 de julio de 1951 en Nehuentue, una pequeña caleta de pescadores en la provincia de Cautín, en el seno de una familia de trabajadores.

Su padre laboraba en la mina de carbón de Lota, por lo que ella hizo sus primeros estudios en una escuela de este centro minero. En 1963 la familia se trasladó a la Población Santa Mónica de Conchalí en Santiago y Rosa continuó sus estudios en los liceos Ramón Freire e Ignacio Carrera Pinto de donde egresó a finales de 1970.

Desde el siguiente año, cuando estaba en la Universidad de Chile estudiando enfermería, su inquietud por los problemas sociales la hizo ingresar a las filas de la Juventud Socialista y a participar activamente de la Vocalía de Acción Social de la FECH en la Facultad de Medicina, así como también en jornadas de trabajos voluntarios en las poblaciones de la zona norte de Santiago.

Tras una serie de sumarios llevados a cabo por las nuevas autoridades militares que intervinieron en la Universidad de Chile a Rosa le cancelaron su matrícula de manera antojadiza debido a sus “ideas de izquierda”. Lo anterior no la detiene y empieza a ejercer como ayudante de enfermería de manera particular.

Posteriormente junto a su compañera Sara Donoso comienza a trabajar en el Consultorio del Servicio Nacional de Salud de Avenida Independencia No 1345 (actualmente “CESFAM Dr. Agustín Cruz Melo”).

Ambas se ven en la necesidad de vivir en casas de seguridad en Santiago Centro, Independencia y posteriormente en Peñalolén, adoptando para su seguridad los nombres de “Cecilia” y “Carmen”. Alrededor del 7 de julio de 1975, Rosa fue detenida por dos agentes de la DINA desde la casa de seguridad en Peñalolén y según testigos fue llevada desde el cuartel Ogalle (José Domingo Cañas) al cuartel Terranova (Villa Grimaldi). El padre de Sara, Juan Donoso Oliva, se enteró de su captura a través de una llamada telefónica recibida el miércoles 16 de julio de 1975. Pese a la denuncias de presunta desgracia en 1990 tras el término de la Dictadura militar, no se pudo dar con su paradero final y se sobreseyó temporalmente la causa.

En 2018 los ex agentes Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Manuel Andrés Carevic Cubillos fueron sancionados a 18 años de prisión, como coautores de los secuestros calificados de Rosa y de otros 10 militantes socialistas, Gerardo Ernesto Urrich González fue condenado a 16 años de prisión efectiva, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Rosa y otros 8 militantes socialistas y se decretó la absolución del agente Jorge Madariaga Acevedo.

A principios de 2018 recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de Chile.

Sara de Lourdes Donoso Palacios

Nació el 11 de febrero de 1950 en Antofagasta, parte de su infancia la vivió, con su familia, en la oficina salitrera “Pedro de Valdivia”. En 1970 ingresó a la Universidad Técnica y estudió Diseño solo 1 semestre, luego trabajó en el Banco Español un tiempo y comenzó a estudiar Enfermería en la Universidad de Chile hasta 1973, año en el que fue suspendida.

Era muy solidaria y una gran lectora. Militante del Partido Socialista de Chile desde 1974, donde se relaciona, junto con su compañera, Rosa Solis, a la dirección clandestina de ese partido.

En 1974 se le había suspendido su matrícula por su afiliación política y había sido reintegrada en 1975. Junto a su compañera Rosa Solis, comienza a trabajar en el contexto de su Internado Profesional (práctica final previo a su titulación) en el Consultorio del Servicio Nacional de Salud de Avenida Independencia No 1345 (actualmente “CESFAM Dr. Agustín Cruz Melo”).

Ambas se ven en la necesidad de vivir en casas de seguridad en Santiago Centro, Independencia y posteriormente en Peñalolén, adoptando para su seguridad los nombres de “Cecilia” y “Carmen”. El día 15 de julio de 1975 a las 8:30 horas, a la entrada del Consultorio donde realizaba su Internado Profesional, fue detenida por dos agentes de la DINA. Tenía 25 años a la fecha de la detención.

Algunos funcionarios y una compañera vieron dos hombres que la detuvieron y la subieron a una camioneta, pero nadie se atrevió a declarar en ese tiempo. A la fecha y por las investigaciones realizadas, sólo se ha logrado tener certeza de su detención, la cual está relacionada con la detención de altos dirigentes del partido socialista también detenidos desaparecidos y con la de su compañera Rosa Solis.

En 2018 los exagentes Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Manuel Andrés Carevic Cubillos fueron sancionados a 18 años de prisión, como coautores de los secuestros calificados de Sara y de otros 10 militantes socialistas, Gerardo Ernesto Urrich González fue condenado a 16 años de prisión efectiva, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Sara y otros 8 militantes socialistas y se decretó la absolución del agente Jorge Madariaga Acevedo.

A principios de 2018 recibió su título póstumo de Enfermera por parte de la Universidad de Chile.

Waldo César Alfaro Retamal

Se inició como practicante y auxiliar paramédico el año 1961 en el Hospital de Linares, desde donde fue enviado a la Universidad de Chile en Santiago para titularse el año 1966 como el primer hombre en Chile en formarse profesionalmente como enfermero, una carrera que a esa fecha sólo era ejercida por mujeres.

Fue galardonado como el mejor alumno de su promoción. Trabajaba en el Hospital de Linares y militaba en el PS, estaba casado con Isolina Martínez Benavides. De acuerdo con declaraciones de testigos, fue detenido el 6 de julio del año 1974 por una patrulla militar, en su domicilio. Se le imputaba abandono de funciones y la mantención clandestina de un arsenal médico.

Fue trasladado a la Escuela de Artillería para ser interrogado. Tres días después fue dejado en libertad. El 10 de julio de 1974 fue detenido nuevamente por los militares y trasladado al regimiento.

En esta oportunidad, según testigos presenciales que escucharon sus gritos de dolor, fue fuertemente golpeado y sometido a interrogatorios bajo torturas. Murió el 11 de julio de 1974, a los 35 años de edad, en el recinto militar Escuela de Artillería, por “anemia aguda secundaria a herida cortante de muslo izquierdo complicado, suicidio”, según se consigna en el Certificado de Defunción. Fue encontrado muerto en el interior de la celda donde se encontraba incomunicado.

En su boca tenía, según se consignó en el Protocolo de Autopsia, un pañuelo que le llenaba completamente la cavidad bucal y que estaba fuertemente sujeto por los dientes; y sobre la herida, según se registró en en el acta de inspección ocular de la Fiscalía que investigó su muerte, “en su herida presentaba un trapo con el cual seguramente trató de taponársela”.

Tanto la arteria como la vena femoral del muslo izquierdo de Waldo habían sido seccionadas por completo lo que le habría provocado una hemorragia masiva, un shock hipovolémico y la muerte.

No se encontró el elemento causal de la herida y la Fiscalía sobreseyó la investigación por considerar que no se encontraba suficientemente acreditado delito alguno. Posteriormente se consideró que, independiente de si fue suicidio o no, la influencia de las torturas y tratos crueles recibidos por Agentes del Estado mientras estaba detenido, fue determinante en la muerte de Waldo, por lo que fue declarado víctima de violación a los Derechos Humanos.

Humberto Cordano López

Se desempeñó como paramédico en la localidad de Puerto Cisnes, miembro del PC, exiliado en Comodoro Rivadavia después del 11 de septiembre de 1973. Fue detenido el 23 de mayo de 1977.

Testimonios fidedignos y contestes indican que la víctima fue detenida el día ya indicado en la cercanías del Hotel Céntrico de Comodoro Rivadavia. Miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Chile en esta provincia, Humberto Cordano había realizado gestiones en favor de detenidos chilenos a raíz de lo cual fue seguido en forma notoria por agentes de la DINA en esa ciudad argentina.

Surge de los testimonios y otros antecedentes, que Humberto Cordano fue delatado por un chileno, colaborador de la DINA, encargado de detectar a los refugiados chilenos en esta provincia fronteriza con Chile.

Según el Informe Rettig, la Comisión llegó a la convicción de que en la violación a los derechos humanos de que fue objeto la víctima, consistente en su detención y posterior desaparición, tienen responsabilidad agentes del Estado de Chile, en violación de sus derechos humanos.

En 2001 la prensa accede a la información de que el caso de Humberto se encuentra mencionado en la «prueba documental» de información del Ministerio del Interior argentino sobre la desaparición de los ciudadanos chilenos en el contexto de las investigaciones de la operación “Cóndor”.

Mario Luis Quezada Solis

Nacido el 2 de agosto de 1943, tenía 32 años al momento de su detención, soltero, auxiliar de Enfermería, militante comunista.

Mario había sido prisionero político del régimen militar en Antofagasta después del Golpe , desde donde fue puesto en libertad, mudándose a Santa Rosa No339, casa 4, Santiago.

Fue detenido por agentes de la DINA el día 12 de diciembre de 1975, después de las 15:00 horas, en el domicilio de José Luis Núñez Zamora (detenido 2 días antes por la DINA), en Elisa Reyes No554, La Granja, Santiago.

Después de almorzar junto a su familia, salió de la casa alrededor de las 15:00 horas, no regresando más a ella. Como a las 23:00 horas, se presentaron en su domicilio un par de individuos jóvenes en una camioneta marca Chevrolet de color rojo, diciendo que eran amigos de Mario. Estos portaban una nota manuscrita de la víctima en la que señalaba que se encontraba bien.

Junto con ello retiraron una máquina de escribir y unos papeles. El 22 de diciembre volvieron y solicitaron vestuario para Mario Luis. El día 24, otro grupo de civiles se hizo presente, pero esta vez allanaron minuciosamente la vivienda. Todos los participantes andaban armados y encañonaron a María Ercilia Quezada Solís (hermana de la víctima), mientras ésta lavaba ropa.

El día 28, aparecieron civiles armados, los que estuvieron varias horas en la casa en actitud de espera.

Posteriormente, en el mes de enero de 1976, uno de los individuos que habían llevado la nota «visitó» el domicilio, informando que éste se encontraba bien. Mario Luis Quezada Solís, fue trasladado por sus captores hasta un recinto desconocido, donde fue torturado y permaneció algunos días al parecer en un subterráneo.

Desde ahí fue trasladado al recinto de detención y tortura de la DINA en «Villa Grimaldi» (Lo Arrieta, No8.200). Allí fue recluido y torturado en el sector de «La Torre».

Compartió su cautiverio con Oscar Patricio Orellana Figueroa, Hugo Pinto Yáñez (sobrevivientes que atestiguaron al respecto), Alejandro Avalos Davidson, Santiago Ferruz López y Ramón Ascencio Subiabre.

Estos tres últimos, al igual que Mario Quezada, continúan desaparecidos después de su detención. Debido a lo concluyente de las pruebas de la detención de Quezada Solís por parte de agentes del Estado, el Ministerio del Interior reconoció primero a la Corte de Apelaciones de Santiago y luego al Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago la detención.

Sin embargo, indicó como recinto de reclusión al Campamento de Detenidos de «Cuatro Alamos», en vez de «Villa Grimaldi», agregando que el detenido había sido puesto en libertad el día 30 de diciembre de 1975, en circunstancias que la última vez que se le ve con vida es a mediados de enero de 1976 en el recinto de la DINA.

Según testimonios, al mediodía del 12 de enero de 1976, Mario Quezada Solís, fue sacado del recinto con destino desconocido, junto al también detenido desaparecido Jorge Fuentes Alarcón. Hasta la fecha nada se sabe acerca del paradero o suerte de Mario.

María Noelia Salazar Quezada

Tenía 32 años al momento de su muerte, soltera, habría militado en el MIR, muerta el 11 de septiembre de 1973 en Santiago. María Noelia Salazar Quezada murió ese día a las 10:35 horas, en la Posta Central, por herida de bala cráneo encefálica, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

Pese a no haber podido establecer las circunstancias precisas en que ocurrió su muerte, atendidas la época de ella y su causa, María Noelia Salazar Quezada fue declarada víctima de la violencia política imperante, considerándose ejecutada política.

Autor: Comisión Derechos Humanos Colegio de Enfermeras de Chile A.G.

Es la primera mujer detenida-desaparecida en ser reconocida hasta el momento.

“Yo pensaba que a mi hija la iba a encontrar viva pasado 20 años…ahora ya sé que me la mataron…” dice su madre la señora Laurisa de 80 años, que la ha buscado durante 35 años, sin aún saber que sucedió con su hija desde ese día de octubre de 1977 en que no retornó a la casa familiar de San Bernardo. Sitio donde vivió junto a su madre y su padre, un obrero panificador, a sus hermanos Sergio, Enrique, Modesto y Ricardo y también junto a su hermana conchito: Susana.

Todos los hermanos reunidos, al centro Jenny

Hace pocos días el Servicio Médico Legal les ha dicho que por fin, a partir de unos pocos huesitos ha sido posible el milagro de identificar a Jenny, la estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica, la militante clandestina del MIR…la dirigente estudiantil del Liceo de Niñas de San Bernardo.

Ahora vendrá por fin el hacer los rituales de despedida a esta joven que el sábado 26 de octubre hubiese cumplido 59 años. Su velatorio, se efectuará desde las 16:00 horas el próximo viernes 9 de noviembre en la casa familiar de calle Industria 1675, entre Enrique Madrid Osorio y Eucaliptus en San Bernardo. Al día siguiente, el sábado 10 el cortejo saldrá desde ese sitio para arribar con los restos de Jenny al Memorial a los detenidos desaparecidos y ejecutados del Cementerio General a las 12:00 horas, acompañados por la AFDD, quién en todo momento ha estado junto a la familia Barra Rosales.

Muy seguramente en torno a la próxima despedida de los restos de Jenny Barra, la familia y sus amigos recopilaran nuevos trozos de historia acontecidos durante esos primeros años de dictadura, particularmente en su actividad como resistente clandestina en San Bernardo y en la entonces comuna de Barrancas.

LA MEMORIA EN SAN BERNARDO

Es sábado 26 de octubre y en la Plaza Guarello junto al Memorial por las víctimas de la dictadura que lleva el nombre de Jenny Barra, desde muy temprano comienzan a juntarse hombres y mujeres para homenajear y recordar a esta estudiante sanbernardina. Convoca la “Agrupación Jenny Barra” (AJB), la misma que surgiera luego de la Mesa de diálogo del 2001 y que se convocara por la Verdad del Cerro Chena. En ese propósito fuera de la AJB, estuvo la AFEP, el Colectivo Memoria Viva y la Radio Canelo 149 AM.

Hoy en esta plaza donde hay un Memorial realizado con durmientes están profesoras y estudiantes de la generación de Jenny.

Del Liceo de Niñas de San Bernardo, donde hace pocos días la han recordado sus profesoras, entre ellas Emilia Leytón quien la rememora egresando del 4to E en 1972 y como posteriormente quedó en la Universidad Católica en Enfermería. También, hoy hace recuerdos su amiga Marta Romero, a la que le decían “la Gaby”, mientras Jenny para sus amistades de adolescencia era “la Pepona”. Han llegado profesores de ella en la Católica y los compañeros del Colectivo Memoria PUC, que han realizado un trabajo tesonero por recordar a los profesores y estudiantes caídos en dictadura.

Pintores muralistas estampan a trazos la memoria de Jenny, vienen cantos y testimonios, todo parece preparar esa despedida que muchos en San Bernardo harán el 9 y 10 de noviembre a esa niña que vieron crecer y comprometerse con los sueños de justicia social de su tiempo.

Dice un folleto “Por la verdad del cerro Chena” “los testimonios recogidos señalan a varios de los oficiales y civiles que participaron en las detenciones, torturas y fusilamientos…el general Leonel Köning quien se suicidaría en 1975, otro general llamado Pedro Montalva, un capitán en ese entonces Luis Cortes Villa (directivo Fundación Augusto Pinochet) conocido también como “El Ángel Negro” y otro oficial llamado Germán Stagmaier. Entre los civiles destacan tres empresarios: Francisco Luxoro, Darío González y Héctor Carrasco. Ellos saben que sucedió con los trabajadores de la maestranza y quizás también sobre Jenny Barra. Saben, pero aún callan…”

SALUDO DESDE VILLA GRIMALDI

Margarita Romero, presidenta de la Corporación Parque Villa Grimaldi asiste al acto en plaza Guarello y leerá unas palabras, la acompaña Marcelo Agost, también integrante del directorio. “Es un honor para mí y nuestra institución, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi compartir hoy con todos ustedes el recuerdo de Jenny, quisiera saludar especialmente y expresar todo nuestro cariño a la familia de Jenny, a sus padres Laurisa y Sergio a sus hermanos y hermana, Sergio, Enrique, Modesto, Ricardo y Susana, y a sus amigos y compañeros representados en Patricia e Isabel”.

Más adelante agrega. “Su compromiso social y político, llevo a Jenny a permanecer en Chile tras su primera detención, a continuar luchando por recuperar la libertad de los chilenos, a continuar militando en tareas difíciles y peligrosas en un contexto de lucha clandestina, como la participación en la confección del Rebelde, órgano difusor del MIR, de vital importancia para comunicar y transmitir las tareas de la resistencia”. Para finalizar su intervención diciendo: “En el Parque por la Paz Villa Grimaldi, desde hace años Jenny es parte del Jardín de las Rosas, creado para homenajear a las mujeres desaparecidas o asesinadas durante la dictadura. Junto a cerca de 200 otras mujeres representadas cada una por un rosal, Jenny tiene un lugar en la memoria”.

LA MEMORIA EN LA FAMILIA

Su madre Laurisa afirma con voz suave pero firme… “yo no me voy a conformar con que me hayan entregado unos huesitos…nunca se ha sabido quienes fueron…”. También rememora cuando Jenny le regalo un corte de género para que se hiciera un traje, para el día en que se titulaba, poco antes de su segunda detención. “Esa mañana salió, a ella le tocaba estudiar y al otro día no llego…”. Después sabrían que la seguía un auto blanco…

Laurisa, al costado izquierdo, marchando con la AFDD

Su hermana Susana tenía 11 años cuando Jenny desapareció y dice que Jenny la obligó que hiciera algo más, que estudiara guitarra porque era muy buena para ver tele. “Yo era muy regalona de ella, aprendí a leer en la casa, porque me aburría en el colegio. Recuerdo que mi primer libro fue Papelucho y me lo regalo Jenny…”

Los dolores para esta familia no se detuvieron con la perdida y búsqueda de Jenny. El 2010 y a consecuencia del maremoto, mientras vacacionaban frente a Pelluhue, perdieron al pequeño Alonso de 8 años… sus restos los pudieron recuperar transcurridos cinco días. En la casa familiar hay dos altares de memoria: uno para Jenny u otro para el pequeño Alonsito, rodeado de calas blancas cultivadas por su abuela.

Susana, madre del pequeño dice: ¿cuándo será el día que militares y marinos asuman lo que han hecho…? Juntando ambos dolores…

En la familia ya hay una sobrina que se llama Jenny Barra y que tiene 30 años, mientras siguen creciendo nietas y nietos.

Nos vamos despidiendo, Laurisa nos muestra sus fotos de lucha con sus compañeras de la AFDD en los días de dictadura, allí va por la calle y portando un lienzo con el retrato de su hija alfilerado al pecho…porque nuevamente han sido los familiares los tesoneros.

Ahora se cierra un capítulo y como dice la madre de Jenny comienza otro…el de la verdad y la justicia.

Acto de homenaje a Jenny en Plaza Guarello de San Bernardo

Esta tarde la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Soledad Espina, junto al director nacional del SML, Dr. Patricio Bustos Streeter, dieron a conocer a los familiares la identificación de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida en 1977.

Su identidad fue determinada mediante el trabajo multidisciplinario del Servicio Médico Legal y los análisis genéticos realizados por el laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI), de Austria, a fragmentos óseos hallados en Cuesta Barriga.

De acuerdo a la información oficial consignada en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el día 17 de octubre de 1977 fue secuestrada por agentes de organismos represivos en las cercanías de su domicilio en la comuna de San Bernardo, y trasladada a un centro clandestino de detención y tortura desde donde desapareció.

Los restos óseos identificados con un 99,999% de probabilidad, corresponden a fragmentos encontrados en Cuesta Barriga que subsistieron a la Operación Retiro de Televisores, consistente en la remoción de los cuerpos de detenidos desaparecidos inhumados de forma clandestina con el objeto de ocultarlos definitivamente.

En Chile, según cifras oficiales, un total de 4.979 mujeres estuvieron en prisión durante la dictadura. Además, 75 fueron detenidas y ejecutadas políticas. De ellas, 11 estaban embarazadas. 

El Servicio Médico Legal (SML) identificó los restos de Jenny Barra, una estudiante de enfermería y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que desapareció en 1977 tras ser detenida, según un comunicado oficial difundido este lunes.

La jueza a cargo del proceso, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Soledad Espina Otero, y el director del SML, Patricio Bustos Streeter, comunicaron a la familia el resultado de los análisis genéticos de los restos óseos realizados por el laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI), de Austria, que confirman la identidad de la estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica.

Los restos fueron encontrados en 2001 en una mina abandonada en la Cuesta Barriga.

Jenny del Carmen Barra Rosales fue secuestrada el 17 de octubre de 1977 cerca de su casa en San Bernardo y trasladada a un centro clandestino de tortura, donde desapareció.

De acuerdo a los análisis de ADN Nuclear y Mitocondrial, existe un 99,9% de certeza, que los restos corresponden a Jenny, la primera mujer chilena identificada con este tipo de técnica.

Los trabajos de identificación fueron realizados por el Servicio Médico Legal y el panel internacional de expertos integrado por el médico forense Francisco Extberria Gabilondo; Lourdes Prieto Solla, genetista forense; Macarena Hevia Alvarez, antropóloga física y Angela Melillán Sanzana, antropóloga.

Pese a que la evaluacion es positiva, en tribunales se indica que la entrada en la fase final de las investigaciones es un factor que augura que no es necesario “tanto tiempo” para seguir adelante con su quehacer. Se indica que sólo cuatro de los cinco jueces exclusivos seguiría en este rango y se sumaría un nuevo magistrado al selecto grupo.
En la recta final de su investigación, los cinco jueces con dedicación exclusiva aguardan a que el próximo lunes 22 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel se pronuncien sobre la ampliación de los plazos para seguir adelante con sus procesos sobre derechos humanos, aunque en esta oportunidad se prevé que se acoten los períodos de trabajo. 
Esta es la primera vez que los tribunales de alzada analizarán el estado de los jueces especiales, luego que la Corte Suprema delegará esta responsabilidad en los superiores directos de los magistrados de turno. 
A la luz de los avances de los procesos, fuentes judiciales estiman que se mantendrían cuatro de los cinco magistrados. Seguirían en carrera la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda; del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Ines Collin; la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; y la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores. Los pronósticos dicen que quedaría excluido del selecto grupo el magistrado del Décimo Juzgado del Crimen, Juan Antonio Poblete, el único del equipo que no ha procesado a nadie en sus causas y que -según las mismas fuentes- difícilmente avanzará en sus casos. 
En cambio se supone que reingresará al grupo el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien ya solicitó a la Corte Suprema su cambio de preferente a exclusivo. Lo mismo hizo hace algunos días el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, cuyo director Luciano Fouillioux se entrevistó con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, solicitándole la incorporación de Carroza. 
Pese al optimismo que ronda en torno a la evaluación de los magistrados, existe también la certeza que queda poco y nada por hacer en algunos procesos, antecedente que incidiría en que la prórroga sea más acotada y ya no de tres meses. La respuesta queda en manos del tribunal de alzada que fijará estos plazos en virtud al informe que entregan mensualmente los magistrados y que se profundiza al terminar su período con un documento más extenso. Se estima que de existir diligencias pendientes que sean practicables y que aporten a la investigación no habría obstáculos para la prórroga. En esa línea, cobra un rol gravitante el informe del ministro visitador de cada tribunal. 

Los casos 
Independiente de la resolución final de la Corte, los magistrados siguen avanzando en sus causas. Así el giro más importante es el adoptado por el Noveno Juzgado del Crimen en el denominado caso de la Academia de Guerra Aérea (AGA). La jueza Lermanda intenta desentrañar si es efectiva la versión de un ex conscripto de la Fach quien relató al Arzobispado que tres agentes trasladaron un cuerpo inerte, cubierto con bolsas, desde el subterráneo de la AGA hacia un helicóptero que lo llevo a un lugar no identificado. La información entregada en la Mesa de Diálogo indica que el destino final del cadáver habría sido el mar, y las pistas de la jueza Lermanda señalan que -preliminarmente- podría tratarse de José Luis Baeza, el único detenido desaparecido que aparece mencionado en el extenso proceso que ya totaliza las tres mil fojas. La tesis es manejada con absoluta cautela ante el temor que existan errores o se trate de otra persona. 
En este caso se encuentran sometido a proceso por el homicidio de Alfonso Carreño y la desaparición de José Luis Baeza, ambos detenidos en julio de 1974, el teniente en retiro Franklin Bello Calderon, el coronel ® Ramón Cáceres Jorquera, el general ® y ex director del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) Edgar Cevallos Jones y el ex funcionario de Gendarmería José Aladino Cerda Córdoba. Las pesquisas efectuadas por la magistrada también han contribuido al proceso paralelo referido a sobrevivientes de la AGA, que patrocina el Codepu en el mismo tribunal, y al recurso de revisión del general ® Alberto Bachelet que sigue pendiente en la Corte Suprema. 
En paralelo la magistrada avanza en el final del proceso Víctor Olea Alegría detenido desaparecido en la Venda Sexy. En este caso fueron encargados reos la plana mayor de la Dina, incluido el brigadier ® Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y Alejandro Molina Cisternas, oficial de Carabineros en retiro. 
En otro tribunal, el Cuarto de San Miguel, la magistrada María Teresa Díaz también tiene finiquitada la investigación sobre la desaparición de Cecilia Bojanic Abad, el 2 de octubre de 1974, cuando tenía tres meses de embarazo. En el caso fue procesado Orlando Manzo Gutiérrez, ex jefe del Campo de prisioneros de 4 Alamos 
Por la desaparición de Alonso Gahona, la magistrada encausó a Eduardo Cartagena Maldonado, civil de la Fach; Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Capitán Carabinero®; Luis Palma Ramírez Fach, civil; Otto Trujillo Miranda, Fach y Fernando Patricio Zúñiga Canales también civil de la Fach. 
En el Octavo Juzgado la jueza Collin ha sido toda una sorpresa para la comunidad de derechos humanos. Desde un comienzo se vislumbró a la magistrada con un perfil renuente a estos procesos, sin embargo, con el paso del tiempo hubo un giro drástico al punto de establecer que tiene el 80% resuelto en los procesos que tramita. De hecho, el único punto en contra es el caso de Oscar Rojas Cuellar, proceso que no ha podido aclarar por falta de antecedentes y se presume que se dictará próximamente el sobreseimiento. 
En otro tribunal, el juzgado de Letras de San Bernardo, la magistrada Cecilia Flores destaca con su rol en el caso del Cerro Chena, pero ha registrado también avances en el caso de Jenny Barra y traspaso uno de sus procesos sobre Comando Conjunto -la muerte del militante comunista David Edison Urrutia- a manos del magistrado Carroza. 
El balance de los abogados querellantes en estos procesos resulta favorable, al punto de pensar que es inminente los cierres de sumario y el inicio del período de plenario

Una pequeña pieza ósea que podría ser humana fue encontrada ayer en el recinto de la Escuela de Infantería en Cerro Chena, en el marco de las pesquisas para ubicar los restos de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería desaparecida desde 1977. Jenny Barra estudiaba enfermería en la Universidad Católica y militaba en el MIR. Fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974 por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Permaneció seis meses en el cuartel de Cerro Chena y otros centros de detención. Fue dejada en libertad y continuó sus estudios, pero el 17 de octubre de 1977 su rastro se perdió después de insistentes seguimientos por desconocidos denunciados por su madre. Testimonios de otros detenidos indican que fue secuestrada por la CNI, que en esos meses había sucedido a la DINA dirigida por Manuel Contreras. 
La jueza del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, se constituyó ayer en el recinto de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Las indagaciones se centraron en el cuartel 2 del centro de formación militar. Familiares de víctimas del régimen militar se congregaron en la entrada del cuartel del Ejército. Sonia Burgos, dirigenta de la organización de familiares de desaparecidos en la zona del Maipo, precisó que las pesquisas pueden extenderse a otros casos, según un informe de Radio Cooperativa. Entre ellos podría contarse el caso del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido en 1973. Anoche, en tanto, familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que dentro del recinto militar se había observado la quema de elementos desconocidos, lo que les hizo temer que se tratara de algún intento de ocultar evidencia, según argumentaron. 
 

La titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, ingresará hoy hasta los terrenos del Ejército en el Cerro Chena para buscar restos de detenidos desaparecidos en el lugar, diligencia que será presenciada por abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La magistrada, que tiene dedicación exclusiva para investigar cuatro causas radicadas en ese tribunal, pidió autorización para ingresar al recinto castrense donde se ubican instalaciones de la Escuela de Infantería de la ciudad y que ha sido sindicado como un posible sitio de inhumaciones ilegales por parte de las organizaciones de derechos humanos. El Ejército concedió autorización a la magistrada y a su comitiva, compuesta por peritos del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones, para que ingresen al recinto y realicen excavaciones en la zona en la búsqueda de fosas donde podrían encontrarse campesinos de la zona de Paine y otros detenidos desaparecidos de lugares cercanos a San Bernardo. La jueza Flores investiga la desaparición de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Jenny Barra Rosales, detenida en 1977; la del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido desde septiembre de 1973; la de Luis Fuentes González desde 1974 y una cuarta causa caratulada por varios NN que se encuentran desaparecidos en la zona. 

La titular del Primer Juzgado del Crimen de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, envió un oficio a la Corte Suprema -con copia al Ministerio de Defensa y al Presidente, Ricardo Lagos- en el que se queja porque el Ejército no ha dado cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo. 
La magistrada, una de los jueces especiales con dedicación exclusiva para investigar casos de derechos humanos, reclama que no ha podido tener acceso a la información que el Ejército debiera entregar para estos casos, a través de un departamento de coordinación que ha establecido la instutución castrense con ese fin. 
El escrito de la jueza Flores fue visto hoy por el Pleno de la Corte Suprema, que resolvió pedir el expediente para saber a qué antecedentes se refería la jueza y cómo se había resuelto el tema. 
Cuando el escrito ingresó al máximo tribunal, quedó constancia en el libro donde quedan anotadas las causas que ingresan la frase "Servicio de Inteligencia Militar". 
De ello se puede deducir que los antecedentes que pediría la magistrada serían de carácter secreto para el Ejército, amparados en el artículo 144 del Código de Justicia Militar que protege informaciones delicadas para la seguridad nacional. 
La magistrada tiene a su cargo cuatro casos con dedicación exclusiva, entre ellos el de Jenny Barra Rosales, estudiante y militante del MIR desaparecida en 1977.

Hace dos semanas les contamos sobre la identificación de restos de Jenny del Carmen Barra Rosales, estudiante de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien fue secuestrada por agentes de la CNI el 17 de octubre de 1977, figurando desde esa fecha como Detenida Desaparecida. Por 35 años su familia, sus amigos y todas las personas y organizaciones ligadas a la Defensa de los Derechos Humanos se han movilizado para saber que pasó con ella. Hoy se ha logrado identificar los restos óseos de Jenny, como parte de los restos recuperados en la Cuesta Barriga en 2001, los que corresponden a pequeños fragmentos que quedaron en la mina Los Bronces.

Este viernes 9 de noviembre le serán entregados los restos de Jenny a sus familiares por el Servicio Médico Legal: Los actos que se efectuarán en su recuerdo y su funeral se los detallamos a continuación:

Viernes 9 de Noviembre:

–         18:00 horas: Liturgia en la Plaza Guarello de San Bernardo, oficiada por Monseñor Alfonso Baeza ex Vicario de la Pastoral Social y de la Pastoral Obrera.

–         19:00 horas: Romería desde la Plaza Guarello hasta el domicilio de la familia Barra Rosales. Romería organizada por la Agrupación Cultural Jenny Barra.

–     19:00 horas: Se inicia una marcha desde calle Prat con Eyzaguirre, San Bernardo, hacia la casa de la familia Barra Rosales.

–         20:00 horas: Velatorio en la casa de la familia de Jenny, Industria 1675, San Bernardo.

Sábado 10 de Noviembre:

–         10:30 horas. Salida del cortejo fúnebre desde la casa de la familia Barra Rosales hacia el Cementerio General.

–         12:00 horas: Funeral en el Memorial del Detenido Desaparecido, Cementerio General (entrada por Recoleta)

Como Colectivo Memoria PUC nos haremos presente en el velatorio y el funeral, para poder acompañar a la familia en estos momentos. Los invitamos a sumarse a estas actividades en recuerdo de Jenny y a ayudarnos a difundir esta invitación.

El Colectivo Memoria PUC informó que a 40 años del golpe de estado, las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile harán su primer acto de reconocimiento oficial a sus Alumnos Detenidos Desaparecidos o Ejecutados Políticos durante la dictadura cívico militar. El acto solemne se realizará el jueves 5 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Campus San Joaquín de la Universidad.

Este está situado en  Avenida Vicuña Mackenna 4860, estación Metro San Joaquín. Comenzará con una misa en la Capilla del Campus, concelebrada por el Vice Gran Canciller de la Universidad y sacerdotes vinculados a la defensa de los derechos Humanos.

El reconocimiento a las victimas continuará a las 19:30 horas, en el Aula Magna del mismo Campus San Joaquín. Incluirá la entrega de Títulos Póstumos de la Universidad a los estudiantes victimados, y Diplomas que entregarà la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) a los profesores y profesionales que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. Más información en Facebook: Colectivo Memoria PUC y en YouTube: colectivomemoriapuc.

Breve historia

28 estudiantes y académicos de la PUC fueron asesinados o hechos desaparecer por la dictadura cívil-militar de 17 años establecida por los mismos grupos económicos y políticos civiles que gobiernan de nuevo Chile. Durante casi cuatro décadas, la universidad mantuvo un ominoso silencio sobre estos 28 estudiantes y profesores de la casa de estudios controlada en 1973 por el Movimiento Gremial (MG) y quienes hoy forman parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación (RN), quienes convirtieron a la PUC en el “think tank” de la dictadura, cuna del neoliberalismo importado desde la Escuela de Economía de Chicago, tan temprano como más de una década antes del golpe de 1973.

La PUC fue históricamente la cuna formadora de la clase política de las dos facciones de la derecha conservadora hoy en el poder. Incluido Sebastián Piñera, casi todos los ministros y altos funcionarios del actual gobierno se formaron en las aulas de la PUC y después cursaron postgrados en universidades emblemáticas estadounidense, Harvard, Yale, Chicago y otras. La Escuela de Economía de la PUC suscribió en 1956 el convenio con la Universidad de Chicago que con la dictadura introdujo en Chile por la fuerza el modelo neoliberal.

¿Quiénes eran?

La desaparición y/o muerte de estas 28 personas fue un tabú jamás reconocido por las autoridades de la Católica. Incluso, desapareció misteriosamente una placa recordatoria informal ubicada en la cafetería de la escuela de sociología, que nadie supo cuándo, por qué, ni quién lo retiró. En 2007 hubo una misa y eso fue todo…

El Colectivo Memoria PUC sacó a la luz el asunto en 2010, con la presentación del libro “Una luz sobre la sombra: detenidos desaparecidos y asesinados de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, 180 páginas que refleja una investigación del equipo editor y de la periodista/escritora Nancy Guzmán, con prólogo del historiador Gabriel Salazar y diseño gráfico y portada de José Bórquez. La presentación de ese libro fue la primera actividad en memoria de estas 28 víctimas realizada oficialmente en un recinto de la PUC, gracias al interés de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, presidida entonces por Joaquín Walker.

Entre las víctimas se encuentran talentosos jóvenes, como las (os) periodistas Diana Arón y Eduardo Jara, la cinematografista Carmen Bueno y su pareja, el documentalista Jorge Hernán Müller Silva –camarógrafo de la trilogía “La batalla de Chile”, de Patricio Guzmán–, el estudiante de ingeniería Allan Bruce, el profesor de inglés Alejandro Ávalos, el pedagogo y ex sacerdote Omar Venturelli y otras vidas truncadas.

El ex fiscal del ejército Alfonso Podlech, abogado y terrateniente anticomunista que envío a la muerte a Venturelli y a decenas de personas en la Araucanía-Temuco, estuvo preso en Italia desde 2006, juzgado por un tribunal que investiga el asesinato de éste y otros ciudadanos de origen italiano ultimados en Chile, Argentina y Uruguay, pero resultó “absuelto” en julio de 2011, aunque la Fiscalía italiana pidió cadena perpetua.

Cinco víctimas –Ismael Chávez, María Teresa Eltit, Ángel Guerrero, Samuel Lazo y Ernesto Ríos– estudiaban en el Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), que nació en 1968, con la Reforma Universitaria y el primer rector laico de la PUC, Fernando Castillo Velasco (recientemente fallecido), para dar educación gratuita a hijos de obreros y campesinos, tal como otros programas de las universidades de Chile, Técnica del Estado y Federico Santa María dirigidos a trabajadores y alumnos pobres que recibieron formación en carreras técnicas de alto nivel. Al año de fundarse, el DUOC tenía 475 alumnos y siguió creciendo, pero hoy la educación debe pagarse.

Entre las víctimas figuran también Eugenio Ruiz Tagle-Orrego, ingeniero civil y militante del Mapu, pariente del ex presidente y actual senador demócrata cristiano Eduardo Frei R-T. Sus ideas políticas condujeron a todas las víctimas de la PUC a militar o simpatizar con los diferentes partidos y movimientos de la diversidad política que marcó la presidencia de Salvador Allende (1970-1973) y el ascenso de las luchas sociales en Chile en la década del 60.

Según el orden alfabético de sus apellidos, las víctimas cuya memoria recuerda ahora oficialmente la PUC son Diana Frida Arón Svigilsky, Alejandro Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benítez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldet, Alan Roberto Bruce Catalán, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, María Teresa Eltit Contreras, Ismael Darío Chávez Lobos, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Ignacio Orlando González Espinoza, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdámez, Ernesto Igor Ríos Céspedes, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz Tagle Orrego, Enrique Antonio Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli y Héctor Patricio Vergara Doxrud.

De las víctimas, 5 pertenecieron al Mapu, 2 al PC, 1 al partido Socialista, 18 al MIR y el resto no registran militancia específica, como Ernesto Ríos, de 18 años, muerto en 1986 de un balazo en el cráneo disparado desde un helicóptero mientras presenciaba una protesta popular en su domicilio. También hay tres extranjeros, como el sociólogo Enrique López Olmedo, nacido en España, y el arquitecto Patricio Biedma, oriundo de Buenos Aires, quien terminó sus estudios en la PUC y se quedó a vivir y trabajar en Chile, tras huir de la dictadura argentina de Juan Carlos Onganía. Su asesinato secreto, al igual que la desaparición de otras 118 personas, fue enmascarado por la Operación Colombo del Plan Cóndor, con el montaje periodístico de un falso enfrentamiento “en las pampas argentinas” en que murieron 119 supuestos refugiados izquierdistas chilenos.

La colosal mentira fue fabricada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), con el coronel Manuel Contreras a la cabeza, y la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinaco), manejada por un tal Álvaro Puga (Alexis). Las mentiras fueron difundidas por todos los medios, en particular los diarios de las cadenas El Mercurio, La Tercera y otros, con la complicidad de algunos periodistas de la época. La Operación Colombo también es conocida como el caso de “Los 119”.

Otro episodio sesgó la vida del joven boliviano Enrique Saavedra, 18, quien jamás mostró ningún interés por la política. Sólo viajó a Chile para formarse como ingeniero comercial en la PUC, ya famosa por su adscripción a las teorías neoliberales de la universidad de Chicago. Alcanzó a aprobar el primer semestre en 1973 y con su primo Ramiro Carlos González enfrentaban la aventura de vivir solos en un hotel céntrico de la capital chilena. Cuatro días después del golpe del 11 de septiembre de 1973, salieron a caminar por las calles, a curiosear y comprar alimentos, tras el largo toque de queda impuesto por la junta. Jamás regresaron a su hotel. Nunca más se supo de ellos. Tampoco apareció cadáver alguno, ni hubo causa judicial. Pasaron al olvido como si nunca hubieran existido.

La fobia racista y xenófoba fue convertida en política de Estado por los militares, como pilar ideológico del golpe contra Allende, inspirada en la mentira de “defender la patria amenazada por el comunismo internacional”. Las falacias y montajes castrenses inventaron el Plan Zeta fabricado por la CIA (supuestas listas de derechistas que serian asesinados por el gobierno de Allende y sus partidarios), pregonaron el absurdo mito de un ejército secreto de 10.000 checoslovacos, húngaros, cubanos y toda clase de “comunistas” empeñados en dominar el país.

Cualquier latinoamericano era sospechoso de “tropical”, quienquiera que hablara de manera distinta al chileno, se convirtió en un peligroso “comunista cubano”, aunque fuera brasilero o centroamericano, y si era negro, peor. Desde la expansión territorial chilena conquistada en la llamada Guerra del Pacífico de 1879, bolivianos y peruanos siempre han padecido en Chile la xenofobia racista subyacente en la propaganda de la clase propietaria bicentenaria y de sus aparatos armados.

Empatía PUC-dictadura

La PUC, que se llama Pontificia porque pertenece al Vaticano, fue un importante soporte ideológico y teórico de los militares. La universidad jamás mostró interés en rescatar la memoria de estos 28 miembros de la casa de estudios, en contradicción con el innegable esfuerzo de 17 años de la jerarquía católica por “dar voz a quienes no la tienen” defendiendo los derechos humanos de las víctimas de la dictadura (1973-1990) a través de la Vicaría de la Solidaridad. La facultad de economía de la PUC motorizó las teorías político-económicas acuñadas por Milton Friedman en la Universidad de Chicago, que del debate académico pasaron a implantarse por la fuerza en Chile sobre una clase trabajadora incapaz de defenderse de la feroz represión castrense, en el primer experimento neoliberal de la historia contemporánea en todo el mundo.

Muchos académicos de la facultad de economía de la PUC se convirtieron en millonarios, ministros y altos cuadros del aparato económico-financiero del estado, que bajo la dictadura militar privatizó todas las empresas públicas, incluida la línea aérea LAN, que al cabo de los años terminó en manos de Sebastián Piñera. El mayor aporte teórico de esos ingenieros comerciales fue un pesado texto fundamentalista de teoría económica neoliberal apodado “El Ladrillo”, que se convirtió en el catecismo de la dictadura.

En el ámbito jurídico, el académico de derecha Jaime Guzmán, ideólogo del régimen militar, muy cercano a Pinochet y profesor de derecho de la Católica, fundador del movimiento de extrema derecha que todavía se hace llamar “gremialismo”, fue uno de los forjadores de la constitución impuesta por la dictadura en 1980, después de gobernar 7 años sin ninguna carta fundamental. Esta constitución sigue vigente en Chile gracias al maquillaje de sucesivas modificaciones que más bien legitimaron una carta que sólo refleja los intereses de los dueños del país y de la clase política a su servicio. Algunos profesores, como el abogado y ex senador UDI Carlos Bombal, incluso ayudaron a la DINA a capturar y torturar a sus entonces colegas y alumnos de ideología izquierdista.

“Son conocidos los casos del abogado Carlos Bombal, que ayudó a la DINA en la detención de Alejandro Ávalos Davidson, [de] Andrés Terrisse, quien habría participado en interrogatorios a detenidos de la Universidad Católica, y el de la enfermera egresada de esta casa de estudios María Eliana Bolumburú Taboada, que fue conocida en la DINA como la ‘Reina del Pentotal’ por ser quien lo inyectaba a los detenidos antes de ser subidos al helicóptero que los lanzaba al mar”, cita un párrafo del libro (pág. 24) “Una luz sobre la sombra…”

“Estamos trabajando con el seremi de Bienes Nacionales para llevar a cabo un lugar de recuerdo y recogimiento con todas las agrupaciones que hay en la comuna, porque nadie es dueño del cerro”, señaló Claudio Quintanilla, presidente de la Agrupación Ferroviarios Mártires de la Maestranza.

SAN BERNARDO.- El sábado se llevó a cabo la “Ruta por la Memoria”, organizada por las Agrupaciones de Derechos Humanos “Jenny Barra” y “Ferroviarios Mártires de la Maestranza”, con el objetivo de visibilizar la matanza de los 11 obreros ferroviarios ocurrida el 6 de octubre de 1973. Hasta el cuartel Chena de la Escuela de Infantería llegó la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Jiménez, quien, en compañía del Delegado Presidencial Provincial, Miguel Ángel Rojas, el diputado (PS) Leonardo Soto y el presidente de la organización “Ferroviarios Mártires de la Maestranza”, Claudio Quintanilla, recorrió el sector conocido como “La Loma”, donde se torturó y ejecutó a 101 civiles, entre ellos 11 obreros de la maestranza de San Bernardo.

En este lugar, donde estaba la “Casa de Techo Colorado”, las agrupaciones quieren erigir un monumento recordando el suceso. Y por lo mismo, la visita de la seremi fue de gran importancia. “Hoy, familiares de las víctimas, nuevas autoridades civiles y militares visitamos juntos esos lugares y analizamos cómo habilitar memoriales que contribuyan a que nunca más chilenos asesinen a otros chilenos por su intolerancia política”, dijo el parlamentario.

Por su parte, Claudio Quintanilla sostuvo que “es muy importante que el Delegado Presidencial haya hecho esta gestión para que vinieran la seremi, porque la empresa con la que íbamos a hacer el memorial lamentablemente quebró, así que el seremi de Bienes Nacionales nos va a ayudar”.

“Estamos trabajando con el seremi de Bienes Nacionales (Germán Pino Maturana) para llevar a cabo un memorial con todas las agrupaciones de la comuna, porque nadie es dueño del cerro. Esperamos también que prontamente se reinstale la cruz que los trabajadores de la Maestranza San Eugenio hicieron en memoria de los compañeros asesinados. De hecho, ya tenemos avanzadas las conversaciones con el Ejército para esa reinstalación”, agregó.

El memorial que se planea construir está inserto en los terrenos donde se construye el Parque Metropolitano Sur (Cerro Chena), y que considera la instalación de una reja de cierre perimetral para marcar el límite con el recinto militar.

La caravana de autoridades también llegó hasta la Plaza Guarello, cuya remodelación (anunciada pero no ejecutada hasta la fecha) incluye la modificación del Memorial en honor a Jenny Barra. “Queremos que sea un espacio que se integre a la plaza, porque con la actual reja la gente piensa que es un espacio aparte. Y la idea es que las personas puedan recorrerlo y utilizarlo para diferentes manifestaciones artísticas y culturales”, dijo Susana, hermana de Jenny, joven sanbernardina, estudiante de enfermería de la Universidad Católica de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y detenida desaparecida durante la dictadura militar. Tenía 23 años al momento de su detención.

La Corporación Memorial Cerro Chena (Cormech), liderada por su presidenta, Mónica Monsalve, destacó que “es una noticia muy importante, que conlleva una carga emotiva muy grande. Este lugar guarda una historia dolorosa para más de un centenar de familias de la Provincia del Maipo".

SAN BERNARDO.- Con mucha alegría y emoción, la Corporación Memorial Cerro Chena (Cormech), liderada por su presidenta, Mónica Monsalves, recibió hoy una gran noticia. Tras años de lucha, lograron que vialidad instalara 2 señaléticas en la caletera poniente de la Autopista Central (frente al Cerro Chena y entre las salidas San Bernardo y Catemito), que indican y recuerdan que en este lugar se cometieron crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Esta es una noticia muy importante, que conlleva una carga emotiva muy grande. Cerro Chena, más allá de ser reconocido por el ‘18 Chico’, Fiestas Patrias y las carreras de motos, guarda una historia dolorosa para más de un centenar de familias de la Provincia del Maipo. Aquí, donde funcionó el cuartel 2 de la Escuela de Infantería, se torturó, asesinó e hizo desaparecer personas”, dijo la dirigenta.

“Fue un largo proceso y años de golpear puertas. Esto es una gestión que hicimos durante muchos años con vialidad, pero esto no es un reconocimiento del Estado, eso lo dejamos claro. Después de muchísimos años de lucha logramos el objetivo de visibilizar ese lugar, por lo que todas las personas que viajan hacia el Sur verán y leerán que aquí (Cerro Chena) existe también un sitio de memoria”, agregó Monsalves.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a cuatro ex agentes de la disuelta DINA-CNI por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Jenny del Carmen Barra Rosales, perpetrado a partir del 17 de octubre de 1977 en Santiago.

La joven, de 23 años de edad, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrada, torturada, asesinada y hecha desaparecer. Los agentes represivos arrojaron su cuerpo a un socavón de la mina 'Los Bronces', en la Cuesta Barriga, lugar donde el año 2001 se encontraron parte de sus restos.

En el mes de enero de 1979, por decisión del tirano Pinochet, agentes de la CNI realizaron en Cuesta Barriga un operativo con el fin de extraer los restos de los prisioneros ejecutados y arrojados en ese sitio, con el propósito de eliminar toda evidencia de sus crímenes, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado, pero quedaron restos esparcidos que posibilitaron la posterior identificación de víctimas una vez que el sitio fue develado.

En el fallo (causa rol 6-2002), la ministra en visita condenó a los ex oficiales de Ejército y jerarcas represores Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Hernán Morales Salgado, a la pena de10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 541 días de presidio, como encubridor.

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecido que el día lunes 17 de octubre de 1977, en horas de la tarde, Jenny del Carmen Barra Rosales estuvo en la casa de una amiga en calle José Joaquín Pérez de la comuna de San Bernardo y, al retirarse en dirección a su domicilio en la misma comuna, fue detenida por agentes de seguridad, quienes la trasladaron al centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi', mismo recinto en que permanecía detenido José Tobar Quezada.

Con anterioridad, el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, José Miguel Tobar Quezada, también militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública por agentes de seguridad quienes lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi' y lo sometieron a interrogatorios y torturas con el fin de obtener información acerca de otros militantes del MIR, logrando conseguir la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, de nombre político 'Hilda'.

Enseguida, los agentes se trasladaron hasta las inmediaciones del domicilio de Jenny Barra, ubicado en calle Industrias de la comuna de San Bernardo, entrevistando a un vecino, a quien consultaron respecto de las actividades de la joven, consumando luego su detención.

En 'Villa Grimaldi', Jenny Barra Rosales sufrió los mismos tormentos que el resto de los detenidos, de hecho Tobar Quezada escuchó su voz y su llanto en los momentos en que era interrogada y, doblegada por la tortura, habría proporcionado los antecedentes que permitieron la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, practicada el día 19 de octubre de ese año en la comuna de Pudahuel y que también fue hecho desaparecer. Los tres militantes detenidos José Miguel Tobar Quezada, Jenny del Carmen Barra Rosales y Hernán Santos Pérez Álvarez, colaboraban estrechamente con la elaboración de la publicación denominada 'El Rebelde'. Con posterioridad, José Miguel Tobar Quezada y Jenny del Carmen Barra Rosales fueron trasladados al centro de detención clandestino denominado 'Simón Bolívar', lugar en que permanecieron encerrados por tiempo indeterminado.

Los hechos descritos tuvieron principio de ejecución en el mes de octubre del año 1977, época en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) había sido declarada disuelta y continuaba operando como Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia que continuó realizando acciones represivas en contra de los militantes de los partidos políticos contrarios al régimen militar, en especial del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que, para tales efectos, recibió el personal y el patrimonio de la disuelta DINA, en particular los centros de detención clandestinos denominados 'Villa Grimaldi' y 'Simón Bolívar', los agentes encargados de su funcionamiento y sus superiores jerárquicos.

En razón de lo anterior, en el período de los hechos, el centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi' estaba a cargo del entonces capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien, además, ejercía el mando de los equipos operativos encargados de perseguir y exterminar a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por otra parte, el centro de detención clandestino 'Simón Bolívar' estaba bajo el mando del entonces mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, quien, adicionalmente, detentaba la jefatura de la Brigada Lautaro.

Asimismo, el general de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda -actualmente fallecido-, el coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y el teniente coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo se desempeñaron como director, director de Operaciones y subdirector de Inteligencia Interior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), respectivamente y, tras la disolución de dicho organismo, continuaron desarrollando sus funciones en la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el período en que estos hechos criminales comenzaron a desarrollarse.

por Daría Núñez 

En el fallo (causa rol 6-2002), la ministra en visita condenó a los otrora agentes de seguridad y oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Hernán Morales Salgado, a 10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 541 días de presidio, como encubridor.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a cuatro agentes del Estado, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de la estudiante de Enfermería Jenny del Carmen Barra Rosales. Ilícito perpetrado a partir del 17 de octubre de 1977. 

En el fallo (causa rol 6-2002), la ministra en visita condenó a los otrora agentes de seguridad y oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Hernán Morales Salgado, a 10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 541 días de presidio, como encubridor.

Hechos acreditados

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los siguientes hechos:

“1° Que el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, José Miguel Tobar Quezada, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes de seguridad que se movilizaban en un automóvil marca Peugeot, modelo 404, quienes lo privaron del sentido de la vista, poniendo cinta adhesiva sobre sus párpados, impidiendo de esa manera que observara la ubicación del lugar al que fue trasladado, el centro de detención clandestino denominado ‘Villa Grimaldi’.

2° Que, tras arribar a dicho recinto, los agentes de seguridad sometieron a José Miguel Tobar Quezada a interrogatorios y apremios ilegítimos con el fin de obtener información acerca de otros militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando conseguir la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, estudiante de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, militante del MIR, de nombre político ‘Hilda’.

3° Que, seguidamente, los agentes de seguridad se trasladaron en un automóvil marca Peugeot a las inmediaciones del domicilio de Jenny del Carmen Barra Rosales, ubicado en calle Industrias N° 1.675 de la comuna de San Bernardo, entrevistándose con su vecino Jaime Vera Maulén, a quien consultaron respecto de sus actividades.

4° Que el día 17 de octubre de 1977, en horas de la tarde, Jenny del Carmen Barra Rosales estuvo en la casa de su amiga Patricia Reveco Bastías, situada en calle José Joaquín Pérez N° 1.073 de la comuna de San Bernardo y, al retirarse en dirección a su domicilio en la misma comuna, fue detenida, sin derecho, por agentes de seguridad, quienes, acto seguido, la trasladaron al mismo recinto en que permanecía privado de libertad Tobar Quezada desde el día 15 de octubre de 1977, esto es, el centro de detención clandestino ‘Villa Grimaldi’.

5° Que, estando privada de libertad en ‘Villa Grimaldi’, Jenny Barra Rosales sufrió los mismos padecimientos que el resto de los detenidos, de hecho Tobar Quezada escuchó su voz y su llanto en los momentos en que era interrogada y fue ella quien, doblegada por la tortura, proporcionó los antecedentes que permitieron la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, practicada el día 19 de octubre de ese año en la comuna de Pudahuel y la mujer que testigos vieron en las inmediaciones del lugar de los hechos en un automóvil marca Peugeot, modelo 404, de color gris, patente CH 800 de Renca –otorgada por dicho municipio a la DINA–, custodiada por agentes de seguridad.

6° Que José Miguel Tobar Quezada, Jenny del Carmen Barra Rosales y Hernán Santos Pérez Álvarez, detenidos de manera consecutiva entre el 15 y el 19 de octubre de 1977, militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y colaboraban estrechamente con la elaboración de la publicación denominada ‘El Rebelde’.

7° Que, con posterioridad, José Miguel Tobar Quezada y Jenny del Carmen Barra Rosales fueron trasladados al centro de detención clandestino denominado ‘Simón Bolívar’, lugar en que permanecieron ilegalmente encerrados.

8° Que, en definitiva, Jenny del Carmen Barra Rosales murió, en fecha no determinada, de manera violenta, a consecuencia de eventos traumáticos provocados por terceros, tras lo cual su cuerpo fue arrojado a un socavón de la mina ‘Los Bronces’ en la Cuesta Barriga, lugar en que el año 2001 se encontraron solo algunos pequeños fragmentos esqueletizados, ya que en el mes de enero de 1979, por decisión de la autoridad de la época, agentes de la Central Nacional de Informaciones realizaron en ese sitio un operativo con el fin de extraer los restos de los prisioneros ejecutados, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado.

9° Que, como se ha dicho, los hechos tuvieron principio de ejecución en el mes de octubre del año 1977, época en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) había sido disuelta y operaba la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia que continuó realizando acciones represivas en contra de los militantes de los partidos políticos contrarios al gobierno, en especial del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que, para tales efectos, recibió el personal y el patrimonio de la disuelta DINA, en particular los centros de detención clandestinos denominados ‘Villa Grimaldi’ y ‘Simón Bolívar’, los agentes encargados de su funcionamiento y sus superiores jerárquicos.

10° Que, en razón de lo anterior, en el período que nos ocupa, el centro de detención clandestino ‘Villa Grimaldi’ estaba a cargo del capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien, además, ejercía el mando de los equipos operativos encargados de perseguir y exterminar a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por otra parte, el centro de detención clandestino ‘Simón Bolívar’ estaba bajo el mando del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, quien, adicionalmente, detentaba la jefatura de la Brigada Lautaro.

11° Que, asimismo, el general de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –actualmente fallecido–, el coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y el teniente coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo se desempeñaron como director, director de Operaciones y subdirector de Inteligencia Interior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), respectivamente y, tras la disolución de dicho organismo, continuaron desarrollando sus funciones en la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el período en que los hechos que nos ocupan comenzaron a desarrollarse”.

El día del funeral de Sola, caminé junto a tu imagen, la había escogido entre todas las que estaban preparado las compañeras en el FASIC y, ahora la alzaba a la altura de la cabeza, detrás del féretro embanderado. No pude dejar de acordarme de cuánto lloré tu pérdida, y también, de lo que sentí no haberte dicho todo lo que te apreciaba y te quería. Tu foto en el cartel me devolvió la figura angelical de veinticuatro años que conocí en la resistencia. Llegabas con los bucles de miel al viento y tus ojos de canela, y con esa sonrisa que iluminaba encuentros y reuniones. Siete días antes de tu cumpleaños te extirparon, un 17 de octubre del 77. Caíste en las manos de la CNI, quienes con flagelaciones terribles te hicieron nombrar el lugar de reuniones, que se suponía antes de tres días debíamos abandonar. Desgraciadamente, Hernán Pérez Alvarez, compañero que desapareció junto a ti, se encontraba en ese lugar todavía, lo cual sólo dice que nos seguíamos creyendo inmortales, y que debíamos resistir y resistir como si realmente lo fuéramos. Supe por los compañeros de la población «Teniente Merino», que llorabas a gritos e increpabas a Hernán por estar allí y caer sin tener por qué: el siempre alegre Negro Hernán, otra pérdida terrible. Pero sé que hiciste lo que habíamos acordado y no entregaste a nadie por propia voluntad. No delataste nuestros puntos de contacto, porque eso habría sido fatal para todos, pero no contaré más, no revelaré nuestros secretos, los torturadores todavía andan sueltos por las calles, eso es algo que nadie debe dudarlo. En el libro «Dónde están», tu foto con el número cuatrocientos setenta y seis, me sonreía, y a mí me dolió por eso saber que te fuiste con el sentimiento de haber traicionado mi amistad: te enamorarte de mi pareja de esa época. El me lo reveló. Sin embargo, en aquel 17 de octubre maldito, juntos los dos lloramos la ineluctable ausencia.

En esa época, te increpé «entre nosotras» con la acartonada blanco-negra imagen que sirvió para iniciar tú búsqueda. Hoy, al alzarla con mis manos, te pido perdón, por haber sido tan dura y no haberte rendido antes el homenaje que merecías. Deseo que sepas que en el atardecer de ese día que enterramos a Sola, me uní a ti, muy cerca, y caminamos juntas por Pudahuel, craneando una nueva acción de propaganda resistente. Además, cuando la ceremonia terminó, partí a recostarme a las piedras del Memorial, para darte las gracias por lo construido junto a Hernán, a quién pasearon herido por la población para que nos denunciara, pero tampoco lo hizo, no consiguieron quebrarlo.

Tejer, anudando hilos de colores vivos, con la lentitud del cambio de las estaciones, disfrutando cada momento; cada hoja llevada por el viento equivalía a una esperanza que se planeaba en el aire. El rojo del verano, el verde de la primavera, el amarillo del otoño, el blanco del invierno. Tejía y el tiempo pasaba, mantas a proteger sueños, a calentar los pasos de puntillas y los pies helados por la tristeza y el odio. Tejía sentada en las orillas del río y la naturaleza cantaba conmigo canciones del alma, canciones de tierra y sudor, de enamorados envueltos en sus cariños, del cantor que usaba la guitarra como un fusil. Y tocaba aquellas mismas cuerdas con acordes revolucionarios, trozo de madera transformado en arma musical, notas como hilos entrelazados: cada hilo un sonido, cada hilo una armonía, cada hilo la voz del pueblo que se va a levantar agregándose a la música. Una muñeca de trapo en el campo sembrando semillas nuevas, tiernos brotes rebeldes, cosecha de cosechar. Tejer, manos trabajadoras bordaban un vestido y aprendían el bien y el mal. Tejidos como aliento de los pobres, marchas silentes de sombras encorvadas y en cielo a mirarlas una luna llena que se parecía a un ovillo de lana, estrellas alcolchando desobediencia y blandas nubes rellenas de agua bendida que cayendo besa la tierra y besa los cuerpos de las mujeres que no se rinden. Mi juventud pasaba por los hilos de una telaraña ladrona de oportunidades, que me ataba y pegaba a una realidad irreales, esperando que la araña dictatorial comiera sus víctimas ya en trampa. Tejer y alejar los pensamientos malos encendiendo nuestro sol interior. Tejía, sentada, muñeca de trapo, anudando arcoíris, bordando canciones, encarando el fusil.

Me llamo Jenny Del Carmen Barra Rosales, soy una combatiente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Estoy convencida de que sin violencia no se conseguirá nada. Tengo plena convicción en la lucha armada para deshacer el régimen que nos reprime, nos tortura y nos hace desaparecer. Nuestra vida es una lucha sinfín que sea en la clandestinidad o a cara descubierta. El miedo y la rabia, las ganas de subvertir el orden constituidos por infames uniformados con el apoyo de civiles traidores. Siempre he denunciado lo malo que apesta nuestra sociedad. ¿Mi vida? Se ha siempre parecido a una calle cuesta arriba, insidiosa, pero tan preciosa porque, encima, teníamos, con mis compañeros de lucha, una meta común ósea la liberación de nuestra gente, el reflorecer de la dignidad y de la democracia. Me detuvieron dos veces en mi corta edad, la última un 17 de octubre de 1977, en primavera. Así los sucios milicos arrancaban las flores de la revuelta. Torturada hasta la muerte, asesinada y hecha desaparecer. Cuerpos de mujeres escribiendo un poema macabro, mapas de tormentos, huesos rotos. Cuerpos de mujeres lanzados al olvido.

Soy Jenny Del Carmen Barra Rosales estudiante de enfermería porque quería sanar el mundo, curar los desposeídos, cuidarme de los niños de las afueras. Tomaba el fusil mientras seguía tejiendo mi ideal de sociedad con otros tejedores soñadores e idealistas como yo, caminábamos, luchábamos, amábamos, cabros chicos desobedientes, con nuestra bandera roja y negra en la mano y en los hombros todo el sufrimiento de Chile. Permanecimos jóvenes en la memoria de nuestro Pueblo, caídos desaparecidos, enamorados de la libertad.

CHANTAL CASTIGLIONI. MILAN –  ITALIA