Ávila Lara César Osvaldo del Carmen

El profesor César Avila Lara, casado, cuatro hijos, militante del Partido Socialista, fue detenido frente a la Penitenciaría de la ciudad de Osorno el 27 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros, quienes subieron al afectado al furgón policial perteneciente a la 3ª Comisaría de Rahue, el que salió del lugar con rumbo a dicho recinto policial.
A la fecha del Golpe de Estado de la FF.AA. y Policiales, el 11 de septiembre de 1973, César Avila se encontraba en la ciudad de Santiago, realizando un curso de perfeccionamiento, debiendo regresar a su domicilio en la ciudad de Osorno el 20 del mismo mes, dado que su cónyuge, Irma Ponce Silva, había sido detenida por orden de las autoridades militares.
El día 27 de ese mes, el afectado concurrió, al igual que en días anteriores, hasta la Penitenciaría de Osorno a objeto de ver a su cónyuge quien se encontraba procesada por la Justicia Militar. En los momentos que se retiraba del lugar fue detenido por Carabineros. El afectado en ese instante estaba en compañía de dos de sus hijos, Ximena y César, de 13 y 9 años de edad respectivamente y de los profesores Omar Gallardo y Oscar Aguilar, todos los cuales presenciaron la detención.
Una cuñada del afectado, Luisa Ponce, luego de ser alertada de lo sucedido, se dirigió hasta el recinto policial de la 3ª Comisaría de Rahue. En declaración jurada ella señala que: "…recuerdo que el carabinero de guardia ojeó un libro y vi su nombre (del afectado), pero en eso llegó un señor vestido de civil (Capitán de Carabineros Adrián Fernández) quien retó al carabinero por estar dando datos y tomó el libro y lo guardó. Como yo quedé a cargo de mis sobrinos, hice numerosas gestiones para ubicar a mi cuñado, tanto en Carabineros, Investigaciones, Regimiento local, Estadio Español, etc., sin obtener resultados".
En un informe del Comité de Cooperación para la Paz en Chile de Osorno, se señala que de acuerdo a declaraciones de un testigo que permanecía recluido en las dependencias de la 3ª Comisaría de Rahue, el afectado fue sacado de su celda en la madrugada del 28 de septiembre de 1973, junto a otro detenido, no volviendo a verlos posteriormente.
Luisa Ponce agrega en su declaración que: "Unos jóvenes que estuvieron detenidos, entre ellos un profesor de Bahía Manza, me afirmaron que César (Avila) estuvo preso en Rahue" (3º Comisaría). Señala, además que "el día 28 de junio de este año (1978) fui citada por un Detective de apellido Lamilla; fui a verlo el 1? de julio al edificio de Investigaciones y allí me atendió preguntándome datos sobre el desaparecimiento de César; en esa ocasión me dijo que César "fue fusilado, pero que se había dado de baja al carabinero". Sin agregar más. Lo que sí me previno que tuviera cuidado en decir lo que se me informó ya que todavía corría grave peligro hasta dos años más".
El mismo detective Lamilla se presentó en la casa de otra cuñada del afectado, la señora Teresa Ponce, y como ella no se encontraba en esos momentos en el inmueble, el funcionario procedió a interrogar a un hijo de ella, de 15 años de edad, las preguntas estaban referidas al afectado, tío del pequeño. El policía le indicó al niño "que tuviera cuidado de lo que decía pues después podría arrepentirse".
En cuanto a la cónyuge de la víctima, la señora Irma Ponce Silva, fue procesada por Consejo de Guerra, rol Nº1377?73, causa que fue sobreseída el 21 de febrero de 1974. Ella, producto de que uniformados la seguían amedrentando, después de ser dejada en libertad, debió trasladarse a Santiago, desde donde a principios del año 1978, viajó al exilio. En la edición del 10 de noviembre de 1978 en El Mercurio de Santiago, se publicó un artículo titulado "Ubicaron a un Desaparecido", en el que se pretendía desacreditar una publicación de la Vicaría de la Solidaridad en la que figuraba el nombre de César Avila, como desaparecido por la acción de agentes del Estado de Chile. Curiosamente, en octubre, ante el Obispado de Talca, se había presentado un sujeto que dijo ser el detenido desaparecido César Avila. Como el aparecía en las nóminas de la Vicaría de la Solidaridad, se le inquirió detalles sobre su identidad. Toda la información que el dio resultó ser falsa, el nombre de sus padres, fecha de nacimiento, cédula de identidad, etc. Quedó citado para el día siguiente y no regresó; sí lo hicieron en dos oportunidades civiles que dijeron ser conocidos de Avila, los que también entregaron información falsa. Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del 1er. Juzgado del Crimen de Osorno, donde se instruyó querella por su desaparecimiento. Lo cierto, a pesar de la maniobra relatada, es que desde su detención por funcionarios de Carabineros de la 3ª Comisaría de Rahue, Osorno, César Avila Lara permanece en calidad de detenido desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 18 de enero de 1974, Ximena Avila Ponce presentó una denuncia por presunta desgracia de su padre César Avila, ante el Juzgado del Crimen de Osorno. El proceso fue rolado con el Nº15.484.
El 29 de junio de ese mismo año, la causa fue sobreseída temporalmente por el Juez. Resolución que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Valdivia el 28 de agosto de 1974. El 3 de septiembre de 1974, la causa fue archivada.
El 12 de diciembre de 1979, ante la Corte de Apelaciones de Valdivia se presentó una solicitud para el nombramiento de un Ministro en Visita Extraordinaria para que investigara la situación de personas detenidas desaparecidas en la Región. La solicitud se basaba en la petición hecha por los Vicarios Episcopales del Arzobispado de Santiago, del 3 de noviembre de 1978, ante la Corte Suprema a fin de designar Ministros en Visita Extraordinaria para investigar la situación de personas detenidas desaparecidas. La Corte Suprema reunida en Pleno Extraordinario resolvió en acuerdo, el 21 de marzo de 1979, oficiar a 5 Cortes de Apelaciones del país, entre ellas la mencionada, a fin de dar curso a la solicitud eclesiástica.
En la presentación hecha por los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, se individualizan 11 personas y sus respectivos procesos tramitados en los tribunales de Osorno. A dicha nómina se agregan 5 personas desaparecidas por las que no habían realizado mayores gestiones judiciales. Entre estos últimos casos figura el de César Avila Lara.
El 17 de marzo de 1980 se presenta ante el 1er. Juzgado del Crimen de Osorno una querella criminal contra los funcionarios policiales de la 3ª Comisaría de Carabineros de Rahue, entre los cuales se identifica al entonces Capitán de Carabineros Adrián Fernández Hernández, por los delitos de secuestro y homicidio calificado de César Avila Lara. La causa fue rolada con el Nº24.492.
El 6 de febrero de 1991, mediante el oficio Nº2086, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presentó ante el 1er. Juzgado del Crimen de Osorno, una denuncia por la detención y posterior desaparición de diversas personas en la localidad de Rahue Osorno, las que ocurrieron en los días posteriores al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. La denuncia se fundamentaba en las facultades que le otorgaba el Decreto Supremo Nº355 del 9 de mayo de 1990.
El 18 de febrero de 1991, el Juez del citado tribunal resolvió instruir un sumario por los hechos denunciados. La causa fue rolada con el Nº39.911?3. En la oportunidad citó a declarar a los familiares de los afectados.
El 27 de marzo de 1991 el Juez estimó que "resulta necesario y conveniente desglosar la presente causa en orden a instruir separadamente un sumario por cada una de las personas individualizadas en la denuncia" presentada el 6 de febrero último.

Las acciones judiciales fueron interpuestas en contra de un oficial en retiro de Carabineros por la desaparición del ex gobernador de la comuna y del ex director provincial de Educación de Osorno. Dos querellas criminales fueron presentadas ayer en contra de un oficial en retiro de Carabineros por la desaparición del ex gobernador de la comuna de La Unión, Santiago Aguilar, y del ex director provincial de Educación de Osorno hasta el 11 de septiembre de 1973, César Avila Lara.

Los libelos acusatorios fueron interpuestos en contra del entonces capitán de la Tercera Comisaría de Rahue, Adrián José Fernández Hernández, a quien se le sindica como autor de los presuntos delitos de secuestro clasificado, apremios ilegítimos y posterior desaparición de estas personas. Los hechos ocurrieron en los primeros días del régimen militar. Angélica Gallegos, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de la provincia de Osorno, informó que las querellas presentadas por familiares de las víctimas, además se amplían a todos quienes resulten responsables de estos delitos, ya sea como autores o encubridores.

El juez con dedicación exclusiva para investigar causas de derechos humanos, Jaime Salas, decidió encausar a cinco carabineros en retiro como autores del secuestro calificado de César Avila Lara, ex director provincial de Educación de Osorno, y del ex gobernador de la Unión, Santiago Aguilar, desaparecidos en los días posteriores al golpe de Estado de 1973.

Los procesados son el coronel (r) y jefe de la Tercera Comisaría de Rahue, Adrián Fernández; el sargento segundo (r) Rolando Bécar Solís; el sargento primero Rafael Pérez Torres, el suboficial Mayor (r) Francisco Inostroza, y el sargento primero (r) Gustavo Muñoz.

Santiago Aguilar era gobernador del departamento de La Unión hasta el 11 de Septiembre de 1973. Militante del Partido Comunista, fue detenido el día 17 de ese mes, por efectivos de Carabineros pertenecientes a la Tercera Comisaría de Osorno. Testigos dijeron que fue derivado a la Cárcel de Valdivia. El 6 de octubre de ese año se pierde su rastro.

El profesor César Avila Lara, director provincial subrogante de enseñanza básica de Osorno, militante socialista, fue detenido frente a la Penitenciaría de dicha ciudad el 27 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros, de la unidad ya mencionada, de acuerdo a lo que consigna el sitio memoriaviva.com.

Según testimonios de testigos, Avila había sido trasladado hasta la tercera Comisaría de Rahue, desde donde desapareció. Su cuñada, Luisa Ponce, consignó además que un detective de apellido Lamilla la citó al edificio de Investigaciones en julio de 1978, donde le dijo que César "fue fusilado, pero que se había dado de baja al carabinero".

El juez Salas ordenó además que los suboficiales en retiro deben cumplir prisión preventiva en el grupo de formación policial Gil de Castro de Valdivia, mientras que el oficial (r) debe permanecer en la Primera Comisaría de Carabineros de la ciudad, informó radio Bío Bío.

El sargento de Carabineros estaba condenado desde 2013 por el secuestro y homicidio calificados de dos personas en Osorno en los días inmediatos al golpe militar. En diciembre pasado solicitó un indulto humanitario por múltiples enfermedades.

El sargento de Carabineros estaba condenado desde 2013 por el secuestro y homicidio calificados de dos personas en Osorno en los días inmediatos al golpe militar. En diciembre pasado solicitó un indulto humanitario por múltiples enfermedades.

El sargento de Carabineros Gustavo Muñoz Albornoz murió ayer en dependencias del Hospital de la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca) en Santiago, lugar al que había sido trasladado desde el penal de Punta Peuco, donde cumplía una condena de 10 años y un día por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Osorno en 1973.

Según denunció el abogado de Muñoz Albornoz, Raúl Meza, el sargento murió engrillado a su cama en el hospital. Las diversas enfermedades que padecía -problemas renales crónicos, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca y una fractura de cadera- lo habían llevado a firmar junto a otros cuatro ex agentes represivos una carta pidiéndole a la presidenta Bachelet indultarlos por motivos humanitarios, misiva que no tuvo respuesta.

En diciembre pasado tal solicitud causó polémica al presentarse en paralelo al anuncio de una «misa del perdón» que se realizaría dentro de Punta Peuco con motivo de la navidad. En ese momento las organizaciones de derechos humanos protestaron y recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.

En el caso del fallecido Gustavo Muñoz Albornoz, estaba condenado por el secuestro y homicidio calificados de dos personas en Osorno en los días inmediatos al golpe militar. La investigación del juez Jaime Salas concluyó que el sargento formó parte de la patrulla que secuestró y asesinó a conocidos adherentes a la Unidad Popular. Sin embargo, el carabinero recién fue formalizado por estos crímenes el año 2003 y la condena llego diez años después, en 2013.

Entre los crímenes de Muñoz Albornoz estaban el homicidio calificado de Rau Santana Alarcon y de Gustavo Bernardo Igor Sporman, perpetrados en Osorno en septiembre de 1973; homicidio calificado de Martín Nuñez Rozas, cometido en Osorno entre el 16 y 18 de septiembre de 1973; homicidio calificado en grado de frustrado de Blanca Ester Valderas Garrido, cometido entre el 16 y 18 de septiembre de 1973, en Osorno; secuestro calificado (figura jurídica para la desaparición) de Santiago Domingo Aguilar Duhau y Cesar Osvaldo del Carmen Ávila Lara, entre el 17 y 27 de septiembre de 1973, en Osorno; secuestro calificado de José Mateo Segundo Vidal Panguilef, José Ligorio Naicul Paisil y Flavio Heriberto Valderas Mancilla, perpetrados en diferentes fechas del mes de septiembre de 1973; secuestro calificado de Joel Fierro Inostroza, Joel Ricardo Huenuman Huenuman y Luis Sergio Aros Huichacan, que principiaron entre el 15 y el 17 de septiembre de 1973.

136 docentes fueron asesinados por el Terrorismo de Estado iniciado el 11 de Septiembre de 1973. Miles más fueron exonerados, exiliados, perseguidos y torturados. La organización gremial y sindical de los trabajadores de la educación fue suprimida a nivel nacional, se cerraron para siempre las Escuelas Normales que habían formado a maestras y maestros por más de un siglo y unos años después se originó la Deuda Histórica que perjudica hasta hoy a miles de educadores, como un legado permanente de la Dictadura. Así de fuerte fue el impacto del Golpe de Estado en el profesorado.

Por ello, en una nueva conmemoración de esa fatídica fecha, el Colegio de Profesoras y Profesores homenajea a los mártires de la lucha docente y reivindica su legado, recordando también que esta misma organización fue creada por la Dictadura en 1974 pero, unos años después, fue tomada por el profesorado, que la democratizó y convirtió en una herramienta útil para la lucha por la Educación. La misma entidad que el régimen creó para borrar la historia de unidad y acción de las y los trabajadores educativos es hoy una instancia de articulación para construir una nueva enseñanza sin olvidar el legado de quienes nos antecedieron. Es que la memoria está cargada de futuro.