Astudillo Rojas Omar Enrique

Enrique René Astudillo Alvarez, 51 años, casado, 7 hijos, y dos de sus hijos: Omar Enrique Astudillo Rojas, de 19 años, soltero y Ramón Astudillo Rojas, de 27 años, soltero, los tres obreros agrícolas, sin militancias políticas conocidas, fueron detenidos el 7 de octubre de 1973, aproximadamente a las 22.30 horas, en el Fundo Naguayán de Isla de Maipo, predio donde además trabajaban.
Hasta el hogar llegó una patrulla de Carabineros pertenecientes a la Tenencia de Isla de Maipo al mando del Sargento Pablo Ñancupil Raquileo e integrada por los funcionarios Jacinto Torres, Manuel Muñoz, Héctor Vargas y David Coliqueo que procedieron a allanar violentamente la vivienda y a arrestar al padre con sus dos hijos mayores: Ramón y Omar Astudillo Rojas.
Los tres detenidos fueron subidos a una camioneta de propiedad del Fundo Naguayán, en que se movilizaba la patrulla y donde ya se encontraban otros campesinos detenidos; todos fueron amarrados, y obligados a tenderse boca abajo; según testigos, los carabineros iban parados sobre ellos y durante el trayecto a la Tenencia, los detenidos eran constantemente golpeados, insultados y amenazados de muerte por sus aprehensores.
La detención de Enrique Astudillo y sus dos hijos se realizó en presencia de su cónyuge y de sus cinco hijos menores de edad. La esposa y madre de los afectados, Rosario Rojas Alvarez, realizó innumerables gestiones de búsqueda sin obtener resultados positivos. El 3 de diciembre de 1973, se le otorgó un certificado en el que se estipula que su cónyuge Enrique Astudillo "se encuentra detenido desde el día 8 de octubre de 1973". Este certificado está firmado por el Coronel Jaime Garín Cea, Jefe de la Zona en Estado de Sitio del Departamento de Talagante, y le fue extendido con el objeto de que ella pudiera cobrar una pensión de invalidez que su esposo percibía debido a que, por causa de un accidente, tenía casi inmovilizado el brazo izquierdo.
Cabe señalar que, en el mismo operativo, fueron detenidos otros campesinos del mismo sector, ellos eran: Sergio Maureira Lillo, 46 años y cuatro de sus hijos: José, Rodolfo, Segundo Sergio Maureira Muñoz de 26, 22, 24 y 27 años respectivamente y los hermanos Carlos, Nelson y Oscar Hernández Flores de 39, 32 y 30 años de edad respectivamente. Ese mismo día, en horas de la mañana, en la plaza de Isla de Maipo habían sido aprehendidos cuatro jóvenes por Carabineros de la Tenencia de esa localidad. Estos jóvenes eran: Iván Ordóñez Lama, 17 años; Miguel Brant Bustamante, 19 años; José Herrera Villegas, 17 años y Manuel Jesús Navarro Salinas, 20 años de edad.
Todos los detenidos fueron conducidos a la Tenencia de Isla de Maipo; este recinto fue el último lugar en que se les vio con vida.
El 7 de noviembre de 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez declaró en su exposición ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de ese organismo que "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal" mientras que otros "fueron ubicados en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago". De los quince detenidos en Isla de Maipo aparecen ocho en los listados: uno de ellos, Sergio Maureira Muñoz, sin existencia legal y los otros siete como fallecidos: 1) Enrique Astudillo Alvarez, ingreso 3166, fecha de deceso: 7 de octubre de 1973 a las 14 horas. 2) Nelson Hernández Flores, ingreso 3238, fecha de deceso: 11 de octubre de 1973 a las 14:30 horas. 3) Oscar Humberto Hernández Flores, ingreso 3201, fecha de deceso: 9 de octubre de 1973 a las 12:30 horas. 4) José Manuel Herrera Villegas, ingreso 3130, fecha de deceso: 6 de octubre de 1973 a las 11:30 horas. 5) José Manuel Maureira Muñoz, ingreso 3263, fecha de deceso: 11 de octubre de 1973 a las 20:30 horas. 6) Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, ingreso 3332, fecha de deceso: 15 de octubre de 1973 a las 13:00 horas. 7) Segundo Armando Maureira Muñoz, ingreso 3335, fecha de deceso: 15 de octubre de 1973 a las 16 horas.
Nunca se pudo establecer el origen y los responsables de la elaboración de estas nóminas, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni las autoridades del Instituto Médico Legal se responsabilizaron de ellas.
A fines del año 1978, un sacerdote de la Iglesia Católica recibió, bajo secreto de confesión, información acerca de un lugar en el que se encontrarían numerosas osamentas humanas. Considerando la gravedad del hecho denunciado se constituyó una Comisión encargada de verificar su efectividad, antes de formalizar la denuncia judicial.
Esta Comisión fue integrada por Monseñor Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de Santiago; Monseñor Cristián Precht, Vicario de la Solidaridad, Jaime Martínez, Director del Semanario "Qué Pasa"; Abraham Santibáñez, Sub Director de la revista "Hoy" y los abogados Alejandro González y Máximo Pacheco.
La Comisión se constituyó el 30 de noviembre de 1978 en el lugar del hallazgo, una mina abandonada de cal, ubicada en la localidad de Lonquén, pequeño poblado distante 14 kilómetros de la ciudad de Talagante y cercano al pueblo de Isla de Maipo. Allí pudo constatar la existencia de dos hornos, de aproximadamente nueve metros de altura, en uno de los cuales se encontraba un gran número de osamentas humanas.
Realizada la verificación de la información se formalizó al día siguiente, 1ro. de diciembre, la denuncia respectiva ante el Presidente de la Corte Suprema, don Israel Bórquez, solicitándole que diera cuenta de la misma ante el Pleno de ese Tribunal.
De esta manera, se dio inicio a la investigación judicial que permitió determinar que las osamentas encontradas pertenecían a los quince lugareños detenidos en Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973; ellos habían sido ejecutados por Carabineros y sus restos enterrados ilegalmente en los hornos.
Los familiares de las víctimas solicitaron la entrega de los cadáveres para darles conveniente sepultura. La Corte Marcial dispuso que el Fiscal Militar hiciera entrega de los restos a quien acreditara legalmente el parentesco. Sus familiares se prepararon para darles sepultura.
Aunque el Fiscal ordenó dar "estricto cumplimiento a esa orden", el día del funeral dispuso se procediera a sepultarlos en la localidad de Isla de Maipo, al margen de los familiares, quienes ese día se habían reunido en la Iglesia Recoleta Franciscana en espera de los restos para celebrar una misa de difuntos. Los cuerpos fueron sepultados por funcionarios del Servicio Médico Legal en el Cementerio Municipal de Isla de Maipo, en una fosa común, a excepción de Sergio Maureira Lillo que fue sepultado en fosa individual. Días después las familias realizaron una liturgia de difuntos sin la presencia de los cuerpos de sus seres queridos.
También el Fiscal Militar se negó a autorizar la inscripción de las defunciones en el Registro Civil y de Identificación, resolución que fue confirmada por la Corte Suprema. Días más tarde en la Iglesia Catedral de Santiago se realizó un oficio religioso por el eterno descanso de estas víctimas sin la presencia de los restos. Años después los Hornos de Lonquén, que a esa fecha se habían convertido en un lugar de peregrinación, fueron dinamitados.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 29 de marzo de 1974, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, presentó un recurso de amparo masivo, rol 289?74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de 131 personas que hasta esa fecha se encontraban desaparecidas y cuyos antecedentes habían sido constatados por el mencionado organismo.
Entre estas 131 personas se encuentra Enrique Astudillo y sus hijos, Omar Enrique y Ramón Astudillo Rojas y los otros ocho campesinos aprehendidos en el mismo operativo.
El 28 de noviembre de ese mismo año, la 6º Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró sin lugar. Se interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema que confirmó la resolución denegatoria el 31 de enero de 1975, ordenando la instrucción de un sumario con el objeto de investigar la comisión de posibles delitos. En la misma resolución acordó nombrar un Ministro en Visita, designación que recayó en el Sr. Enrique Zurita Camps.
El 24 de febrero de 1975 el Ministro Sumariante se constituyó en el Primer Juzgado del Crimen de Santiago dando inicio a la causa Rol 106.657.
Durante la investigación, los familiares de los Astudillo fueron citados a declarar por el Ministro Zurita, quedando constancia de los hechos de las detenciones.
El 25 de septiembre de 1975, sin que se hubiese profundizado en ninguno de los casos de detenidos desaparecidos, se cerró el sumario por "no poderse adelantar más en la investigación". El 29 de septiembre del mismo año el Ministro dictó fallo, y en el caso de los detenidos de Isla de Maipo se declaró incompetente, aduciendo que las diligencias realizadas permitieron establecer que Enrique Astudillo y sus dos hijos, Sergio Maureira y sus cuatro hijos y los tres hermanos Hernández Flores habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 por Carabineros de Talagante y entregados al día siguiente en el Estadio Nacional a cargo de SENDET, organismo que no informó para confirmar ni para negar este hecho.
La resolución del Ministro señala textualmente que "En consecuencia, del desaparecimiento de las personas nombradas deberá responder Carabineros de Talagante o SENDET, careciendo de competencia en ambos casos este Tribunal". Agrega la orden de remitir los antecedentes al Segundo Juzgado Militar de Santiago.
El 1º de julio de 1976, el Juzgado Militar designa a la Tercera Fiscalía Militar para que prosiga la investigación con el Rol 1.382?76. El 9 de agosto, un mes después, se declara cerrado el sumario y al día siguiente se propuso el sobreseimiento temporal el que es aprobado el 14 de septiembre por el Juez Militar que ordena el archivo de la causa.
Paralelamente, el 17 de junio de 1974, se presentó recurso de amparo, Rol 613 74, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de los miembros de la familia Maureira donde también se menciona la detención y posterior desaparecimiento de los otros seis campesinos arrestados en el mismo operativo, entre los que se encuentra Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos.
El Jefe Subrogante de la Tenencia de Isla de Maipo, Luis Acevedo Vargas, envió dos Oficios a la Corte. En el primero, fechado el 10 de diciembre de 1974 señala textualmente que "efectivamente fueron detenidos en el mes de octubre del año pasado por personal de esta unidad, los que fueron enviado con Minuta s/n, de fecha 8 del mismo mes, por las razones que en ella se indican, al Campo de Prisioneros del Estadio Nacional en donde fueron recibidos conforme, según consta por firma que registra al reverso de la copia de la minuta que al parecer dice Sargento 2º González".
En la mencionada minuta figuran los datos personales (nombre, edad, estado civil, escolaridad, actividad, Nº de cédula de identidad y domicilio), filiación política y cargo que se imputa a cada uno de los once detenidos.
En el caso de Enrique Astudillo Alvarez se señala los siguiente: "51 años, casado, obrero agrícola, estudios básicos, C.Identidad Nº 1447 del Departamento de Talagante y domiciliado en calle El Rosario s/n, de filiación comunista y de reconocida participación extremista de toma de predios e instigador sindicalista, se presume su vinculación con elementos extremistas ocultos en los cerros del Cordón Naltagua, ya que se le ha sorprendido en reiteradas oportunidades transitando en dicho sector sin motivo justificado, en actitudes completamente sospechosas"
Con respecto a Omar Enrique Astudillo Rojas indica "20 años, soltero, obrero, estudios básicos, sin cédula de identidad, domiciliado en calle El Rosario s/n; con la misma filiación y actividades del N? 2". El N? 2 se refiere a Enrique Astudillo Alvarez. En el caso de Ramón Astudillo Rojas señala "27 años, soltero, estudios básicos, sin cédula de identidad, domiciliado en calle El Rosario s/n, similar al caso N?2". Este último se refería a las actividades políticas del padre, don Enrique Astudillo Alvarez.
Al final del texto se solicita que sean interrogados por personal especializado, ya que se presume que los detenidos son extremistas y que se están reuniendo para reorganizarse, lo que se ha verificado por sus propias declaraciones y por las primeras indagaciones practicadas por el personal de la Tenencia. La minuta está firmada por el Teniente Lautaro Castro Mendoza, Jefe de la Tenencia.
En el segundo Oficio, enviado dos días después del anterior, Carabineros reitera la detención de los amparados, efectuada el 7 de octubre de 1973 por personal de esa Tenencia en razón de haber sido sorprendidos en una reunión clandestina en el domicilio de Sergio Maureira Lillo. Agrega que todos ellos "son de reconocida filiación extremista de izquierda" y que planificaban atacar a funcionarios de esa Tenencia y a sus familias, a una de las cuales ya habían amenazado. Señala además que fueron enviados al Estadio Nacional donde "fueron recibidos conforme" y que se ignora si con posterioridad fueron puestos a disposición de algún Tribunal.
La Corte ofició en reiteradas oportunidades a SENDET solicitando información acerca de este antecedente sin obtener respuesta.
El 10 de marzo de 1975, la 1a. Sala de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar al amparo y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente.
Por otra parte, el 1º de octubre de 1974 se interpuso denuncia por presunta desgracia de los once campesinos detenidos, rol 22.826?1 ante el Juzgado de Letras de Talagante.
En su presentación se señala que, al realizar algunas de las detenciones, los carabineros provocaron lesiones corporales a los familiares de los arrestados; agrega que los efectivos policiales se encontraban en manifiesto estado de ebriedad y que sustrajeron especies de algunas de las viviendas allanadas. No se tienen antecedentes de la tramitación de esta denuncia.
El 1º de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, representada por el Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Enrique Alvear Urrutia y el Vicario Episcopal, Monseñor Cristián Precht Bañados, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos antiguos hornos destinados al tratamiento de minerales en los faldeos de los cerros de Lonquén, en el departamento de Talagante. Esta información le había sido proporcionada días antes por una persona a un sacerdote, bajo secreto de confesión.
Previamente a la presentación a la Corte Suprema, las autoridades eclesiásticas conformaron una comisión que concurrió al lugar indicado comprobando la veracidad de lo informado.
En la presentación, firmada por el Obispo Mons. Enrique Alvear, el Vicario Mons. Cristián Precht y los abogados señores Máximo Pacheco y Alejandro González, solicitan a la Corte Suprema que ésta "adopte las medidas que aseguren una rápida y exhaustiva investigación".
La Corte Suprema remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen de Talagante para que instruyera el sumario respectivo, iniciándose la causa rol 27.123 3. El magistrado, como primera diligencia se constituyó el 1ro. de diciembre en el lugar, ubicado a unos 3 km. y medio del pueblo de Lonquén, constatando la existencia de una construcción de piedra, de aproximadamente 9 metros de alto por 16 de ancho en la que había dos hornos, cada uno con un boquete de entrada de 1 mt. por 80 cms. y en cuya parte superior tenía dos fosos que presentaban gran acumulación de tierra y piedras.
Inspeccionada una de las entradas y removidos algunos escombros, se extrajeron osamentas, trozos de tela y cabellos; la observación en su interior permitió descubrir la presencia de otras osamentas humanas.
En sucesivas excavaciones se extrajeron restos humanos que también fueron enviados al Instituto Médico Legal para su análisis. Además se encontraron algunas vainas de proyectil.
El 6 de diciembre, el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Adolfo Bañados Cuadra, para proseguir la investigación del hallazgo de osamentas de Lonquén.
Citados a declarar comparecieron varios campesinos residentes en las cercanías de los hornos, quienes señalaron que algunos días después del 11 de septiembre de 1973, Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo les informó de una orden que les prohibía el paso hacia el sector donde se encuentran los hornos, ya que había "escondrijo de extremistas", otros campesinos dijeron haber visto vehículos militares y escuchado disparos.
Respecto de la construcción misma de los hornos, un informe del Departamento de Infraestructura de Investigaciones señaló que una parte de ella era antigua, de más de 60 años, mientras que al interior de uno de los hornos había una plataforma de fierro sobre la cual se ejecutó un radier o losa en base a piedra y ladrillo unido con cal o yeso y cuya antigüedad no era mayor de 8 años. El informe finaliza indicando que "al parecer, este trabajo fue ejecutado lanzando desde la abertura superior del horno, primeramente la mezcla y enseguida el resto del material, pues no se aprecia una colocación ordenada de los elementos, lo cual hace suponer que fue ejecutada por personal no especializado".
Respecto del peritaje balístico de tres vainillas encontradas, la sección Balística Forense del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones informó que las vainillas 7,62 NATO habían sido percutadas por un fusil automático marca SIG calibre 7,62 NATO SG 510 4 de procedencia Suiza, todas fueron disparadas por una misma arma de las características señaladas.
Constituido el Tribunal en la Tenencia de Isla de Maipo, se comprobó que los libros de registro del año 1973 habían sido enviados a la Tercera Comisaría de Talagante para su incineración y respecto del armamento, aparecen en la relación tres fusiles automáticos SIG SG.510 4, cal.7,62 mm.
En la Tercera Comisaría de Talagante se obtiene la información respecto de la dotación existente en la Tenencia de Isla de Maipo y Retén de Lonquén que ascendía a 21 funcionarios. El Teniente era Lautaro Castro Mendoza.
Durante el proceso se tiene a la vista la nómina de 63 personas "presuntamente desaparecidas que fueron ubicadas en relaciones del Instituto Médico Legal de Santiago" que fue presentado junto con otra de "presuntos desaparecidos sin existencia legal" por el gobierno chileno a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1975.
El Tribunal solicitó al Instituto Médico Legal los protocolos de autopsia que, según la nómina, correspondían a Segundo, Rodolfo y José Maureira Muñoz. En relación a esto declara el Dr. Claudio Molina, Director del Instituto, que "la inexactitud de la lista de "personas presumiblemente desaparecidas" resulta evidente por lo menos en cuanto se refiere al protocolo Nº3332, ya que el estudio del cadáver reveló que se trataba de una mujer" . Agrega haber visto esta lista en una publicación del año 1975 y que junto con otro médico, identificó la firma como perteneciente al Dr. Vargas (ex Director del Instituto,) "pero ignoro en que se habrá fundamentado este profesional para refrendar dicho rol".
Se constituyó el Juez del 7º Juzgado del Crimen de Santiago en el Instituto Médico Legal, a petición del Ministro Bañados, y se pudo comprobar que ninguna de las personas de la lista aparecían ingresadas en el Libro Indice del Instituto, lo único que coincidió entre ambas nóminas eran los datos que aparecían en la columna día del deceso con la fecha de ingreso en el libro de Registro. A la fecha de esta diligencia el Dr. Vargas había fallecido. En la tramitación del proceso 240005?1 Juzgado de Maipo Buin que investiga los desaparecimientos en Paine, se estableció que la firma del Dr. Vargas no era la conocida.
Al respecto informó el Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, señalando que no había constancia de que la nómina de personas correspondiera a alguna comunicación oficial emitida o cursada por ese Ministerio. En tanto el Vice Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante, Coronel de Ejército Roberto Soto Mackenney, informó que la mencionada nómina apareció en el volumen Nº2 de "La situación actual de los Derechos Humanos en Chile", publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de octubre de 1975. La fuente de origen de los datos que se contienen en dicha lista corresponde a información proporcionada por el Instituto Médico Legal de Santiago en el año 1975".
En definitiva, no se logró establecer las responsabilidades en la elaboración de la nómina.
En febrero de 1979, a raíz de haber encontrado indicios de que los restos encontrados pertenecen a los detenidos de Isla de Maipo, se iniciaron las diligencias de reconocimiento de las prendas de vestir encontradas en los hornos, compareciendo los familiares de las víctimas, la mayoría de los cuales pudieron reconocer las vestimentas que portaban sus parientes al momento de su detención. Con anterioridad se habían entregado al Tribunal los antecedentes antropomórficos de estas 15 víctimas.
Citados a declarar los carabineros que en septiembre de 1973 pertenecían a la dotación de la Tenencia de Isla de Maipo, comparece el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, quien manifiesta que él dio la orden para detener a "varios sujetos de la familia Maureira" por ser personas peligrosas vinculadas a los intereses del gobierno anterior que planificaban atacar el cuartel; además fueron detenidos "otros individuos del sector de apellido Hernández y otros que no recuerdo hasta enterar once personas".
El mismo guiaba el piquete y definía las detenciones guiándose por una nómina adjuntada a un plano encontrado en la casa de uno de los hijos de la familia Maureira. Terminados los arrestos, fueron trasladados al cuartel donde fueron interrogados confirmando sus sospechas "respecto de su peligrosidad". Agrega Castro, finalizado el interrogatorio, que él mismo dispuso su traslado al Estadio Nacional, pero antes, uno de los detenidos le informó en privado que había armas ocultas en una mina abandonada.
Por esta razón se dirigieron a las minas abandonadas en Lonquén, en un camión municipal y una camioneta particular, 8 a 10 carabineros y los detenidos; una vez llegados al sector, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros al que respondieron también disparando, situación que duró unos diez a quince minutos. Al proceder a buscar a los detenidos comprobaron que todos ellos estaban muertos. Todos los carabineros resultaron ilesos.
Posteriormente resolvió, previa consulta con el personal, enterrar los cadáveres en los hornos para evitar represalias contra ellos y sus familias, es así como "fueron echados al interior los cuerpos y acto seguido ordené que se echaran sobre ellos tierra y escombros".
Consultado sobre las declaraciones que prestó en otros procesos aseverando que los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional, señala que faltó a la verdad por temor, ya que "al ser arrestados todos estos sujetos tuvieron una actitud de amenaza que me pareció muy seria en el sentido de que podían vengarse de cualquiera forma en nuestras propias personas y familia".
Respecto de la minuta, declara que fue firmada por él pero desconoce la firma y grafismo manuscrito al pie.
Reitera que los detenidos eran once y que no conoce a los menores que supuestamente murieron también ese día. Se refería a Iván Ordóñez, Miguel Brant, José Herrera y Manuel Navarro. Todos los carabineros que participaron en los hechos iban armados con fusiles SIG y munición NATO.
Comparecieron también otros carabineros de la dotación, varios de ellos confirmaron la versión del capitán Castro, agregando que los detenidos estaban amarrados con trintrollas (especie de lienza), que iban tendidos en la plataforma del camión y que se valieron de las manos y los pies para arrojar piedras y material de las laderas del cerro al interior de los hornos.
El 15 de marzo de 1979, los familiares de los desaparecidos de las familias Maureira, Astudillo y Hernández presentaron una querella criminal por secuestro en contra de los carabineros que participaron en el arresto, por falsificación de instrumento público contra el Teniente Castro y homicidio calificado contra los que resultaran responsables.
Al día siguiente, el Ministro Bañados rechazó la tramitación de la querella por cuanto faltaban antecedentes para afirmar que efectivamemte fueran las personas encontradas en los hornos y que, en el evento de que los responsables fueran los carabineros, ese Tribunal carecería de la competencia para sustanciar el proceso.
El 4 de abril de 1979, el Ministro en Visita se declaró incompetente. En la resolución, el Ministro señala las siguientes conclusiones:
Establece que la identidad de los cadáveres encontrados corresponde a los 15 detenidos el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo.
Presume que "se consumaron múltiples delitos de homicidio perpetrados, al parecer, en un mismo acto".
Da por establecido que es falsa la información dada por Carabineros de que la víctimas fueron llevadas detenidas al Estadio Nacional.
Igualmente da por falsa la información oficial de que los cadáveres ingresaron al Instituto Médico Legal durante los años 1973 y 1974.
Establece como "intrínsecamente inverosímil" la versión del Capitán Lautaro Castro, quien explica la muerte de los detenidos como el resultado de un ataque armado causado por desconocidos en la noche, porque no cabe imaginar que los proyectiles contrarios hayan impactado, en las condiciones ya expresadas, tan sólo a los prisioneros y no a sus captores; que del tiroteo que allí se produjo, no haya quedado ningún rastro, bajo ningún respecto y que, en la totalidad de los casos, las lesiones fueran de tal condición que provocaran la muerte instantánea de las víctimas".
Señala que, "en ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas".
Considera que los carabineros actuaron en acto de servicio y que en los hechos "tuvo ingerencia y responsabilidad directa el Jefe de la Tenencia sin perjuicio de la que pueda afectar a los que obraron bajo su mando".
Los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar el 10 de abril y en la Segunda Fiscalía Militar se instruyó el proceso Rol 200 79 a cargo del Fiscal Gonzalo Salazar Swett.
De esta etapa del proceso cabe destacar la declaración de un testigo cuñado de los hermanos Hernández quien fuera también arrestado el 7 de octubre de 1973 junto con ellos en el domicilio de éstos. El sostiene haber estado con los once detenidos durante el trayecto a la Tenencia y, al llegar a este recinto, él sólo permaneció alrededor de media hora y luego fue llevado a su hogar por un carabinero.
También comparece el ex funcionario de Carabineros, Pablo Ñancupil Raquileo, dado de baja en 1977, quien prestó servicios en la Tenencia de Isla de Maipo entre 1971 y 1975. El señala que tuvo a su cargo la detención de los Maureira y los Astudillo, ordenada personalmente por el Teniente Castro; no recuerda haber aprehendido a los hermanos Hernández. Agrega que en los respectivos registros de las viviendas no encontraron armas ni documentos que permitieran catalogarlos de "peligrosos". En relación a esto el Teniente Castro había manifestado anteriormente haberse guíado por una nómina y un plano del cuartel encontrado en casa de uno de los hijos de Sergio Maureira para realizar las otras detenciones.
Agrega el ex carabinero Ñancupil que unos dos días después del arresto vio, en una pieza del recinto policial destinada a bodega, "a más de 10 y menos de 25 personas", tendidas en el piso y con las manos amarradas a la espalda entre los que reconoció a los detenidos por él y además a tres de los jóvenes aprehendidos en la plaza a quienes nombra por sus apellidos: Brant, Ordóñez y Navarro.
Señala además no haber participado en el traslado de los detenidos desde la Tenencia y no le consta la suerte corrida por ellos, aunque dice que, a raíz de los comentarios de la gente en el sentido de que los detenidos no aparecían, oyó decir a un carabinero: "qué van a aparecer estos… si los matamos".
El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra de Lautaro Castro Mendoza, Juan J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, en calidad de autores del delito de violencias innecesarias causando la muerte de todos los detenidos el 7 de octubre de 1973. El 16 de agosto se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente en favor de los reos, en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978; apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.
Por otra parte, la Fiscalía Militar no devolvió los restos y, por segunda vez, estos fueron enterrados al margen de sus familiares. A pesar de las evidencias del proceso, las muertes de Enrique Astudillo Alvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas y Ramón Astudillo Rojas no fueron inscritas en el Registro Civil. No se dispone de certificado de defunción.  

Estimados señores,
Mi padre Enrique astudillo Alvarez y mis hermanos Ramón y Omar Astudillo , fueron exumados el año 2006, del cementerio de Isla de Maipo, y sus restos fueron trasladados al servicio medico legal de santiago….duró 4 años el porceso de identificación entre el servicio medico legal de santigo de chile y el laboratorio de TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS……y en febrero del año 2010 se entrega la información a los familiares que nuestros seres queridos habían sido identificados , información entregada por el ministro SOLIS que tenia la causa .
Los restos de nuestros familares fueron entregadospor el servicio medico legal el día 26 de marzo de 2010 para darle una cristiana sepultura…..en el cementerio de isla de maipo….previo velatorio de 2 noches …….

Atte.

EMILIO ASTUDILLO ROJAS
Presidente de la Agrupación de Victimas de Lonquen
Hijo y Hermano de las victimas

Mail : reastud@islademaipo.cl

El 7 de octubre de 1973, a las 21.45 horas, un grupo de once campesinos de la localidad de Isla de Maipo fue detenido por funcionarios de Carabineros. Los policías no portaban órdenes de detención ni allanamiento de los domicilios de esas personas. Numerosos testigos vieron cómo se los golpeaba y subía a una camioneta blanca de propiedad del dueño del Fundo Naguayán -donde se encontraban las casas de las tres familias-, se los amarraba y tendía boca abajo en el piso del vehículo.

Se trataba de los obreros agrícolas: Enrique Astudillo Álvarez (51 años), Omar Astudillo Rojas (20), Ramón Astudillo Rojas (27), Carlos Hernández Flores (39), Nelson Hernández Flores (32), Oscar Hernández Flores (30), Sergio Maureira Lillo (46), José Maureira Muñoz (26), Rodolfo Maureira Muñoz (22), Segundo Maureira Muñoz (24) y Sergio Maureira Muñoz (27). Sobre sus espaldas iban parados los funcionarios de Carabineros. Se pasearon por las calles del pueblo, para intimidar a toda la población. Finalmente, se los trasladó al retén.

La misma suerte corrieron cuatro jóvenes que ese mismo día habían sido detenidos en la plaza del pueblo: Miguel Brant Bustamante (22 años), Manuel Navarro Salinas (20), Iván Ordóñez Lama (17) y José Herrera Villegas (17).

Los familiares fueron engañados por las autoridades del gobierno. Se les informó que los detenidos habían sido trasladados al Estadio Nacional, en la capital. Los parientes interpusieron, en 1974, un recurso de amparo. Requeridas las autoridades de la localidad, por los tribunales, se limitaron a señalar que «todos habían sido trasladados con fecha 8 de octubre de 1973 al Estadio Nacional». Lo que era completamente falso.

El SENDET (Servicio Nacional de Detenidos), indicó contradictoriamente que «no tenía, ni había tenido nunca, información sobre ellos».

Sergio Diez -hoy senador de Renovación Nacional-, y en ese entonces delegado de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte en la OEA, mintió en 1975 ante todo el mundo, diciendo que: «estas personas no tenían existencia legal», mientras otros «detenidos de Lonquén habían sido ingresados al Instituto Médico Legal en octubre de 1973».

El 29 de noviembre de 1978, un informante entregó a la Iglesia Católica los datos del lugar exacto donde se encontraban los malogrados restos de los campesinos y jóvenes: Unos hornos de cal en la localidad de Lonquén, a 14 kilómetros del pueblo de Talagante.

El Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, y el Obispo de Santiago, Enrique Alvear, decidieron verificar la información concurriendo al lugar junto a periodistas -Jaime Martínez (Qué Pasa) y Abraham Santibáñez (Revista Hoy)- y los abogados Máximo Pacheco (PDC) y Alejandro González.

La prensa informó: «En una antigua construcción de piedra, de unos doce metros de alto, adosada a la falda de un cerro, en cuyo interior existen dos silos de dos metros y medio, estaban los cadáveres (…) En el otro, tapado con piedras desde arriba y con una salida en su parte inferior, también tapiada, se encontraban restos humanos, un cráneo, ropas destrozadas (…)».

Fue un golpe certero y doloroso a la conciencia de miles de chilenos. Una herida abierta hasta hoy, indecible. Una imagen de dolor y miseria humana, de horror sin límite y brutalidad que la historia de la humanidad recordará para siempre. Nada pudo hacer Pinochet y sus lacayos para esconder el horrendo crimen. El obispo informó a Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema y colaborador del régimen, quien remitió los antecedentes al Juzgado de Talagante. Se designó a la jueza Juana Godoy para iniciar la investigación.

En diciembre de 1978 se remitieron los restos al Instituto Médico Legal. El pleno de la Corte Suprema designó como ministro en Visita al juez Adolfo Bañados, quien ordenó se hicieran autopsias, exámenes balísticos y reunió los procesos en que se había denunciado desaparecimiento de personas o presunta desgracia. Interrogó a los familiares de los campesinos «desaparecidos».

Los efectivos policiales involucrados: Lautaro Castro Mendoza -jefe de la Tenencia de Isla de Maipo- y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, entregaron ante los tribunales la versión de que habían «llevado a los detenidos, de alta peligrosidad, a los hornos de Lonquén, con el objeto de desenterrar el armamento que tenían oculto, y que luego -en el lugar-, habían sufrido un ataque armado de desconocidos, siendo los campesinos muertos por la balacera. Ante el temor a represalias, habían decidido ocultar los cuerpos en los hornos abandonados».

En abril de 1979 el ministro Bañados debió declararse incompetente debido a la legislación imperante que otorga fuero a los uniformados y entrega los casos criminales en los que se encuentran nvolucrados a manos de la Justicia Militar. Estableció sí -antes de dejar el caso- la responsabilidad de éstos policías en los hechos. Su resolución dice: «La versión (…) para tratar de explicar la muerte de sus prisioneros, no sólo se contrapone al mérito de autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, desde luego, por lo que concierne al número de las víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otros tipos de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego, impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas».

El proceso pasó entonces a manos del «Segundo Juzgado Militar», que encargó reo a los funcionarios de Carabineros en calidad de «autores del delito de violencia innecesaria causando la muerte». Luego de un corto trámite, el caso se sobreseyó definitivamente por medio de la Ley de Amnistía dictada por Pinochet, legislación a la cual los ocho carabineros habían solicitado acogerse. Posteriormente la «Corte Marcial» confirmó esa resolución.

El asesino Lautaro Castro fue ascendido al grado de Capitán.

A un año de haber sido encontrados los cuerpos de los campesinos y jóvenes, se procedió a la entrega de los restos a sus familiares. Los cuerpos fueron trasladados por funcionarios del Instituto Médico Legal a Isla de Maipo y sepultados en forma inmediata -salvo Sergio Maureira Lillo- para eludir la presencia de sus familiares, depositándolos en una fosa común. Los familiares, agraviados una vez más por las autoridades militares, interpusieron un recurso de queja ante la Corte Marcial -que se vio en la obligación de acogerlo-, en contra del fiscal militar Gonzalo Salazar Sweet, por «falta y abuso cometidos al no cumplir la orden de entrega de los cadáveres». Se le aplicó una censura por escrito. En enero de 1980 la Corte Suprema decidió dejarla sin efecto, al considerar que el fiscal «no incurrió en ninguna falta. Fueron los propios jueces que se la impusieron los que le señalaron el procedimiento que empleó».

Se presentó nuevamente una denuncia a la justicia por la muerte de los campesinos de Isla de Maipo. Esta causa fue llevada por el ministro en visita Héctor Solís, quien no pudo continuar con su investigación. La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes, continuó la investigación finalizándola el 12 de septiembre de 2016 cuando dictó sentencia de primera instancia. La ministra condenó a los 7 carabineros que detuvieron a los quince campesinos, se condenó por el delito de secuestro calificado a los ex carabineros: Lautaro Castro Mendoza, jefe de la patrulla, a la pena de 20 años de presión por su responsabilidad como autor. David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, Juan José Villegas Navarro condenados a la pena de 15 años de prisión. Pablo Ñancupil Raguileo fue condenado a 900 días de prisión. El caso pasó a segunda instancia, la Corte de Apelaciones de San Miguel, el 16 de mayo del 2017, confirmó la sentencia. El 16 de junio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 6 ex carabineros dado que el jefe de los carabineros Lautaro Castro falleció antes de la condena.

El 18 de febrero de 2010, el Ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, dio a conocer la identificación de 13 de los 15 cuerpos, cuyos restos fueron encontrados en 1978, permitiendo que finalmente se pudiera realizar la sepultura, siendo el 26 de marzo el retiro de osamentas desde el Servicio Médico Legal. El 27 de marzo se realizó un velatorio público en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de Maipo y el domingo 28, la sepultación solemne de las víctimas en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo.

Los Hornos de Lonquén fueron demolidos para borrar todo vestigio y huellas de memoria, para imponer definitivamente el olvido.

Por Arnaldo Pérez Guerra

En la medianoche del pasado viernes 9 de agosto ha fallecido en su casa de Isla de Maipo, Emilio Astudillo Rojas.

Un hombre que hace cuarenta y seis años vio su vida dar un vuelco radical. En la fatídica noche del 7 de octubre de 1973 con apenas casi diecisiete años, fue testigo de cómo su padre y sus dos hermanos mayores eran secuestrados por agentes policiales para -después de cinco años de búsqueda infructuosa- enfrentarse a la demoledora verdad que surgió a finales 1978; sus familiares, junto doce vecinos de Isla de Maipo, fueron encontrados al interior de los fatídicos hornos de Lonquén.

De ahí en adelante Emilio tuvo que ocupar el lugar de su padre desaparecido, no sólo en el hogar sino que también más tarde en la lucha sindical, Primero en el mismo fundo en el que trabajaba don Enrique Astudillo y luego a nivel provincial, e incluso nacional. En plena dictadura Emilio entendió que su tarea fundamental sería burlar los designios de violencia reaccionaria y criminal, con la valiente premisa de que donde cae uno surgirán diez.

Después de la recuperación de la democracia, todos sus esfuerzos se volcaron a la importante labor de construir memoria y reivindicar la memoria de los caídos en la ciudad y fundamentalmente en el campo. Es así como fue actor clave en la formación de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y la corporación del mismo nombre.

Su liderazgo y la firme voluntad de luchar por la verdad y la justicia es un desafío que su muerte prematura nos deja a quienes fuimos sus amigos y compañeros. Emilio amigo: puedes estar tranquilo, porque dónde sea que estés, tu brillante ejemplo será la luz que alumbre nuestro camino.

“Hay hombres que luchan un dia y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles".

BERTOLT BRECHT

El 1 de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad anunció el hallazgo de quince cadáveres en unos hornos de Lonquén. Pronto se supo que los cuerpos correspondían a un grupo de detenidos desaparecidos de Isla de Maipo. Ese hecho, en el que se basó el primer capítulo de Los archivos del cardenal, demolió la versión oficial de la dictadura, que negaba la existencia de desaparecidos. Miembros de una discreta comisión convocada por el cardenal Silva Henríquez y ex funcionarios de la Vicaría reconstruyen aquí uno de los hechos más relevantes en la historia del organismo.

A

braham Santibáñez, subdirector de la revista Hoy, recibió una llamada de la Vicaría pidiéndole que se presentara en el edificio de Plaza de Armas de inmediato, pues debían entregarle una información importante. Ese caluroso noviembre de 1978, el país estaba bajo estado de emergencia y la única revista opositora con permiso para circular era Hoy. Santibáñez no hizo más preguntas y enfiló desde Providencia hacia la casona que ocupaba la Vicaría de la Solidaridad junto a la Catedral Metropolitana de Santiago.

Jaime Martínez, el director de la revista Qué Pasa, recibió un llamado similar. Máximo Pacheco, ex ministro de Justicia de Eduardo Frei Montalva y ex parlamentario, entonces vicepresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también fue convocado. En la Vicaría, los tres se encontraron con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y con el vicario, Cristián Precht. Allí se les explicó que si aceptaban quedarse recibirían una información confidencial, respecto de la cual debían mantener estricto secreto a la espera de que se presentara una denuncia formal. Todos asintieron y la puerta se cerró. Según recuerda María Luisa Sepúlveda, entonces asistente social de la Vicaría y hoy presidenta del directorio de la Fundación Museo de la Memoria, se les contó del hallazgo de osamentas y se les pidió que constituyeran una comisión de hombres buenos para verificar la información. La petición fue que partieran de inmediato al sitio de los hechos, en autos de funcionarios de la Vicaría.

«Quisimos constituir una comisión que tuviera credibilidad frente a cualquier tribunal», cuenta Javier Luis Egaña, entonces secretario ejecutivo de la Vicaría.

Augusto Góngora, quien era director de la revista Solidaridad (de la Vicaría), recuerda que para las autoridades de la institución eclesiástica era muy importante la presencia de Martínez en el grupo: «A mí me impresionó mucho que él accediera. Qué Pasa era una revista de derecha y suponíamos que las ideas políticas de Martínez eran proclives al régimen. Sin embargo, yo creo que él actuó motivado por un sentido ético superior. No podía sustraerse de una denuncia de esa magnitud. Creo que además influyó su formación de periodista».

Abraham Santibáñez recuerda que quiso llamar a Hoy para avisar que se demoraría, pero se lo impidieron. «Les dijimos que no se preocuparan, que eso lo haríamos nosotros», recuerda Egaña.

El cometido tenía una importancia trascendental porque, hasta entonces, las denuncias sobre detenidos desaparecidos habían sido descalificadas oficialmente, tanto en Chile como en foros internacionales. En 1975, por ejemplo, el embajador chileno ante la ONU, Sergio Diez, había puesto en duda la existencia de personas cuya desaparición se había denunciado ante los tribunales. La propia Corte Suprema había cuestionado las identidades de los prisioneros. Y el Ministerio del Interior emitía rutinariamente informes negando que los desaparecidos hubieran sido alguna vez detenidos por los servicios de seguridad.

Un anciano con un cucalón
La primera semana de noviembre de 1978, un «anciano extravagante, con un cucalón en la cabeza, barba crecida y botas altas» se presentó en las oficinas de la Vicaría. Quería hacer una denuncia sobre restos humanos que había encontrado en Lonquén, a condición de que se reservara su identidad. Lo atendió el sacerdote Gonzalo Aguirre, quien tenía una oficina habilitada para recibir denuncias.

Inocencio de los Ángeles confidenció que era un campesino, un ermitaño, que vivía en las cercanías de los hornos de cal de Lonquén. En los días posteriores al golpe de Estado, había escuchado disparos y el ruido de bultos cayendo en los enormes socavones de piedra. Estaba convencido de que allí había unos ciento cincuenta cuerpos.

Gonzalo Aguirre viajó al lugar con Inocencio y encontró restos óseos. No obstante, en la Vicaría se tomó la decisión de postergar nuevas acciones hasta que culminara la realización del simposio «La dignidad del hombre: sus derechos y deberes en el mundo de hoy», que había organizado la Iglesia y que se celebraba en Santiago para conmemorar el Año Internacional por los Derechos Humanos. A esa reunión, de carácter ecuménico y laico, concurrían las más altas autoridades en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, la OEA, organismos internacionales y un enviado especial del Vaticano.

«Era el primer encuentro de estas características en Latinoamérica [desde el comienzo de las dictaduras militares], y la trascendencia de los invitados era tal que las gestiones para evitar su realización no prosperaron», recuerda Enrique Palet, por aquel entonces integrante de un comité de asesores del vicario Cristián Precht y del comité patrocinador del simposio.

El encuentro no estuvo ajeno a las vicisitudes. La idea original era que se desarrollara íntegramente en la Catedral. Con ese objetivo se retiró el altar, se movieron los escaños y se instalaron escritorios y mesas de trabajo. Detrás, en el presbiterio, colgaba a todo lo ancho un cartel que decía: «TODO HOMBRE TIENE DERECHO A SER PERSONA». Cuarenta y ocho horas antes de que comenzara, el cardenal Raúl Silva Henríquez citó a los organizadores para analizar la suspensión del simposio, pues el Cabildo de Santiago –la entidad eclesiástica que administra la Catedral– se oponía al uso del templo para ese fin. El Gobierno había ofrecido el edificio Diego Portales, pero ya el cardenal lo había rechazado, por razones obvias.

«Siempre me va a pesar lo duros que fuimos con él. Unánimemente nos opusimos a la suspensión. El cardenal nos dijo que tenía responsabilidades como pastor y que, aun a pesar de su sentir personal, debía negar el uso de la Catedral, salvo para el acto inaugural y el de clausura. Todavía me acuerdo de que, cuando terminó la reunión, lo vi marcharse caminando solo por el pasillo de la Vicaría, con el sombrero en la mano. Qué injustos fuimos. Con todo lo que él había hecho», relata Palet.

Repuestos de la mala noticia, los organizadores transformaron el interior de la Vicaría para convertirlo en un centro de eventos. El cartel tras el altar de la Catedral quedó allí toda la semana. En la ceremonia de inauguración del simposio se presentó la Cantata de los derechos humanos, compuesta por el sacerdote Esteban Gumucio en los textos y Alejandro Guarello en la música: «… Pero vino Caín y fue de noche. Cual fiera se lanzó contra su hermano», rezaba un verso de la obra. En los pasajes narrados, la voz de Roberto Parada tronaba en la Catedral.

Destapar el hallazgo de las osamentas en medio del simposio hubiera tenido un impacto mundial. Pero en la Vicaría temieron que la dictadura los acusara de orquestar un montaje.

«Nos dijimos: “Nos van a sacar la mugre”. Era la primera demostración de que los detenidos desaparecidos existían y de que ya no se podía seguir hablando de “presuntos”», explica Egaña.

María Luisa Sepúlveda recuerda que «fue muy angustiante guardarnos la información y manejar la seguridad del lugar. El simposio había empezado en abril con discusiones en organizaciones de base sobre los derechos humanos en los distintos ámbitos, en un momento en que nadie podía hacer nada, y las autoridades internacionales venían a reunirse con esas mesas de trabajo para debatir sobre sus conclusiones. No queríamos hacer nada que arriesgara ese trabajo que había costado tanto, ni que la denuncia terminara en un show y nos robaran los cuerpos».

Ya les había pasado con los ejecutados en la Cuesta de Chada, en 1974. Tras recibir la denuncia sobre la aparición de una veintena de cuerpos, los funcionarios de la Vicaría llegaron al lugar solo para descubrir que habían sido retirados. «Vinimos a encontrarlos en 1990, como osamentas arrumadas en el Servicio Médico Legal», cuenta María Luisa Sepúlveda.

El simposio terminó el 25 de noviembre, pero el último delegado se fue de Chile el 29. Recién entonces se sintió libre la Vicaría para proceder a tratar el caso Lonquén. Solo un puñado de los asistentes a la asamblea fue advertido para que estuviera atento a los sucesos posteriores a su partida.

Un catre
Abraham Santibáñez relata que al llegar al sitio los esperaba un grupo de seminaristas con chuzos y palas, para ayudarlos en la tarea. Primero se intentó entrar en los hornos, que tenían forma de embudo, por arriba. Pero una sólida losa de cemento lo impidió. Entonces lo intentaron por un socavón que se abría en la base. Era un espacio en forma de tubo, que se iba estrechando y que obligó a los testigos a reptar e introducirse por un pequeño boquete que al fin se abría por debajo de los hornos. La luz no entraba por ninguna parte y tuvieron que encender antorchas con papel de diario para iluminar y mirar hacia arriba.

«Había una rejilla metálica, como la de un somier, que había quedado atravesada sobre nuestras cabezas y sobre ella se veían calaveras amarillentas, con restos de cabellos, retazos de ropa, huesos largos», describe Santibáñez.

Máximo Pacheco contó en una entrevista: «Comenzamos a abrir el horno por abajo y de repente sale una calavera. Y después, un hueso, otro hueso y otro hueso. Yo creí que me desmayaba. Nunca en mi vida había visto una cosa semejante».

Pacheco recuerda que el calor era insoportable y que a la sombra de un arbolito hizo un alto para reponerse junto al obispo Alvear. Santibáñez agrega que «alguien sugirió, contra toda ortodoxia, que había que llevarse algunos huesos, por la eventualidad de que tras nuestra partida vinieran a llevárselos. Y así se hizo».

El 1 de diciembre de 1978, los más altos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, junto a Máximo Pacheco y al obispo Alvear, se presentaron en la Corte Suprema para presentar la denuncia y pedir una investigación. Los recibió el presidente, Israel Bórquez, quien tiempo antes había declarado estar «curco» con las denuncias sobre detenidos desaparecidos.

«Nos dijo: “¿Ustedes creen que si en el jardín de su casa ustedes hacen un hoyo y sale un hueso es suficiente para venir a molestar a la Corte Suprema?”. Yo le dije: “Señor, no es ese el caso. Y esta denuncia no es a usted, sino a la Corte, y yo quisiera que usted la presentara (al Pleno de la Corte)», relata Pacheco en la entrevista citada.

Bórquez enrostró al obispo Alvear que había sido un error presentar la denuncia con el patrocinio de Pacheco y Alejandro González (entonces jefe jurídico de la Vicaría), pues estos habían sido ministro y subsecretario de Justicia del Presidente Eduardo Frei Montalva, respectivamente, y para el juez eso significaba que eran políticos del nefasto viejo régimen; pero accedió a presentarla ante el Pleno. Pocas horas más tarde, la Corte Suprema ordenó a la jueza de Talagante iniciar la investigación.

La identificación
El 6 de diciembre el ministro Adolfo Bañados fue nombrado para investigar en calidad de ministro en visita. La noticia, que la Vicaría compartió con las familias que hasta entonces buscaban a los desaparecidos aún con la esperanza de que estuvieran vivos, desató una ola de ansiedad entre los parientes.

«Todos pensaban que podían ser sus familiares. Nosotros sospechábamos, por la denuncia inicial, que podría haber unos cien cuerpos y pensábamos que podían corresponder a hechos posteriores, tal vez a los 119 de la DINA”», afirma María Luisa Sepúlveda.

Los familiares de los desaparecidos empezaron a llegar a Lonquén mientras las asistentes sociales de la Vicaría, junto al sicólogo Sergio Lucero, intentaban contener su angustia en las oficinas de la Vicaría.

«No había entre nosotros nadie con experiencia forense, y el Instituto Médico Legal estaba controlado por la dictadura. Con la ayuda de un abogado de la Universidad de Chile empezamos a construir fichas antropomórficas de las víctimas. Hay que recordar que hasta entonces las familias los buscaban vivos. Nosotros tuvimos que empezar a preguntarles por la estatura, si habían tenido lesiones, si tenían fichas dentales, qué ropa usaban. No todos tenían fotos. En ese tiempo mucha gente se hacía la ropa: empezaron a llegar con botones, trozos de tela. Fue muy duro, muy duro», dice María Luisa Sepúlveda.

La primera noticia que ayudó a aclarar el puzle fue saber que los cuerpos eran solo quince. Y más tarde, ya en febrero de 1979, la boleta de una fuente de soda de Isla de Maipo que apareció en una de las chaquetas recuperadas de los hornos. Recién entonces la búsqueda se centró en los familiares de Isla de Maipo. Se trataba de varones de tres familias de campesinos que trabajaban en el fundo Naguayán, y de cuatro jóvenes capturados en la plaza de Isla de Maipo: Sergio Maureira Lillo, de 46 años, detenido junto a sus hijos Sergio Miguel (27), José Manuel (26), Rodolfo Antonio (22) y Segundo Armando (24); Enrique René Astudillo Alvarez (51), junto a sus hijos Ramón (27) y Omar (19); Carlos Segundo Hernández Flores (39 años), junto a sus hermanos Nelson (32) y Óscar (30). Los muchachos capturados en la plaza de Isla de Maipo eran Iván Ordóñez Lama, de 17 años, y sus amigos José Herrera Villegas (17), Miguel Brant Bustamante (19) y Manuel Navarro Salinas (20).

Todos ellos habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 por una patrulla de siete carabineros bajo órdenes del teniente Lautaro Castro Mendoza. A cargo de la patrulla iba Pablo Ñancupil, quien conocía personalmente a varias de las víctimas. Tras la desaparición del grupo, sus familiares habían recibido informaciones contradictorias sobre su paradero y recorrido los centros de detención de Santiago y sus alrededores, hasta que en 1975 Sergio Diez dijo ante Naciones Unidas que «muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal». El embajador chileno entregó entonces un listado entre los cuales figuraban ocho de los desaparecidos de Isla de Maipo: a Sergio Maureira lo había puesto en un listado de nombres ficticios y a otros siete los dio por encontrados muertos en el Servicio Médico Legal.

Las familias en Chile se desesperaron con la noticia, pero no recibieron ninguna confirmación sobre los decesos hasta que ese verano de 1978-1979 –poco después del hallazgo en los hornos de Lonquén– fueron convocadas a la Vicaría para entregar los antecedentes para las fichas de sus familiares desaparecidos. María Luisa Sepúlveda recuerda que Rosario Rojas, la esposa de Enrique Astudillo y madre de Ramón y Omar, lucía una trenza que prometió no cortar hasta que encontrara a los suyos.

Uno a uno, los parientes de Isla de Maipo tuvieron que enfrentarse en la morgue a la tarea de reconocer a sus parientes por la ropa que usaban el día de su desaparición.

Eran ellos. Rosario se cortó la trenza.

Retiro de televisores
El hallazgo de los cadáveres de los quince detenidos desaparecidos de Isla de Maipo no solo desmintió, en los hechos, la versión entregada por el embajador Diez ante las Naciones Unidas. También demolió el calificativo de «presuntos» detenidos desaparecidos, utilizado por las autoridades del régimen, la justicia y la prensa oficialista de la época.

El ministro Bañados, además, tuvo la audacia de dar por acreditados los crímenes y de detener y procesar a los carabineros antes de inhabilitarse y traspasar el caso a la justicia militar, el 4 de abril de 1979. En agosto, el fiscal militar Gonzalo Salazar aplicó la ley de amnistía, liberando a los inculpados. Con no pocas dificultades, los abogados de la Vicaría lograron que el fiscal Salazar firmara la orden de entrega del cuerpo de Sergio Maureira, y con esa notificación se organizó el velorio en la iglesia Recoleta Franciscana, el 14 de septiembre.

Cuatro mil personas se congregaron a la espera de que los cuerpos fueran entregados para realizar la misa fúnebre y enterrarlos en el Cementerio General.

«Nos habíamos organizado. Unos esperaban en el Médico Legal. Yo me iba de la iglesia de la Recoleta a la Vicaría, para llamar. Pasó mucho tiempo, pero nunca nos dijeron que había problemas. La iglesia estaba repleta, con gente de a pie. Muchos vinieron de lejos, con mucho esfuerzo. Cuando nos dijeron que no iban a entregar los cuerpos fue muy fuerte», relata María Luisa Sepúlveda.

«Fue un grito de llanto estremecedor. Todavía lo tengo aquí», dice Góngora como tapándose los oídos. «La gente se desmayaba, gritaba. Se sintió un movimiento de toda la iglesia, como que todos sintieron el instinto de abrazar a los familiares. Con todo lo que les habían hecho. Fue una crueldad que nunca nos imaginamos posible».

Funcionarios del Instituto Médico Legal habían retirado los cuerpos durante la noche y habían volcado las osamentas, mezcladas, en una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. El cuerpo de Sergio Maureira, el único oficialmente identificado por la fiscalía, fue enterrado en un cajón en una sepultura de tierra.

Abraham Santibáñez repara en el hecho de que negar la sepultura no cumplía ningún objetivo judicial, puesto que los restos ya habían sido identificados y los autores habían sido amnistiados. Los cuerpos, como evidencia, ya no podían inculpar a nadie.

Javier Luis Egaña no tiene dudas de que la orden provino de un nivel superior. «Fue una maldad sin nombre, de un profundo desprecio por la dignidad humana. Aunque no dudo de que había funcionarios descriteriados en el nivel intermedio, una cosa de esa magnitud requirió consulta a los más altos niveles. Fue una decisión tomada fríamente».

Los familiares de detenidos desaparecidos hicieron huelgas de hambre y el Arzobispado de Santiago solicitó la entrega de los cuerpos a los familiares. Lo mismo hicieron numerosas entidades nacionales e internacionales. Pero el ministro del Interior, Sergio Fernández, y las demás autoridades se mantuvieron inmutables. Ya en marzo de 1979 Fernández había rechazado el contenido de una carta firmada por más de cuarenta personalidades, entre ellas varios Premios Nacionales, Patricio Aylwin, Jaime Castillo Velasco y los hermanos Zaldívar. Los firmantes pedían que se investigaran las responsabilidades políticas en los casos por el asesinato de Orlando Letelier y las desapariciones de Isla de Maipo.

Esta fue, en parte, la respuesta del Ministerio conducido por Fernández: «Frente a tan lastimosas actitudes, el Ministerio del Interior no puede sino descalificar en forma absoluta y categórica la referida declaración, tan falsa como inoportuna y lesiva para el honor de Chile y sus instituciones, que solo ha sido fraguada por la desesperación de quienes ya nada pueden contra el avance de toda la nación, entregada por entero a trabajar honesta y lealmente por su propio desarrollo y que repudia a quienes, sin detenerse en ninguna clase de contubernios, pretenden retornar al caos, la anarquía y la demagogia».

María Luisa Sepúlveda recuerda que procesos judiciales posteriores revelaron que en diciembre de 1978, tras la aparición de los cuerpos en Lonquén, Augusto Pinochet dio la orden para que los regimientos a lo largo de todo el país realizaran la operación llamada «Retiro de televisores». Era la orden para desenterrar y deshacerse de los cuerpos de desaparecidos que habían sido ocultados en fosas clandestinas como las de Lonquén.

Epílogo
Los familiares de los desaparecidos de Isla de Maipo no dejarían de sufrir. Mientras duró la dictadura, no pudieron recuperar los cuerpos de sus familiares. Los hornos fueron comprados por un particular, dinamitados y cerrados al público. Los carabineros procesados por Bañados salieron en libertad y los civiles que instigaron el crimen de los campesinos nunca enfrentaron un juicio. Un proceso que busca establecer estas responsabilidades sigue abierto en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En cuanto a los restos, Emilio Astudillo, hoy concejal por Isla de Maipo, relata que en 2006, y pese a las dudas en el propio seno de la agrupación de familiares, decidieron pedir una exhumación para lograr la identificación plena de sus seres queridos. Cuatro años tardaron los expertos nacionales e internacionales –contratados por el Gobierno tras el escándalo por las identificaciones erróneas en el Patio 29– en dar certeza de la identidad de trece de las quince osamentas que se retiraron mezcladas de aquella fosa común. Dos víctimas aún esperan peritajes para su pleno reconocimiento. Como resultado de esas investigaciones científicas, los familiares confirmaron que los campesinos fueron asesinados a golpes y culatazos, y lanzados atados a los hornos.

Astudillo relata, a los pies del pequeño memorial creado con mucho esfuerzo y dificultades en el cementerio de Isla de Maipo, que recién en marzo de 2010 los familiares recibieron una muestra de las osamentas para sepultarlas en ataúdes poco más grandes que una caja de zapatos. Al fin pudieron despedirse de ellos, aunque algunos, como su madre (la mujer en que se inspiró el personaje que interpreta Luz Jiménez en el primer capítulo de Los archivos del cardenal) no soportó la espera de treinta y siete años. Rosario Rojas murió poco después de dar la muestra de ADN que confirmó que su marido y dos de sus doce hijos fueron asesinados por causa de un odio que nunca alcanzó a comprender.

ALCALDE CARLOS ADASME Y FAMILIA ASTUDILLO PARTICIPAN DE EMOTIVO Y SOLEMNE CEREMONIA DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FORMACIÓN CIUDADANA Y MEMORIAS

La Ley 20.911 crea una nueva asignatura de Educación Ciudadana obligatoria para estudiantes de 3° y 4° medio, que comenzará a impartirse el 2020. Ésta incorporará conocimientos y competencias cívicas, temáticas de teoría política y formación ética, para fortalecer la formación ciudadana como ejercicio democrático.

Bajo esta temática y con el propósito de preservar la memoria y respeto a los derechos humanos en nuestra comuna, hoy la primera autoridad realizó el lanzamiento del Programa Educativo Formación Ciudadana y Memorias.

El Programa tiene como objetivo formar, informar y transformar la mirada respecto a procesos históricos acontecidos en nuestra comuna y el país.

Se considera el proyecto como una estrategia para involucrar de manera activa y vivencial a los alumnos y alumnas que cursan de 7°año básico a 4° Medio.

Como un compromiso con la verdad y resaltando el testimonio de vida de un hijo de Isla de Maipo, es que este proyecto llevará el nombre del exconcejal, hijo de detenido desaparecido y exPresidente de la Corporación Lonquén, “Emilio Astudillo Rojas”.

El SLM  en conjunto con el ministro Héctor Solís informaron a los familiares de los ejecutados políticos de los hornos de Lonquén, la identificación de trece de las quince víctimas de la dictadura. Emilio Astudillo, representante de las familias, señaló que con esta confirmación podrán cerrar una etapa de largo duelo y dar sepultura a sus seres queridos.

El SLM  en conjunto con el ministro Héctor Solís informaron a los familiares de los ejecutados políticos de los hornos de Lonquén, la identificación de trece de las quince víctimas de la dictadura. Emilio Astudillo, representante de las familias, señaló que con esta confirmación podrán cerrar una etapa de largo duelo y dar sepultura a sus seres queridos.

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó la identidad de trece víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, correspondientes a los hallazgos de los hornos de Lonquén, uno de los casos emblemáticos de la dictadura que marcó un hito al corroborar la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país.

En una extensa jornada, el ministro Héctor Solís junto al director  nacional del SML, Dr. Patricio Bustos, se reunieron con las familias de las víctimas para darles a conocer los resultados de los informes periciales y el análisis genético que se realizaron en el Laboratorio de Texas, como explicó Bustos.

“Hemos entregado la identidad de trece víctimas, cuya identidad genética ha sido ratificada por el laboratorio de la Universidad de Texas, donde fueron enviadas las muestras óseas de las víctimas como las muestra sanguíneas de los familiares, lo que dio la certeza de la identidad de estas personas”, informó el director del SLM.

Las pericias concluyeron la identificación positiva de trece de las quince víctimas de la detención a un grupo de campesinos que se realizó en 1973 en Isla Maipo y cuyas edades fluctúan entre los 17 y 52 años.

Los cuerpos identificados corresponden a Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Maureira Lillo, José Maureira Muñoz, Iván Ordóñez Lamas, Miguel Brant Bustamante, Carlos Hernández Flores y Nelson Hernández Flores.

Sin embargo, a través del proceso no se logró corroborar la identidad de dos personas: Oscar Henández Flores y Manuel Jesús Navarro González. El SML, por instrucción del ministro Solís, continuará con los procedimientos necesarios para la identificación efectiva de estas dos víctimas.

Las identificaciones se realizaron a partir de osamentas encontradas en 1978 en una mina de cal abandonada, ubicada en la localidad de Lonquén, en la cooperativa agrícola El Triunfador, un pequeño poblado ubicado a catorce kilómetros de Talagante.

El Presidente de la Agrupación de familiares víctimas de Lonquén, Emilio Astudillo, cuyo padre y hermanos también fueran identificados a través de este proceso, señaló que hoy  existe la tranquilidad de poder terminar una larga etapa de duelo y reivindicar la memoria de sus familiares.

“Hay una cierta tranquilidad, porque vamos a cerrar parte del duelo que hemos vivido durante 36 años. Vamos a cerrar un ciclo en nuestras vidas vamos a poder dar digna sepultura a nuestros familiares y lo más importante es que vamos a reivindicar su memoria, porque cuando fueron secuestrados de las casas se les acusó de ‘presuntos extremistas’, siendo que ellos eran trabajadores del campo y dirigentes sociales de aquel tiempo. Y eso es lo que vamos a reivindicar cuando los sepultemos, que ellos eran luchadores sociales, que lucharon por un mejor bienestar para ellos y para sus hijos”, afirmó Astudillo.

Astudillo también confirmó que los cuerpos serán velados durante dos noches, desde el 5 al 7 de marzo en Isla Maipo, en un memorial inaugurado el año 2008 para las víctimas de Lonquén, mismo lugar donde, después de 36 años, se realizarán los funerales.