Araya Zuleta Bernardo

Bernardo Araya Zuleta, casado, cuatro hijos, ex diputado por el Partido Comunista, Dirigente Nacional de la CUT, fue detenido el día 2 de abril de 1976, alrededor de las 22:30 hrs., en su domicilio, ubicado en calle Barros Luco Nº 1.220, en la ciudad de Quinteros, provincia de Valparaíso, por alrededor de siete agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA los que saltaron la reja del antejardín e ingresaron a la vivienda. En el mismo operativo, junto a Araya Zuleta, fueron detenidos: su cónyuge María Olga Flores Barraza quien, al igual que la víctima, también se encuentra en calidad de detenida desaparecida; su cuñado Juan Flores Barraza y, sus nietos Ninoska Henríquez, Wladimir Henríquez y Eduardo Araya. Estos tres últimos, menores de 9, 15 y 9 años respectivamente.

Todo el grupo familiar fue trasladado hasta un recinto de detención en Santiago, en dos vehículos: un automóvil color celeste y un taxi. Antes de ingresar a la ciudad de Santiago, a los detenidos les pusieron cinta adhesiva en sus ojos y algodón en sus oídos. Una vez en el recinto una casa de dos pisos, con dos ventanas pequeñas en el frontis y una grande en la parte de arriba, cercada por rejas y de gran amplitud su fondo los detenidos fueron interrogados por separado. En ese lugar, Bernardo Araya, fue llevado hasta el segundo piso de la casa, donde fue salvajemente torturado, lo colgaron de los brazos y le aplicaron fuertes golpes. Al resto del grupo lo hicieron permanecer en el primer piso de la edificación, donde podían escuchar como golpeaban a don Bernardo y los gritos de dolor de éste. Fue entonces cuando doña María Olga solicitó ver a su esposo, sus torturadores accedieron, cuestión que la afectó mucho. Desde ese momento todos fueron trasladados al segundo piso, excepto Juan Flores. Aproximadamente a las 19:00 hrs. del día 3 de abril, éste último escuchó cuando bajaban, desde el segundo piso, a su hermana a la que llevaban con destino desconocido, al parecer junto a su cónyuge, Bernardo Araya. Desde esa fecha no les volvió escuchar ni supo más de ellos. Alrededor de las 22:00 hrs. de ese mismo día, Juan Flores y los nietos del matrimonio Araya Flores, fueron subidos a un vehículo y, después de una media hora, puestos en libertad a unas cinco cuadras de la casa de Alberto Araya, hijo de Bernardo y de María Olga.

Testigo de la reclusión del matrimonio Araya Flores fue Carlos Mario Ossandón Cañas, quien fuera detenido el 10 de abril de 1976 por un comando integrado por efectivos Militares y Carabineros. Ossandón que fue llevado a una casa de dos pisos ubicada en un pasaje que tenía entrada y salida a la calle Vivaceta, recuerda haberlos visto juntos en el pasillo, ella sentada en una silla y don Bernardo Araya hincado en el suelo. En una ocasión pudo conversar con ellos, por lo que no duda de la identidad de estos dos detenidos. El, al igual que otros detenidos en ese recinto, vieron en una sala de interrogatorios un plano y un organigrama del Partido Comunista. También escuchó a uno de los agentes decir "aquí tengo un viejo del Comité Central", claramente se refería a Bernardo Araya. Este testigo señala que mientras el estuvo recluido en el recinto donde vio detenido a los Araya Flores, vio también en el lugar al entonces Director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda.

Entre los agentes que participaron en la detención, Juan Marino Flores, hermano de María Olga, pudo reconocer a un ex capataz de la Municipalidad de Quinteros, Alfonso Córdoba Cisternas, apodado "Pelacho", quien posteriormente negó su participación en los hechos reseñados. Igualmente, participaron en el operativo, dos agentes a los que llamaban Gerardo y Lalo, respectivamente. Otro de los agentes, pero en este caso de reclusión, era una mujer joven, que se hacía llamar o le decían María (La) Paz.

El domicilio santiaguino, donde Bernardo Araya y su esposa habían residido hasta antes del 11 de septiembre de 1973 y que, al momento de los hechos, lo ocupaba la familia de su hija María Mónica, ubicado en la calle Sorrento Nº629, de la Población Lautaro, comuna de Pudahuel, fue allanado en cinco ocasiones en operativos conjuntos de Carabineros, civiles y Militares, los que tenían por objetivo detener a Bernardo Araya. Precisamente, con esas intenciones, esta vivienda fue objeto de vigilancia permanente durante unos quince días previos a la detención. Incluso, para tales propósitos, agentes de la DINA entre los que se encontraba una mujer joven que se hacía llamar "Lola", y dos hombres, a los que les decían Eduardo e Iván se instalaron en una casa vecina, perteneciente al Sub oficial (R) de Carabineros Guillermo Retamal, quien la facilitó para tales efectos.

Cabe señalar que la familia del matrimonio Araya Flores vivió en medio de la búsqueda gravísimos y múltiples problemas de seguridad. Los niños que fueron detenidos junto a sus abuelos y sus hermanos debieron partir al exilio, al igual que el padre de ellos. El hermano mayor de los niños en esa época, Wladimir Henríquez Araya, fue muerto por efectivos de la CNI, en junio de 1987, él había ingresado clandestinamente al país. Una hija, Mónica Araya Flores, fue una de los profesores secuestrados por Carabineros en la AGECH, cuando degollaron a tres profesionales comunistas en marzo de 1985 por los mismos Carabineros aprehensores.

A pesar de las múltiples gestiones realizadas para salvarle la vida al matrimonio Araya Flores y de los graves problemas de seguridad vividos por sus familiares Bernardo Araya Zuleta y Olga Flores Barraza permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El día 5 de abril de 1976, se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº264 76 en favor de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, el que fue rechazado el 26 de mayo de 1976, con el sólo informe del Ministerio del Interior, el que niega la detención por orden de esa Secretaría de Estado. El 31 del mismo mes fue confirmada dicha resolución por la Corte Suprema.

A pesar de que el Ministerio del Interior, primero en el amparo y después en el proceso por presunta desgracia, permanentemente, negara la detención del matrimonio y afirmara desconocer su paradero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló a la Comisión Económica para América Latina CEPAL que Bernardo Araya registraba salida del país con fecha 7 de abril de 1976 por Pudahuel y que, María Flores registraba salida del país en la fecha indicada por el paso fronterizo "Los Libertadores". El 31 de agosto de 1978, el mismo Ministerio informó al Tribunal que Bernardo Araya registraba salida del país en la fecha indicada por el paso "Los Libertadores" y que María Flores no registraba anotaciones de viaje. Finalmente, el 10 de septiembre de 1979, el prefecto jefe de Policía Internacional y Extranjería, informó al Tribunal que ambos afectados registraban salida del territorio nacional, con fecha 7 de abril de 1976 por el paso "Los Libertadores".

El día 17 de junio de 1976, el Undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, recibió los antecedentes enviados por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que le ordenaba investigar los hechos que originaron el desaparecimiento de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza; los que fueron acumulados a la causa Nº6.149 7, que investigaba los mismos hechos en ese Tribunal, a raíz de una querella interpuesta el 3 de mayo de 1976, por el delito de secuestro en contra de las personas denominadas Lalo, Gerardo y Marcela Paz o Marcela La Paz y, quienes resulten responsables.

En ese proceso declaró el Sub oficial de Carabineros (R), Juan Guillermo Retamal Fuentealba, quien señaló que a mediados del mes de marzo de 1976, llegaron hasta su domicilio dos agentes que se identificaron exhibiendo credenciales pertenecientes a la DINA, quienes solicitaron su autorización para vigilar, desde su casa, el domicilio del matrimonio Araya Flores, lo que realizaron durante varios días. Esta situación fue confirmada por el carabinero Mario Segundo González Espinoza, quien concurrió hasta dicho lugar a petición de una vecina que notó la vigilancia, ante el cual los agentes se identificaron como funcionarios de la DINA, exhibiéndoles sus respectivas Tarjetas de Identificación de las Fuerzas Armadas TIFAS .

Esta causa fue sobreseída temporalmente el 15 de noviembre de 1978 y, reabierta el 20 del mismo mes y año. Para ser nuevamente cerrada el 3 de mayo de 1978, en virtud de la Ley de Amnistía (D.L. Nº 2.191) resolución que no fue rechazada por la Corte. Después de esta última fecha, el sumario fue cerrado y reabierto en otras dos oportunidades.

Sin embargo, hay que destacar diversas situaciones relevantes en el desarrollo del proceso. Por ejemplo, el 14 de julio de 1976 la Corte de Apelaciones de Santiago, en la tramitación de otro Recurso de Amparo rol Nº 525 76, ordena remitir la causa a esa Corte, devolviendo los autos al 11º Juzgado del Crimen de Santiago, recién el 5 de julio de 1977, es decir, una vez transcurrido un año.

Con fecha 3 de mayo de 1978, en virtud de la reciente promulgación del Decreto Ley 2.191 (Ley de Amnistía) y del artículo 93 del Código Penal, el Juez decretó el sobreseimiento definitivo. No obstante, el Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago haber aprobado este fallo, declaró que es presupuesto previo el que se haya comprobado que se ha cometido un hecho delictuoso para que opere la Ley de Amnistía, lo que en el proceso no ha ocurrido. Esta declaración le dio el carácter de temporal al sobreseimiento, lo que fue confirmado por la Corte.

El 24 de agosto de 1978 se solicitó la reapertura del sumario, la que se decreta el día 30. El 12 de julio de 1979, el Ministro en Visita Servando Jordán, decreta que la tramitación de esta causa continúa en esa Visita, sobreseyéndola temporalmente el 31 de octubre de 1979, resolución que fue confirmada por la Corte Suprema el 24 de diciembre de 1979.

Cabe señalar que por el matrimonio Araya Flores se hicieron múltiples gestiones, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar su suerte; una de ellas fue la interposición de un Recurso de Amparo presentado en abril de 1977 por organizaciones italianas. Respecto de este Recurso la Corte de Apelaciones de Santiago, el 21 de abril de ese año, determinó que para dar curso al Recurso debía acreditarse que éste fue interpuesto por personas capases de aparecer en juicio. El recurso finalmente no fue acogido a tramitación.

Los casos de Bernardo Araya Zuleta y de María Olga Flores Barraza fueron incluidos en la nómina de casos que fue presentada en la querella contra el ex Director de la DINA, entonces Coronel Manuel Contreras Sepúlveda. Este proceso se radicó en la 2a. Fiscalía Militar y roló con el N° 553 78. En él se acumularon 37 expedientes, la mayor parte provenientes de la investigación que realizó el Ministro en Visita por casos de detenidos desaparecidos de Santiago; otros provenían de resoluciones de incompetencias solicitadas por la misma Fiscalía Militar. Especialmente en la Visita del Ministro Servando Jordán se procesó importante información del actuar, de la identidad de los agentes, de los recursos que disponían y de los recintos de reclusión de la DINA. En el mes de marzo de 1983 el Fiscal Militar Instructor del proceso solicitó el sobreseimiento total y definitivo de esta causa, fallo que fue confirmado en 1992 por la Corte Marcial. La parte querellante presentó una Queja y en diciembre de 1992 se encontraba la causa en espera de ser vista para fallo en la Corte Suprema.

quí nos dieron pastillas, golpes y le hacían preguntas a mi abuelito siendo ya un ancianito", Ninoska relata en la carta escrita a Lucia Hiriat en 1976, después de 5 meses de no ver a sus abuelos.

Ninoska tenía sólo nueve años cuando el 30 de agosto de 1976, escribió una carta a Lucia Hiriart, la esposa del dictador Auguto Pinochet, contando cómo sus abuelos habían desaparecido.

En la misiva le relata la noche en que agentes de la DINA entraron a su casa y la sacaron junto a sus abuelos y familiares.

La niña escribe desde la tristeza y angustia, ya que había escuchado que el 03 de septiembre sería el Día de los abuelos, pero ella no sabía dónde se estaban los suyos o si lo volvería a ver.

RELATO A CONTINUACION 

30 de agosto de 1976

Sra. Lucia Hiriart de Pinochet

Sra. Lucia:

Yo sé que usted es una persona muy buena con los niños de Chile, así lo he visto por televisión.

Señora Lucia yo le escribo como una niña de 9 años que soy, y estoy muy preocupada porque se ha dicho que el 3 de septiembre es el Día de los abuelitos.

Yo quiero saber donde puedo saludar a los míos que fueron sacados un día 2 de abril en la noche desde nuestra casita. Quiero que usted le pregunte a esos señores de la DINA, así ellos lo dijeron. Dígales que me los manden por favor, y (pregunten) donde están ahora.

Yo siempre pienso que lo bonito y feo no se olvida, y nunca podré olvidar cuando fuimos sacados junto a mis abuelitos y otros familiares con los ojos vendados y traídos a Santiago.

Aquí nos dieron pastillas, golpes y le hacían preguntas a mi abuelito siendo ya un ancianito.

Usted es madre y abuelita también y quiero que vea en mi a una nieta de Chile con mucho dolor.

Yo me pregunto si es malo que mi abuelito haya tenido la idea de ser diputado de Chile; (o sis) para una nieta del señor Pinochet será malo que su abuelito haya tenido la idea de ser presidente. Yo creo que para nosotros los nietos, es lo más grande y feliz o yo no lo entiendo.

Le digo a usted que muchas veces me hinco a pedir y miro a Dios y le pregunto: ‘¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hicieron mis abuelitos que esos hombres malos se los llevaron?’.

Yo me pongo la mano en mi pequeño corazoncito y me dan deseos de gritar: ‘Basta. Devuélvanmelos. Es lo más querido de mi vida’, y termino llorando.

Yo le pido a usted que se ponga la mano en su corazón grande y bondadoso y le responda a esta nieta triste y enferma, porque ya son 5 meses que no los veo.

Los nombres de mis abuelitos son:
– María Olga Flores Barraza 61 años
– Bernardo Araya Zuleta 68 años

Saluda a usted Ninoska Henríquez Araya

(Esta carta se exhibe en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.) fuente; museodelamemoria y los derechos humanos

La Corte Suprema condenó a 10 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro calificado del matrimonio de Bernardo Araya Zuleta (ex diputado del Partido Comunista de 64 años) y su esposa María Olga Flores Araya (60).

La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia impugnada que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Ricardo Lawrence Mires, Pedro Bitterlich Jaramillo, Jorge Díaz Radulovich, Orlando Altamirano Sanhueza, Orlando Torrejón Gatica, Clara Barros Rojas y Guillermo Díaz Ramírez a 5 años y un día de presidio, en calidad de coautores del delito.

En el fallo se establece que la investigación realizada por el ministro en visita del caso, Miguel Vázquez Plaza, se comprobó la culpabilidad de los imputados en el hecho.

El 2 de abril de 1976, el matrimonio de Araya Zuleta y Flores Araya fueron detenidos sin orden pertinente en Quintero, región de Valparaíso, para ser trasladados a un centro de detención en la comuna de Independencia, en donde fueron interrogados, torturados y vistos con vida por última vez.

Además, se constató que fueron detenidos Vladimir y Ninoska Henríquez Araya, Eduardo Araya Rojas y Juan Flores Barraza, los primeros 3 nietos del matrimonio y el último hermano de Flores Barraza. Todos fueron liberados días después.

Por otra parte, organismos de seguridad y autoridades administrativas de la época informaron oficialmente que Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, registraban salida del país con destino a Argentina, por el paso Caracoles el 7 de abril de 1976. Esta situación fue desmentida posteriormente por instituciones trasandinas.

Finalmente, el fallo establece en el aspecto civil que el fisco deberá pagar una indemnización de 790 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

Así, se confirmó la condena dictada por el Ministro en visita Miguel Vázquez Plaza, pero modificó el quantum de las penas y los grados de participación de los sentenciados.

En fallo unánime, la Corte de Santiago condenó a 10 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del matrimonio conformado por Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, víctimas del denominado caso "Calle Conferencia", ilícito perpetrado a partir del 6 de abril de 1976.

Por lo tanto, los agentes Pedro Espinoza Bravo, Ricardo Lawrence Mires, Carlos López Tapia, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Pedro Bitterlich Jaramillo, Orlando Altamirano Sanhueza, Orlando Torrejón Gatica, Clara Barros Rojas y Guillermo Díaz Ramírez fueron condenados definitivamente a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, el agente Miguel Krassnoff Martchenko fue absuelto.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el Ministro en visita logró establecer que agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) comenzaron a vigilar el domicilio que tenía el matrimonio formado por Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza en la ciudad de Santiago en calle Sorrento Nº 629, para lo cual ocupaban la casa de un vecino y vehículos que los trasladaban por el sector a fin de hacer seguimientos, logrando averiguar que también tenía una vivienda en Quinteros, para lo cual se trasladaron a esa ciudad, desplegando una serie de actividades de control en la Municipalidad, arrendando una pieza de un vecino, para saber de sus movimientos, sin que al efecto hubiere algún motivo en especial, salvo la condición de militante del partido comunista del varón y haber sido diputado de la República, por ese conglomerado.

Asimismo, se señaló que el 2 de abril de 1976, alrededor de las 22 horas, agentes de la indicada repartición de Inteligencia, concurrieron al domicilio de calle Barros Luco N° 1220 de la comuna de Quinteros, los que sin orden competente procedieron a la detención del matrimonio compuesto por Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza.
Además, se afirma que Bernardo Araya Zuleta era ex diputado del Partido Comunista y casado con María Olga Flores Barraza; el matrimonio, a esa época; tenían 64 y 60 años de edad respectivamente.

A continuación, se agrega en la sentencia que ambos fueron trasladados al recinto que era utilizado para planificar la detención de miembros de la cúpula del partido comunista, para lo cual había un organigrama de dicho conglomerado en una pared, además era usado como lugar clandestino y provisorio de detención. Cuartel dependiente del organismo de seguridad, ubicado en calle Venecia N° 1722 comuna de Independencia, donde se les mantuvo privados de libertad, lugar en el que fueron vistos con vida por otros detenidos; Bernardo Araya fue sometido a interrogatorios y torturas acerca de la identidad de otros militantes y lugares de reunión, desconociéndose desde esa época el actual paradero de ambos integrantes del matrimonio, informando el Ministerio del Interior y la DINA, que no tenían antecedentes sobre las detenciones de Araya y Flores y que no se había decretado por esas reparticiones orden de detención alguna en contra de aquellas personas.

Luego, se añade que en la misma oportunidad también fueron detenidos Vladimir y Ninoska Henríquez Araya, Eduardo Araya Rojas y Juan Flores Barraza, los primeros 3 nietos del matrimonio Araya Flores y el último, hermano de María Olga Flores Barraza, los que fueron dejados en libertad a los días después en la vía pública, por miembros de dicho organismo de Inteligencia.

Finalmente, la resolución expone que en orden a ocultar el real paradero o destino de las víctimas, los organismos de seguridad y autoridades administrativas de la época, informaron oficialmente que Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, registraban salida del país con destino a Argentina, por el paso Caracoles el 7 de abril de 1976 y que no habían sido detenidos ni se habían despachado órdenes de detención en su contra; información que fuera desmentida por las instituciones correspondientes del vecino país, resultando falsa".

En el aspecto civil, se rechazó la demanda presentada en contra el Fisco.

Bernardo Araya Zuleta nació el 1 de diciembre de 1911 en Tocopilla. Era hijo de Abelardo Araya y Carmela Zuleta.  

Desde niño fue un lector incansable de revistas importadas, las mismas que retrataban las diversas agitaciones políticas y económicas del orbe.

Partió a Antofagasta y estudió en un colegio particular, luego se matriculó en el Liceo de Hombres de Antofagasta. [1]

Durante el periodo conocido como “entreguerras”, el mundo comenzaba a tomar discusiones más contundentes, y en ese contexto, Araya Zuleta sintió que el perfeccionamiento le daría más peso a sus argumentos y fue así que en 1940 realizó un intenso curso sobre economía marxista en el partido que será el canal de su lucha: el Comunista, al cual había ingresado en 1936.

A la edad de 16 años trabajó como mensajero de Telégrafos de Chile en Antofagasta; de ahí, pasó a la Maestranza del Ferrocarril de la Anglo-Chilena en Tocopilla, donde aprendió su profesión y actuó hasta el año de la gran crisis económica, social y política: 1932. Como en ese año los trabajadores se vieron profundamente perjudicados por la Gran Depresión Mundial, comenzó a trabajar en las organizaciones obreras. En Tocopilla organizó, en 1932, la Unión Obrera Ferroviaria, luego, en el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, fue dirigente del Sindicato Industrial hasta 1938, año en que lo despidieron. [2]

De todos modos en Antofagasta también fue dirigente provincial de la Central de Trabajadores de Chile, C.T.CH. y en 1940, fue su secretario provincial. Este último espacio sería el trampolín para su activa vida política, lo cual, significó que en 1943, fuera dirigente nacional de la Central Obrera y elegido delegado por Antofagasta en Santiago.

Su vasta preparación se debió a la intensa labor que desarrolló dentro del campo sindical obrero, y  al mismo tiempo su pluma se expresaba a través del cargo de redactor de la Página Obrera en el Diario Popular de Antofagasta.

Fue electo diputado por periodo 1945-1949, por la Segunda Agrupación Departamental correspondiente a Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal; fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Vías y Obras Públicas, así como en la Comisión Permanente de Trabajo y Legislación Social. [3]

El 4 de enero de 1949, fue desaforado por oficio de la Corte de Apelaciones de Concepción. Era evidente que la mano del González Videla se hacia sentir.

Una vez acabada la llamada “Ley Maldita” vuelve a la política y en 1961 fue electo nuevamente diputado, periodo 1961-1965, pero esta vez por la Séptima Agrupación Departamental de Santiago. Integró la Comisión Permanente de Trabajo y Legislación Social. Fue miembro de la Comisión Especial Central Única de Trabajadores, CUT, 1961; en la Comisión Especial Investigadora del Problema del Petróleo, 1963 y 1964; Comisión Especial de la Vivienda, 1963 y 1964; 1964 y 1965. [4]

Entre las mociones que llegaron a ser ley de la República, que presentó junto con otros diputados, se destacan la Ley N°16.350, del 25 de octubre de 1965: modificación de los Artículos 10, 12 y 13 del Código del Trabajo, en lo relativo a desahucio e indemnización que los empleadores deben pagar a los obreros al poner fin a sus servicios. Ley N°16.469, del 12 de marzo de 1966, que otorgó calidad jurídica a los torneros, matriceros, fresadores y similares.

Pero, llegarían tiempos oscuros para la política chilena, lo cual, hizo que Araya Zuleta fuera detenido el  2 de abril de 1976, alrededor de las 22:30 hrs., en su domicilio, ubicado en calle Barros Luco Nº 1.220, en la ciudad de Quinteros, provincia de Valparaíso. Lamentablemente, figura como detenido-desaparecido, en el año 1976, al igual que su mujer, la señora María Olga Flores Barraza.[5]

[1] Diccionario biográfico de Chile: 1962-1964.

[2] Diccionario biográfico de Chile : 1962-1964

[3] Diccionario biográfico de Chile : 1962-1964

[4] Armando de Ramón Folch, en “Biografías de chilenos” Comp.(1999)- v.1

[5] Luis Valencia Avaria, en “Anales de la República …“

El ministro en visita condenó a 13 años de presidio a Manuel Contreras y el Estado deberá pagar $790 millones como indemnización a la familia, mientras que Miguel Krassnoff fue absuelto del delito.

Esta jornada fue dictada la sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado del matrimonio entre Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, ocurrido a partir del 6 de abril de 1976, denominado como caso Conferencia. El ministro en visita por causas de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó la condena para 10 miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Entre las personas que se encuentran involucradas en el delito perpetrado hace casi 40 años se encuetran Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo y Ricardo Lawrence Mires, quienes fueron condenados a 13 años de presidio, en calidad de autores. De la misma forma, los ex agentes Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich y Pedro Bitterlich Jaramillo, también identificados y condenados como autores del hecho, deberán cumplir 10 años y un día de presidio.

Por su parte, los ex agentes Orlando Altamirano Sanhueza, Orlando Torrejón Gatica, Clara Barros Rojas y Guillermo Díaz Ramírez fueron condenados como cómplices de los crímenes perpetrados en contra del matrimonio Araya-Flores, razón por les fueron asignados 5 años y un día de presidio. En el aspecto civil, la resolución condena al Estado de Chile a pagar una indemnización total por concepto de daño moral de $790.000.000  a familiares de las víctimas.

Quienes quedaron absueltos de los actos fueron los ex agentes Miguel Krassnoff Martchenko y Carlos López Tapia.

La investigación del ministro en visita también determinó que en la misma oportunidad también fueron detenidos Vladimir y Ninoska Henríquez Araya, Eduardo Araya Rojas y Juan Flores Barraza, los primeros 3 nietos del matrimonio Araya Flores y el último, hermano de María Olga Flores Barraza, los que fueron dejados en libertad a los días después en la vía pública, por miembros de dicho organismo de inteligencia.

El otrora jefe de la DINA recibió nueva pena por la desaparición de BERNARDO ARAYA  y María Flores Barraza.

El juez Miguel Vázquez también condenó a otros nueve ex agentes por el mismo crimen.

La Justicia condenó este lunes a 10 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, por el secuestro y desaparición de Bernardo Araya Zuleta, ex diputado del Partido Comunista, y su esposa, María Flores Barraza, en 1976, durante la dictadura.

En la resolución, el juez Miguel Vázquez Plaza determinó penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, para Manuel Contreras, que ya suma más de 500 años, y para Pedro Espinoza y Ricardo Lawrence.

En tanto, los ex agentes Eduardo Cabezas, Jorge Díaz y Pedro Bitterlich tendrán penas en calidad de autores de 10 años y un día de presidio, y Orlando Altamirano, Orlando Torrejón, Clara Barros y Guillermo Díaz fueron condenados a 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.

El juez especial para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, también determinó que en el aspecto civil el Estado deberá pagar una indemnización total de 790.000.000 pesos chilenos (unos 1,2 millones de dólares) a familiares de las víctimas.

Detalles de la investigación 

Según los antecedentes de la investigación, los ex agentes de la DINA detuvieron a Bernardo Araya y María Flores, que en esa época tenían 64 y 60 años respectivamente, en la comuna de Quintero, 169 kilómetros al noroeste de Santiago, junto a sus 3 nietos y al hermano de Flores, quienes posteriormente fueron liberados en la vía pública.

Luego, de acuerdo con el informe, el matrimonio fue trasladado a un recinto en Santiago que era utilizado para planificar la detención de miembros del Partido Comunista, en el cual había un organigrama de dicho conglomerado y que además era usado como lugar clandestino de detención, desconociéndose desde esa época su paradero.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. 

Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.

Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.

“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.

“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recordar a los caídos y buscar verdad y justicia, con el propósito de que estas cosas nunca más ocurran”, afirmó el diputado Jiménez.

Mónica Araya se convirtió en una de las protagonistas de la multitudinaria estudiantil convocada por la Confech el jueves 11 de abril llamando a poner fin al lucro, por educación pública gratuita y de calidad.

Filmada por las cámaras de seguridad y algunos medios y más tarde, entrevistada por canales de TV, la profesora y abogada que reprendió a los encapuchados durante la marcha estudiantil, la primera del año en curso, dijo: «No quiero violencia. Creo que todos los que logramos salir de la dictadura somos los campeones de la democracia». Además expresó: «Los sueños de los jóvenes son tener una educación gratuita, de calidad, esos son sus proyectos». Ella siempre se incorpora a las marchas estudiantiles, y como abogada va a las comisarías sacar a los estudiantes detenidos durante las manifestaciones.

Manifestó que «hay mucho resentimiento en los jóvenes». Fue muy clara para expresar que los candidatos presidenciales que han prometido cambios en la educación y poner fin al lucro deberían haber estado presentes en la movilización. Con severidad añadió que Michele Bachelet recorrió el mundo y “ella sabe verdaderamente cómo es la educación en otros países, fue la primera mujer presidente de Chile y se destacó por su rol en ONU Mujeres, podría haber sido la primera protagonista en esta marcha del 11 de abril para decir que está de acuerdo con la educación gratuita y poner fin al lucro".

Los entrevistadores le preguntaron “si tuvo miedo” cuando encaró a los encapuchados. Ninguno preocupó de averiguar quién es esta mujer fina y pequeña que se impone por su sola presencia, por su lenguaje claro, firme, exento de toda violencia. Si alguien conoce la violencia es esta profesora y abogada poseedora de un coraje infinito. Hija de BERNARDO ARAYA ZULETA  y MARIA OLGA FLORES ARAYA  , detenidos desaparecidos, fue una de los profesores secuestrados por Carabineros en la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), cuando degollaron a Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero en marzo de 1985.

Sufrió algo peor: es la madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, miembro del FPMR, asesinado durante la la matanza de Corpus Christi u Operación Albania por efectivos de la CNI.

Entre el 15 y el 16 junio de 1987.Fueron acribillados doce jóvenes con más de 100 tiros, en acciones atribuidas a falsos enfrentamientos Patricio Acosta, Julio Guerra, Wilson Henríquez, Juan Waldemar Henríquez Araya, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi, Esther Cabrera, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Manuel Rivera, Ricardo Silva e Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky. La causa precisa y necesaria de la muerte del hijo de Mónica fue traumatismo torácico por bala, sin salida de proyectil, con compromiso pulmonar y de rama derecha e izquierda de la arteria pulmonar. Anemia aguda; la trayectoria fue de derecha a izquierda, de delante atrás y de abajo arriba. Según el informe médico, además “se constataron algunas erosiones y escoriaciones faciales y una herida contusa denudada en región del mentón”.

La pesadilla de esta mujer comenzó después del golpe de Estado cuando su domicilio ubicado en la calle Sorrento Nº629, de la Población Lautaro, comuna de Pudahuel, fue allanado en cinco ocasiones en operativos conjuntos de carabineros, civiles y militares, los cuales tenían por objetivo detener a su padre BERNARDO ARAYA ZULETA . Éste y su esposa María Olga Flores Barraza, padres de cuatro hijos, tenían 64 y 60 años respectivamente. Residían en Quintero y fueron asaltados el 2 de abril de 1976 por siete agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA. En el mismo operativo, fueron detenidos su cuñado Juan Flores Barraza y sus nietos Ninoska Henríquez, Wladimir Henríquez y Eduardo Araya. Estos tres últimos, menores de 9, 15 y 9 años. Todo el grupo familiar fue trasladado hasta un recinto de detención en Santiago.

BERNARDO ARAYA , dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores (CUT), fue diputado por el Partido Comunista en varios períodos. A la edad de 16 años trabajó como mensajero de Telégrafos de Chile en Antofagasta; de ahí, pasó a la Maestranza del Ferrocarril de la Anglo-Chilena en Tocopilla, donde aprendió su profesión y actuó hasta el año 1932. Aquí comenzó a trabajar en las organizaciones obreras. En Tocopilla organizó, en 1932, la Unión Obrera Ferroviaria, en el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia; fue dirigente del Sindicato Industrial hasta 1938, año en que lo despidieron. En Antofagasta fue dirigente provincial de la Central de Trabajadores de Chile, C.T.CH. y en 1940, secretario provincial. En 1943, fue dirigente nacional de la Central Obrera y elegido delegado de Antofagasta en Santiago. Electo diputado por la Segunda Agrupación Departamental Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal, período 1945-1949; fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Vías y Obras Públicas; y en la de Trabajo y Legislación Social. El 4 de enero de 1949, fue desaforado por oficio de la Corte de Apelaciones de Concepción (por la ley de ‘Defensa de la democracia’). En 1961 fue reelecto diputado por la Séptima Agrupación Departamental Santiago, Primer Distrito. Integró la Comisión Permanente de Trabajo y Legislación Social.

El juez chileno Víctor Montiglio ha dictado procesamiento contra 26 antiguos agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, en relación con el secuestro y posterior desaparición de 10 dirigentes del Partido Comunista chileno en 1976. Los dirigentes comunistas estaban ocultos en una casa de seguridad de calle Conferencia, en la capital chilena, por lo que el caso es conocido por ese nombre.

El magistrado, quien anteriormente había procesado a otros 70 ex agentes de la DINA por el secuestro y desaparición de Víctor Díaz, uno de los dirigentes comunistas, ha decidido hacer lo mismo con otros ex torturadores, esta vez por el secuestro de BERNARDO ARAYA ZULETA , María Flores Barraza, Jorge Muñoz, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Marta Ugarte.

Desde 1976, la abogada de derechos humanos mantiene su intensa búsqueda por encontrar a sus padres detenidos por la DINA. Además, a 36 años de la matanza de Corpus Christi, recuerda a su hijo ejecutado por CNI, uno de los 12 jóvenes del FPMR.

“No puede ser, si mi hijo no está en Chile (…) de ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido y la Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Nos dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”.

Esto es parte del relato de Mónica Araya, madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, ingeniero, asesinado por agentes de la CNI en la matanza de Corpus Christi, llamada por el organismo represor como Operación Albania en 1987.

Este 15 y 16 de junio se cumplieron 36 años del crimen donde doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por un comando de la CNI, hecho que fue encubierto bajo un supuesto enfrentamiento con los agentes de la dictadura.

Mónica Araya, 86 años, profesora y abogada de Derechos Humanos, ha pasado gran parte de su vida luchando por la verdad, la justicia y para que los hechos no se vuelvan a repetir.

El 2 de abril del año 1976 su padre, el ex diputado del Partido Comunista, obrero y exdirigente de la CUT,  Bernardo Araya, y su madre, María Olga Flores, fueron secuestrados desde su casa en Quintero, en la Región de Valparaíso, junto a un tío a sus hijos Ninoska (8), Wladimir (13) y Juan (8) un sobrino, que posteriormente fueron abandonados en la vía pública. Se trataba de una ofensiva del régimen para exterminar al Partido Comunista, donde hicieron desaparecer tres directivas de la colectividad de izquierda.

La profesora nunca más vio a sus padres y desde ese momento, junto a un cientos de activistas, no ha descansado en la búsqueda de sus seres queridos. Esta lucha le ha significado golpes, persecuciones, secuestros, detenciones ilegales, amenazas permanentes, incluso hasta el día de hoy.

De hecho, el viernes 9 de junio pasado recibió una visita que considera extraña en su domicilio de Estación Central de dos funcionarios de la PDI quienes sin orden judicial ni “motivo jurídico alguno” la conminaron a hacer una declaración en una unidad policial de la comuna de Ñuñoa. Esto llevó a la abogada a presentar “un recurso de amparo por la amenaza a mi libertad personal y seguridad individual en contra de la Dirección General de la Policía de Investigaciones”.

Mónica Araya es integrante del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial y ha sido una activa integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Como integrante de un partido de la Unidad Popular, después del golpe de Estado de 1973 y ante el asedio de los aparatos de seguridad, debió pasar a la clandestinidad para trabajar en la resistencia.

La desaparición de sus padres

“A mi padre y a mi madre los llevaron detenidos junto con mis dos hijos menores, un sobrino y un hermano de mi madre que vivía con ellos. Se los llevaron a la calle Venecia en Independencia. Desde ahí, después de varios días, dejaron a mis hijos botados en la calle, en pijamas porque así se los llevaron. De mis papás no supimos nunca más”, señala la abogada.

Recuerda que desde ese momento, “fue una vida muy amarga, fui detenida, me integré a la AFDD y a todas las actividades que se hacían totalmente clandestinas con las organizaciones de mujeres para hacer un trabajo como corresponde respecto de la búsqueda de nuestros seres queridos”.

Como dirigenta de la AFDD uno de los objetivos que tenían “era romper con el miedo”. Participaron en las primeras manifestaciones del 1 de mayo en dictadura y fueron a lanzar bolsas con pintura roja a los tribunales de justicia de calle Compañía, porque “ahí se fraguó hasta el día de hoy la impunidad, porque recordemos que la dictadura implantó a Enrique Urrutia Manzano como presidente de la Corte Suprema y la impunidad partió con un plan que era el exterminio”, señaló.

Esta osada acción, en medio del clima de terror impuesto, ocurrió después que familiares de detenidos desaparecidos terminaron una huelga de hambre que comenzó el 14 de junio de 1977, hace 46 años, y que se extendió por nueve días en la sede de la CEPAL, en Santiago.

“Nosotros no podíamos seguir encerradas, sino que teníamos que salir a las calles y ahí salimos, en el año 1977, donde cayeron detenidas varias personas que después fueron dejadas en libertad. Así seguimos después en una marcha del 1 de mayo (1978) con Clotario Blest”, señala.

Su actividad también está marcada por el compromiso gremial ya que fue una de las dirigentas de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) y como tal, fue detenida luego de los asesinatos de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada en 1985.

La docente recuerda que ante el asedio del régimen, desde el PC le ordenaron abandonar el país. “No quise salir, me quedé en el aeropuerto. Le dije a mi hijo y a mi marido que no me voy. Tengo a mis padres y tengo que responder por ellos. No me voy, me quedo en Chile. Se molestó mi marido, le dije ándate con los hijos, cuídalos. Mi hijo mayor, no quería irse porque se había criado con sus abuelos. Me dijo yo me quiero quedar porque los abuelos me criaron y también tengo que quedarme contigo para salir a buscar. No, le dije, ándate con tu papá, ve a tus hermanos, cuídense. Después con el tiempo supe que había dado una marcha para el FPMR”.

Matanza de Corpus Christi

Este es otro de los momentos trágicos que marcaron su vida. El asesinato de su hijo Juan Waldemar, un combatiente internacionalista que se incorporó a la lucha armada como militante del FPMR.

La abogada estaba convencida que su hijo estaba fuera del país, cuando estando en Mendoza adonde había viajado a solicitud de su hija, la llamaron para que retornara a Chile.

“Yo nunca lo vi, nunca conversé con él. Seguramente me pudo haber visto. Mi hija, Ninoska, se había ido a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza”, relata.

“Cuando llego me encuentro con los profesores que me estaban esperando, pensé que algo le había pasado a mi marido y les pregunto dónde está Juan. No me dicen, vas a tener que ir a la AGECH y ahí me entero. No puede ser, si mi hijo no está en Chile. Cómo va ser así. De ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido (Juan Bautista Henríquez) y la periodista Mónica González habían visto a mi hijo asesinado. Los dejaron entrar y ahí recién supe que habían asesinado a mi hijo, no sólo a él, sino que a otros jóvenes”, recuerda.

Juan Waldemar fue ejecutado en una casa de la calle Varas Mena 417, comuna de San Joaquín. “Ingresé a esa casa, no había armas. Había cuadernos, lápices, porque funcionaba como una escuela de cuadros, no había propaganda. Lo asesinan en la casa de al lado, porque saltó. Cerca de 500 agentes llegaron hasta allí, rodearon todo Varas Mena y se metieron a las casas y que es lo que sale en todas las querellas, en los testimonios de las personas que hablaron”, señaló Araya.

 “Ahí asesinaron a mi hijo en la casa de al lado, del 419, y la señora que vio, pidió que lo atendieran porque estaba desangrándose. No lo atendieron, falleció desangrado”, relata Araya.

Chile y los 50 años

La abogada de los derechos humanos, señala que hoy cuando el país conmemora los 50 años del golpe de Estado, “siempre he pensado que nunca más pueda haber una repetición de esta índole y nosotros tampoco podemos seguir permitiendo que EE.UU. dirija las políticas nuestras, porque esto partió con (Henry) Kissinger diciendo que Allende no podía ser Presidente (…) y creó una política, amparó y montó una política de desprestigio contra el Presidente y preparó a las FF.AA. para salir a las calles”.

“Nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hicieron, no. Nosotros solamente estábamos en la búsqueda y que nos dijeran la verdad y que hubiera justicia y hasta el día de hoy, van a pasar 50 años y nosotros los familiares no sabemos qué ha pasado con nuestra gente. No tenemos conocimiento, fallecen los que han detenido a nuestra gente y mueren con una política del silencio, porque ese fue el compromiso de ellos”, dijo la profesional.

Agregó que “más encima, Pinochet asesino, ladrón que lo pillaron con platas en distintos bancos. Y todavía hay quienes manifiestan que la política de Pinochet fue la mejor. No entiendo a esa gente que no tiene historia, porque ha asumido esconder lo que ha ocurrido en el país”.

Finalmente, Araya destacó el plan de búsqueda de las víctimas del régimen porque ningún gobierno anterior se comprometió con la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación a los familiares.

El abuelito Bernardo, nació el 1 de diciembre de 1911 en Tocopilla y creció en una familia de trabajo. Mi abuelito perdió a su papá a temprana edad, se formó como obrero metalúrgico y me imagino que desde la dureza de la vida pampina, que no lo dejó indiferente, sacó la fuerza que marcó su vida como político y como luchador social comunista.

Él era un hombre moreno grande y macizo, que disfrutaba de las comidas y las fiestas familiares. Se casó con María Olga Flores y tuvo cuatro hijos. Mi mamá me contaba cuando chico que en navidad, él salía muy temprano y pasaba todo el día en la calle buscando regalos para los nietos, que llegaba a la casa a última hora del día para comer y repartir los regalos.

Mi abuelito, era un hombre muy preocupado de mi familia, lo recuerdan siempre intentando sacar una sonrisa, uniendo a los nietos y haciendo que la gente a su alrededor lo pasara bien. Le encantaba el ballet, la ópera y en sus viajes a Cuba o la Unión Soviética, se escapaba al teatro cada vez que podía. Era un hombre solidario, libre de pensamiento y amante de la cultura: aprendió francés leyendo el diccionario y se paseaba por la casa repitiendo las palabras que leía.

Yo nací el ’83, no alcancé a conocerlo pero su memoria me ha acompañado desde siempre. Incluso mi mamá dice que él soñó con tener un nieto artista.

El día 2 de abril del año ’76, fue detenido desde su casa en Quintero junto a su mujer María Olga Flores y nunca más supimos de ellos.

Mi abuelito se llama Bernardo Araya Zuleta, detenido y hecho desaparecer en abril de 1976. Yo soy Carlo Urra López, su bisnieto. Yo no tengo su apellido pero tengo su sangre. Y lo recuerdo, recuérdalo tú, recuérdaselo a otr@s.

Ficha técnica

Para realizar esta microbiografía, se entrevistó a Carlo Urra, quien grabó esta cápsula radial en octubre de 2014 en los estudios de Radio Juan Gómez Millas, donde posteriormente fue mezclada y emitida.