Araya Mandujano Jorge Manuel

Jorge Manuel Araya Mandujano y Juan Santiago Vilches Yañez murieron aproximadamente el 6 de octubre de 1973, cuando intentaban cruzar a pie la Cordillera de Los Andes por el Paso Pehuenche, a la altura de la provincia de Talca.

El 11 de septiembre de 1973, Jorge Araya, funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Juan Vilches, ex miembro de la Guardia Presidencial (GAP), integraron un grupo de militantes del Partido Socialista, liderado por el ex Intendente de Talca, Germán Castro Rojas, que en dos oportunidades se enfrentaron con armas de fuego con Carabineros y con militares en el sector precordillerano cerca de Talca. En estos enfrentamientos resultaron muertos un carabinero y un militante socialista, y fueron detenidos otros doce miembros del grupo, entre ellos, el ex Intendente Castro, que fue fusilado días después. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación lo consigna con víctima de violación de derechos humanos.

En esas circunstancias, Jorge Araya y Juan Vilches y otros siete integrantes del grupo después de permanecer escondidos unas semanas, y pese a contar con escasos alimentos, vestuario inadecuado y no conocer el camino, decidieron huir hacia Argentina atravesando la Cordillera de Los Andes. Aproximadamente el 6 de octubre de 1973, fueron sorprendidos por un violento temporal que provocó que ambos se separaran del grupo y cayeran a un barranco. Los demás lograron cruzar la frontera y llegar a Argentina. Mientras permanecían en ese país, se enteraron a través de Gendarmería argentina que los cuerpos de Jorge Araya y Juan Vilches habían sido encontrados por arrieros argentinos y que habían sido sepultados en un lugar de difícil acceso en plena cordillera.

Estos hechos fueron conocidos recién en el año 1990, por los testimonios de algunos miembros del grupo sobreviviente. Se inició una investigación judicial para establecer el lugar donde se produjo la inhumación, sin resultado hasta la fecha en que el Consejo conoció de este caso. Por esta razón sus defunciones no han podido ser inscritas debidamente.

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación de la Corporación, el Consejo Superior se formó la convicción de que Jorge Manuel Araya Mandujano y Juan Santiago Vilches Yañez murieron mientras huían de sus captores, y en consecuencia los declaró víctimas de la violencia política imperante a la época de sus fallecimientos.

Peritos y detectives acompañan al juez Gerardo Bernales Rojas para dar con el paradero de Jorge Araya y Juan Vilches, ex escoltas del asesinado intendente de Talca, Germán Castro.

La mañana de este sábado partió rumbo a una quebrada de la Sexta Región, ubicada en la límite fronterizo con Argentina, una misión encabezada por el juez Gerardo Bernales Rojas, que tiene por finalidad dar con el paradero de dos militantes socialistas que habrían perecido de hipotermia cuando escapaban de las fuerzas represivas tras el golpe de 1973.

El magistrado Bernales, con dedicación exclusiva para investigar 17 casos de derechos humanos, es acompañado por peritos forenses y miembros de la Policía de Investigaciones, quienes intentarán dar con los cuerpos de Jorge Araya Mandujano y Juan Santiago Vilches Yánez, quienes eran escoltas del asesinado intendente de Talca, Germán Castro Rojas.

La misión llegará a caballo hasta la zona donde presuntamente se hallan los restos de los militantes socialistas, cuyo casos fueron catalogados como de detenidos desaparecidos, en una quebrada cercana al Paso Internacional El Pehuenche.

Los trabajos de inspección en la zona se extenderán por cerca de una semana y contarán con la presencia de otros tres militantes socialistas que sí lograron sortear la tormenta de nieve que afectó a la zona, tras el golpe, y escapar de las cuatro patrullas militares que efectuaban la persecución.

Las identidades de los testigos se mantienen en reserva, pero se informó que actualmente tiene residencia en Argentina, Holanda y Alemania.

El Partido Socialista (PS) presentó una querella en contra de quienes sean culpables de la muerte de siete personas en la Séptima Región tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La acción judicial guarda relación con el caso del profesor universitario Héctor Valenzuela Salazar, asesinado por personal de Carabineros, junto con su esposa Hilda Velásquez Calderón y su hija Claudia, de seis años de edad.Producto de este crimen, también resultaron heridos los otros dos hijos del matrimonio, Paula y Gonzalo, de cuatro y dos años, respectivamente. Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990), los policías llegaron hasta el domicilio del profesor, durante las investigaciones que realizaban a raíz de un incidente en Paso Nevado, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago y al que también se dirige la acción judicial. En ese incidente se produjo un enfrentamiento entre Carabineros y un grupo de 20 personas encabezados por el ex intendente de la Región del Maule Germán Castro cuando intentaban pasar hacia Argentina a través de un paso ubicado en la Cordillera de Los Andes. Según la investigación judicial, al llegar el grupo al retén policial de Paso Nevado se les impidió el viaje, produciéndose un enfrentamiento en el que resultó muerto el cabo de Carabineros Orlando Espinoza Faúndez. La comitiva logró seguir su camino, pero más adelante se enfrentaron con militares. El civil Hugo Zacarías Miños Garrido perdió la vida y quedaron gravemente heridos Jorge Araya Mandujano y Juan Vilches Yáñez, quienes murieron posteriormente y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Por su parte, Germán Castro fue ejecutado el 27 de septiembre de 1973 en represalia a estos hechos, pero según el informe Rettig nunca hubo un consejo de guerra que lo condenara a muerte. En el informe Rettig se consigna que durante la dictadura de Augusto Pinochet se registraron en Chile 3.197 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos. Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en los 17 años del régimen militar al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio. A la fecha, hay 287 ex represores procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos, en su mayoría militares retirados. (EFE)