Andrónicos Antequera Jorge Elías

Jorge Elías Andrónicos Antequera, 25 años, casado, egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica del Estado y su hermano Juan Carlos, 23 años, soltero, estudiante universitario, ambos militantes del MIR, fueron detenidos en las siguientes circunstancias: el día 3 de octubre de 1974, alrededor de las 16:30 horas, arribaron a su domicilio (que compartía con su madre y hermanos) un grupo de 8 agentes de civil pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), al mando del entonces Teniente de Ejército adscrito a tal organismo, Fernando Laureani Maturana, portando la mayoría fusiles ametralladoras, los que procedieron a allanar el inmueble e interrogar a sus moradores en dependencias de éste, amedrentándolos y golpeándolos. En el grupo asaltante se encontraba una mujer no identificada y el agente de la DINA, Osvaldo Romo Mena (El "Guatón Romo"). Al rato, la mayoría de los individuos se retiró, permaneciendo Laureani y otros tres hombres desde ese día hasta el sábado 5 de octubre, sin retirarse de la casa, manteniendo a sus ocupantes en arresto domiciliario, sin perjuicio de los que fueron siendo detenidos durante aquellos días.

La identidad de Laureani fue descubierta por la hermana de las víctimas, Arety Andrónicos Antequera, luego de que éste le ordenara planchar una camisa del Oficial, descubriendo la joven su Tarjeta de Identificación de las Fuerzas Armadas (TIFA) en un bolsillo de ésta, sin que ello fuese notado por el agente. La madre de los hermanos Andrónicos (doña Herminia Antequera Latrille) volvió a reconocer a Laureani posteriormente en el Tribunal. Osvaldo Romo fue identificado por fotografías.

Durante el arresto domiciliario de la familia, llegaron parte de los sujetos que antes se habían retirado, llevándose consigo a Jorge Elías Andrónicos y a Luis Francisco González Manríquez, (también detenido desaparecido) y a Carlos Rojas Rey, éste último fue liberado tras 12 días de cautiverio. Ello ocurrió el mismo día 3 de octubre. Al día siguiente cerca de las 03:00 AM, volvió el resto del grupo y se llevó a Juan Carlos Andrónico. Los demás agentes de la DINA a cargo siempre de Laureani se retiraron de la vivienda el 5 de octubre, al parecer cuando ya constataron que no arribaría nadie más al lugar que les interesara aprehender.

Los anteriores sucesos fueron presenciados por Arety Andrónicos Antequera (hermana de las dos víctimas) Patricia Ramos Casanueva (cónyuge de Jorge Elías, con 9 meses de embarazo), además de la madre de los hermanos Andrónicos ya mencionada, siendo las dos primeras también interrogadas en piezas separadas, insultadas y amedrentadas por los asaltantes, inquiriendo acerca de las amistades y actividades de los detenidos, durante más de dos horas.

Las víctimas fueron trasladadas desde su hogar al cuartel de calle José Domingo Cañas esquina República de Israel a cargo de la DINA, en una camioneta nueva marca Chevrolet Luv, color verde claro, con toldo obscuro, permaneciendo en aquel recinto hasta el día 5 ó 6, siendo luego transportados al centro de reclusión de Cuatro Alamos, también controlado por la DINA, (correspondiente al pabellón de incomunicados del recinto de detención de Tres Alamos), desde donde los hermanos Andrónicos fueron sacados con destino desconocido, el día 11 de noviembre de 1974, última ocasión en que se los vio, ignorándose sus paraderos hasta el día de hoy.

Carlos Roberto Rojas Rey, quien carecía de antecedentes políticos y se encontraba en el domicilio de los detenidos sólo porque era el novio de Arety Andrónico, fue liberado a los 12 días de cautiverio tras ser abandonado en el paradero 12 de la Gran Avenida; el señala que efectivamente fue detenido junto a las víctimas, permaneciendo en la misma pieza que éstos, casi siempre con la vista vendada. Añade que sólo al comienzo lo trataron duramente pero luego los captores se desentendieron de él. La noche de su liberación, lo dejaron en el lugar antes referido, siempre con los ojos vendados, ordenándole que "contara hasta veinte", alejándose de inmediato de allí los sujetos.

Antes de la detención, los hermanos Andrónicos habían sido marginados de la Universidad. Nunca se les comunicó razones concretas para justificar tales medidas.

Más tarde, a comienzos de 1976, según refiriera la propia madre de las víctimas, fue confiscada por la autoridad la casa en que habitaban, no obstante hacerlo sólo en calidad de arrendatarios, continúandose así la presión sobre la familia. Existen numerosos testimonios de la reclusión de las víctimas en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, que reseñamos a continuación.

Cristián Bisquert, aludido por la madre de los desaparecidos como la persona con la cual se encontró en los Tribunales tiempo después de los hechos, les narró haber estado detenido por la DINA y visto a ambos hermanos en el recinto de Cuatro Alamos, donde éstos estuvieron entre el 5 y 15 de octubre de 1974 a lo menos, fecha en que Bisquert fue puesto en libertad.

Cecilia Jarpa Zúñiga, detenida el 3 de octubre de 1974 por la DINA, compartió una pieza el 5 de octubre en el cuartel de José Domingo Cañas y el 12 del mismo mes también, con las víctimas.

Rosalía Martínez Cereceda, detenida el 23 de septiembre de 1974, declararía que vio a los hermanos desaparecidos en José Domingo Cañas, junto a otros recluidos, como Cecilia Jarpa, Amelia Bruhm, Luis González Manríquez, Marta Caballero, Alfredo Rojas Castañeda y David Silbermann.

Cristián Esteban Van Yurick Altamirano, afirma que compartió la pieza número 13 de 4 Alamos con las víctimas, de quienes supo que también habían estado en José Domingo Cañas. Además de los Andrónicos estuvieron con él otros cautivos, como David Silbermann y Alejandro Parada González.

El jefe de Cuatro Alamos a la fecha de cautiverio de las víctimas, José Manzo Durand, a la sazón Teniente de Gendarmería, comparecería luego en estrados, sosteniendo que no conoce ni sabe nada de aquellos, añadiendo que eso es comprensible pues muchos utilizaban nombres falsos. Tampoco reconoce las fotografías de los desaparecidos. La versión anterior es inverosímil, al contradecirse con los antecedentes ya reseñados.

Manuel Jesús Salinas Letelier, quien permaneció detenido entre enero de 1974 y noviembre de 1976, señala que cuando estuvo en 4 Alamos, compartió la pieza N°13 con varios recluidos, entre ellos los hermanos Andrónicos hasta el 11 de noviembre de 1974, fecha en que fue trasladado a Tres Alamos, perdiendo de vista a estos. En la pieza 13 estuvo con varios otros cautivos, posteriormente desaparecidos, como Arturo Barría Araneda, Carlos Gajardo Wolf, Nestor Gallardo Agüero y David Silbermann Gurovich.

La víctima apareció en una nómina de 119 personas, todas ellas detenidas con anterioridad y cuyo paradero se desconoce, según las publicaciones de la revista Lea de Buenos Aires y O'Dia de Paraná, Brasil. Jorge Elías Andrónicos Antequera figuraba en la primera y Juan Carlos en la segunda. La revista "Lea" señalaba en su primer y único número que 59 miristas chilenos habrían sido muertos por sus propios compañeros en disputas intestinas del movimiento, adjuntando la nómina de los fallecidos. "O'Dia" sostenía por otra parte, que 60 miristas habían sido abatidos por fuerzas de seguridad argentinas en la provincia de Salta, indicando también sus nombres.

Como se dijo, aquella fue la primera y única aparición de la revista "Lea", no correspondiendo su domicilio ni identidad de su editora y director responsable a la realidad, figurando en cada ejemplar sólo un pie de imprenta ininteligible.

En cuanto a "O'Dia", reapareció para dar aquella "noticia" después de largos años de silencio, para luego volver a quedar absolutamente fuera de circulación. Tampoco constaba de un domicilio ni director responsable genuinamente identificados.

Las 119 personas citadas en las nóminas de ambas publicaciones coinciden todas con desaparecidos por los cuales se habían incoado acciones judiciales y administrativas aquí en Chile, para dar con sus paraderos. Se constató por la agencia de noticias Latin y autoridades argentinas, que ninguno de los 119 supuestos muertos había pisado el territorio transandino.

Por otra parte, el 20 de agosto de 1975, la Comandancia en Jefe de la Guarnición de Santiago, en respuesta a una carta de la madre de las víctimas, suscrita por el Coronel Hernán Ramírez Ramírez aduce que "sus hijos, Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera "se encuentran en libertad, pero huyen de las amenazas del MIR, existiendo la posibilidad de que hubieren salido ilegalmente del país".

Hasta la fecha, Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera se encuentran desaparecidos.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 11 de octubre de 1974 se interpuso Recurso de Amparo en favor de la víctima y su hermano ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°1233 74.

Con fecha 17 de enero de 1975, la Corte de Apelaciones de Santiago desechó el recurso de amparo deducido en octubre en favor del detenido y su hermano, luego de que el Ministerio del Interior negara la existencia de su aprehensión.

Durante el mismo año l975, se interpuso denuncia por Presunta Desgracia ante el 4° Juzgado del Crimen de San Miguel, donde declara la madre y hermana de los detenidos ya individualizadas, como también la cónyuge de Jorge Elías y Carlos Roberto Rojas Rey. También se acompañó al expediente las declaraciones juradas de Cecilia Jarpa Zúñiga (efectuada en París), y de Rosalía Martínez Cereceda, (efectuada en Tel Aviv y luego en París), ambas detenidos en los mismos lugares que los hermanos Andrónico.

El Tribunal sobreseyó temporalmente la causa, en dos ocasiones, conforme a la causal del artículo 499 N°1 del Código de Procedimiento Penal esto es, por no estar acreditado el hecho investigado, pero en ambas oportunidades la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó dichas resoluciones, ordenando reabrir el sumario. El 13 de abril de 1978 se interpuso querella en contra de Fernando Laureani Maturana y demás responsables por el delito de secuestro. Esta causa se tramita en el 4° Juzgado del Crimen de Corte Presidente Aguirre Cerda, bajo el rol N° 9298 2 y en ella declaró Laureani, que si bien trabajó para la DINA en la época de la detención de las víctimas, su labor era sólo administrativa y nunca tuvo nada que ver con detenciones. Mantiene sus dichos en careos con la madre de los hermanos Andrónicos y Carlos Rojas Rey , negando además conocer al "Guatón Romo".

También declaró el ex jefe máximo de la DINA, Juan Manuel Contreras Sepúlveda, quien reconoció que Romo fue informante de dicho organismo de seguridad, aunque adujo ignorar mayores detalles acerca de la participación de éste como también su actual paradero. Agrega que si bien la DINA contaba con los cuarteles de José Domingo Cañas, el de Irán esquina Los Plátanos y el de calle Londres, eran sólo lugares de "tránsito de prisioneros", pues allí "nunca se interrogó a nadie". El único lugar de interrogatorios era Villa Grimaldi, según su versión. 

En cuanto a los documentos y archivos de la DINA, fueron heredados por la Central Nacional de Informaciones (CNI), su continuadora legal, sin levantarse acta de entrega de los mismos.

A fines de 1991, la defensa de Laureani solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa por aplicación del Decreto Ley 2191 (Ley de Amnistía), lo que fue rechazado por el Tribunal. Conociendo de la apelación, la Corte de San Miguel dictó auto de procesamiento sobre el Oficial por el delito de secuestro, deduciendo aquel un recurso de queja ante la Corte Suprema, la cual accedió a una orden de no innovar mientras se resuelve el fondo del asunto, situación que perdura hasta diciembre de 1992.

En noviembre de 1992 Osvaldo Romo Mena, agente de la DINA que participa en la detención secuestro de los hermanos Andrónicos Antequera, fue detenido cuando llegaba a Chile expulsado desde Brasil. En dicho país residía bajo el falso nombre de Osvaldo Andrés Henríquez Mena desde fines de 1975, época en que la DINA le implementa la salida del país. El agente era requerido por varios Tribunales que tramitaban causas por violaciones a los derechos humanos y fue ubicado tras varias diligencias decretadas en la causa por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce.

El ex agente, a diciembre de 1992, había declarado en varios procesos por detenidos desaparecidos y en seis de ellos había sido encargado reo.

Existen numerosas gestiones y cartas enviadas por familiares de las víctimas al Ministerio del Interior y otros organismos sin resultados, destacando la respuesta obtenida de la Comandancia en Jefe de la Guarnición de Santiago, suscrita por el Coronel Hernán Ramírez Ramírez ya reseñada precedentemente. 

De presunto autor del secuestro calificado a encubridor fue rebajado el procesamiento contra el ex oficial de Ejército Fernando Lauriani Maturana, en el caso de la desaparición del mirista Miguel Angel Sandoval Rodríguez, en 1975. 
La decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modifició el anterior dictamen de la jueza con dedicación exclusiva, María Inés Collin. 
Sandoval Rodríguez, casado, sastre, militante del MIR, fue detenido el 7 de enero de 1975 por agentes de seguridad, en la vía pública. Pasó por Villa Grimaldi, centro de detención donde cumplía funciones Lauriani, conocido por guardias y prisioneros como "teniente Pablito". El oficial (R) dirigió la Agrupación Vampiro, dentro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Además del caso de Sandoval Rodríguez, está acusado por la desaparición de los hermanos Andrónico Antequera, según el portal memoriaviva.com

El primer libelo acusatorio se basa en el secuestro y posterior desaparición de los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónico Antequera y Luis González Manríquez, quienes fueron aprehendidos por agentes de la Dina el 3 de octubre de 1974 y fueron llevados a los centros de tortura de José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, desde donde se les pierde toda pista. El segundo recurso da cuenta de la desaparición de Juan Heredia Olivares, quien fue detenido por funcionarios de Carabineros en su domicilio de la ciudad de Los Angeles y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. La tercera querella es por la ejecución de Gabriel Marsull González, de 21 años, detenido por una patrulla de la Aviación en el paradero 19 de la Gran Avenida, trasladado a la Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque el día 14 de septiembre de1973 y fusilado al día siguiente en la Cuesta Barriga junto a otras cuatro personas.

Desde la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas manifestamos nuestro más
profundo rechazo al fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que terminó
absolviendo a sesenta agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), relacionados
con la denominada Operación Colombo o Lista de los 119. Caso enmarcado en el Plan Cóndor,
que implicó un montaje comunicacional con el que se pretendió encubrir 119 casos de
compañeras y compañeros detenidas y detenidos desaparecidos, en donde cuatro medios de
prensa, nacionales e internacionales, informaron que ellas y ellos habían sido asesinados en
rencillas internas o muertos en falsos enfrentamientos con la policía argentina. Los cuatro
diarios dejaron impresas para la historia un montaje comunicacional fundado en mentiras
fabricadas para ocultar la Operación Colombo.
Varias compañeras y compañeros de la lista de los 119 de esta causa judicial pasaron, entre
otros recintos, por el Cuartel Ollagüe de la DINA, actual Casa Memoria José Domingo Cañas,
entre los cuales se encuentran Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera,
Juan Carlos Andrónicos Antequera, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo
Espejo Gómez, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Sergio Reyes Navarrete y
Juan Carlos Rodríguez Araya.
Con este fallo, nos es inevitable el pensar en sus familias, en especial sus madres, de las cuales
varias han muerto sin ver la Verdad ni la Justicia.
El fallo absuelve a 30 agentes de la DINA que habían sido condenados como cómplices y a 31
agentes condenados como autores. Los condenados por la sentencia de segunda instancia
suman 42 agentes de la DINA, de los cuales NINGUNO cumplirá con cárcel, ya que todos vienen
siendo beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena.
Entre otros agentes favorecidos se encuentran varios que operaron en José Domingo Cañas,
César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, a los cuales se
les redujo la pena a 4 años, con libertad vigilada. Los demás fueron sentenciados a 3 años y 1
día, con libertad vigilada, entre los cuales también hay torturadores del Ex Cuartel Ollagüe.
Este fallo contribuye, una vez más, a continuar con la Impunidad frente a las graves violaciones
a los DDHH cometidas por el Estado de Chile durante la dictadura cívico militar y va en contra
de las Garantías de No Repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país en el marco del
derecho internacional y de sus compromisos y obligaciones en materia de DDHH. El poder
judicial debe respetar los Tratados Internacionales, los cuales establecen la imprescriptibilidad
de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Exigimos la anulación de esta sentencia. El secuestro, la tortura, la desaparición forzada de
seres humanos no puede permitirse ni avalarse con estas sentencias que garantizan la
Impunidad. El poder judicial jugó un rol nefasto en dictadura siendo cómplice de Violaciones
a DDHH, salvo honrosas excepciones. En el presente, nuevamente están avalando y
garantizando la Impunidad.
La Impunidad de las Graves Violaciones a los DDHH de nuestro pasado reciente abren la puerta
a las Violaciones a los DDHH en el presente, como estamos siendo testigos.
¡NO AL INDULTO DE LOS ASESINOS! ¡EL LUGAR DE LOS GENOCIDAS ES LA CÁRCEL!

Entre los favorecidos por esta sentencia se encuentran exagentes como Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo de segunda instancia en el Episodio Operación Colombo, proceso en que se investigaron numerosos secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

El fallo que fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y abogado integrante don Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita Hernán Crisosto Greisse.

De esta manera se absuelve a 30 agentes de la DINA que habían sido condenados como cómplices. Así también, 31 agentes condenados como autores fueron absueltos. Finalmente, los condenados por la sentencia de segunda instancia suman 42 agentes de la DINA, de los cuales ninguno cumplirá en cárcel, pues todos vienen siendo beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Quedan favorecidos entre otros agentes, César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían siendo condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, las cuales quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

El resto de los sentenciados en su mayoría fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a 3 años y un día, con libertad vigilada, en circunstancias que el ministro en visita les había asignado una pena de 13 años de presidio, sin beneficio. Se trata de los ex miembros de la DINA Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos, Hermon Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, Nelson Ortiz Vignolo, José Ojeda Obando, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Diaz, Rissiere Altez España, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Gerardo Meza Acuña, Manuel Avendaño González, Raúl Rodríguez Ponte, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Gerardo Urrich González, Sergio Castillo González, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, Hiro Alvarez Vega, Gustavo Carumán Soto, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutierrez Rubilar, Luis Videla Insunza, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara Olegario González Moreno, Orlando Manzo Durán , Basclay Zapata Reyes, Samuel Fuenzalida Devia.

El fundamento de esta rebaja sustancial de las penas y que dejó a todos los condenados sin tener que cumplir en la cárcel es la aplicación a todos ellos de la atenuante de la irreprochable conducta anterior y de la media prescripción, siendo Jaime Guerrero, abogado integrante, quien se manifestara disidente al respecto.

Para el abogado querellante Nelson Caucoto, este fallo “constituye una seria y profunda involución en materia de derechos humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país en el marco del derecho internacional de los DD.HH”.

El jurista expresó que “nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como éste”.

Caucoto agregó que “la opinión pública coincidirá con nosotros cuando decimos que se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando acreditados 16 secuestros calificados, no existe ninguna condena de cárcel efectiva. ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos ?. En qué pie queda la garantía de no repetición que obliga a Chile en el concierto internacional. Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura”.

Para Nelson Caucoto este fallo debe constituir una señal de alerta para el mundo de los derechos humanos, las agrupaciones de víctimas y el país en general.

La Operación Colombo fue una gran operación de inteligencia de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos. Este montaje comunicacional fue desbaratado años después a través de las investigaciones judiciales, demostrándose como una gran mentira implementada por la dictadura.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

La acción judicial busca invalidar la polémica sentencia de segunda instancia que rebajó penas, absolvió a 61 agentes de la DINA y dejó en libertad a otros 42 que fueron condenados en el proceso denominado Operación Colombo, en el cual se investigan los secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, ejecutados por agentes de la DINA, entre 1974 y 1975.

Se trata de sendos recursos de casación, en la forma y en el fondo, que fueron presentados por los abogados querellantes Nelson Caucoto y Pablo Fuenzalida, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada el 27 de noviembre pasado, por la Octava de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual rebajó penas, absolvió a 61 agentes y resolvió que de los 42 condenados ninguno irá a la cárcel en el Episodio Operación Colombo, proceso en que se investigan los secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

De esta manera la acción judicial busca que se invalide la sentencia de la Octava sala y que sea la Corte Suprema, a través de su Segunda Sala Penal, quien resuelva finalmente en este caso. Para ello, los abogados, centraron sus fundamentos en dos aspectos centrales: por un lado hacen un cuestionamiento a la aplicación de la media prescripción y, por el otro, a la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior que provocó la rebaja de penas de todos los condenados e impidió que los agentes vayan a la cárcel, beneficiando entre otros a los ex jefes de la DINA César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, sujetos que están involucrados y han sido condenados en numerosos procesos judiciales relativos a crímenes de lesa humanidad.

Respecto a la polémica aplicación de la media prescripción, Caucoto y Fuenzalida, argumentan en su escrito de 181 páginas, que esta es la norma que desestabiliza todo el régimen de penas aplicados por el ministro Hernán Crisosto en su fallo de primera instancia. Del mismo modo, sostienen que esta normativa nacional está en contradicción profunda con el derecho internacional de los derechos humanos al cual Chile está adscrito.

Cabe destacar que la media prescripción se ha ido constituyendo en una puerta abierta a la impunidad, tanto que, solo un tercio de los condenados por los tribunales chilenos va a la cárcel, los restantes cumplen condenas en sus casas. “Esto es inaceptable en un país que todavía tiene a más de mil chilenos en condición de detenidos desaparecidos”, manifestó el abogado Nelson Caucoto

En este sentido Caucoto se mostró confiado respecto a lo que resuelva el máximo tribunal. Indicó que “tenemos plena confianza de lo que resuelva la Segunda Sala Penal, sabemos que con su jurisprudencia y estricta aplicación del derecho internacional, este fallo será revertido. Y de esa manera dar satisfacción a la aspiración de justicia de los familiares de las víctimas, las que han sido tremendamente afectadas”.

Agregó que “debemos recordar que este es uno de los fallos más espantosos para los derechos humanos en Chile, el que ha violentado seriamente a los familiares de las víctimas, que ha degradado el valor de las personas hechas desaparecer y que ha permitido una situación de impunidad insostenible a estas alturas del siglo”, sostuvo el abogado.

La Operación Colombo fue un gran montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por el organismo de inteligencia, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

Polémico fallo

Recordar que el fallo dictado en noviembre pasado generó gran alarma en el mundo de los derechos humanos y las agrupaciones de familiares de víctimas, quienes impulsaron diversas manifestaciones para demostrar el desconecto y preocupación por esta polémica sentencia que revocó y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita Hernán Crisosto Greisse, absolviendo a 30 agentes de DINA que estaban condenados como cómplices y además otros 31 agentes condenados como autores fueron absueltos.

Al mismo tiempo, el tribunal de alzada condenó a 42 agentes DINA, pero ninguno de ellos cumplirá en cárcel, pues todos fueron beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena. Entre los favorecidos figuran agentes como César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos condenados en primera instancia a penas de 20 años de presidio en el fallo del ministro Crisosto, y quedaron reducidas a 4 años, con libertad vigilada.

El resto de los sentenciados en su mayoría fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a 3 años y un día, con libertad vigilada, en circunstancias que el ministro en visita les había asignado una pena de 13 años de presidio, sin beneficio.

Con el título “Festival Conmemorativo de las Memorias y los DDHH”, fue denominado el acto desarrollado al interior de la Universidad de Antofagasta, específicamente en el sector de los pastos y Plaza de la Reforma del campus Coloso, con motivo de la Instalación de la Placa Marmolada, recordatorio de los estudiantes, académicos y funcionarios del plantel, detenidos-desaparecidos tras el Golpe de Estado de 1973.

La iniciativa, desarrollada por la familia de los hermanos Andrónico Antequera  con apoyo de las agrupaciones de derechos humanos, tuvo como premisa re inaugurar la placa memorial que testifica la desaparición de los hermanos tocopillanos, junto a 23 personas más, tanto de la  Universidad del Norte, Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado.

Así lo  comentó el presidente de la Federación de Estudiantes de la UA, Víctor Tapia, explicando que  la familia habría retirado la placa original del memorial para restaurarla, acción que se concretó con el acto desarrollado que convocó una alta asistencia de público.

“Nuestra participación como FEUA fue apoyar la iniciativa conmemorativa, y a la vez, demostrar que no hay olvido, que los estudiantes estamos comprometidos con las actividad de DDHH, y que reconocemos el legado de la historia, la cual no se debe olvidar”, señaló Tapia.

Acto

La apertura de la actividad estuvo a cargo de  la madre de los hermanos Andrónico Antequera, Mina Antequera, presentando  el testimonio de la desaparición de sus hijos y su incansable búsqueda por encontrarlos.

Posteriormente se presentó la folclorista nacional Gloria Salas, testimonios de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, el Hip Hop social de Mauro Cárdenas, la postura de la antropóloga y arqueóloga de la Universidad de Chile,  Adriana Goñí, en referencia a las memorias generacionales y el colectivo “Perras Danza”, entre otros testimonios de los presentes en el acto.

Tras las presentaciones artísticas, la familia Andrónico Antequera  junto a los presentes, se dirigieron al sector de los pastos, donde está emplazado el memorial y entre claveles rojos, discursos de cierre, fotografías y un vino de honor, dieron por reinaugurando el memorial, con una nueva placa con los nombres de quienes ya no están, y que partieron forzosamente en uno de los capítulos más tenebrosos de la historia de Chile.

Palabras leídas el 6 de Julio, en la segunda velatón (familiares de los hermanos Antequera)

El Lunes 6 de Julio se realizó la segunda velatón de la campaña Providencia Un Sitio de Memoria para Antofagasta. En esta ocasión nos sumamos al homenaje a los 119 compañeros detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. Un especial homenaje a dos de ellos, los hermanos hermanos Andrónicos Antequera que por medio de saludos de sus familiares fueron recordados en su lucha contra la dictadura.

Al iniciar estas palabras deseo agradecer a toda esta gente joven y no tan joven que se han preocupado de hacer estos actos en recuerdo de los caídos en dictadura, en los cuales desgraciadamente se encuentran mis queridos hijos. Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera. Mis hijos tenían un compromiso político, eran militantes del MIR, luchaban contra los militares golpistas, lucha que terminó siendo muy desigual. La búsqueda no fue fácil, recibimos ayuda de la iglesia c…atólica a la cabeza de monseñor Silva Henríquez a través del comité pro paz y luego en la vicaría de la solidaridad.
Han pasado ya 40 años de estos hechos. En toda esta lucha las autoridades y militares me han contestado: sus hijos no han sido detenidos, huyen de las amenazas del MIR, están en libertad. No existe posibilidad que hayan salido del país, firmado un milico.
Quiero terminar agradeciendo a cada uno de ustedes, gente joven con espíritu grande que puedan seguir la lucha y tomar conciencia de estos hechos podamos decir: Para que nunca más en Chile.
Minita Antequera
Madre de Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera
Muchas gracias.

Desde Santiago y desde todos los rincones de este maravilloso y sufrido Chile, les mandamos nuestro reconocimiento y honramos vuestra lucha por mantener viva la Memoria Histórica de este país. En las bellas y jóvenes personas de nuestros amados Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, el primero Egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Antofagasta y el segundo estudiante de Sociología de la Univ. Católica de Antofagasta. Arrebataron sus hermosas vidas en… la más bella productividad y entrega humana. Ellos como tantos otros, no solo fueron soñadores, fueron constructores de una nueva y digna Vida para su pueblo. Saludamos y honramos en ellos a los 119 chilenos, los mejores, generosos y más comprometidos de nuestro Chile. HONOR Y GLORIA a todos los asesinados, hechos desaparecer cobardemente, pero en estos viles actos de muerte y dolor, sus criminales no sabían que estaban sembrando por siempre las semillas de Vida, Dignidad y Valentía que hoy después de 40 años porfiada y maravillosamente salen con su Epifanía a alumbrarnos el camino a seguir. Gracias por no olvidar. Sin Memoria no hay Futuro. Viva la Vida con Honor !!!!!
Verónica Antequera Vergara (tía), Manuel y América Guerrero Antequera, Montserrat Quezada Antequera (sobrinos).

Instalarán placa en recuerdo de las 25 personas tanto de la UA (ex UTE) como de la UN (ahora UCN) que fueron víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

El jueves a las 11.15 horas en dependencias de la Universidad de Antofagasta (Campus Coloso), se efectuará el “Festival Conmemorativo de las Memorias y los Derechos Humanos (DD.HH)”, un acto cuyo fin es reinstalar una placa marmolada –remozada luego de su retiro en 2003– con los nombres de las 25 víctimas (estudiantes, funcionarios y académicos) que desempeñaban labores tanto en la UA (ex UTE) como en la Universidad del Norte (actual UCN) cuando comenzó la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Entre las víctimas se encuentran los hermanos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera (detenidos desaparecidos), Elizabeth Cabrera, Lenin Díaz, Jorge Fuentes Alarcón, Marco de la Vega,  entre otros 19 jóvenes y adultos.

Esta solemne ceremonia está siendo organizada tanto por el departamento de Comunicación y Vinculación de la UA, con quien mantiene un convenio de colaboración en diversas materias con el INDH, como también por la familia Andrónicos Antequera y diversas organizaciones de Memorias y DDHH, como la Agrupación Providencia, dirigida por Héctor Maturana, quien será uno de los expositores de la ceremonia junto a Sandra Gahona, familiar de Segundo Norton Flores Antivilo, ejecutado político, quien expondrá: “Memorias de un luchador social” y también la arqueóloga Adriana Goñi, profesional que hablará sobre “Memorias generacionales: legados y recambios”.

El “Festival Conmemorativo de las Memorias y los DD.HH” es una actividad artístico-cultural, ya que además de los expositores, habrá presentaciones de diversas áreas del arte, tales como música, a cargo de la folclorista Gloria Salas “Yuyo”; Hermán Barrios, vocalista de la agrupación antofagastina “Pulmón” y “Agresonido” del artista Mauro y el colectivo “Perrasdanza”, quienes mostrarán su arte urbano en el sector del Monolito ubicado en el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta.

Al finalizar dichas muestras artísticas se dará paso a la instalación de la nueva placa con los 25 nombres de los estudiantes, funcionarios y docentes de la UA y UCN que fueron ejecutados o se mantienen desaparecidos luego de la represión de la dictadura cívico-militar. La placa marmolada será instalada en el monolito que tiene la UA y que recuerda las violaciones a los DD.HH que se cometieron entre 1973 y 1989.

El “Festival Conmemorativo de las Memorias y los DD.HH” es una actividad gratuita y abierta a todo público, ya que el fin principal, explicó la familia Andrónicos Antequera, es “un reconocimiento simbólico junto a la sociedad civil que busca aportar a la reparación psicosocial de las familias golpeadas por la violencia de estado y reconocer el compromiso de lucha social que aquellas 25 personas, entre muchas, tuvieron durante toda su vida”.

La Operación Colombo intentó simular la muerte de 119 personas en supuestos combates internos entre militantes de organizaciones de izquierda.

La Corte Suprema de Chile condenó a la cárcel a 59 responsables y agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), principal institución represora durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La justicia los condenó por participar en el secuestro y tortura de 16 militantes de la izquierda en 1974  en un operativo militar conocido como Operación Colombo. 

El fallo de la justicia chilena publicado por la Segunda Sala Penal del máximo tribunal de justicia revoca una sentencia previa hecha por la Corte de Apelaciones en la que absolvía a una parte de los acusados y a otros les dio penas bajas y sin cárcel.

Crímenes de la última dictadura militar

Los exjefes y oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, condenados como autores de los delitos de secuestro calificado fueron sentenciados a 15 años y un día de prisión.

Con esta sentencia, Miguel Krassnoff, acumula más de 100 años de condena por participar en múltiples causas de crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar durante el último régimen militar.

El tribunal además le dio 10 años y un día de prisión a 51 exagentes que habían sido absueltos por la Corte de Apelaciones de Santiago a pesar de haber sido condenados en primera instancia como autores y cómplices de la Operación Colombo.

La resolución del máximo tribunal es "trascendente en la historia judicial chilena (ya que) restituyó el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, que habían quedado literalmente una situación de impunidad inaceptable", explicó a la prensa local el abogado de los querellantes, Nelson Caucoto.
 

Qué fue la Operación Colombo

"El máximo tribunal desechó una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y acogió los recursos de los querellantes … se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna", agregó el abogado.

"Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”, apostilló.

La Operación Colombo fue un operativo de inteligencia y montaje comunicacional diseñado por la DINA que intentó simular la muerte de 119 personas en supuestos combates internos entre militantes de organizaciones de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Todas las víctimas habían sido secuestradas por el organismo represor y luego fueron sometidas a desaparición forzada. El proceso judicial investigó el paradero de 16 de esas 119 víctimas, entre ellas Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.