Aldoney Vargas Jaime

Jaime Aldoney Vargas, casado, constructor civil, regidor por Limache, interventor de la CCU, militante del Partido Socialista, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros que irrumpieron violentamente en su lugar de trabajo en Limache, arrestando a unas 12 personas entre trabajadores y ejecutivos, uno de ellos Humberto Rodríguez, el Presidente del Sindicato de apellido Villanueva, otro José Cabezas, miembro del Sindicato de Empleados de la Compañía. Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros de Limache y en horas de la tarde de ese mismo día, Jaime Aldoney fue violentamente sacado del recinto policial por efectivos de la Armada y trasladado a la Base de El Belloto, en donde fue intensamente golpeado y torturado con electricidad. El 13 de septiembre nuevamente fue trasladado de recinto, siendo esta vez llevado al buque mercante "Maipo", en donde se le vio hasta el día 14 de septiembre. Años después se supo que el 26 de septiembre, su cuerpo sin vida estuvo en la Morgue del Hospital Deforme de Valparaíso. El cadáver presentaba una herida a bala y evidentes signos de golpes. Ninguna autoridad dio aviso a su familia de su muerte, pese a que su cónyuge realizó todas las consultas correspondientes. Al lado del cuerpo del afectado, fue encontrado el cuerpo de Oscar Farías Urzúa, militante socialista e interventor de la Industria Cervecera Parma de Limache. Fue la familia de Farías la que entregó esta información en 1990.
Don Sergio Raúl Clark Lillo, expone en su testimonio que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como Jefe de Personal de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache, CCU; ese día junto a Jaime Aldoney pernoctó en el domicilio de Oscar Villanueva, Presidente del Sindicato de Obreros de la Compañía citada. El 12 de septiembre, encontrándose en su domicilio, fue detenido por un grupo de Carabineros que irrumpió violentamente en su hogar, derribando la puerta de acceso. Fue trasladado a la Comisaría de Carabineros de Limache e introducido en una celda. Mientras permanecía recluido en ese lugar, escuchó balazos y ruido de aviones y helicópteros que sobrevolaron la Comisaría, para con posterioridad, ver llegar en calidad de detenidos a trabajadores de la CCU, entre ellos, Jaime Aldoney Vargas, quien le refirió que había sido detenido por Carabineros en el recinto de la Empresa. En la tarde de ese mismo día, llegó a la Comisaría un contingente de la Armada que procedieron a sacar del recinto a Jaime Aldoney, al declarante, y a un grupo de prisioneros. Mientras eran sacados del recinto fueron brutalmente golpeados, lanzados violentamente al interior de un camión, y finalmente trasladados hasta la Base Naval de El Belloto, en donde fueron ubicados en el sector de la Cancha de Aterrizaje, tendidos en el suelo, boca abajo y con las manos en la nuca. Allí fueron interrogados en medio de golpes, culatazos y saltos sobre sus cuerpos. En un momento, a Jaime Aldoney y al testigo trataron de sacarlos del lugar, pero Aldoney no se podía parar por el lamentable estado físico en que se encontraba. En otra ocasión, a Jaime Aldoney se le acercó uno de los marinos, quien mientras lo golpeaba, le preguntaba si recordaba cuando en la Universidad le había "levantado" a una niña. Durante la permanencia en la Base Naval fueron desnudados y torturados con electricidad. En la madrugada del 13 de septiembre, Aldoney Vargas fue sacado del recinto naval siendo esa la última vez que el testigo lo vio. Finalmente, don Sergio Clark señala en su testimonio, que posteriormente, cuando fue conducido en calidad de detenido a declarar a la Fiscalía Naval, se percató que había un expediente judicial con el nombre de Jaime Aldoney.
Don Wladimir Morales González, arquitecto, expresa en su testimonio haber sido detenido el 11 de septiembre de 1973 siendo trasladado al buque Maipo. Allí se encontró con otros detenidos y uno de ellos le comentó que Jaime Aldoney se encontraba en ese lugar. El testigo lo asoció con Iván Aldoney, hermano de la víctima a quien realmente conocía. Sin embargo, al ir a verlo, se dio cuenta que era una persona con un físico muy parecido a su amigo Iván. Era su hermano Jaime, quien se encontraba en muy malas condiciones físicas, hablaba muy poco, sólo le manifestó que venía de la Base Aérea El Belloto. El encuentro con la víctima fue alrededor del 13 de septiembre.
Don Genaro Marconi Fui, expone en declaración jurada que una de sus hermanas, Emilia Marconi, al 11 de septiembre de 1973 se encontraba domiciliada junto a su marido Oscar Farías Urzúa en la ciudad de Limache. En una de las tantas visitas que realizó al domicilio de su hermana, conoció en una oportunidad a Jaime Aldoney Vargas, socialista al igual que su cuñado. Tras el 11 de septiembre de 1973, su hermana le comunicó que Oscar Farías había sido detenido en la Comisaría de Investigaciones de Limache en donde se había presentado voluntariamente. A los pocos días se trasladó a esa ciudad a fin de ayudar a su hermana en los trámites correspondientes. Allí se enteró que su cuñado había sido entregado a la Comisaría de Carabineros y que luego había sido trasladado a la Base Naval del Belloto. Tras diversas diligencias, el 25 de septiembre fueron informados por personal de la Armada que Oscar Farías se encontraba en la Morgue del hospital Deforme de Valparaíso. En la mañana del día 26 concurrió a dicho lugar e ingresó a reconocer el cadáver de su cuñado. 
En el interior de la morgue habían unos 10 cadáveres, al comenzar a levantar las sábanas que cubrían los cuerpos, se percató que uno de ellos pertenecía a Jaime Aldoney Vargas, su cara se encontraba amoratada pero sin ningún daño visible por lo que pudo reconocerlo de inmediato. Al lado de Jaime Aldoney, estaba el cuerpo de Oscar Farías Urzúa. No se preocupó de Jaime Aldoney pensando que su familia lo reconocería y le daría sepultura; sólo recientemente se enteró que su familia nunca pudo encontrar el cuerpo, ignorándose en la actualidad donde fue sepultado. 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
En julio de 1990 ante el Juzgado de Letras de Limache, se presentó una denuncia por presunta desgracia. En agosto de ese año, ante dicho Tribunal se presentó un escrito solicitando varias diligencias, entre ésas que se oficie al Registro Civil de Valparaíso para que remita al Tribunal actas de defunción de N.N. ocurridas en Valparaíso, entre septiembre y diciembre de 1973; que se oficie al Instituto Médico Legal, ex Hospital Deformes de Valparaíso, con el fin que remita al Tribunal los protocolos de autopsia practicados entre septiembre y diciembre de 1973; que se cite al testigo Genaro Pascual Marconi para que declare si vio el cadáver de Aldoney en 1973; que se oficie al Servicio de Registro Civil de Almendral de Valparaíso para que remita al Tribunal el acta de defunción de Oscar Farías, con especial mención al médico que certificó la defunción en septiembre de 1973; que se cite al Inspector Jefe del Servicio de Investigaciones de Limache en 1973 don Hugo Cáceres, para que declare si conoce antecedentes de la detención de Aldoney Vargas. A 1992 no se encontraba el protocolo de autopsia ni ningún otro documento que permitiera determinar si el cadáver que estaba en diciembre de 1973 junto a Oscar Farías correspondía al de Jaime Aldoney Vargas.
En cuanto a las gestiones administrativas, a principios de octubre de 1973, su cónyuge se entrevistó con el Comandante Huber, de la Base de El Belloto, quien le informó que su marido había sido detenido por error y que había sido dejado en libertad el 13 de septiembre de ese año. En esa oportunidad le exhibió un documento en que se encontraba consignada la identificación de Aldoney, sin otra declaración y circunstancia que la de haber sido liberado el día 13 de septiembre.

Inmuebles donde se torturó son ocupados por la PDI, Carabineros y Armada como centros recreacionales y de hospedaje

La actual “casa de huéspedes” que la PDI tiene en Ñuñoa perteneció a un grupo dedicado a la meditación que era integrado, entre otras personas, por el astrólogo Pedro Engel. El inmueble les fue arrebatado en marzo de 1974. La casa estaba a nombre de una persona que fue detenida y torturada, y que después le traspasó la propiedad a la PDI en 1976. En ese mismo lugar fueron torturados, en 1980, dos estudiantes de la UC. Uno de ellos, Eduardo Jara, falleció. Carabineros y la Armada también mantienen propiedades para fines recreativos o de hospedaje con antecedentes de haber sido centros de tortura: el refugio Las Melosas (San José de Maipo) y el exsanatorio naval de Los Maitenes (Limache).

La tranquilidad del barrio ñuñoíno se quiebra por los autos que transitan por José Domingo Cañas. La casa blanca, de dos pisos, se emplaza en la esquina de esa calle con Obispo Orrego. Este lunes no se detecta mucho movimiento, a pesar de que hay dos autos estacionados en su interior y algunas ventanas abiertas. En este inmueble de la Policía de Investigaciones (PDI), que se ofrece como “Casa de Huéspedes” para alojar a sus funcionarios, fueron torturados en 1980 dos estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, según un fallo del juez Mario Carroza que espera su ratificación en la Corte Suprema.

Carroza estableció que los estudiantes Eduardo Jara (militante del MIR) y su compañera, Cecilia Alzamora, fueron secuestrados el 23 de julio de 1980, en plena dictadura, y trasladados al cuartel central de la PDI en General Mackenna. Después, cuando un magistrado inspeccionó esa sede policial, fueron llevados a la casa de Obispo Orrego. Allí “vuelven al cautiverio y continúan los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos”, dice el fallo de Carroza. 

Al menos hay otros dos bienes inmuebles en manos de instituciones militares o policiales, destinados a usos recreacionales o de hospedaje, con antecedentes de haber sido sitios donde se torturó. Uno pertenece a Carabineros y el segundo a la Armada. El de la policía uniformada es el refugio de montaña Las Melosas, ubicado en San José de Maipo. El de la Armada es el recinto del antiguo Sanatorio Naval de Los Maitenes, en Limache.

Para dirigentas de organizaciones de víctimas, estos sitios deberían ser destinados a recordar lo que ocurrió allí. “Tienen que ser lugares de memoria, y una memoria activa; si es de recreación, que no esté en manos de las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron los que violaron los derechos humanos”, señala Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). En tanto, Marta Cisterna Flores, directora ejecutiva de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, afirma que el inmueble de la calle Obispo Orrego “no debería ser de huéspedes: lo que debería ser es un sitio de memoria que dé cuenta de lo que significó ese lugar durante la dictadura”.

"DALES LA CASA, PARA QUE NOS PODAMOS IR"

La historia de la casa que la PDI ocupa como centro de hospedaje en Ñuñoa tiene, además, un controvertido episodio respecto de cómo la policía civil la adquirió. El bien raíz era de un grupo de meditación llamado Misión de la Luz Divina. La Policía de Investigaciones tomó posesión de la propiedad, de hecho, en marzo de 1974, seis meses después del golpe de Estado. La persona que tenía a su nombre la casa, Francisco Arce Araya, fue detenido y torturado. Los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago indican que dos años después, Arce la vendió a la PDI. 

Personas que integraban el grupo de meditación dijeron a CIPER que la venta se hizo bajo presiones. Un decreto del 6 de marzo de 1975, firmado por Augusto Pinochet, demuestra que la PDI había ocupado la casa mucho antes de que se produjera la compra, la que se concretó en 1976. El documento indica que la policía civil había “tomado posesión material, el 27 de marzo de 1974, habiéndose habilitado en ella un Internado Femenino que alberga a las alumnas de la Escuela Técnica de ese Servicio (la Policía de Investigaciones)” (vea ese documento).

La adquisición no se materializaría sino hasta marzo de 1976, cuando dos de los principales dirigentes de la Misión de la Luz Divina ya se habían ido de Chile luego de haber sido detenidos y liberados. Mónica Izak vivía en la casa antes del golpe de Estado. Ella cuenta a CIPER que con su dinero se compró el inmueble, pero que quien compareció en la escritura fue Francisco Arce, fallecido en 1992. Arce, según el testimonio de Izak, se fue del país luego de pasar por Tejas Verdes, donde fue torturado.

–Un día alguien toca el timbre y es Francisco, pero hecho mierda. Lo llevaron unos soldados y lo botaron ahí en la casa. Se demoraron todo ese tiempo en ver que realmente había vivido en Canadá, y tenía pasaporte canadiense–, relata Mónica Izak.

La historia de la compraventa de la casa ubicada en Obispo Orrego 241 la contó en su momento, y de manera breve, el astrólogo Pedro Engel, quien formaba parte del grupo de meditación. Lo hizo en el canal La Red, en una entrevista con la ahora embajadora en México, Beatriz Sánchez. Engel dijo que su cuñada (Mónica Izak) había donado dinero para comprar este sitio que usaban como ashram (lugar de meditación), hasta que Fuerzas Armadas y policías los empezaron a perseguir e incluso los detuvieron. “Lo pasamos bastante mal, pero al final lo que quisieron era esa casa”, aseguró Engel.

Mónica Izak relata a CIPER que en Obispo Orrego “nos juntábamos a meditar, y seguíamos a una persona de la India, que andaba por todo el mundo enseñando a meditar”.

–Teníamos charlas de meditación todos los días. Algunos vivíamos ahí, otra gente venía en las tardes. Yo vivía ahí. Francisco Arce también. Éramos unas cinco o seis personas las que vivíamos –dice.

La casa la adquirieron el 8 de agosto de 1973. Quien compareció en nombre de la Misión de la Luz Divina fue Francisco Arce Araya. Un mes después vino el Golpe de Estado. Y luego la persecución en contra de la agrupación, la que quedó registrada en la prensa. Un artículo de Las Últimas Noticias, del 22 de marzo de 1974, informó que la Policía de Investigaciones había concurrido a la casa y detenido a diversas personas. “Las autoridades, considerando que la concurrencia de los fanáticos en la ‘Misión de la luz divina’ era un síntoma de desquiciamiento social y de claro escapismo a la realidad que vive el país, determinaron terminar con la secta”, se indicó en el artículo.

Notas de La Tercera, de marzo de 1974, señalaron que sobre la Misión de la Luz Divina pesaban denuncias de “atentados sexuales, robos, abandono de trabajo, de estudio y agresiones a personas de edad”, todas descartadas por las fuentes ligadas a esta agrupación que hablaron con CIPER. Uno de los artículos finalizaba identificando a “Francisco Arce director también de la secta, quien ha manifestado que su deseo es vender esa mansión y abandonar el país”.

Pero cercanos a Francisco Arce explican que él nunca quiso vender. Mónica Izak cuenta que un tiempo antes de dejar el lugar, “vinieron a buscar a Francisco. Solo a él (…). Se lo llevaron a un edificio. Todo este rato con los ojos vendados. Era un edificio en alguna parte donde lo tuvieron amarrado tres días, vendado en una silla, y él escuchaba gritos y palos. No le dieron nada de comer en tres días”.

Luego, llevaron a Arce en un vehículo hasta Tejas Verdes, cuenta Mónica Izak, quien dice que esa versión se la dio el propio detenido: “Él insistía en que vivía en Canadá, pero no les importaba (…). Me dijo que no los dejaban ir al baño en Tejas Verdes, les pegaban, los torturaban, cuando lo interrogaron le pusieron corriente y esas cuestiones (…). Él estuvo en Tejas Verdes 30 días”.

Izak y Arce se fueron de Chile a fines de marzo de 1974. Antes de partir, Arce firmó un poder en favor de Felipe Oro Pérez, entonces un joven abogado de la Misión de la Luz Divina, para vender el inmueble a la Dirección General de Investigaciones. CIPER revisó ese documento, en el que Arce dice que está de acuerdo con que la institución policial ya estuviera usando la casa de Obispo Orrego desde el 27 de marzo de 1974. Según Izak, Arce firmó “porque no quería que lo detuvieran de nuevo (…). Yo le decía ‘dales la casa, para que nos podamos ir’”.

Finalmente, la compraventa se concretó el 3 de marzo de 1976. Según el archivo notarial, comparecieron Ernesto Baeza Michaelsen –director general de Investigaciones– y Felipe Oro Pérez, a nombre de Francisco Arce Araya. 

Oro señaló a CIPER que el pago por el inmueble le llegó cerca de 1984, o algo así. No tiene muy claro el año, pero sí recuerda que cambió el dinero por US$6 mil. Respecto de si cree que esta operación fue forzada, el abogado señala: “Sí, de todas maneras. El precio que se pagó creo que no correspondía. Pero no había nada que hacer. Nadie quiso vender la casa. Llegaron los milicos, nos echaron a todos, nos metieron presos, yo lo estuve dos o tres días, fue uno de los momentos de neurosis de mi juventud”.

1980: "LUGAR DE ENCIERRO Y TORTURA"

Unos años después de la venta, en 1980, y según la investigación del ministro Mario Carroza, hasta Obispo Orrego 241 fueron trasladados los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara Aravena y Cecilia Alzamora Vejares, luego de ser secuestrados unos días antes en la esquina de Eliodoro Yáñez con Los Leones, en Providencia.

Todo esto ocurrió en el marco de la investigación del asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos, sucedido a mediados de julio de 1980. Un grupo de policías de Investigaciones resolvió  “iniciar por cuenta propia acciones operativas reñidas con los procedimientos institucionales y al margen de la legalidad, más violentas y vulneradoras de Derechos Fundamentales, con el solo propósito de dar rápidamente con el paradero de los autores del crimen del Teniente Coronel Roger Vergara”, señala el fallo del ministro Carroza.

A Jara y Alzamora los llevaron primero al cuartel general de Investigaciones, en General Mackenna. “En ese lugar, este grupo de funcionarios del equipo operativo designado en la investigación principal, procedieron a interrogarles mediante la aplicación de tormentos y solamente lo anterior concluye cuando se informa que un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago concurriría al Edificio institucional de Investigaciones, situación que les lleva a modificar el lugar de encierro y tortura, trasladándolos a una casa ubicada en calle Obispo Orrego N°241 de Ñuñoa”, dice Carroza.

En Obispo Orrego, según el fallo –que está a la espera de su ratificación en la Corte Suprema–, continuaron “los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos, para consultarles acerca de sus actividades políticas, en especial a Eduardo Jara”.

Jara y Alzamora fueron liberados en la madrugada del 2 de agosto de 1980. Los abandonaron en un sitio en La Reina, luego de 11 días de cautiverio. La declaración de Cecilia Alzamora está adjunta en el fallo del juez Carroza. En esta señaló que, al sacarse la venda de los ojos, se dio cuenta de que su compañero estaba en pésimas condiciones. Eduardo Jara murió en la Posta N°4 de Ñuñoa ese mismo día.

CIPER se comunicó con la PDI para consultar sobre las razones para dar un destino recreacional y de hospedaje a un sitio que carga con un fallo que lo apunta como recinto de torturas y que fue ocupado de hecho, contra la voluntad de sus propietarios, quienes también fueron víctimas de la dictadura. A pesar de que inicialmente, en respuesta a un requerimiento hecho por Transparencia, la PDI catalogó la casa como “centro vacacional”, desde su departamento de comunicaciones matizaron su uso: “Corresponde a una casa de acogida que es administrada por la Jefatura de Bienestar de nuestra institución, utilizada por el personal que concurre desde regiones a Santiago para realizar tratamientos médicos”.

En el sitio web Guiature.cl, plataforma de lugares recreativos del Ejército, Armada, Carabineros, Fuerza Aérea y PDI, se describe el inmueble de Ñuñoa como una “Casa de Huéspedes”, donde hay que hacer reservas y se ofrecen servicios adicionales: “El inmueble aloja a los oficiales que se encuentran de paso por la ciudad de Santiago, ofreciendo a sus huéspedes desayuno en un espacio confortable, seguro y acogedor”. En los registros de Mercado Público hay licitaciones hechas por la jefatura de Bienestar de la PDI donde también se han referido a la propiedad como “Casa de Huéspedes”.

Antes de su muerte, Francisco Arce le dejó un poder a la hermana de Mónica Izak, Nancy, respecto de cualquier derecho sobre la casa. Ella intentó recuperarla en 2004 mediante una demanda civil. “Lamentablemente, fue rechazado y de ahí no he vuelto a hacer nada. Pero, la idea es recibir una indemnización, porque esta casa fue adquirida de mala manera”, dice a CIPER.

LOS MAITENES

Pedro Hugo Arellano Carvajal, empresario radial y exiliado durante la dictadura, dice que el Centro Recreativo Los Maitenes, perteneciente a la Armada, es el antiguo Sanatorio Naval de Limache, donde fueron torturados presos políticos durante la dictadura, según diversas sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

En la investigación por la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, interventor de la Compañía Cervecerías Unidas de Limache durante el gobierno de la Unidad Popular, el ministro en visita Julio Miranda Lillo mencionó en su fallo de noviembre de 2007 al “Sanatorio Naval ‘Los Maitenes’” como un lugar donde víctimas de violaciones de derechos humanos afirman haber sido detenidos y torturados.

Arellano cuenta que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y que las Fuerzas Armadas derribaron la antena de la radio que, para entonces, pertenecía a su padre. Lo soltaron, pero lo detuvieron a la jornada siguiente, cuando se acercó a firmar en una tenencia de Limache. Enseguida, dice, fue enviado al Sanatorio Naval que quedaba camino a Olmué:

–Fui recibido por uno de los más bestiales tenientes de la Armada, el famoso (Pedro Pablo) Arancibia Solar. Apenas llegué me dieron pateaduras, hacían el famoso corredor de la muerte, que se ponían marinos de los dos lados, y lo hacían pasar a uno por el medio y te daban patadas, puñetes, lo que cayera (…). Nos llevaban a la oficina del impresentable Arancibia Solar, nos metían corriente, jugaban a la ruleta rusa con un revólver. Cuando nos torturaban en las noches, nos sacaban afuera y nos amontonaban a todos los que estuvimos ahí dentro –dice Arellano en entrevista con CIPER.

Testimonios como el de Hugo Arellano sirven como elementos de prueba en juicios que se siguen llevando a cabo en Valparaíso o que ya concluyeron. Un caso de estos fue el proceso por el homicidio de Óscar Armando Farías Urzúa, militante del Partido Socialista y quien fuera hasta antes del golpe el interventor de una industria conservera del sector.

El ministro en visita Miranda Lillo, mediante un fallo del 15 de diciembre de 2009 –confirmado por la Corte Suprema–, expuso distintos testimonios que acreditan las torturas en el Sanatorio Naval. Entre estos relatos, se encuentra el de un exfuncionario de la Armada, el que, según el fallo, “expresa que en el Sanatorio Naval se interrogaba con apremios físicos a los detenidos en una pieza que era ocupada como el Pañol de Farmacia e inflamables”. En el caso de Farías, al menos cuatro testimonios hablaron de torturas al interior del Sanatorio Naval.

CIPER se contactó el jueves 16 de febrero de 2023 con la Armada para confirmar el destino del sanatorio, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

LAS MELOSAS

Camilo Salvo, diputado por la Unidad Popular hasta el Golpe de Estado de 1973, estuvo detenido en varios lugares –incluyendo Isla Dawson– antes de llegar a una helada pieza del recinto Las Melosas, en San José de Maipo, entre mayo y junio de 1974. Dice a CIPER que el frío era para “condenarse”, y que estaban allí “sujetos a la disposición del jefe del campo que se le ocurría que de repente teníamos que hacer gimnasia, y teníamos hacer gimnasia, o que de repente teníamos que repetir canciones”. Un día, le tocó vivir un episodio con distintos carabineros que le pareció “irreal”:

–Me dicen que me desnude. Yo pensé que me iban a hacer un examen médico, hasta que me llevan a una sala y en esa sala fui interrogado por tres altos mandos. No te podría decir quiénes.

Leopoldo Cáceres, uno de los hijos del exalcalde de San José de Maipo, Víctor Cáceres Riquelme (PS), cuenta que su padre, fallecido en 2018, le habló de lo ocurrido en Las Melosas: “Yo le escuché a mi papá hablar de Las Melosas y que había sido maltratado, que había sido torturado”, dice, sobre hechos ocurrido cuando él tenía solo un año.

Cáceres Riquelme era alcalde de San José de Maipo cuando fue detenido por fuerzas militares.  Estuvo cerca de tres años recluido en distintos recintos donde se torturó a personas, hasta que fue exiliado y viajó a México. A su regreso, en 1992, fue elegido nuevamente alcalde de esa comuna y en 2008 enfrentó un juicio, en el que fue absuelto, acusado de abusos sexuales.

Según registra el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, en su “Investigación de Derechos Humanos Provincia Cordillera”, Cáceres relató lo siguiente: “El jueves 13 de septiembre, fui enviado al regimiento de Puente Alto, y estuve detenido, torturado con electricidad y golpizas varios días. Pese a que estaba vendado en los ojos, reconocí al subteniente Varela como uno de los torturadores. Me hicieron simulacro de fusilamiento. Me daban comida con aceite de motor. Además, me llevaban a la Casa de Piedra en Lagunillas y a Las Melosas sector minero, para maltratarme”.

En Guiature.cl, el refugio de montaña Las Melosas, de Carabineros, es descrito de la siguiente manera: “Es un paradisíaco lugar que se encuentra ubicado en medio de la precordillera de la zona central, en la localidad de San José de Maipo, a 86 km. del centro de Santiago. Está abierto todos los días del año, ofreciendo a sus visitantes, previa reserva, servicios gastronómicos, de hotelería y de spa”.

Leopoldo Cáceres sabe que en el lugar donde fue torturado su padre hoy opera un lugar vacacional de Carabineros. Además, una declaración de un carabinero, en el contexto de la desaparición de ciudadanos uruguayos durante la dictadura, señaló que entonces el refugio Las Melosas estaba a cargo de la Dirección de Bienestar de la policía uniformada, la misma que lo administra hoy.

CIPER preguntó a Carabineros si el centro aludido como lugar de tortura es el sitio donde está emplazado el refugio de montaña. No respondieron esa consulta y solo indicaron que “la institución posee en la actualidad un refugio de montaña para oficiales, suboficiales mayores y personal civil, llamado Las Melosas y que depende de la Dirección de Bienestar de Carabineros, la que posee su administración y tutela. Este es un lugar de recreación y descanso”. 

Por último, desde la institución señalaron que no se referirán “a procesos que se mantengan judicializados, ello en virtud de la persecución judicial penal, civil, militar, y o administrativa que procedan en las respectivas investigaciones”.

(*) Colaboraron en esta investigación las estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UDP, María Ignacia Ampuero y Juliette Hardy. Ellas hicieron una base de datos con antecedentes de los orígenes de los centros recreacionales de las Fuerzas Armadas y policías.

Este pequeño memorial se ubica en el hall de acceso de la Casa Central y lleva el nombre de los estudiantes Luis Muñoz, JAIME ALDONEY VARGAS , María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez, Alfredo García, Silvio Pardo y Enrique Olmedo, además del sacerdote Miguel Woodward, quien era profesor en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad.

En el hall de acceso de la Casa Central de la PUCV se realizó la ceremonia de inauguración de una placa de mármol que recuerda a un grupo de siete estudiantes y un profesor de la Católica de Valparaíso que fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por parte de la dictadura militar entre los años 1973 y 1977.

La instalación de este pequeño memorial a las víctimas de violación de los DD.HH. en Chile fue posible gracias a la gestión de la Rectoría de la PUCV y el Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, el que es liderado por la exalumna Eliana Vidal, quien fue presa política e integró la Federación de Estudiantes de nuestra Universidad en 1967.

La placa de mármol recuerda a los alumnos Luis Muñoz Rodríguez, Jaime Aldoney Vargas, María Teresa Eltit, María Isabel Gutiérrez Martínez, Alfredo García Vega, Silvio Pardo Rojas y Enrique López Olmedo. También rememora al ex sacerdote y profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad, Miguel Woodward Iribarry.

La ceremonia fue encabezada por el Pro Gran Canciller de la PUCV y Administrador Apostólico de Valparaíso, Monseñor Pedro Ossandón, quien bendijo la placa y destacó la labor de quienes murieron luchando por sus ideales.  

“La resurrección de Cristo, nos recuerda que es posible vencer la soberbia, la prepotencia, la violencia, la muerte y la desesperanza. La resurrección también nos recuerda que es posible -gracias a todas las agrupaciones de DD.HH. y a las comunidades que han guardado la memoria de tantas personas- la verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación, el perdón y la paz”, indicó.      

Entre los asistentes a la ceremonia, estuvo el vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados, Joel Saavedra; la directora general de Vinculación con el Medio, Karina Toledo; el presidente del Capítulo Académico, Pedro Santander; el jefe de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, la presidenta de la Federación de Estudiantes PUCV, Séfora Pinto, entre otras autoridades, académicos, funcionarios, exalumnos y estudiantes.

RECTOR: “HOY DEJAMOS TESTIMONIO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES”

Al respecto, el rector Claudio Elórtegui señaló que desde esta semana se pueden leer los nombres de los miembros de la comunidad universitaria a quienes les fueron conculcados sus derechos fundamentales. “Este solemne acto para la memoria se une en nuestra Casa de Estudios a una lista larga de actos de reparación que la Universidad ha ido realizando a través del tiempo desde el retorno a la democracia en nuestro país, los que se inician en la Rectoría del profesor Bernardo Donoso cuando el Consejo Superior constituyó la comisión de exonerados políticos, a través de la cual se hicieron una serie de acciones de reparación del daño cometido a distintos trabajadores de la Universidad. Luego con el rector Alfonso Muga se descubrió la placa cuyo texto se conserva”, precisó.

Posteriormente, el rector planteó que “para que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes y violaciones a los DD.HH. en nuestro país, hoy dejamos testimonio para las futuras generaciones de quienes fueron asesinados por pensar distinto. Junto con ello, anteriormente en nuestra Rectoría, presentamos al Consejo Superior una iniciativa para otorgar títulos y grados en forma simbólica y póstuma a estudiantes que no pudieron terminar sus carreras porque fueron víctimas de la violencia política en ese periodo. Esta propuesta de la Rectoría fue aprobada de manera unánime por el Consejo Superior y se encuentra en aplicación”, advirtió.  

En representación del Colectivo de Ex Estudiantes UCV “Recuperando la Memoria”, Eliana Vidal, recordó que esta iniciativa nació hace dos años cuando en la Universidad se conmemoraron los 50 años de la Reforma Universitaria y mandaron una carta al rector para instalar una placa con los nombres de los alumnos y el profesor que fueron detenidos, torturados y desaparecidos.“Es importante que la gente joven que hoy día estudia en la PUCV conozca la historia de esta Casa de Estudios y que es parte de la historia del país. Es un momento muy especial, pues recuperamos esa memoria que estaba olvidada y que simboliza un acto de reparación (…) Nuestros compañeros hoy homenajeados tenían un sueño común: que esa realidad que vivíamos se podía cambiar. Sin embargo, algunos comenzaron a ser detenidos el mismo 11 de septiembre. En un momento, pareció que todo se derrumbaba, pero otros continuaron la lucha en las condiciones más adversas, contra la dictadura cívico-militar. Ellos llevaban algo hermoso de esta Universidad, pero hoy no están acá. Pensamos que era justo que volvieran a esta casa y que sirvan de ejemplo a la juventud que pasa por estas aulas”, concluyó.

El Fisco deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos por la detención y desaparición de Jaime Aldoney Vargas en 1973.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad de los agentes del Estado en la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, detenido por funcionarios de la Armada el 12 de septiembre de 1973.

Un día después del Golpe de Estado, el entonces regidor de Limache e interventor nacional de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) fue arrestado en la fábrica cervecera, trasladado a la comisaría comunal –donde recibió las primeras golpizas– y conducido a la base aeronaval de El Belloto, en Quilpué.

Según el testimonio de su hermano, en las instalaciones de la Armada Jaime Aldoney “fue brutalmente golpeado, lo que ocasionó que finalmente fuese subido a un helicóptero y lanzado al mar”.

Aunque esta versión fue corroborada por la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), la Corte Suprema aplicó el criterio de media prescripción para la causa impulsada por la familia de Aldoney a comienzo de los años noventa.

En otras palabras, los agentes del Estado, autores del delito, quedaron en libertad. Así lo indicó a RVL Noticias el ex Intendente y hermano de la víctima, Gabriel Aldoney.

De todas maneras, el máximo tribunal del país también determinó que la familia Aldoney podía recurrir a una indemnización de parte del Estado por la desaparición del dirigente socialista.

Así, el 20 de octubre pasado el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar la suma de $50.000.000 al hermano del ex regidor de Limache.

En el fallo, la jueza Gabriela Silva Herrera estableció que "estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad (…), tal como dan cuenta la sentencia de primera instancia y la sentencia de reemplazo dictada por la Excelentísima Corte Suprema, en atención a que todos los condenados, se desempeñaban en ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden".

Continúa, “se tendrá por acreditado que este hecho, el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar a personas opositoras al régimen militar”.

En relación a los dineros que eventualmente recibirá la familia de Jaime Aldoney, el ex Intendente de Valparaíso indicó que la indemnización es un acto legítimo de parte del Estado.

Aunque Gabriel Aldoney señaló que, en lo particular como familia no requieren los recursos, de recibirlos los utilizarán para mantener vivo el recuerdo de Jaime.

“Creo que en Chile es necesario que el esfuerzo que realizó mucha gente común y corriente por tener un país mejor, para algunos equivocadamente y para otros no, no es motivo para que se justifique lo que le ocurrió a esas personas”, dijo.

En esta línea, la familia Aldoney continuará colaborando con una beca anual para los alumnos del liceo de Limache, donde Jaime estudió, para financiar el inicio de sus estudios universitarios.

43 años después de ser detenido y desaparecido, la Universidad de Playa Ancha hará un homenaje póstumo al joven estudiante Jaime Aldoney Vargas, con la entrega de un diploma de reconocimiento especial, ceremonia que se realizará el próximo 28 de marzo, a las 10.30 horas.

El homenaje se efectuará en la “Sala de Alta Demanda” ubicada en el segundo piso de Biblioteca Central de nuestra institución, ocasión en la que familiares, amigos y autoridades académicas recordarán al joven estudiante de cuarto año de Periodismo, tras la resolución adoptada por la Junta Directiva que preside Eduardo Cavieres Figueroa.

Antecedentes

De profesión constructor civil, Aldoney era estudiante de cuarto año de Periodismo en la Universidad de Chile cuando fue designado interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) de Limache, ciudad que lo eligió regidor en las listas del Partido Socialista. El 12 de septiembre de 1973 fue arrestado por carabineros junto a otras once personas. Tras ser torturado en la base Naval El Belloto y luego en el buque Maipo, su cuerpo fue visto en la morgue del hospital Deformes, desde donde desapareció hasta el día de hoy.

La sencilla credencial azul y la piocha (insignia) del Colegio de Periodistas de Chile, entregadas en las manos de sus familiares, fueron el homenaje póstumo que la Orden profesional rindió a cinco jóvenes que no pudieron culminar sus estudios universitarios de Periodismo, debido a la persecución de que fueron víctimas.

El acto fue íntimo y emotivo. Solemnemente, los miembros del Consejo Nacional alzaron sus manos, votando favorablemente cuando el secretario general, Patricio Martínez, pronunció los nombres de cada uno de los homenajeados, quedando así incorporados oficialmente en forma póstuma al Colegio de Periodistas de Chile.

Se trata de Diana Arón Svigilisky, estudiante de la Universidad Católica, quien al momento de su detención el 18 de noviembre de 1974 se encontraba embarazada; José Pérez Hermosilla, periodista autodidacta del Programa Nacional de Comunicaciones del Agro, Indap, detenido el 5 de enero de 1974 y probablemente asesinado en Tejas Verdes en febrero de ese año; y Eduardo Jara Aravena, secuestrado el 23 de junio de 1980, torturado y abandonado en un sitio eriazo tras lo cual murió en un recinto asistencial.

Le siguen Mario Calderón Tapia, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile en Valparaíso, ex presidente de la Federación de Estudiantes de esa universidad, detenido en Santiago el 25 de septiembre de 1974; y de Jaime Aldoney Vargas, ex estudiante de 4° año de Periodismo de la Universidad de Chile e interventor de CCU en Limache al momento de su detención, ocurrida el 12 de septiembre de 1973.

El hijo de Eduardo Jara agradeció el reconocimiento enviando un saludo desde su hogar, en el sur: “Este acto simbólico es muy importante en la historia de un joven que soñó con un futuro mejor, razón por la cual trabajó con esfuerzo, pasión y dedicación, sin siquiera imaginar que un día cualquiera su vida sería tomada por el aparato impune del estado de Chile”.

Mario Calderón Tapia fue traído al presente por su ex compañero de curso, el actual Consejero Nacional Daniel Lillo: “El dinámico “Negro” había sido presidente de la Federación de estudiantes de la Chile en Valparaíso. De elevada estatura, fornido y bueno para los combos, era un orador temible y apasionado, que seguramente no se entregó fácilmente a sus captores (…) Su madre, doña Alicia López, (…) buscó el paradero de los restos de su hijo hasta el fin de sus días, golpeando inútilmente todas las puertas castrenses y judiciales. Se considera muy posible que su cuerpo haya sido arrojado al mar en algún lugar de la bahía de Valparaíso”.

Marcelo Castillo, presidente del Colegio, afirmó que “mientras estos colegas entregaron su vida por la libertad de prensa, otros miembros de nuestra Orden, como Agustín Edwards, fueron cómplices activos de las violaciones a los derechos humanos”. El dirigente planteó la necesidad de que los tribunales de ética del Colegio revisen la permanencia de Edwards en sus registros, quien ha sido recientemente querellado por su probable participación en la Operación Colombo. 

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, periodista y ex regidor de Limache, y ejecutado a partir del 12 de septiembre de 1973 desde la base aeronaval de El Belloto.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las penas, acogiendo la investigación que realizó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.
La condena se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal.
El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López.
Cinco de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, y Germán Valdivia Keller.
Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio Mendoza Rojas se le aplicaron sólo 4 años y también con libertad vigilada.
En el aspecto civil se determinó que los condenados Valdivia Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas deben cancelar una indemnización solidaria de $ 30.000.000 a
Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima.
Asimismo se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal.
En el aspecto civil, la determinación de acoger la excepción a favor del Fisco de Chile se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó penas tan bajas que los siete condenados las cumplirán en libertad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.

Los ministros Manuel Silva Ibáñez y Gonzalo Morales (voto de mayoría) aplicaron el criterio jurídico de la "media prescripción" y aplicaron condenas de tres años y 541 días en contra de los seis capitanes de navío (R) -Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Guillermo Vidal Hurtado y Sergio Mendoza Rojas- y el contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen.

Como las penas son inferiores a cinco años y un día todos los sentenciados las cumplirán en libertad.

La media prescripción es una fórmula "de reconciliación", instalada hace dos años por la Sala Penal de la Corte Suprema, que permite aplicar penas bajas a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

La sentencia fue considerada "grave y lamentable" por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Karina Fernández, querellante en la causa: "se aplicó un tipo de prescripción a violadores de derechos humanos que les permite seguir libres, en una sentencia absolutamente contradictoria con los principios del derecho internacional".

La abogada dijo a La Nación que "la Armada no colaboró en la investigación, por lo que es aún más injusto" y agregó que "recurriremos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema".

Jaime Aldoney, ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache y hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue detenido tras el golpe militar de 1973 y torturado en la base aérea naval de El Belloto, desde donde despareció.

El abogado y diputado (PS), Juan Bustos, anunció que apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el caso de Jaime Aldoney, cuyo cuerpo fue lanzado al mar en 1973, luego que el ministro en visita Julio Miranda condenara a cuatro oficiales (R) de la Armada a cuatro años de libertad vigilada, a penas remitidas a otros dos involucrados y absolviera a otros dos individuos.

Bustos calificó las penas como insuficientes "deben ser de presidio mayor, pues se trata de un crimen muy grave".

Entre los sentenciados se encuentran Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, además del contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López, quienes obtuvieron penas que van desde los 72 días hasta los cuatro años de presidio que podrán cumplir de manera remitida.

Jaime Aldoney era estudiante de Periodismo, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) cuando fue detenido por Carabineros en 1973.

Según los testimonios de la época, desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, se inhabilitó de seguir investigando la causa por la desaparición del militante socialista Jaime Aldoney, ocurrida en septiembre de 1973.

El ex intendente de la Quinta Región y hermano del integrante del PS desaparecido, Gabriel Aldoney, informó que la decisión la adoptó la propia magistrada Corti al considerar que no estaba en condiciones de seguir con la investigación del proceso pues ya se había manifestado de acuerdo en sobreseer de manera definitiva estas causas, tal como lo hizo en el caso por la desaparición del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward.

Precisamente fue en este último proceso que la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió reemplazar a la magistrada Corti luego que ésta sobreseyera en forma definitiva la causa argumentando que los delitos denunciados estaban prescritos. Según la jueza, existe un documento médico que establecería la muerte del religioso y, por lo tanto, no correspondería aplicar la tesis del secuestro permanente.

Argumento que según Aldoney no podría ser aplicado en el proceso que se sigue por la desaparición de su hermano. "A nosotros nos parece que el caso de Woodward es un caso distinto no sólo a la situación generada con la desaparición de mi hermano sino también a lo ocurrido en Quillota donde hay personas incluso confesas de haber torturado y de haber hecho desaparacer personas", dijo Aldoney.

Tras inhabilitarse del caso, ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá resolver si acoge la medida nombrando a un nuevo ministro para conocer de este hecho en el que se encuentran procesados por secuestro calificado siete funcionarios en retiro de la Armada.

Tras un año de investigación, la ministra de fuero Gabriela Corti sometió ayer a proceso a cinco oficiales en retiro de la Armada y un civil como presuntos autores de secuestro calificado del ingeniero Jaime Aldoney (PS), detenido desaparecido desde el 12 de septiembre de 1973. El caso es emblemático para las agrupaciones de derechos humanos de la Quinta Región, ya que es uno de los pocos crímenes en que están vinculados efectivos de la Marina en su ejecución. También impacta a la Armada pues, a diferencia del Ejército y de la Fach, ésta sólo contaba con un par de oficiales (R) procesados por violaciones a los DD.HH, relacionados a acciones del Comando Conjunto.

Los encausados ayer son el contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen, los tenientes (R), Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Ondargarín Romero, y el ex cabo Manuel Bush López, actual funcionario de la Municipalidad de Quilpué. Los ex uniformados fueron trasladados ayer bajo custodia de funcionarios de la Armada y en un vehículo de esa institución al juzgado del Crimen de Limache en donde fueron notificados por la magistrada de la encargatoria de reo.

Al lugar también acudieron los diputados y abogados querellantes, Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS) y el hermano de la víctima Gabriel Aldoney, director de la Empresa Portuaria de Valparaíso, quienes criticaron a la Armada por entregar "apoyo institucional" a los inculpados y la emplazaron a colaborar en el caso. "Pedimos que sea la Armada la que en un real gesto hacia el país, reconozca la verdad y finalmente le diga a la familia dónde están los restos de Jaime Aldoney", afirmó Laura Soto.

En la rama castrense ayer no se quiso hacer comentarios sobre el tema. No obstante, el comandante en jefe, Miguel Angel Vergara -quien se encuentra en Corea- señaló en septiembre pasado respecto al eventual procesamiento de los oficiales que "si se llegó al convencimiento que tienen que ser condenados, lo lamentamos, pero la justicia tiene que cumplirse".

Respaldo de senador Arancibia

El ex comandante en jefe de la Armada, senador UDI, Jorge Arancibia, manifestó ayer que los oficiales (R) "en tanto no sean encontrados culpables van a contar con mi simpatía, mi respaldo y mi apoyo si es necesario". El parlamentario señaló que el contraalmirante Huber "es amigo mío, siento un doble sentimiento de ver una persona de esa alcurnia en esa situación, confío que la justicia logre despejar las dudas". Arancibia agregó que cuando estuvo en la Armada, hizo todo lo posible por encontrar más información sobre Aldoney, pero sin éxito.

Jaime Aldoney era estudiante de periodismo e interventor de la CCU cuando fue detenido por Carabineros en 1973. Según los testimonios de la época desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro. Testigos aseguran haber visto su cadáver el 26 de septiembre en la morgue del Hospital Deforme de Valparaíso. En busca de sus restos, la jueza Corti hizo el año pasado infructuosas excavaciones en Colliguay

5 de Febrero 2004 Zonaimapcto.cl

Se  procesó a otros dos ex marinos en Caso Aldoney

Tal como lo anticipó ZonaImpacto.cl en junio del año pasado (Edición Nº 125 “Caso Aldoney: querellantes pedirán procesamiento de otros dos ex suboficiales de la Armada; los seis detenidos recurren a la Corte de Apelaciones” ), la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, dictó dos nuevos procesamientos en el caso de la desaparición del periodista, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) militante socialista Jaime Aldoney Vargas.

Los autos de procesamiento fueron decretados por el delito de secuestro calificado y afectan a los capitanes de navío en retiro de la Armada Guillermo Vidal Hurtado y Germán Valdivia.

En 1973, cuando Aldoney fue asesinado y hecho desaparecer, los dos ex marinos que ahora fueron procesados ejercían en la hoy ex Base Aeronaval de El Belloto, Quilpué, como tenientes, según informó la diputada PPD Laura Soto, una de las abogados querellantes en el caso. El otro patrocinante de la querella que instruye la ministra Corti es el también diputado Juan Bustos (PS), representante del distrito 12 (Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué).

Los nuevos encausamientos fueron dictados debido a que ambos declararon una versión diversa sobre los hechos que culminaron con la desaparición de Aldoney, a lo previamente declarado por los demás procesados del caso, según reveló la diputada Soto.

Los otros seis procesados, todos oficiales en retiro de la Armada, son el contralmirante en retiro Ernesto Huber von Apen, quien 1973 –cuando desapareció el entonces regidor socialista- estaba a cargo de la Base Aeronaval de El Belloto. Además de Huber, están encausados en este proceso son el capitán (r) Sergio Mendoza Rojas, capitán (r) Patricio Villalobos Lobos, el suboficial (r) Manuel Bush López, el capitán (r) Jaime Undargarín Romero y el teniente (r) Pedro Arancibia Solar.

Detenido en Limache

El 12 de septiembre de 1973, el entonces interventor de la CCU, regidor en Limache, constructor civil y periodista Jaime Aldoney, fue detenido en la planta de la industria cervecera en Limache. Fue llevado primero a un cuartel de Carabineros y luego a la Base Aeronaval de El Belloto, donde fue sometido a torturas que le causaron la muerte al parecer el 14 de septiembre del mismo año.

El regidor Jaime Aldoney tenía 30 años al momento de ser detenido; había sido uno de los fundadores del Mapu (Movimiento de Acción Popular Unitaria), pero luego ingresó al Partido Socialista.

La causa está siendo investigada desde hace más de dos años por la ministra Corti, designada para conocer causas por violaciones a los derechos humanos en la Región, quien ha desarrollado una amplia investigación, que incluyó testimonios recogidos en el extranjero por agentes policiales de Interpol.

Ex presos políticos que permanecieron detenidos en la Base Aérea El Belloto de la Armada, precisaron que el dirigente socialista, hermano del ex intendente de la Quinta Región, Gabriel Andoney, falleció la noche del 12 ó 13 de septiembre, noticia que les fue entregada por los propios uniformados

SANTIAGO.- Ex presos políticos que permanecieron detenidos en la Base Aérea El Belloto de la Armada, entregaron anoche testimonios sobre la muerte de Jaime Aldoney Vargas, regidor socialista detenido desaparecido desde el 13 de septiembre de 1973. En declaraciones a TVN, sus compañeros de cautiverio precisaron que el hermano del ex intendente de la Quinta Región, Gabriel Andoney, falleció la noche del 12 ó 13 de septiembre, noticia que les fue entregada por los propios uniformados. Oscar Villanueva señaló que un conscripto les comunico de la muerte por las torturas recibidas de quien era un conocido dirigente socialista y que además fue interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU). Precisó que un marino que lloraba solo repetía "se nos fue". En tanto el abogado Juan Bustos dijo que por cierto que en este caso hay involucrados siendo el más importante de ellos el contraalmirante en retiro Ernesto Hubert Von Apel. En tanto Gabriel Aldoney señaló que "nunca ha habido un reconocimiento explícito de la Armada respecto a este tema. Entonces uno llega a la conclusión de que aquí hay algo premeditado de no reconocer oficialmente lo que ocurrió. Precisó que está dispuesto a perdonar pero dijo que quiere saber realmente cuál fue el destino de su hermano.

por Rocío Berríos

El hermano de Jaime Aldoney Vargas, regidor socialista detenido desaparecido desde el 13 de septiembre de 1973, asegura que el comandante en jefe de la Armada se comprometió a entregarle antecedentes sobre lo sucedido con su familiar, que fue visto con vida por última vez en la base aeronaval de Belloto. Los datos, finalmente, no aparecieron en la lista que entregó esa institución en el marco de la Mesa de Diálogo y el proceso judicial abierto por este emblemático caso recién comienza a mostrar avances.

Como un joven "comprometido con los valores socialistas, trabajador, de un humor muy irónico" recuerda Gabriel Aldoney, intendente de la Quinta Región durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a su hermano Jaime, cuyo rastro se perdió tras el golpe militar de 1973.

Jaime, un destacado dirigente socialista, a esa fecha regidor e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), fue detenido junto a sus compañeros de trabajo por funcionarios de la Armada y torturado en la base aeronaval de El Belloto, según consta en las declaraciones de testigos en el proceso que se sigue en el Juzgado de Letras de Limache. En esa localidad, ubicada entre Quilpué y Villa Alemana, dejó de saberse de él.

Gabriel Aldoney también fue detenido en 1973. Al año siguiente marchó al exilio, en la entonces RDA. Desde allá, y en silencio, comenzó a recabar información sobre su hermano, entre detenidos y uniformados, labor que continuó a su regreso a Chile.

Así, intentando acercarse a los oficiales responsables de la detención de su hermano, consiguió del comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia -según contó a este medio-, el compromiso de esclarecer el caso o, al menos, recopilar más antecedentes durante los seis meses de trabajo de los integrantes de la Mesa de Diálogo.

Eso no ocurrió. Esta semana, el ex intendente se reunió con funcionarios del Ministerio del Interior, quienes le ratificaron que entre los antecedentes entregados por la Armada no hay dato alguno sobre el destino de Jaime Aldoney.

"El almirante faltó a su compromiso. No hizo lo que me prometió. Lo que corresponde ahora, salvo que cambie la actitud de la Armada, es continuar con el proceso judicial. Nosotros hemos dado ya demasiadas señales de tener una actitud muy generosa, porque, insisto, no me interesa el castigo ni señalar con el dedo a nadie, pero tampoco esto significa que a uno le puedan meter el dedo en la boca”, sostiene Aldoney.

Y sigue: “Al menos requerimos de gestos de arrepentimiento y de valentía que permitan procesar el dolor vivido durante todos estos años. Recién cuando se sabe por qué hechos concretos y a quién perdonar, puede surgir un genuino sentimiento de perdón".

Hasta 1990 -cuando se presentó la denuncia por presunta desgracia, que cambiaría en 1999 a una querella por secuestro calificado- los familiares sólo habían podido constatar que Jaime Aldoney había sido detenido en la CCU, más algunos antecedentes que la abogada de la Vicaría de la Solidaridad Gioconda Cotroneo les ayudó a recabar.

Explicaciones “preparadas”

La causa no ha arrojado luces sobre los responsables, hecho del que los familiares responsabilizan a la jueza Rosario Lavín, en quien recayó la investigación hasta que fue trasladada a La Serena. De hecho, una fuente cercana al proceso aseguró que los oficiales involucrados más directamente en la desaparición aún no han declarado, pese a haber sido individualizados.

Las contradicciones entre los que sí han hablado tampoco han sido resueltas en careos.

"La causa giró en torno a pistas falsas y [la jueza] no inculpó a nadie. No citó a ningún uniformado a declarar, cuando era obvio que estaban involucrados. La jueza sobreseyó cuatro veces y la Corte de Apelaciones reabría por quedar diligencias pendientes", explicó la misma fuente.

La magistrada, además, habría otorgado conocimiento del sumario a la parte querellada, facilitando, según los acusadores, que los responsables se coordinaran para no contradecirse a la hora de ser exhortados a decir verdad. Esta medida habría sido adoptada por la jueza sin darle a los representantes de la familia Aldoney la oportunidad de interponer un recurso de reposición, para mantener en secreto el sumario.

En los hechos anteriores y simultáneos a la desaparición de Jaime Aldoney habrían intervenido no sólo funcionarios de la Armada, sino también de Investigaciones y de Carabineros. En el cuartel de esta última institución la víctima habría sido brutalmente golpeada, para luego ser trasladada en un camión de la Armada hacia El Belloto.

Fuentes ligadas a la causa sostienen que la explicación que ha dado uno de los oficiales de esa repartición llamados a declarar, el almirante (R) Ernesto Huber Von Appen, es que Jaime Aldoney huyó el 13 de septiembre de 1973 de la base que él comandaba.

Esta versión, que habrían repetido en similares términos otros oficiales navales, es rechazada de manera tajante por los querellantes, ya que, en una situación como la que se vivía en esos días, difícilmente un prisionero, "de guerra" en la concepción militar, podría haber escapado, menos aún si se consideran las deterioradas condiciones físicas en que fue visto Aldoney por los testigos detenidos junto a él.

Obra también como prueba de la falsedad de esa versión, según una fuente, el hecho de que no exista ni siquiera un sumario por la presunta huida, en circunstancias que el personal responsable podría, al menos, haber sido dado de baja por tal negligencia.

A juicio del hermano del desaparecido Jaime Aldoney y actual presidente del directorio de la empresa Puerto de Valparaíso, las coincidencias en las declaraciones de altos oficiales que han sido llamados a declarar -que señalan que el aprehendido huyó de la base de Belloto el 13 de noviembre- revelan la existencia de un pacto de silencio para impedir que se conozca la verdad del caso.

Gabriel Aldoney tenía 25 años y militaba en el MAPU cuando su hermano Jaime, de 30, fue detenido. "El era una persona que para mí, como hermano menor, representaba mucho. En términos humanos era, sobre todas las cosas, alguien que reflejaba muy bien lo que éramos los jóvenes de esa época, con un alto sentido social, muy comprometidos", recuerda.

– ¿Cómo fue la detención de su hermano? – La madrugada del 11 él estaba en su casa en Limache, cuando fue bombardeada la radio Limache, que estaba muy cerca de la casa donde él vivía. Jaime escuchó los bombazos, se fue a la fábrica de la CCU y permaneció con los trabajadores de la empresa ahí. La información que tenemos es que al mediodía comenzaron a preparar la entrega de la empresa. Cerca de las 3 de la tarde, un comando de la Armada llegó a la fábrica y, sin posibilidades de ningún tipo de negociación, apresó a todos los que estaban ahí.

– ¿Los trabajadores estaban armados o preparaban algún tipo de defensa de la fábrica? – Ha habido un manto de dudas respecto de todos los que estaban en la CCU. En Limache no encontraron armas, nunca ha habido una denuncia de existencia de armas. Jaime, además, estaba lejos de ser calificado como violentista; de hecho, pertenecía al grupo menos radical del PS, que eran los "guatones". El era un joven de 30 años, idealista, que luchó por valores sociales y fue exterminado de una manera incomprensible.

– ¿Qué pasó después? – Jaime fue trasladado a la Comisaría de Limache, donde fue golpeado duramente, particularmente por los carabineros y algunos miembros de Investigaciones. En ese momento, la Armada se había retirado, dejando a cargo a Carabineros. Al atardecer, más o menos a las 6 ó 7, un camión de la Armada llegó a retirar a los detenidos y se los llevó a la base aeronaval de Belloto.

– ¿Sabe cómo fueron las horas en que estuvo detenido en la base? – Durante la madrugada del 12 al 13 fue torturado. Las informaciones que nosotros tenemos es que Jaime en la madrugada no se podía sostener.

– ¿Es efectivo que tenía neumonía? – Tenía problemas respiratorios, pero él falleció producto de las torturas a que fue sometido, de eso no cabe la menor duda.

– ¿Cuándo supo la familia de la detención? – María Isabel Bazignan, mi cuñada, supo de la detención el día 12. Ella fue inmediatamente allá. El 14 hizo las primeras gestiones y le negaban que hubiera sido detenido hasta que dos o tres días después le consultó a Guillermo Aldoney, un primo nuestro que era entonces jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, quien nos dio la respuesta de la fuga.

– ¿La creyeron en ese momento? – No. Esa es una aberración imposible de creer por la situación que se vivía en ese momento. Si uno se atiene a lo que hay en el proceso, es obvio que acá han habido maniobras de inteligencia para ocultar la verdad.

– ¿El almirante Aldoney era cercano a ustedes? – Las relaciones familiares eran gentiles, incluso recuerdo haberme encontrado con él en actos oficiales durante la Unidad Popular. Pero lógicamente que esto creó un distanciamiento enorme.

– ¿Cuándo supieron que Jaime estaba muerto? – Cuando yo fui detenido, el 19 de septiembre, lo primero que me dijeron los compañeros de trabajo en la CCU fue que a Jaime lo habían matado.

– ¿Tuvo oportunidad de pedir su cuerpo para sepultarlo? – Siempre se negó la existencia del hecho y era imposible hacer alguna gestión en ese tiempo. Mi cuñada habló con el oficial Huber y él le dijo que se había fugado el 13.

– Usted ha mantenido una actitud diferente de otros familiares de desaparecidos, señalando que sólo busca saber qué sucedió a su hermano… – Es que, como intendente, yo tenía que cumplir un rol de Estado, como representante del Presidente de la República. A pesar de que podría ser beneficioso utilizar en términos personales mi influencia o mi cargo para solucionar esto, yo entendí que debía hacerse dentro de un contexo general y debía entender que la situación que afectaba a mi hermano no era particular, sino que afectaba también a muchos otros chilenos. En ese sentido, pensé que era más correcto usar los caminos que usaba un ciudadano común y corriente, que eran los tribunales de Justicia.

– Pero más allá de ese cargo, ¿a usted le interesa, además de saber la verdad, que se castigue a los responsables? – Lo más importante es que conozcamos la verdad, pero toda la verdad, con todas sus circunstancias. Sentimos que esto nos puede dar tranquilidad. Eso está por sobre las otras consideraciones, porque la verdad es suficiente castigo moral para quienes cometieron estos crímenes y porque hay que pensar en las generaciones futuras, que están porque haya un cierre de este tema, un cierre que no signifique el olvido, para que no se vuelvan a repetir estos hechos. El sufrimiento de nuestros familiares desaparecidos debe, de esa manera, tener un sentido. Me gustaría poder perdonar, pero debo saber a quién y por qué hechos. De ahí podrá nacer una verdadera reconciliación. Esto es desde un punto de vista personal, porque hay personas que también están afectadas por este tema que tienen el derecho muy respetable de exigir castigo.

– ¿Cómo califica el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas en la Mesa de Diálogo? – Lo que ha ocurrido con el reconocimiento de las FF.AA. tiene que ver mucho con la verdad que muchos chilenos sabíamos, pero el hecho del reconocimiento importa. Pero tengo la sensación de que el momento que estamos viviendo no es definitivo, todavía hacen falta más gestos.

– ¿Sólo de parte de las Fuerzas Armadas o también del "otro bando"? – Nosotros cometimos muchos errores, lo que no hicimos fue violar los derechos humanos.

– ¿Cómo se siente ahora que se conoció el informe preparado por las instituciones castrenses y no contenía información sobre Jaime Aldoney? – Naturalmente que en lo personal me generó una gran frustración, que es producto de una situación muy específica, porque yo creo que cuando un oficial de la Armada (el almirante Arancibia) compromete su palabra, está comprometiendo un valor que ellos pretenden expresar en la sociedad, el sentido del honor. Alguien me podrá decir que fui ingenuo, pero eso es lo que ellos representan y cuando no se cumple obviamente uno siente una gran frustración. Pero ese sentimiento no puede ser motivo para superponer los problemas personales a los intereses generales del país.

– Ese compromiso fue adoptado durante el trabajo de la Mesa de Diálogo? – Durante los seis meses.

– ¿Y qué le dijo el almirante Arancibia? – Que ya tenía algunos antecedentes, pero que eran insuficientes aún. El almirante faltó a su palabra. No hizo lo que me prometió. Lo que corresponde ahora, salvo que cambie la actitud de la Armada, es continuar con el proceso judicial. Nosotros hemos dado ya demasiadas señales de tener una actitud muy generosa, porque, insisto, no me interesa el castigo ni señalar con el dedo a nadie, pero tampoco esto significa que a uno le puedan meter el dedo en la boca.

– ¿Se ha contactado con el almirante en estos días? – No.

– (…) – Nosotros ahora vamos a seguir con el camino judicial, y si ese camino, por falta de generosidad de los propios marinos, significa que la Justicia tiene que aplicar castigo, así será.

Familiares de detenidos desaparecidos en la región están optimistas por los resultados de la recopilación de antecedentes por parte de la Fuerzas Armadas,

Por primera vez desde que asumiera el cargo público que ejerció durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el ex intendente Gabriel Aldoney, accedió a conversar con "El Mercurio de Valparaíso" sobre la historia de su hermano Jaime (constructor civil, estudiante de Periodismo), uno de los 36 detenidos desaparecidos de la región consignados en el informe Rettig.

A sólo días de que se cumpla el plazo estipulado por la mesa de diálogo para recoger antecedentes sobre el paradero de detenidos desaparecidos, el ex Intendente explica : "Mi hermano era regidor por la municipalidad de Limache y era interventor general de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), antes había ejercido el mismo cargo en la filial de Limache, donde vivía en la calle 18 de septiembre, hoy Angamos, donde continuó viviendo a pesar que trabajaba en Santiago".

"Conocida la situación (en la madrugada del 11 de septiembre de 1973), mi hermano se fue a la CCU en Limache, allí estuvo el 11 y el 12 y en la tarde fue sacado por una patrulla de la Armada junto con el apoyo de Carabineros de la ciudad y en un grupo de muchas personas fueron detenidos por horas en la comisaría y de ahí trasladados en camiones de la Armada hacia la base aérea de El Belloto que ahora no existe", dijo.

-¿Qué pasó en la base?

En el belloto fue sometido a apremios bastante duros, tenemos más o menos el cuadro establecido, incluso conocemos las personas que serían responsables, eso se está investigando en el juzgado de Limache, pero son muchos los testimonios que nos permiten tener la certeza de quienes están involucrados. Lo que allí ocurrió fue que producto de las torturas, del mal trato Jaime falleció, lo que no tenemos claro es qué pasó con el cadáver de Jaime. Tenemos distintas versiones de lo que pasó.

-¿Cuáles?

Algunos han afirmado que Jaime habría fallecido en el hospital Naval, otros nos han dicho que fue lanzado al mar o a la cordillera de un helicóptero y existe también una versión que no tiene ninguna credibilidad para nosotros que es la que han entregado algunos oficiales de la Armada de la época, diciendo que Jaime se habría fugado de El Belloto, versión que es increíble para el tiempo que se vivía.

-¿A qué fue su hermano a la CCU?

El era interventor y la información que tengo es que ellos estaban defendiendo el gobierno de la UP. Aquí se ha armado una leyenda que habían armas, había mucha información exagerada y siempre se ha interpretado que en estos lugares (fábricas) existían armas y grandes contingentes de personas preparadas militarmente y la verdad es que en Limache no hubo absolutamente nada, ni siquiera tiroteos porque no existían. Mucha gente cumplió el deber que tenían como funcionarios del gobierno que representaban. Los trabajadores de la CCU querían entregar la fábrica.

-¿Cuántos años tenía su hermano?

Tenía 30 años …

Se detiene un momento y reflexiona sobre el momento actual y las posibilidades de que muchas personas puedan descansar en paz: "Pienso que quizás pueda influir que aquí, en Valparaíso, los casos de represión con consecuencias de este tipo no son muchas. Este es un problema ético y moral no vamos a descansar hasta saber lo que pasó. Esto no es ánimo de revancha o desquite, sino que es bueno que el país conozca lo que sucedió y creo que un 99% de los chilenos no quiere que esto vuelva ocurrir y quiere que seamos capaces de dilucidar nuestras diputas con criterios civilizados, basados en el respeto a la otra persona y para eso no tenemos que ocultar la verdad.

-¿Espera encontrar los restos de su hermano?

Hay un hecho que es básico y humano que es poder despedirse de un ser querido y ojalá saber dónde están sus restos, poder enterrarlos y cerrar un capítulo que ha sido muy doloroso. Yo no creo que exista una situación más compleja para un ser humano que ésta, es algo que no se puede ni se olvida y renace cada cierto tiempo y creo que el derecho que tienen todos los seres de cerrar un capítulo tan importante de la vida de uno, se debe dar…yo no sé si esto será posible porque no tengo ni siquiera las más mínimas pistas para decir 'los restos de mi hermano están en este lugar', no lo sé, sólo sé que entre la gente existen impresiones, comentarios, dudas. Eso no le hace bien al país, es necesario que la gran mayoría de nosotros puedan incorporar a las FFAA a la vida cotidiana y que no existan resquemores de este tipo y eso pasa por saber la verdad. Creo que no me corresponde responder a la pregunta que me hace porque no tengo los antecedentes y tendría que repetir especulaciones, por lo tanto, es a la Armada en este caso a la que le corresponde decir algo al respecto".

VERDAD Y RESPONSABILIDAD

-Quedan días para que culmine el plazo para que las FFAA y las iglesias recopilen información, ¿qué sentimientos lo envuelven?

Nosotros recurrimos a la justicia que lamentablemente no ha andado lo rápido que quisiéramos, pienso que la jueza a cargo del caso podría ser muchísimo más diligente…quiero serle bien franco: con esto no busco notoriedad pública, yo como Intendente podría haber utilizado mi cargo para…siempre mantuve esto en un segundo plano porque pienso que esta materia hay que actuar con mucha responsabilidad, lo que no significa actuar con debilidad. Insistiremos en el camino de la justicia, salvo que exista la certeza de los hechos que creemos son así por parte de quienes tienen y deben asumir sus responsabilidades.

Aldoney dice que tiene "plena confianza en que los altos mandos están haciendo todo lo posible para que esto no ocurra y tendremos que esperar el mérito de la información que se entregue para emitir un pronunciamiento final. Espero que ese día hayan buenas noticias, si no habrá que ver por qué no las hubo, a lo mejor habrá que ampliar el plazo, pero en fin, pienso que el compromiso de honor que tienen las FFAA y en el caso de mi hermano sea corroborado con la información que permite cerrar una herida tan profunda que tenemos todos los chilenos", afirmó.

La Corte Suprema penalizó a seis de los ocho acusados por la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, ocurrida el 12 de septiembre de 1973 en Limache.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva respecto a ocho miembros de la Armada por el secuestro calificado del periodista Jaime Aldoney Vargas, ocurrido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe militar.

Fuentes judiciales consultadas precisaron que, en fallo dividido, los ministros del máximo tribunal determinaron las penas al acoger la investigación que efectuó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.

El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López.

Cuatro de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero y Germán Valdivia Keller. 

Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio Mendoza Rojas se le aplicaron 4 años, también con libertad vigilada. 

En el aspecto civil, además, se determinó que los condenados Valdivia Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas deberán cancelar una indemnización solidaria de 30 millones de pesos a Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima.

Aldoney Vargas, periodista, constructor civil y regidor por Limache fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros que irrumpieron violentamente en su lugar de trabajo en esa localidad, arrestando a unas 12 personas entre trabajadores y ejecutivos 

Todos los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros de ese ayuntamiento y en horas de la tarde de ese mismo día Jaime Aldoney fue violentamente sacado del recinto policial por efectivos de la Armada y trasladado a la Base de El Belloto, en donde fue golpeado y torturado con electricidad.

El 13 de septiembre nuevamente fue trasladado de recinto, siendo esta vez llevado al buque mercante "Maipo", en donde se le vio por última vez el 14 de septiembre.

Jaime Aldoney Vargas:

El constructor civil que canalizó sus ideales a través del periodismo

por Gilda Rolleri

NOMBRE

Jaime Aldoney Vargas

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

Talcahuano, 8 de diciembre de 1943

ESPECIALIDAD

Estudiante de 4º año de Periodismo.

LUGAR Y FECHA DE DETENCION

DD, Limache, 12 de septiembre, 1973.

ACTIVIDADES

Constructor civil, interventor de la CCU de Limache y regidor socialista.

SITUACION JUDICIAL (1998)

Causa en el J. de Letras de Limache.

Violentamente arrestado junto a otras personas de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) de Limache, Jaime Aldoney Vargas (30), el interventor de la empresa, fue llevado hasta la Base Naval El Belloto la tarde del 12 de septiembre de 1973.

A los pocos días, su cuñada Isabel Margarita Ramírez averiguó que se desconocía su paradero. Sólo supo que Gabriel Aldoney, su marido, estaba en el «Lebu». Cuando su desaparición fue más evidente, las autoridades militares dieron versiones distintas: «se escapó» o «salió en libertad». Su amigo Hugo Arellano, director y propietario de la bombardeada radio Latina de Limache, lo vio en El Belloto en pésimas condiciones físicas, casi moribundo por las torturas y el maltrato.

Otro detenido, Sergio Clark Lillo, jefe de personal de la CCU, lo vio por última vez la madrugada del 13 de septiembre. En declaración jurada relató que un marino lo golpeaba —ya en pésimas condiciones físicas— preguntándole si recordaba cuando le había «levantado» una niña en la Universidad.

Luego de 5 años de noviazgo, se casó con María Isabel Bazignan, a quien conoció por su cuñada Isabel Margarita. Eligió la senda del partido Socialista y fue líder formador de sus hermanos Iván, Fernando y Gabriel. Su padre no mostró inclinación por la política: se dedicó de lleno al cumplimiento correcto del servicio público. Gabriel, Intendente de Valparaíso, reconoce que su formación moral y política se la debe al hermano desaparecido.

Estudió en el liceo de Limache y siguió la carrera de construcción civil en la Universidad Católica de Valparaíso. Con Jorge Cox hacía el viaje diario en el tren que trasladaba a la «patota» de estudiantes del interior de la provincia. En 1962 la UCV no toleraba estudiantes de izquierda, pero crearon el núcleo socialista que en 1963 elegiría dos directores de la federación de estudiantes: uno de ellos Jaime. Y no llenaron más cargos porque no había mas militantes. La directiva DC, recuerda Jorge, impidió la expulsión de «los marxistas». La democratización entraba en la Universidad.

Finalizada su carrera ingresó a la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile de Valparaíso donde se destacó como líder de la Brigada Universitaria Socialista (BUS) y participó en el proceso de Reforma que cambiaría el rumbo de los movimientos juveniles de los ’60. Tenía un programa en radio Latina y colaboraba para el desaparecido diario La Unión.

El periodista Patricio Henríquez, residente en Canadá y uno de sus amigos más cercanos, afirma que «no llegó a Periodismo movido por una vocación irrefrenable por los medios de comunicación, sino buscando la formación periodística como un instrumento que le permitiría vivir cotidianamente lo político, que sí era su vocación».

«Y como político era notable y brillante, honesto y, al mismo tiempo, dotado de esa astucia tan necesaria para sobrevivir en el mar de los muñequeos. Era respetuoso de las personas que sostenían ideas diferentes a las suyas y en esto contrastaba con el sectarismo del momento. Era contrastante en todo: en plena euforia de Los Beatles, apareció con un corte de pelo casi al cero: sólo se había salvado un pequeño «copete» sobre la frente, como los sobrinos del Pato Donald. Y desde entonces quedó como Cabeza de Pato», evoca Henríquez.

«Ajedrecista, de gran ingenio y estrategia, no tenía apego a las cosas materiales. En permanente contacto con la realidad y entregado a la causa social siempre estaba reuniéndose con pobladores y campesinos», recuerda el periodista Ernesto Tapia. De una visita a Sandor Arancibia, dirigente PS de Valdivia, al filo del golpe militar, Ernesto conserva un par de anteojos olvidados por Jaime.

Su cuñada Isabel Margarita cuenta que también estaba entregado a la comuna de Limache: fue el regidor más joven elegido en 1973. Todavía lo recuerdan las personas sencillas con quienes trabajó. Hugo Arellano, que sobrevivió a la tortura, la prisión y el exilio, reconstruyó radio Latina: una placa y una foto recuerdan a Jaime Aldoney en la sala principal de la emisora.

Gerardo Valenzuela, su amigo y compadre, concejal PS de Limache, tuvo el privilegio de recibir sus «clases de oratoria» en pleno campo. El maestro lo obligaba a repetir una y otra vez, parado sobre una piedra, discursos políticos claramente comprensibles para «la platea». «Se interesaba por educarnos a quienes no habíamos tenido la oportunidad de ir al colegio». Valenzuela recuerda jocosamente «las salidas a terreno donde difícilmente nos encontraba buenos».

Doña Filomena Vargas, su madre de 92 años, se siente con fuerzas, a la espera de una respuesta que le permita dar un lugar de reposo a quien murió por sus ideales y pueda ser visitado por sus sobrinos que forman las generaciones nuevas que mantendrán vivo su recuerdo. Su esposo falleció con la esperanza de dar cristiana sepultura al hijo asesinado.

Gilda Rolleri, periodista formada en la Universidad de Chile de Valparaíso, fue condiscípula de Jaime Aldoney. Trabajó en TVN y en Puro Chile. Actualmente se desempeña en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

Esta informacion ha sido extraida textualmente de:

Morir es la Noticia

Ernesto Carmona Editor

(Periodistas relatan la historia de sus colegas asesinados y/o desaparecidos)

(Tercera Edición);  SANTIAGO DE CHILE 1998