Albornoz González Alejandro

Alejandro Albornoz González, casado, obrero agrícola de la CONAF, sin militancia política conocida, fue detenido el día 6 de octubre de 1973, alrededor de las 14:00 horas, en su domicilio del Fundo El Carmen Maitenes, junto a su hermano Daniel Alfonso Albornoz González y a sus hijos Miguel, Germán y José Albornoz Acuña. Hasta su vivienda llegaron unos diez uniformados fuertemente armados, los que se movilizaban en caballos. De inmediato procedieron a allanar la vivienda y acto seguido, a detener a los hombres que en esos momentos se encontraban en el lugar. A estos últimos les ordenaron incorporarse a un grupo de detenidos que tenían en la calle principal del predio, entre los que se encontraban los hermanos José Liborio, Florencio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez y Luis Alberto Godoy Sandoval.
Los aprehensores formaban parte de un grupo más amplio, los que en un número aproximado a treinta, entre Militares, Carabineros y civiles, habían llegado el día anterior al Fundo Carmen Maitenes. Entre ellos los lugareños pudieron distinguir al en ese entonces Teniente de Carabineros Jorge Maturana Concha; los carabineros Osvaldo Díaz Díaz (alias "El Alicate") y Héctor Armando Guzmán Saldaña, ambos ex funcionarios del Retén El Morro (ubicado en una Hacienda del mismo nombre contigua al predio) y a un Sargento de Ejército de apellido Díaz. Entre los civiles, pudieron individualizar a Romualdo ("Mayo") Guzmán Saavedra, agricultor; Francisco Urrizola Elías, industrial dueño de barraca maderera; Ramón Elías Abella, industrial maderero; Aquiles Guzmán Fritz, agricultor todos domiciliados en Mulchén y a Carlos Lehman, quien residía en el fundo. Este último era yerno de Romualdo ("Mayo") Guzmán.
Los detenidos, tal como se señaló antes, eran obreros agrícolas domiciliados en el Fundo El Carmen Maitenes ubicado en la comuna de Mulchén, Provincia de Bío Bío. Todos estaban contratados por la Corporación Nacional Forestal CONAF . Este fundo había estado en trámite de expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria CORA la que lo había cedido a la CONAF para su forestación, debido al virtual abandono por parte de sus propietarios.
Uno de los civiles, integrante de la patrulla, portaba un documento firmado por el capitán de Carabineros Sergio Neira Tapia quien posteriormente ocupó el cargo de Gobernador de Mulchén que los autorizaba para actuar en el sector y para exigir todo tipo de facilidades y cooperación. Romualdo Guzmán se destacaba del resto por su prepotencia, razón por la cual los campesinos y familiares de las víctimas, hablan de un Capitán Guzmán como jefe del grupo. Los efectivos militares pertenecían al Regimiento de Infantería de Montaña N°17 "Los Angeles", en tanto los policías estaban adscritos a la Segunda Comisaría de Carabineros de Mulchén.
El grupo llevaba consigo una lista de nombres de lugareños del sector la que, aparentemente, habían obtenido en un allanamiento a una sede sindical campesina en Mulchén.
Los detenidos fueron recluidos en la Administración del fundo, la que fue facilitada para esos efectos por Carlos Lehman. En ese lugar, fueron obligados a tenderse boca abajo con las manos en la nuca, mientras sus captores caminaban por sobre sus espaldas, taqueando, golpeándoles con las espuelas y con las culatas de las armas. Se les obligó a golpearse duramente entre los mismos familiares hermanos contra hermanos y padres contra hijos bajo amenaza de muerte si se resistían; todo ello acompañado de insultos y sarcasmos. Posteriormente, fueron sacados de la Administración y obligados a ponerse con la cara contra la pared, donde les hicieron simulacros de fusilamiento. 
Los vecinos más cercanos a las casas de Administración del fundo, escucharon gritos y lamentos. Mientras esto ocurría en la Administración, otro grupo se dedicó allanar algunas viviendas de las víctimas.
Alrededor de las 19:00 horas de ese día, los aprehensores libertaron a los hermanos José Nieves y Germán Albornoz Acuña, quienes narraron a sus familiares lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente a las 23:00 horas, los habitantes del fundo "El Carmen Maitenes" escucharon dos ráfagas largas de disparos provenientes de la administración y, luego, silencio absoluto.
Al día siguiente, domingo 7 de octubre, concurrieron a la casa de los hermanos Rubilar Gutiérrez dos funcionarios de la CONAF, don Adolfo Martín Sánchez y el guardabosques Juan Leal, quienes manifestaron a los padres de los primeros que sus hijos y los otros detenidos habían sido trasladados a un lugar lejano y que les serían devueltos en un plazo de dos años.
Ese mismo día por la mañana, unos uniformados se hicieron presentes en la casa de los padres de los hermanos Rubilar Gutiérrez con el objeto de pedirles unas palas, con las que se dirigieron a un lugar ubicado a unos 500 metros hacia el oriente de las casas patronales del fundo, donde cavaron una fosa en una vega a las faldas de un cerro, entre un estero y un cerco de alambre. En esa fosa procedieron a sepultar siete cadáveres de las ocho víctimas del fundo "El Carmen Maitenes". Los victimarios prohibieron, bajo amenaza de muerte, a los familiares acercarse al lugar. 
La octava víctima, Guillermo José Albornoz González, fue ejecutada en la mañana del día 7 de octubre en un puente de cimbra sobre el río Renaico; en este lugar, atado, le dispararon varias ráfagas que le ocasionaron la muerte, sin que hasta ahora se haya encontrado su cadáver.
En el mes de marzo de 1979, coincidiendo con la fecha en que la Corte Suprema ordenara la investigación de los hechos señalados, desconocidos que se identificaron como carabineros, procedieron a la exhumación clandestina y al ocultamiento de los restos. No obstante, detectives de Angol recuperó algunas osamentas humanas de data aproximada a la fecha de comisión de los hechos.
El mismo grupo aprehensor de los 8 campesinos del Fundo Carmen Maitenes el día anterior, 5 de octubre, había detenido a otros 5 campesinos de la Hacienda El Morro, Juan de Dios Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda Castillo, José Vidal Aedo, Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán; el día posterior, el 7 de octubre, detuvieron en el Fundo Pemehue a Alberto y Felidor Albornoz González, a José Gutiérrez Ascencio, Juan Roa Riquelme y Gerónimo Sandoval Medina. Estos 10 campesinos también fueron ejecutados por sus captores y todos inhumados en fosas clandestinas, desde donde en 1979 los exhumaron también ilegalmente. (Para mayor información, ver caso de Juan de Dios Laubra Brevis y de Florencio Rubilar Gutiérrez).

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS 
Debido a antecedentes hechos llegar por la Corte Suprema a través de la Corte de Apelaciones de Temuco, se instruyó el sumario rol N°33.316 por la presunta desaparición de Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, en el Juzgado de Letras de Angol. El día 10 de julio de 1979, la Jueza se declaró incompetente debido a que el delito denunciado tuvo lugar fuera de su jurisdicción, razón por la cual los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Letras de Mulchén, el que inició el conocimiento de la causa el 18 de julio de 1979, siendo rolado con el N°20595. Mientras este proceso se desarrollaba, en el mismo Juzgado de Letras se presentó el 21 de noviembre de 1979 una querella criminal por los delitos de "allanamiento ilegal de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado cometido en las personas de José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar Gutiérrez; de Alejandro, Daniel, José Guillermo, Alberto y Felidor Albornoz González; de Miguel Albornoz Acuña; de Gerónimo Sandoval Medina y de Luis Alberto Godoy Sandoval". Esta querella fue acumulada a la causa 20.595 del mismo tribunal.
El día 22 de noviembre de 1979 se solicitó la designación de Ministro en Visita para conocer de estos hechos. El día 6 de mayo de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó para tales efectos al ministro Carlos Cerda Medina.
En la investigación judicial se logró establecer la responsabilidad de efectivos Militares y de Carabineros acompañados de civiles en la detención, reclusión, ejecución e inhumación ilegal de ocho campesinos del fundo El Carmen Maitenes.
El día 21 de diciembre de 1980, el Ministro en Visita se declaró incompetente para seguir conociendo la causa debido a que existía personal uniformado inculpado; pasando la causa al III Juzgado Militar de Concepción, siendo rolada con el N°446 81.
El 7 de enero de 1983, en virtud de Decreto Ley 2191 de Amnistía, los tribunales militares sobreseyeron total y definitivamente la causa. Sin embargo, el 18 de diciembre de ese mismo año, la Corte Marcial dejó sin efecto la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento definitivo a temporal.

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse. El horror que vivió gente inocente marcada por la venganza de sus patrones. 

Pasaban ya las dos de la madrugada. Llevaban varias horas atados con cuerdas y alambres. No tenían agua, comida, ni calor. Esa noche, el 6 de octubre de 1973, cayó agua-nieve sobre los techos de teja del potrero donde los habían puesto. El frío era casi insoportable para las 12 personas, todos trabajadores del fundo Carmen y Maitenes, detenidos en el día por la patrulla de Carabineros, militares y empresarios agrícolas que fue enviada desde el Regimiento de Los Ángeles.

Alejandro Albornoz González (48 años) intentaba echarse encima de sus hermanos Daniel (28) y José (32) para mitigar el frío que los hacía tiritar. Sus primos, Miguel (20), Ramón, Germán y José Albornoz Acuña, un poco más allá, rezaban al unísono. Al otro lado del terroso edificio, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33) intentaba hacer lo propio con sus hermanos José Liborio (28) y Manuel (25). Pegado a ellos, el último prisionero, Luis Godoy Sandoval (23), estaba mudo.

Tres carabineros los vigilaban apuntándoles con fusiles SIG. A esa misma hora, después de comer en un «rancho» en la casa patronal de Carlos Lehman, administrador del fundo, llegó hasta el potrero techado el resto de la comitiva cívico-militar.

El oficial de Carabineros a cargo comenzó a insultar y patear nuevamente a los campesinos. Lo mismo hicieron los otros cinco uniformados, cuatro de Carabineros y uno del Ejército. Les molestaban los quejidos por el frío. El civil presente los conocía. Sabía que las familias Albornoz y Rubilar eran las más conocidas y numerosas del sector.

Los habían interrogado sobre un tal Carlos Altamirano y sobre escuelas guerrillas, pero lo único que admitieron fue que habían trabajado toda su vida en el fundo la mayor parte del tiempo y, algunas veces, en las tierras que un asunto que se llamaba Cora (Corporación de Reforma Agraria) le había quitado a sus patrones.

Las respuestas no evitaron que, a punta de manotazos, pateaduras y huaycazos les rompieran las costillas, además de la mandíbula a uno de ellos y la cabeza al menor de los Albornoz González. El frío y el hambre aumentaban el dolor.

Ninguno había terminado la escuela. Por esos lugares, dicen, se comienza a trabajar a los 14 años, entre animales, veranadas, el aserradero y los cultivos de trigo. La única radio, que estaba en la casa patronal, apenas captaba señales. Por eso, desde las elecciones de 1970 que no sabían nada de Allende y la UP, excepto por las tierras que, según habían escuchado con interés, estaban asignando a los campesinos, pese a que el patrón, Lehman, decía que eran robadas por el Gobierno.

El desafío

Las pocas salas de cine chileno ya habían estrenado, durante la década de los sesenta, «Espartaco», la famosa adaptación que el director Stanley Kubrick hizo de la novela de Howard Fast. Se trata de la historia del mayor alzamiento de esclavos ocurrida en el Imperio Romano y de su líder, Espartaco, quien recorrió la península itálica liberando a los esclavos de la explotación y poniendo en jaque el infame sistema que sostenía la fortuna de la nobleza romana. Una vez derrotados, los patricios ejecutan una feroz venganza contra los sublevados que querían libertad: los persiguen, los detienen, los torturan y los crucifican.

Pero el sadismo de esta historia, que fue real, concluye cuando Craso, el general romano que lo derrotó, obliga a Espartaco a batirse en un duelo de espadas con su amigo Antonino. La lucha tenía como objetivo librar a uno de ellos de la muerte más ignominiosa de la época: la crucifixión en la vía Apia.

El joven teniente de Carabineros que comandaba la patrulla, y más de alguno de los que lo acompañaba esa madrugada de octubre de 1973, debían haber visto o escuchado hablar de la película cuando estuvieron frente a los campesinos de Mulchén.

La patrulla SALVAJE

Jorge Maturana Concha aún no cumplía los 29 años. Siempre estuvo entre las notas más bajas de la Escuela de Carabineros. Partió en Ñuñoa, pero luego fue destinado a Los Ángeles y de allí a Mulchén. En octubre de 1973 tenía 28 años y seguía siendo teniente. Dos noches atrás, el mayor de la Segunda Comisaría de Mulchén, Sergio Neira (hoy fallecido), se reunió con él y con empresarios de la zona. De ese encuentro emanó un listado de personas que Maturana Concha debía detener y fusilar. Sin proceso, sin juicio, sin vergüenza.

Las arengas que se escuchaban desde el 11 de septiembre tenían entusiasmado al oficial de verde musgo. Era su oportunidad para mostrar sus virtudes. Sin dudar tomó a cuatro carabineros y a un suboficial del Regimiento de Los Ángeles, asignado especialmente. Completaban la comitiva siete civiles, en su mayoría dueños de fundo y de los predios más grandes del sector, que guiaron con precisión a los uniformados.

Primero en camión y luego a caballo, recorrieron los más de 40 kilómetros hacia el este de la ciudad. Se detuvieron en el fundo El Morro. Ese 5 de octubre detuvieron a los campesinos Juan de Dios Laubra, Domingo Sepúlveda, José Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez. Todos ellos fueron conducidos al retén del sector, que estaba abandonado.

Recién en diciembre de 2007, Maturana Concha confesó estos hechos a los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y, luego, al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana. Hasta esa fecha, en todas sus declaraciones anteriores había mentido.

«Trasladamos a los detenidos a pie hasta el borde el río Renaico, donde di la orden de ponerlos en una fila, con su vista vendada, mientras el personal tomó posición frontal a los detenidos, dando la orden de disparar con un movimiento de mano; instrucción que cumplieron los subalternos dando muerte a los detenidos, quedando sus cuerpos tenidos (sic) en la ladera del río, luego nosotros continuamos nuestro camino», reconoció.

A caballo, y en forma de caravana de la muerte, los carabineros, militares y empresarios siguieron su camino hacia el fundo Carmen y Maitenes. Al otro día hicieron más detenciones. Los integrantes del destacamento que han reconocido alguna participación, reconoce que ninguno de los detenidos opuso resistencia.

Tras la larga jornada, Maturana ordenó que los uniformados y civiles se instalaran en la casa patronal, ofrecida por el dueño. Cerca de las dos de la madrugada, Maturana y el resto de la comitiva corrieron bajo el agua-nieve que caía para dirigirse al potrero techado, donde tres carabineros custodiaban a los 12 detenidos.

Espartaco Y ANTONINO

Los campesinos estaban en mal estado y se quejaban. Fue el momento en que Maturana Concha adoptó la postura del general romano victorioso y les comunicó que al día siguiente algunos serían ejecutados, pero que otros podrían salvarse. Pocos minutos después, los hermanos Albornoz González, los Albornoz Acuña y los Rubilar Gutiérrez se turnaban en el centro de la habitación para pelearse a combos hasta dejar inconsciente al contendor. Según el teniente de Carabineros, los vencedores podrían sobrevivir.

Después de una hora, los prisioneros convertidos en gladiadores jadeaban en el suelo, ensangrentados, con ojos llorosos y conscientes del sadismo del juego. Maturana y el resto de la patrulla reían. Durante lo que quedó de la noche, dos de ellos fueron liberados. Otro, José Guillermo González Albornoz, fue amarrado al coloso de un tractor.

Al resto, relató Maturana Concha, «los trasladamos a unos 40 metros, ordenando que comenzaran a hacer una fosa de dos metros de profundidad y unos cuatro a seis metros de largo, exigiéndoles a los detenidos que se pusieran boca abajo y que todo el personal procediera a disparar, ocasionándole la muerte a todas las personas. Luego los funcionarios procedieron a tapar la fosa con la misma tierra y pasto».

Durante el 2 de abril último, el juez Aldana realizó varias reconstituciones de escena en el sector. Acompañado de detectives y 23 personas, entre inculpados (siete) y testigos, recreó la ruta y hechos ocurridos esos días de 1973. Tras tantos años de silencio y de angustias reprimidas, el dolor no pudo más y estuvo a punto de generar una delicada situación ese día.

Los sobrevivientes de ese juego macabro, los hermanos Germán y José Nieves Albornoz Acuña, increparon a los ex carabineros que, 34 años después, aparecían obligados a decir la verdad por un juez que los escuchó. Las descargas iban principalmente dirigidas a Maturana Concha, quien, en un comentario fuera de su declaración, reclamó a los detectives: «Hasta cuándo van a seguir con esta chacota». El propio ministro Aldana debió solicitar al personal policial que interviniera para evitar un pugilato entre ex uniformados y los ex prisioneros cuyas vidas, sienten, costaron las de otros.

Según el mismo relato, la patrulla, que había asesinado a 12 campesinos en 48 horas, continuó camino hasta el sureste. En los faldeos del cerro Pemehue continuaron las detenciones. La violencia aumentó. Las casas eran allanadas con suma violencia; niños y mujeres fueron golpeados a puntapiés y culatazos.

El mismo Maturana reconoce que en una de las casas obligaron a la familia a proveerles alojamiento y comida durante tres días, mientras tenían detenidos a otros campesinos. Algunos de ellos fueron llevados caminando, tirados por un cordel atado al caballo de los suboficiales.

Con la misma mano fría demostrada en Carmen y Maitenes, la matanza continuó. Alberto y Felidor Albornoz González, los otros hermanos que trabajaban allí, también fueron obligados a cavar su anónimo sepulcro, junto a José Gutiérrez y Jerónimo Sandoval. Sin cuestionar las órdenes ni un asomo de rebeldía, se metieron en la fosa, se echaron boca abajo y fueron acribillados. Otro detenido, Juan de Dios Roa, fue fusilado y semienterrado muy cerca de allí.

EL HORROR ANTE SUS OJOS

Durante la noche, los miembros de la patrulla comieron y durmieron tranquilos. Al despuntar el 8 de octubre, el único militar de la patrulla, Luis Díaz Quintana, se percató que el prisionero que habían detenido en Carmen y Maitenes tres días antes, José Guillermo Albornoz González, seguía atado al coloso del tractor, a la intemperie, sin comida ni agua, con la mandíbula fracturada, las muñecas sangrantes por los alambres, defecado y orinado. Aún no está claro por qué este campesino, el último hijo varón sobreviviente de la familia, fue llevado allí. El militar que lo encontró declaró: «Acompañé a Ortiz, pasamos el río y Ortiz me dijo que yo lo matara. Pero yo no andaba armado, por lo que él sacó su arma y lo mató».

En cuatro días, 18 campesinos fueron detenidos ilegalmente, torturados, sometidos a juegos sádicos, asesinados brutalmente, algunos lanzados al río y otros enterrados en fosas.

Los familiares, que permanecían dentro de sus casas, amenazados por un toque de queda impuesto, comenzaron la búsqueda de sus seres queridos dos días después que la patrulla se fue. Los Roa dieron con su padre. Su hijo Pedro Roa Castillo, hoy de 44 años, era un niño cuando su padre fue detenido. En 2003 relató el horror que le tocó vivir: «Allí encontraron a mi padre, estaba siendo comido por perros, la cabeza estaba aparte del cuerpo, y procedimos a hacer un hoyo en el mismo lugar para enterrarlo. Lo mismo se hizo con otros cuatro cuerpos más, siendo enterrados estos últimos a orillas del río Renaico. Todos quedaron con una cruz. A la tumba de mi padre le hicimos una cerca de madera, sin pintar».

El ministro especial para causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, reabrió esta semana el sumario por la desaparición de 18 campesinos de la comuna de Mulchén ocurrido en 1973. Luego de seis meses de haber decretado el cierre del sumario, el ministro decidió reabrirlo de oficio para investigar la participación de uniformados, particularmente del Regimiento de Los Ángeles, en la "Operación Retiro de Televisores" efectuada a comienzos de 1979. Esta operación consistió en practicar exhumaciones ilegales de las víctimas ejecutadas y sepultadas clandestinamente (hechas desaparecer) durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles fachos en funestas razias represivas; en los campos de la zona estas razias fueron masivas y cruentas.

Años más tarde, luego del descubrimiento de los cadáveres de desaparecidos de Buin y Paine en los Hornos de Llonquén, cerca de Santiago, el tirano ordenó limpiar el territorio de tumbas clandestinas y hacer desaparecer los restos de las víctimas ya desaparecidos. Esta perversa operación fue encabezada, organizada y coordinada, por el recientemente suicidado ex jefe de la CNI Odlanier Mena Salinas.

Al momento del cierre del sumario, en abril de este año, el ministro Aldana solo había procesado a cinco carabineros en retiro por los delitos de secuestro y homicidio calificado de las víctimas, pero sin procesar a nadie por la operación del 79. Al decretar la reapertura señala que ha advertido la necesidad de dictar nuevas diligencias para cerrar el caso.

La abogada Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos, celebró la reapertura puesto que espera que se procese a otros cinco civiles y ex uniformados por la comisión del delito de homicidio calificado de las víctimas. Por otra parte, señala que existen antecedentes claros y suficientes sobre quienes tuvieron participación en las exhumaciones ilegales e incineración de los restos en hornos al interior del regimiento de Los Ángeles. En la investigación han surgido los nombres de nueve ex militares del regimiento de Los Ángeles y agentes de servicio de inteligencia de esa unidad.

Los crímenes

Los asesinatos se cometieron en operaciones punitivas llevadas a cabo en octubre de 1973. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén,; en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros; y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

El 6 y 7 de junio del año 2009 el ministro Aldana realizó intensas reconstituciones de escena con el fin de establecer responsabilidades en las detenciones, ejecuciones, inhumaciones ilegales y exhumaciones ilegales de los campesinos. En la diligencia quedó acreditada la secuencia de los hechos y la participación de los hechores en los delitos, así como la ulterior operación de borrado de huellas que efectuaron en 1979.

Los 18 campesinos asesinados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 fueron los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

Los criminales

Las unidades represivas estaban integrantes por efectivos del ejército, provenientes del regimiento de Los Ángeles, carabineros, que operaban con una orden expresa del capitán Sergio Neira Tapia de Mulchén, y una horda de civiles fachos comandados por el latifundista Romualdo Guzmán Saavedra.

Los carabineros estuvieron comandados por el entonces teniente Jorge Maturana Concha, y los carabineros Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña; entre los civiles, además del facho Guzmán Saavedra, destacaban Aquiles Guzmán Fritz, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Rofh Düring Pohler, Raúl Tirapeguy, Carlos Lehman, y Samuel Arriagada Domínguez.

La comitiva criminal comenzó actuando en el fundo El Morro el día 5 de octubre. Allí detuvieron, torturaron y asesinaron a Juan Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda, Edmundo Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez.

El día 6 continuaron por el fundo El Carmen-Maitenes donde obraron de igual manera contra Alejandro, Guillermo, Daniel y Miguel Albornoz, José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar, y Luis Godoy.

El día 7 llegaron al fundo Pemehue donde ejecutaron a Alberto y Felidor Albornoz, Juan Gutiérrez, Juan Roa y Gerónimo Sandoval.

Los campesinos asesinados fueron enterrados o semienterrados en fosas clandestinas en los mismos lugares donde fueron ejecutados.

Borrado de huellas

Seis años después de los crímenes, los mismos ejecutores, acompañados de otros efectivos del ejército y agentes civiles, procedieron a exhumar las fosas clandestinas en que habían sido sepultadas las víctimas. Luego, los restos exhumados fueron llevados hasta el regimiento de Los Ángeles en donde procedieron a quemarlos en hornos y tambores acondicionados para la incineración. Los crematorios estaban bajo el control de la Sección II, (como denominan al departamento de inteligencia en las unidades del ejército), e instalados al costado de donde esta sección tenía sus oficinas.

En esa misma área centró las diligencias el ministro Aldana al momento de realizar en el lugar la reconstitución señalada del año 2009. En la misma oportunidad procedió a interrogar a una serie de ex militares y ex carabineros vinculados con los fusilamientos, exhumaciones e incineraciones ilegales. Unos 14 ex militares, entre oficiales y clases, fueron interrogados por el ministro Aldana en esa ocasión. Sin embargo, no procesó a ninguno de ellos; al parecer ahora han surgido nuevos antecedentes que lo llevaron a decretar la reapertura del sumario.

La "Operación Retiro de Televisores" es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el "impecable" Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.

La bendición del terreno y la plantación simbólica de un guindo santo en el inicio del Sendero de la Memoria en la Reserva Nacional Malleco, marcó el día en que la Corporación Nacional Forestal rindió un homenaje a sus 13 trabajadores víctimas de la represión política ejercida por la Dictadura Militar en la región de La Araucanía.

La ceremonia de reivindicación de los trabajadores de CONAF fue presidida por el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, Director regional, David Jouannet, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, abogados de organizaciones de Derechos Humanos y contó con la presencia de un centenar de familiares de las víctimas y de funcionarios de CONAF de la Oficina Central, Coquimbo, Bío Bío, Los Ríos y La Araucanía.

“Entiendo que CONAF es la primera institución que hace un reconocimiento público y abierto a las víctimas         –comentó el Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres-, y fue necesario que nuestra institución pusiera a la luz a un conjunto de trabajadores en un acto que es muy significativo porque rearma la familia de CONAF, nos integra con la familia de las víctimas que fueron parte de la Corporación y coloca un tema importante, los Derechos Humanos debemos ubicarlos al medio de nuestra relación societal, como derecho básico, por lo tanto, es una obligación generar los caminos para no olvidar, hacer justicia y para reparar”, detalló Cavieres.

Los familiares de los trabajadores ejecutados valoraron el trabajo que está haciendo CONAF. “Este sendero, este memorial que se está proyectando es para preservar la memoria de estos 13 campesinos, que pese a no tener ninguna militancia política, y cumpliendo con su trabajo como obreros, los asesinaron. CONAF es la única institución del Estado que está reconociendo a sus víctimas”, subrayó Pedro Roa, presidente de la Agrupación de familiares de DD.DD de Mulchén.

Marina Rubilar, vicepresidenta de la Agrupación de DD.DD de Mulchén, dijo que “para mí ha sido importante y reconfortante este proyecto de CONAF para rescatar la memoria de nuestros seres queridos. Ellos eran personas humildes y no tenían derecho a asesinarlos en la forma que lo hicieron; por eso, agradezco a CONAF, en forma personal y me enorgullece este proyecto”.

Para la abogada de familiares, Patricia Parra, el caso de los 13 ejecutados en la Reserva Malleco fue cerrado y está hoy en la etapa de sumario con un autoacusatorio. La etapa siguiente es el plenario, dónde se exhiben las pruebas y los acusados se deben defender, para terminar con la sentencia.

“Como hay confesión de los hechores directos, es tal el nivel de elementos probatorios, que sería muy difícil que los puedan absolver.  Aquí va a ver condenas hacia los hechos ocurridos en octubre de 1973, sino que además el ministro lo que ha hecho fue establecer la necesaria conexión con lo que ocurrió en 1979, porque este secuestro y muerte, está conectado con lo que ocurrió en la operación retiro de televisores”, enfatizó la abogada Parra.

Árbol de la Memoria

El Director Ejecutivo de CONAF recordó que esta iniciativa se originó a partir de una propuesta efectuada por un grupo de trabajadores de la institución, que ha permitido a la fecha recabar información relativa a 19 trabajadores de CONAF que fueron asesinados en los meses de septiembre y octubre de 1973, de los cuales 18, son de esta región de La Araucanía. La documentación precisa que se trata de 13 trabajadores de la Reserva Forestal Malleco, asesinados los días 6 y 7 de octubre de 1973, a manos de una patrulla de aproximadamente 30 personas compuesta por Militares, Carabineros y civiles: Miguel del Carmen Albornoz Acuña; los hermanos Daniel Alfonso, Alejandro, Guillermo José, Alberto y Felidor Exequiel Albornoz González; Luis Alberto Godoy Sandoval; los hermanos Manuel Florencio, José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; José Fernando Gutiérrez Ascencio; Gerónimo Humberto Sandoval Medina y Juan de Dios Roa Riquelme.

A ellos, se suman otros 5 trabajadores de CONAF que laboraban en la Cordillera de Melipeuco, asesinados entre septiembre y octubre de 1973: Mario Rubén Morales Bañares; José Alejandro Ramos Jaramillo; los hermanos Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina; y Luis Alberto Soto Chandía.

Y, por último, Óscar Gastón Aedo Herrera, Práctico Forestal de la Escuela de Contulmo, Técnico de la COREF (Corporación de Reforestación, actual CONAF) en la ciudad de Salamanca, hoy día Provincia del Choapa, Región de Coquimbo, fusilado el 16 de octubre de 1973 junto a otras 14 personas en el Regimiento de Arica de la ciudad de La Serena, por orden del General Arellano Stark y su sanguinaria “Caravana de la Muerte”.

Comenzó la cuenta regresiva para sentencia en el emblemático sumario por el homicidio de 18 campesinos de Mulchén, cuyos restos fueron hechos desaparecer en la llamada Operación Retiro de Televisores. Los querellantes esperan penas efectivas de cárcel para los 14 exuniformados acusados en la causa.

Se trata de la emblemática causa que investiga las ejecuciones de campesinos de la provincia de Bío Bío en 1973 y la remoción de los cadáveres seis años después, cuando la dictadura ordenó su exhumación desde las fosas comunes donde habían sido enterradas las víctimas.

Esta semana, el caso donde hay 14 exmiembros de Carabineros y del Ejército acusados entró en la etapa de presentación de pruebas por parte de las defensas y querellantes, la que se extenderá por 20 días, tras lo cual el ministro en visita Carlos Aldana entregará su fallo, adelantando que ello podría ocurrir en los primeros días de octubre. Y esa sentencia estima la abogada Patricia Parra, quien representa a las familias de las víctimas, debería ser condenatoria, con sanciones de cárcel efectivas y más -dijo- si se considera la agravante de la desaparición de los restos.Además de cinco Carabineros en retiro inculpados por homicidio e inhumación ilegal de los 18 campesinos, el ministro Aldana procesó a nueve exmiembros del Ejército, la primera resolución en el país por la Operación Retiro de Televisores, a quienes se les imputa los delitos de exhumación e inhumación ilegal, además de encubrimiento en los homicidios y secuestros calificados.

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse.

Saludamos en primer lugar a las autoridades que siempre nos han acompañado y se han comprometido con la defensa de los DDHH.

Queridos familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Compañeros sobrevivientes de la prisión política y tortura y luchadores antidictatoriales.

A todas y todos los presentes muchas gracias por acompañarnos un año más en este acto.

Amigas y amigos.

Compañeras y compañeros.

Creo que para la mayoría de los aquí presentes el mes de octubre nos despierta sentimientos encontrados. La alegre llegada de la primavera se entremezcla con recuerdos tristes y dolorosos.

Hoy se cumplen 46 años desde que una patrulla integrada por militares y civiles armados rompiera la tranquilidad de este apacible territorio y cometiera una de las masacres más terrible e irracional de todas las que se cometieron a lo largo de 17 años de dictadura.

El 5 de octubre de 1973 ha quedado marcado en la historia de esta región y de nuestro país como un día de tristeza y vergüenza. Ese día, 18 campesinos y obreros forestales de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue fueron asesinados y posteriormente sus cuerpos hecho desaparecer sin que hasta la fecha sus restos mortales hayan sido encontrados ni que sus familias, expulsadas de sus hogares y lanzadas a la miseria, tengan algo de justicia y menos de una reparación justa por parte del Estado, incumpliendo la Resolución 65/209 de las Naciones Unidas referente a las desapariciones forzadas y de la cual Chile es adherente.

Un año después de estos tristes sucesos, el 5 de octubre de 1974, en la comuna de San Miguel en Santiago de Chile muere en desigual combate el Secretario General y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, quien había liderado la resistencia anti dictatorial desde las primeras horas del golpe, significando su muerte un duro revés y una pérdida irreparable para todos los que luchábamos por recuperar la democracia. Al cumplirse 45 años de su muerte también quiero recordarlo y rendirle un sentido homenaje junto al de los 18 familiares vuestros, todos ellos igualmente víctimas de la dictadura.

También en un día como hoy, 5 de octubre, pero de 1988 el pueblo de Chile demostró, ahora de forma abierta, su rechazo a la dictadura cívico-militar de Pinochet en el referéndum que pasaría a ser conocido como “la victoria del NO”, que abriría las puertas para el retorno a la democracia.

Desde ese esperanzador referéndum han pasado 31 años y 7 gobiernos se han turnado para administrar nuestro país en esa anhelada democracia, donde el exitoso slogan “la alegría ya viene” se convirtió en un chiste de mal gusto con el cual una y otra vez la ciudadanía recuerda las promesas incumplidas, y la desafortunada frase “verdad y justicia en la medida de lo posible” fue un triste augurio de lo que le esperaba principalmente a los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, a los sobrevivientes de la prisión política y tortura y a todos a quienes la dictadura dañó en sus derechos humanos.

Esta democracia chilena es, al parecer, la única en el mundo que se rige por una Constitución creada a la medida de una dictadura, en momentos en que en nuestro país no existía ni Parlamento ni libertades constitucionales básicas, en un país con toque de queda o en estado de excepción, en un país donde se asesinaba, torturaba y se hacía desaparecer personas impunemente.

Esta democracia chilena tan especial, transada entre cuatro paredes por profesionales de la política junto con el dictador, funciona plenamente no solo la constitución pinochetista, sino también un inhumano modelo neo liberal con sus AFP, ISAPRES, educación de mercado, agua y servicios básicos privados y, entre otras herencias no deseadas, un sistema represivo intacto y perfeccionado.

Es así como constatamos que el crimen político y la represión no es cosa sólo de las dictaduras y que en nuestro país estos delitos se han ido incrementando.

Las desapariciones forzadas y la impunidad de los victimarios no son delitos del pasado.

Hugo Arispe Carvajal detenido el 10 de enero de 2001 por Carabineros, fue llevado al Centro Penitenciario de Acha en Arica, pero cuatro días más tarde se perdió su rastro. 

José Huenante tenía sólo 16 años cuando fue detenido por Carabineros, el 3 de septiembre de 2005 en Puerto Montt.

Y José Vergara fue detenido el día 13 de septiembre de 2015, en la población La Tortuga de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Los policías que realizaron esas detenciones han sido plenamente identificados, pero siguen trabajando y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de las tres personas.

El año pasado durante la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, frente al memorial en Mulchén, denunciamos el peligro que significaba el accionar en el territorio mapuche del llamado “comando Jungla” enviado por este gobierno a la Araucanía, y apenas dos meses y medio después era asesinado por dicho comando Camilo Catrillanca confirmando nuestros temores.

Aunque la violencia del Estado en contra de la nación Mapuche viene desde muy atrás, sólo desde 1993 hasta la fecha, o sea en esta democracia, las fuerzas de ocupación en dicho territorio han causado 21 asesinatos, 803 heridos, 2.750 arrestos y la destrucción de 527 propiedades de los comuneros. Estas no son cifras actualizadas, porque todos los días ocurren agresiones en contra de los mapuche. Hoy se puede ver desde la carretera 5 Sur la que fuera la Escuela Agrícola de Ercilla, donde por cierto también estudió Camilo Catrillanca, convertida en cuartel de las FFEE de la policía militarizada, pintada de blanco y verde y con tanquetas blindadas a su alrededor como símbolo de la ocupación.

La represión en las ciudades ha causado 5 estudiantes muertos en protestas estudiantiles. Además de incontables personas, hombres y mujeres, ancianos y niños que han sido, heridos, torturados, amenazados de muerte y vejados por la violencia policial desmedida en cada manifestación popular.

Aparentes suicidios
Por si esto fuera poco han aparecido en el último tiempo una serie de dirigentes sindicales y defensores del medio ambiente aparentemente "suicidados".

Macarena Valdés, activista en contra de las hidroeléctricas, muerta en 2016, en un aparente "suicidio". Hace un par de semanas se supo que peritos forenses constataron definitivamente que su muerte había sido causada por terceras personas y que incluso Macarena había tratado infructuosamente de defenderse.

Juan Pablo Jiménez, líder sindical de la empresa AZETA, muerto por "una bala loca" cuya increíble trayectoria no ha podido ser explicada con credibilidad por ningún experto.

Alejando Castro líder de las protestas por la contaminación en Quintero y Puchuncaví, muerto en otro aparente "suicidio", también hace justo un año, el 4 de octubre del 2018 luego de ser amenazado por carabineros de Fuerzas Especiales de la séptima comisaría de Santiago.

Álex Muñoz García, activo dirigente sindical de la empresa Paneles Arauco en Teno, apareció ahorcado, siendo un caso casi calcado a la muerte de Alejandro Castro en Quintero.

Walter Villarroel dirigente sindical y vicepresidente del Sindicato N° 3 de trabajadores de Codelco Chuquicamata, quien también aparentemente se habría “suicidado”.

Y no sabemos hasta cuando continuará esta ola de sospechosos “suicidios”.

Si todo esto sucede en plena democracia quiere decir que algo no está funcionando bien…, y ese algo son los resabios de la dictadura.

Resabios que se han ido fortaleciendo gracias al dinero, la corrupción, la complicidad de unos y, para peor…, la pasividad de la mayoría.

Estos factores que han permitido el fortalecimiento de una clase política transversalmente corrupta que se ha dedicado a administrar y perfeccionar el sistema neoliberal para su propio beneficio y en perjuicio de la gran mayoría de los chilenos y chilenas.

Factores que han permitido que tengamos gobernantes que mienten descaradamente y sin arrugarse ante los más altos estamentos internacionales mostrándose ante las cámaras como defensores de los Derechos Humanos o del medio ambiente, cuando en realidad lo que defienden son los millonarios negocios de sus socios, familiares o compinches.

Factores que permiten que delitos contra los Derechos Humanos y contra el medio ambiente como apropiarse de las aguas, en Chile apenas aparece en las noticias como un mera consecuencia de la sequía y no del saqueo.

En cambio las noticias de agencias internacionales lo publican como algo insólito y difícil de creer. Hace unos días una agencia publicó lo siguiente: “¿Quiere comprarse un río? Sólo en Chile se puede. Vaya y participe en el remate del río Renaico”. Les faltó decir:… y destrúyalo como quiera.

Ya han perdido la vergüenza, nada los detiene, no les importa dejar sin agua a miles de personas, destruir el medio ambiente, lugares sagrados o sitios sujetos a investigación judicial, como la Fosa donde fueron inhumados y luego exhumados los cuerpos de vuestros familiares. La codicia es más fuerte.

El acceso al agua es un Derecho Humano y es nuestro deber, como defensores de los Derechos Humanos, denunciar no sólo los crímenes contra las personas sino también los delitos contra el medio ambiente, para que no queden impunes ni en el olvido.

Amigas y amigos, compañeras y compañeros.
Retornando al recuerdo de las personas aquí asesinadas, quiero leerles la primera estrofa de una poesía que dice así:

No es la muerte quien mata las almas?
Nadie muere por ser enterrado
?El recuerdo y el alma no mueren?
Sólo muere quien es olvidado

Cuando olvidamos a un familiar, compañero o amigo éste se muere para siempre.

Y eso, los sobrevivientes de la prisión política y tortura, junto a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, no lo debemos permitir.

¡Muchas gracias!
Los hechos ocurrido luego del golpe Civico Militar del 1973
Domingo 4 de mayo de 2008  La Nacion

La crueldad tiene nombre: Mulchén

Durante tres días, un destacamento de Carabineros, militares y agricultores detuvo, torturó y asesinó a 18 campesinos en la provincia del Biobío, en octubre de 1973. Nueve hermanos, de tres familias distintas, fueron obligados a luchar entre sí para salvarse. El horror que vivió gente inocente marcada por la venganza de sus patrones.

La patrulla salvaje
Jorge Maturana Concha aún no cumplía los 29 años. Siempre estuvo entre las notas más bajas de la Escuela de Carabineros. Partió en Ñuñoa, pero luego fue destinado a Los Ángeles y de allí a Mulchén. En octubre de 1973 tenía 28 años y seguía siendo teniente. Dos noches atrás, el mayor de la Segunda Comisaría de Mulchén, Sergio Neira (hoy fallecido), se reunió con él y con empresarios de la zona. De ese encuentro emanó un listado de personas que Maturana Concha debía detener y fusilar. Sin proceso, sin juicio, sin vergüenza.

-Juan de Dios LAUBRA BREVIS, 26 años, obrero agrícola.

-Domingo Antonio SEPULVEDA CASTILLO, 29 años, mozo de casa patronal.

-José Edmundo VIDAL AEDO, 20 años, obrero agrícola.

-Celsio Nicasio VIVANCO CARRASCO, 26 años, obrero agrícola.

-José Florencio YAÑEZ DURAN, 34 años, obrero agrícola.

-Miguel del Carmen ALBORNOZ ACUÑA, 20 años, obrero agrícola.

-Daniel Alfonso ALBORNOZ GONZALEZ, 28 años, obrero agrícola.

-Alejandro ALBORNOZ GONZALEZ, 48 años, obrero agrícola.

-José Guillermo ALBORNOZ GONZALEZ, 32 años, obrero agrícola.

-Luis Alberto GODOY SANDOVAL, 23 años, obrero agrícola.

-Manuel Florencio RUBILAR GUTIERREZ, 25 años, obrero agrícola.

-José Liborio RUBILAR GUTIERREZ, 28 años, obrero agrícola.

-José Lorenzo RUBILAR GUTIERREZ, 33 años, obrero agrícola.

-Alberto ALBORNOZ GONZALEZ, 41 años, obrero agrícola.

-Felidor Exequiel ALBORNOZ GONZALEZ,33 años, obrero agrícola.

-José Fernando GUTIERREZ ASCENCIO, 25 años, obrero agrícola.

-Jerónimo Humberto SANDOVAL MEDINA, 22 años, obrero agrícola.

-Juan de Dios ROA RIQUELME, 35 años, obrero agrícola.

La Corte de Apelaciones de Concepción elevó y decretó penas efectivas de cárcel por el asesinato de 18 campesinos de Mulchén en 1973, cuyos restos el Ejército hizo desaparecer seis años más tarde.

El fallo decreta la privación de libertad para 10 excarabineros y exmilitares, a quienes se responsabilizó como autores, coautores y encubridores de los homicidios calificados.

Cuando el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, dictó el fallo de primera instancia hace dos años, los familiares de las víctimas criticaron las bajas penas dictadas y que iban desde los 541 días a los 10 años de cárcel, absolviendo incluso a algunos acusados.

Y es que como parte de la sanción al mismo tiempo se permitía el cumplimiento en libertad, siendo justamente este el principal cambio realizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que al aumentar las penas más bajas a 5 años y 1 día, hasta la más alta de 15 años y 1 día, el cumplimiento tras las rejas se hace una obligación. 

La abogada querellante, Patricia Parra, saludó la sentencia del tribunal de alzada, pues además de sancionar a quienes perpetraron las ejecuciones de los 18 campesinos de Mulchén, la Corte confirmó la existencia de la Operación Retiro de Televisores que entre 1978 y 1979 llevó a cabo la desaparición de los restos de víctimas asesinadas por la dictadura.

No obstante, los más de 46 años desde los crímenes y el revés que significó la resolución del ministro Aldana en 2017, la dirigenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Norma Panes, expresó que el fallo de la Corte reafirma la esperanza que tienen en que a pesar del tiempo se haga justicia.

El caso Mulchén comenzó investigando las ejecuciones en 1973 de los 18 campesinos en la zona cordillerana a manos de personal de Carabineros y del Ejército de Los Ángeles, para después abrir el ministro Aldana la arista de la Operación Retiro de Televisores, lo que si bien retrasó el sumario, permitió acreditar -subrayó la abogada querellante- cómo y quiénes desaparecieron los cuerpos.  Ahora la sentencia irá a la Corte Suprema para el pronunciamiento final, donde además se revisará la indemnización de 1.600 millones de pesos que el Fisco debería pagar a las esposas, hijos y hermanos de las víctimas de la llamada Masacre de Mulchén.

La investigación del ministro en visita, Carlos Aldana, estableció que el 4 de octubre de 1973, un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos, fueron delegados para ponerse a disposición de la comisaría de Carabineros de la ciudad.

Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 de sus funcionarios partió al sector cordillerano de Mulchén, para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura militar de la época.

El 5 de octubre la comitiva llegó hasta el fundo ‘El Morro’ y detuvo, sin orden administrativa o judicial a 5 personas, quienes fueron trasladadas hasta el sector ‘La Playita’ del río Renaico para ser ejecutadas y posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos.

Asimismo, la comitiva llegó hasta los fundos ‘Carmen’ y ‘Maitenes’, donde se detuvo a 7 personas a quienes se les obligó a cavar su propia fosa de muerte, de 6 por 4 metros, para posteriormente ser fusilados e inhumados ilegalmente.

El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo ‘Pemehue’, quienes fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus propios familiares.

Posteriormente, entre fines del año 1978 y principios del 1979, una sección del regimiento “Húsares” de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos para hacerlos desaparecer, en medio de un proceso de investigación de los hechos.
 

CONDENADOS Y SUS VÍCTIMAS
En el fallo, el ministro Aldana condenó a Jacob Ortiz, Juan Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán a 10 años de prisión, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de Florencio Rubilar, José Liborio, José Lorenzo, Alejandro Albornoz, Luis Godoy, Miguel Albornoz, Daniel Albornoz, Alberto Albornoz, Felidor Albornoz, Jerónimo Sandoval, Juan Roa y José Gutiérrez.

Asimismo, estos mismos condenados deberán cumplir 5 años de presidio por los secuestros calificados de Juan Labruna, José Yáñez, Celsio Vivanco, Edmundo Vidal, Domingo Sepúlveda y Guillermo Albornoz.

En tanto, José Iturriaga, Jaime Muller, Julio Fuentes, Luis Torres, Juan Balboa y Jaime García fueron condenados a 3 años como encubridores del homicidio de 11 víctimas, más 541 días por exhumación ilegal. Absuelto resultó José Puga.
 

FAMILIARES INCONFORMES
El ministro Aldana explicó a radio Cooperativa que "ellos (carabineros) fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado y de inhumación ilegal, en cambio, los militares participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado 'Retiro de televisores' en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas. Entonces, la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores", indicó.

Esto molestó a las familias de las víctimas y la vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados, Marina Rubilar, manifestó que "no estamos tan conformes, porque considero que los años que les han dado igual son pocos con respecto a la cantidad de víctimas asesinadas".

Mientras que Patricia Barra, abogada de las víctimas y familiares, anunció que en los próximos días presentarán un recurso de apelación para reconsiderar las condenas.

El reconocido abogado de la provincia, René Núñez Ávila, explicó a La Tribuna que “los familiares de las víctimas de derechos humanos en Chile, en general, consideran que este tipo de homicidios de lesa humanidad merecen las penas más altas, porque fueron hechas por el aparataje estatal, con alevosía y una serie de agravantes más, entonces las condenas recientemente asignadas son insuficientes para ellos de acuerdo a sus expectativas”.

Igualmente el también candidato al Parlamento comentó que “esta es una sentencia de primera instancia, por lo que este fallo es apelable por ambas partes”.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.