Aillón Lara Jorge

Jorge Aillón Lara, casado, 3 hijos, empleado de la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, en Lonquimay, militante del Partido Comunista, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 12:00 horas, por Carabineros de Lonquimay que estaban a cargo de un Teniente de apellido Torres. Fue trasladado al Cuartel de Carabineros de esa localidad, en donde permaneció por espacio de 3 días, durante los cuales, su cónyuge María Medina Uribe concurrió a dejarle alimentos y efectos personales. Luego fue trasladado a la Cárcel de Victoria, en donde permaneció hasta el 27 de septiembre, fecha en que fue dejado en libertad. Ese mismo día, procedió a trasladarse a su domicilio en Lonquimay, para lo cual abordó el ferrocarril. Al llegar a la Estación de la ciudad de destino, fue nuevamente detenido, esta vez por personal militar del Regimiento Lautaro, quienes lo entregaron posteriormente a efectivos de la Fuerza Aérea. Estos últimos, lo trasladaron a la Comisaría de Carabineros de Curacautín y posteriormente a la Base Aérea Maquehua ubicada en Temuco.

Su cónyuge, doña María Medina Uribe fue impedida de concurrir hasta el recinto de la Estación de Ferrocarriles a recibir a su marido, por cuanto su casa fue rodeada por Carabineros de Lonquimay, impidiéndole el paso e imposibilitándole presenciar los hechos. Al mando de este contingente de policías se encontraba el ya nombrado Teniente Torres. Desde esa fecha, doña María Medina ha realizado numerosas gestiones tendientes a conocer la suerte que corrió su marido luego de su detención y posterior desaparecimiento.

La captura de Jorge Aillón le consta a muchos vecinos de Lonquimay por cuanto los hechos fueron públicos. Más aún, cuando en esa misma fecha y localidad, fue detenida la profesora María Arriagada Jerez, del Partido Comunista, por efectivos de la FACH, quienes la trasladaron en helicóptero, junto a otro profesor detenido de apellido Durán, a Curacautín y luego a la Base Aérea Maquehua, desde donde también desapareció.

Las circunstancias del arresto de Jorge Aillón Lara, están expuestos en una declaración jurada de doña María Ernestina Medina Uribe, en la cual también deja constancia de que ha realizado múltiples gestiones tratando de dar con el paradero de su cónyuge. 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 2 de abril de 1979 la Corte de Apelaciones de Temuco remitió los antecedentes de Aillón Lara al Juzgado del Crimen de Curacautín, cumpliendo así lo ordenado por la Corte Suprema en el sentido de instruir los correspondientes sumarios por la desaparición de personas tras haber sido detenidos por organismos militares, policiales, o de seguridad. El máximo tribunal tomó dicha resolución luego de tomar conocimiento de una petición en tal sentido que solicitaron los Obispos a la autoridad judicial.

El 5 de abril el Juzgado de Curacautín dio inicio a la causa 11.548, solicitando y agregando al proceso los extractos de Filiación de Aillón Lara y de María Arriagada Jerez. En la orden de investigar diligenciada por Investigaciones se informó que sólo fue posible establecer que la víctima fue funcionario de ECA y que María Arriagada era profesora en la Escuela de Chilpaco "siendo ambos líderes y agitadores del Partido Comunista". El 17 de mayo la Subcomisaría de Lonquimay de Carabineros informó que efectivamente el 11 de septiembre de 1973, a las 12:30 horas, fue detenido Jorge Aillón, quien permaneció hasta el 13 del mismo mes, siendo enviado en el tren a las 17:00 horas a Victoria en calidad de detenido a disposición del Juzgado Militar de Victoria. Se agrega en el informe de Carabineros que el jefe de la Tenencia en la fecha de los hechos era el Teniente Luis Hernán Ahumada Torres. El 6 de julio de 1979, compareció ante el Tribunal doña María Ernestina Medina Uribe, quien ratificó las circunstancias que rodearon la detención de su cónyuge.

El 29 de agosto, el Teniente Coronel Patricio Varela Saldías, Comandante del Regimiento "La Concepción" de Lautaro, informó al Tribunal que en esa unidad no existe ningún tipo de antecedentes ni conocimiento que diga relación con el afectado. El 3 de septiembre, fue informada una nueva orden de investigar, esta vez diligenciada por Carabineros de la Subcomisaría de Lonquimay, en la que se entrevistó a dos testigos que dijeron conocer a Aillón Lara y a María Arriagada, considerándolos peligrosos por su pertenencia al Partido Comunista. Estos dos testigos comparecieron posteriormente al Tribunal, ratificando sus dichos.

El 3 de septiembre, la Fiscalía Militar de Angol, que en septiembre de 1973 funcionó en la ciudad de Victoria, informó al Tribunal civil que en esa Fiscalía no hay constancia que hubiera sido puesto a disposición de ese Tribunal Jorge Aillón Lara, por parte de Carabineros de Lonquimay, como tampoco existía algún antecedente que permitiera presumir que hubiere sido condenado o procesado.

El 11 de octubre de 1979, comparece ante el Tribunal don Zenón Segundo Olate Astudillo, cónyuge de María Arriagada, quien refirió las circunstancias del arresto de su esposa. El 24 de ese mes, comparece mediante exhorto el Capitán de Carabineros Luis Ahumada Torres, quien expuso que efectivamente en septiembre de 1973 era jefe de la Tenencia de Carabineros de Lonquimay, y que el día 11 se procedió a la detención del afectado atendiendo su calidad de Comunista y que se desempeñaba como "agente de la ECA" en Lonquimay; agrega que el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Militar de Victoria con el respectivo parte por infracción a la Ley de Seguridad Interna del Estado. También señaló que se instaló en el pueblo un destacamento militar con oficiales y unos 200 hombres; se procedió a efectuar pesquisas con el objeto de buscar armas, y en una de ellas se allanó el local de ECA. Finalmente afirmó que no era efectivo que Carabineros se hubiese puesto de acuerdo con los militares para aislar a la cónyuge de Aillón y que él no presenció el arresto que hicieron los militares del afectado y se enteró de ello solamente por comentarios de la gente del pueblo.

El 30 de octubre de 1979, la Jueza doña María Nélida Romero Iturra, sobresee temporalmente la causa con el fundamento que de los antecedentes reunidos no resulta justificada la perpetración de un delito. El 22 de noviembre la Corte de Apelaciones de Temuco aprobó dicha resolución, pese que no hay constancia en el proceso, de que se haya aclarado la contradicción entre lo informado por carabineros y la Fiscalía Militar de Angol, como tampoco, se realizó diligencia alguna tendiente a individualizar al oficial a cargo del destacamento militar instalado en el lugar de los hechos.

El juez Fernando Carreño condenó a ocho años de prisión a siete ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile por el secuestro calificado de dos personas tras el golpe militar de 1973 en la zona de Curacautín, al oriente de Temuco en la precordillera de la Regiónde la Araucanía.

Leonardo Reyes, Jorge Valdebenito, Luis Soto, Eriberto Pereira, Jorge Soto, Luis Yáñez, y Enrique Rebolledo fueron condenados por el secuestro calificado de la profesora María Arriagada Jerez -detenida desaparecida en la provincia de Cautín- y de Jorge Aillón Lara, ambos militantes comunistas.

La mujer fue aprehendida ante testigos en su lugar de trabajo el 27 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea y Carabineros, y llevada junto a otro profesor, en un helicóptero de la fuerza aérea, hasta la subcomisaría de Lonquimay. Al día siguiente fue conducida a Curacautín y luego a la base aérea Maquehua en Temuco.

Desde entonces se desconoce su paradero. Aillón, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola, había sido detenido por efectivos de carabineros de Lonquimay el mismo día del golpe militar (11 septiembre).

La bandera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue izada este jueves 5 de septiembre, en el frontis de la Municipalidad de Lebu, accediendo a una petición hecha por la misma organización, en el marco de las actividades de conmemoración de los 46 años del golpe de Estado.

Participaron en esta ceremonia, el alcalde subrogante, Jorge Ravanal, el concejal Aldo Molina, María Medina de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, además de representantes de la Coordinación Provincial de Usuarias y Usuarios Prais, la Agrupación de Ex Presos Políticos de Lebu y el equipo Prais del Servicio de Salud Arauco.

En nombre de la Agrupación de  Familiares  de Detenidos Desaparecidos, María Medina hizo emocionantes recuerdos sobre la detención de su esposo, Jorge Aillón Lara, detenido el 27 de septiembre de 1973, en Lonquimay, sin que hasta hoy se tenga noticias de su paradero.

Recordó la dura lucha por verdad y justicia, del soplonaje de los días posteriores al golpe de Estado, de la ilusión de algunos que la dictadura sería breve y destacó la incansable lucha de la Agrupación en el  presente contra  la indiferencia y el olvido, razón por la cual valoró altamente el gesto ético de la Municipalidad de Lebu.

Con esta significativa ceremonia, se iniciaron en la provincia las actividades de conmemoración de los 46 años del golpe de estado que derrocó al Gobierno Constitucional del Presidente Salvador Allende Gossens.

Dentro de las actividades programadas figuran un homenaje a las víctimas en la Comunidad Esteban Yevilao, en Puerto Choque, aledaño a donde funcionó el centro de detención y tortura en el predio de Santos Jorquera. Esta actividad se efectuará a las 11 horas del martes 10.

Ese mismo día, pero a las 15 horas, en Los Álamos a la Agrupación de Usuarios y Usuarias Prais, realizará un acto de  homenaje a las víctimas de la dictadura en la sede Santa Isabel en Cerro Alto.

En tanto el miércoles 11 de septiembre a las 15:30 horas, en el histórico Sindicato Minero de Curanilahue, se realizará el Acto Provincial  por “Siempre los Derechos Humanos y la Memoria” en homenaje a las víctimas de la dictadura en la provincia de Arauco.

El tribunal de alzada revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño y dictó la pena de cinco años y un día de cárcel para Heriberto Pereira Rojas

Quien fuera sindicado como el jefe de la "patrulla salvaje", conocido grupo de la base aérea Maquehue de Temuco que practicó detenciones, interrogatorios y torturas tras el golpe militar de 1973 fue nuevamente condenado.

El oficial (R) FACh Heriberto Pereira Rojas fue sentenciado el lunes pasado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad a cumplir la pena de cinco años y un día de cárcel como cómplice del asesinato del joven mapuche Nelson Curiñir Lincoqueo.

Con este dictamen, el tribunal de alzada de la IX Región revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño, quien desestimó la autoría y participación de Pereira en el caso del homicidio calificado del ex militante de las Juventudes Comunistas (JJCC), quien fue detenido y trasladado desde su hogar a centros de tortura el 5 de octubre de 1973.

Sin embargo, la Corte sostuvo que tuvo un grado de participación en el crimen y ordenó también una indemnización para la familia de Curiñir.

Tres meses antes, el mismo juez instructor condenó a Pereira como autor de otros crímenes cometidos en la base aérea Maquehue. Esa vez el juez Carreño sentenció al oficial (R) -junto a otros suboficiales FACh- a cumplir ocho años tras las rejas por el secuestro calificado de dos militantes del Partido Comunista (PC) el obrero Jorge Aillón Lara y la profesora María Arriagada Jerez.

El fallo establece que, en la época cuando ocurrieron los hechos, Pereira no tenía calidad de conscripto de la FACh por lo que desempeñaba labores como cabo segundo en la mencionada base aérea.

MANCHA EN LA CARA

Él mismo, según el fallo, declaró haber pertenecido a un grupo especial que con colaboración de algunos civiles tenía como misión detener y trasladar a opositores al régimen militar hasta la base de Maquehue.

Varios testigos declararon en el expediente que quien arrestó a Curiñir era un hombre que tenía una horrorosa mancha en la cara alusiva a una grave quemadura en el rostro, lo cual corresponde con una característica del acusado.

Otros testimonios indican que el grupo represor al cual pertenecía Pereira no sólo tenía como misión detener a opositores, sino también realizar los interrogatorios y aplicar torturas.

Por este motivo y otras pruebas es que los jueces Leopoldo Llanos y Álvaro Mesa llegaron a la convicción que "la participación del acusado en los hechos que derivaron en el homicidio calificado de Curiñir no fue accidental ni en virtud del mero cumplimiento de órdenes".

A juicio de los magistrados, el retirado oficial tuvo la plena conciencia de estar ejecutando hechos previsibles y que "objetivamente" conducirían al asesinato de la víctima.

En el fallo se estableció también que la familia de Curiñir debía ser indemnizada por daño moral ya que sólo en 1990 lograron conocer el paradero de su hijo, quien se encontraba como NN en el cementerio de Nueva Imperial con dos balazos en el cráneo. El fisco deberá pagar $ 200 millones, tras acoger la demanda.

El magistrado Fernando Carreño Ortega condenó como coautores de los dos secuestros calificados al comandante de grupo de la FACH y jefe de la Base Maquehue, Leonardo Reyes Herrera y al comandante de escuadrilla, Luis Soto Pinto.

La justicia condenó este lunes a ocho años de prisión a siete oficiales y suboficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), como coautores del secuestro de dos izquierdistas en 1973.

La condena, en primera instancia, fue dictada por el juez Fernando Carreño Ortega, que ordenó la inmediata detención de los inculpados, que en la época cumplían funciones en la Base Aérea Maquehue, de la FACH, en la ciudad de Temuco.

El magistrado condenó como coautores de los dos secuestros calificados al comandante de grupo de la FACH y jefe de la Base Maquehue, Leonardo Reyes Herrera y al comandante de escuadrilla, Luis Soto Pinto.

También al oficial Heriberto Pereira Rojas y los suboficiales Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Jorge Valdebenito Isler y Enrique Rebolledo Sotelo.

En su investigación el magistrado estableció que los militares participaron como coautores del secuestro de Jorge Aillon Lara, de 33 años, padre de tres hijos, empleado de la Empresa de Comercio Agrícola y militante del Partido Comunista, quien tras ser detenido por efectivos de la FACH desapareció sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

La otra víctima es la profesora María Arriagada Jerez, de 40 años, con tres hijos, dirigenta del magisterio y también comunista, quien fue vista por última vez en la Base Aérea de Maquehua.

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en ese período perdieron la vida más de 3.000 chilenos, de los cuales unos 1.290 son detenidos desaparecidos.