Aguayo Fernández Luis Evangelista

Luis Evangelista Aguayo Fernández, soltero, Inspector del Liceo Nocturno de Parral, militante socialista, fue detenido el día 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00 horas, en su domicilio, por efectivos de Ejército y Carabineros, en presencia de sus padres y hermanos. La vivienda fue allanada con violencia por los uniformados que provocaron destrozos de varios bienes. Entre los aprehensores se identificó al Suboficial Germaín Morales, quien iba al mando de la patrulla y que falleciera con posterioridad, los Sargentos Guillermo Morales y Luis Hidalgo, los Cabos Ramón Valenzuela y otro de apellido Zúñiga y el funcionario Garrido, todos ellos pertenecientes a Carabineros de Parral. El joven Aguayo fue conducido a la Comisaría de esa localidad, donde permaneció detenido hasta el día siguiente, debiendo después concurrir tres veces al día a firmar. Durante su estadía en el recinto policial fue golpeado y le cortaron el pelo. Al presentarse a firmar el día 14 de septiembre, alrededor de las 12:00 horas, se le dejó detenido nuevamente, por orden del Gobernador, Capitán de Ejército Hugo Cardemil. Se le mantuvo en la Comisaría hasta el día siguiente -15 de septiembre- fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Parral. En este establecimiento permaneció hasta el 26 de septiembre de ese año, día en que fue sacado por una patrulla Militar y de Carabineros, alrededor de las 10:00 horas, junto a otros detenidos: Hugo Soto Campos, Oscar Saldía Daza, Enrique Carreño González y Claudio Escanilla Escobar. Todos ellos se encuentran desaparecidos desde entonces, excepto Enrique Carreño, quien apareciera en enero de 1974 en la Cárcel de Linares, recinto del que fue sacado en febrero de ese año, fecha desde la cual se encuentra igualmente desaparecido. Durante su estadía en la cárcel, sus familiares le llevaron diariamente ropa y alimentos, hasta que un funcionario de prisiones de apellido Moya les informó que ya no se encontraba allí y que había sido trasladado a Linares. En este Penal fue visto por Juan Bernardino Fuentes Gatica, que también estuvo detenido allí. Fuentes pudo conversar con él, con Oscar Saldía y con Hugo Soto, unos días en que fueron ubicados en una celda colectiva. Todos estaban rapados y bastante golpeados. El 22 de septiembre el testigo fue incomunicado, no obstante mantuvo algún contacto con otros reclusos y así fue como supo que todos ellos habían sido sacados por Militares y Carabineros, sin volver a verlos ni saber de sus paraderos. Entre los militares que participaban en el traslado de prisioneros desde la Cárcel de Parral a la Escuela de Artillería de Linares, Fuentes menciona a los Tenientes Dodge y Sáenz y a los Cabos Raúl Ugalde y Manuel Moya, todos de la dotación de ese Instituto Militar. Entre los carabineros señala a los funcionarios Hidalgo y Valenzuela antes mencionados y a Germaín Morales, que falleció con posterioridad. Cabe agregar que el Gobernador de Parral, Capitán de Ejército Hugo Cardemil creó una "Comisión Especial", integrada por militares y policías que funcionaba en el recinto de Investigaciones. Esta Comisión tenía la labor de interrogar a los detenidos que permanecían en la cárcel y resolver quienes eran enviados a Linares, a la Escuela de Artillería del Ejército o a la Cárcel de esa ciudad.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS Su hermana recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca en noviembre de 1974, el que fue declarado sin lugar. También en octubre de ese año presentó una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Parral, causa que fue sobreseída temporalmente. Luego de haber sido sacado de la cárcel, la madre de Aguayo conversó con el Gobernador, Capitán Cardemil, quien le manifestó que él mismo había trasladado a su hijo a la Escuela de Artillería en Linares. Por otra parte, en este recinto militar le señalaron que su hijo no había sido llevado allí. Tampoco lo ubicó en la Cárcel de Linares.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.

El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.

Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.

Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.

El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.

En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.

Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.

Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.

En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.

Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.

Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.

Un emotivo video se dio a conocer en el marco de la invitación al Coloquio Internacional «Tras las huellas de Colonia Dignidad» realizado por la Universidad Católica del Maule y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Mercedes Fernández (95), lloró al recordar a su hijo Luis Evangelista Aguayo desaparecido el 14 de septiembre de 1973.

Mercedes Fernández es la última madre viva de Derechos Humanos en Parral. “Después de 47 años, me sigo preguntando ¿Donde está mi hijo Luis Evangelista? Tantos años sin verlo, tantos años sufriendo. Es el dolor que le queda a uno, cuando ya le quedan pocos años de vida”, dijo con la voz quebrada al finalizar la invitación y una imagen de Luis colgada en el pecho.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $150.000.000 a la madre y hermanos de Luis Evangelista Aguayo Fernández, quien fue detenido en septiembre de 1973, en Parral, desconociéndose desde entonces su paradero.
La sentencia sostiene que en lo concerniente al pago que se alega y que la sentenciadora rechazó, es preciso tener en consideración que sin perjuicio de los beneficios que de manera unilateral fijó la Ley 19.123, nada impide que pudiera accionarse judicialmente como se hace en la demanda, especialmente si se considera que no se acreditó que los actores hubieran percibido alguna indemnización por un monto determinado o en forma de pensiones periódicas, que pudiera ser equiparable a la que ahora reclaman.

La resolución agrega que en lo relativo a la prescripción que se alega, se tendrá en cuenta la jurisprudencia uniforme que existe sobre la materia, en particular lo resuelto por la Excma. Corte Suprema con posterioridad al fallo sobre unificación de jurisprudencia que se cita, en el sentido que la ley civil interna contraría de manera expresa el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación de todos los perjuicios sufridos, como lo reconoce la propia Ley 19.123, por lo que no resulta posible hacer una diferenciación entre la acción penal y la civil que emanan de los mismos hechos.

Por tanto, concluye que se confirma la sentencia apelada de 7 de Septiembre de 2017, escrita a fs. 235 y siguientes, con declaración que las indemnizaciones que el Fisco de Chile deberá pagar a los demandantes por concepto del daño moral sufrido por la muerte de su hijo, en el caso de doña Mercedes del Carmen Fernández Barra, y de su hermano, en el caso de Ana Luisa Aguayo Fernández, Carlos Antonio Aguayo Fernández, Sebastián de la Cruz Aguayo Fernández y Julio Enrique Aguayo Fernández, se elevan a las suma de $50.000.000 para la primera, y $25.000.000, para cada uno de los otros demandantes, más los intereses corrientes para operaciones no reajustables que se devenguen entre la fecha en que se produzca la mora y la de su efectivo pago.

«…Y qué es lo que hemos encontrado: acá hay una tierra de un tono amarillo, y de aquí para allá, es negro. Todo esto es la quema». Los rostros de las familiares que escuchan al arqueólogo Iván Cáceres se concentran en un punto que señala con su dedo en la pantalla. Es una fotografía del […]

«…Y qué es lo que hemos encontrado: acá hay una tierra de un tono amarillo, y de aquí para allá, es negro. Todo esto es la quema».

Los rostros de las familiares que escuchan al arqueólogo Iván Cáceres se concentran en un punto que señala con su dedo en la pantalla. Es una fotografía del lugar donde fue detectado, por primera vez, el sitio donde fueron quemados, hasta desaparecer, las personas que fueron fusiladas en uno de los cerros precordilleranos de la Colonia Dignidad.

Allí está Mercedes Fernández (85), que busca a su hijo Luis Evangelista Aguayo Fernández; sentada y apoyando su mentón en un bastón, escucha María Lucía Villavicencio, viuda de Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, el «Loro Matías».

También observa la imagen, María Cristina Escanilla, que busca a su hermano Claudio. En la pequeña sede social, de una fría mañana de abril, en el centro de Parral, una veintena de familiares de detenidos desaparecidos de esa ciudad, Linares y Talca, se reunieron para escuchar, por primera vez, a uno de los científicos que trabaja para establecer cuál fue el destino final de un centenar de personas que fueron detenidas los primeros meses de la última dictadura y hechas desaparecer por los ciudadanos alemanes, que dirigían la secta germana, unos 40 kilómetros al este de Parral.

Fueron los propios familiares los que juntaron coraje y tomaron la iniciativa de reunirse para invitar al perito que trabaja, desde noviembre del año pasado, en los sondeos y excavaciones de una decena de puntos en el sector Chenco.

Son científicos que ya habían estado en ese lugar en 2005, 2006 y 2009, realizando sondeos mientras estuvo a cargo de investigar el ministro Jorge Zepeda. Habían encontrado una fosa con motores de vehículos pertenecientes a detenidos e indicios de al menos 10 fosas más. Sin embargo, Zepeda detuvo los trabajos sin explicación.

Casi nueve años después, volvieron al lugar. El ministro Mario Carroza, que tomó una última querella, impulsada por el Programa de Derechos Humanos y las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral y Talca, pidió contratar al equipo de Cáceres y Kenneth Jensen.

Desde 2014, un equipo de la PDI y El Servicio Médico Legal intentaron analizar los sitios, sin resultados. Cáceres y Jensen, en pocos meses lograron detectar fosas vacías, usadas para enterrar cuerpos en 1973 y que fueron desenterradas, en diciembre de 1978, en el marco de la Operación Retiro de televisores.

Pero el objetivo principal de su trabajo se concentró en detectar el lugar donde un par de testigos, aseguran, dicen se habían quemado los cuerpos.

Lo que los familiares de detenidos desaparecidos habían oído durante años, como la forma en que habían eliminado todo rastro biológico y cultural de sus seres queridos, esa mañana se transformó en una verdad absoluta.

Uno de esos testimonios, que guió el trabajo de los peritos, fue el del ex colono alemán Willy Malessa. Fue el conductor de la retroexcavadora que se utilizó para desenterrar una decena de fosas.

«(Gerhard) Mücke me indicó el sector donde tenía que cavar, en un lugar donde se notaba que la tierra había sido removida con anterioridad. Luego de haber cavado unos dos a tres metros de profundidad, me percaté que en la pala de la máquina no salió únicamente tierra, observando claramente un cuerpo del cual no se podían ver detalles, ya que las partes blandas estaban en pleno proceso de descomposición y se veía como una masa blanca, con manchones de cabello en su cabeza.»

El crudo relato del alemán fue registrado en agosto de 2017, en el lugar donde ocurrieron los hechos en 1978. Hasta allí fue llevado por el juez Carroza a quien le detalló lo que recordaba.

«No recuerdo con exactitud cuántos cuerpos saqué de esa excavación, pero fueron varios. Esta excavación la tuve que repetir en dos sectores más, en donde al cavar salieron más cuerpos y restos de ellos, todos los cuales fueron puestos en un camión», contó.

Los introducían en sacos

La Operación Retiro de Televisores fue una orden del dictador Augusto Pinochet y ejecutada de manera coordinada en todo el país, tras el hallazgo de cuerpos en los hornos de Lonquén.

Unidades militares de todo el país exhumaron ilegalmente los restos de personas asesinadas, por razones políticas, tras el golpe de Estado y debían hacerlas desaparecer. Se registraron lanzamientos al mar, ríos, lagos y algunas quemas (Los Ángeles y Linares).

Malessa continuó el relato de horror: «Recuerdo que estaban siempre presentes Mücke y (Karl) Van den Berg, en la tolva del vehículo. Yo acercaba la pala o balde de la máquina y ellos tomaban los cuerpos y los introducían en sacos. No puedo precisar la cantidad de cadáveres que saqué de las fosas, pero me imagino que eran entre 30 y 40 cuerpos. Esta operación duró unas dos semanas o un poco más».

En este punto es donde el magistrado y los arqueólogos prestaron la mayor atención a los dichos de Malessa. Ya en 2009, otro ex colono, Georg Laube, había señalado al ministro Zepeda la existencia de este lugar. Sin embargo fue desestimado en su momento, sin explicación alguna.

«Luego de sacar los cuerpos, se me ordenó preparar un terreno plano, donde dispusieron una especie de parrilla, lugar donde los sacos fueron descargados. Desde ese momento yo me quedé en la máquina y observé que Van den Berg y Johan Spatz intentaron quemar los sacos y su contenido con madera y combustible espeso hecho de bencina, para prenderles fuego»

Los testimonios de los jefes de los alemanes de la Colonia Dignidad no son precisos en la fórmula utilizada. Pero todos coinciden en que usaron tres elementos altamente combustibles para terminar la tarea: kerosén, fósforo y napalm.

Sobre la capacidad de la Colonia Dignidad de utilizar este tipo de agentes químicos, el doctor Dieter Maier explica desde Alemania, a El Dínamo que «en sus comienzos la Colonia Dignidad no tuvo los medios para quemar los cuerpos desenterrados durante la Operación Retiro de Televisores. Copiaron la receta de hacer napalm para la guerra en Vietnam y lograron el objetivo».

Maier es investigador sobre el enclave alemán desde la década de 1970 y acompañó las denuncias de ex prisioneros que sobrevivieron al cautiverio en la Colonia Dignidad.

Sobre el hallazgo del lugar donde se quemaron los cuerpos señaló que «sabíamos que varios detenidos desaparecidos pasaron por Colonia Dignidad y que un número alto de ellos estaban presos o fueron asesinados allí. Siempre calculé que eran más de 100 personas. Hoy mi estimación cuidadosa es todavía más alta. A ellos hay que agregar los opositores a la dictadura que cayeron por la alianza de agencias represivas (DINA, Servicio de Inteligencia Militar y Patria y Libertad) a la cual perteneció Colonia Dignidad».

Información sin investigar

El arqueólogo Iván Cáceres avanza en su relato a los familiares y se detiene en el rol de Willy Malessa: «Declaró varias veces con el ministro y él es una de las personas que estuvo trabajando en el retiro de los cuerpos. Por eso nos interesa, porque el operó una de las máquinas y él nos dijo que había un lugar donde se habían quemado y ese lugar había que trabajarlo».

La tarea se hace urgente por el paso del tiempo y las inclemencias del invierno. Por ello llama la atención que esta información, que estuvo en conocimiento del antiguo juez Zepeda no fuera investigado en 2009 cuando fue revelado por un testigo.

Georg Laube, describió al programa En La Mira de Chilevisión, en 2014, el mismo sitió que hoy se trabaja.

«Una persona vio excavando una máquina acá. Otra persona me contó que le mandaron con herramientas desmalezadoras y sierras, a limpiar y sacar todas las moras y limpiar todo ese lugar. Este es un lugar que en el invierno está hundido de agua» cuenta el ex colono.

Precisamente Cáceres apunta a que esa es la razón por la que se escogió ese lugar para quemar los cuerpos. «Esto era una vega o lugar húmedo donde tuvimos que hacer un drenaje unos meses antes. Cortamos malezas y sondeamos buscando evidencias de quemas. Toda esta era una área de intensa vegetación, arbustiva, de una hectárea que tuvimos que limpiar y hacer sondeos horizontales. Estas trincheras las hicimos con palas, con pinceles y brochas pequeñas, buscando suavemente, porque acá teníamos que encontrar un punto dónde aparecieran restos de carbón o cenizas».

Asimismo, el sector cumple con otra característica descrita por los testigos. Las fosas y la quema se hicieron a la orilla de un antiguo camino, pero los jefes alemanes modificaron el trazado para ocultar pistas.

«Los caminos interiores, los fueron modificando y eso lo hemos visto por fotografías aéreas y por el análisis topográfico del sector que nos permitió encontrar indicios de excavaciones compatibles con las que ellos mencionan y huellas de maquinaria, de la época», señaló Cáceres.

Utilizando una técnica de abrir «trincheras» los peritos lograron dar con un área de cuatro por dos metros en ese terreno. «Esta evidencia es carbón, en una de estas trincheras encontramos esto. Por ello, este trabajo tiene que ser hecho por especialistas», explica el experto, quien señala otro punto en la diapositiva: «Esto es arcilla, esto es parte del cerro y esto es carbón, es una cosa distinta y como arqueólogos tenemos que interpretarlo».

«…Y qué es lo que hemos encontrado: acá hay una tierra de un tono amarillo, y de aquí para allá, es negro. Todo esto es la quema».

Los arqueólogos describen la existencia de al menos tres maderos quemados que fueron utilizados para sostener la parrilla: «Esto es un madero quemado; otro acá que revisa Rodrigo Lorca, arqueólogo; otro más, que revisa Isidora Pérez y otra por acá. Tenemos un área acotada».

El epílogo de esta cadena de horrorosos sucesos, que intentan reconstruir los especialistas, también coincide con la versión de Malessa. Una vez quemados los cuerpos, los restos carbonizados fueron puestos en el mismo camión y arrojados a las aguas del Río Perquilauquén que atraviesa la Colonia Dignidad.

«Si miramos de perfil y observamos este plano, esto mantiene un mismo nivel y luego comienza a bajar. Eso es compatible con lo que ellos (alemanes) dicen que una vez que quemaron los cuerpos, sacaron con pala los resto, rasparon y vemos que hay una depresión de unos 20 a 30 centímetros», relata Cáceres.

Informe a ministro Carroza

Las excavaciones concluyeron el 25 de abril. El equipo entregó un informe al ministro Carroza donde plantean la necesidad de continuar los trabajos para buscar, el siguiente eslabón en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Colonia Dignidad: una fosa que, según el ex colono Willy Malessa, no fue desenterrada y ,por lo tanto, aún contiene restos de detenidos.

El Dínamo consultó el jueves 3 de mayo a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, sobre la continuidad del financiamiento de los trabajos en Colonia Dignidad. Sin embargo, hasta este domingo, no respondió la consulta, ni dio acuso de recibo de ésta.

La cartera depende del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien fue defensor de la Colonia Dignidad. En los años 90 habló de calumnias, persecución y de sesgo a los jueces que investigaban los abusos sexuales contra niños chilenos y las violaciones de los derechos humanos.

Aunque se ha excusado con que no sabía lo que ocurría, Larraín, estuvo en la Colonia Dignidad en el mismo período en que hubo prisioneros políticos e imperaba un régimen de segregación de hombres y mujeres.

Myrna Troncoso, presidenta de los familiares de Talca y coordinadora de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidas de la Región del Maule, víctimas de la Colonia Dignidad dijo que «ha sido doloroso para nosotros escuchar todo esto, pero necesario y esclarecedor que nos da la tranquilidad de que están trabajando de la mejor manera posible, conscientes de que todo esto tiene como objetivo traernos tranquilidad a nosotros los familiares. Esperamos que otros alemanes cooperen y digan la verdad de una vez por todas».

La Agrupación de Familiares de DD de Talca, San Javier, Linares y Parral visitó, por primera vez, el sitio señalado por un testigo como el lugar donde en 1973 se cavaron varias fosas.

Una zona circular, desmalezada, de aproximadamente 50 metros de diámetro, rodeada de bosque nativo, arbustos y zarzamora, es el lugar donde Mercedes Fernández (87) tiene puesta su mirada y su vida. En ese lugar, a unos 12 kilómetros desde la entrada principal de la Villa Baviera, podrían haber vestigios de su hijo, Luis Evangelista Aguayo Fernández, a quien vio por última vez el 12 de septiembre de 1973.

El joven, un inspector de liceo de Parral, tenía 21 años cuando se lo llevó una patrulla de Carabineros, pocas horas después del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Es uno de las más de 40 personas que fueron secuestradas y hechas desaparecer de esa comuna, cuya suerte pudo terminar en el Centro de Detención, Tortura y Exterminio Colonia Dignidad.La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca, San Javier, Linares y Parral visitó, por primera vez, el sitio señalado por un testigo como el lugar donde en 1973 se cavaron varias fosas, para arrojar y ocultar en ellas los cuerpos de prisioneros que fueron fusilados, entre septiembre y diciembre de 1973.La señora Mercedes Fernández es una de las 70 personas que recorrió este domingo 10 de septiembre los 12 kilómetros al interior del enclave alemán en vehículo, y luego caminaron unos 600 metros, entre añosos árboles y sendas pronunciadas. “Este mismo recorrido es el que pudo haber hecho mi hijo antes que me lo mataran”, solloza la octogenaria madre.

Ella es de las pocas madres que sobreviven, tras años de búsquedas. Sobre los barrosos senderos color terracota del fundo alemán, también miran cada rincón, buscando vestigios de sus hermanos María Cristina Escanilla Escobar, que busca a su hermano Claudio Escanilla Escobar, 17 años al momento de su detención, en Parral, el 13 de septiembre de 1973; Raquel Vivanco, busca a Víctor Vivanco Vásquez, 19 años, visto por última vez el 8 de octubre 1973, en Parral; Elena Villalobos, también busca a su hermano, Waldo Villalobos Moraga, detenido desaparecido desde el 23 de diciembre de 1973 en Linares; Lidia Lara, por su parte, no ve a su hermano, Fernando Antonio Lara Rojas, desde 7 de mayo de 1976, cuando se lo llevaron desde la casa que compartían en Talca.

Myrna Troncoso, presidenta de la AFDD a nivel regional, dijo que se reunieron el jueves último con el ministro en visita Mario Carroza, quien les explicó con detalle una diligencia en terreno realizada el 25 de agosto último, cuando fijaron el lugar, con el testigo presente, con la policía y peritos antropólogos.

La dirigenta explicó que “hay un nuevo indicio, una luz de esperanza de que algunos de nosotros sepamos si esta tierra aún oculta a uno o varios de nuestros amados familiares. Tenemos que ser prudentes, cautos. No debemos hacernos expectativas más allá de lo que la ciencia y la correcta actuación del juez Mario Carroza nos vaya diciendo”.

Agregó que “se trata del testimonio que valoramos mucho, de un ex colono alemán que trabajó en desenterrar cadáveres y que por primera vez reveló que este lugar esconde una fosa que en 1978 no fue excavada”.

Myrna Troncoso hizo un llamado a otros colonos alemanes o ex conscriptos que hayan participado en estos hechos a que se acerquen al juez o a los familiares. “Nosotras somos madres, hermanas, abuelas. Buscamos a nuestros queridos familiares porque es una herida abierta que no sana si no hay Verdad. Si saben algo, por favor acérquense o escriban a ddhhtalca@gmail.com por cualquier información sobre la Colonia Dignidad. Esto nos ayuda a nosotros pero también a quienes tengan esa información. Será un alivio de conciencia para ellos que fueron mandados por oficiales”.

Por su parte, la abogada Mariela Santana, anunció que se harán parte en la investigación que instruye el juez Carroza. “Ahora más que nunca debemos mantener informados a los familiares y tenemos información útil a la causa sobre inhumación y exhumación ilegal, que entregaremos en su oportunidad al magistrado, lo que significará un tremendo avance después de tantos años”, señalo la profesional.

Mientras el silencio consumió las voces de los familiares, el diácono Guido Gossens (conocido activista y defensor de los derechos humanos en la Región del Maule) dirigió la primera oración cristiana en el lugar. Pese a los llamados a la cautela sobre la expectativas, los ojos de Mercedes Fernández no pudieron más y se ahogaron en lágrimas. Myrna Troncoso y otros familiares se trenzaron en un emotivo abrazo porque pese a la razón, la esperanza ha renacido.

Durante la visita al lugar se informó que el Gobierno liberó los fondos necesarios para realizar las diligencias en el lugar, que estarán a cargo de los antropólogos Iván Cáceres y Kenneth Jensen. Los científicos han trabajado en numerosos casos de búsqueda de sitios usados para inhumar o exhumar personas asesinadas en dictadura.

El ministro Jorge Zepeda, que investigo 16 años el caso Colonia Dignidad, sin condenar a ningún jerarca alemán por delitos de lesa humanidad, los sacó del caso en 2009, cuando no aceptó la sugerencia de los científicos de buscar en el mismo lugar que hoy se ha transformado en el único sitio del país con información suficiente como para considerar que fue un sitio usado como fosa.

Asimismo, Myrna Troncoso, manifestó que de ser necesarios, solicitarán al Gobierno de Alemania que provea recursos económicos o tecnología para que apoyen las tareas científicas.

“Alemania pidió perdón y esta dispuesta a ayudar económicamente. Más que memoriales, lo que necesitamos, lo que urge hoy es saber la verdad y para eso hay que poner recursos en ciencia y tecnología”, explicó.

Anunció que formarán parte de una comisión bilateral que se está conformando, a instancias del Ministerio de Relaciones exteriores, con Alemania, donde “esperamos que escuchen fuerte y claro el mensaje de los familiares, porque nosotros no tenemos intermediarios y ojalá sólo hubiera familiares y víctimas, sin instituciones ni ONGs externas que no saben lo que ha significado luchar 44 años contra la Colonia Dignidad”.

El fallo del 6° Juzgado de Letras de Santiago ordeno al fisco a indemnizar a la madre y hermanos de Luis Evangelista Aguayo Fernández, detenido desaparecido a partir del 26 de septiembre de 1973 en Parral, Séptima Región, en el conocido “episodio Parral”.

En el fallo (causa rol 20.138-2016), la magistrada Mindy Villar Simón estableció la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes y descartó la prescripción de la acción civil, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, señalando parte de él;

“(…) se observa que el hecho recién anotado tiene una vertiente diametralmente distinta a las que se regulan por nuestro Código Civil. Así, es de saber que en el presente caso estamos frente a una acción que deriva de la comisión de un crimen internacional, previsto y sancionado mediante normas contenidas en instrumentos del mismo carácter, que, como se dijo, se encuentran ratificados por Chile, específicamente, en lo contemplado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cuya imprescriptibilidad se encuentra expresamente regulada en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad de 26 de Noviembre de 1968, sin perjuicio de otros instrumentos internacionales que regulan la perpetración de acciones criminales transgresoras de derechos fundamentales como la Convención Americana de Derechos Humanos y principios de derecho internacional o Derecho Internacional Consuetudinario”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “de la referida regulación internacional que reciben los hechos sobre los que reposa la pretensión indemnizatoria de marras y por el carácter vejatorio de la dignidad humana que éstos revisten, en donde se anula toda posibilidad del reconocimiento de los derechos y libertades que le concernían a la víctima, puede concluirse que la entidad y naturaleza de éstos no presenta equivalencia con los que el derecho privado considera como sucesos ilícitos, esto es, los primeros, como se dijo, son denuestos físicos y morales en contra de los Derechos Humanos y que son crímenes internacionales que tienen una regulación supraconstitucional -normas integradas, como se dijo, a nuestra legislación- y los segundos provienen de la vulneración ya del incumplimiento de un deber contractual ya de un ilícito civil doloso o negligente, cuyo estatuto legal debe regirse por normas de derecho común”.

“(…) resulta necesario –continúa– agregar que supeditar la prescripción de la acción de marras a las normas entregadas al respecto por la normativa del derecho común nacional conllevaría establecer un distingo arbitrario e incoherente con la regulación internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por cuanto no resulta razonable otorgar a la acción de autos un tratamiento disímil a la acción penal derivada comportamientos descritos en la ley como crímenes en contra de la humanidad, siendo el hecho de que la normativa internacional no lo ha efectuado, sino que, por el contrario ha propugnado lo contrario, como se ha dicho; efectuar una distinción como la descrita en donde la misma regulación internacional no lo ha hecho aplicando al efecto normas de derecho privado no atingentes al efecto conforme a la naturaleza de los hechos anotados significaría deslizarse al terreno de lo arbitrario o efectuar una decisión antojadiza sobre el caso, lo que no puede ser avalado por la infrascrita”.

“Que en correlato con lo reflexionado anteriormente y las consideraciones atinentes a la aplicación del Derecho Internacional y principios rectores del mismo conforme a la situación de autos y por considerar que el hecho de la aplicación de la prescripción contemplada por el derecho privado supondría la vulneración de aquellas y dejar sin aplicación la responsabilidad del Estado conforme lo dispone el artículo 38 inciso segundo de la Carta Fundamental, sólo cabe rechazar la excepción de prescripción planteada por el Fisco”, concluye.

Luis evangelista Aguayo Fernandez y el Episodio Parral;

Luis Evangelista Aguayo Fernández, soltero, Inspector del Liceo Nocturno de Parral, militante socialista, fue detenido el día 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00 horas, en su domicilio, por efectivos de Ejército y Carabineros, en presencia de sus padres y hermanos. La vivienda fue allanada con violencia por los uniformados que provocaron destrozos de varios bienes.

Entre los aprehensores se identificó al Suboficial Germaín Morales, quien iba al mando de la patrulla y que falleciera con posterioridad, los Sargentos Guillermo Morales y Luis Hidalgo, los Cabos Ramón Valenzuela y otro de apellido Zúñiga y el funcionario Garrido, todos ellos pertenecientes a Carabineros de Parral.

El joven Aguayo fue conducido a la Comisaría de esa localidad, donde permaneció detenido hasta el día siguiente, debiendo después concurrir tres veces al día a firmar. Durante su estadía en el recinto policial fue golpeado y le cortaron el pelo. Al presentarse a firmar el día 14 de septiembre, alrededor de las 12:00 horas, se le dejó detenido nuevamente, por orden del Gobernador, Capitán de Ejército Hugo Cardemil. Se le mantuvo en la Comisaría hasta el día siguiente -15 de septiembre- fecha en que fue trasladado a la Cárcel de Parral. En este establecimiento permaneció hasta el 26 de septiembre de ese año, día en que fue sacado por una patrulla Militar y de Carabineros, alrededor de las 10:00 horas, junto a otros detenidos: Hugo Soto Campos, Oscar Saldía Daza, Enrique Carreño González y Claudio Escanilla Escobar. Todos ellos se encuentran desaparecidos desde entonces, excepto Enrique Carreño, quien apareciera en enero de 1974 en la Cárcel de Linares, recinto del que fue sacado en febrero de ese año, fecha desde la cual se encuentra igualmente desaparecido.

Durante su estadía en la cárcel, sus familiares le llevaron diariamente ropa y alimentos, hasta que un funcionario de prisiones de apellido Moya les informó que ya no se encontraba allí y que había sido trasladado a Linares.

En este Penal fue visto por Juan Bernardino Fuentes Gatica, que también estuvo detenido allí. Fuentes pudo conversar con él, con Oscar Saldía y con Hugo Soto, unos días en que fueron ubicados en una celda colectiva. Todos estaban rapados y bastante golpeados. El 22 de septiembre el testigo fue incomunicado, no obstante mantuvo algún contacto con otros reclusos y así fue como supo que todos ellos habían sido sacados por Militares y Carabineros, sin volver a verlos ni saber de sus paraderos. Entre los militares que participaban en el traslado de prisioneros desde la Cárcel de Parral a la Escuela de Artillería de Linares, Fuentes menciona a los Tenientes Dodge y Sáenz y a los Cabos Raúl Ugalde y Manuel Moya, todos de la dotación de ese Instituto Militar. Entre los carabineros señala a los funcionarios Hidalgo y Valenzuela antes mencionados y a Germaín Morales, que falleció con posterioridad.

Cabe agregar que el Gobernador de Parral, Capitán de Ejército Hugo Cardemil creó una “Comisión Especial”, integrada por militares y policías que funcionaba en el recinto de Investigaciones. Esta Comisión tenía la labor de interrogar a los detenidos que permanecían en la cárcel y resolver quienes eran enviados a Linares, a la Escuela de Artillería del Ejército o a la Cárcel de esa ciudad.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Su hermana recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca en noviembre de 1974, el que fue declarado sin lugar. También en octubre de ese año presentó una denuncia por presunta desgracia ante el Juzgado de Parral, causa que fue sobreseída temporalmente.

Luego de haber sido sacado de la cárcel, la madre de Aguayo conversó con el Gobernador, Capitán Cardemil, quien le manifestó que él mismo había trasladado a su hijo a la Escuela de Artillería en Linares. Por otra parte, en este recinto militar le señalaron que su hijo no había sido llevado allí. Tampoco lo ubicó en la Cárcel de Linares.

El Sexto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $100.000.000 (cien millones de pesos) a la madre y hermanos Luis Evangelista Aguayo Fernández, detenido desaparecido a partir del 26 de septiembre de 1973 en Parral, Séptima Región.

En el fallo (causa rol 20.138-2016), la magistrada Mindy Villar Simón estableció la responsabilidad del Estado por el actuar de sus agentes y descartó la prescripción de la acción civil, por tratarse de un crimen de lesa humanidad.

«(…) se observa que el hecho recién anotado tiene una vertiente diametralmente distinta a las que se regulan por nuestro Código Civil. Así, es de saber que en el presente caso estamos frente a una acción que deriva de la comisión de un crimen internacional, previsto y sancionado mediante normas contenidas en instrumentos del mismo carácter, que, como se dijo, se encuentran ratificados por Chile, específicamente, en lo contemplado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cuya imprescriptibilidad se encuentra expresamente regulada en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad de 26 de Noviembre de 1968, sin perjuicio de otros instrumentos internacionales que regulan la perpetración de acciones criminales transgresoras de derechos fundamentales como la Convención Americana de Derechos Humanos y principios de derecho internacional o Derecho Internacional Consuetudinario», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «de la referida regulación internacional que reciben los hechos sobre los que reposa la pretensión indemnizatoria de marras y por el carácter vejatorio de la dignidad humana que éstos revisten, en donde se anula toda posibilidad del reconocimiento de los derechos y libertades que le concernían a la víctima, puede concluirse que la entidad y naturaleza de éstos no presenta equivalencia con los que el derecho privado considera como sucesos ilícitos, esto es, los primeros, como se dijo, son denuestos físicos y morales en contra de los Derechos Humanos y que son crímenes internacionales que tienen una regulación supraconstitucional -normas integradas, como se dijo, a nuestra legislación- y los segundos provienen de la vulneración ya del incumplimiento de un deber contractual ya de un ilícito civil doloso o negligente, cuyo estatuto legal debe regirse por normas de derecho común».

«(…) resulta necesario –continúa– agregar que supeditar la prescripción de la acción de marras a las normas entregadas al respecto por la normativa del derecho común nacional conllevaría establecer un distingo arbitrario e incoherente con la regulación internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por cuanto no resulta razonable otorgar a la acción de autos un tratamiento disímil a la acción penal derivada comportamientos descritos en la ley como crímenes en contra de la humanidad, siendo el hecho de que la normativa internacional no lo ha efectuado, sino que, por el contrario ha propugnado lo contrario, como se ha dicho; efectuar una distinción como la descrita en donde la misma regulación internacional no lo ha hecho aplicando al efecto normas de derecho privado no atingentes al efecto conforme a la naturaleza de los hechos anotados significaría deslizarse al terreno de lo arbitrario o efectuar una decisión antojadiza sobre el caso, lo que no puede ser avalado por la infrascrita».

«Que en correlato con lo reflexionado anteriormente y las consideraciones atinentes a la aplicación del Derecho Internacional y principios rectores del mismo conforme a la situación de autos y por considerar que el hecho de la aplicación de la prescripción contemplada por el derecho privado supondría la vulneración de aquellas y dejar sin aplicación la responsabilidad del Estado conforme lo dispone el artículo 38 inciso segundo de la Carta Fundamental, sólo cabe rechazar la excepción de prescripción planteada por el Fisco», concluye.