Zincke Quiroz Jorge Ernesto Mario

Lo más probable es que haya sido una coincidencia, pero más parecía una burla. El mismo día en que Pinochet llegaba a las asoleadas playas de Iquique para capear los fríos del invierno, más rechoncho y sonrosado que nunca, diez militares de alta graduación y otros tres uniformados engrosaban la lista de procesados por delitos criminales cometidos bajo su mandato.

Pinochet viajó en un avión del ejército con un séquito integrado por su mujer, un médico personal y una escolta militar de quince personas -gastos que pagamos todos los chilenos-.

Mientras el ex dictador, declarado “persona non grata” por los estudiantes y la Coordinadora “Fuera Pinochet”, disfruta de su departamento en un exclusivo condominio iquiqueño y sale a pasear en un Mercedes Benz blindado que el ejército pone a su disposición, sus cercanos colaboradores desfilan desde los tribunales a recintos… militares, donde comienzan a cumplir prisión preventiva por sus crímenes de hace treinta años.
Si bien todo es relativo en este país donde oposición y Concertación compiten por encontrar la mejor “solución” al “problema de los derechos humanos”, los últimos fallos judiciales dan un respiro a familiares de detenidos desaparecidos que llevan décadas clamando justicia.
El 9 y el 10 de junio, el juez especial Alejandro Solís procesó a trece personas en dos casos diferentes. En uno se trata de la ex plana mayor de la Dina: una vez más Manuel Contreras, seguido por el ex brigadier Miguel Krasnoff, el coronel Marcelo Moren Brito, el suboficial Basclay Zapata y el torturador Osvaldo Romo. Los cinco están enjuiciados por el desaparecimiento de Fernando Silva Camus, decorador de 60 años detenido por agentes de la Dina el 27 de noviembre de 1974, un día después de la detención de su hijo Claudio Silva Peralta, militante del MIR, de 23 años. Ambos fueron conducidos al centro de torturas Villa Grimaldi, donde se les vio por última vez. Sus nombres aparecieron en 1975 en la lista de 119 personas publicada por la Dina como supuestos fallecidos en Argentina.
El testimonio de la ex presa política Sonia Bascuñán es muy claro: “El 28 ó 29 de noviembre fui trasladada de Villa Grimaldi. Se me colocó en la parte trasera de una camioneta, junto con María Antonieta Castro y varios hombres. Al final, más cerca de la salida, venía el papá del ‘Condoro’ (apodo de Claudio Silva). Uno de los agentes que nos conducía dijo que había que parar en el camino, ‘para botar al viejo’. Efectivamente, la camioneta se detuvo en el camino e hicieron bajar a una sola persona, a quien no alcancé a distinguir. Los demás detenidos llegamos a otro lugar que, después supe, era el Campamento Cuatro Alamos. Allí me di cuenta que el detenido de edad no había llegado con el resto”.

PROCESADOS DE LINARES

El mismo juez Alejandro Solís procesó el 10 de junio al ex vicecomandante en jefe del ejército, Jorge Zincke Quiroz, a los generales Carlos Morales y Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, y a los coroneles Félix Cabezas y Juan Morales. La nómina se completa con Claudio Lecaros, Antonio Aguilar Barrientos y Héctor Torres Guajardo. Se les acusa de participar como autores del secuestro y desaparición de seis presos en Linares y de otros tres en Constitución, entre septiembre de 1973 y octubre de 1974. A ese delito se agregan los cargos de exhumación ilegal, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Todos los procesados cumplían funciones en la Escuela de Artillería de Linares, donde, según versiones de testigos, se le perdió el rastro a decenas de presos políticos. Entre ellos, Rubén Bravo, agricultor de 55 años, socialista; Waldo Villalobos Moraga, de 48 años, sin militancia política; y los militantes del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de 21 años; Alejandro Mella Flores, estudiante de 19 años; Anselmo Cancino Aravena, obrero agrícola de 25 años, y Hernán Contreras Cabrera, de 21 años, funcionario de la CORA. El Codepu interpuso el 27 de diciembre de 2001 una querella, que investiga el juez Solís, por estas seis personas.
Durante el proceso, un ex conscripto atestiguó que en la Escuela de Artillería se habrían sepultado alrededor de 80 presos políticos. Por esa razón, el 16 de abril de este año el ministro en visita dirigió una inspección en el campo de tiro en busca de restos. Las excavaciones no dieron resultado, aunque se encontraron muestras de que el terreno había sido removido.
Este caso tuvo repercusiones inesperadas para el director general de Investigaciones, Nelson Mery. Al día siguiente de conocerse los procesamientos, el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña, aseguró que el jefe de la policía civil está involucrado en la desaparición de personas en esa ciudad, donde se habría desempeñado desde el 11 de septiembre de 1973 hasta febrero o marzo de 1974. Según Peña, Nelson Mery formó parte de los grupos encargados de detener y torturar personas. La misma denuncia fue formulada el 16 de abril pasado por Viviana Díaz, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El coronel Juan Hernán Morales Salgado, cuando era capitán a cargo de la gobernación de Constitución después del golpe militar, es el principal procesado por la detención y desaparecimiento de Arturo Enrique Riveros Blanco, militante de la Izquierda Cristiana y gobernador de Constitución; de Jorge Yáñez Olave, periodista de 28 años, y de Jaime Bernardo Torres Salazar, obrero de 21. Los dos últimos eran miembros del comité regional del MIR.
Morales Salgado hizo carrera dentro de la institución castrense. Fue jefe del equipo de seguridad de Manuel Contreras, cuando era director de la Dina, y está involucrado en el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert. Uno de los exhortos enviados por la jueza argentina María Servini de Cubría, lo tuvo por destinatario. Son parte de los “méritos” que le permitieron retirarse del ejército con el grado de coronel.

MORALES Y LOS CORVOS

“Según los datos que hemos podido recoger, Juan Morales (ex coronel actualmente procesado) participó directamente en la muerte de mi marido”, dice Juana María Soto, esposa de Jorge Bernabé Yáñez Olave e integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares. Paso a paso, ha ido reconstituyendo una historia que a pesar de los años transcurridos aún la estremece.
Ella y el hijo de ambos, Cristián -entonces de 6 años- vieron por última vez a Jorge pocos días antes del “11”. “Se notaba preocupado, porque se veía venir lo peor”, recuerda Juana. Debido a su trabajo político, él se había ido a vivir a Constitución, donde compartía una pieza de pensión con Jaime Torres.
Ambos participaron el día del golpe militar en una marcha de protesta de los trabajadores de Celulosa Arauco junto con el gobernador Arturo Riveros Blanco. Al día siguiente, la ciudad fue copada por militares de la Escuela de Artillería de Linares, al mando del capitán Juan Hernán Morales Salgado, quien asumió como gobernador y jefe de plaza. Entre sus hombres de confianza estaban el teniente Leonardo Marchant Rocha, y los subtenientes Marcelo Salas Coccolo y Alejandro Herrera López, quienes no figuran como inculpados en el proceso.
El 14 de septiembre detuvieron a Arturo Riveros y a los dirigentes sindicales José y Jorge Saavedra. Dos días después, Jorge Yáñez y Jaime Torres fueron reconocidos en un camino rural, cuando se dirigían a Chanco, y también fueron apresados. Los llevaron al cuartel de Investigaciones de Cauquenes, pero el 17 los reclamó el nuevo gobernador de Constitución y envió una patrulla a buscarlos. Hay testigos que los vieron ingresar a la Gobernación ensangrentados. Otros compartieron con ellos la tortura y el horror. Gustavo Salazar, técnico dental y militante socialista, fue careado con Jorge el 14 ó 15 de septiembre. Lo sostenían dos uniformados porque no se podía el cuerpo, tenía la cara hinchada y deformada por los golpes, casi no podía hablar. Fue el último en verlo con vida.
En su búsqueda, Juana y el padre de Jorge, José Yáñez -ex carabinero ya fallecido-, llegaron hasta la casa del entonces capitán Juan Morales el 21 de septiembre. “Le rogué por mi hijo que nos dijera dónde estaba Jorge -recuerda ella-. Me contestó muy suelto de cuerpo que no me preocupara, porque lo había dejado en libertad el día 19 y que seguramente yo iba a ser la primera en verlo. Como él también tenía un hijo pequeño, le pedí que me jurara por su hijo que me estaba diciendo la verdad. Y lo hizo”.
Otro detenido declaró que quien dirigía los interrogatorios era el capitán Morales y que lo escuchó comentar con detectives que José y Jorge Saavedra y Jorge Yáñez estaban muertos. A fines de septiembre, el mismo Morales Salgado reconoció en una recepción social haber ordenado la ejecución de cinco personas, cuyos cuerpos “quedaron tirados en un sector de la playa llamado Potrerillos”. Mencionó a Jorge Yáñez, Jaime Torres y Arturo Riveros.
En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde Jorge y Jaime figuran como detenidos desaparecidos, se inculpa al coronel Juan Hernán Morales Salgado (en esa época en servicio activo), a integrantes de la sección “N”, promoción 1973, de la Escuela de Artillería de Linares y a personal no identificado de la Comisaría de Carabineros de Constitución.
En agosto de 1974 se inició la causa rol 40150 “por presunta desgracia” en el Juzgado de Letras de Linares. El juez cerró el sumario y sobreseyó el proceso “por no encontrarse acreditado el delito”. La Corte de Apelaciones de Talca ordenó reabrirlo. Nuevo cierre y sobreseimiento temporal determinado por el juez. Y esta vez fue aprobado por la Corte.
En 1995, Juana Soto presentó una querella criminal por los delitos de detención ilegal, secuestro, tortura y violación de los derechos humanos. Y en diciembre de 2001 suscribió otra querella, esta vez contra Pinochet. Según los antecedentes que ella y los abogados han recopilado, “a los cinco los mataron de la peor manera, usaron corvos y les abrieron la guatita… Después, hay dos versiones: una, que metieron los cuerpos en un hoyo y les prendieron fuego. Y la otra… que los tiraron al mar”

 El diputado del Partido por la Democracia (PPD) Antonio Leal acusó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) de montar una maniobra de encubrimiento para proteger a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en la zona de Linares. Según el parlamentario, el gremialismo utiliza la denuncia de Odette Alegría en contra del director de Investigaciones, Nelson Mery, como una cortina de humo para tapar las acciones cometidas por efectivos militares en Linares, entre ellas las del ex vicecomandante en jefe del Ejército general Jorge Zincke y del general en retiro Humberto Julio. El diputado, en compañía de Anselmo Cancino, familiar de una de las víctimas de la zona, emplazó al senador UDI por la Séptima Región, Hernán Larraín, a pronunciarse sobre la responsabilidad de ex miembros del Ejército en los crímenes cometidos durante el régimen militar. "Quiero pedirle en primer lugar al senador Hernán Larraín, que en estos días ha acusado al Gobierno de doble estándar respecto del caso de Mery, que haga alguna declaración en relación a los hechos de fondo, que son las desapariciones de las personas y las responsabilidad de los generales Zincke y Julio, a quien la derecha está tratando de proteger a través de la cortina de humo que están tendiendo en torno al caso de Mery", dijo Leal. "Si Mery es culpable y la justicia lo condena, tiene que pagar por cualquier delito que haya cometido y naturalmente dejar de ser director de Investigaciones", agregó. El 11 de julio pasado el juez Alejandro Solís sometió a proceso a ocho altos oficiales retirados, entre ellos el ex vicecomandante de la institución general (r) Jorge Zincke Quiroz y a otros dos generales (r), como autores del secuestro y desaparición de ocho personas de Linares y los alrededores. Las víctimas fueron todas detenidas por personal de la Escuela de Artillería de Linares entre septiembre y diciembre de 1973 y, desde entonces, están desaparecidas. Además de Zincke, están encausados el general (r) Carlos Morales Retamal, director de ese regimiento e intendente desde enero de 1974, y Humberto Julio Reyes, este último ex subsecretario de Relaciones Exteriores. El resto de los procesados son los coroneles (r) Félix Cabezas Salazar, subdirector de esa escuela hasta noviembre de 1973; Juan Morales Salgado, gobernador de Constitución desde el 12 de septiembre de 1973; y Claudio Lecaros Carrasco, comandante del Grupo de Artillería y oficial de inteligencia militar de este regimiento de Linares. Cierran la lista el suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y el ex oficial de la policía civil Héctor Torres Guajardo, que al tiempo de los hechos cumplía funciones en Linares. En este proceso fue interrogado el director de Investigaciones, Nelson Mery, quien igualmente cumplía funciones policiales en Linares en 1973.

En una inédita postura, altos oficiales que ocuparon cargos de importancia durante el régimen militar no sólo reconocieron a través de una declaración pública que las remociones de restos "son acreedoras de reproche", sino que de paso reforzaron, implícitamente, la gestión que sobre el tema de derechos humanos ha asumido el Comandante en Jefe.

La carta que hicieran pública ayer ocho tenientes coroneles que desempeñaron cargos importantes en el régimen de Pinochet, algunos de los cuales incluso han estado procesados por crímenes ocurridos en el período, resultó de importancia histórica, pero también se constituyó en un directo respaldo a la gestión realizada por el comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.

Se trata de un gesto inédito en lo que a reconocimiento de responsabilidad política se refiere y es la primera vez que un grupo de militares, tan cercano al lineamiento del régimen que imperó por 17 años en Chile, asume con pesar acciones que se llevaron a cabo durante el período.

Pero la dimensión de la importancia que reviste este documento de los ex vicecomandantes de Pinochet es muchísimo más amplia: se trata de oficiales que fueron primeras antigüedades y máximos mandos de su tiempo. Constituye toda una demostración de ordenamiento dentro de la familia militar el haber logrado coordinar a estos altos oficiales para que hicieran esta declaración. En esta línea, queda a faltar ahora lo que pueda decir el general Pinochet y pocos más.

Por otra parte, la acción de los ex oficiales tiene una relación de paralelismo con lo que ha hecho Cheyre en torno al tema. Así como el Comandante en Jefe al referirse explícitamente a las violaciones a los derechos humanos en Calama dio una señal inequívoca hacia los militares en servicio activo bajo su mando, el planteamiento de los ex generales es una señal igual de potente, en la misma línea, pero hacia sus subalternos que hoy están en retiro.

Puntos principales de la declaración

En el texto se puso el acento principalmente en las remociones de los cuerpos de detenidos desaparecidos, pero es extensivo a los demás actos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.

"Lamentamos el dolor que estos hechos han producido. Es más, la responsabilidad que nos cabe de los años vividos no puede distorsionar nuestra mirada, ni menos nuestras conciencias. De allí que, por sobre la comprensií²n del origen del gobierno militar y la valoración de su obra, reconocemos -en lo que nos compete- la existencia de problemas en materia de derechos humanos, los que no pueden volver a repetirse", sostiene la declaración pública.

Sin embargo, la carta también fue leída como una clara señal de apoyo de los suscritos -representando también a un sector de la oficialidad en retiro- a la política que en torno al tema de los DD.HH. ha liderado el general Cheyre.

Algo de ello deslizó ayer en la tarde la propia ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien valoró la misiva de las ex autoridades y destacó que ella entrega un "claro respaldo" al actual comandante en Jefe del Ejército.

Acción contra los que quisieron atrapar a Cheyre

La declaración de los tenientes generales (grado más alto en la oficialidad) guarda relación, según se explica en el ministerio de Defensa, con el clima que ha imperado en las últimas semanas a raiz de las crísticas a la gestión del Comandante en Jefe del Ejército.

Ellas han provenido, desde el ámbito público, de un ex personero político del régimen militar, Hermógenes Pérez de Arce, a través de sus columnas en El Mercurio. Sin embargo, tras ellas se ve la mano de oficiales en retiro que no están conformes con el nuevo Ejército que lidera Cheyre.

También, se dice en esferas políticas, se aprecia el rechazo de, incluso, un grupo de militares activos quienes habrían propagado la idea de que esta rama de las Fuerzas Armadas estaba afligida por el tema de las remociones, sosteniéndose que, en realidad, tal temor extremo nunca existió.

Así las cosas, a través de aquellas versiones se habría intentado atrapar a Cheyre y mezclar institucionalmente al Ejército de hoy en un tema que realmente no concitaba mayor preocupación, intentando afectar también los ánimos de las nuevas generaciones.

La carta de ayer -se dice que fue preparada no hace muchos días- vuelve las cosas a su lugar: los militares en retiro que ("en lo que nos compete") tuvieron alguna responsabilidad en los "problemas en materia de derechos humanos", se hacen cargo y, además, se pronuncian ellos, y no Cheyre, sobre el tema de las remociones.

Los tenientes generales en retiro hacen también un reconocimiento "a quienes hoy forman parte del Ejército", destacando que "sus esfuerzos y conductas en pos del bien común no se compadecen con las inculpaciones y ofensas que en oportunidades se les intenta imputar".

De esta forma, entregan el respaldo necesario para que Cheyre continúe con la doctrina que ha perfilado este año, deslindando de responsabilidades a quienes no se vieron comprometidos con las violaciones a los derechos humanos.

Otro de los puntos que destaca en el documento es la reafirmación del "compromiso activo con la declaración de la Mesa de Diálogo y con la legalidad vigente" pues se entiende y se reconoce que sólo la justicia es el camino para avanzar en la superación de "los problemas del pasado" y el avance "hacia el reencuentro de todos los chilenos".

Los ex militares, entonces, dan a conocer su posición ante la posibilidad que los hechos sean explicados a través de "verdades parciales" e, incluso abre el camino para que las personas que cuentan con información la hagan llegar a los tribunales.

De los tenientes generales que desempeñaron cargos públicos en el régimen militar sólo faltó uno: el senador institucional Julio Canessa Robert. La ausencia de su rúbrica en la carta fue explicada por el cargo que posee actualmente, aun cuando, se dijo, sí adscribía a los planteamientos formulados en ella.

Firmaron la carta el ex ministro de Defensa -1975-78-, Herman Brady Roche, quien fue requerido por la justicia española en virtud de una investigación del juez Baltazar Garzón; César Benavides, ex miembro de la Junta de Gobierno y ex titular de Interior (1974-78) y de Defensa (1978-80); Carlos Forestier Haensgen, suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, ex ministro de Defensa y, actualmente, procesado en el caso Pisagua.

Junto a ellos firmaron: Washington Carrasco Fernández, ex vicecomandante en jefe (1979) y ministro de Defensa (1982); Santiago Sinclair Oyaneder, miembro de la Junta de Gobierno y ex senador designado; Sergio Cobarrubias Sanhueza, ex vicecanciller y ex Jefe de Estado Mayor Presidencial; Jorge Lucar Figueroa, ex miembro de la Junta; y Jorge Zincke Quiroz, sometido a proceso por el ministro en visita Alejandro Solís.

El ministro de fuero Alejandro Solís notificó de sus procesamientos a diversos militares en retiro vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos al ex vicecomandante en jefe del Ejército, Jorge Zincke Quiroz. Hasta el Palacio de Tribunales también concurrieron el general retirado Manuel Contreras, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) y el brigadier (r) Miguel Krasnoff.

"Siempre es difícil razonar para estimar si una persona es responsable o no de cierto delito, en el criterio mío, habían antecedentes, que están mencionados en el auto de procesamiento respectivo, que indican que estas personas han tenido participación como autores del hecho", afirmó el ministro Solís. El general (r) Zincke está sometido a proceso por el secuestro calificado de María Isabel Beltrán, vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien desapareció, junto a otras ocho personas, desde dependencias del regimiento de Artillería de Linares en diciembre de 1973. En la época, Zincke estaba a cargo del departamento de Investigación y Desarrollo de la citada unidad militar. Por el caso también fueron sometidos a proceso: Humberto Julio Reyes, general en retiro y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Carlos Morales Retamal, general (r) y ex comandante de la guarnición de Santiago. Juan Morales Salgado, coronel en retiro. Félix Cabezas Salazar, coronel (r). Claudio Lecaros Carvallo, coronel en retiro. Héctor Torres Guajardo, ex funcionario de Investigaciones. Antonio Aguilar Barrientos, suboficial (r).

La "familia militar" se conmocionó cuando, hace un mes, el juez Alejandro Solís procesó al general Humberto Julio por su responsabilidad en las detenciones y desaparición de personas en la ciudad de Linares. Julio estuvo preso en un recinto militar de Peñalolén y actualmente sigue procesado pero en libertad condicional.

El general Julio tiene 59 años, tres hijos y tres nietos. Pasó a retiro del Ejército luego de ser Comandante de Apoyo Logístico, Director de Racionalización y Vice Comandante en Jefe de la II División. Antes, fue subsecretario de Relaciones Exteriores de Pinochet.

Julio considera que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan por cuanto él no estaba a cargo de los operativos y señala a otros como responsables. "Suponer que personal subalterno pudiera actuar por su cuenta y riesgo sobrepasando a las autoridades de quienes dependían, es un insulto a la inteligencia", dice a El Mostrador.cl.

Añade que "sería indigno de mí juzgar a mis camaradas que, cumpliendo órdenes, tuvieron que librar la guerra sucia mientras otros, entre los que yo me cuento, pudimos seguir tranquilamente nuestras carreras. Otra cosa es con guitarra. En todo caso, quienes impartieron las órdenes debieran responder. Esa ha sido y sigue siendo la doctrina en el Ejército".

Hace treinta años, Humberto Julio era capitán. Asegura que no le cupo "participación alguna en las detenciones efectuadas en Linares ya que ello era ajeno a mi cargo de ayudante". Sin embargo, agrega que "estando a cargo de una unidad en Santiago, entre el 13 de octubre y el 20 de diciembre de 1973 colaboré, por órdenes superiores, en el registro de una propiedad donde se había efectuado un operativo por parte de una patrulla venida de Linares, a cargo de Nelson Mery, y donde se detuvo a dos personas. Una de ellas habría desaparecido posteriormente en Linares".

– ¿Es efectivo que en este proceso, que ya tiene unas nueve mil fojas y que se investiga desde hace años, su nombre no aparecía hasta que en junio pasado lo mencionó Nelson Mery?

– Es efectivo que Nelson Mery me menciona como presente durante la detención, pero sin mayor precisión en cuanto a mi actividad. Su más reciente declaración en La Segunda deja en claro que ya no está tan seguro de sus dichos.

– ¿Cuál fue la exacta participación de Nelson Mery en los hechos que investiga el ministro Solís, según su conocimiento?

– Respecto a las dos detenciones que se habrían llevado a cabo el 18 de diciembre de 1973 me he enterado que esa misión le habría sido impartida a Nelson Mery a través del Oficial de Inteligencia de la Escuela de Artillería. Nelson Mery era el oficial de Enlace de Investigaciones ante el Director de la Escuela quien era a la vez Intendente y Jefe de Plaza.

– ¿Si usted conocía de esta participación de Nelson Mery en las detenciones y desapariciones de Linares, en 1973, por qué no lo hizo saber antes de ser procesado, general?

– El 14 de julio último, luego de ser procesado, fue la primera ocasión en que se me interrogó respecto a la detención de María Isabel Beltrán y pude entregar mi versión.

– Si le entiendo bien la figura, Nelson Mery era quien comandaba las detenciones políticas y usted apoyó a una de esas operaciones con una patrulla militar para que Mery y su gente pudieran movilizarse durante el toque de queda ¿es así?

– A Mery se le envió desde Linares a detener a estas personas y, a la vez, la Escuela de Artillería solicitó apoyo y protección al Comando de Institutos Militares del cual yo dependía. En la práctica, dicho apoyo, hasta donde puedo recordar, se tradujo sólo en el registro de una gran cantidad de documentación. Mery volvió a Linares con las dos detenidas que entregó a Inteligencia y yo permanecí en Santiago hasta que mi unidad fue relevada. Insisto en que esta fue la única vez en que apoyamos este tipo de actividades y ni siquiera recuerdo que haya venido Mery. Es el quien lo dice.

– Entiendo que usted era ayudante del coronel Gabriel del Río en Linares. ¿Qué participación tuvo él en los hechos?

– El Coronel Del Río, como Comandante de Guarnición, es la única persona que puede haber ordenado o autorizado el envío de una patrulla a Santiago.

– El fiscal ad hoc en Linares era el capitán Carlos Romero ¿no es así?

– Así es.

– ¿Cuál es la exacta participación que tuvo Romero en los casos que se investigan, más precisamente en la detención y desaparición de María Isabel Beltrán?

– Imagino que el Fiscal habrá interrogado a aquellos detenidos que fueron puestos a su disposición, en particular la persona desaparecida.

– ¿Por qué cree usted que ninguno de ellos dos, ni el coronel del Río ni el entonces capitán Romero, han sido procesado en esta causa?

– Para mí resulta incomprensible. Pero desconozco sus declaraciones.

– Fuentes confiables me indican que tanto el capitán Romero, como el coronel del Río serían miembros de la masonería, al igual que Nelson Mery ¿sabe usted algo sobre esto?

– Desconocía que fueran masones pero entiendo que la hermandad de logia no puede llegar al extremo de hacer un montaje que los deje fuera mientras se involucra a quien nada tiene que ver en el asunto.

– ¿Alguna de estas dos personas, del Río y Romero, ha intentado hablar con usted en este último tiempo cuando usted fue detenido, por ejemplo?

– Sí.

– ¿Con qué objeto?

– El Coronel Del Río habló conmigo antes, ya que deseaba que le ayudara a recordar un episodio relativo a la muerte de cuatro detenidos procedentes de San Javier, situación por la cual hoy se le habría procesado. El Capitán Romero me visitó continuamente durante mi detención. Intercambiamos puntos de vista que no quisiera ventilar en público aún.

– ¿Cuál fue la participación del general Zincke en estos hechos?

– El Mayor Zincke se desempeñó inicialmente como Oficial de Inteligencia. No tenía relación de trabajo con él, pero puedo decir que se trata de una persona caballerosa y de buen carácter. Nada podría decir respecto a la forma en que manejaba los asuntos de su responsabilidad ya que lo desconozco.

– A su juicio, ¿cuál es la manera más eficiente de obtener información sobre el paradero de estos detenidos desaparecidos, general?

– Me quedo con la propuesta de Clara Szczaranski, en lo general. Respecto a este caso, habría que centrarse en el destino final de la persona desaparecida en Linares y no dejarse desviar por "cortinas de humo" respecto de quién la detuvo en Santiago.

– ¿Puede ser más preciso, en relación a este caso?

– En mi cargo de ayudante no me correspondía función alguna relacionada con detenidos. Eso está reglamentado y en una unidad uno hace lo que le corresponde y no lo que quisiera. No pude venir con Mery desde Linares ya que hacía más de dos meses que estaba en Santiago. Esto está respaldado por mi Hoja de Vida. Mery ha reconocido que a él se le ordenó la detención. Si yo hubiere estado a cargo, la orden me habría sido impartida a mí. Esa es la lógica militar, lo demás es un absurdo. Cuando por última vez se supo de la desaparecida el 25 de febrero de 1974, según un reportaje de El Periodista, entre enero y marzo según Mery, yo era alumno en la Academia de Guerra, cosa también debidamente acreditada. ¿Puede alguien cuerdo seguir sosteniendo que yo tuve algo que ver con su desaparición? Esto es lo central, que hasta aquí sigue oscurecido por la detención en Santiago.

– ¿Se acogerá usted a la Ley de Amnistía?

–                      En ningún caso. No me voy a acoger a la Ley de Amnistía. Sería un deshonor para mi familia. Ningún ilícito cometí, ni conocí, que deba ser amnistiado. Yo no estoy defendiendo mi pellejo sino mi honor.

Acosado por las huellas de sus robos, Pinochet vive momentos decisivos en tribunales. A la investigación por sus crímenes se han agregado la de las cuentas del Banco Riggs, el nuevo procesamiento de su hijo y la confesión de algunos autores de exhumaciones ilegales que lo acusan como quien dio directamente la orden para hacer desaparecer definitivamente los cuerpos de los prisioneros asesinados. Esta operación es la que, en mensaje encriptado, el dictador denominó "Retiro de Televisores".

A fines de 1978, siendo teniente en la Sección II de Inteligencia del Regimiento Buin, el capitán (R) Pedro Andrés Rodríguez Bustos recibió una orden codificada de la Comandancia en Jefe del Ejército, que a su vez era enviada a todas las guarniciones y divisiones del país. 21 años después, en 1999, declaraba ante el ministro Juan Guzmán Tapia que ese mensaje en clave estaba firmado por Augusto Pinochet Ugarte y daba órdenes perentorias "de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debía tratar de obtener de este personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres".
A pesar de que esta información traspasó las paredes de los tribunales, muchas voces interesadas se alzaron para desvirtuar la declaración de Rodríguez Bustos, incluso desde instancias oficiales que hablaban de una "operación de inteligencia", lo que atentó en contra de la credibilidad del ex uniformado.

El peso de los hechos
Sin embargo, el capitán Rodríguez insistiría y otros testimonios vendrían a avalar su exposición. A principios de julio de 2004 ratificaría sus dichos, comenzando por su historia personal: "Ingresé a la Escuela Militar en el año 1967, egresando como subteniente en el año 1972, sirviendo en diferentes unidades del país, entre las cuales puedo destacar el Regimiento de Artillería Motorizado N° 2 ‘Arica’, con guarnición en La Serena, Escuela Militar, Regimiento de Infantería N° 1 ‘Buin’, Cuartel general de la Segunda División, Regimiento de Infantería N° 4 ‘Rancagua’ con guarnición en la ciudad de Arica.
Hago presente que, luego de haber prestado servicios de refuerzo en el Regimiento Buin, entre los años 1974 y 1975, cumplí funciones como Oficial Instructor en la Escuela Militar, debiendo agregar que el año 1976 soy destinado al Regimiento Buin, donde pasé a cumplir funciones en la Sección II, Inteligencia, debiendo señalar que el año 1978 se recibe una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso. Dicha orden tenía como referencia la orden de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país". La orden impartida, que apuntaba a no repetir el "bochorno" de Lonquén, sería conocida como "Operación Retiro de Televisores".
En otra parte de su declaración, el oficial Rodríguez señala que "esta reunión –la que congregaba a los que habían participado en ejecuciones y entierros clandestinos- tuvo el carácter de general para estas personas, pero los comandantes de regimientos debían recibir la información en forma individual de los que la iban a proporcionar, así fue como sucedió en el Regimiento Buin y el comandante de la época, coronel Mario Navarrete Barriga, hoy general en retiro, recibió en su oficina privada al personal que debía entregar algún tipo de información, ya que a esa fecha existía un solo oficial que había estado en esos años. Esa información se mantuvo con el carácter de secreto, al igual que la calificación que tenía la orden emanada del escalón superior. Debo hacer presente que, en mi calidad de Oficial de Inteligencia de dotación en esos años de la Sección II del regimiento Buin, con el grado de teniente, recuerdo que entre los suboficiales que se presentaron ante el comandante para entregar la información que poseían, puedo mencionar a dos funcionarios que trabajaban bajo mi dependencia: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar, debiendo agregar que a la fecha desconozco qué otros suboficiales de dotación del Buin fueron los que se presentaron ante el comandante para entregar información.
Debo señalar que, en reuniones de coordinación entre oficiales de inteligencia con el comandante del destacamento especial de Inteligencia de la II División, se nos informó que la información remitida a la división y guarnición militar de Santiago tendría siempre el carácter de secreto, pero no obstante ya habiendo hecho un catastro de los lugares donde se encontraban cuerpos, estos iban a ser exhumados por personal del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto con apoyo de personal del Comando de Aviación, para su desaparición. También trascendió en esas reuniones que algunos restos humanos iban a ser trasladados dentro del mismo campo militar de Peldehue, desde su fosa original a otros lugares.
Con respecto al cumplimiento de esta orden a nivel nacional, debo señalar que de lo ocurrido con cuerpos enterrados en unidades militares de provincia, debo suponer que el procedimiento fue el mismo al aplicado a Santiago, tanto para obtener información del personal, como para proceder a la ubicación y exhumación de los cuerpos".
En efecto, después de recopilada la información, usando como pretexto público el que se estaba negociando la venta de terrenos de Peldehue con la empresa Minera Andina, se dispuso que era primordial limpiar una franja de tierra que corría al sur del predio, que se le denominaba "Cajón de los Ratones". Por lo mismo, se hizo necesario el traslado de fosas hacia el norte de Peldehue, hacia el cerro Las Tórtolas.
La remoción de cuerpos tuvo como fecha el 23 de diciembre de 1978, día en que un equipo de uniformados procedió a las exhumaciones usando una máquina retroexcavadora, para iniciar las siniestras labores, y luego se dieron a la tarea con picos y palas durante muchas horas. Quien guiaba la búsqueda y excavación era el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, uno de los que había participado en los ametrallamientos de 1973. La supervisión había quedado en manos del comandante Hernán Canales Varas.
Los cuerpos, mayoritariamente enteros gracias a la conservación proporcionada naturalmente por la tierra de la zona, fueron metidos de a uno en sacos de papas, trasladados al camión tipo Unimog y subidos a un helicóptero Puma del Ejército. El destino final de los ejecutados de La Moneda estaría mar adentro.
Los traslados de fosas serían comprobados por la ministro Amanda Valdovinos, quien descubriera los restos de Juan Luis Rivera Matus, a quien la "Mesa de Diálogo" había dado por lanzado al mar. Unos meses después vino una nueva sorpresa: en una gran fosa al interior del Fuerte Arteaga se encontraron más de 500 piezas óseas, entre fragmentos de cráneos, extremidades y dientes, que corresponderían a parte de los detenidos de La Moneda. Junto a los restos humanos había restos de granadas y balas. Todo indicaba que, tras ser fusilados a pocos días del golpe militar, los prisioneros habían sido arrojados a la fosa y hechos explotar.

Por todo Chile
Las últimas investigaciones realizadas en Cuesta Barriga por el ministro Héctor Carreño dieron como resultado el hallazgo de dientes y pequeñas vértebras, presumiblemente pertenecientes a parte de la dirección clandestina del PC secuestrada a fines de 1976. El hecho de que no pudiesen encontrarse huesos de mayor tamaño era prueba de que también aquí habían sido removidos los cadáveres.
Volvieron a tomar fuerza, después de años de silencio obligado, los testimonios de lugareños que aseguran haber visto camiones del Ejército trasladando cuerpos en 1987.
En Calama, la investigación del ministro Juan Guzmán permitió identificar restos de Carlos Berger y a Domingo Mamani. Los fragmentos encontrados evidencian remociones. En Pisagua existe la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos.
En Chihuío, las 18 personas que fueron ejecutadas y enterradas en octubre de 1973 serían removidas cinco años después, cuando una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos, los que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.
En noviembre de 1979, el Vicario de la Solidaridad Ignacio Ortúzar le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres identificados y N.N. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos de Paine que habían pasado por el Cerro Chena.
El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron que se estaban llevando los cuerpos, finalmente sólo se pudo identificar a 78 personas de un total que podría haber llegado a más de 200.
Un ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entrevistado por Qué Pasa bajo el alias de "don Eduardo", asegura que las exhumaciones ilegales continuaron hasta muy avanzado el régimen dictatorial. Así fue como en 1986, ante las presiones que ejercía la Iglesia Católica y el difícil panorama político que se enfrentaba, "como se tenía certeza de que había lugares con fosas con restos de detenidos desaparecidos en Peldehue", afirma, "se encomendó la tarea a unidades especializadas de inteligencia a objeto de que se produjeran exhumaciones con el apoyo reservado del Comando de Aviación del Ejército. Los trabajos se realizaron con rapidez y reserva, pero no estuvieron exentos de dificultades. El terreno era muy duro y pedregoso y, si bien los cuerpos estaban enterrados a poca profundidad -entre 50 centímetros y un metro bajo tierra-, fue necesario llevar maquinaria pesada desde el Comando de Ingenieros que quedaba en Santiago, para remover la tierra.
Este proceso duró cerca de un mes. A medida que avanzaban las remociones de cadáveres, se iban almacenando en bolsas de polietileno negro grueso y se ordenaban a un lado de la fosa, para luego cargarlas dentro de un helicóptero Puma, que despegaba hacia la costa ubicada entre Quintero y Valparaíso. La tripulación de la aeronave estaba compuesta por dos oficiales pilotos, dos suboficiales mecánicos y otro telecomunicador. Las bolsas con los cuerpos eran mezcladas con piedras para hacerlas más pesadas. Eran lanzadas al mar desde mediana altura, ya que se creía que al momento de caer se podía romper el polietileno y disgregar su contenido en el mar. Todo se hizo en el más absoluto secreto".

El suboficial Balboa Ortega
Ratificando los dichos de Pedro Rodríguez Bustos, aparece el testimonio de Juan Carlos Balboa Ortega, retirado como sargento primero del Ejército, quien señala que "en marzo de 1979 postulé y fui aceptado en un curso de auxiliar de inteligencia impartido por la Escuela de Inteligencia ubicada en Nos, egresando a fines de agosto de ese año. Al llegar a mi unidad, el Regimiento de Caballería Blindada N° 3, "Húsares de Angol", fui destinado a la Sección II de Inteligencia, siendo en esa época el comandante del regimiento el coronel Patricio Escudero Troncoso. A fines de 1979 se recibió en la unidad un criptograma secreto con denominación A-1, que indica máxima urgencia, proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades militares del país. En resumen, este documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de cuerpos de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar.
Este documento fue recibido, visado por el jefe de sección y entregado personalmente al coronel Patricio Escudero. Recuerdo claramente haber leído este criptograma y haberlo comentado con los otros integrantes de la sección, entre ellos los suboficiales Rebolledo, Cáceres y Castro. Los criptogramas clasificados A-1 pueden ser recibidos a cualquier hora del día y llegan a la sección Telecomunicaciones del regimiento, que los entrega a la Sección II. El funcionario de esta Sección que los recibe tiene una hora de plazo para descifrarlos y entregarlos al comandante. Posteriormente, en el mes de marzo de cada año, se procede a su incineración junto con todos los documentos recibidos hasta el 31 de diciembre".
El suboficial Balboa señala que "en enero de 1980 me encontraba de vacaciones en un fundo cercano a Mulchén, donde tuve la oportunidad de saber que un grupo de personas de ese lugar había sido asesinado en un lugar que correspondía a la jurisdicción de mi regimiento. Al volver de mi feriado legal le comuniqué esta situación al comandante Escudero, quien me ordenó que fuera a buscar el criptograma que impartía instrucciones sobre este tema y que daba cuenta que serían pasados a retiro los comandantes de regimientos en cuya jurisdicción se encontraran cuerpos de ejecutados políticos. Lo encontré y se lo pasé al comandante, quien llamó al comandante del regimiento de Los Angeles, haciéndole ver que había un problema de jurisdicción, ya que se conocían los antecedentes de ejecutados políticos por parte de personal de esa unidad militar. Por lo anterior, el comandante del regimiento de Los Angeles solicitó que me presentara de inmediato en su unidad.
En Los Angeles me reuní con el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 17, que me contactó con el jefe de la Sección II de su unidad para organizar el viaje. Al día siguiente salimos en dos vehículos, una camioneta y un station wagon, sin identificaciones militares y de civil. Por el camino Curaco nos dirigimos hacia el sector El Amargo, donde el suboficial Paredes (ver recuadro), de dotación del Departamento II de la III División de Ejército de Concepción, conversó con un lugareño sobre los entierros en el sector.
El primer lugar que visitamos se encontraba en el sector El Amargo, a un costado del camino en la rivera norte del río Renaico. Como no correspondía a mi jurisdicción lo hice presente y unos ocho o nueve funcionarios cruzaron el río. Unas tres horas después regresaron cargando siete u ocho sacos paperos, cada uno con un cuerpo. Luego fuimos unos diez kilómetros al oriente, donde fueron desenterrados otros cuatro cuerpos y subidos a la camioneta, al igual que los primeros. El grupo de Los Angeles estaba bajo las órdenes del teniente jefe de la Sección II, pese a lo cual el mando operativo lo tenía el suboficial Paredes de Concepción, quien dirigía los trabajos mientras el oficial daba su aprobación".
Sobre el mismo tema, el ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas asumió públicamente, a fines del 2000, que "el hallazgo de cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción social interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía la razón para ir a la guerra y que apoyara a sus Fuerzas Armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos ‘lonquenes’ el frente interno se iba a dañar. Por esto los comandantes en jefe resolvieron que las unidades, no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona".
Mena intenta descartar la participación de la CNI, pero todos los indicios apuntan a que trabajaron en conjunto con las secciones de inteligencia del Ejército para evitar "nuevos lonquenes" y, de este modo, mantener "la cohesión del frente interno". De esta forma, la única solución era obedecer la orden de Pinochet y "retirar los televisores".

Prácticas nazis
En Auschwitz se llegó a un promedio de 24.000 asesinatos diarios usando el método de las cámaras colectivas de gas para luego aplicar la incineración, en crematorios científicamente planificados, como forma de asegurar la eliminación de los cadáveres. Existían 46 nichos de horno, cada uno con capacidad para entre tres y cinco personas. La incineración duraba media hora y, para la limpieza, se ocupaba una hora diaria. Cuando estos hornos no daban abasto, en agosto de 1944, se cavaron seis enormes fosas y se reabrieron algunas anteriores hechas en el bosque contiguo. Las fosas tenían canalizaciones en un lado para recoger la grasa humana hirviendo, que serviría para mantener su funcionamiento junto con la aplicación de aceite y alcohol, pues se necesitaba un fuego fuerte y permanente. Después de encender los hornos con coque al empezar el día hasta que alcanzaban la temperatura adecuada, apenas requerían un poco más de combustible para funcionar.
El suboficial Juan Carlos Balboa señala en parte de su testimonio respecto al destino final de los cuerpos exhumados que ignora lo sucedido "no obstante, recuerdo que el suboficial Paredes comentó que había realizado un curso de inteligencia en Alemania, donde había aprendido a incinerar cadáveres, incluso dijo que había que tener una parrilla grande, poner los cuerpos encima e iniciar el fuego con leña y petróleo, combustible que debía seguir poniéndose en el fuego cada cierto tiempo hasta conseguir que se convirtieran en cenizas completamente".
El Departamento II de Inteligencia del Regimiento Los Angeles contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Allí fueron lanzados los cuerpos de una docena de ejecutados de la zona.

Los que saben del "destino final"
En la Escuela de Artillería de Linares, al momento de las exhumaciones ilegales se encontraba al mando el teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, quien desde 1985 a 1988 sería el último rector designado de la Universidad de Santiago (USACH).
Gualda dio al capitán Mario Gianotti Hidalgo la orden de formar un equipo de desenterradores, según él luego de recibir la información del "retiro de televisores" por parte de su segundo, el subdirector Ricardo Gaete Villaseñor. Uno de los integrantes del especial equipo era el teniente Hernán Véjar Sinning.
Los autores de la desaparición de seis prisioneros en Linares, procesados por el ministro Alejandro Solís, son el ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz; el ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; el general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio; y los coroneles en retiro Juan Morales y Félix Cabezas.
Por este caso fue citado a declarar el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río.
En el caso de los desentierros de Peldehue, el ministro Juan Carlos Urrutia mantiene procesados a cinco uniformados, entre quienes destaca el comandante del Regimiento Tacna en 1978, coronel Hernán Ricardo Canales Varas. Los otros implicados son el jefe de inteligencia de la época Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre. Anteriormente, el mismo juez había procesado, como autores del secuestro de 12 prisioneros de La Moneda, a otros nueve uniformados, entre los que figuran el general Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Pedro Espinoza Bravo, quien habría supervisado el ametrallamiento y la sepultación clandestina de los ejecutados.
Canales Varas, en tanto, es quien aparece comandando la operación de exhumación y retiro de los cuerpos que eran ensacados y subidos a un camión Unimog, para luego llevarlos hasta el helicóptero que los conduciría a su "destino final". Los "favoritos" de Pinochet para pilotear estos helicópteros eran los mismos que participaron en la Caravana de la Muerte: Antonio Palomo Contreras, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.
En el caso de Pisagua, los mismos que están procesados por los secuestros y ejecuciones deben tener información de lo ocurrido con algunos de los cuerpos que aún no son encontrados. Entre ellos aparece el suegro del actual Comandante en Jefe del Ejército, el ex vicecomandante Carlos Forestier, junto a Pedro Espinoza Bravo y el suboficial Miguel Aguirre.