Zamora Rodríguez Patricio Augusto

El corvo con que los degollaron pesaba 410 gramos y medía 19 centímetros de largo por 3,6 centímetros de ancho. Era de Miguel Estay Reyno, el “Fanta”. Se lo había regalado uno de los torturadores más temidos de la dictadura, Roberto Fuentes Morrison, el “Wally”, el año anterior. Ese 30 de marzo de 1985 en Quilicura, el primero en usar el arma fue el sargento segundo José Fuentes, quien tomó por atrás  la cabeza de Manuel Guerrero  y le hundió el cuchillo en el cuello. El corvo pasó luego a manos del cabo Alejandro Sáez Mardones, quien repitió el procedimiento con Santiago Nattino. Luego el cabo Claudio Salazar agarró el arma y le hizo un profundo corte en el vientre a José Manuel Parada, quien cayó adolorido al piso segundos antes de que otro agente tomara nuevamente el arma y lo degollara también.

Quien comandó el degollamiento de los tres profesionales comunistas, una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura, fue el entonces coronel Guillermo González Betancourt, jefe operativo del Departamento de Asuntos Internos y Externos de la Dicomcar, la Dirección de Comunicación de Carabineros. Este lunes 21, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez- rechazaron de forma unánime el recurso de amparo con el cual González Betancourt buscaba acceder a la libertad condicional y revertir la decisión en contrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago .

González Betancourt cumple pena de presidio perpetuo como autor del secuestro y homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, además del secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech) Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Suma a su condena otra pena de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y una más de 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Traverso, uno de los secuestrados sobrevivientes. Además, se le dieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por su tiempo de vida, y la de sujeción de vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

En mayo de 2012, González Betancourt cumplió 20 años de condena en el penal de Punta Peuco y en septiembre comenzó a recibir una serie de cuestionados beneficios carcelarios. Ese mes, el Consejo Técnico de Gendarmería le concedió la salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir del penal el fin de semana completo y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Ahora González Betancourt buscaba la libertad condicional, pero los ministros del máximo tribunal que le negaron el beneficio se basaron en el último informe sicológico entregado por  Gendarmería, el que da cuenta de que el oficial (r) de Carabineros  “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio”.

El fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser “un medio de prueba” de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría.

La resolución de la Segunda Sala incluye una prevención del ministro Lamberto Cisternas, quien estimó que González Betancourt no cumplía con los requisitos para optar a la libertad condicional debido a que su acumulación de penas exigiría que cumpliera 25 años en prisión y no 20. Además, Cisternas hizo ver que la defensa del condenado no rebatió la acusación de que su conducta penitenciaria no puede considerarse como intachable, según constaría en su hoja de vida de Gendarmería.

“VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

El abogado Luciano Fouillioux fue quien asumió el alegato en representación de una de las víctimas del comando que encabezó González Betancourt. Al iniciar sus palabras, lo calificó como un «criminal que también tiene derechos humanos», los que jamás se les negarán en un Estado de Derecho, pero desde un piso jurídico distinto al que planteó su defensa. Y fundamentó sus dichos diciendo que al rechazar su libertad condicional no hay vulneración de garantía de libertad personal y seguridad individual de aquellas que permite la invocación del recurso de amparo (Artículo 21 de la Constitución); y que su recurso estaba mal fundado por cuanto se invocan como vulnerados derechos constitucionales que no pueden ser remediados por la vía del recurso de amparo. El estado de confusión de su defensa es tal, afirmó, que se llevó “al recurrente a confundir recurso de protección con recurso de amparo”.

Luego, Fouillioux recordó la enorme conmoción que provocó en marzo de 1985 el asesinato de los tres profesionales, que incluso provocó la caída del entonces jefe de Carabineros y miembro de la Junta Militar, general César Mendoza Durán. También hizo mención a los obstáculos que debieron enfrentar los jueces que tuvieron a cargo la investigación del triple homicidio, desde Cánovas Robles hasta Milton Juica.

Frente a familiares de las víctimas y a numerosos ex compañeros de trabajo de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Fouillioux hizo un perfil del sociólogo, relatando sus características como padre, marido y joven sensible y comprometido que cuando vio en 1974 – citando la canción de Fito Páez  «Vengo a ofrecer mi corazón«- «cuanta sangre se llevó el río, corrió y se enroló en el Comité Pro -Paz y luego siguió su tarea en la Vicaría de la Solidaridad, lugar donde trabajó hasta que fue detenido y degollado, mientras por más de una década protegió, amparó y acompañó al perseguido”.

Respecto del tema penal de fondo, Fouillioux le planteó a los ministros de la Segunda Sala que lo que estaba en discusión era de “singular relevancia, ya que el asunto es si tiene o no derecho a beneficios carcelarios un condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que no demuestra arrepentimiento, según se afirma en los propios informes de Gendarmería, y que aún así pide que se le aplique un beneficio como autor de delito común”.

Fouillioux planteó también que el recurso de amparo estaba mal formulado tanto en la forma como el fondo: era improcedente por la materia en que incidía, como por la indudable búsqueda indebida de un forzamiento o invención de un procedimiento, para llegar hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, que conoce los temas penales. Si el recurso es acogido –afirmó- se busca generar una ruta de próximas libertades a condenados por delitos de lesa humanidad, llevando casi a cero todo avance jurisdiccional en estas materias.

-Y eso nadie lo puede tolerar, ni las victimas ni las propias Fuerzas Armadas y menos aún el Poder Judicial, que viene ajustando su actuar desde la carencia del ayer. Por lo tanto, no se le puede pedir a la Corte Suprema borrar con el codo todo lo escrito con la mano, ya que nadie entendería que habiendo condenado reiteradamente por delitos de lesa humanidad, entendiendo la imprescriptibilidad penal y ahora civil –como con el fallo reciente sobre los prisioneros políticos de Isla Dawson- se pueda también otorgar beneficios carcelarios por delitos que son reclamados como » comunes » por el recurrente –agregó el abogado.

Al terminar, Luciano Fouillioux reclamó coherencia en los fallos de la Corte Suprema y dijo ante los ministros de la Corte que frente a este tipo de delitos ya estaba todo dicho y conocido:

“Así planificaron el crimen, así los secuestraron, así los asesinaron, así después del debido proceso los condenaron, así después de 23 años de la condena y 30 años de los hechos, no demuestra arrepentimiento… Estamos frente  a una situación inalterable, que une dos puntas de un mismo lazo, el hombre que ofrece su corazón, tal como cantó Fito Páez y que generó el alistamiento de quienes hemos querido proteger la indemnidad de las victimas y sus familias. Esto obligó a un grupo de ex compañeros de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad (y leyó una larga nómina que encabezaban María Luisa Sepúlveda y Roberto Garretón) a hacerse parte en este recurso para defender la posición del compañero degollado por estos sicarios del mal. Cerradas así las cosas y el tiempo transcurrido y actuado, nos hacen decir: señores ministros, nos habrán visto llorar muchas veces pero jamás de rodillas, por eso estamos aquí para invocar nuestra posición”.

LOS CRIMENES

Otros condenados del Caso Degollados han tenido mejor suerte que González Betancourt. El 12 de agosto de este año, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones que un mes antes aprobó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones. Esa vez no sirvieron los esfuerzos judiciales de las familias de las víctimas ni la decisión del gobierno de hacerse parte en la apelación a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sáez Mardones circula hoy libre por las calles .

Guillermo Washington González Betancourt, también conocido como “Bototo”, nació en Curicó en 1943. A los 20 años ingresó como aspirante a oficial a la Escuela de Carabineros. Su ascenso fue rápido: al año siguiente ya era subteniente de la Séptima Comisaría Prefectura Santiago Norte y en 1966 ascendió a teniente en Graneros. En 1968 volvió a Santiago, a la Sexta Comisaría, y en 1970 se integró al Grupo Móvil, en la Primera Comisaría de Servicios Especiales. Después del Golpe Militar pasó al Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección General de Carabineros y fue ascendido a capitán.

Entre 1974 y 1979 integró las Fuerzas Especiales en varias comisarías de Santiago, hasta que en marzo de 1980 fue ascendido a mayor. En agosto de ese año, en un oscuro episodio, sufrió un accidente con explosivos que le provocó la amputación traumática de su mano derecha. El episodio no lo inhibió de seguir realizando operaciones con explosivos para ocultar sus crímenes. En 1985, luego del secuestro del profesor de la Agech Alejandro Traverso, escondieron su Fiat 600 en el patio del cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, allí en el mismo lugar donde funcionó el diario Clarín hasta septiembre de 1973. En su declaración ante Juica, el suboficial Luis Huaiquimilla dijo que tiempo después de los asesinatos y secuestros, González Betancourt ordenó destruir el auto de Traverso. El propio González manejó su Chevette rojo con una carga de explosivos en el asiento del copiloto camino a Quinta Normal. Lo seguía el Fiat 600, manejado por otro agente. Cuando llegaron a un sector solitario, cargaron los explosivos en el auto de Traverso y lo hicieron explotar.

González usa una prótesis y fue enviado en varias ocasiones en comisión de servicio a Alemania para recibir tratamiento médico en el Hospital Militar de Hamburgo. Allí estuvo reemplazando su prótesis pocos días antes de ordenar el asesinato de los tres profesionales comunistas, lo que le permitió conducir personalmente el vehículo Chevy Chevette -junto al “Fanta” y otro agente de la Dicomcar- hasta el sitio en Quilicura donde fueron degollados.

Los hechos que desencadenaron el asesinato de Guerrero, Parada y Nattino comenzaron a gestarse en 1984. En agosto de ese año, angustiado por la culpa, desertó el ex integrante del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. El Comando Conjunto fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la dictadura, en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros (en un principio también participó el Ejército). El grupo competía en la cacería de los disidentes políticos con la DINA, liderada por Manuel Contreras, llegando a disputarse los prisioneros hasta en las calles. Al Comando Conjunto  se incorporaron también algunos civiles ex Patria y Libertad (como el grupo que asesinó en julio de 1973 al edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters) y más tarde ex prisioneros que tras ser torturados brutalmente se convirtieron en agentes.

Entre estos últimos está Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex militante comunista que se convirtió en colaborador y años después en asesino de sus propios ex camaradas. Guillermo González Betancourt también participó en las actividades del Comando Conjunto, actuando bajo las órdenes del capitán Germán Esquivel, jefe de Contrainteligencia de Carabineros.

La existencia del Comando Conjunto se mantuvo en absoluto secreto hasta que en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se acercó a las oficinas de la revista Cauce para relatarle los crímenes que había presenciado a la periodista Mónica González, hoy directora de CIPER . Luego prestó testimonio ante funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y fue sacado del país.

Según se narra en “Los Casos de la Vicaría”, los relatos de los crímenes de la dictadura recopilados por Andrea Insunza y Javier Ortega que inspiraron la serie “Los Archivos del Cardenal”, dos meses después de la deserción de Valenzuela, agentes de inteligencia de la dictadura asaltaron la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).  Entre otros documentos se llevaron una libreta con apuntes y teléfonos que pertenecía al arquitecto Ramón Arriagada Escalante, un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Esa libreta contenía información de reuniones de varios militantes y dirigentes, entre ellos los tres profesionales asesinados.

En febrero de 1985, Arriagada fue secuestrado bajo las órdenes de González Betancourt, y en las semanas siguientes fueron también secuestrados varios profesores de la Agech. Bajo tortura, a Arriagada lo interrogaron sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes en los últimos meses habían estado trabajando para confirmar los datos entregados por Valenzuela sobre el Comando Conjunto. Toda la historia se encuentra detallada en el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, de Mónica González y Héctor Contreras, publicado en 1991 por Ediciones del Ornitorrinco.

CONDENADOS

No tardó mucho el juez José Cánovas Robles, nombrado ministro en visita para investigar los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, en llegar a la conclusión de que el crimen había sido ordenado desde el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Pero la decisión del juez fue rápidamente anulada por la Corte de Apelaciones, por entones supeditada a las ordenes que emanaban desde el Ministerio del Interior del régimen. El juez Cánovas descubrió que González Betancourt había salido sin permiso de su lugar de reclusión y que además había alojado al “Fanta” en su casa de la costa para ayudarlo a eludir la justicia.

A pesar de la conmoción pública que provocó el triple asesinato y de la acuciosa investigación que realizó el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema), a quien le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de sus integrantes, el juicio llegó hasta allí. No habría justicia. Hasta que en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

Seis meses antes de ser procesado, González Betancourt vivió un drama familiar. El 3 de octubre de 1991, su hija Estrella González Jepsen fue asesinada a tiros por su pareja, el teniente de Carabineros Félix Sazo. Eran padres de un niño que en ese entonces tenía 9 meses. Según relatan los informes policiales de la época, ese día la joven de 24 años se encontraba en su trabajo en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago. Alrededor de las 10 de la mañana, Sazo llegó a la oficina vestido con su uniforme y Estrella salió con él a conversar afuera, frente al Monumento a los Mártires de Carabineros, donde discutieron violentamente. Estrella volvió muy nerviosa a su oficina. Minutos después ingresó nuevamente el oficial, quien se acercó al mostrador, gritó el nombre de su novia y le disparó cuatro balazos: dos en el pecho, uno en la cabeza y otro en la espalda. Segundos después, el uniformado se disparó dos tiros en su propia sien.

DISTANCIAMIENTO DEL FANTA

Según narra el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, Miguel Estay Reyno había ingresado a las juventudes Comunistas en 1969, siendo estudiante del Liceo Gabriela Mistral. Se hizo conocido entre los jóvenes de la “Jota” como integrante de las Brigadas Ramona Parra y fue apodado Fanta, por “Fantomas”, un personaje de la revista cómica “La Chiva”, que circulaba en esa época. Cuando cayó detenido por los miembros del Comando Conjunto, lo amenazaron con asesinar a su hermano Jaime  y a la novia de éste (la que después se convirtió en su esposa) y el “Fanta” se abrió a colaborar. Así le explicó su decisión al ministro Carlos Cerda, juez que investigó al Comando Conjunto:

-Ofrecí a cambio de la libertad de ambos confeccionar un currículum completo de mi actividad en la juventud y en el aparato de inteligencia del PC, en el que proporcionaría todos los antecedentes sobre los militantes comunistas que he conocido. Ese documento lo confeccioné en mi celda.

Miguel Estay Reyno, “El Fanta”

El “Fanta” no sólo entregó a sus compañeros sino que se convirtió en un activo colaborador en los crímenes de la dictadura. “Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión”, dijo Estay en entrevista con CIPER en 2007. Y agregó:

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

El “Fanta” era un hombre de confianza de González Betancourt. Compartían una oficina en el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, la misma que adornaban con el corvo con que degollarían a Guerrero, Parada y Nattino. Pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma luego de que Estay acusara a su jefe de ser responsable de los secuestros y asesinatos. González se vengó de Estay Reyno declarando que la decisión de matar había sido suya, diciendo que se había adjudicado más poder del que realmente tenía dentro de la organización. Decepcionado del que había sido su agente de confianza, González Betancourt dijo: «Si fue capaz de traicionar a sus camaradas comunistas, por qué no podía volver a hacérmelo ahora a mí», según se narra en el libro “La Noche de los Corvos”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar.

González Betancourt, imperturbable, no reconoció  ninguno de sus crímenes, acusando a sus subalternos de operar sin su conocimiento. Ante Juica declaró: “El hecho es que al día siguiente los más sorprendidos fuimos (Patricio) Zamora y yo cuando nos impusimos de la muerte de estos detenidos”. Para entonces, el ministro Juica ya tenía acreditado su rol en el triple homicidio y la condena era inevitable.

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco hasta que el 12 de agosto de este año se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se supo que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

Fuente: “La noche de los corvos: El caso degollados o un verde mando de impunidad”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar, actualizado con información de prensa.

Al consultar sus RUT en el sitio web del Servicio electoral, estas personas figuran como habilitados para sufragar, pese a estar cumpliendo condenas que les quitan ese derecho. Algunos de los mencionados, como Álex Ámbler están en libertad condicional. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se manifiesta completamente sorprendida. “Realmente es indignante y sorprende el desconocimiento", precisa a El Dínamo. 

Este lunes la Segunda Sala de la Corte Suprema escuchaba los alegatos de la defensa del ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann. Su representante presentó un recurso de amparo a favor del otrora funcionario del órgano de inteligencia de la dictadura, después de que la Corte de Apelaciones de Santiago le concediera el beneficio de la libertad condicional.

Esto aún no se resuelve. Iturriaga Neumann debiera cumplir condena hasta el año 2037 por múltiples delitos vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos, como secuestro y homicidio calificado, además de asociación ilícita.

Pero de resolverse su recurso de amparo esta semana, el ex subdirector de la DINA, preso en Punta Peuco, podría acudir a las urnas el domingo a votar en las elecciones municipales.

En medio de todo el revuelo que ha generado el “ajuste informático” que tiene a cerca de medio millón de chilenos preguntándose cómo (y dónde) finalmente votará este domingo 23 de octubre en las elecciones municipales, El Dínamo revisó la nómina del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, específicamente las estadísticas del año 2015, de los condenados por delitos de lesa humanidad que estaban en ese momento cumpliendo condena efectiva.

Excluyendo a quienes han fallecido y al retirado subofical mayor Manuel Contreras Donaire –indultado el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos– 49 de los 163 condenados por delitos contra los Derechos Humanos, de acuerdo al sitio web del Servicio Electoral, estarían habilitados para votar.

De acuerdo a la Constitución, en sus artículos 16 y 17, una persona que ha sido condenado a pena aflictiva (sobre tres años y un día) ve suspendido su derecho a sufragio.

Después de que la Corte Suprema criticara a Gendarmería, por la supuesta falta de prolijidad en los informes realizados a los internos de Punta Peuco, las organizaciones que representan a los ejecutados, víctimas y desaparecidos en dictadura, han estado muy atentas a cada pronunciamiento de la Justicia que esté relacionado con los beneficios a los que podrían acceder los condenados por delitos contra los Derechos Humanos.

La semana pasada, específicamente el viernes 14 de octubre, se le concedió la libertad condicional a José Rafael Aguirre Aguirre, condenado a 7 años de cárcel por el episodio “Porvenir”, por el homicidio de tres personas. También él figura habilitado para votar, según el sitio web del Servel.

Al planteársele el tema a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se manifiesta completamente sorprendida. “Realmente es indignante y sorprende el desconocimiento. Se sabe que un ciudadano pierde sus derechos civiles cuando ha sido condenado por crímenes y queda inhabilitado en sus derechos de votar y de sufragar”, plantea Lira.

En particular del caso de Iturriaga Neumann, la presidenta de la AFEP precisa que él “fue condenado por el asesinato de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, a 18 años. Sólo ese acto. Sólo esa condena. Por tanto es imposible con sus antecedentes que pueda estar votando a una elección ciudadana cuando él, como un criminal, perdió sus derechos de ciudadano, de tener derecho a sufragio”.

La situación resulta aún más indignante para Lira, quien asistió a los alegatos por la libertad condicional que persigue el ex subdirector de la DINA. “Duele profundamente que exista la posibilidad de que se dé este trato deferente con estos criminales contra los Derechos Humanos. Hay que recordar que hay presos políticos en dictadura que aún no tienen su derecho de votar. Alguien que se resistió al terrorismo de Estado en los 17 años. Y sin embargo, que estos criminales que asesinaron a personas con un fin político, con un fin de estado, pueden estar votando. Eso nos parece de una gravedad última, y lamentablemente la mayoría de la población de los chilenos no sabe esto”.

El abogado Cristián Cruz, que tramita múltiples causas por violaciones a los Derechos Humanos, manifiesta que “esto es una isla en un mar de impunidad, particularmente por la falta de consecuencia del discurso del órgano del gobierno. También demuestra lo que ya se ha dicho, que hay una falta de prolijidad, de seriedad por parte del Servel, quienes son finalmente responsables. Pero también están las autoridades que van eligiendo a aquello”. Para Cruz, esto es un reflejo que el Estado en su conjunto, “nunca le ha querido tomar el peso a la materia de Derechos Humanos, porque ni la Suprema ni la Corte de Apelaciones ha habilitado a estos condenados. Aquí en definitiva, en democracia ha habido protección a los violadores a los Derechos Humanos, hacia su entorno, y hacia sus negocios”. Desde el Servicio Electoral aún no hay una versión oficial.

Entre otros, Álex Ambler, condenado por el asesinato de los Hermanos Vergara Toledo, también podría votar este domingo 23, ya que a mediados de septiembre la Corte Suprema le concedió la libertad condicional. El “Fanta”, Miguel Estay Reyno –el que Manuel Guerrero Antequera sindicó como uno de los delatores de su padre, víctima en el caso Degollados– también figura habilitado para sufragar en Til-Til, comuna donde está emplazado el recinto penal Punta Peuco. Misma situación presenta el ex Fiscal Militar Fernando Torres Silva, condenado por su participación en el crimen de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

Ninguno de los citados salió seleccionado como vocal de mesa.

Revisa a continuación la lista de las personas condenadas a pena efectiva, quienes figuran como habilitados para votar en estas elecciones municipales.

– Juan Abello Vildósola

– José Aguirre Aguirre

– Álex Ambler Hinojosa

– Jorge Andrade Gómez

– Rubén Aracena González

– Gerardo Aravena Longa

– Camilo Astete Cáceres

– Rubén Barría Igor

– Iván Bravo Llanos

– Armando Cabrera Aguilar

– Marcelo Castro Mendoza

– Eugenio Covarrubias Valenzuela

– Jorge Del Río Del Río

– Eudocio Díaz Ibacache

– Miguel Estay Reyno (“El Fanta”)

– Santiago Fernández Espinoza

– Luis Fernández Monjes

– Rubén Agustín Fiedler Alvarado

– Germán García

– José Manuel García Reyes

– Mauricio González Cortes

– Hugo del Tránsito Hernández Valle

– Carlos Herrera Jiménez

– Raúl Eduardo Iturriaga Neumann

– Raúl Lillo Gutiérrez

– José Leonardo López Tapia

– Jorge Marín Jiménez

– Manuel Ángel Morales Acevedo

– Juan Hernán Morales Salgado

– Miguel Muñoz Uribe

– Emilio Neira Donoso

– Juan Antonio Ortiz Toledo

– Nelson Paz Bustamante

– Rodrigo Pérez Martínez

– Manuel Pérez Santillçan

– Rafael Pérez Torres

– Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo

– Pablo Rodríguez Márquez

– Nelson Williams Roman Vargas

– Carlos Romero Muñoz

– Luis Romo Morales

– Marcelo Sandoval Durán

– Arturo Silva Valdés

– Miguel Ángel Patricio Soto Duarte

– Francisco Toledo Puente

– Jaime Fernando Torres Gacitúa

– Juan Fernando Alfredo Torres Silva

– Jorge Octavio Vargas Bories

– Patricio Augusto Zamora Rodríguez

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor e integrante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile,  (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Y el 30 de marzo, los tres fueron asesinados por un grupo de carabineros, uno de los crímenes más crueles y espeluznantes cometidos por agentes de la dictadura.

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,? en la avenida Los Leones con El Vergel en Providencia, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del criminal secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen
Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron durante todo el día 29 de marzo.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo, conocido como Bototo entre la oficialidad de los carabineros y quién encabezó el grupo de criminales que usaron las herramientas y armas que le entregamos los chilenos para asesinar a otros chilenos. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes (El Pegaso) le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo de carabineros se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro, José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.? Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares del Ejército de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros que los habían culpado de otros crímenes. Una venganza entre un grupo de delincuentes y criminales.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se conoció que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

El prometedor futuro del artista nacional fue abruptamente cortado por el régimen de uno de gobiernos más duros de esta parte del mundo en el siglo XX.

Por lo general, una dictadura representa una etapa oscura y dura para el país que la sufre. De esa situación en el Perú sabemos mucho, ya que, en buena parte del siglo XX, nuestro país ha sido víctima de varios ‘mesías’ que prometieron mejorar las cosas para el pueblo, resultando todo lo contrario.

Pero otros países de esta parte del mundo también la sufrieron. Y aunque sus víctimas fueron su propio pueblo, hubo un caso en el que un peruano también murió dentro de una dictadura que no era la suya.

Se trata del cantante Percy Arana, que fue víctima de la insania militar que invadió a Chile entre 1973 y 1990, durante el cruento régimen de Augusto Pinochet. Y esta es la historia de cómo se apagaron la vida y los sueños de nuestro compatriota.

Talento juvenil

Percy Arana, promesa musical peruana, encontró un fin trágico a manos de la policía chilena en un malentendido fatal. (Captura de YouTube: DavidPozo2)

Nacido en el distrito limeño de Lince el 3 de junio de 1961, Percy Arana Saldaña demostró su talento para la música desde muy chico. Ya los 15 años tenía en su haber la grabación de su primer disco y poco después representaba al país en el destacado Festival de la Canción de la OTI, un evento que resonaba con la relevancia del Festival de Eurovisión en Europa.

Al llegar 1984, el talento peruano había emprendido una gira internacional que lo llevó a Chile. Hasta el vecino país llegó acompañado de su padre, una figura que lo respaldaba en su creciente carrera artística. La trayectoria del joven cantante había atraído la atención internacional, llevándolo a tierras chilenas con la esperanza de expandir aún más su influencia musical.

Noche fatal

Así llegó la fatídica madrugada del 31 de marzo de 1984, después de cumplir con un compromiso artístico, Arana transitaba por la Avenida Matta en Santiago. La tranquilidad de esa noche se desvaneció repentinamente cuando, sin aviso previo, unos carabineros (policía local) abrieron fuego hacia el vehículo que transportaba al cantante. El caos se desató cuando el conductor perdió el control, estrellándose contra un árbol.

Desorientado y con los brazos en alto, Percy Arana salió del automóvil, intentando alejarse del escenario caótico. Sin embargo, la tragedia alcanzó su punto culminante cuando los policías, confundiéndolo erróneamente con un extremista, dispararon sin piedad, impactándolo por la espalda.

Percy Arana, talento emergente de Perú, perdió la vida en un contexto de represión y violencia bajo el régimen de Pinochet (Captura de YouTube:Patercito)

La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Rettig, documentó que la muerte de Percy Arana Saldaña fue resultado de un uso excesivo de la fuerza, con impactos de bala y golpes propinados por agentes del Estado.

De manera impactante, Arana se convirtió en el único ciudadano peruano que figuró en dicho informe, dejando una marca indeleble en la historia de las relaciones entre Perú y Chile.

Crimen con castigo

Tras la salida del poder de Augusto Pinochet en 1990, tres carabineros fueron condenados por el asesinato de Percy Arana. El mayor retirado José Aguilera Díaz y los capitanes en retiro Carlos Garrido Aldunate y Patricio Zamora Rodríguez encontraron su destino en el penal especial de Punta Peuco, cumpliendo penas por un crimen que marcó la transición hacia un nuevo capítulo en la historia chilena.

Y luego de varios años, en el 2007, la justicia chilena emitió un fallo sin precedentes en su país, ordenando al Estado indemnizar a los familiares de Percy Arana con una suma de 100 millones de pesos chilenos, equivalente a unos US$192,000 dólares. El dictamen, emitido por el juez Juan Polanco, reconoció la responsabilidad del Ejecutivo en la reparación moral para Fabio Arana, el padre del fallecido cantante.

Tras conocerse la noticia, el abogado de la familia, Nelson Caucoto, expresó su satisfacción ante la decisión del tribunal, calificándola como “una estupenda noticia”. Este fallo resonó como un acto de justicia tardío pero significativo.

La historia de Percy Arana, marcada por la tragedia y la lucha por la verdad, continúa siendo un testimonio conmovedor de las complejidades que pueden surgir en las relaciones internacionales y los esfuerzos por alcanzar la justicia, incluso mucho después de que los ecos de un evento trágico se hayan desvanecido en el tiempo.

¿Qué pasó en la dictadura chilena?

La dictadura chilena, que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, se originó con el golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Este evento marcó el fin del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende.

La situación política y social en Chile estaba marcada por tensiones económicas y polarización ideológica, lo que llevó al golpe y al establecimiento de un régimen autoritario. La dictadura de Pinochet se caracterizó por una represión política brutal.

Se llevaron a cabo arrestos y detenciones masivas de opositores políticos, sindicalistas y personas consideradas disidentes. Muchos fueron sometidos a torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, se implementó la censura en los medios de comunicación y se disolvieron partidos políticos.

En el ámbito económico, Pinochet adoptó políticas neoliberales, impulsando una serie de reformas que buscaban liberalizar la economía. Se privatizaron empresas estatales, se redujo la intervención del Estado en la economía y se implementaron medidas de apertura comercial. Aunque estas políticas generaron crecimiento económico, también aumentaron la desigualdad y tuvieron un impacto negativo en sectores vulnerables de la sociedad.

La dictadura chilena de Pinochet no discriminó en su violencia; Percy Arana, un joven cantante peruano, fue prueba de ello. (RR.EE. de Chile)

La violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura chilena fue condenada a nivel internacional, y se llevaron a cabo investigaciones y juicios posteriores para responsabilizar a aquellos involucrados en abusos. La Comisión Valech, establecida en 2003, documentó y reconoció a las víctimas de tortura y detención política.

El retorno a la democracia en Chile se materializó con las elecciones presidenciales de 1989, que llevaron al poder a Patricio Aylwin. El 11 de marzo de 1990, Aylwin asumió la presidencia, marcando el fin oficial de la dictadura.

El proceso de transición a la democracia implicó la redacción de una nueva Constitución y el establecimiento de medidas para garantizar la reconciliación nacional. Aunque Chile experimentó un retorno a la democracia, las cicatrices de la dictadura aún perduran en la memoria colectiva del país.