Zambrano Rubilar Victor Manuel

Por el delito de asociación ilícita genocida fueron sometidos a proceso dos ex carabineros y un civil involucrados en la detención y posterior desaparición de seis campesinos en la localidad de Quilaco, región del Bío-Bío, al sur del país.
Los inculpados –que permanecen en la cárcel de Los Ángeles- fueron notificados de la resolución emitida por el juez Waldemar Koch del Juzgado de Santa Bárbara.
Se trata de la causa por presunta desgracia de ocho detenidos desaparecidos de la comuna de Quilaco con respecto de la cual, el citado magistrado fue designado con dedicación exclusiva, junto a otros tres procesos de la zona.
Los procesados son el ex jefe del retén de Quilaco, José Eliodoro Burgos Sandoval; su hijo Juan Carlos Burgos y el ex funcionario policial Víctor Manuel Zambrano Rubilar y se les hace responsables de haber formado “un grupo integrado por carabineros y civiles orientado a detener a personas que podrían tener algún grado de simpatía o militancia con el régimen de la Unidad Popular”.
En ese marco se consiguieron armas y vehículos y entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre de 1973 detuvieron a seis personas, la mayoría dirigentes campesinos, entre ellos Cristino Cid Cid, Luis Alberto Bastías Sandoval, Raimundo Salazar Muñoz y Gabriel José Viveros Flores, los que fueron ultimados.
El juez Koch logró establecer con claridad lo ocurrido, ya que los responsables de estos hechos –alrededor de doce personas- incluso confesaron las detenciones y muertes de las víctimas. Según sus declaraciones, varios de ellos habrían sido lanzados al río Quilmes.

Por primera vez en Chile y América Latina, una mujer ejerce el cargo de ministra de Defensa. Más aún, una mujer socialista, médico pediatra, especializada en Defensa e hija del general Alberto Bachelet, quien murió en la Cárcel Pública a consecuencia de las torturas que recibió de sus compañeros de armas en la Academia de Guerra de la Fach. Michelle Bachelet sufrió también en carne propia la detención y la tortura, junto a su madre Angela Jeria, y, como muchos otros, vivió en el exilio.Pero una cosa es apreciar los méritos de la nueva ministra y aplaudir su designación, y otra muy distinta es convertirla en símbolo de la reconciliación entre los que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y quienes actuaron como sus verdugos.

Sin embargo, para el ministro del Interior, José Miguel Insulza, su nombramiento fue un "gesto de reconciliación". Muy parecida fue la declaración que hizo desde Roma el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, mientras asistía a un congreso del Opus Dei.
El afán por exhibir un Chile "reconciliado" hizo olvidar que además de los desafíos que deberá enfrentar la ministra Bachelet sobre la decisión de comprar los aviones de combate F-16 para la Fach y las fragatas del plan Tridente para la Armada, eventuales modificaciones a la Ley del Cobre y la homologación de gastos militares con los países vecinos, está el reto de enfrentar la des-información entregada por las Fuerzas Armadas respecto de los detenidos desaparecidos.

El 5 de enero se cumplió un año del informe emanado de la mesa de diálogo (agosto 1999-mayo 2000), convocada por el anterior ministro de Defensa, Mario Fernádez. El informe contiene los datos aportados por las FF.AA. sobre el paradero de 138 -originalmente serían 200- de las 1.197 personas detenidas y hechas desaparecer durante la dictadura militar. La Corte Suprema designó nueve jueces con dedicación exclusiva y 51 con atención preferencial para investigar lo ocurrido con algunas de esas personas sobre la base de la información entregada. Pero en un año de búsqueda, el balance de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) es negativo. Los cuerpos no estaban donde se dijo que estarían. "No se encontró ningún detenido desaparecido a partir de la información entregada por las Fuerzas Armadas. Los únicos restos que pudimos sepultar fueron los de Juan Rivera Matus, quien figuraba como lanzado al mar frente a San Antonio", dice Viviana Díaz, presidenta de la AFDD. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado en el Fuerte Arteaga. "Quedó demostrado que Juan Rivera Matus murió por las torturas. Era padre de siete hijos, cinco de los cuales tuvieron que irse del país y vivían en Francia. Al enterarse del informe, hicieron un enorme esfuerzo económico para venir a Chile a celebrar un funeral simbólico en San Antonio. Cuando volvieron a Francia y comenzaban a asumir el duelo, aparecieron los restos de su padre en un recinto militar. Varios de los hijos están hoy con depresión profunda, por lo terrible que ha sido todo esto", agrega con pena la dirigenta.
Se ha dicho que el nombramiento de la ministra Michelle Bachelet es una muestra de reconciliación entre el mundo civil y militar.
"Es muy significativa su designación por la importancia del Ministerio de Defensa, y porque es la primera mujer en ese cargo, donde tendrá que trabajar con un 80% de hombres. Además, es una mujer muy inteligente, tiene las condiciones para desenvolverse bien, es socialista e hija del general Alberto Bachelet. Pero mientras no se sepa la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos desaparecidos y se haga justicia, será muy difícil hablar de que Chile se ha reconciliado. A propósito de esta designación hemos escuchado opiniones como las del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, quien insistió en que el dolor de la ministra por haber perdido a su padre es producto de 'un error'; y que es mejor no recordarlo más para no hacerla sufrir. Pero no fue un error: en Chile se aplicó un método de exterminio a todos quienes pensaban distinto, sin derecho a defensa ni a juicio justo. Decir que fue un error es pretender soslayar una responsabilidad que todos sabemos que tienen".

En ese sentido, ¿la postura de la Agrupación es invariable?
"No porque este año se cumplirán 29 años del golpe militar vamos a olvidar los crímenes que se cometieron. Los responsables tienen nombre y apellido, todos sabemos dónde están, incluso algunos siguen en servicio activo, como Kranz Bauer, contra quien se dictó orden de detención junto a otros nueve ex miembros de la CNI en el caso de los últimos cinco detenidos desparecidos bajo la dictadura, en septiembre de 1987. Hay que depurar las Fuerzas Armadas. Los violadores de los derechos humanos no pueden seguir en servicio activo. Ese es un tremendo desafío que también va a tener que enfrentar la ministra Bachelet".

Viviana Díaz se refiere a la investigación realizada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza, quien investigó la detención y desaparición en 1987 de seis militantes comunistas vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quienes no fueron incluidos en el informe de las FF.AA. El juez sólo pudo establecer el delito de secuestro de dos de ellos: José Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. El grupo estuvo detenido en el Cuartel Borgoño de la CNI y, según el proceso, fueron llevados a San Antonio y lanzados al mar. Algunos estaban muertos, otros moribundos. El juez Carroza ordenó la aprehensión del ex director de la CNI, general (r) Hugo Salas Wenzel; ex mayor Alvaro Corbalán Castilla (actualmente en prisión); ex capitán Luis Alberto Sanhueza; los suboficiales Víctor Ruiz Godoy, Luis Santibáñez Aguilera, César Acuña Luengo, René Valdovinos Morales, dos civiles, y un militar en servicio activo, el teniente coronel Kranz Bauer Donoso, también vinculado con la Caravana de la Muerte. Como señaló el abogado querellante Nelson Caucoto, es el mismo grupo que participó en la Operación Albania y en el asesinato de José Carrasco, Ignacio Vidaurrázaga, Abraham Muskatblit y Hernán Rivera en septiembre de 1986. Por esa razón, el magistrado Mario Carroza se declaró incompetente y remitió los antecedentes al ministro que investiga la Operación Albania, Hugo Dolmestch.
Además de Kranz Bauer, en los últimos años se han dictado órdenes de detención contra otros militares en servicio activo: comandante de ejército Erick Silva (Operación Albania), capitán de la Fach Hernán Miqueles y general de ejército Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar (asesinato de Tucapel Jiménez).

INVESTIGARLO TODO

Viviana, ¿cómo evalúa la AFDD el resultado de la mesa de diálogo?
"Las Fuerzas Armadas dijeron que iban a entregar información de lo ocurrido con 200 víctimas, pero 138 son detenidos desaparecidos, 42 son ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados a los familiares y 20 aparecen como 'NN'. De los 138 detenidos desaparecidos, 113 figuran como lanzados al mar, ríos y lagos de Chile. Aunque lo pedimos, no se designó ningún ministro en visita para investigar. En junio del 2001, el pleno de la Corte Suprema acogió la solicitud del ministro de Justicia para que se designaran jueces con atención exclusiva y preferente para las otras causas en las que supuestamente había antecedentes para encontrar los cuerpos. Previamente, debido a la conmoción que provocó el informe, la Corte Suprema había designado dos ministros en visita para investigar los casos de Cuesta Barriga y Colina, donde los militares entregaron las coordenadas que permitirían hallar los restos".

¿Ustedes nunca estuvieron de acuerdo con la mesa de diálogo?
"No, porque considerábamos que el único camino para investigar y llegar a la verdad era a través de los tribunales, a pesar de la terrible experiencia que tuvimos con el poder judicial cuando pudieron salvar la vida de nuestros familiares, y no lo hicieron. Aún así, pensamos que los tribunales son los encargados de investigar, determinar responsabilidades, sancionar y castigar a quienes cometieron crímenes contra la humanidad, delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados. Si ya hubo una condena mundial contra Pinochet y en Chile se comprometieron a investigar, hay que hacerlo. Todos los casos, y no sólo unos pocos".

En Cuesta Barriga se encontraron dos detenidos desaparecidos.
"Según informó la Marina, en Cuesta Barriga había enterradas seis personas con nombre y apellido. El ministro en visita, Héctor Carreño, se instaló en la mina con la infraestructura más moderna, y sólo encontró algunos dientes y pequeños restos óseos. Se identificó a Horacio Cepeda y a Fernando Ortiz, pero por el hecho que los familiares recibieron dos dientes de uno y un huesito de la mano de otro no significa que les entregaran sus cuerpos. Es difícil expresar lo que eso significa. La esposa de uno de los seis nombres dados por la Marina, Fernando Navarro Allendes, residía en Suecia. Edith Díaz hizo un gran sacrificio y vino con la esperanza de encontrar a su esposo. Le preguntamos cuánto tiempo se iba a quedar en Chile y nos respondió 'hasta que sepulte a Fernando'. Pero nosotros terminamos sepultándola a ella, porque murió el 1 de agosto después de caer en una depresión que le produjo una rara enfermedad que terminó con las defensas de su sistema inmunológico. Se fue destruyendo por dentro. Hemos perdido a muchas compañeras, pero esta muerte nos golpeó muchísimo, fue impactante".

TERMINAR CON LA MENTIRA

Ustedes denunciaron que los militares que participaron en la mesa de diálogo sabían que los restos de los detenidos desaparecidos habían sido removidos.
"Cuesta Barriga es la mejor demostración de que efectivamente los removieron y los hicieron desaparecer por segunda vez. A partir del informe, la Corte Suprema instruyó al juez Juan Guzmán para que viajara a Iquique e investigara el pique Mina Mapocho donde se dijo que estaban los detenidos desaparecidos Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza. Pero con todo lo que excavó el ministro Guzmán, no apareció ninguno. Por eso calificamos el informe como una farsa institucionalizada en la que no sólo han participado quienes violaron los derechos humanos durante 17 años, sino también las iglesias, representantes de la sociedad civil elegidos por el ministro Mario Fernández, y abogados de derechos humanos que lamentablemente legitimaron con su presencia esa instancia que nunca debió existir. El tiempo nos ha dado la razón".
¿Qué debería hacer el Ministerio de Defensa, como autor de esa iniciativa?
"Aparte de las tareas propias de su Ministerio, la ministra Bachelet tiene el enorme desafío de lograr que quienes tienen información la pongan a disposición de los tribunales y terminen con las mentiras. Lo peor que puede pasarnos como país es que triunfe la impunidad. Y desgraciadamente, eso se está dando a todo nivel, comenzando por la impunidad política y moral. Nosotros hemos aportado toda la información reunida en estos años. Pero nada ayuda la otra parte. Lo más cómodo es decir que hubo un error y seguir adelante. Por eso no vamos a cejar nunca en el legítimo derecho a la búsqueda que tenemos los familiares de detenidos desaparecidos, porque para nosotros no hay casos emblemáticos, ni de primera, segunda o tercera categoría".
La Corte Suprema acogió una impugnación del sobreseimiento de Pinochet presentada por el abogado Alfonso Insunza.
"Claro, porque lo sobreseyeron aplicando una legislación contenida en la reforma del Código de Procedimiento Penal que no está vigente en la Región Metropolitana. Por lo tanto, es inconstitucional, no se puede aplicar. Si existe la voluntad de enmendar lo que no se hizo en el pasado para juzgar a Pinochet en Chile, hoy están dadas las posibilidades".
Para el gobierno, el informe fue un reconocimiento histórico de parte de las Fuerzas Armadas de que realmente cometieron esos crímenes. ¿Hay algo de cierto?
"No, porque el informe no fue firmado por ningún comandante en jefe y no tiene el sello de ninguna institución de las Fuerzas Armadas. Es una carta firmada y entregada al presidente de la República por el obispo castrense Pablo Lizana. En ese sentido, no son las Fuerzas Armadas las que se hacen responsables. La mentira quedó más que demostrada".
Hasta ahora las instituciones y los militares implicados han sido absolutamente reacios a admitir sus responsabilidades. ¿Qué podría hacer la ministra Bachelet al respecto?
"Hay que partir por la cabeza, por quienes impartieron las órdenes de detener, torturar o matar, y no por quienes las cumplieron. Nadie cree que no exista información o que los archivos se eliminaron. Ellos tienen servicios de inteligencia, y así como conocían la vida de cada uno de nosotros cuando buscaban a nuestros familiares, la siguen conociendo hoy. Lo que pasa es que no quieren llegar a la cárcel ni que sus familias sepan que hicieron cosas tan terribles como torturar mujeres embarazadas o niños de corta edad".
¿Qué sintió cuando vio a los altos mandos de las FF.AA. saludando a la ministra?
"¡Imagínese! Por parte del ejército llegó en reemplazo del general Izurieta el jefe del estado mayor del ejército, general Roberto Arancibia Clavel, hermano de quien cumple condena en Argentina por el asesinato del ex comandante del ejército, general Carlos Prats. Desde luego, uno valora que una mujer llegue a un ministerio importante y que las Fuerzas Armadas se cuadren ante ella. Pero son las responsables de habernos reprimido durante 17 años. Y cuesta mucho recuperar la confianza, porque una no olvida que el general Pinochet le juró lealtad al presidente Salvador Allende hasta el último día previo al golpe de Estado"

INVESTIGACIONES A CIEGAS

Vencido el plazo inicial de tres meses para mostrar resultados en la investigaciones sobre la base del informe de las FF.AA., la Corte Suprema lo extendió en diciembre por otros tres meses debido a lo poco que se había avanzado.
Según Viviana Díaz, es evidente que los progresos de la investigación están en directa relación con la voluntad política de cada juez. Hay grandes diferencias en las formas de trabajo y en los resultados. Héctor Carreño, ministro en visita a cargo de ubicar a seis militantes comunistas detenidos en 1976, cuyos cuerpos habrían sido enterrados en la Cuesta Barriga, "se circunscribió a buscar restos en las coordenadas que le indicaron, pero podría haber investigado a quienes detuvieron a esas personas (Comando Conjunto)". Aunque dispuso de avanzada tecnología, sólo se logró ubicar e identificar los restos de Fernando Ortiz Letelier y Horacio Cepeda Marincovic, gracias a que sus familiares guardaban radiografías y antecedentes de tratamientos dentales. En la misma fosa habrían sido arrojados los cuerpos de Lincoyán Berríos Cataldo, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez. Sin embargo, sus restos habían sido removidos del lugar. Y el juez Carreño dio por sobreseída temporalmente la causa.

Distinta ha sido la actitud de la ministra en visita Amanda Valdovinos en la pesquisa de veinte personas sepultadas como "NN" en Colina. Citó testigos, se constituyó en el lugar y, acogiendo información proporcionada por la AFDD, investigó el interior del Fuerte Arteaga, más allá de las coordenadas dadas por las FF.AA. Allí aparecieron fragmentos de huesos, falanges y dientes que corresponderían a ocho o diez personas. De acuerdo con los antecedentes que maneja la jueza, podrían pertenecer a personas arrestadas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y que en primera instancia fueron conducidas al Regimiento Tacna. Los restos hallados fueron trasladados al Servicio Médico Legal para su identificación mediante exámenes de ADN. Pero, según el director de ese servicio, Jorge Rodríguez, la tecnología actual no siempre permite identificar a una persona cuando sólo se cuenta con un par de huesos.

¿CAMINO A LA VERDAD?
Los jueces especiales (con dedicación exclusiva o preferente) también muestran actitudes diversas. En julio, a un mes de haber sido designada, la jueza del Primer Juzgado de Letras de Coronel, Graciela Ramos, sobreseyó el caso de Pedro Merino Medina, detenido desaparecido el 14 de septiembre de 1974. La AFDD presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que le exigiera el cumplimiento de una gran cantidad de diligencias no realizadas. Este recurso recién fue acogido a fines de noviembre del año pasado. O sea, se perdieron cuatro meses de trabajo.
Otro caso sobreseído temporalmente es el de Juan Mura Murales, a cargo de la jueza especial del 4º Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Quijada, quien "no logró demostrar la responsabilidad de los inculpados".
En cambio, la jueza Cecilia Flores, titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, quien investiga la detención con desaparecimiento de Jenny Barros Rosales, una estudiante de Enfermería de la Universidad Católica detenida en San Bernardo, comenzó a pesquisar en el Cerro Chena. Ha realizado intensas diligencias en los recintos de la Escuela de Infantería en la búsqueda de una fosa con cerca de sesenta desaparecidos de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango. Recogió testimonios de sobrevivientes y por el momento descubrió algunos restos que se deben periciar en el Instituto Médico Legal.

A juicio de Viviana Díaz, también el juez preferencial de Coyhaique, que investiga el caso de tres desaparecidos, ha manifestado total disposición para cumplir bien su misión. Otro juez preferencial, Jaime Salas, del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina (X Región) procesó a los generales en retiro Jerónimo Pantoja y Héctor Bravo por la desaparición de Pedro Espinoza Barrientos.
En tanto, la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, encausó al ex oficial de ejército Alejandro Molina por la desaparición en 1976 de Víctor Olea Alegría desde el centro de detención de la Dina conocido como Venda Sexy. Además, realiza careos a varios ex miembros de la Fach por muertes y desapariciones ocurridas en recintos de esa institución.
La magistrada del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, ha realizado decenas de careos entre ex agentes de la Dina, aunque aún no toma resoluciones judiciales.

Una de las investigaciones más avanzadas es la del juez con dedicación exclusiva Waldemar Koch, titular del Juzgado de Letras de Santa Bárbara (VIII Región). El 27 de diciembre del año pasado encausó al ex carabinero José Eleodoro Burgos Sandoval, a su hijo Juan Carlos Burgos Delausarán (civil) y al también ex carabinero Víctor Manuel Zambrano Rubilar. Los tres se encuentran en la cárcel de Los Angeles, procesados por el cargo de asociación ilícita en el caso de siete campesinos detenidos a partir del 20 de septiembre de 1973, quienes fueron asesinados y arrojados al río Bío-Bío. Ellos son Manuel Salamanca Mella, Julio César Godoy Godoy, José Mariano Godoy Acuña, José Domingo Godoy Acuña, Desiderio Solís Aguilera, Miguel Cuevas Pincheira y José Roberto Molina Quezada. El juez Koch podría dictar nuevas órdenes de aprehensión contra otras diez personas.
Algunos de los magistrados que hasta ahora no han realizado mayores trámites en las causas que tienen a cargo son los jueces Manuel Bustos Meza, del Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz, del Cuarto Juzgado del Crimen de la misma comuna, y Juan Antonio Poblete, titular del Décimo Juzgado del Crimen de Santiago.

En la cárcel de Los Angeles quedaron detenidas tres personas acusadas de participar en la captura y posterior desaparición de al menos siete habitantes de la comuna de Quilaco, durante el primer período del régimen militar. Se trata del ex miembro de Carabineros, Víctor Zambrano Rubilar, el ex sargento José Burgos Sandoval y su hija Frida Juana Burgos.

Las órdenes de detención fueron firmadas por el magistrado de Santa Bárbara, Valdemar Hoch, quien fue designado por la Corte Suprema como juez especial para investigar a una treintena de detenidos desaparecidos. El denominador común de los casos es que todos fueron sacados desde sus casas en horas de la noche en los meses que siguieron al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, por encapuchados que fueron reconocidos por familiares como ex miembros del grupo Patria y Libertad apoyados por Carabineros de la tenencia local.

La Corte de Apelaciones de esta ciudad rechazó nuevamente la solicitud de libertad de cuatro carabineros en retiro, uno en servicio activo y cuatro civiles, implicados en la desaparición de seis agricultores de Quilaco, provincia de Biobío, durante el régimen militar, en los meses de septiembre a noviembre del año 1973. Los sometidos a proceso son los policías retirados Víctor Zambrano Rubilar, José Burgos Sandoval, Sergio Salazar San Martín y Froilán Arriagada Jara. Además de Carlos Sepúlveda Rivera, quien se encuentra en servicio activo, y de los civiles Juan Carlos Burgos, Eugenio Villa Urrutia, José Gutiérrez Ortiz y Exequiel Celedón Barrera. La resolución del tribunal de alzada ratifica la adoptada en primera instancia, por la jueza subrogante de Santa Bárbara, Loreto Peña.