Yáñez Riveros José Ignacio

En el grupo hay desde capitanes de navío en retiro hasta marineros.

Hasta el cierre de esta edición, diez de 13 funcionarios de la Armada en retiro habían sido notificados por la ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, de sus autos de procesamiento por el delito de secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, ocurrido en septiembre de 1973.

El resto de los uniformados debía ser notificado anoche o esta mañana, debido a que no se encontraban en la zona al momento de ser conocida la determinación de la jueza.

La lista incluye a cuatro oficiales (r), los capitales de navío Víctor Valverde Steinlein y Luis Holley de la Maza, y los capitanes de fragata José Yáñez Riveros y Marco Silva Bravo; los suboficiales mayores José Manuel García, Alfredo Moncada Salamanca, Luis Pinda Figueroa y Carlos Miño Muñoz; y el suboficial José Rojas Araya. Además, están los sargentos primero Pedro Vidal Miranda y Héctor Palominos López; el cabo segundo Guillermo Inostroza Opazo y el marinero primero Claudio Cerezo Valencia.

Consultado el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, reconoció estar al tanto de los hechos, pero no ahondó en mayores comentarios.

Los notificados quedaron detenidos en dependencias navales.

En una masiva resolución la jueza Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, procesó a cuatro oficiales y nueve suboficiales (R) de la Armada como coautores del secuestro -en septiembre de 1973- del sacerdote Miguel Woodward.

Con ello la ministra elevó a 19 los encausados en esta investigación, precisamente cuando se cumplen 35 años de la desaparición del religioso que militaba en el MAPU.

Por primera vez la magistrada dio cuenta esta vez del capitán de navío (R) Víctor Valverde Steinlein, quien como director entonces de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) que la Marina usó hasta fines de octubre de 1973 como centro de detención tras el golpe militar.

También encausó al capitán de navío (R) Luis Holley de la Maza y a los capitanes de fragata (R) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo.

Éstos comandaron los equipos que la Armada formó coordinados por Valverde para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón, utilizando las dependencias de la UTFSM como lugar de reclusión de quienes eran arrestados en esa zona.

Miguel Woodward fue detenido en su casa de Placeres el 21 de septiembre y conducido a esa universidad donde recibió los primeros golpes y torturas.

"Una patrulla del Cuartel de Operaciones de la UTFSM detuvo a Woodward, donde fue interrogado, golpeado y sometido a diversas torturas por parte de funcionarios de la Armada que integraban la Compañía de la Escuela de Operaciones allí asentada, para al día siguiente entregarlo a la Academia de Guerra Naval (AGN)", sostiene el dictamen de la jueza Quezada.

Diez de los trece procesados están ya bajo arresto en el cuartel de Infantería de Marina de Las Salinas en Viña del Mar, tras ser ubicados por funcionarios de Investigaciones.

El capitán de fragata (R) José Yáñez Riveros, regresa a Chile en noviembre porque está a bordo de una nave comercial.

Respecto del otro capitán de fragata (R) Marcos Silva Bravo, éste se encuentra de vacaciones en el sur, donde está siendo buscado por los funcionarios policiales. El suboficial Alfredo Mondaca Salamanca vive en Iquique y ya fue ubicado. Se espera que ambos ingresen hoy a cumplir su arresto en el mismo cuartel.

Miguel Woodward continuó luego siendo torturado en la AGN y quedó moribundo, por lo que fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña.

Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo Hospital Naval, entonces en el cerro Playa Ancha. No se ha determinado el lugar exacto donde murió Woodward.

Los actuales procesados tuvieron participación en la detención, golpiza y torturas del sacerdote, como en su posterior traslado a la AGN y a la Esmeralda. El jefe de la AGN y los torturadores del religioso en esta academia, tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente, todos en retiro, fueron ya encausados en abril pasado.

Nómina de Procesados

1.- Víctor Valverde Steilein (capitán navío R)

2.- Luis Holley de la Maza (capitán navío R)

3.- José Yáñez Riveros (capitán fragata R)

4.- Marcos Silva Bravo (capitán fragata R)

5.- José García Reyes (suboficial R)

6.- Alfredo Mondaca Salamanca (subof. R)

7.- Luis Pinda Figueroa (subof. R)

8.- Carlos Miño Muñoz (subof. R)

9.- José Rojas Araya (subof. R)

10.- Pedro Vidal Miranda (subof. R)

11.- Héctor Palomino López (subof. R)

12.- Guillermo Inostroza Opazo (subof. R)

13.- Claudio Cerezo Valencia (subof. R)

Máximo tribunal respaldó decisión de Corte de Apelaciones porteña que determinó el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

La Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados en contra de las resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que determinaron el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward.

En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, rechazaron las presentaciones hechas por el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantesn que pretendían anular ambos fallos.

La sentencia de la Corte Suprema determina que los jueces recurridos no cometieron falta o abuso grave al dictar el sobreseimiento, al considerar que no se encontraba probada la participación en el delito, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

El 12 de mayo pasado, el ministro en visita Julio Miranda Lillo declaró cerrado el sumario en la investigación por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, dictando dos resoluciones en el proceso.

En la primera, acusó a Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.

En tanto, en la segunda, decretó el sobreseimiento parcial y temporal a favor de Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el martes 23 de septiembre, la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señora Eliana Quezada sometió a proceso por el delito de secuestro calificado, en calidad de autores, a cuatro oficiales y nueve suboficiales en retiro de la Armada, en el marco de la investigación del llamado "caso Woodward".

Los ex miembros de las Fuerzas Armadas afectados por la medida son los capitanes de Navío Víctor Valverde y Luis Holley; los capitanes de Fragata José Yáñez y Marcos Silva; los suboficiales de Infantería de Marina José García, Alfredo Mondaca, Luis Pinda y Carlos Miño; el suboficial mayor José Rojas; los sargentos primeros Pedro Vidal y Héctor Palomino; el cabo segundo Guillermo Inostroza, y el marinero primero Claudio Cerezo.

Por primera vez en la historia del caso, una magistrada entrega los detalles formales de la desaparición del sacerdote. Según su investigación, el capitán de Navío (r) Víctor Valverde Steinlein, director de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), usada por la Marina como centro de detención hasta fines de octubre de 1973, tras el golpe militar.

Gracias a la señora Ministra sabemos que el capitán de Navío (r) Luis Holley de la Maza y los capitanes de fragata (r) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo comandaron los equipos que la Armada formó, coordinados por Valverde, para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón. Miguel Woodward fue detenido el 21 de septiembre en el mismo cerro donde murió Portales y conducido a la casa de estudios superiores, donde recibió golpes y torturas.

El sacerdote continuó luego siendo torturado en la Academia de Guerra Naval y quedó moribundo. Fue necesario trasladarlo al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña. Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo al Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha.

A quienes encuentran absurda la figura legal del secuestro permanente quiero decirles que es más espantoso no saber hasta hoy dónde se encuentra el cuerpo de Miguel Woodward. Incluso no se ha determinado aún el lugar exacto donde murió.

La acuciosidad que ha manifestado la magistrada Eliana Quezada determinó de seguro que recibiera amedrentamientos y amenazas de muerte. Ya en noviembre del año pasado el recientemente desaparecido Diputado señor Juan Bustos informaba que la jueza era víctima de tales actos. En su momento se debió pedir protección policial.

Hoy, cuando, lamentablemente, ya no se encuentra entre nosotros ese parlamentario, homenajeado por todo un país, se informa que después de la resolución del martes pasado las amenazas de muerte y los llamados por teléfono buscan de nuevo intimidar a la jueza tras la excelente investigación que ha realizado. Se pretende, sin dudas, trabar el avance registrado por el proceso.

En las últimas semanas se intensificaron los seguimientos y amenazas en su contra. Prueba de ello es que le han gritado insultos en la calle y que vehículos desconocidos le han cortado el paso en la carretera.

No es clara la información respecto de qué institución le estaría prestando el debido resguardo a la magistrada, como tampoco cuál es la protección que el Ejecutivo ha destinado para tal efecto. Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie tanto al Ministerio del Interior como a la Subsecretaría de Carabineros para que nos indiquen en detalle el tenor de las amenazas y cuál es la estrategia de protección con que cuenta la señora Eliana Quezada.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 18 ex funcionarios de la Armada y de Carabineros, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del ciudadano chileno-británico Michael Roy Woodward Iriberry, ilícito perpetrado a partir de septiembre de 1973. El sacerdote, de 42 años, conocido popularmente en Valparaíso como "Cura Miguel", fue detenido por personal de la armada el 16 de septiembre de ese año.

En la causa, el ministro Arancibia, conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal, dictó auto de procesamiento y prisión preventiva en contra de los oficiales de la Armada en retiro: Guillermo Samuel Aldoney Hansen, Juan Guillermo Mackay Barriga, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Víctor Sergio Valverde Steinlen, Pedro Abrego Diamantti, y de los suboficiales en retiro José Ignacio Yáñez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Hugo Moncada Salamanca, Claudio Francisco Cerezo Valencia, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Segundo Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres.

Asimismo, procesó a los ex oficiales de Carabineros: Héctor Nelson Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Orlando Corrales Díaz y Luis Ricardo Araya Maureira.

En el transcurso de la investigación y con los antecedentes recopilados, el ministro Arancibia logró dar por acreditado los siguientes hechos:

«I.- Que luego del 11 de septiembre de 1973, la Armada de Chile puso en marcha con ciertas modificaciones, un Plan Antidisturbios, también denominado «Plan Cochayuyo», ideado con anterioridad a esa fecha, aproximadamente a comienzos del año 1973 y que tenía por finalidad, entre otros objetivos, detener la acción insurgente a sus designios, mantener el orden público y obtener el control absoluto de la población, especialmente de la Quinta Región. Es así que por orden de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval se instaló físicamente en la Academia de Guerra Naval, ubicada en Valparaíso, el Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Primera Zona Naval, denominado SICAJSI, Academia que en el tiempo cercano, suspendió las labores de educación que le eran propias, para albergar al organismo antes referido de estructura jerarquizada que dependía directamente del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval y de su Jefe de Estado Mayor. Estaba conformado por diferentes grupos, principalmente de la Armada, y en menor escala de Carabineros y Policía de Investigaciones. La función principal era la de desbaratar los grupos contrarios al régimen militar instaurado en el país, procediendo para ello a ordenar la captura de personas militantes o afines a algún partido político o movimiento de centro, izquierda o revolucionario, y su posterior traslado a Unidades controladas por la Armada o pertenecientes a ésta, habilitados como Centros de Detención e Interrogatorio, entre aquellos la «Academia de Guerra Naval», el cuarte Silva Palma» y el «Buque Escuela Esmeralda», entre otros recintos que se habilitaron para esos efectos.

II.- Que dentro del marco estructurado para el control y vigilancia en la región, entre otras medidas, se ordenó a la Escuela de Operaciones Navales, con su director a la cabeza, tomar el control de distintos sectores de Valparaíso, para ello, se asentó dividida en compañías en diferentes recintos, uno de ellos, en la Universidad Técnica Federico Santa María, compañía que con la misma estructura que tenía antes del 11 de septiembre de 1973, le fue asignado el sector del cerro Placeres y Barón, debiendo cumplir con el cometido de protección de servicios básicos, guardias, patrullajes, allanamientos y detenciones de civiles ordenados directamente por la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, a través de SICAJSI.

III.- Que a fin de obtener información sobre las actividades de los contrarios al régimen imperante, los capturados eran sometidos a sesiones de interrogatorio con aplicación de tormento físico y psíquico de variada índole. Es así que dentro del marco antes descrito, días después del 11 de septiembre de 1973, y encontrándose dentro del listado de personas buscadas por organismos de inteligencia, se ordenó la detención del sacerdote Michael Roy Woodward Iriberry, conocido como el «cura Miguel», quien luego de haberse ocultado por algunos días en casas de amigos, el día 16 de septiembre de 1973, en horas de la noche, regresó a su domicilio ubicado en el sector alto del cerro Placeres, lugar al que llegó una patrulla de la Escuela de Operaciones de la Armada, la que procedió al allanamiento de su morada y a su detención, sin que opusiera resistencia alguna. Todo ello, sin orden administrativa o judicial que lo justificase, siendo conducido hasta las dependencias de la Universidad Federico Santa María, recinto donde fue interrogado, fuertemente golpeado y sometido a diversas torturas, entre ellas el mantenerlo sumergido durante varias horas en el agua de la piscina que se ubica en el patio del centro educacional, todo ello, por orden del oficial a cargo, decidiéndose su posterior entrega al personal del SICAJSI en la Academia de Guerra Naval.

IV.- Que en la Academia de Guerra Naval, Michael Woodwrad continuó siendo sometido a nuevos interrogatorios como también a nuevos tormentos físicos y psíquicos. Esta vez por parte de los integrantes del SICAJSI, que allí se desempeñaban, entre ellos, operativos e interrogadores, miembros de Carabineros y de la Armada, siendo mantenido en esas condiciones hasta el día 22 de septiembre de 1973, fecha en que en horas de la madrugada, se ordenó su traslado a un nuevo centro de detención y tortura, como era el Buque Escuela Esmeralda, donde operaba un grupo más especializado a cargo de un oficial de la Fuerza Aérea Naval y profesor de la Academia de Guerra. El detenido fue trasladado en una camioneta a cargo de un oficial y su chofer, sobre una camilla, encontrándose ya en muy mal estado de salud, con muestras evidentes de los maltratos sufridos, recibiendo en el molo de abrigo del Puerto de esta ciudad, la atención del médico del crucero Latorre, ello, por orden del Comandante de dicho buque Carlos Fanta Núñez. Posteriormente, ante la intención de subir a bordo de la Esmeralda al mencionado detenido, se percata el Segundo comandante del buque escuela, quién en un primer momento se opone, pero luego permite su ingreso para efectos de que reciba atención médica, dejándose constancia del hecho en la bitácora del buque escuela. Lo anterior, se pone en conocimiento del Jefe del Estado Mayor, quien dispone su traslado al Hospital Naval. Es en este instante, cuando se pierde su rastro físico, toda vez que un médico que se desempeñaba en dicho nosocomio, extendió un certificado médico de defunción sin ver cadáver alguno y en las mismas circunstancias un empleado que se desempeñaba en la Funeraria de la Armada concurrió hasta la oficina del Registro Civil e inscribió dicha defunción.

V.- Que por otra parte, también se realizó una anotación en el Registro de Sepultación del Cementerio n° 3 de Playa Ancha, sin embargo no obstante haberse realizado diligencias de excavación en el lugar que determinaban los antecedentes, estas concluyeron sin resultado. Hasta la fecha, el privado de libertad no ha tomado contacto con sus familiares o amigos, realizando gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni registra entradas o salidas del país, enmarcándose tal hecho dentro de un patrón similar a los ocurridos durante aquella época que se iniciaba mediante el seguimiento y vigilancia de la víctima hasta terminar en un secuestro».

En esta misma causa, el 30 de septiembre del año 2014, la Corte Suprema condenó a los suboficiales de la armada en retiro José Manuel García Reyes a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios; Manuel Atilio Leiva Valdivieso, 5 años y un día de presidio, pero atendida la enfermedad mental que padecía, fue entregado al cuidado de su hija, y Héctor Fernando Palomino López, 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad  en el secuestro de Woodward.

Además, la Sala Penal del máximo tribunal acogió una solicitud de los querellantes para que un ministro en visita no inhabilitado reabriera la investigación e indagara la responsabilidad de tres oficiales en el delito, respecto de quienes se había decretado sobreseimiento temporal.