Winter Igualt Luis Carlos Fernando

El liderazgo de la Concertación debiera darle también explicaciones a sus bases y al país respecto de porqué sus gobiernos nombraron, quisieron nombrar o mantuvieron reiteradamente como representantes de Chile en el exterior a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos; no importándoles siquiera que ello suscitara un bochorno internacional para nuestro país.

Así, el gobierno de Frei Ruiz Tagle pretendió enviar a la Misión militar en España a Jaime Lepe Orellana, que ¡había sido miembro de la Brigada Mulchén, entidad de la DINA que se encargó del asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria! Ante la oposición del gobierno español, no pudo hacerlo (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición; Edit. Grijalbo, 1998; p.350). Luego, el funcionario socialista de la Cancillería, Carlos Parker, reconoció en el agregado aéreo en España, Héctor Barrientos, a quien lo había torturado en Isla Dawson, luego del golpe. Pese a la conmoción producida, el gobierno de Frei lo mantuvo en el cargo (Ver El País de España; 4-11-1997).

Por otro lado, el gobierno de Frei intentó designar como agregado militar en Ecuador a otro miembro de la Brigada Mulchén, Pablo Belmar. Sin embargo, éste “no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese país se sumó la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si asumía Belmar” (La Nación; 31-1-1996). Luego, Frei quiso nombrarlo en la Misión militar en El Salvador. Ante ello, el propio presidente (¡del partido de extrema derecha ARENA!) de ese país, Armando Calderón Sol, “confirmó las declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su gobierno rechaza la llegada al país del militar chileno Pablo Belmar en calidad de asesor de la Fuerza Armada salvadoreña por las acusaciones que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera; 17-2-1996).

Además, respecto de El Salvador se añadía el hecho que “desde el 1 de julio de 1995” ocupaba el cargo de agregado militar de Chile en dicho país –y como concurrente en Guatemala- “el brigadier George Willeke, implicado en el caso Prats, en la reciente resolución de la jueza (argentina) María Servini de Cubría” (La Nación; 31-1-1996). Todo esto provocó que “el propio gobierno salvadoreño” hiciera trascender “su malestar” y que además planteara su disposición “a cesar el acuerdo de asesoría entre el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de El Salvador, que data de 1991” (La Nación; 31-1-1996).

Incluso, el gobierno de Frei ¡pretendió nominar a Miguel Krasnoff Marchenko como agregado militar en Rusia!, lo que se vio frustrado por la natural indignación suscitada en organismos de derechos humanos (Ver El Mercurio; 1-2-1996).

Más revuelo provocó el caso del oficial chileno a cargo de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en la frontera indo-pakistaní, Sergio Espinoza Davies, producto de la información de que “el general Espinoza fue acusado recientemente por familiares de fusilados en Pisagua, de ser uno de los miembros del Consejo de Guerra que el 29 de octubre de 1973 cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida y José Sampson fueron fusilados en la madrugada del día siguiente en el campo de prisioneros de Pisagua” (La Nación; 18-9-1998).

Y pese a la presión de Naciones Unidas para que el gobierno chileno lo retirara, éste prefirió que fuera la propia ONU quien tomara la decisión de sacarlo de su cargo: “Según fuentes e informaciones extraoficiales coincidentes, el Gobierno prefirió este camino –que conlleva el bochorno internacional como lo planteó el Canciller José Miguel Insulza- a tener que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier general” (La Nación; 18-9-1998).

La indiferencia gubernamental se expresó también en el nombramiento de embajadores. Así, a comienzos de 1994 el flamante gobierno de Frei quiso designar como su embajador en Suiza al funcionario Luis Winter Igualt, quien se había desempeñado como Fiscal Naval de Valparaíso luego del golpe de 1973. Winter, en octubre de 1977 –mientras se desempeñaba como diplomático chileno en las Naciones Unidas en Ginebra- fue acusado por la portavoz del “Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno” en Suiza, la periodista Marie Tecklenburg-Bonnard, de haber ordenado torturar a dos presos políticos chilenos: Jorge Escalante Hidalgo y Leopoldo Luna, quienes testimoniaron al respecto ante la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ver El Mercurio de Valparaíso; 10-1-1981). Winter se despojó de su inmunidad y se querelló por difamación contra Marie Tecklenburg ante la Justicia de Suiza. En enero de 1981 ésta absolvió a la periodista suiza de los cargos de difamación y condenó a Winter “a pagar las costas del proceso y una parte del pago del abogado (1.000 francos suizos) de la acusada” (La Suisse; 10-1-1981).

Por cierto, la comunidad chilena en Suiza se movilizó denodadamente para impedir dicho nombramiento. Así, el gobierno suizo terminó solicitándole al chileno que lo desechara. Ante una situación tan bochornosa, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en lugar de retirarle su confianza, lo designó Consul General en Houston. Posteriormente, bajo Lagos y Bachelet, Winter llegaría a ostentar un alto cargo en la Cancillería (Director de Políticas Especiales) y en 2007 ¡fue designado por Michelle Bachelet como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado!

Asimismo, durante el gobierno de Lagos se denunció que el agregado militar en España, Rodolfo Ortega Prado, había sido jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989; y que en 1988 se había asesinado allí a la joven dirigente del PS, Susana Obando (Ver La Nación; 29-2-2004). Pese a que altos dirigentes políticos españoles –de Izquierda Unida y de Ezquerra Republicana de Cataluña- abogaron por su cese en el cargo, el gobierno chileno lo mantuvo en él hasta el término de su período en 2005.

Quien sí tuvo que ser alejado de su cargo de Cónsul General de Chile en Honduras, fue el que dirigió como capitán de Ejército la represión en San Fernando luego del golpe de 1973, dejando una estela de detenciones, torturas y muertes: Ricardo Manríquez Pearson (Ver La Nación; 12-4-2004). Las protestas surgidas en Chile y el exterior fueron tan fuertes, que el gobierno de Lagos se vió virtualmente obligado a ordenar su retorno como diplomático, carrera a la cual había ingresado durante la dictadura en 1979.

Estos fueron los casos que llegaron a conocimiento público; pero con toda probabilidad debe haber habido muchos más. De hecho, otros agregados recibieron denuncias responsables de haber violado los derechos humanos con posterioridad a sus destinaciones; como Juan Emilio Cheyre y Hernán Gabrielli. Es decir, este era un tema que no solo dejaba indiferente a los gobiernos de la Concertación desde una perspectiva ética y de justicia, sino además desde el punto de vista del prestigio de nuestro país en el exterior. Lo que quedaría con total evidencia luego de la detención de Pinochet en Londres, hace quince años, en octubre de 1998…

MICHELLE BACHELET, GALARDONADA EN ESPAÑA CON EL PREMIO "RAMON RUBIAL" A LA SOLIDARIDAD Y LA LIBERTAD, HA DESIGNADO RECIENTEMENTE A UN TOTURADOR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO. SE TRATA DEL EX FISCAL NAVAL, LUIS WINTER IGUALT. 

Yo fui testigo en Ginebra

Fui testigo en Ginebra en el caso de Winter, pues un compañero del Mapu de Valparíso lo denunció como el Fiscal Naval que había asistido a los interrogatorios bajo tortura a que se sometió a ese compañero luego del golpe de Estado.

-Yo había vivido la misma experiencia en el centro de interrogatorios en el cuartel Borgoño de la base naval de Talchuano lugar al que se trasladó un fiscal naval desde Valparaíso.

-Mi declaración en Ginebra fue determinante para que Winter perdiera su querella y fuese condenado en costas, pues el Tribunal consideró que si bien no se trataba del mismo fiscal (que había viajado a Talcahuano), lo que yo declaraba probaba lo que llamaríamos un padrón de conducta de parte de la dictadura con los opositores al régimen.

Pedro Enríquez Barra

La "renuncia ética" que formalizó este lunes el general Guillermo Santelices, vuelve a poner en el tapete si personeros que tuvieron participación directa o indirecta en las violaciones de derechos humanos deben seguir en sus cargos.

El caso trae a colación la situación que enfrenta el procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la Quinta Región, el abogado Enrique Vicente Molina.

El profesional, que fue fiscal naval después del golpe militar del 73, interrogó a varias personas, ordenó la detención de otras, que fueron torturadas por funcionarios de la Armada. Algunos de estos últimos aparecen relacionados a la muerte del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward.

Es del caso señalar que Vicente desde su cargo tiene acceso a la investigación que ahora tramita la ministra Eliana Quezada y, al mismo tiempo, fue querellado por el abogado Guillermo Kegevic, por su eventual responsabilidad como fiscal naval en distintos hechos indagados por la justicia, entre ellos la muerte de su padre.

De hecho, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), continuador natural de la Comisión Rettig, tardó cerca de tres años acceder a la causa.

En otras palabras, el jefe del CDE en la Quinta Región actúa con una doble calidad, a la vez de imputado y querellante.

Si bien el caso no es exactamente igual al caso ocurrido con Santelices, cierto es que se pone entredicho la independencia que debiera tener un funcionario de esa investidura, en procesos sensibles como son los de derechos humanos, lo que afecta la imagen pública del CDE.

Para el abogado del PDHMI, Boris Paredes, quien ha estado ligado a la causa de Woodward, "es inaceptable que Vicente continúe en su cargo".

"Esto es a todas luces irregular. Tiene copia del expediente y, a la vez, actúa como querellado por lo que debería al menos abstraerse", criticó Paredes.

Fred Bennet, esposo de Patricia Woodward, hermana del sacerdote desaparecido dijo a El Mostrador.cl que es "un verdadero escándalo que Vicente, como el segundo hombre del CDE en Valparaíso, Luis Winter Igualt, otro fiscal naval para el golpe, sigan en sus cargos, porque para nosotros son encubridores".

"Al menos el general Santelices tuvo el valor de admitir su participación, mientras que Vicente no ha tenido la suficiente hombría de hacerlo", manifestó Bennet.

Acusaciones
En el caso Woodward, declaró el comandante (R) de Carabineros Marcelo Vargas Goas, según publicó el 21 de mayo de 2006 el diario La Nación. Este último reconoció que después del golpe detuvo a unas 20 personas por orden de Vicente. "Las diligencias que cumplíamos en el Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior y las ordenaba la Fiscalía Naval, siendo fiscal el capitán Enrique Vicente". En 2004 testimonió el suboficial (R) de Carabineros Guillermo Peña González.

En distintas entrevistas que ha dado Vicente, una de ellas a El Mercurio de Valparaíso en 2003, niega haber participado en torturas o tener conocimiento de ellas, ya que todo su trabajo estuvo centrado en las oficinas d ella fiscalía naval de la época.

Sin embargo, la querellante Nina Reyes, que estuvo detenida seis meses por orden de Vicente -según La Nación– lo contradice. "Una vez, cuando me interrogaban y torturaban en el Silva Palma, me corrí la capucha y vi quien me interrogaba. Era rubio, como alemán, con uniforme de comando de la Armada (camuflado). Me quedó grabado un anillo tipo tuerca que usaba, de oro, con iniciales E.V.", declaró en el proceso el 31 de marzo de 2004.

Cuando quedó libre fue a la Fiscalía Naval por una diligencia. "Fui para que me autorizaran sobre una propiedad. Al fiscal Enrique Vicente, que ahora vestía uniforme azul de la Armada, lo reconocí como el que me interrogó bajo apremio físico cuando me corrí la capucha".

¿Criterios igualitarios?
El caso instala una problemática de criterio tanto para La Moneda, como también al presidente del CDE, el DC Carlos Mackenney, porque un funcionario bajo su autoridad se encuentra cuestionado de actuar incompatiblemente en su cargo.

Si bien el Ejecutivo, a través de el ministro portavoz, Francisco Vidal, ha señalado que debe primar la presunción de inocencia en casos donde los imputados, militares o civiles no se encuentren sometidos a proceso, el titular de Defensa José Goñi, valoró la renuncia de Santelices.

Esta es la segunda vez que Mackenney se enfrenta a un problema de incompatibilidad de funciones. Anteriormente, se produjo por la empresa que creó la a consejera y ex titular del CDE, Clara Szczaranski –Compliance Consulting– dedicada a prestar asesorías en materias antilavado de activos, junto a dos funcionarios del organismo especializados en esta materia y que trabajan en ella en la actualidad para los intereses del fisco.

El CDE, desde la primera denuncia hace unos cuatro años contra Vicente, apoyó su permanencia en el cargo, bajo la égida de Szczaranski.

Pero ahora existe otra testera en el CDE, cuestión que debiera pesar a la hora de analizar alguna decisión, ya que Mackenney mantiene cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet, aunque Lagos lo nombró en el cargo. Tanto Mackenney como Bachelet son hijos de ex uniformados.

Este medio intentó obtener una opinión tanto de Vicente como Mackenney. El primero, pese a dejar recados a su secretaria no devolvió los llamados, mientras que el segundo salió ayer de vacaciones. Se trató también de requerir una versión del presidente (S), el consejero Eduardo Urrejola, pero a través del departamento de comunicaciones del CDE se indicó que no habría un pronunciamiento sobre el particular.

Aún queden bastiones en los que se refugian o reúnen los seguidores del dictador Pinochet. Algunos son verdaderos centros de culto donde alaban al siniestro general. Otros, aunque resulte increíble, están enquistados en el aparato estatal. Varios son los enclaves autoritarios. Algunos están a simple vista, como la Constitución, la estatua a Merino, Punta Peuco o el nombre de la Carretera Austral, entre otros.

Las redes sociales no están ajenas a su presencia, como el Blog de Hermógenes (Pérez de Arce), «fachus inter pares» de la dictadura, o la Fundación Pinochet, la ONG IURE -que reúne dinero para financiar la defensa de militares presos-, o el arcoiris de agrupaciones de una variada gama de miembros de las FFAA en retiro, que cada 11 de septiembre suelen sacar la voz, con alguna declaración pública.

Una de las canciones favoritas de Pinochet era la balada «Lili Marleen», que cantaban las tropas nazis comandadas por Hitler. No podía ser otro el nombre que llevara un local de comida de origen alemán, enquistado en la comuna de Providencia, en que todo, absolutamente todo, es parte del culto al exdictador. Es un bastión del pinochetismo, que se refleja en paredes, uniformes, estatuas, música exclusivamente militar, fotos, cuadros y hasta una réplica del funeral «de don Augusto», adornada con soldaditos de plomo.

Allí se dan cita uniformados en retiro, exministros y funcionarios del gobierno de Pinochet y más de algún «joven nacionalista», de esos que entonan a voz en cuello y de pie, el Adiós al Séptimo de Línea a eso de las 2 de la mañana y claro, algo pasados de copas.

El «Lili Marleen» debe ser uno de los mejores lugares de comida casera alemana, en estricto honor a la verdad. Por supuesto, en el caso que usted pueda comer al lado de una foto de Pinochet.

¿El Estado estará en estado de alerta?

Una vez que se extinguía el gobierno cívico-militar, así como en los barcos a punto de hundirse, los primeros en arrancar fueron quienes participaron de la represión o la legitimaron.

Un buen «paraguas» fue la administración del Estado y algunas de sus dependencias en particular. Recordará usted que existía un decreto que prohibía al gobierno democrático que recién asumía el poder (Aylwin), remover de sus cargos a determinados funcionarios nombrados por Pinochet.

Algunos fiscales de la época dura, encontraron en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) un buen refugio. Ramón Melo Silva (recientemente procesado por el crimen de Víctor Jara) es un botón de muestra. Pero ojo, no es el único en esa entidad. También se encuentra allí el ex Fiscal Naval Enrique Vicente Molina, abogado, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso.

Ilícitos imputados a Vicente Molina

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), declaró formalmente que la muerte del prefecto Juan Bustos Marchant, fue un asesinato y violación de DDHH. En dicho crimen de lesa humanidad, se ha sindicado como cómplice al otrora e Enrique Vicente, quien ordenara su detención y participara activamente en los interrogatorios.

En la causa rol A-158 de 1974, se constata que el 25 de abril de ese año , Enrique Vicente ordenó -mediante telegrama- la detención del prefecto, poniéndolo a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso.

Estando detenido y habiendo sido brutalmente torturado, Bustos se «habría suicidado» con un arma de fuego que «tenía en su poder», según la declaración oficial en aquel entonces. A la familia le hicieron entrega del cuerpo en una urna sellada.

Pero no es la única querella que ha debido afrontar. Personas que estando detenidas fueron torturadas en el cuartel Silva Palma, lo han reconocido como uno de los interrogadores.

Sus buenos contactos en el poder judicial le han ayudado mucho, aseguran los abogados querellantes. Entre los procesos en su contra por delitos de lesa humanidad que se le imputan, están los del sacerdote Miguel Woodward, los hermanos Dragomir y Guillermo Kegevic, y Nina Reyes, entre otros. Desde su cargo ha tenido siempre acceso a las investigaciones en su contra… Acusado y Fiscal al mismo tiempo, ¡eso es «igualdad ante la ley!».

Abogado acusado de ser torturador

Otro abogado también enquistado en el Consejo de Defensa del Estado es Luis Winter Igualt, quien fue Fiscal Naval en Valparaíso entre 1973-1974. Trabajaba además como delegado de la dictadura en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en 1977, donde fue reconocido e imputado como torturador por un testigo en plena comisión de DD.HH.

También se desempeñó como Director de Políticas Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Winter fue nombrado Abogado del Consejo de Defensa del Estado desde el 14 de mayo de 2007 por el primer gobierno de Michelle Bachelet, a pesar de las protestas de personeros ligados a los DDHH.

Desde la Isla Dawson a Sernapesca

Hasta hace poco había pasado inadvertida para muchos la presencia de Jaime Weindeslaufer en Sernapesca de Arica y Parinacota. Weindeslaufer encabezaba las torturas en Isla Dawson, señalan expresos. Presionado por las funas y denuncias, el ex capitán de Navío de la Armada debió presentar su renuncia al cargo de director regional, donde había sido designado por Sebastián Piñera.

«Un torturador menos en la administración pública» escribió en su twitter el diputado comunista Hugo Gutiérrez. «Ese contingente tuvo un trabajo sumamente cruel en la isla de castigos, de trabajo forzado, se endureció todo aún más, estábamos mal alimentados y soportábamos temperaturas muy bajas», añadió Baldovino Gómez Alba, otro prisionero en el extremo sur del país.

El entonces subteniente Weindeslaufer acostumbraba el siguiente discurso en Dawson: «‘Prisioneros, ustedes tendrán que olvidarse de lo que eran antes. Vean los que son ahora. Cualquier conscripto vale cien veces más que ustedes. Chile no necesita intelectuales vagos, ociosos como ustedes. Chile necesita soldados y haremos de ustedes soldados cueste lo que cueste. Óiganlo bien ¡cueste lo que cueste! El que no quiera entenderlo, se quedará en el camino». El ex prisionero, Miguel Lawner, lo reconoce: «Sí, es el mismo cabrón, no hay dudas», asegura.

«Chilenos malagradecidos»

«Ser pinochetista hoy es tener lealtad a los militares, que nos salvaron la vida. La gente es malagradecida. Estamos orgullosos de las Fuerzas Armadas y de Pinochet, porque él nos salvó la vida y la economía del país», comenta Mercedes, una asidua comensal del restaurant Lili Marleen, quien solo pidió ser citada por su nombre de pila. «Yo no nacía para el pronunciamiento, pero es indiscutible que Chile es otro después del pronunciamiento», asegura.

Participa activamente de la Corporación 11 de Septiembre, creada por ex militares y fieles partidarios del dictador. El Blog que representa la entidad, da cuenta de un fuerte abandono desde hace ya bastante tiempo. No más de 64 adherentes y 1600 «me gusta» en Facebook. Su lugar de encuentro es un pequeño y lúgubre salón de un antiguo palacio de Santiago, donde se reúnen cuando pueden (antes lo era semanalmente) para recordar a Pinochet y comentar las situaciones de actualidad.

Ya casi no asisten a los eventos recordatorios del 11 de septiembre, «cada vez somos menos, pero convencidos», se lamenta Mercedes. La gran mayoría son personas de avanzada edad que se conocen entre ellos. Reacios a hablar a la prensa, a pesar que reclaman no contar con espacios periodísticos «para hacer sentir su voz». Simón Ballivián, director cultural de la Corporación 11 de Septiembre, es bastante pesimista: «Si buscara a todos los pinochetistas sub30 en Santiago, con cueva junto 300».

El Caleuche litoral

«Saludamos a todos los Chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. La tarea de reconstrucción efectuada por toda la Nación de las FF.AA. y de Orden a partir del 11 de septiembre de 1973, sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y la seguridad», señala una reciente inserción publicada el pasado 11. Lleva la «firma» de varias organizaciones de militares en retiro y montepiadas.

También se reúnen públicamente, como el acto realizado el pasado 11 en el restaurant Caleuche Litoral Valparaíso, oportunidad en que conmemoraron el golpe de Estado. Las críticas a la situación actual no se dejaron esperar: «Chile camina una vez más hacia el abismo de la ignorancia», aseguraba un orador del acto pinochetista.

Carlos Ojeda, presidente de la Comunidad de Regimientos Tradicionales y ex comandante del Regimiento de Caballería «Santiago Bueras», dijo en su intervención que el golpe de 73 permitió «vencer -ojalá para siempre- la maquinaria marxista, derrota que hasta el día hoy no aceptan, ni la aceptarán jamás».

Dos actos «masivos»

En los últimos tiempos, dos actos «masivos» de pinochetistas han visto la luz pública. A fines del 2011 y con el gentil auspicio de la Municipalidad de Providencia, en ese instante bajo el alcalde Cristián Labbé (UDI), un centenar de adherentes se reunió en el Club Providencia, con el fin de homenajear al brigadier (r) Miguel Krassnoff (distinguido habitante de Punta Peuco), en el lanzamiento del libro «Krassnoff, prisionero por servir a Chile».

El acto envalentonó a los organizadores, quienes comenzaron arduamente a preparar lo que estimaban sería un «Caupolicanazo», pues pretendían reunir a «los miles que conformamos la mayoría silenciosa que recuerda al general», señalaría uno de los organizadores.

Efectivamente, el 10 de junio del 2012 se reunieron los adherentes del general en el Teatro Caupolicán de Santiago. Pretendían proyectar un documental privado, según adujo la ex ministra Cecilia Pérez, al conceder la autorización. Del «Caupolicanazo», nada.

Alrededor de mil personas asistieron en esa oportunidad, el Caupolicán lucía lúgubre… Raya para la suma, un fiasco.

Otra cosa es con guitarra

El capitán de Ejército Renán Ballas S., dirigente de varias agrupaciones de uniformados en retiro, señala a Cambio21 que «Yo no hablaría de pinochetistas, sino de aquellos que comparten la obra del gobierno militar (…) me preocupa, me produce una dicotomía, el por qué no es posible que vayamos a una reconciliación, y eso es cada vez más difícil, pues cada vez se está generando nuevos problemas, como el intento de anular la amnistía», asegura.

Reconoce que hubo violaciones a los DDHH, pero de inmediato señala que «la otra gente no era de la paz, exactamente (…) Yo guardo una lealtad irrestricta hacia el Ejército. Me preocupa ver a la señora Lorena Pizarro vomitando odio, por qué no miran a los terroristas que colocaban bombas, que mataban a soldados y carabineros, ¿acaso los militares no tienen DDHH?», se pregunta.

Sin embargo reconoce que si a él le hubiera correspondido enfrentar tema de ejecutados o enfrentamientos, «habría levantado un acta con los hechos y después hubiera entregado los cadáveres a los familiares. Pero otra cosa es con guitarra», afirma, aunque aclara que no justifica haber lanzado gente al mar.

También los hay en el Parlamento

Y era que no, varios ilustres parlamentarios de la UDI y RN se manifiestan orgullosos pinochetistas. Claro, se desgrana el choclo, pues uno de los insignes, el exdiputado Rosauro Martínez (RN), fue desaforado y se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Pero quedan otros. Entre ellos el senador Iván Moreira (UDI), quien no oculta su admiración por Pinochet. Recordará, estimado lector, los días en que el general se encontraba preso en Londres. Moreira era la voz de la familia Pinochet. Él mismo calificaría de «patética» su huelga de hambre en aquella oportunidad.

Poco antes de asumir Michelle Bachelet su segundo periodo, el diputado comunista, Guillermo Teillier, aseguraba que en el parlamento quedaban varios que justificaban el golpe. Y Patricio Melero (UDI), le da la razón: «La UDI nunca puede arrepentirse de haber formado parte del gobierno militar, fundamentalmente por la legitimidad que tuvo desde el punto de vista de recuperar la libertad en Chile», ha afirmado. Desde luego, quedó marcado a fuego luego de ser uno de los 77 de Chacarillas.

Otro de los «notables» viudos de Pinochet en el Congreso, es el diputado Jorge Ulloa (UDI). El ex director de la DINA, Manuel Contreras, aseguró a CNN Chile, que Ulloa era el único diputado que lo visitaba. Para el parlamentario, «hoy no es aceptable ninguna violación de derechos humanos, hace 40 años el tema de los derechos humanos no existía en Chile». Igualmente, en cada homenaje a Salvador Allende o los minutos de silencio solicitados en su memoria, han ido acompañados de los gritos del también pinochetista diputado UDI, Ignacio Urrutia, llamando «cobarde» al expresidente.

La amenaza: «Cuidado, no estamos muertos»

Esa frase abrió la conversación que Cambio21 sostuvo con un general (r) que exigió no identificarse. «No quiero que mi familia sufra las consecuencias de decir la verdad», señaló. El diálogo no fue fácil, pues costaba interrumpir el monólogo que trataba de justificar el por qué los militares habían llegado al gobierno, que no lo habían buscado, etc. Igualmente fue difícil entrar al «área chica» en materia de DDHH, pues de manera recurrente ante cualquier pregunta sobre la materia, volvía a explicar la «legitimidad del pronunciamiento».

Sin embargo, no siempre se puede arrancar y enfrentado a la evidencia mostrada de las violaciones de derechos fundamentales en ese periodo. Frente a ello, se limitó a señalar que «lo que sucedió, ya está hecho. Nada sacamos con volver al pasado, nadie revivirá los muertos, aquí se debe poner punto final al problema o, volveremos a vivir un innecesario enfrentamiento cívico militar. Estamos viviendo un similar momento, como en la UP., sobre todo porque el Partido Comunista, ahora en la Nueva Mayoría, está imponiendo su visión de las cosas. Cuidado, no estamos muertos», concluyó.