Walbaum Wieber Adolfo Federico

El almirante sigue mintiendo. Sus palabras se pierden entre los cerros y el viento de Valparaíso. Pero la memoria de los porteños víctimas de la represión de la Armada es obstinada y certera. Nadie ni nada podrán borrar jamás el horror entronizado a las orillas del Pacífico, entre la garúa nocturna, los arreboles del atardecer y los sempiternos pelícanos de la bahía. Es que el 11 de septiembre de 1973, junto a los barcos de guerra estadounidenses participantes en los denominados ejercicios UNITAS, la escuadra retornó a puerto a fin de vincularse a las unidades en tierra para dar comienzo al golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende. El temprano copamiento de la ciudad transformó a ésta en un gigantesco campo de concentración donde se enseñorearon el miedo, la tortura y la crueldad. La Armada, con inusitada ira y profundo desprecio clasista, reprimió a los porteños y, para tal efecto, desplegó todos sus efectivos, incluidos cadetes de la Escuela Naval. Habilitó, también, varios lugares de reclusión como la Academia de Guerra Naval, el cuartel Silva Palma, y los buques Maipo, Lebu y Esmeralda donde se torturó a miles de aterrorizados habitantes de Valparaíso.

Sin embargo, el almirante Jorge Arancibia, jefe de la Armada, continúa sosteniendo que en aquellos lugares de detención "jamás se torturó a nadie", que tan sólo constituyeron instancias de tránsito para albergar a prisioneros producto de las circunstancias extraordinarias que se vivían. Pero, miente el almirante y miente conscientemente, pues es imposible que no haya estado en conocimiento de lo sucedido en los recintos de la Armada. Son millares los testimonios de víctimas que experimentaron en carne viva la violencia y el odio de oficiales y clases de la aparentemente flemática marina chilena. Tal es el caso de María Eliana Comené, estudiante de castellano de la hacia adentro. Ellos estaban pegados en todas las paredes, yo conté ocho infantes de marina, algunos encapuchados y otros con las caras pintadas de negro. Me dicen que me desnude. Yo empecé a desnudarme y me dejé puesta mi parte de abajo, porque tenía puesto el apósito de la menstruación. Entonces, cuando me obligaron incluso a sacarme el calzón yo dije que no podía, porque estaba indispuesta. Me obligaron a hacerlo y ahí ya viene toda la rebeldía femenina, la rebeldía del luchador, por mucho que nos quisieran hacer sentir como animales llegaba el momento en que la dignidad del ser humano se rebelaba contra todo eso. Y fue tal mi ira, la indignación, que me saqué los calzones, tomé el apósito con sangre y se lo puse en el rostro al teniente que estaba dirigiendo el grupo. Luego de eso, todavía desnuda, por orden del teniente, dos infantes de marina por detrás, me tomaron los glúteos y se agacharon para mirar por el ano". Tal era la calidad moral de los marinos del almirante, los mismos que no trepidaron en violar mujeres para demostrar su poder y su lastimosa hombría, cubriendo sus rostros con pasamontañas y ocultando sus grados. En la Esmeralda, recuerda María Eliana, "había violencia las 24 horas del día, sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre. Cuando me trasladaron al Lebu estábamos separados de los compañeros quienes se encontraban en las bodegas. Nosotras estábamos en los camarotes y éramos tantas que no podíamos respirar, teníamos que dormir sentadas en el suelo. Nos daban de comer una sola vez al día, a las 9 de la mañana. Eran unos porotos que hasta gusanos tenían, una vez que reclamamos nos dijeron burlándose que para qué nos quejábamos si nos daban 'carne'". Pero la alimentación no era lo que más preocupaba a las prisioneras políticas, sino que el trato inhumano y cruel por parte de sus aprehensores, la mayoría jóvenes marinos. Aunque también las torturaban civiles y, como en el caso de María Eliana, carabineros. Ella había tenido el infortunio de haber sido detenida con ocasión de la retoma de la Universidad Católica en el puerto en los meses previos al golpe. Fue agredida por carabineros al mando de un teniente de apellido Pérez, sin embargo, logró defenderse y golpear a sus agresores.

Obviamente jamás pensó que el devenir político le enfrentaría una vez más al sádico teniente, esta vez a bordo de la motonave Lebu. Pero así fue, en una oportunidad -relata María Eliana- "me llevaron a un camarote que había sido habilitado como sala de interrogatorios y allí estaba este teniente que me comienza a manosear y a gritar diciendo: ¡defiéndete ahora, pos, huevona! Me corrió mano de una manera espantosa, fue más de una hora de sólo eso. Estaba vendada y humillada por lo que estaban haciendo, impotente ante lo que estaba pasando, ante los gritos espantosos que se escuchaban". Pero no era sólo en el barco que se torturaba y degradaba a centenares de porteños. También sucedía en otros centros de tortura de la Armada. Por la Academia de Guerra Naval, en el cerro Playa Ancha, pasó también María Eliana. "Allí estuve como cuatro semanas, me sacaban todas las noches para interrogarme, me golpeaban los oídos con las manos, me ponían corriente en la lengua, en la vagina. Nos sacaban para divertirse con nosotros, para abusar sexualmente. Fueron violaciones masivas. Al final una se desconecta, trata de subliminar lo que está pasando, pero es imposible de olvidar, de hecho, cuando ya me encontraba en la cárcel, hice una seria infección, con vómitos y fiebre. Me enviaron al Hospital Naval y ahí dijeron que era sólo un ataque de vesícula y me enviaron de vuelta a la cárcel. No obstante, era algo mucho más serio. Era gonorrea, y era imposible saber cómo y dónde la había contraído, ¿en la Esmeralda, en el Lebu, en la Academia? Lo único claro es que quedé con el endometrio total y absolutamente destruido".

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL: CASA DEL HORROR

Y fueron millares las vidas destruidas física y sicológicamente en las casas del horror de la Armada en Valparaíso, El Belloto, Colliguay, Puchuncaví y Talcahuano. Por tales centros de detención y tortura pasó Humberto Arancibia, presidente del sindicato de trabajadores de Enadi, ex Compañía de Gas de Valparaíso. Fue detenido en Villa Alemana el 3 de octubre de 1973 en la noche. Fue trasladado por los infantes de marina que le detuvieron al cuartel Silva Palma en el puerto. Llegamos, recuerda Humberto, " a una sala grande repleta de gente, hombres y mujeres tirados en el suelo, muchos con el pelo cortado a bayonetazos. Un infante me preguntó por qué me encontraba ahí. Le respondí que no sabía, que simplemente era dirigente sindical. Exactamente, me dijo para preguntarme por otros dirigentes, para ver si habían robado o no". Los marinos, los militares, sabían perfectamente bien que nadie había robado nada, del mismo modo que sabían que nadie iba a atentar contra la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias como pretendieron hacer creer a través de la difusión de un absurdo Plan Zeta. Simplemente intentaban justificar lo injustificable: la represión, las masacres, la tortura, las violaciones.

Por ello, "alrededor de una hora después de haber llegado, continúa Humberto, me vendan, me ponen sobre la cabeza una capucha negra, me amarran las manos a la espalda y me sacan de la pieza. ¡Así que tú eres Carlos Nicolás! (administrador de la Compañía de Gas), me dicen mientras me dan un golpe en la boca del estómago. Perdí la respiración, me dan palos en la espalda, en las costillas, todo esto camino al interrogatorio. Siento que llegamos a una pieza, tomo aire: no, yo me llamo Humberto Arancibia alcanzo a decir. ¡Por qué no dijiste eso antes conche tu madre! Me gritan. Ahí me di cuenta lo que me esperaba, como iba a ser el tratamiento. En la sala de torturas me pegan con las manos abiertas en los oídos (teléfono), combos en el estómago, palos en las costillas. Todo el tiempo tenía las manos y los pies amarrados con alambre. En un momento pensé que me iban a colgar, pero en realidad lo que hicieron fue ponerme corriente. Esto se repitió muchas veces en medio de todo tipo de insultos".

Luego de una interminable noche de tormentos Arancibia fue trasladado al buque Lebu. "Parecía un barco pirata -señala Humberto- con hombres hacinados en las bodegas del barco. Estaban barbones, algunos con el pelo cortado a cuchillo, con abrigos, frazadas, sucios y hambrientos. A veces nos tiraban pedazos de pan y lo compartíamos entre todos. Lo mismo hacíamos cuando, por milagro, aparecía una naranja. La comíamos entre seis, hasta la cáscara nos comíamos. Más adelante nos daban fideos, masas de fideos más bien. También porotos llenos de gorgojos. Cada comida era vigilada por marinos armados. No todos comían sí, había un compañero de apellido Villarroel a quien mantenían en una jaula desnudo y nunca le daban de comer.

Los marinos nos obligaban a levantarnos a las seis o siete de la mañana. Subíamos a la plataforma del buque y nos manguereaban desnudos en el frío de la mañana. Está claro que no teníamos dónde hacer nuestras necesidades y, en algún momento, pusieron mitades de tambores de aceite -que llamaban 'chutes'- donde comenzamos a orinar y defecar".

En el Lebu se denigraba a la gente, se intentaba deshumanizar al supuesto enemigo, hombres y mujeres, sin importar la edad. También se interrogaba y torturaba. Los interrogatorios selectivos y más brutales se llevaban a efecto en la Academia de Guerra Naval. Allí fue llevado nuevamente Humberto. "Me dijeron que me había reído de ellos la primera vez, me pusieron un paño en la boca y me tiraron contra la muralla y comenzaron a golpearme. Perdí la noción del tiempo, del espacio, pensé que me iban a matar. El estar ahí, aunque no te torturan era igual, porque se sentían gritos, golpes, lamentos desgarradores de gente que se moría. Siempre se estaba en un estado emocional tenso, sabías que después te iba a tocar a ti, ibas a pasar por el mismo proceso. No se tenía ninguna esperanza, no sabías si ibas a salir vivo. Eran varios los que se habían intentado suicidar lanzándose por alguna de las ventanas del cuarto piso de la Academia o golpeándose contra unos pilares que había en la sala grande".

Llegaba a tal punto el pánico, la desesperación, la violencia contra gente indefensa, que no fueron pocos los que prefirieron morir a continuar soportando el horror de la tortura. Sin embargo, el almirante Arancibia insiste en que en los recintos navales jamás se torturó. Incluso en aquellos lugares donde no se interrogaba, imperaba un régimen de represión permanente y de castigos humillantes para los presos políticos. Tal es el caso del campo de concentración de Isla Riesco o Melinka, ubicado en Colligüay al interior de Valparaíso. Allí, cada vez que llegaba un nuevo grupo, se organizaba en la noche, cuando los prisioneros se encontraban encerrados en sus cabañas, un montaje de amedrentamiento. Se oían ráfagas de ametralladoras y fusiles automáticos, se explotaban minas del sector que rodeaba el campo, amén de gritos y carreras. Al día siguiente se informaba a los prisioneros que un grupo de "extremistas" había intentado rescatarlos durante la noche y que habían sido eliminados por la guardia del campo. Si sucedía nuevamente -advertían- lo primero a eliminar era el peligro interno, es decir, los presos.

TORTURAS A MARINOS DEMOCRÁTICOS

Además, se castigaba a muchos sumergiéndolos en pozos de excrementos y orina, a culatazos, hundiéndoseles en la basura u obligándoles a correr a latigazos. Eran los infantes de marina los que torturaban de esta manera. Y tenían experiencia, pues fueron los que iniciaron la práctica masiva y sistemática de la tortura en agosto de 1973 al detener y flagelar a un grupo de marinos constitucionalistas que denunciaron los intentos golpistas de la Armada. Antonio Ruiz, cabo segundo, mecánico electrónico con mención en control de fuego, fue uno de ellos. Antonio Ruiz recuerda vívidamente el día en que fue detenido, "fue el 7 de agosto de 1973 en Talcahuano. Oficiales de inteligencia me sacaron de la unidad para trasladarme al Fuerte Borgoño. Allí había un escuadrón de al menos doce cosacos esperándonos. Me obligaron a sacarme la ropa y comenzaron los golpes, comenzó el tratamiento de guerra. Pasamos a ser el enemigo. Para los infantes de marina era una práctica en vivo, fuimos sus conejillos de indias. El oficial que nos interrogaba, para que no se notaran los golpes, usaba guantes mojados. Nos metían en tambores de excrementos y orina; dos cosacos nos sujetaban de las piernas y nos hundían en los tambores hasta que no podíamos respirar. Era tal la desesperación ante la tortura y las amenazas que al final uno se rebelaba y encaraba al oficial gritándole: ¡mátame conche tu madre! A ellos no les importaba lo que uno decía o sentía; al contrario, perfeccionaban las técnicas de tortura día a día. Al poco tiempo ya no te sujetaban por las piernas, sino que habían instalado una roldana desde donde te lanzaban al tambor con excrementos. Nos tenían amarrados de pies y manos, nos amenazaban de muerte y hubo muchos simulacros de fusilamiento. Eramos como 50 los detenidos, pero finalmente quedamos menos de la mitad. Había gente de filiación azul (Asmar) y de filiación blanca, tanto de la dotación Escuela como de la Escuadra. Posteriormente fuimos derivados a la cárcel de Talcahuano en tránsito y, finalmente, a la cárcel de Concepción. Allí nos pilló el golpe, nos despertamos con los disparos, presentimos la muerte, Carabineros se hizo cargo del presidio y nos amenazó con que tendríamos que pagar. Se hizo un simulacro de fusilamiento y toda mi vida pasó delante de mí, muy rápido. Esperaba con los ojos cerrados la muerte. Afortunadamente no sucedió nada y, eventualmente, fuimos traslados a Valparaíso, pasando por el campo de concentración de Isla Riesco o Melinka, cuartel Silva Palma y la cárcel pública del puerto. Otros marinos democráticos fueron detenidos y torturados en el Fuerte Miller de la Infantería de Marina en Las Salinas, y en la Escuela de Ingeniería de Viña del Mar.

A 26 años del golpe de Estado iniciado en Valparaíso, el almirante Jorge Arancibia sigue negando que la Armada violó masivamente los derechos humanos. Entonces ¿por qué habría que creer en sus supuestas buenas intenciones al impulsar junto al gobierno una "mesa de diálogo" destinada -también supuestamente- a poner término al problema de los derechos humanos?

Ningún aparente gesto conciliatorio puede ocultar el hecho irrefutable de que el sacerdote obrero Michael Woodward fue asesinado en la Esmeralda, su Esmeralda, señor almirante

 

RESPONSABLES DE TORTURAS DE LA ARMADA

Vicealmirante. Adolfo Walbaum Wieber, Cdte. I Zona Naval

Vicealmirante. Pablo Weber Munnich, Cdte. en Jefe de la Escuadra

Contraalmirante Hugo Cabezas Videla, Jefe E.M. de la Armada

Capitán de Navío (CN) Sergio Huidobro Justiniano, Cdte. Cuerpo Infantería de Marina (IM) C.N. Guillermo Aldoney Hansen, Jefe EM. I Zona Naval

C.N. Marcos Ortiz Guttmann, subjefe EM.Armada

C.N. Carlos Borrowman Sanhueza, director Escuela Naval Arturo Prat

C.N. Raúl López Silva, director Academia de Guerra Naval

C.N. Homero Salinas Núñez, director Escuela de Ingeniería Naval

C.N. Arnt Arentsen Pettersen director Escuela del Cuerpo de IM

C.N. Jorge Sabugo Silva, Cdte. Buque Escuela Esmeralda

C.N. Hernán Sepúlveda Gore, Cdte. Destacamento IM "Miller" de Viña del Mar

C.N. Cristián Sloraker Pozo, Jefe EM de la Escuadra

C.N. Oscar Horlscher, Director Hospital Naval Almirante Nef

Capitán de Fragata (CF) Jorge Davanzo Cintolesi, Director Escuela de

Armamentos

CF.Víctor Valverde Steinlen, director Escuela de Operaciones Navales

CF. Hernán Soto-Aguilar Cornejo, subdirector Escuela Cuerpo IM

CF. Jorge Valdés Romo, subdirector Escuela Naval Arturo Prat

CF. Patricio Villalobos, Cdte. Base Aeronaval de El Belloto

CF. Ernesto Huber Von Appen, Cdte.Aviación Naval

CF. Julio Vergara, Jefe Servicio de Inteligencia Naval, I Zona Naval

Cte. Santa Cruz IM, Cuartel Silva Palma, Valparaíso

Cap. Bunster, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Jaeger, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Koeller, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Acuña IM, Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Federico Stigman Servicio Inteligencia Naval

Tte. Luna, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Tapia, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Maldonado, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Alarcón, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Letelier, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Boetsch, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Schuster, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Luis Rebolledo IM, Motonave Lebu

Tte. Guillermo Morera IM (r) Motonave Lebu

Tte. Rafael Yussef ( r) Motonave Lebu

Tte. Rodriguez IM, Buque Escuela Esmeralda

Tte. Juan Gonzalez IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Suboficial Aguayo IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Cabo Soto IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Cabo Bustos IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Patricia, hermana del sacerdote inglés Miguel Woodward, quien pereció por los apremios recibidos a bordo del buque escuela Esmeralda tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, destacó este sábado el procesamiento de seis oficiales en retiro de la Armada por los cargos de secuestro calificado y torturas a presos políticos, dictado por la ministra en visita Eliana Quezada.

Junto con resaltar que se trata del primer avance a 30 años de la presentación de la querella, Woordward señaló a Radio Cooperativa que aún "no se han atado todos los cabos", porque "hay más personas que son encubridores", y que no están encausados.

"Se ha destapado por fin un tema que la Armada tenía mucho miedo de que saliera. Nosotros siempre le hemos dicho a la Armada que reconozcan que ellos han sido responsables de los crímenes en la Esmeralda y en toda la Quinta Región", sostuvo la mujer.

De los seis notificados del proceso, los vicealmirantes Guillermo Aldoney Hansen, Juan McKay Barriga y los ex capitanes de navío Ricardo Riesco Cornejo y Carlos Costa Canessa, acudieron a la Corte de Apelaciones para interiorizarse del caso, quedando detenidos en la guarnición de Infantería de la Armada.

En tanto otros dos procesados restantes, Adolfo Walbaum Wieber y Sergio Barra Von Chessman, ya se encuentran bajo arresto domiciliario por su avanzada edad.

Woodward, de padre inglés y madre chilena, fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval aproximadamente el 16 de septiembre de 1973 (las versiones difieren sobre la fecha) en su casa de la población Progreso, en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, donde encabezaba una comunidad religiosa. Fue llevado a un cuartel, y luego al buque Lebu y después La Esmeralda. En la época, ambos barcos eran utilizados por la Armada como lugares de detención de prisioneros políticos después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El religioso murió a causa de las torturas seis días después.

Según informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional, unas 110 personas pasaron por La Esmeralda, pero sólo Woodward figura como muerto a causa de los interrogatorios realizados en ella, como consta en el Informe Rettig (pp. 294 y 453).

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". 

"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los procesados

Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.

Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.

Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

La Justicia chilena procesó el viernes 18 y ordenó la detención de seis oficiales retirados de la Marina por torturas y secuestro calificado, en 1973, de varios presos políticos en el buque escuela Esmeralda, entre ellos el sacerdote británico Miguel Woodward.

La resolución de la jueza Eliana Quezada, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue recibida con expectación por los familiares de las víctimas ya que es la primera vez que la Justicia procesa a altos oficiales de la Marina.

Los procesados son los almirantes retirados Sergio Barros Von Chessman y Guillermo Aldoney Hansen, el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, y otros tres oficiales jubilados, sindicados como parte de los servicios de inteligencia de la Marina, responsables de la represión en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago.

La víctima más emblemática de la causa es el sacerdote Woodward, en ese entonces de 42 años, que trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, y quien fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en los barrios pobres de Valparaíso.

Según testimonios de otros prisioneros, Woodward estuvo también detenido en el barco carguero Lebu, desde donde fue trasladado al Hospital Naval por sus malas condiciones de salud tras las torturas, lugar donde se le perdió la pista el 22 de septiembre de ese año.

El caso permaneció sin ser investigado hasta 2002, cuando su hermana, Patricia Woodward, presentó una querella contra los responsables, incluidos oficiales de la Marina que estaban al mando de las tropas que controlaban Valparaíso después del golpe militar.

Durante la investigación judicial, la jueza Quezada recibió en noviembre pasado amenazas de muerte vía telefónica, por lo que debió recibir protección policial.

En Santiago, el portavoz de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió a las amenazas contra la jueza Quezada y aseguró que todos los jueces están protegidos ante estos hechos. "Los jueces chilenos tienen la plena seguridad de que van a ser apoyados en todo momento si han tenido dificultades de presiones, las que no van a ser nunca aceptadas por la Corte Suprema", recalcó el magistrado.

La oficina en Chile de Amnistía Internacional saludó la decisión de la jueza en un comunicado en el que señala que "la Armada de Chile y la sociedad no deben ver en la persistencia de las familias de las víctimas o de las organizaciones de derechos humanos un ánimo de revancha".

Agrega que con el procesamiento de los seis oficiales se ha "marcado un precedente en el avance de la Justicia en materia de los delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales aún permanecen impunes" y afirma que la decisión de la jueza "es un precedente en la búsqueda de la verdad y la Justicia".

A raíz de estos hechos, el Esmeralda, un bergantín goleta de cuatro palos, gemelo del español Sebastián Elcano, fue durante más de dos décadas objeto de manifestaciones de repudio en distintos puertos del mundo, durante sus cruceros anuales de instrucción

34 años después del golpe de estado, y tras 6 años de investigación judicial, se ha llegado hoy a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.

Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto significa que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las victimas de la Armada.

La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a:

Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber

Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen

Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga

Capitán de Navio (R) Sergio Barra Von Kretschmann

Capitán de Navio (R) Ricardo Riesgo Cornejo

Dr. Carlos Costa Canessa

Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está detenido en su domicilio.

Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses atrás por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llavaron al molo donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

El Alm. Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar. El Alm. (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañia de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.

Estrechamente vinculado a la jerarquía católica – que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward – el Alm. Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen. Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.

Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica

A pesar de que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad. a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala. Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ´80, incluido causas tales como «el caso pasaportes» y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.

En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Alm. Cristían Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministro Gabriela Corti en el año 2004 «por su cuenta» para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda. Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales. Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministro Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.

La Armada sigue igual. El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes. Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones «democráticas». El 4 de mayo próximo, cuando zarpa la Esmeralda en su crucero anual por el mundo, será, como siempre, con el título de «embajador de Chile» y será la Presidenta Bachelet quien la despida.

Una jueza procesó y ordenó detener el viernes a cuatro vicealmirantes, un capitán de navío y un médico naval, todos en situación de retiro, por el secuestro calificado y torturas del sacerdote chileno-británico Michael Woodward a bordo del Buque Escuela de la Armada, tras el golpe militar de 1973, informaron los tribunales.

Esta es la primera vez que varios quienes fueron altos oficiales de la armada son procesados por las torturas a Woodward en el buque escuela, hecho negado hasta hace pocos por la institución.

La jueza especial de vecino puerto de Valparaíso, Eliana Quezada, ordenó el procesamiento y arresto de los vicealmirantes retirados Sergio Barra Von Chessman, Guillermo Aldoney Hansen, Adolfo Walbaum Wieber y Juan Mackay.

Quezada también ordenó procesar y arrestar a un capitán de navío y al vicealmirante de sanidad Carlos Costa, ambos retirados.

Uno de los principales caso de torturas a bordo de La Esmeralda es el de Woodward, un ingeniero y sacerdote, miembro de los "Cristianos por el Socialismo", que trabajaba en el puerto, 110 kilómetros al noroeste de Santiago.

Woodward fue detenido tres días después del golpe militar de 1973 y torturado en el buque escuela, según la indagación judicial, que especifica que el sacerdote fue llevado agónico al hospital naval, donde murió al llegar. Fue enterrado en una fosa común del cementerio de Valparaíso y a su familia se le envió un certificado que señalaba como causal de muerte problemas cardio respiratorios.

La familia de Woodward se enteró del motivo real de muerte tres años después.

Según cifras de Amnistía Internacional, fueron unas 110 personas las detenidas y/o torturadas a bordo de la Esmeralda, pero sólo se sabe de la muerte del sacerdote.

Sergio Laureni, director de Amnistía Internacional-Chile, dijo que el procesamiento de los altos oficiales retirados "es un precedente de la búsqueda de verdad y justicia en numerosos delitos de lesa humanidad".

La Esmeralda y otros navíos fueron ocupados como recintos de reclusión y de tortura de funcionarios y militantes oficialistas del gobierno de Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre por el general Augusto Pinochet, que encabezó una dictadura militar (1973-1990).

Woodward, de padre británico y madre chilena, nació en Chile pero vivió gran parte de su juventud en Inglaterra antes de trasladarse a Valparaíso como sacerdote. Tenía la doble nacionalidad.

La Corte de Apelaciones Valparaíso otorgó libertad bajo fianza a los seis oficiales en retiro de la Marina procesados por secuestro calificado en el marco de la investigación por la desaparición del sacerdote inglés Miguel Woodward.

La medida beneficia a Sergio Barros Von Kretschman, Ricardo Riesco Cornejo, Adolfo Walbaum Wieber, Guillermo Aldoney Hansen, Juan Machay Barriga y Carlos Costa Canessa, quienes deberán cancelar un monto de un millón de pesos.

De acuerdo al fallo, la decisión se basa en que no existen "antecedentes calificados que permitan estimar que la prisión aparezca como necesaria para el éxito de la investigación en el sumario, o que la libertad de los procesados sea peligrosa para la seguridad de la sociedad".

Previamente, el vocero del Grupo de Amigos de Miguel Woodward, Javier Rodríguez, criticó la masiva presencia de marinos en retiro en los alegatos para solicitar el beneficio.

"La Armada aquí está presente con generales en retiro", indicó Rodríguez, quien calificó la presencia de los ex uniformados como "peligrosa" para el proceso.

El caso de la tortura y muerte de Woodward fue tipificado en la figura penal de secuestro permanente por la jueza Eliana Quezada.

El pasado 3 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había rechazado conceder la libertad bajo fianza para los seis oficiales por tres votos contra cero, por considerar entonces que los imputados eran un peligro para la sociedad, indicó Radio Cooperativa.

73) Dichos de Fernando Carlos Nicolás Vargas (1312), Oficial de la Armada quien cumplió funciones en la Academia de Guerra Naval: “Efectivamente tomé conocimiento que en esa época en 1974, había prisioneros políticos que se encontraban en el Cuartel Silva Palma, lugar que estaba a cargo de Oficiales de Infantería de Marina, los cuales administrativamente estaban a cargo de también del tercer piso de la Academia de Guerra Naval, en donde funcionó primeramente el SICAJSI y posteriormente el CIRE…El Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval en esa época era el Almirante Adolfo Walbaum…En cuanto a Ricardo Riesco Cornejo efectivamente sabía que esta persona también participó del SICAJSI y del CIRE”

78) Testimonios de Erwin Hugo Andrés Conn Tesche (1414 y 1655), Oficial de la Armada destinado a la Academia de Guerra Naval: “A fines de 1973 se constituyó el SICAJSI y en esa institución continué con la misma función de analista…El primer semestre de 1974 reemplacé a Rigoberto Cruz Johnson como Subjefe de la SICJASI hasta abril de ese mismo año…Efectivamente en el Cuartel Silva Palma se realizaban interrogatorios ya que este recinto se había dejado para…interrogación de detenidos políticos…de acuerdo al “Plan Cochayuyo”…Este Plan estaba a cargo del Jefe de Estado Mayor de la Zona Naval, el encargado máximo era el Almirante Merino y posteriormente por Adolfo Walbaum…Efectivamente producto de la información recabada por este organismo se practicaban los operativos y se detenían a personas…en los interrogatorios se aplicaban técnicas adquiridas por los navales chilenos en USA., es un tipo de técnica estándar, donde no descarto por la época el uso de golpes físicos…El sistema del SICAJSI era muy compartimentado, por lo que la responsabilidad era de cada equipo destinado a su función. Había un Comandante Infante de Marina. En esa época estaba encargado Hernán Soto-Aguilar, quien tenía a su cargo personal entrenado y ellos realizaban los interrogatorios…En cuanto a Juan Mackay Barriga…estuvo en la SICAJSI…a él le correspondió realizar un curso en Brasil de “Guerra Psicológica”, orientado a los medios de comunicación contra la delincuencia terrorista…a Ricardo Riesco Cornejo, lo conocí. Era Infante de Marina, él trabajó en el SICAJSI…”

Una investigación secreta del ministro Mario Carroza reveló que el exdictador mantuvo inscritas -como coleccionista- 18 pistolas, 8 revólveres y un fusil, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Otros militares fallecidos y ligados a violaciones de derechos humanos, siguen en el registro de la Dirección Nacional de Movilización Nacional como si aún vivieran. Uno de ellos, es el jefe de la DINA Manuel Contreras, con cinco armas registradas, situación que se repite con el exdirector de la CNI Humberto Gordon y su antecesor Odlanier Mena, quien se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en 2013. El caso va más allá, porque los actuales condenados por crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco y Colina Dos, son poseedores de armamento inscrito legalmente, pese a estar sancionados por la justicia y con sentencia ejecutoriada. Sumados ambos recintos, hay 257 armas en manos de 144 personas. El exCNI Alvaro Corbalán es poseedor de nueve, divididas entre pistolas, armas y un fusil. El exDINA Miguel Krassnoff, sentenciado a cientos de años por desapariciones, es dueño legal de dos pistolas y un revólver.

El ministro Mario Carroza, descubrió que 27 armas pertenecientes al exdictador Augusto Pinochet, quien murió en 2006, se encuentran actualmente extraviadas y otra que no está registrada.

La información consta en un cuaderno secreto que sustancia el magistrado respecto al armamento personal de los exuniformados. En esa tramitación se logró establecer que otros militares fallecidos ya sea condenados o ligados a casos de violaciones de derechos humanos aún mantienen inscritas armas a su nombre.

Según la revisión que realizó la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, de 34 que dejaron de existir, incluyendo a Pinochet, aparece un total de 139 armas.

Pero no solo con los muertos ocurre esta situación, también con quienes actualmente purgan condena en Punta Peuco y Colina Dos. Es decir, ex agentes de la CNI, DINA, entre otros, tienen pistolas, revólveres, fusiles, carabinas y escopetas en regla ante la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Una parte importante de ellas, están rotuladas ante la autoridad par usarlas en “defensa personal”.

De acuerdo a la información a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Pinochet tenía inscritas -como coleccionista- 18 pistolas, 8 revólveres y un fusil. Entre ellas destacan algunas, como la pistola francesa Chaterrault; también una Waffenfabrik Walther, la misma que usaban los oficiales de la Wehrmacht en Alemania y una Glock austríaca. Para “defensa personal”, en cambio, Pinochet tenía inscrita nada menos que una pistola UZI de fabricación israelí, calibre 9 milímetros, que disparaba ráfagas.

La mayoría del armamento, fue inscrito entre agosto y septiembre de 1997. En otras palabras, a pocos meses de dejar la comandancia en Jefe del Ejército, hecho que ocurrió el 10 de marzo de 1998, ya que el día siguiente juró como senador vitalicio.

Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. Un revólver Colt calibre 22 aparece inscrito a su nombre el 11 de mayo de 2000, es decir, a dos meses y 19 días de que hubiera pisado suelo nacional, tras una larga detención en Londres, a petición del entonces juez español Baltasar Garzón.

Junto a Pinochet, también comparten el listado hecho por la PDI, el general Sergio Arellano Stark -muerto en 2016– quien fuera la cabeza de la llamada Caravana de la Muerte, el helicóptero que recorrió Chile acelerando fusilamientos después del golpe. A su nombre aparecen inscritas “sin novedad” tres pistolas y un revólver, todas bajo la figura de defensa personal.

Manuel Contreras Sepúlveda, otrora cabeza de la DINA y fallecido en 2015 mantiene cinco armas registradas. De ellas cuatro están en regla y una pistola (Walther 7.65) no se encuentra en la lista formal de armamentos inscritos.

Por su parte, el exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general Humberto Gordon que dejó de existir en 2000, también tiene armamento a su nombre. Figura un revólver y una pistola para defensa personal. El resto, son un rifle para tiro deportivo, dos escopetas y una carabina Rossi, destinadas a la caza.

El ex almirante Adolfo Walbaum Wieber, quien fuera procesado por las torturas al sacerdote Miguel Woodward en el Buque Escuela Esmeralda, también fallecido, mantiene 9 armas y en calidad de vigentes, entre pistolas para defensa personal, escopetas y rifles de caza.

En la relación siguen, entre otros, el general Odlanier Mena, quien se suicidó de un balazo en la cabeza en septiembre de 2013, con una de las cuatro armas que todavía permanecen a su nombre.

La Ley de Control de Armas en Chile establece que si una persona que está registrada como dueño de armamento fallece, serán sus herederos los obligados a reinscribirlo o venderlo en un plazo máximo de 90 días.

Si no se ejecutó el trámite, el arma debe ser puesta a disposición de la autoridad militar para su destrucción, de lo contrario arriesgan multas que van desde las 5 a 10 UTM y la denuncia a la justicia.

De acuerdo a la investigación de Carroza, de las 139 armas mencionadas, 97 estarían inscritas aún a nombre de los fallecidos, sin ser regularizadas.

El 357

La indagatoria que lleva Carroza también abarcó a los militares vivos, pero que se encuentran cumpliendo pena en Punta Peuco y Colina Dos. Para el caso del primer centro de detención, los informes de la PDI señalan que de 120 reclusos, 68 tienen armas inscritas, las que alcanzan a un total de 211.

Lidera la lista, el exauditor general del Ejército y fiscal ad-hoc, Fernando Torres Silva, condenado a 10 años como autor del delito de asociación ilícita, en el marco del homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El abogado mantiene nada menos que nueve armas, entre ellas escopetas, pistolas y un revólver Colt 357. Según el informe de la PDI, todas están legalmente inscritas y su permiso vigente.

Quien le disputa el cetro es el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, condenado por múltiples homicidios, entre ellos la Operación Albania, la muerte del carpintero Juan Alegría Mundaca y desapariciones de militantes del FPMR en 1987.

En el expediente consta que el exuniformado mantiene 9 armas registradas, todas de colección, al igual que Pinochet. Se trata de una escopeta y un fusil “sin marca”, además de varios rifles Winchester, una pistola CZ y un fusil Mauser. Todo el armamento está en regla y al día.

Con menos cantidad, está el ex DINA Miguel Krassnoff, condenado a cientos de años por desapariciones clandestinas en distintas operaciones de eliminación y parte del núcleo duro de Manuel Contreras.
Pues bien, Krassnoff, según la información que obra en manos de Carroza, mantiene en regla dos pistolas y un revólver.

En Colina Dos, actualmente hay 24 condenados con un total de 46 armas. Lidera la cifra la pistola con 15 inscripciones, seguida del revólver con 11 unidades, 13 escopetas, 2 rifles, 3 fusiles y dos carabinas.

El coronel (r) Marcelo Marambio Molina, condenado a diez años por su responsabilidad en el homicidio de 13 víctimas de la Caravana de la Muerte, cuando el helicóptero Puma del Ejército pasó por Copiapó, es quien más armas posee entre sus camaradas. 2 revólveres, 2 escopetas y dos fusiles. Cinco de ellas están al día y una extraviada.

Pedro Guzmán Olivares, exDINA condenado por homicidio mantuvo inscritas una escopeta y una pistola. Ambas están extraviadas.

En el listado figura también el exdetective Juan Carlos Orellana Morales, condenado por la desaparición de militantes del FPMR en 1987. El exPDI mantiene en regla, dos escopetas.

Vacío

En la legislación actual, las personas que son condenadas por un crimen o sancionadas por violencia intrafamiliar, no pueden acceder a un arma. Dicho registro debería estar actualizado en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), pero no lo está.

En la investigación, la PDI ofició en 2017 al entonces jefe del organismo, general Carlos Ricotti, solicitándole información respecto a por qué los condenados por violaciones de derechos humanos, aún estaban en el listado de poseedores de armas.

A través de un oficio secreto, Ricotti explicó que la única manera en qué actúen como institución, es cuando los tribunales les informan y agregó que la DGMN no tiene acceso al Registro Nacional de Condenas.

Este medio, solicitó una versión formal a la entidad, dirigida hoy por el general Jorge Morales, respecto a la investigación que lleva Carroza.

A través de un comunicado de seis párrafos, indicó que nunca actúan “antes de que la Autoridad Judicial comunique oficialmente la cancelación de la autorización de tenencia de armas”.