Volta Rozas Nelson

Dictamen del magistrado por secuestro de Guillermo del Canto afectó a dos oficiales y un sargento del Ejército, todos retirados, además de un ex comisario de Investigaciones.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz dictó su 15ª condena por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar desde que heredó parte de las causas que investigó el ex ministro de Juan Guzmán Tapia en contra de Augusto Pinochet.

Solís condenó al general (R) Gabriel del Río, al capitán (R) Claudio Lecaros Carrasco y al ex sargento Antonio Aguilar Barrientos, todos del Ejército, y al otrora comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo a 10 años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR Guillermo del Canto Ramírez, ocurrido en enero de 1974. En calidad de cómplice fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel al ex detective Nelson Volta Rozas.

En mayo de 2006, el ministro en visita Víctor Montiglio Rezzio había favorecido al general (R) Del Río con la aplicación del decreto ley de Amnistía de 1978 por los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte en la ciudad de San Javier, Región del Maule, por lo que ésta es la primera sentencia que afecta al militar que fue intendente en los primeros días del régimen.

En tanto, el resto de los condenados ya enfrentan sentecias a presidio remitido por las torturas que se desarrollaron al interior de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974, en causa que investigó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca Víctor Stenger Larenas.

Guillermo del Canto Ramírez tenía 30 años al momento de su detención y era secretario regional del MIR de Linares-Maule, por lo tanto integrante del Comité Central del partido de izquierda. Desde noviembre de 1973, era intensamente buscado por integrantes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la zona donde además era funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).

Pese a la intensa búsqueda en la Región del Maule, Del Canto Ramírez había logrado salir hacia Santiago para refugiarse en la casa de unos primos ubicada en calle Santa Clara 560, La Cisterna, donde fue capturado en la madrugada del 2 de enero de 1974.

Los efectivos militares irrumpieron en la vivienda y se llevaron a Del Canto Ramírez y su esposa, Marianela Méndez Soto, para trasladarlo a la Escuela Militar y la Escuela de Artillería de Linares, desde donde se perdió el paradero del técnico agrícola.

El ministro Alejandro Solís es el juez que más condenas ha dictado en casos de violaciones a los derechos humanos desde que el 14 de octubre de 2002 la Corte Suprema decidiera dividir las más de 200 querellas que tramitó ex juez Juan Guzmán Tapia.

En aquella ocasión, se nombraron además de Solís a los ministros Jorge Zepeda Arancibia y Daniel Calvo Flores, quien luego fue reemplazado por Joaquín Billard Acuña, mientras que Guzmán se quedó sólo con los procesos denominados Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Cóndor I y II y Calle Conferencia, los que tramitó hasta su jubilación en marzo de 2005 sin dictar condenas.

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a cinco miembros en retiro del Ejército y dos ex detectives como autores de secuestro calificado de tres militantes del MIR y un dirigente sindical, quienes fueron vistos con vida por última vez en la Escuela de Artillería de Linares entre el 12 de septiembre de 1973 y el 2 de enero de 1974.

El dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos contenidos en el mismo episodio.

El magistrado decidió encausar al coronel (r) Gabriel del Río Espinoza, quien era el comandante del mencionado recinto y -a la vez- intendente regional en la época, al coronel (r), Claudio Abdón Lecaros Carrasco, al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo del Canto Ramírez, dirigente del MIR.

Según la investigación sustanciada por Solís, siendo las 00:30 horas del 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez Soto en el domicilio de su primo Félix Ignacio Valenzuela Ferrer, ubicado en calle Santa Clara Nº 560 de la comuna de La Cisterna.

En efecto, ingresaron al lugar varios funcionarios que dijeron pertenecer al Regimiento de la ciudad de Linares, los que detuvieron a del Canto Ramírez y a su primo, por tratarse de un ”encubridor” –según manifestaron los aprehensores- .

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, lugar en que fueron interrogados. A la mañana siguiente, Valenzuela Ferrer fue dejado en libertad en tanto que Guillermo del Canto fue trasladado hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días, siendo interrogado y torturado para, posteriormente, en una fecha no determinada, ser conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes de San Antonio, donde se perdió su rastro hasta hoy.

Otras tres víctimas

Por otra parte, el ministro Solís procesó al general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en contra de la estudiante universitaria y ex militante del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, cometido a contar del 18 de septiembre de 1973.

Al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos, como autores del delito de secuestro calificado en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras Cabrera, cometido a contar del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de José Alfonso Saavedra Betancourt, ex dirigente sindical de la empresa Celco, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

El magistrado otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales Salgado, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó este martes la excarcelación del ex militar, con los votos favorables de los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz.

Compañeros de Mery

En el procesamiento, que consta de más de 60 páginas, el ministro Solís dejó estampadas las varias alusiones que existen en estos casos por la participación del ex director de Investigaciones en la detención de estos opositores al régimen militar.

De hecho, varios testigos lo sindican como parte del grupo de agentes que detuvo a María Isabel Beltrán. Asimismo, uno de los detectives que prestó servicios en la Escuela de Artillería, Armando Torres Guajardo, sostuvo que en esa unidad "había un Departamento de Seguridad, a cargo del capitán Lecaros y contaba con otros funcionarios, como Nelson Mery, al mando de Jorge Zincke.

Participaba en los interrogatorios y respecto de María Isabel Beltrán, militante del MIR, arrestada en Santiago, presenció unos 3 interrogatorios a cargo del capitán Lecaros, el cual, para amedrentarla, la golpeaba, en la espalda, con un “churro” de goma".

En tanto, uno de los sobrevivientes de la Escuela de Artillería de Linares, Osvaldo Efraín Salazar Saavedra, quien fue detenido el 19 de diciembre de 1973 por un pelotón de militares y detectives que lo llevaron a la Escuela Militar y luego fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares, afirma que en ese grupo participó Nelson Mery.

Por su parte, el ex director de la policía civil, quien abandonó su cargo por su supuesta vinculación a violaciones a los derechos humanos, declaró en el procesó que "el 12 de septiembre de 1973, siendo detective, fue designado como Oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares y en una ocasión lo llamaron de la “Oficina de Inteligencia” y Aguilar le preguntó si conocía a Patricia Contreras, a quien ubicaba por ser amigo de su hermana, Elena".

"Contestó que sí y le ordenaron ir a Santiago porque aquella estaría involucrada en un ocultamiento de armas en Panimávida. Llegaron a una casa en calle Cienfuegos, en un jeep militar, a cargo del capitán Humberto Julio, iban además el sargento Aguilar y el detective Volta; la detuvieron y la llevaron a la Escuela Militar; al día siguiente, yendo de regreso, bajó del jeep y miró en el camión en que iba aquella y se encontró, además, con María Isabel Beltrán, quien fue detenida por los efectivos militares", añadió.

"Siempre estimó que María Isabel Beltrán era un objetivo de inteligencia militar como lo dijo por escrito el coronel Morales Retamal, quien señala que aquella pertenecía a una célula mirista, mantenía actividades extremistas en Parral y en la infiltración de personas en las Fuerzas Armadas, principal cargo por el cual fue detenida", aseguró Mery al tribunal.

La secretaria del Segundo Juzgado de Letras de Linares, Silvia Cáceres, entregó el detalle del encausamiento del ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, por el delito de tormento a presos políticos mientras operó como oficial de enlace con el Ejército en Linares, tras el golpe de Estado.

Según explicó, Judas Nelson Lenin Mery Figueroa fue sometido a proceso por 17 casos por prolongar "indebidamente la comunicación de un reo, aplicarle tormento o un rigor innecesario".

Además, dio a conocer el nombre de los demás encausados, todos por el delito de infracción al artículo 150, número uno, del Código Penal actual, los cuales son ex detectives y militares en retiro:

Nelson Volta Rosas, por 17 delitos.

Sergio Gallardo López, encubridor de 16 delitos.

Héctor Torres Guajardo, autor de 11 delitos.

Hugo González Yañez, autor de tres delitos.

Claudio Lecaros Carrasco, autor dos delitos.

Antonio Aguilar Barrientos, autor de cuatro delitos.

El martes, el juez de la Corte de Apelaciones de Talca Víctor Stenger determinó la detención del ex director de la Policía de Investigaciones, quien permanece privado de libertad en la escuela de formación isntitucional en la comuna de Estación Central de Santiago.

El juez investiga las denuncias de ex presos políticos de la zona, quienes denunciaron, en agosto de 2003, las torturas que sufrieron en recintos militares de la Séptima Región tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Mery figura entre los sindicados como responsables de los apremios ilegítimos, en su calidad de oficial de enlace entre Investigaciones y el Ejército en Linares tras el derrocamiento de Salvador Allende.

El ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery quedó en libertad tras ser revocado el auto de procesamiento dictado en su contra por el delito de "tormento" contra 17 presos políticos, detenidos en Linares tras el golpe militar de septiembre de 1973. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió el amparo presentado por la defensa del ex detective.

Con la determinación, adoptada por dos votos a uno, Mery quedó en libertad inmediata, luego de que el pasado martes quedara detenido en la Escuela de Investigaciones, tras ser notificado en Linares del encausamiento dictado por el juez de fuero Víctor Stenger.

El amparo fue votado favorablemente por los ministros Roberto Salazar y Luis Carrasco, este último presidente de la sala; mientras que el disidente fue Hernán González, quien lleva varias causas relacionadas con Colonia Dignidad.

Además, el tribunal de alzada confirmó las libertades provisionales que otorgó el magistrado a los otros seis involucrados en la causa, quienes deberán pagar una fianza de 100.000 pesos cada uno.

En agosto de 2003, la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares presentó una querella contra Mery y quienes resultaran responsables de los apremios ilegítimos que sufrieron durante sus detenciones en recinto militares de la Séptima Región, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Mery negó haber participado en torturas, dado que sólo cumplía funciones como oficial de enlace entre la policía civil y el Ejército en la zona, y no tuvo a su cargo interrogatorios de personas.

El pasado martes, el juez Stenger resolvió el encausamiento y detención de:

Judas Nelson Lenin Mery%i%, autor de 17 delitos de tormento.

Nelson Volta Rosas, por 17 delitos.

Sergio Gallardo López, encubridor de 16 delitos.

Héctor Torres Guajardo, autor de 11 delitos.

Hugo González Yáñez, autor de tres delitos.

Claudio Lecaros Carrasco, autor dos delitos.

Antonio Aguilar Barrientos, autor de cuatro delitos.

La Corte de Apelaciones de Talca confirmó las condenas por los delitos de tortura cometidos en la Escuela de Artillería de Linares entre los años 1973 y 1974.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Olga Morales, Vicente Fodich y el abogado integrante Roberto Salazar- ratificó la resolución del ministro en visita Víctor Stenger, de fecha de 16 de noviembre de 2006.

El magistrado había dictado en esa fecha sentencia por infracción al artículo 150 N°1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, por aplicar "tormento a un reo".

El ministro Stenger había determinado la pena para Nelson Volta Rozas, autor de 14 delitos sancionados cada uno con una pena de 61 días de presidio menor; Héctor Torres Guajardo, como autor de 6 delitos sancionados cada uno de ellos con una pena de 61 días de presidio menor; Antonio Aguilar Barrientos, autor de 4 delitos sancionados cada uno de ellos con una pena de 61 días de presidio menor; Hugo González Yáñez, como autor de 3 delitos sancionados cada uno de ellos con una pena de 61 días de presidio menor; y Claudio Lecaros Carrasco, como autor de 2 delitos sancionados cada uno de ellos con una pena de 61 días de presidio menor.

Por último, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Linares Juanita Soto  calificó las pensa impuestas a los es integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad como "una vergueza para los que sobrevivieron  a las torturas aplicadas bajo un regimen autoritario. ¿Qué ser humano puede recibir estas torturas y que ahora se rían de ellos  con estas condenas", se preguntó la representante de la agrupación de DDHH.

Las torturas según indica el expediente que acumuló 12 tomos y 4256 fojas, investigadas por el ministro Stenger ocurrieron principalmente en dependencias de la Escuela de Artillería de Linares entre los años 1973 y 1974.

La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a Belarmino Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa, prisioneros políticos que fueron sometidos a tormentos en la Escuela de Artillería de Linares, en 1973 y 1974.

Además, el Estado de Chile deberá paga una inserción de prensa en un diario de Talca y otro en Linares, en que se “haga público lo sustancial de lo fallado en autos rol N° 01-2003 por el Ministro de Fuero del Segundo Juzgado de Letras de Linares, don Víctor Stenger Larenas que condenó a Nelson Volta Rozas, catorce penas de 61 días de presidio; a Héctor Armando Torres Guajardo, a sufrir seis penas de 61 días de presidio; a Claudio Abdon Lecaros Carrasco, a sufrir dos penas de 61 días y a Antonio Aguilar Barrientos, a sufrir cuatro penas de 61 días de presidio como responsables del delito de aplicación de tormentos a reos de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974”.

En fallo unánime (causa rol 20580-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– ratificó la resolución recurrida que condenó al Estado de Chile por la responsabilidad de miembros del Ejército en los delitos.

Según la resolución, el Fisco a pagar $40 millones a Belarmino Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa, quienes fueron prisioneros políticos sometidos a tormentos en esa unidad militar de la región del Maule en 1973 y 1974.

“Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa”, precisa la sentencia.

Además, el Estado deberá pagar una inserción de prensa en un diario de Talca y otro en Linares, en que se “haga público lo sustancial de lo fallado en autos rol N° 01-2003 por el Ministro de Fuero del Segundo Juzgado de Letras de Linares, Víctor Stenger Larenas”.

Esto es penas aflictivas para que condenó a Nelson Volta Rozas, catorce penas de 61 días de presidio; Héctor Armando Torres Guajardo, con seis penas de 61 días de presidio; Claudio Abdón Lecaros Carrasco, dos penas de 61 días y a Antonio Aguilar Barrientos, a cuatro penas de 61 días de presidio como responsables del delito de aplicación de tormentos a reos de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974.

El ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery conversó con Crónica Digital sobre los hechos de la Escuela de Artillería de Linares, las estructuras de los organismos de seguridad de la Dictadura de Pinochet y su continuidad en democracia. Sentado en su escritorio como director de la Escuela de Criminalística de […]

El ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery conversó con Crónica Digital sobre los hechos de la Escuela de Artillería de Linares, las estructuras de los organismos de seguridad de la Dictadura de Pinochet y su continuidad en democracia.

Sentado en su escritorio como director de la Escuela de Criminalística de la Universidad La República encontramos al ex Director General de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa. De vestir impecable y pocas palabras. Su oficina es sencilla, sin adornos y siempre acompañado de su inseparable maletín rojizo, que recuerdan esas películas estadounidenses donde un agente del Servicio Secreto utilizaba uno similar pero esposado a su muñeca, acompañando siempre al Presidente. Los secretos del Mandatario van seguros.

Mery es un personaje controversial. Su imagen en sí misma genera contrapuntos. Para muchos, un hombre temido porque sabe demasiado. Para otros, un incomprendido por la labor que le tocó desarrollar en los últimos 36 años, donde el silencio público fue su mejor aliado, mientras no paraba de hablar en Tribunales cuando se trataba de contar lo que vio y conoció en la Escuela de Artillería de Linares, donde fue nombrado enlace en 1973.

El diálogo con Nelson Mery fue extenso. Intentamos hacer una crónica narrativa testimonial y reveladora. Documentos y antecedentes inéditos que hablan de lo realizado por el Departamento V de la Policía de Investigaciones. Los resultados del caso Odette Alegría donde se demostró judicialmente su inocencia, aunque tuvo que pagar el costo de abandonar su institución. Quizás lo más revelador es descubrir que los organismos represivos que con total impunidad actuaron en dictadura siguen operando en democracia.

En esta primera parte trataremos el tema de la Escuela de Artillería, su rol como enlace policial. Lo que hizo y no hizo. Mery afirma que su silencio sirvió para salvar vidas en los momentos más duros de la represión.

LINARES: CAMINO AL GOLPE

A comienzos de los 70, Linares no se diferenciaba mucho de lo que sucedía en el resto del país. Algunos hechos políticos marcaron la polarización de la Provincia y la colocaron en el centro noticioso durante los mil días que duró el gobierno del Presidente Salvador Allende y el proyecto político de la Unidad Popular.

Las crecientes y masivas tomas de fundos en la Provincia provocaron el inicio de la resistencia de los latifundistas, con un hecho emblemático: el asesinato del Jefe Zonal de la CORA, Hernán Mery Fuenzalida. El 30 de abril de 1970, concurrió al fundo La Piedad para efectuar la expropiación de 300 hectáreas del predio, acompañado por el notario público Jaime Morandé y una fuerza de 200 Carabineros al mando del general Rolando Santos Wittke. En respuesta, los hacendados y algunos trabajadores a su servicio se opusieron a la medida originando un grave enfrentamiento. El resultado: Mery fue abatido de un garrotazo en la cabeza. El propietario del predio, Gabriel Benavente, y otras 57 sujetos más fueron detenidos por estos hechos.

En los años posteriores las tomas de tierras se masificaron al grado que se radicalizaron aún más las posiciones entre quienes estaban a favor y en contra del proceso de reforma agraria iniciada por Eduardo Frei Montalva y profundizada por Salvador Allende. Por ejemplo, el 20 de octubre de 1971 fueron tomados, simultáneamente, 45 fundos por los campesinos en Linares y se declaró un paro provincial. La acción exigía al Gobierno la reincorporación del Director Zonal de CORA, Gabriel Coll Prado, quien había sido destituido del cargo al ser sorprendido por Carabineros con armas en su vehículo.

Otro hecho que colocó a Linares y a toda la Provincia en el centro político fue la decisión de un diputado del Partido Nacional de renunciar a su cargo y abandonar el país por el solo hecho del triunfo de Allende. Ello provocó que se realizaran elecciones complementarias donde competirían María Elena Mery, cristiana de izquierda, y Sergio Diez, por la derecha. El mismo que, años después, representando a la dictadura de Augusto Pinochet en Naciones Unidas, negaría la existencia de detenidos desaparecidos en Chile.

La elección complementaria produjo que las organizaciones políticas se concentraran en la zona para hacer campaña. La lucha electoral estuvo marcada por los enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares Patria y Libertad y Comando Rolando Matus y partidarios de la izquierda pertenecientes a las Brigadas Elmo Catalán (PS) y Ramona Parra (PC).

El 4 de enero de 1972, escuadras de Patria y Libertad que comandaba el presidente del PN, Fernando Romero, atacaron a militantes de izquierda que hacían propaganda por la candidata de la izquierda, hiriendo gravemente al vicepresidente de la UP de San Javier, Celso Valenzuela Mellado. Dos días más tarde, la funcionaria de la CORA Teresa Célice fue agredida por partidarios de Sergio Diez en el Fundo La Obra, quienes al negárseles el acceso al local sindical descargaron su ira en contra de la mujer. La acción del grupo de derecha no pasó a mayores gracias a la defensa de los mismos campesinos que repelieron el ataque. Dos semanas después comandos armados de Patria y Libertad secuestraron y golpearon a un grupo de estudiantes secundarios que realizaban trabajos voluntarios en el Fundo Las Peñas.

Las manifestaciones políticas y sociales se multiplicaron en toda la región y las elecciones parlamentarias de 1973 estuvieron marcadas por la violencia. Los medios de comunicación difundían ampliamente los problemas aumentando la conflictividad social.

El 11 de septiembre de 1973 sorprendió a Linares enfrentada. Con el golpe militar, sus habitantes comenzaron a escribir otra etapa de su historia. Una marcada por la tortura, por las detenciones ilegales y por la desaparición forzada de personas, donde carceleros y genocidas comenzaron a tener rostro, nombre y apellido. Un cúmulo de hechos que hoy está por aclararse en los Tribunales de Justicia.

La historia tiene siempre testigos. Personajes que deben cumplir roles y se transforman en piezas fundamentales de los hechos. Uno de ellos es el ex Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery Figueroa, a quien antes y después del Golpe Militar le tocó presenciar, las atrocidades de las autoridades militares que, con mano de hierro, condujeron los destinos de cientos de chilenos detenidos en la Escuela de Artillería del Ejército en la ciudad de Linares.

– ¿Qué edad y grado tenía usted para el golpe?
– Para el golpe era detective primero. Tenía 31 años y hasta el 11 de septiembre me desempeñaba en la Oficina de Informaciones de la Policía de Investigaciones, más conocida como «policía política».

– ¿Cuál era su función en la llamada Policía Política?
– La labor de un oficial de información era recabar lo que sucedía en fuentes abiertas. Informar a los superiores de las actividades públicas de los partidos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Por ejemplo, cuando me tocaba participar en manifestaciones, los organizadores me conocían e inclusive me dieron el apelativo de «Pepito». Uno estaba tan involucrado en esto que los partidos políticos sabían la función que nos tocaba cumplir y nosotros ya conocíamos los énfasis de cada discurso, las ideas fuerzas que plantearían, etc. Entonces, informábamos todo lo que estaba sucediendo en términos de reuniones públicas, concentraciones, el estado de los paros, de las huelgas, de las tomas de terreno.

– ¿Es tan efectivo que los partidos políticos de Linares lo conocían como miembro de la Policía Política?
– Yo nunca en Linares oculté que trabajaba en Informaciones porque consideraba que mi función estaba dentro del Estado de Derecho. Yo llegué a esa unidad durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, aunque muy de vez en cuando trabajaba en el área operativa. Lo que se hacía era informar a los superiores y eran ellos lo que determinaban el uso de esa información. No había nada que uno pudiera cuestionar.

– ¿Qué tanto conocía a los dirigentes de los partidos de la UP y de la derecha?
– Aparte de conocerlos en sus cargos y dirigencias, también ocurría, como pueblo chico, que existían lazos de amistad y conversaciones más humanas y más sociales.

– ¿Su familia era simpatizante del gobierno de Allende?
– Mi familia paterna era allendista. Mi madre también. Nosotros éramos cinco hermanos y, con la excepción de una, todos éramos simpatizantes de la Unidad Popular, aunque no militantes. Al menos entre los que estábamos en la ciudad no había duda. El único que tenía militancia era mi cuñado, Hernán Gómez Torres, quien era militante del MAPU y jefe del Departamento de Planta de la Compañía de Teléfonos de Linares.

– ¿Qué le pasó a su cuñado?
– El 24 octubre de 1974 fue detenido por la DINA en Linares. Lo trasladaron a Santiago a un recinto secreto de detención y lo liberaron el 8 de noviembre del mismo año en las cercanías de la Penitenciaría, desde un vehículo en marcha. Como familia nos tocó concurrir a los recintos de detención, mi hermana interpuso un recurso de amparo en Tribunales y la denuncia se tramitó ante el Comité Pro Paz. Luego de ser liberado, mi cuñado volvió a Linares y me contó que lo habían detenido porque sospechaban que era una de las personas que facilitaba las comunicaciones al programa «Escucha Chile» que transmitía Radio Moscú. Años después, y producto de todo esto, mi cuñado se suicidó. Él nunca superó lo que vivió, estuvo enterrado en una zanja, vendado. Pero siempre tuvo una especie de recelo a contar lo que realmente vivió.

EL NUEVO ESCENARIO

Producido el golpe militar se informó a la ciudadanía de la Provincia de Linares que se habían definido nuevas autoridades. El periódico El Heraldo (adjunto1), el miércoles 12 de septiembre de 1973 señaló que asumía como Intendente y Jefe de la Zona de Plaza de la Provincia de Linares el coronel Gabriel del Río Espinoza y como segundo al mando (ayudante) el capitán Humberto Julio Reyes. En el bando, el coronel Del Río recalcaba que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 223, «asumo el mando de todas las Fuerzas Militares, de Carabineros, Investigaciones y de las Autoridades Administrativas de la Provincia». En el mismo documento se establecía, además, los nombramientos de los Gobernadores de los Departamentos de Parral y Loncomilla a otros oficiales, entre ellos, el capitán Claudio Lecaros Carrasco, quien meses después asumiría como jefe del Departamento II de Inteligencia Militar en la Escuela de Artillería de Linares.

– ¿Por qué lo nombraron enlace entre Investigaciones y la Escuela de Artillería?
– Mi jefe, el comisario Ricardo Hernández, simplemente me designó en esa función. Inmediatamente le pregunté la razón, ya que era el menos indicado. Todo Linares sabía que había votado por Allende, pues estábamos participando dentro de un juego democrático donde no se ocultaba la simpatía política. Por eso le manifesté a mi superior este conflicto, ya que inteligencia militar podría estar al tanto de esta información. El reglamento de Investigaciones me permitía representar esta situación. Él me reiteró la orden. Tuve la obligación de cumplirla.
Con los años, pienso que mi jefatura tomó esa decisión por el rol que cumplía en la Oficina de Informaciones.

– Es decir, fue una decisión del mando de la institución.
– Fue una decisión suya, yo no pedí que me comisionaran en esa función. A los 15 días de estar en el cargo comencé a tratar de volver a mi unidad y no me lo permitían, porque el primer bando militar establecía que las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones pasaban a depender directamente del Jefe de Plaza. Entonces las órdenes ya no las daba el comisario sino que la autoridad militar, el coronel Gabriel del Río, quien sólo el 28 de diciembre de 1973 me liberó de la función de enlace, regresando a mi unidad. Otra de las cosas que avaló la decisión del Jefe de Plaza eran las instrucciones del general Ernesto Baeza, donde instruía que los policías civiles debían volver a sus unidades.

– ¿Cuál era el rol de los organismos de inteligencia y cuáles eran los métodos que usaban para detener personas?
– Lo primero son los Bandos y llamamientos públicos para presentarse a la Escuela de Artillería. Estaban dirigidos a los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, políticos, gremiales, sindicales y campesinos, además de la gente del MIR. Los Bandos eran publicados por los diarios locales. Cuando comenzaron a llegar los detenidos a la Escuela de Artillería la pregunta era: ¿qué preguntar, sobre qué? Es ahí cuando Inteligencia Militar sacó un cuestionario base sobre tres o cuatro puntos que no podían dejar de preguntarse: el rol del detenido en el famoso Plan Zeta; las armas, que eran una cosa importante; preguntarle sobre su historia política.

– En ese contexto, ¿cuál fue su papel específico?
– En mi caso particular, lo primero que hice fue presentarme ante el coronel Gabriel del Río y me derivó al Departamento II de Inteligencia Militar, por lo que tuve que presentarme con el mayor Jorge Zincke Quiroz. Como comenzaron a llegar tantos detenidos, Inteligencia me dio la orden de revisar los antecedentes que tenía cada uno de ellos en la Oficina de Informaciones de Investigaciones de Linares como de Santiago. Dado que el número de detenidos aumentaba, me asignaron la función de tomar declaraciones. Yo trabajé solo porque estaba a cargo de revisar los antecedentes políticos que tenían los detenidos en Investigaciones, pues para poder tomar una entrevista a una persona debía saber qué preguntar y quién era. Yo siempre he dicho que entrevistaba, y siempre con las puertas abiertas, que custodiaban los militares.

– Usted ha dicho que nunca vio torturas en la Escuela de Artillería, pero eso no significa que no conociera que en ese recinto se aplicaban tormentos a los detenidos…
– Las personas que me tocó entrevistar hacían referencia de haber sido torturadas y así lo he declarado judicialmente. De igual forma lo declaré en el Congreso a raíz de la investigación de la cual fui objeto. En esos años daba cuenta de esta situación de apremios al jefe de Inteligencia Militar, al mayor Jorge Zincke Quiroz, y en los procesos le he reiterado en su cara la existencia de estas denuncias. A estas alturas, ellos desconocen todo, pero yo di cuenta en su oportunidad de lo que estaba ocurriendo. Ellos me decían: «usted no se meta ahí».

– ¿Zincke siempre estuvo al mando de Inteligencia Militar?
– Entre octubre y mediados de noviembre se produjo un relevo. Zincke dejó el cargo y lo reemplazó el capitán Claudio Lecaros Carrasco, quien al cesar como gobernador de San Javier volvió a la Escuela para hacerse cargo del Departamento II. A los pocos días aparecieron dos funcionarios de Investigaciones de San Javier agregados a Inteligencia Militar, Carlos Neves y Nelson Volta Rozas. Él los trae.

CIENFUEGOS 132

Uno de los episodios más conocidos de violación a los derechos humanos en la Escuela de Artillería de Linares guarda relación con la detención y posterior desaparición de la estudiante de música de la Universidad de Chile, María Isabel Beltrán Sánchez, el 18 de diciembre de 1973. Nelson Mery Figueroa siempre ha reconocido su participación en la detención de la joven, junto a Patricia Contreras Farías. Con los años, también se ha podido determinar la participación en estos hechos de otros militantes del MIR, Norma Montesinos Parra y Osvaldo Salazar. En declaraciones judiciales, el ex preso político Belarmino Sepúlveda ha afirmado que en la detención de ambas mujeres participó Norma Montesinos Parra. La mujer fue detenida el 11 de diciembre de 1973 el Linares y trasladada a Santiago.

Montesinos ha reconocido que en el trayecto hacia la Escuela Militar habría pasado por varias direcciones de la capital, entre ellas Cienfuegos 132. Si su versión de los hechos es correcta, había estado en el lugar antes del operativo militar donde finalmente detuvieron a Patricia Contreras y María Isabel Beltrán (adjunto 2). Al respecto existe coincidencia en los dichos de Montesinos. En el año 2002, Patricia Contreras señaló en una declaración jurada (adjunto 3) que cuando se encontraba detenida en la Escuela de Artillería y estaba siendo interrogada por Nelson Mery ingresó al lugar Norma Montesinos: «Momento después trajeron a Norma Montesinos que quedó a mi espalda, por lo que no la pude ver, pero reconocí su voz. A ella Mery le pregunta si yo era la persona que había visto ingresar a la casa de María Isabel, lo que ella respondió afirmativamente».

Por los hechos acontecidos en la Escuela de Artillería fueron procesados en su oportunidad, el ex vicecomandante en Jefe del Ejército, Teniente General Jorge Zincke Quiroz, quien era el Jefe de Inteligencia Militar en Linares (1973); el ex general Carlos Morales Retamal, en su calidad de Director de la Escuela de Artillería en 1974; el ex general Humberto Julio Reyes, ayudante Escuela de Artillería; el ex coronel Félix Cabezas Salazar, subdirector de la Escuela de Artillería; el ex coronel Claudio Lecaros Carrasco, jefe de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería; el ex coronel Juan Morales Salgado, gobernador de Constitución; el ex suboficial mayor Antonio Aguilar Barrientos, entonces del SIM, y el ex comisario de Investigaciones, Héctor Torres Guajardo.

– ¿Por qué lo nombraron a para viajar a Santiago para detener a Patricia Contreras Farías?
– La razón específica hasta hoy la ignoro. Resulta que me llamaron de Inteligencia Militar y, derechamente, me preguntaron si conocía a Patricia Contreras. Yo les digo que sí pero me llamó la atención la forma como Inteligencia me preguntaba sobre ella. Es ahí donde me enteré que debía viajar a Santiago a detenerla ya que estaba involucrada en un supuesto entierro de cuatro armas en la zona de Panimávida.

– ¿Ella era militante de algún partido político, tenía algún cargo?
– Yo la conocía. Era militante socialista y entiendo que no tenía ningún cargo en la organización. Lo que deduzco es que alguien le dijo a Inteligencia Militar que yo la conocía y, aún más, que era mi amiga o tenía una relación más intima con ella.

– ¿Qué relación tenía Patricia Contreras con María Isabel Beltrán?
– Eran amigas y estaban en la misma casa.

– ¿Como se explica que en el operativo de Cienfuegos haya sido tan desproporcionado, un enorme contingente de militares con focos para detener a una simple militante de base socialista?
– Si hacemos la siguiente relación: Patricia Contreras, militante socialista involucrada en el entierro de cuatro armas, es conocida por Nelson Mery, se podría justificar que yo viniera a Santiago. Pero ahora, ¿cómo se explica que al momento de viajar en un jeep militar desde Linares el primer destino sea la Escuela Militar, que en dicho recinto se acople un convoy enorme de 20 ó 30 militares para hacer una simple detención en calle Cienfuegos, domicilio que tampoco conocía? Desconozco las razones militares que determinaron esta acción… con soldados por todas partes, en la noche, con focos enormes apuntando un tercer piso. Con el tiempo he pensado que había algo mayor dispuesto por Inteligencia del Ejército. ¿Cuándo lo comienzo a entender? Cuando aparece detenida, y con destino a Linares, María Isabel Beltrán.

– ¿Cuál cree que fue la causa de la detención de María Isabel?
– Con los años me entero de una carta (adjunto 4) que envía el coronel Carlos Morales Retamal a la madre de María Isabel, Oriana Sánchez, donde le explica las razones de su detención. Aparte de ser tildada en el documento como extremista se señala que la joven estaba a cargo de la infiltración de las Fuerzas Armadas. Entonces, pienso que si acusaban a una persona del MIR de encargada de infiltración en las Fuerzas Armadas era claro que este operativo representaba un objetivo importante para la inteligencia militar.

– ¿Quién estaba a cargo del operativo de calle Cienfuegos 132?
– Por más que lo niegue, el responsable del operativo militar de calle Cienfuegos 132 fue el capitán Humberto Julio Reyes. Son los militares quienes manejaban la información respecto de María Isabel, porque era un objetivo militar. Mi misión era detener a Patricia Contreras Farías y no a esta joven estudiante de música.

– En la investigación judicial aparece el nombre de Norma Montesinos. ¿Cuál era su rol en todo esto?
– Bueno, lo que yo he podido leer en la prensa e informes policiales, y conocer por conversaciones que he tenido con gente del MIR de la época, es que ella en esa fecha se encontraba en Santiago y había sido trasladada en un convoy disgregado de Linares. ¿A que vino antes? ¿Qué fue lo que hizo? Ella debe responder estas interrogantes.

– En el proceso consta que usted decidió identificarse con la familia de María Isabel.
– Esa noche del 18 de diciembre de 1973, la familia pedía a los captores que se identificaran. Los militares se negaron reiteradamente a dar su nombre. La madre de María Isabel me solicitó mi nombre y yo accedí. Fui el único que lo hizo y la razón obedecía a que era la forma correcta de actuar de un detective. No tenía que ocultar mi identidad, sobre todo porque era de conocimiento público que en la búsqueda de los detenidos eran negados en los cuarteles y sus familiares se encontraban en la incertidumbre. No sabían que pasaba con su gente. Quise dejar un indicio para que la familia pudiera saber por dónde comenzar a buscar.

– Usted siempre fue identificado por los familiares de María Isabel como uno de los responsables de su detención…
– Así lo he sabido. Por eso siempre quise hablar con la familia y cuando fui Director General de Investigaciones envié mensajes a los familiares. Ellos al principio fueron renuentes. Yo quería contarles mi parte de la historia y que la propia familia pudiera comprobar mi versión.

– ¿Cuando se da cuenta que María Isabel Beltrán iba con ustedes con destino a Linares?
– Luego de producida la detención de ambas mujeres, nos trasladamos a la Escuela Militar donde nos separaron de las detenidas. A mí me tocó dormir en unos galpones sobre una frazada, lo que me produjo una amigdalitis severa. Luego, en la mañana y en dirección a la Escuela de Artillería, uno de los vehículos quedó en panne por lo que me bajé para verificar si venía o no mi detenida (Patricia Contreras), ya que no tenía la certeza que viajara en el convoy. Es en ese momento que me di cuenta que junto con Patricia Contreras venía María Isabel Beltrán. Ambas estaban acompañadas por el sargento Antonio Aguilar.

– ¿Qué pasó en Linares?
– Llegamos a la Escuela de Artillería, donde ambas quedaron detenidas y yo, ese día, me fui a mi casa a reposar por el viaje y la amigdalitis que se me había provocado por la helada. Producto de esta infección me dieron una licencia médica que duró hasta prácticamente la Navidad.

– ¿Cuándo fue la última vez que vio a María Isabel Beltrán?
– El 28 de diciembre, el mismo día que soy relevado de mi función de enlace y vuelvo a la Unidad policial. Fue la última vez que la vi. María Isabel Beltrán se encontraba sentada en una banca de madera en un pasillo en el que se ubicaban las dependencias del Departamento II de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería de Linares. Con el tiempo pude saber que Patricia Contreras había sido conducida al Centro de Reclusión del Buen Pastor.

– ¿Volvió a ver a Patricia Contreras?
– Entre enero y marzo, no recuerdo bien la fecha, me llamaron de la Escuela porque se había extraviado la declaración de Patricia Contreras y tenían la decisión de hacerle un Consejo de Guerra. Como yo la había detenido, Inteligencia Militar me preguntó por el documento y como no lo encontraron me ordenaron tomarle una nueva declaración. Voy a la Escuela en la tarde, y le tomo la declaración. Esa vez se dio la ocasión de conversar, ella me narró lo que pasó una vez que regresamos de Santiago, cómo la interrogaron a ella y Maria Isabel, lo que les hicieron… Ella me dice que cuando llegó a la Escuela de Artillería la interrogaron y, posteriormente la enviaron a Buen Pastor. En cambio, a María Isabel Inteligencia Militar la mantuvo en la Escuela. Hoy tengo claro que para los militares del Departamento II, María Isabel Beltrán era su objetivo fundamental.

LAS CUOTAS DE HUMANIDAD

– Volviendo a su labor de enlace, ¿cómo se sentía con lo que estaba haciendo, deteniendo gente, interrogando?…
– Lo que yo traté de hacer durante todo el tiempo que estuve en la Escuela de Artillería de Linares fue contribuir con pequeñas cuotas de humanidad. No podía salir de ahí, existía una orden de mi mando superior que me obligaba a ser parte de todo eso. Verme involucrado en estas situaciones me significaba una enorme carga de tipo emocional, me sentía pésimo. La única forma de sublimar esta presión fue con esas pequeñas cuotas de humanidad y convenciéndome que con mi actitud podría ayudar a salvar vidas, disminuir las torturas y aclarar cosas. Es más, hubo mucha gente que quedó libre a partir de las declaraciones que me tocó realizar. De esta forma compensaba esa aflicción que sentía.

– Pero usted conocía a la gente que estaba siendo detenida. ¿Cómo entendemos esas cuotas de humanidad de las cuales habla…?
– Si yo hubiese tenido otra disposición frente a los hechos ocurridos en esos años, si hubiese estado de acuerdo con el golpe militar, podría haber utilizado la información que tenía de cada uno de los dirigentes políticos de Linares. Muchos habrían sido detenidos, pero la realidad demuestra que no fue así. Existen casos de personas importantes de las orgánicas partidarias que yo conocía y que nunca fueron detenidas ni denunciadas.

– ¿Quiénes entonces entregaron los datos para detener personas?
– Lo que pasa es que el chileno tiene la memoria frágil. Hay que recordar que producido el golpe militar, al otro día comenzaron a llegar anónimos donde los mismos vecinos denunciaban a sus propios vecinos, a sus propios amigos. Inteligencia Militar se engolosinó con esas fuentes de información, se multiplicaron los informantes aficionados y con ello las delaciones.

– ¿La Inteligencia Militar alguna vez cuestionó su trabajo o sus formas de interrogar?…
– Sí. Me decían que debía ser más inquisitivo. El mayor Jorge Zincke me increpaba por «la calidad de mis informes» y yo respondía que así realizaba mi labor y que si no estaba conforme me podía devolver al Cuartel de Investigaciones. El Departamento II cuestionaba la forma en la que hacía las declaraciones… las consideraban demasiado simples a la luz de la inteligencia militar. La gente se olvida que en esos tiempos que un soldado conscripto o un cabo mandaba más que cualquier civil. El poder era militar.

– ¿Por qué decidió guardar silencio por tantos años? ¿Tuvo miedo?
– Nunca tuve miedo, pero si puedo afirmar que durante los cuatro meses que estuve en la Escuela de Artillería de Linares perdí nueve kilos de peso. Para comprender la situación que se vivía en Linares en esos años, puede relatar el caso de un vecino de mi familia que trabajaba en la Corporación de Reforma Agraria (CORA), militaba en la Izquierda Cristiana y fue involucrado en un contrabando de metralletas. Conversábamos siempre y yo le decía que se quedara tranquilo porque si sabía algo yo conversaría con él. Estaba súper preocupado, al grado que se murió de un ataque al corazón por la angustia que le generó esa situación. Nunca mi vecino fue detenido, pero el temor fue tan fuerte que no pudo administrar esta situación. Yo sabía quién era y personalmente conocía a otros tantos que nunca fueron apresados y que eran dirigentes políticos importantes de Linares. Entonces, volviendo al tema de los miedos y de los silencios, las personas nunca han valorado los silencios que tuve en ese tiempo. Si no hubiese sido por mi silencio habían sido detenidos muchos amigos míos del Frente Interno del PS de Linares, por ejemplo.

– ¿También mantuvo silencio frente a los Tribunales de Justicia?
– Nunca. El silencio público no fue un silencio procesal. La primera declaración que realizo ante un Tribunal fue en 1976 a raíz de la detención de Alejandro Mella Flores, un militante del MIR. En esa oportunidad reconocí judicialmente que él estuvo preso en la Escuela de Artillería, un dato que a esa fecha ningún militar reconocía. Hay que decir también que muchos utilizaban nombres políticos o chapas y eso a veces dificultaba saber quien era quien. Personalmente he prestado muchas veces declaraciones judiciales, inclusive a pedido de los mismos familiares de las víctimas.

– ¿Qué hace Nelson Mery después de volver a su unidad en Investigaciones?
– En Linares volví a mis labores de extranjería. En enero se produjo otro problema con los militares, ya que se abrieron los pasos fronterizos de la zona, porqué mucha gente viajaba a Argentina. Por mi función policial comienzo a dar salvoconductos y de repente llegó una orden interna indicando que desde ese momento los salvoconductos los debía autorizar el Departamento II de Inteligencia Militar de la Escuela de Artillería. Al principio, agrupaba los salvoconductos, iba a la Escuela, pasaba directo al SIM y esperaba que los timbrarán con un sello rojo, pero después los comencé a dejar en la guardia y ahí mismo me dejaban una carpeta con los autorizados.

– ¿Por qué se produjo el cambio de procedimiento?
– Con los años me he enterado que a la Inteligencia Militar no le perecía que yo estuviera dando solicitudes de pasaporte y salvoconductos, ya que a su juicio algunas personas estaban aprovechando esta situación para arrancar de la zona. Ahora, también hay otro hecho que tiene su reciprocidad con la decisión adoptada en Linares: en todo Chile y sus pasos fronterizos los pasaportes y salvoconductos era revisados por el SIM. Era su forma de controlar.

– ¿Durante la dictadura le tocó vincularse a labores de inteligencia o a organismos que cumplían esas funciones en la Policía de Investigaciones?
– Desde que salgo de la Escuela de Artillería mi trabajo se realizó en la sección de extranjería. Esa función no me significaba nada operativo. Era una forma de no verme contaminado con nada. Luego en 1975 soy trasladado a San Javier y posteriormente a Iquique, siempre en labores de secretaría. En 1981 vuelvo a Santiago a Policía Internacional y después me embarco en el área de educación, hasta mi nombramiento como Director General. Desde los hechos de Linares nunca más fui operativo.

– ¿Que lo diferencia a usted de las declaraciones realizadas por los militares en los casos de Linares?
– Yo siempre he dicho lo mismo mientras que los militares responsables de los hechos de la Escuela de Artillería han variado sus declaraciones. Con ellos he tenido sendos careos, los he identificado como responsables y ¿qué hacen?… lo niegan todo o no se acuerdan de su participación. En el mismo caso de María Isabel Beltrán, por ejemplo, yo siempre he afirmado lo mismo respecto de su detención, pero los militares siempre negaron su participación. Recién en el 2003 los uniformados comenzaron a reconocer que habían participado. Reitero: mis silencios en la prensa no significan que he guardado silencio en tribunales. Es ahí dónde hay que hablar.

CLANDESTINIDAD E INFORMANTES

En 1992, Nelson Mery fue nombrado Director General de la Policía de Investigaciones por el Presidente Patricio Aylwin Azocar, quien encabezaba la Concertación por la Democracia luego de derrotar en las urnas al candidato del pinochetismo, Hernán Büchi. Sin embargo, la democracia estaba atrapada por los enclaves de la dictadura. Se mantuvo la Constitución de 1980 y Augusto Pinochet se atrincheró en la Comandancia en jefe del Ejército hasta 1998, para luego autodesignarse senador vitalicio. La decadencia del dictador se inicia con su sorpresiva detención en Londres el año 2000. Hoy se encuentra procesado por violación de derechos humanos y junto con su familia esta siendo investigado por enriquecimiento ilícito, fraude al fisco, posible tráfico de armas y de drogas.

Durante la gestión de Mery se reestructuró el Departamento de Asuntos Internos, conocido como «Departamento V», área especializada en materia de derechos humanos. Entre 1992 y el año 2003, el «Quinto» ha ubicado más de 6 mil testigos y víctimas sobrevivientes; ha reconstruido los organigramas de la DINA, DINA Exterior, CNI y Comando Conjunto con sus vinculaciones con miembros de Patria y Libertad, descubriendo todas las brigadas operativas y agrupaciones especiales que operaron durante el régimen militar.

Además, descubrieron más de 530 identidades operativas de agentes de seguridad y ubicaron 55 recintos secretos de detención, conformando un archivo con más de 25 mil registros que permiten ubicar a los agentes de seguridad. En auxilio a los tribunales de justicia han detenido más de 300 integrantes activos o en retiro de las Fuerzas Armadas, de los cuales, 250 han sido procesados por diversos delitos. Por último, las acciones del «Quinto», permitieron la detención de Osvaldo Romo MENA, alias el Guatón Romo (1992), de Miguel Estay Reyno, alias el Fanta (1992) y, de Carlos Herrera Jiménez, alias el Boccaccio (1994), que se ocultaban en Brasil, Paraguay y Argentina respectivamente, con identidades falsas.

– ¿En cuántos casos de derechos humanos ha declarado?
– Como en 10 casos, en algunos como testigo y en otros como inculpado. En general, en los casos de la Escuela de Artillería de Linares siempre he declarado.

– ¿Ha estado procesado por algún caso de derechos humanos?
– Sí, tuve un procesamiento en Linares y fue producto de la contraquerella que presentó la señora Odette Alegría en respuesta a mi querella por injurias y calumnias. Pero la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema me absolvieron. Pese a lo que ha salido en ciertos medios de comunicación, donde se buscó establecer un manto de duda en torno a mi persona, nadie ha declarado que yo lo hubiese torturado o aplicado en su contra algún apremio ilegítimo. Nunca. El reproche más grande es decir que yo estaba ahí, pero responsablemente nadie podría decir que participé en violaciones a los derechos humanos porque sería una mentira.

– ¿Usted cree que han servido de algo sus declaraciones en los juicios?
– Creo que sí y, por lo mismo pienso que ellas son la causa de los problemas que me han traído después.

– En su opinión, ¿judicialmente está claramente establecida la participación de cada uno de los militares y civiles que participaron en violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Artillería de Linares?
– Tengo la impresión que en el caso de Linares quedan aspectos más mediáticos que judiciales. Yo sé que, procesalmente, se ha avanzado bastante. Lo que sí queda pendiente son el tema de las exhumaciones que se generan en 1978 (felizmente yo estaba en Iquique en esa fecha) y el tema de los informantes que todavía está en la nebulosa, tanto en Linares como en el resto del país.

– ¿Por qué cree que el ex Presidente Patricio Aylwin lo nombra jefe de la policía de Investigaciones?
– Me nombran director interino por los avances propios del escalafón funcionario. Era el número dos de la institución, por antigüedad, pero provenía de educación y no del área operativa. Horacio Toro respetó el escalafón y me nombraron. En esa oportunidad yo hice presente al Gobierno el caso de Linares y quería que el Ejecutivo lo tuviera suficientemente claro. Así que investigaron y desestimaron mis aprehensiones.

– Al asumir el cargo de Director General usted anuncia que removerá a todos los funcionarios que tuvieron participación en organismos de seguridad como la DINA y la CNI.
– Recuerde usted que en marzo de 1992, al asumir la Dirección General, la Policía de Investigaciones de Chile vivió las repercusiones de los llamados «Planes Halcón» tras conocerse documentos clasificados de inteligencia policial, filtrados por un subcomisario de Investigaciones ligado a organismos de seguridad del régimen militar, lo que significó una preocupación respecto de la lealtad con la Institución que tenían los funcionarios, especialmente quienes habían participado en la ex DINA y ex CNI, que alcanzaban alrededor de 300 activos. En lo personal, pensaba que muchos de ellos seguirían siendo funcionales a los ex organismos de seguridad y estimaba también que generarían bolsones de resistencia al cambio necesario para la reconversión institucional y al compromiso con la democracia.

– Me imagino que no fue la única medida.
– En efecto. Yo asumo y comunico a todo el personal que se termina en la Policía de Investigaciones el apremio ilegitimo y que quienes cayeran en eso serían dados de baja de la institución, tal como se cumplió. Otro aspecto que había que atacar era la deshonestidad y la corrupción y, precisamente donde estaban instalados todos estos problemas eran en los ex DINA y ex CNI, por lo que comencé a removerlos de sus cargos. Pensaba que con ese lastre, Investigaciones no podía funcionar bien. Poco a poco se fue alejando a estos personajes de la Institución, mientras un valioso núcleo de detectives se adhería al proyecto transformador. Nadie puede decir que algunos de estos personajes fueron ascendidos al grado de oficial general durante el tiempo que ejercí el cargo.

 

LA POLICIA, LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y LOS INFORMANTES

En 1992, Nelson Mery es nombrado Director General de la Policía de Investigaciones por el Presidente Patricio Aylwin Azocar, quien encabezaba la Concertación de Partidos por la Democracia luego de derrotar en las urnas al candidato del pinochetismo, Hernán Büchi. Sin embargo, la democracia estaba atrapada por los enclaves de la Dictadura. Se mantiene la Constitución del ´80 y el general Augusto Pinochet se atrincheró en la Comandancia en jefe del Ejército hasta el año 1997 para luego autodesignarse senador vitalicio. La decadencia del Dictador se inicia con la sorpresiva detención del ex general en Londres el año 2000 y hoy se encuentra procesado por violación de derechos humanos y junto con su familia esta siendo investigado por enriquecimiento ilícito, fraude al fisco, posible tráfico de armas y de drogas.

Durante su gestión se reestructura el Departamento de Asuntos Internos, conocido como «Departamento V», área especializada en materia de derechos humanos. Entre 1992 y el año 2003, el «Quinto» ha ubicado más de 6 mil testigos y víctimas sobrevivientes, ha reconstruido los organigramas de la DINA, DINA Exterior, CNI y Comando Conjunto con sus vinculaciones con miembros de Patria y Libertad, descubriendo todas las brigadas operativas y agrupaciones especiales que operaron durante el régimen militar.

Además, descubrieron más de 530 identidades operativas de agentes de seguridad y ubicaron 55 recintos secretos de detención, conformando un archivo con más de 25 mil registros que permiten ubicar a los agentes de seguridad. En auxilio a los tribunales de justicia han detenido más de 300 integrantes activos o en retiro de las Fuerzas Armadas, de los cuales, 250 han sido procesados por diversos delitos.

Por último, las acciones del «Quinto», permitieron la detención de Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo (1992), Miguel Estay Reyno, el Fanta (1992) y, Carlos Herrera Jiménez, Boccaccio (1994), que se ocultaban en Brasil, Paraguay y Argentina respectivamente, con identidades falsas.

– Porque cree que el ex Presidente Patricio Aylwin lo nombra jefe de la policía de Investigaciones.
– Cuando ocurren los hechos de la operación de los planes Cóndor con el general Horacio Toro a mí me nombran director interino por los avances propios del escalafón funcionario. Era el número dos de la institución, por antigüedad, pero provenía de educación y no del área operativa. Horacio Toro respetó el escalafón y me nombran.

En esa oportunidad yo hice presente al gobierno el caso de Linares y quería que el ejecutivo lo tuviera suficientemente claro y es ahí que investigan y desestiman mis aprehensiones.

– Al asumir el cargo de Director General usted anuncia que removerá a todos los funcionarios que tuvieron participación en organismos de seguridad como la DINA y la CNI.
– Recuerde usted que en marzo del ´92, al asumir la Dirección General la Policía de Investigaciones de Chile vivió las repercusiones de los llamados «Planes Halcón» tras conocerse documentos clasificados de inteligencia policial, filtrados por un sub comisario de investigaciones, ligado a organismos de seguridad del régimen militar, lo que significó una preocupación respecto de la lealtad con la Institución que tenían los funcionarios, especialmente quienes habían participado en la ex DINA y ex CNI, que alcanzaban alrededor de 300 activos.

– En lo personal que pensaba…
– Pensaba que muchos de ellos seguirían siendo funcionales a los ex organismos de seguridad y estimaba que generarían bolsones de resistencia al cambio necesario para la reconversión institucional y al compromiso con el gobierno democrático.

Yo asumo y comunico a todo el personal que se termina en la Policía de Investigaciones el apremio ilegitimo y quienes caían en eso serán dados de baja de la institución tal u como se cumplió. Otro aspecto que había que atacar la deshonestidad y la corrupción y, precisamente donde estaban instalado todos estos problemas estaban los ex DINA y ex CNI por lo que comencé a removerlos de sus cargos. Pensaba que con ese lastre Investigaciones no podía funcionar bien y poco a poco se fueron alejando a estos personajes de la Institución, mientras un valioso núcleo de detectives de adhería al proyecto transformador.

Como Director General nadie puede decir que algunos de estos personajes fueron ascendidos al grado de oficial general durante el tiempo que ejercí el cargo. Incluso algunos no tenían procesos en aquel tiempo y después se hizo pública su participación tampoco ascendieron.

– ¿Cuál fue la labor del Departamento Quinto durante su periodo como Director General?
– El Departamento Quinto se reestructura cuando yo asumo como Director y además de continuar investigando las conductas desviadas de los funcionarios policiales, comienza a investigar el tema de los derechos humanos. Ambos grupos se fueron incrementándose de acuerdo a las necesidades del momento pero, con el tiempo, prácticamente todo el Quinto investigaba causas de DDHH.

Su principal característica es que en él se destacan buenos investigadores, honestos y profesionales. Lo que da garantías de su actuar. Yo podría haber tenido un Departamento con muchos recursos humanos y materiales pero si no son buenos los detectives destacados a esa función poco o nada se podría haber hecho. Los mejores fueron destinados al Quinto y ahí están los resultados. De esta forma se comenzó a reconstruir la verdad.

– ¿Cuáles fueron los primeros pasos del Quinto…
– Lo vital fue descubrir primero la estructura represiva de los organismos de seguridad y después identificar con rostro las chapas operativas de los agentes. Cuando tienes rostros tienes huellas, tienen nombres verdaderos, rangos, responsabilidades y sabes donde se desenvuelven.

– En la actualidad Investigaciones tiene definida la estructura de los organismos de seguridad que violaron los derechos humanos.
– Claro que la tiene. Hoy está construida toda la red de represores con sus nombres, seudónimos, responsabilidades jerárquicas y estructuras operativas que utilizaban.

– En los últimos meses se ha hablado mucho en torno al caso del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ¿cuál es la opinión que tiene usted en torno a esta materia?
– Mi opinión personal es que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado por razones políticas. Ahora si como policía me toca analizar todas las variables del caso pudiese decir: puede que exista una negligencia médica ¿porqué no? Pero el problema es el siguiente: si el Presidente Frei muere por negligencia médica ¿por qué tanto problema en reconocer una muerte de ese tipo?. Si hoy existe una nebulosa es por que algo se quiere ocultar, algo no esta claro. Una autopsia que se pierde, que nadie sabe, que aparece en otro hospital. Es muy raro.

Otro elemento a considerar es que en mi condición de Director General supe lo que declaraban los médicos del caso Frei y ellos, al principio decían que nunca habían entrado a la pieza del ex Presidente, por ejemplo, pero cuando uno les acreditaba con tres o cuatro enfermeras de que si entró comenzaban a reconocer el hecho. ¿Es posible que los médicos olvidaran si entraron o no a ver al ex mandatario. Entonces la pregunta hay que hacerla de la siguiente forma: ¿Si esto es una negligencia?. Cuál es el problema. Esta es la información que la acredita y aquí está todo, nos equivocamos fue una consecuencia de la septicemia. Pero, ¿porqué desaparece cosas, porque no se acuerdan de los hechos?. Esto todavía no tiene explicación. En menos de 30 días mueren los dos principales opositores al régimen de Pinochet: Un líder político, Eduardo Frei Montalva y un líder gremial, Tucapel Jiménez Alfaro. El asesinato de Tucapel Jiménez ya ha sido aclarado.

– Similar situación presenta el caso Berrios, sobretodo con las últimas declaraciones del Manuel Contreras..
– A que viene ahora el señor Manuel Contreras a decir que Eugenio Berrios esta vivo, ¿Qué busca con ello?, ¿Será una maniobra distractiva?. No hay que olvidar que antes que apareciera el cuerpo de Eugenio Berrios en Uruguay se encuentran fotos del ex químico de la DINA en Italia y se filtra una versión que el inventor del gas sarín se lo habría llevado la DEA. Es lo mismo que hoy intenta hacer el señor Contreras con esta nueva tesis. Entonces, en el análisis policial uno piensa: cuando se hacen cosas de este tipo es porque estamos en el camino correcto y que hay pruebas o situaciones que sé están ocultando. Todavía no está toda la verdad. Berrios mantenía en su casa una carpeta con recortes de prensa relacionados con la muerte del ex presidente Frei Montalva ¿Por qué?.

– Volviendo al tema de los organismos de seguridad, ¿Existen diferencia en el actuar de la DINA, el Comando Conjunto o la CNI?
– Para comprender como actuaban los servicios de seguridad hay que considerar dos factores. El primero el perfil de quien dirige el grupo, del líder. Él impone una forma de trabajo pero, el segundo factor es más importante, y marca la diferencia entre unos y otros, el acopio de información y de antecedentes de sus objetivos y el rediseño de sus cuadros de informantes. Porque en la medida que los informantes se van haciendo más productivos, funcionales al aparato de inteligencia, estos comienzan a ser más selectivos y represivos. Luego se comienza a trabajar en el pesquisaje y las escuchas telefónicas. Todos ellos van aprendiendo y por tanto van modificando su actuar.

– ¿Qué opinión tiene sobre cómo se organizaba el trabajo político que realizaba el MIR en los años 70?
– A mi juicio el MIR, hasta el año 70, utilizaba de manera eficiente la estructura militar en su organización pero, con el triunfo de Salvador Allende, en una opinión muy personal, descuidan sus normas de seguridad perdiendo su cautela. Recién después del golpe comienzan a reestructurarse pero ya era demasiado tarde.

– En el caso del Partido Socialista..
– Ellos eran parte del gobierno de la Unidad Popular por tanto era un partido abierto. Sin embargo, tenían estructurado un frente interno, parecido al MIR, donde inclusive había doble militancia.

– Y, que puede decir sobre la orgánica del Partido Comunista…
– Hay que considerar que al Partido Comunista en el golpe mismo casi no lo tocan. La estructura y disciplina de los comunistas le permite sobrevivir el primer embate de los militares y, es por ello que son los primeros en llamar a luchar y resistir a la Dictadura.

Son los primeros en reaccionar y se reestructuran, rápidamente, para iniciar el trabajo clandestino. Tienen recursos financieros para sortear la primera etapa de la represión. Sólo caen los más conocidos, los públicos y no el aparato. Es por ello que los organismos de seguridad se demoran en detectarlos.

– Públicamente siempre se ha conocido el actuar de la DINA y la CNI, pero recién con las declaraciones de Andrés Valenzuela en 1985 se conoce de la existencia del Comando Conjunto. ¿Cómo explica que este último se mantuviera tan en secreto?
– Parto de la premisa que el comando conjunto como tal no existe, es igual que el covema (Comando de Vengadores de Mártires), obedece más a una acción mediática. Lo llamaron Comando Conjunto porque era una agrupación que coordinaba a la Fuerzas Aérea, a Carabineros e Investigaciones en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea (AGA), pero no fue una estructura llamada como tal.

El covema, tampoco fue una estructura organizada para ese fin fue la prensa quién los identifico de esa forma. Es como la operación Albania, esta jamás tuvo ese nombre. Los organismos de seguridad la denominaron operación Corpus Cristi.

– Hablemos un poco de los informantes que colaboraron con los organismos de seguridad. Usted ha dicho que desde el mismo día del golpe comenzaron a existir delaciones, si es que ya no existían como figura de inteligencia política previo al 11 de septiembre del 73. Los más conocidos la flaca Alejandra, Miguel Estay Reyno, entre otros. Por otro lado, usted ha dicho que la detección de las estructuras políticas interna de los partidos de izquierda tuvo directa relación con su capacidad de reaccionar y organizarse en clandestinidad. ¿Cómo explica que detectaran a la cúpula del Partido Comunista en 1976?.
– A mi entender, el principal enemigo que tuvo el Partido Comunista fueron los informantes.

– Como policía no le llama la atención que en los casos de los dirigentes del Partido Comunista, que hoy están desaparecidos, exista pocos testigos..
– Claro que me llama la atención.

– Y que opinión tiene…
– Por el momento no tengo opinión.

LOS REPRESORES SIGUEN OPERANDO EN DEMOCRACIA

Desde el retorno a la democracia en Chile, se conocen pocas acciones de inteligencia y de amedrentamientos de miembros de servicios de seguridad el antiguo régimen. Sin embargo, al hacer un recuento se demuestra que siguen operando. El bullado caso «Piñeragate» deja en evidencia el espionaje telefónico al empresario y ex candidato presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera por parte del DINE. El hecho fue difundido en Megavisión por el mismo dueño del canal, Ricardo Claro, reconocido pinochetista. En la operación estuvo involucrada, entre otros, la actual senadora UDI, Evelyn Matthei y el capitán del ejército Fernando Diez y, momento antes de conocerse la verdad, es secuestrado por horas uno de los hijos del empresario quien se vio obligado a no continuar con la investigación.

Otro hecho es la operación de inteligencia que se produce para sacar al químico de la DINA, Eugenio Berrios primero a Argentina y luego a Uruguay donde finalmente pierde la vida. El hecho se produjo el 26 de octubre de 1991 por el paso fronterizo de «Monte Aymond» y en la operación estuvo involucrado el Batallón de Inteligencia del Ejercito dependiente del DINE.

Un hecho curioso sucede durante el gobierno de Patricio Aylwin, en 1992, el Ejecutivo presentó una moción parlamentaria para reducir los recursos financieros destinados a los 400 ex – CNI que estaban adscritos al DINE. Sin embargo, en el Congreso esta moción es rechazada por los parlamentarios para el Presupuesto del Ejército de 1993.

Las constantes amenazas de muerte, seguimientos, intervenciones telefónicas y presiones a familiares que recibieron miembros del Departamento Quinto de Investigaciones durante todos estos años. Por nombrar algunos casos: en 1992 se produjo la vigilancia en su hogar por parte del DINE del entonces inspector Nelson Jofré, quien investigaba el «caso Letelier». Ese mismo año fue hostigado el detective Osmán Arellano, quien investigaba el caso «Tucapel Jiménez», su asesora del hogar fue interceptada en la calle por tres hombres y una mujer, advirtiéndole que no mintiera y que su patrón se cuidara.

En 1993, los detectives Rafael Castillo y Nelson Jofré viajan a Buenos Aires donde son seguidos por un oficial de inteligencia del Ejército, ex -CNI y ex – DINE tal como se acredita judicialmente. En 1996 se detecta una escucha telefónica en la casa del Director General de la Policía de Investigaciones. En 1998, el inspector Douglas Rodríguez recibió una amenaza telefónica de un imputado del «Caso Albania».

En el año 2001, un testigo que había entregado información sobre las actividades de los ex – oficiales del Ejército Patricio Castro Muñoz (ex – CNI, Cutufa y miembro del equipo de seguridad de Augusto Pinochet) y de Álvaro Corvalán Castilla (ex Jefe Metropolitano de la CNI) denunció seguimiento y entre las patentes que entregó, dos correspondían a vehículos asignados a la Dirección de Logística del Ejército.

En el 2006 durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, Santiago amaneció regados con volantes del Movimiento Nacionalista 11 de Septiembre, el mismo que creará Álvaro Corvalán Castilla, defendiendo la obra y la figura del general Pinochet.

– Volviendo a los juicios en contra de los represores, ¿Cree que los organismos de seguridad siguen operando en el Chile?.
– Claro que sí. Lo que pasó con Eugenio Berrios es la muestra pública que estos organismos existen, que cuentan con recursos y funcionan en democracia.

– Y cómo explica los últimos dichos de Manuel Contreras..
– Aunque el señor Manuel Contreras diga que está vivo, todo esto es una maniobra de tipo de inteligencia militar realizada ilegalmente en un gobierno democrático. El caso Piñera es otra muestra que siguen actuando.

– ¿Al amparo de quién o existe una estructura paralela?
– Sin dudar es una estructura paralela pero que tiene bazos comunicantes con el aparato formal de donde sacan información. Por ejemplo: ¿dónde están los archivos de la DINA y de la CNI?.

No hay que olvidar que existen lealtades del pasado, jerarquías que se mantienen en el tiempo, silencios cómplices, cosas que nunca van a decir.

-Pero hay ex agentes que están comenzando a reconocer su responsabilidad.
-Son pequeños quiebres y que se producen producto de la propia evidencia que se va acumulando en los procesos. Han tenido que ir reconociendo su participación por la consistencia de las pruebas y usan como estrategia reconocer su responsabilidad hasta donde no lo puedan negar. Hay otros que deslindan responsabilidades y argumentan que los otros delitos le corresponde asumir a zutano o fulano. Cada una de estas aseveraciones que hago están consistentemente acreditada en los Tribunales de Justicia.

Odette Alegría

– No le llama la atención que el mismo día que se comunica el procesamiento de los militares de la Escuela de Artillería de Linares aparece, por Megavisión, una denuncia en contra suya por parte de una ex presa política identificada como Odette Alegría, ¿Cómo explica esta coincidencia?
– Es curioso que ambas cosas sean difundidas de manera simultánea. Las primeras declaraciones de Odette Alegría se realizaron por Megavisión y, según se ha podido determinar, el periodista llega a la casa de la ex presa política a través del propio abogado de ex general, Humberto Julio. Son ellos quienes informan que existe un testigo que responsabiliza y ubica a Nelson Mery como parte de los torturadores de la Escuela de Artillería ya que no estaba en el listado de los procesados en la causa que investiga el Ministro Alejandro Solís.

– Cree que fue una operación de inteligencia.
– Siempre he creído que fue una operación de inteligencia.

– Porque…
– Lo que pasa que cuando yo era Director General de la Policía de Investigaciones tenía información que apuntaba al esclarecimiento de casos de derechos humanos, pero cuando me alejo del cargo mucha gente que estaba colaborando se retrae y me dice que no puede hacerlo por temor.

Haber salido de la Dirección General significó quedar en una posición complicada para seguir obteniendo información. Yo les encuentro razón a quienes hoy no quieren seguir colaborando por temor. Es distinto hacer cosas con todo el respaldo institucional que entrega la Policía de Investigaciones a entregar antecedentes al ciudadano Nelson Mery. El objetivo de esta operación de inteligencia era sacarme del cargo y lo lograron.

– Hoy el caso de injurias y calumnias en contra de Odette Alegría esta ejecutoriada y con el fallo del tribunal, de alguna forma, confirma su versión de inocencia en los hechos denunciados pero, ¿Qué piensa ahora de ella?
– Que fue funcional a esta acción de inteligencia. Todavía no logro comprender las razones que la llevaron a ser parte de todo esto. Su historia de vida nos podría llevar a pensar que puede estar atrapada por alguna relación anterior con los militares.

– ¿Qué antecedentes tiene para afirmar esa relación anterior?
– Ella misma ha declarado que cuando estuvo detenida en la Escuela de Artillería de Linares fue sacada de su cautiverio para ser atendida de una cistitis y de la reparación de un diente. Además, dijo que pudo rendir exámenes libres para terminar su segundo año medio estando aún detenida. Estamos hablando de los primeros meses del Golpe Militar. Ningún preso tuvo estas facilidades y mucho menos en ese tiempo.

– Desde el punto de vista humano ¿cómo califica a Odette Alegría?
– Desde esa mirada, creo que Odette Alegría es una víctima de su pasado. Está atrapada. Algún día va a tener que decir el porqué hizo lo que hizo.

– ¿Qué le falta a Chile para reencontrase?
– Mirarse al espejo. Falta que se conozcan mucho de los detalles que están en los procesos. Falta que se conozca aún más la verdad. Chile no sabe realmente como fueron en su esencia los organismos de seguridad en cuanto a represión. No se saben los detalles de cómo se produce la detención, de lo que le ocurre a la gente, de las torturas a las que fueron sometidas, de los grados de maldad que se vivieron en cada uno de los recintos de detención.

Falta que se conozcan los episodios de exhumaciones, un hecho concatenado en el tiempo que se inicia en 1973 y continua en los años 74,75,76 y que recién en 1978 se perfecciona el ilícito con la remoción de los cuerpos, para que no quedara evidencia de nada. Esto no se le ocurrió a un sargento, a un general por si solo, fue una política institucionalizada. Si la Dictadura hubiese querido terminar con los «excesos de los órganos de seguridad en los primeros años» lo podrían haber hecho cuando aplicaron la amnistía pero no fue así.

– ¿Qué tienen que hacer los gobiernos democráticos para desarticular a estos grupos?
– Hoy existe una «ley de inteligencia» y si se respetara en su integridad Chile estaría bien encaminada. Porque hay que distinguir en lo que es la inteligencia militar, inteligencia política, inteligencia estratégica. En la actualidad la seguridad interior esta en manos de la ANI y de las dos policías y, mientras cada área de inteligencia esté ejerciendo su trabajo no debe generar conflicto.

– Cuándo se genera el problema entonces..
– Cuando se invade el área que no le corresponde o cuando la información residual que mantienen o reciben no es compartida con quien lleva esa materia. Por ejemplo si Investigaciones esta siguiendo un narcotraficante y resulta que el personaje es un espía, necesariamente debe informar a inteligencia militar para que tome las medidas del caso y viceversa. Esa son las cosas que hay que verificar.

El énfasis que debe tener toda política de inteligencia es que debe ser civil, ósea, quien debe implementar estas políticas de inteligencia deben ser los civiles y no los militares.

– Finalmente, a qué se dedicará Nelson Mery ahora..
– Seguiré vinculado a la academia y a tratar de sacar adelante este proyecto de Escuela de Criminalística que hoy tiene la Universidad La República.

– Y en materia de derechos humanos…
– Seguiré colaborando con los Tribunales de Justicia cada vez que pueda, tal como lo he hecho hasta hoy, cada vez que pueda…La verdad procesa, en la que creo, aflorará con hechos, personas, nombres y apellidos. Es una deuda que aún no ha sido enteramente pagada y es una necesidad de país para con las víctimas, sus familiares y la propia historia. Mirarse al espejo nos hará bien para reconocer dolorosas verdades del pasado y poder avanzar hacia el futuro.