Virgilio Bocaz Sergio Marcelo Del Carmen

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

Santa Lucía 162, frente al Cerro Santa Lucía. Fue sede del Mapu en 1972. El edificio, confiscado por la dictadura, pasó a manos de la Dina que instaló allí una clínica clandestina para “recuperar” a los detenidos y continuar torturándolos. También para asesinar a algunos. El general Manuel Contreras y otros mandos de la Dina también mantenían oficinas en el inmueble.
En el gobierno de Aylwin la propiedad fue entregada a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, liderada por Jaime Castillo Velasco. Su actual presidente es Gabriel Pozo Pérez. En el segundo piso está la oficina de Romina Ampuero, estudiante de derecho, 24 años, que investiga la historia del lugar.
Romina Ampuero nació en Buenos Aires durante el exilio de sus padres. A los 10 años acompañó a su madre a una entrevista con Jaime Castillo. Fue la primera vez que visitó el edificio de la ex Clínica Santa Lucía. En 2010, después de una conversación con Bessie Saavedra y Sylvia Pinilla, ingresó como trabajadora voluntaria a la Comisión Chilena de DD.HH.
¿Qué rol cumplías?
“Nos encargábamos de organizar actos para movilizarnos. Surgieron los problemas típicos: convocatoria, lucas, etc. Sin embargo, nos preocupamos de armar equipos de trabajo y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. Nos dimos cuenta que se podían levantar iniciativas con pocas lucas y sacar así del estancamiento a la Comisión. Más adelante, la Comisión firmó un acuerdo con Villa Grimaldi para constituir aquí un sitio de memoria. A partir de eso, empezaron a llegar ayudantes, tesistas y practicantes. Vimos que necesitábamos más gente y pedimos ayuda a profes para armar un equipo de educación”.
¿En qué está el sitio de memoria?
“Hemos trabajado un guión para las visitas. Ahora terminamos el proyecto con el cual hicimos la investigación sobre la clínica. Eso prácticamente se financió con plata de nuestros bolsillos”.
¿Y en qué va esa investigación?
“Tenemos un primer listado de víctimas que pasaron por este lugar. Hemos logrado dar con declaraciones de agentes de la Dina que trabajaron acá, sobre lo que hacían y porqué. Logramos establecer la realidad de la clínica de la Dina”.
¿Y qué viene ahora?
“Creo que hay que judicializar esta investigación. No lo digo yo, sino los sobrevivientes que han dado sus testimonios. Sin embargo, el primer objetivo es constituir el sitio de memoria y trabajar desde él”.

TRABAJANDO EN LA MEMORIA
¿Cómo llegas tú a trabajar en el rescate de la memoria?
“Desde chica me interesó el tema de los derechos humanos. Sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos. No soy de los que cree que no los vamos a encontrar nunca. Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, dijo: ‘No los vamos a encontrar a todos’, eso está claro. Pero creo que al menos se puede saber cómo fueron sus últimos momentos y dónde los sufrieron.
Cuando llegué a este edificio y me enteré de la historia de la Clínica Santa Lucía de la Dina, me generó intriga, y me propuse trabajar en reconstruir esa historia. Fue un proceso difícil, pero me di cuenta que era capaz de hacer lo que pensaba. Costó empezar la investigación, no teníamos lista de nombres, no sabíamos de nadie que hubiera estado aquí”.
¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en el trabajo de la memoria?
“Hacernos cargo de lo que no hicieron nuestros padres. Estos 40 años fueron de silencio familiar, de los medios de comunicación, etc. Todavía es difícil conversar con los papás y los abuelos. Son pocas las personas que cuentan lo que pasó. Todos tenemos una historia, el tema es que no todos la saben. Debemos hacernos cargo de nuestra historia como país. Los lugares que fueron centros de tortura no pueden quedar ignorados. El cuartel Loyola, Nido 18, Simón Bolívar, la Venda Sexy: tenemos que saber quiénes estuvieron allí. Es la deuda con la gente que murió. Es la única forma de cerrar heridas, saber lo que pasó”.
¿Y qué te parece el rol del Estado en el tema de la memoria?
“El Estado nunca se ha hecho cargo. Ahora todos celebran a Bachelet que recogió propuestas de los sitios de memoria. Eso es bueno, pero veremos si hace algo. Ella ya fue presidenta y no sé si ayudó tanto a los sitios de memoria. Ahora es distinto, por el boom de los 40 años del golpe. Era necesario tomar estas propuestas. Que acogieran las propuestas de los sitios de memoria es un avance, pero en concreto, se entra ahora en la negociación. Decir, ¿le meto más plata a educación o a los sitios de memoria? Ahí veremos. Por eso es importante que los jóvenes nos hagamos cargo de nuestro pasado”.
¿Y cómo se motiva a los jóvenes?
“La única forma es haciéndoles sentir que el tema les toca a ellos. Cuando vienen a visitarnos, tratamos de hacerles entender que esta historia habla de gente igual que ellos. Eran personas que tenían familias, algunas víctimas tenían sólo 17 años, igual que los chiquillos que vienen acá. La memoria vuelve persona a la víctima y también al victimario. Es necesario que el visitante entienda que él también puede verse envuelto en la misma tragedia”.

MEDICOS-TORTURADORES
¿Y qué visión tienes después de la investigación?
“Creo que hay que tener claro que la única forma de no repetir lo que fue la dictadura, es conocer a cabalidad lo que ocurrió y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, mi visión respecto de la víctima y el victimario se hizo más amplia con la aparición de los médicos que trabajaron en esta y otras clínicas de la Dina. El victimario genera un rechazo per se. Pero acá se dio otra lógica. Los médicos eran civiles, muchos estaban en la universidad y un profe les dijo ‘te tengo un trabajo, buenas lucas’. Llegan aquí y se dan cuenta que están al servicio del terrorismo de Estado. Era como una mafia y se quedaron. Un sobreviviente decía que si algo lo impactó, fue cuando en la tortura pidió al médico que lo matara para no sufrir más. El doctor le respondió que por ética no podía matar, que tenía que salvar su vida sabiendo que lo salvaba para que siguieran torturándolo”.

Susana Celis

 

Médicos torturadores

La Clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura que funcionó entre 1974 y 1977, cuando se traslada a la Clínica London, en la calle Almirante Barroso.
La clínica era utilizada para torturar detenidos con supervisión médica, para la recuperación de torturados en muy mal estado y también para atención médica de familiares de los agentes de la Dina. Los sobrevivientes señalan que reconocieron el lugar por el cañonazo de las 12, en el Cerro Santa Lucía. De la clínica desapareció un número indeterminado de detenidos. Según testimonios “llegaban agentes en vehículos y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo (probablemente una inyección) y después lo sacaban muerto”.
Algunos de detenidos desaparecidos de este lugar son: Sergio Alfredo Pérez Molina, Nilda Patricia Peña Solari, Juan Carlos Rodríguez Araya, Diana Frida Arón Svigilsky, Miguel Angel Meniconi Isidro. Pasaron también por la clínica Lumi Videla, asesinada en el centro de detención de José Domingo Cañas, y Patricio Bustos, actual director del SML.
Algunos médicos que trabajaron al servicio del terrorismo de Estado todavía ejercen en conocidos centros de atención de salud:
Werner Zanghellini Martínez, director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976, acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia al dirigente mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.
Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la Dina, trabajó en la clínica clandestina Santa Lucía y en el Comando de Logística de la CNI.
Vittorio Orvieto Teplizky, médico del ejército. Participó en torturas en el Campo de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes, se desempeñó en la Brigada de Salubridad de la Dina y fue director de la Clínica Santa Lucía.

A partir de mayo de 1975, después de una extensa entrevista concedida al semanario colombiano Nueva Frontera, en la que el ex mandatario criticó duramente a la Junta Militar encabezada por Pinochet y en momentos en que las cárceles secretas se hallaban repletas de prisioneros torturados, Frei se convirtió en un personaje molesto. Sus declaraciones fueron profusamente reproducidas en Europa y EE.UU, mientras en Chile la DINA reforzaba una brigada para vigilar sus movimientos.

Todas las patentes de los autos que llegaban hasta su casa eran registradas y sus ocupantes fotografiados y filmados. Luego, a través de la oficina de la DINA y luego de la CNI que funcionaba al interior del Registro Civil se identificaba a sus dueños. Lo mismo ocurría con su oficina en Huérfanos 1022 y los teléfonos de ambos inmuebles.

El acoso se hizo más intenso a medida que los influyentes nexos políticos internacionales de Frei se intensificaron. En agosto de 1976, una bomba explotó en el frontis de la casa de Oscar Pinochet de la Barra donde se le ofrecía a Frei una cena de honor. En poder del jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, que la autora de esta investigación encontraría en 1986 en el Archivo Judicial de ese país, está un informe del SIDE (símil de la DINA en Argentina) donde se dice que la bomba con que fue asesinado Orlando Letelier y su asistente en Washington en septiembre de 1976, tiene la misma factura de fabrica que el atentado a Bernardo Leighton en Roma (1975) y el fallido atentado contra Frei el 14 de agosto de 1976.

En diciembre de 1977, la vigilancia sobre Frei cobró nuevos bríos. El ex presidente se integró al foro político mundial más importante de esos días en el mundo occidental: la Comisión Norte-Sur encabezada por el ex canciller alemán y presidente del Partido Social Demócrata de ese país, Willy Brandt e integrada por 17 personalidades políticas y económicas.

Nuevos episodios le revelaron a Frei el intenso seguimiento del que era objeto. Aunque la estricta verdad es que en la Democracia Cristiana de esos días y durante mucho tiempo más, se siguió pensando que el asesinato y la desaparición estaba reservada a la izquierda y no para sus militantes importantes. Deberían transcurrir tres años antes de que el escenario diera un vuelco radical.

El 10 de agosto de 1980 sorpresivamente Pinochet decidió llamar a un plebiscito para refrendar su nueva Constitución. Sin registros electorales, sin libertad de prensa ni de reunión y con los organismos represivos en acción en todo el país, era una farsa. El presidente de la DC, Andrés Zaldívar, esa misma noche hizo público su rechazo. Pero la Democracia Cristiana inició un intenso debate interno sobre qué posición adoptarían. Frei estaba en Sao Paulo en un seminario. Decidió regresar de inmediato. Pero antes, decidió dar una señal a la DC y a Pinochet sobre su actitud. Declaró públicamente que “el plebiscito no es mas que un artificio para perpetuarse nueve años más en el poder”.

Apenas llegó fue informado de que su NO a la Constitución no concitaba la unanimidad en el PDC. Un sector proponía la abstención silenciosa. De inmediato le dio una entrevista a Patricia Verdugo donde afirmó:

-No hay que engañarse, es el equipo económico es el que necesita asegurar diez años mas de dictadura para imponer su modelo. Jamás imaginé a esta derecha entregándose a una dictadura. Me sigue sorprendiendo y me entristece 

El 20 de agosto, la propuesta de Frei y Andrés Zaldívar de que cada hombre que venciera el miedo y votara NO podía transformarse en un activo opositor, triunfó en el PDC. Sin tregua y contra el tiempo, se llamó a un gran acto público para decir NO en el Teatro Caupolicán. La respuesta del régimen no tardó. El 22 de agosto los ministros de Defensa, César Raúl Benavides y de Interior, Sergio Fernández, firmaron un decreto secretó creando una nueva “Unidad Antiterrorista” (UAT), capacitada para “neutralizar, destruir o capturar núcleos de resistencia adversarios y conquistar objetivos ocupados por organizaciones subversivas a los propósitos del Supremo Gobierno”.

El documento, descubierto por el actual ministro de la Corte Suprema Milton Juica y revelado por El Mostrador, dice además: “En caso de ser necesario, esta UAT podrá estar integrada por personal especializado de otras instituciones (…) La dependencia orgánica permanente de esta UAT será del Ejército. Mantendrá relaciones por el Canal Técnico con la CNI para los efectos de coordinación en la planificación. Su empleo en acciones antisubversivas será resuelto por el Sr. Presidente de la República”.

Ignorantes de la nueva unidad operativa que había entrado en acción, siete días después, ante un recinto atiborrado de hombres y mujeres, Frei se convirtió en el líder del NO a Pinochet siendo el único orador del Caupolicán. En primera fila, José Piñera y su hijo Sebastián Piñera. Por las ondas de las radios Cooperativa, Chilena y Santiago llegó a todo Chile su propuesta de formar de inmediato un gobierno de transición cívico militar que estableciera en un plazo de tres años recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático.

Afuera, policías fuertemente armados rodearon el recinto. Pero ese 27 de agosto de 1980 quedó marcado en la agenda que derrotó a Pinochet en 1988: fue la primera vez que democratacristianos, socialistas y comunistas se unían en torno al NO a Pinochet. Ganó el SI, pero ya nada fue igual.

Al mismo ritmo que la crisis económica se agudizaba y las ollas comunes se multiplicaban en las poblaciones, la actividad sindical crecía. En julio de 1981 Manuel Bustos y Alamiro Guzmán, en nombre de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) lanzaron un petitorio (“Pliego Nacional”). El ministro Sergio Fernández se querelló. Los dirigentes de la CNS fueron detenidos y llevados con grilletes hasta los tribunales, donde sesionaba la Corte Suprema.

Al día siguiente, 10 de julio, Frei fue a la Vicaría de la Pastoral Obrera. También llegó Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Los movimientos de ambos eran seguidos de muy cerca. Dos informantes tenía Raúl Lillo apostados en la ANEF, además de Luis Becerra en el entorno íntimo de Frei y Genaro Cerda Weber en el PDC.

De inmediato en la UAT se supo que ese día había quedado constituido el comité de defensa de los sindicalistas arrestados. Frei no firmó la declaración, pero fue la primera vez que participaba en una iniciativa política junto a dirigentes socialistas y comunistas.

El 11 de agosto fueron detenidos violentamente y expulsados del país tres ex ministros firmantes del comité recién formado: Carlos Briones (PS), Jaime Castillo Velasco (DC), Orlando Cantuarias (PR) y el ex senador DC y entonces militante de la Izquierda Cristiana, Alberto Jerez.

Pinochet arremetió contra la CNS -“todos son comunistas con todas sus letras”- y quienes solidarizan con ellos “pasan a la categoría de colaboradores”, afirmó ante las cámaras. Frei convocó a una conferencia de prensa para solidarizar con los sindicalistas presos. En ella calificó la expulsión de los cuatro miembros del comité de defensa como “un acto inconcebible en todo país civilizado que forma parte de una escalada que tiende a crear un clima de temor y amenaza”.

La réplica vino en boca del ministro del Interior Sergio Fernández, quien acusó a quienes solidarizaban con la CNS de “cómplices o coautores con el marxismo, y tendrán que sufrir las consecuencias que significa no cumplir una ley”. Pinochet fue el autor de la segunda respuesta. Desde Chillán, la cuna de O’Higgins, afirmó que “esa lacra del terrorismo cuenta con la complicidad de algunos chilenos”, anunciando que se castigaría “con la mayor dureza” a quienes colaboran con el marxismo.

Todos supieron que se refería a Frei cuando agregó: “El haber sido un opositor a la doctrina marxista no exime de la responsabilidad que se asume cuando se pacta con los exponentes de esa doctrina”.

Pero la Democracia Cristiana y tampoco Frei sospecharon que la embestida sería brutal. El ex presidente partió el 18 de septiembre a Alemania para una nueva reunión de la Comisión Norte-Sur. Su leal y antiguo chofer Luis Becerra lo llevó hasta el aeropuerto. Cuando regresó, siguió con su intensa agenda política y confidenció que los reflujos por la hernia al hiato lo estaban perturbando más de la cuenta. Volvió a partir, esta vez a Italia. El 2 de octubre de 1981 fue recibido por las máximas autoridades de ese país. Los ojos de Europa seguían expectantes la evolución de las fuerzas democráticas en Chile. Los ojos y oídos del servicio exterior de la DINE -a cargo del oficial Maximiliano Ferrer Lima- fueron más rigurosos: registraron cada una de sus intervenciones y reuniones.

A su regreso a Chile, Frei constató que la miseria y la naciente unidad sindical estaban cambiando el escenario al crear nuevos desafíos políticos. Faltaba que la oposición, hasta entonces dividida, diera algunos pasos. El único sector donde podían acercarse las posiciones de democratacristianos, socialistas, comunistas y radicales era el sindical. La CNS, encabezada por el democratacristiano Manuel Bustos, ya había unido a un sector de los sindicalistas DC con la izquierda seriamente diezmada. Pero el gran líder seguía siendo Tucapel Jiménez, quien para agosto de 1981 ya tenía a la ANEF estaba en plena coordinación con la CNS presidida por Manuel Bustos.

El movimiento sindical y político en esos días de 1981 convergía de manera acelerada e inédita a una plataforma de oposición que incluía como primer punto la organización de un paro nacional. Tucapel Jiménez, como líder de un nuevo y unificado movimiento sindical y Eduardo Frei, líder del PDC, darían luz verde a los primeros acuerdos que culminarían años después con el nacimiento de la Concertación.

La solidaridad internacional, necesaria para avanzar en la derrota del régimen, anunciaba en el calendario un hito importante para enero de 1982 con una nueva reunión de la Comisión Norte-Sur, a la que Frei asistiría. Frei comentó que quería estar en óptimas condiciones para enfrentar lo que venía. Sus dichos, sus reuniones, sus planes y hasta sus más íntimas palabras en el dormitorio llegaron hasta la unidad especial que en esos días preparaban su eliminación. El ex mandatario decidió operarse…

Uno de los primeros en saber su decisión fue su chofer, Luis Becerra, uno de los hombres de su mayor confianza y en quien su esposa había depositado el cuidado de su casa y de su esposo. Minutos después de que Frei escogiera la Clínica Santa María para la intervención, el jefe operativo de la CNI, Raúl Lillo, recibió la información. Faltaba sólo la fecha exacta en que se operaría.

A partir de ese momento, el entonces exclusivo establecimiento hospitalario donde trabajaban paralelamente tres médicos de la clínica de la CNI (Clínica London) –Pedro Valdivia, Rodrigo Velez y Virgilio Bocaz, se convirtió en el centro de una planificada operación de inteligencia cuyo propósito fue eliminar a Frei.

El 18 de noviembre Eduardo Frei Montalva ingresó caminando y de buen ánimo a la Clínica Santa María. Todo indicaba que sería una operación de rutina. Siete días después, el mayor Carlos Herrera recibió la orden de asesinar a Tucapel Jiménez. Ambos fallecerían en enero y febrero de 1982.

No hubo toque de tambores, pero bien lo merecía. Diecisiete años después de recuperaada la democracia, el juez Alejandro Madrid, con el apoyo de un grupo de elite de Investigaciones, logró esclarecer uno de los compartimentos más secretos de la fabricación de armas químicas durante la dictadura, ordenando el encarcelamiento de cuatro médicos por la utilización del mortal gas sarín para eliminar a personas peligrosas para el régimen de Pinochet. Los doctores Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Leyton, Horacio Taricco Lavín y Vittorio Orvieto Teplinsky fueron procesados como miembros de la asociación ilícita responsable de la falsificación de una ficha clínica y del asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, perpetrado el 29 de marzo de 1977. El suboficial pertenecía a la DINA, y fue asesinado con gas sarín un día antes de que declarara ante un juez luego de haber sido descubierto en posesión de dos renoletas robadas. Una pertenecía a un ciudadano francés y la otra a un detenido desaparecido: Daniel Palma. Leyton fue apresado por Carabineros, quienes le incautaron además de los vehículos, cédulas de identidad y objetos de personas que aparecían en los registros de desaparecidos y que hasta ese momento el régimen militar negaba ante tribunales y organismos internacionales. Esa noche de marzo de 1977, mientras efectivos de la DINA desplegaban un masivo cerco alrededor del cuartel de Carabineros exigiendo que los policías entregaran a Leyton y a Heriberto Acevedo -un suboficial de Carabineros que también pertenecía a la DINA, y compañero de brigada de Leyton-, en el interior, y con gran sangre fría, dos carabineros los interrogaron y grabaron sus confesiones. El enfrentamiento se evitó al último minuto. Manuel Contreras, el jefe DINA, se llevó al cabo Leyton y a Acevedo. Pero los dos hombres no regresaron a sus casas. Fue en las horas posteriores, cuando Contreras supo que Leyton había hablado, que se decidió su suerte. Porque de detenidos desaparecidos Leyton sabía. Y no solo de Daniel Palma, el dueño de la renoleta encontrada en su poder. Leyton fue uno de los comandos DINA que participó en el asesinato de prisioneros en la cárcel secreta de Simón Bolívar y también en la llamada Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, además de ser uno de los que lanzaban sus cuerpos al mar, luego de que la enfermera Gladys Calderón les aplicara inyecciones letales. Así quedó acreditado tanto en el proceso del ministro Madrid como en el juicio por las víctimas del Partido Comunista de calle Connferencia, que sustancia el ministro Víctor Montiglio.

Gladys Calderón, la misma enfermera a la que Leyton vio aplicarle inyecciones letales a los prisioneros, fue procesada por el ministro Madrid por el asesinato del suboficial. Calderón, teniente del Ejército en retiro, vivía sola con sus pesadillas en Melipilla, donde fue apresada. La enfermera era oficial asistente del coronel DINA Juan Morales Salgado, al que el juez Madrid también procesó por su responsabilidad en el asesinato de Leyton. Madrid logró determinar que al momento de morir, Leyton tuvo a su lado a dos oficiales DINA: Morales Salgado y Vianel Valdivieso. Morales está procesado por los crímenes del cuartel Simón Bolívar y acaba de ser encausado por el juez Alejandro Solís por su participación en el asesinato de su ex comandante en jefe, Carlos Prats.

También fue encarcelada la jefa de las enfermeras de la tenebrosa Clínica London, Eliana Bolumburu Taboada, esposa del oficial y agente DINA Hugo “Cacho” Acevedo, uno de los mejores amigos de Augusto Pinochet hijo. Tampoco se salvó de la cárcel el hombre de seguridad de Manuel Contreras, el suboficial Sobino. Su jefe esta vez no pudo pagarle los servicios de cuidar durante años a su familia. UNA AUTOPSIA Y OTRO MUERTO Osvaldo Leyton y Pedro Valdivia, los dos médicos procesados el martes, firmaron la causal de muerte del suboficial, de cuyo funeral se ocuparon personalmente Manuel Contreras y Pablo Belmar, que asumió el control de la familia del cabo que debía morir desde que éste fue detenido, el 24 de marzo de 1977. Su esposa Mireya Barra, diría más tarde: “Cuando me lo trajeron de vuelta sus compañeros de la DINA, lo noté nervioso, con miedo y recuerdo que me dijo ‘no permitas que me lleven a la clínica de la DINA”. Pero en esos días ni su esposa ni su hermano, un suboficial del Regimiento de Puente Alto, imaginaron que las torturas y métodos que se aplicaban a los prisioneros esta vez serían usados sobre el comando que tiraba cuerpos al mar. Solo cuando Mireya llegó a la Clínica London y Eliana Bolumburu le anunció que su marido había fallecido, la mujer se desmoronó.

Ni Mireya ni su familia pudieron volver a ver el rostro del muerto: les entregaron el ataúd sellado. Contreras y sus hombres -Pedro Espinoza, Belmar, Vianel Valdivieso y Germán Barriga, entre otros-, se llevaron varias veces el féretro sin dar explicaciones. Sólo al final, y en medio de un clima de gran tensión en un recinto rodeado de hombres fuertemente armados, Manuel Contreras dijo que Leyton había sido un buen soldado y merecía un ataúd de mejor calidad. Agregó también que debían practicarle una autopsia. Y aquí un dato que da cuenta del poder de Contreras en 1977. El alto mando de la DINA, Ricardo Lawrence, confesó el año pasado que ese día recibió la orden de Contreras de ir donde el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Alfredo Vargas, para que firmara una autopsia que “no contamine a la DINA”. Vargas lo hizo, pero no aceptó la oferta de Contreras que le transmitió Lawrence: ser nombrado ministro de Salud. Vargas murió ese mismo año 1977, y es posible que su muerte no haya sido del todo natural. FREI A estas horas, la enfermera Victoria Larraechea -hermana de Marta Larraechea, esposa del senador Eduardo Freidebe comprender a cabalidad lo que ocurrió esa mañana de diciembre de 1981, cuando al ex Presidente Frei Montalva le subió súbitamente la fiebre en su cuarto de la Clínica Santa María, y ella aceptó que el médico cirujano Pedro Valdivia Soto, de turno en el establecimiento, lo examinara

Son esos minutos, los que el doctor Valdivia –miembro de la DINA, el mismo que fue procesado el martes como responsable de la muerte con gas sarín del cabo Leyton- pasó junto al cuerpo de Frei Montalva, los que forman el nudo de la trama de su asesinato. Porque fue el propio Valdivia quien salió de la pieza de cuidados intensivos donde se encontraba Frei y se reunió con el doctor Patricio Silva Marín, decidiéndose que sería éste último quien operara nuevamente al ex Presidente y asumiera como responsable de su control. Y Silva está ligado al Hospital Militar y a la muerte del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Augusto Lutz. Así, la suerte de Frei Montalva quedó en manos de Silva y de Valdivia, quien además de ejercer el turno de noche en la Clínica Santa María, trabajaba en la Clínica London y en el cuartel Borgoño de la CNI, donde examinaba a prisioneros que eran torturados. Valdivia nunca antes fue interpelado por su acción represiva, a pesar de que se desempeñó como médico de la clínica de la CNI hasta 1990, cuando ésta funcionaba en la exclusiva calle Isidora Goyenechea. Ahora, ya está en la cárcel con otros tres de sus antiguos colegas.

LOS OTROS MÉDICOS DE LA LONDON

La Clínica London era abastecida por el ministerio de Salud y llegó a tener hasta ambulancias. Su sede original, en Almirante Barroso, tenía tres pisos y guardia permanente que no dejaba entrar a nadie. En el primer piso había ocho camas para hospitalizaciones y casos siquiátricos. En 1983 el centro -ya a manos de la CNI- se trasladó a Isidora Goyenechea y pasó a llamarse Clínica El Golf.

Werner Zanghellini, cardiólogo.

Roberto Laihacar, siquiatra.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz.

Luis Hernán Santibáñez Santelices, médico internista.

Sergio Rodrigo Vélez Fuenzalida, cirujano.

Sergio Muñoz Bontá, dentista

Luis Losada Fuenzalida, endocrinólogo

Eugenio Fantuzzi Alliende, otorrinolaringólogo, jefe de su especialidad en la Clínica Dávila.

Camilo Azar Saba, traumatólogo.

 

Las estremecedoras revelaciones del documento adjunto forman parte del archivo que mantiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago. Las razones y las circunstancias por las cuales dicha documentación obra en nuestro poder, serán dadas a conocer primero en los respectivos tribunales que investigan los asuntos y casos concernidos, por una cuestión de elemental imperativo de deber cívico. Por el momento, podemos decir que se trata de un conjunto de aproximadamente cuarenta documentos, que totalizan más de doscientas páginas.

Todas ellas iluminan con perturbadores destellos y contribuyen a la comprensión de la particular configuración de la transición chilena, la actuación de la "clase" política dentro de ella, y la acumulación originaria de ciertos grupos empresariales del país, de una manera que el documento adjunto no es más que un anticipo.

Sin perjuicio de lo anterior, y puesto que el conocimiento de estos antecedentes constituye no sólo un derecho ciudadano, sino también un área oscura de nuestra historia que merece ser develada, estamos en condiciones de adelantar que la totalidad de la información será publicada en forma de un libro que aparecerá no bien finalice nuestra propia investigación, cotejo y verificación de esos documentos.

Mientras tanto, los originales de los documentos, y una copia legalizada de cada uno de ellos, permanecerán en custodia en dos notarías distintas, desde donde un mecanismo para hacerlos públicos de manera inmediata, se activará en caso de cualquier eventualidad.

Nomenclatura

El informe con el cual inauguramos la publicación de los Documentos Secretos de la CIA en Chile, corresponde a la traducción de una recopilación de información relativa a las operaciones Coihueco, nombre cifrado del asesinato de Tucapel Jiménez; Valquiria, nombre cifrado del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y Cóndor 2, nombre cifrado del asesinato del químico Eugenio Berríos, que registra entradas los años 1984, 1986 y 1999.

El original en inglés fue enviado a Washington DC, bajo la clasificación Secreto-3290, mientras que la anotación "Eyes Only" implica que se trata de un documento de solo lectura, indicativo de su alta confidencialidad.

Hasta donde sabemos, WSA es la dependencia encargada del seguimiento y la intervención en los principales medios de comunicación. AMCO, Comunicaciones Americanas, es el departamento de comunicaciones de la embajada. APO, es una sección dependiente de la CIA en cualquier país, la cual establece que la documentación con la denominación "APO" solo la puede manejar y compilar "personal autorizado", el cual sólo una vez revisada, la envía a las otras dependencias.

Una vez que APO la compila, ARA ingresa la documentación a un archivo de registros en la estación local de la CIA, sobre la base de la información suministrada por los equipos operativos. Específicamente, en el caso del documento adjunto, la que suministraron los grupos G12 y G14, encargados de la infiltración de las áreas política y sindical, los cuales, por lo demás, siguen en plena actividad.

La veracidad de la información contenida en el documento Copia de Acción 9091 a 9097, corresponde determinarla a los tribunales competentes, los cuales tienen las facultades, atribuciones y medios para hacerlo.
Por nuestra parte, la decisión de publicar dicho documento obedece, tanto a los antecedentes que le puede entregar al ministro en visita, Alejandro Madrid, que no por casualidad acumula la investigación de los casos Frei y Berríos, como a los resultados de nuestro propio cotejo de la información, que de manera suficiente para la norma, la ética y el método periodístico, apunta a la autenticidad de los datos.

Mérito judicial

El desglose de la información del acápite 9091, relativo a la denominación operativa Coihueco, esto es, el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, acaecido en 25 de febrero de 1982, no ofrece diferencias sustantivas respecto de la investigación del ministro en visita Sergio Muñoz, pero suministra algunos antecedentes no conocidos. Por de pronto, la participación, en diversos grados, de los generales Arturo Alvarez Sgolia, Hernán Ramírez Rurange, Humberto Gordon y Fernando Torres Silva, del mayor Carlos Herrera Jiménez, del coronel Arturo Silva Valdés y de los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire, aparece acreditada hasta el punto de la condena de la mayoría de ellos.

En cambio, en el fallo no aparece establecida la intervención de la UAT, Unidad Especial de Inteligencia Militar; según el documento de la CIA una escasamente conocida unidad de intervención directa, que respondía directamente a Pinochet, por encima del mando jerárquico de los servicios de inteligencia formales, y que aparece directamente implicada en los homicidios de Tucapel Jiménez, Eduardo Frei, Eugenio Berríos y Gerardo Huber Olivares, bajo el móvil de “neutralizar” potenciales amenazas para la dictadura en los dos primeros casos, y de prevenir posibles filtraciones de esas operaciones a los tribunales, en los dos segundos.

Tampoco existe novedad respecto a la participación de la Brigada Sindical de la CNI y de la Secretaría General de los Gremios en las labores de inteligencia previa y encubrimiento posterior. Los nombres de Misael Galleguillos, Raúl Lillo Gutiérrez, Miguel Hernández, Francisco Ferrer Lima, Valericio Orrego y Eduardo Arriagada Rehren, aparecen profusamente mencionados en el proceso, lo mismo que Jovino Novoa Vásquez, actual Presidente del Senado.

Pero el informe de la CIA implica al ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Larraín, y agrega dos nombres que no aparecen en la investigación: Nelson Hernández Franco, al cual el mismo documento identifica posteriormente como enlace con Agustín Edwards, y Luis Becerra, quién por cerca de veinte años se desempeñó como chofer de Eduardo Frei Montalva.

Una secuela inquietante emerge del cotejo de las fechas consignadas en el documento –1984, 1986 y 1999– en circunstancias de que mientras lo conoció el ministro Sergio Valenzuela Patiño, el proceso estuvo virtualmente paralizado, y que sólo en los últimos dos años previos al fallo, registrado el 5 de agosto de 2005, el ministro Sergio Muñoz logró desentrañar la trama.

Esto significa, ni más ni menos, que desde 1984, y en todo caso en 1999, la CIA, y por tanto el gobierno norteamericano, tenían acabado conocimiento de la conspiración para asesinar a Tucapel Jiménez, atribuida a Pinochet en persona, y de los implicados en la misma. Es fácil deducir el poder de negociación que asigna la posesión de información de semejante calibre.

Operación Valquiria

El segundo capítulo se inicia con una información hasta hoy desconocida.
En clave operativa, el asesinato del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva, se denominó Operación Valquiria, el mismo nombre utilizado por los conspiradores que intentaron acabar con Adolfo Hitler, mediante un atentado con explosivos, el 20 de julio de 1944.

Muchos de los nombres de los involucrados se repiten porque, según el informe de la CIA, “se crearon dos frentes de acción paralelos para el desarrollo de estos dos objetivos, Valquiria y Coihueco”. A mayor abundamiento, precisa que “a través de la Unidad Especial de inteligencia militar, UAT, la cual depende directamente del comandante en jefe general Augusto Pinochet, se desarrolla unidad operativa Valquiria, DC. Su objetivo principal era neutralizar y eliminar a Eduardo Frei Montalva”.

Siempre según el documento, de los aspectos económicos y logísticos se encargó la empresa Elissalde y Poblete, una de las fachadas que utilizaba la DINA para financiar sus operaciones. Nombres como los de Luis González Sepúlveda, Juan Jara Quintana, Alicia Uribe, Alejandro Campos, Fernando Arancibia Reyes y Fernando Suau Baquedano, aparecen frecuentemente mencionados tanto en procesos judiciales como en páginas de periodismo de investigación.

En los aspectos operativos intervinieron, según el documento, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE; la Unidad de Contraespionaje, CIE; el Comando de Apoyo Táctico, CAT; el Departamento Exterior de la Central Nacional de Informaciones, CNI y el Complejo Químico del Ejército, IST.

Entre los nombres, figuran agentes que también aparecen mencionados en los asesinatos de Eugenio Berríos, y/o de Tucapel Jiménez, casos de Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Arturo Silva Valdés y Raúl Lillo Gutiérrez, todos los cuales están sometidos a proceso por el ministro Alejandro Madrid, en el caso Berríos.

En palabras del informe de la CIA, el asesinato del ex-Presidente Frei se produjo por la inoculación, en cada una de las cuatro operaciones quirúrgicas, de sustancias tales como gas mostaza y el bacilo Clostridium Botulinum, ingresado por agentes de la DINE infiltrados en la cancillería chilena.

El documento reporta acciones directas o indirectas, de los doctores Patricio Silva Garín, Augusto Larraín Orrego, Eduardo Wainstein, Rodrigo Vélez Fuenzalida, Sergio Virgilio Bocaz, Pedro Samuel Soto, Helmar Rosenberg, Eduardo Arriagada Rehren, Sergio Rosende Oyarzún, Alejandro Goic y Enzo Fujide. En la faena de embalsamar el cadáver y bloquear los indicios de las toxinas, aparecen mencionados los doctores Patricio Rojas Saavedra, Patricio Silva Garín, Hernán Barahona, Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardiere, así como el auxiliar Humberto Gallardo.

Para el suscrito, ninguna de estas informaciones constituye una novedad, toda vez que se ajusta con milimétrica precisión a las líneas de investigación que lleva adelante el ministro Alejandro Madrid, como consignamos en las ediciones 1447 y 1437 (de El Siglo). Pero es posible que al ministro le interese interrogar a Juan Renán Quintana, María Eugenia Valenzuela y Julio Lobos Romero.

Se presume que el ministro Alejandro Madrid expedirá sus primeras resoluciones en el curso de este año. Por tanto, resulta altamente llamativo que la CIA maneje esta información, al menos desde 1999.

Paquete Berríos

Muchos de los nombres, como Ramírez Rurange, Covarrubias Valenzuela, Silva Valdés, Lillo Gutiérrez, y Herrera Jiménez reaparecen en la operación de “extracción” del país y posterior asesinato del químico Eugenio Berríos, porque, según el documento de la CIA, también fue una operación realizada por la UAT. Para hacer corto el cuento, todos los nombres que aparecen en los acápites 4, Paquete Berríos; 5, Extracción de Chile y 6, Ejecución Paquete Berríos, están sometidos a proceso por el ministro Alejandro Madrid por su participación en diversos grados en el asesinato del químico, acaecido entre enero y marzo de 1993, en Uruguay.

La mayor novedad que aporta el documento dice relación con el hecho que habría sido una delación de la estación de la CIA en Buenos Aires, la que permitió la detención de Herrera Jiménez; un dato no menor, pues a su regreso a Chile, fue uno de los primeros en romper la cadena de lealtades, toda vez que empezó a entregar información clasificada que conduciría al esclarecimiento del asesinato de Tucapel Jiménez.

Edwards y CIA

En las partes donde el documento logra el clímax en materia de impacto y novedad es en los títulos 7, Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia; 8, Objetivos de Inteligencia y Operaciones Criminales y 9, Lavado de Activos y Financiamiento Operativo.

Por de pronto, en la planificación, desarrollo de medios logísticos y empresas utilizadas para el encubrimiento de acciones de la Escuela de Inteligencia del Ejército, EIE; Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE; Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT y Central Nacional de Informaciones, CNI, el documento implica a Augusto Pinochet Ugarte, Agustín Edwards Eastman, propietario de la Empresa El Mercurio S.A.P, y a su primogénito, Agustín Edwards del Río.

El informe agrega que Pinochet le encargó personalmente la planificación, desarrollo y ejecución de las operaciones Valquiria y Coihueco al entonces mayor Arturo Silva Valdés. A mayor abundamiento, sostiene que en ambas operaciones se utilizó personal activo y en retiro del Ejército, el cual fue traspasado, en palabras del documento, al servicio privado de seguridad de Agustín Edwards Eastman y Agustín Edwards del Río, “colaboradores e informantes de esta dependencia desde 1968”. Agrega que se utilizó como enlaces a Arturo Silva Valdés, Nelson Hernández Franco, Marcelo Sandoval, Nelson Román, Erika Silva y Eduardo Martínez Wogner.

Este antecedente corrobora la crónica publicada por el desaparecido diario 7 + 7, el 1º de agosto de 2003, denominada Yo Amé a un Asesino, firmada por las periodistas Verónica Foxley y Mónica González, que sobre el retiro del Ejército de Arturo Silva Valdés, relató:

“Sus planes los materializó en 1994. Nació Vanward. Y en septiembre de 1994, lo enviaron en comisión de servicio a trabajar para la seguridad personal de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio. En esa misión se unieron a Valdés Nelson Hernández Franco, también miembro de la unidad secreta de la DINE y que se desempeñó en la CNI bajo la chapa “Marcos de la Fuente”, procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval y Nelson Román. Hubo también una mujer: Erika Silva. Todo el equipo quedaría más tarde encabezado por el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fue ayudante del director de la CNI Humberto Gordon”.

Por lo tanto, es posible que dicha información ya esté asentada en el proceso que conoce el ministro Alejandro Madrid. Pero también entra dentro de las probabilidades que desconozca la información relativa al lavado de activos para el financiamiento de acciones operativas, para lo cual se creó una red de empresas de fachada, tales como Serprotec S.A.; Consultsistem Chile S.A.; Inversiones Canelo Seis, Compañía de Inversiones Nacionales; Inmobiliaria Santa Raquel, Ecogas, Focus Investment y una empresa que no identifica, la que estaría vinculada a Jovino Novoa Vásquez, entonces editor de informaciones del diario El Mercurio.

Nuestra propia investigación arrojó resultados sorprendentes, y en muchos casos concordantes con la información del documento de la CIA.

– Serprotec S.A. es una empresa constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Inversiones Canelo Seis y Cía., con un aporte de 4.900.000 pesos y Juan Luis Armando Herrera Villena, que aportó la suma de 10.000 pesos.

– Consultsistem Chile S.A. es una sociedad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1996, que registra un capital suscrito y pagado de 6.000.000 de pesos, aportado en partes iguales por los socios Arturo Rodrigo Silva Valdés y Eugenio Augusto Covarrubias Benavides.

– Canelo Seis es una sociedad de inversión constituida el 3 de septiembre de 1986, por Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia, integrada por Javier Duarte García de la Huerta y Jorge Eyzaguirre Correa, formada con la finalidad de triangular y licuar la cuantiosa deuda que por entonces acumulaba la Empresa El Mercurio S.A.P., ascendente a 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a 109.111 millones de pesos, o sea, poco más de 190 millones de dólares.

La Operación Salvataje de El Mercurio concluyó el 8 de marzo de 1990, esto es, el día hábil inmediatamente anterior a que la dictadura abandonara formalmente el poder, con cuantiosos créditos concedidos por el Banco del Estado, entre muchas otras maniobras, mientras lo presidía Alvaro Bardón Muñoz. La querella entablada por Andrés Sanfuentes, Presidente del Banco del Estado en 1990, estableció que la pérdida patrimonial directa del Banco con las citadas operaciones, ascendió por lo menos a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas.

La primera referencia sobre Inversiones Nacionales S.A. en el Registro Nacional de Socios y Sociedades de la Cámara Nacional de Comercio, remonta al 6 de junio de 1989, cuando aparecen como socios Mauricio Andrés Parot Medina y Mikel Ugarte Larrazábal. La siguiente glosa de interés aparece en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1992, con Inversiones Nacionales S.A. ya convertida en matriz del "hólding" empresarial de Francisco Javier Errázuriz, con sus filiales Comercial e Industrial Unimarc; Hipermarc Internacional, Inversiones Salmones Unimarc, Compañía Minera Nacional e Ingeniería e Informática Nacional, entre otras que aparecen en la escritura.

No menos sorprendente es la vinculación societaria que el rastreo de las escrituras permite establecer entre Comercial Canelo S.A. e Inversiones Nacionales S.A., de Francisco Javier Errázuriz.

En el extracto del notario Iván Torrealba, publicado el 10 de junio de 1994, en el Diario Oficial, se lee:
“Con fecha 18 de mayo de 1994 se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Canelo S.A., en la cual los accionistas Agustín Edwards Eastman, Inversiones Nacionales S.A. y Agustín Edwards del Río, acordaron la división de Canelo S.A. en dos sociedades, distribuyéndose entre ellas el patrimonio, activos y pasivos, en la forma y términos acordados en la Junta”, estableciéndose un capital ascendente a $ 4.835.928.564, dividido en 1.450.000.000 acciones nominativas sin valor nominal.

Los vínculos entre Inversiones Canelo Seis e Inversiones Nacionales se reproducen en la Sociedad de Inversiones Rahue S.A., constituida el 20 de diciembre de 2008, y en la Sociedad de Inversiones Pozo Almonte, publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2008.

Nuevas revelaciones de los Documentos Secretos de la CIA, serán dadas a conocer en la medida en que la verificación y cotejo de antecedentes arroje resultados convincentes y comprobables.

El documento de la CIA

embajada/ CIA-Chile/
Copia de acción/9091/ARA/APO
Enviado/CIA/chileto/was/DC/SECRET-3290/EYESONLY
Secreto sensible/Enero 84/86/99/informe
AMCO/CHILE/inteligencia/Agencia-Chile/ Recopilación de Antecedentes/
Traducción interna//Ordenadas/Wsa/WAS/ARA
Departamento de Estado

1.- Denominación Operativa/PR/Coihueco
/Estructura de Inteligencia/Organización lineal/Principios esenciales/Organización Funcional de Objetivo/Diseño/Planificación /Ejecución Operativa /Encubrimientos de Estado /según informe GI2/Agencia/Chile/Dpto. CÍA/

Objetivo de Acción
Tucapel Jiménez Alfaro/Partido Radical Chileno/ex -Director/ Anef Chile/creador Grupo de los Diez/ Unión Democrática de trabajadores/
Copia de acción/9092/ARA/APO

Desarrollo de acción/Operación Coihueco
Contrainteligencia / a través de la Unidad Especial de Inteligencia Militar/UAT/la cual depende directamente del Comandante en Jefe, General Augusto Pinochet Ugarte/ denominación operativa/Coihueco/PR/ su objetivo neutralizar e eliminar / Tucapel Jiménez Alfaro/
Arturo Álvarez Sgolia/Hernán Ramírez Rurange/Dirección de Inteligencia del Ejército /Diñe/Carlos Herrera Jiménez/ Miguel Letelier Verdugo/ Manuel Contreras Donaire/Arturo Silva Valdés/ Nelson Hernández Franco/Fernando Torres Silva/ClE/ Unidad de Contraespionaje /Comando de Apoyo Táctico /CAT/ CNI/ Humberto Cordón/ Luis Becerra//Conductor/ /fin traducción

Encubrimiento y participación de agentes de Estado
Funcionarios civiles /Dirigentes políticos /Dirección de Organizaciones Civiles/ Misael Galleguillos/Ministerio de Obras Públicas/ Valericio Orrego Salas/ Subsecretario de Gobierno/Jovino Novoa Vásquez/ Secretaría General de los Gremios/ Ministro del Interior /Sergio Fernández/

2.- Denominación Operativa/Valquiria DC
/Unidad de Apoyo/Inteligencia /Político Estratégica/
Raúl Lillo Gutiérrez/Miguel Hernández/Francisco Ferrer Lima/Eduardo Arriagada Rehren/ Brigada Político Sindical/Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército /UA T/DINE/C1-2/
Copia de acción/9093/ARA/APO
Estructura de Inteligencia/Organización lineal/Principios esenciales/Organización Funcional de Objetivo/Diseño/Planificación/Ejecución Operativa/Encubrimientos de Estado/según informe/ GI4/Agencia/Chile/Dpto. CÍA/
Unidad Económica/Logística/Planificación/Objetivo DC/PC
empresa Elissalde y Poblete/Pedro Diet Lobos/ Luis González Sepúlveda/Juan Jara Quintana/Alicia Uribe /Gómez/Alejandro Campos/Fernando Arancibia Reyes/Juan Jara/Sergio Herrera Silva/Fernando Suau Baquedano/

Objetivo de Acciones
Eduardo Frei Montalva/ Ex -Presidente de Chile/Ligado a nuestra agencia a través de Colaboradores e informantes de la DC Chilena/Apoyo en campaña presidencial/su partido está ligado a esta agencia desde 065/088/ fin traducción.

A través de la Unidad Especial de Inteligencia Militar/UAT/la cual depende directamente del Comandante en Jefe General Augusto Pinochet/ se desarrolla unidad operativa/Valquiria DC/su objetivo principal era neutralizar e eliminar / Eduardo Freí Montalva

Copia de acción/9094/ARA/APO
/Dirección de Inteligencia del Ejército /Dine/Fernando Torres Silva/ClE/ Unidad de Contraespionaje /Comando de Apoyo Táctico /CAT/ CNI/ Humberto Gordon/EIE/ Eugenio Berríos Sagredo/Complejo químico del Ejercito/ ISP/Jaime Fuenzalida Bravo/Joaquín Larraín Gana /OPS/Virgilio Scutia/ Arturo Silva Valdés/ Departamento Exterior de la CNI/Unidad Política DINE/ LBGE/Desarrollo de Acción/ Eduardo Freí Montalva/ Bacilo Clostridium /Botulinum/ LBGE/ se ingresa a través de Agentes Diñe, en la Cancillería Chilena /EUA/ Alemania /Bélgica/ Reino Unido/ Brasil/fin traducción

3.- Area Operativa y Observación de Objetivo/Informantes/
Brigada C1-2/CNI/DINE

En la recopilación de antecedentes, mediante las fuentes habituales, se llegó a la determinación, que la sustancia/ Bacilo Clostridium Botulinum/Gas Mostaza/fue introducida en cada una de las intervenciones /mediante el arsenal quirúrgico esterilizado/ dosis en apositos/se desarrolla en cuatro fases operatorias/ A la vez se llegó a establecer que los grupos operativos empleados por los organismos de estado /estaban en conocimiento/ sin saber del medio o agente externo a utilizar/ ordenado por /UAT/DINE/

Fase 1/04 /lntervenciones Quirúrgicas/Acciones directas e Indirectas de Objetivo
Patricio Silva Garín/ Augusto Larraín Orrego/ Eduardo Wainstein/ Rodrigo Vélez Fuenzalida/ Sergio Virgilio Socaz/ Pedro Samuel Soto/ Helmar Rosenberg/ Eduardo Arraigada Rehren /Sergio Rosende Ollarzu/ Alejandro Goic/Enzo Fujije/Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)
Copia de acción/9095/ARA/APO

Fase 2/ Necropsia /embalsamar el cadáver/bloquear indicios toxina/
Los doctores Patricio Rojas Saavedra /Patricio Silva Garín/ordenaron al Doctor Hernán Barahona/ H.U.C.CH/ enviar a los Patólogos /Helmar Rosenberg Gómez /Sergio González Bombardiere /auxiliar Humberto Gallardo/inyectándole formalina/necropsia/

Fase 3 Ejercito de Chile/coordinación / enlaces/ejecución de Acción
Juan Renán Quintana/ Osvaldo Cordero Cuevas//Sergio González Wauters Raúl Lillo/ Juan Evaristo Gallegos/ Luis Becerra/ Joaquín Larraín Gana/Jaime Fuenzalída Bravo/María Eugenia Valenzuela/Julio Lobos Romero/Eugenio Berrios Sagredo// Hernán Ramírez Rurange/ Eugenio Covarrubias Valenzuela/ Arturo Silva Valúes/Maximiliano Ferrer Lima /Víctor Pinto Pérez /Ramsés Álvarez Sgolia/fin traducción
Fase 4/Traslado Uruguay/planificación/Logística/Colabor adores/Ejecución /Eugenio Berrios/

4.-Objetivo de Acción/ Paquete Berríos/DINE/UAT/CNI
Hernán Ramírez Rurange/ Eugenio Covarrubias Valenzuela/ Luis Arturo Sanhueza Ross/ Vinculación Operación Albania / Carlos Herrera Jiménez / Vinculación / Operación Coihueco/’Asesinato Tucapel Jiménez/ Torres Silva/Augusto Pinochet/Operador es Intelectuales/ Pablo Rodríguez Márquez/ destinado por Pinochet/equipo secreto DINE/UAT/Arturo Silva Valdés/ Raúl Lillo Gutiérrez/ civil de la CNI/
Copia de acción/9096/APO

5.-Desarrollo de Acción/Extracción de Chile/Operación de 8ajas/Cóndor2/
Ciudad de Punta Arenas/Rio Gallego/Buenos Aires/Colonia/Montevideo /Carlos Herrera/ Tomás Casella/Ejercito Uruguayo/ Francisco Maximiliano Ferrer/Coordina la primera residencia de seguridad de Eugenio Berríos y Carlos Herrera/A través de nuestra Agencia en Buenos Aires, se logró dar aviso por los canales normales, de la presencia de Carlos Herrera, el cual fue detenido por las autoridades/fin de traducción

6.-Ejecución/ Paquete Berríos
Mario Enrique Cisternas/ Pablo Marcelo Rodríguez/Jaime Torres Gacitúa/ Arturo Silva Valdés/Inteligencia Uruguaya/Tomás Casella/Eduardo Radaelli /Wellington Sarli Pose/

7.- Operaciones Especiales de Inteligencia/ Contrainteligencia/
Planificación/ Desarrollo de Medios Logísticas/ Empresas utilizadas/Acciones Encubiertas/EIE/ DINE/UAT/CNI /
Desarrollo Táctico y Operacional/Augusto Pinochet Ugarte/ Agustín Edwards Eatsman/ Agustín Edwards del Rio/Propietarios del Periódico El Mercurio/Empresas Utilizadas para el desarrollo de ambas Operaciones de Inteligencia/fin traducción
copia de acción/9097/ARA/AP0
Arturo Rodrigo Silva Valdés/DINE/UAT/Oficial de Ejército Chileno/orden directa del General Augusto
Pínochet/Planificación/Desarrollo/Ejecución/Operación/Valquria DC/Operación Coihueco/fin traducción

8.-Objetivos de la Inteligencia/ operaciones criminales
En antecedentes desarrollados por nuestra embajada, se crearon dos frentes de acción paralelos, para el desarrollo de estos dos objetivos/Valquiría DC/Coihueco/se utilizó personal activo y en retiro del Ejercito de Chile, el cual fue traspasado al servicio privado de seguridad de Agustín Edwards Eatsman/ Agustín Edwards del Rio/Colaboradores e informantes de esta dependencia/’068’/se utiliza como enlaces/ Arturo Rodrigo Silva Valdés/ Nelson Hernández Franco/ Marcelo Sandoval/ Nelson Román/ Erika Silva/ Eduardo Martínez Wogner /fin de la traducción

9.-Inversiones y Lavado de Activos / Financiamiento Operativo/
Serprotec S.A./Gerente General /Eugenio Covarrubias Jr./ Juan Luis Herrera Villena/Inversiones Canelo Seis/Compañía de Inversiones Nacionales/ socios Agustín Edwards Eatsman/ Agustín Edwards del Río/ Ecogas Limitada/ /Ceqsachile S.A./Consultsistem Chile S.A/Inmobiliaria Santa Raquel/empresa ligada al traficante de Drogas/Lavado de Activos/tráfico de Armas/Jesús Ochoa Galvis/Empresa Focus Investment Corp/Ligada a lavados de activos de la familia de Rinochet/Hongkong and Shanghai Bank/Banco Chile N.Y./ Banco 0’Higgins/ Barrick Gold Corporation/Ligadas al empresario Chileno/Andrónico Luksic Abaroa/Banco Edwards/Estudio Guerrero Olivos/Empresa ligada al ex editor general de informaciones del Diario El Mercurio/Héctor Novoa Vásquez/ Jovino Novoa Vásquez/ fin traducción

Embajada/ CÍA/ CHILETO
Embajador/Ministro Consejero

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.