Villalobos Lobos Patricio Maximiliano Horacio Valentin

En cuestión de días, o tal vez sólo de horas, la ministra de fuero Gabriela Corti decretaría el procesamiento de cuatro ex oficiales de la Armada como responsables del “secuestro calificado” del ex interventor de la CCU, regidor de Limache, constructor civil y periodista Jaime Aldoney Vargas, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney.

Los autos de procesamiento fueron solicitados el pasado 25 de octubre por el abogado y parlamentario Juan Bustos, uno de los querellantes en este caso, y se fundamentan en gran cantidad de antecedentes que configuran la plena convicción de responsabilidad en el secuestro, de los hoy oficiales en retiro de la Armada Ernesto Huber von Hapen, Patricio Villalobos Lobos, Manuel Bush López y Pedro Pablo Aracibia.

En su solicitud, el abogado Bustos pide someter a proceso a los cinco oficiales en retiro por infracción al Artículo 274 del Código Penal; es decir, por secuestro calificado en la persona de Jaime Aldoney, hecho registrado el 12 de septiembre de 1973 en Limache y El Belloto, comuna de Quilpué.

Aldoney fue detenido por Carabineros de Limache en la Planta CCU el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe militar. Fue torturado en la Comisaría local y luego enviado a la Base Aeronaval de El Belloto, donde también fue sometido a tormentos por efectivos de la Armada que están plenamente identificados.

En el recinto naval fue visto por numerosos testigos detenidos y efectivos de la Armada que han dado testimonio de haberlo apreciado severamente lesionado, en estado prácticamente agónico.

Testigos y fuentes cercanas al proceso han sostenido a este sitio de noticias que el 14 de septiembre de 1973, Aldoney se hallaba no sólo grave por efecto de las torturas, sino además aquejado de una neumonitis, producto de su larga permanencia a la intemperie sin abrigo.

En tales circunstancias y con un informe médico como desahuciado, fue subido a una avioneta (hay quienes afirman que se trató de un helicóptero) mientras aún permanecía con vida.

Habría dejado de existir en el trayecto desde Quilpué hasta la costa, frente a Con-cón, donde habría sido arrojado al mar.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime, otorgó la libertad provisional a cuatro de los seis procesados por la desaparición del ex interventor de la CCU en la Quinta Región, Jaime Aldoney Vargas.

Los beneficiados con la resolución judicial son el contralmirante (R) Ernesto Huber Von Appen; los capitanes de navío (R) Sergio Mendoza y Patricio Villalobos; y el suboficial (R) Manuel Buch López.

En tanto, continúan detenidos el civil Jaime Undargarín y el capitán de navío (R) Pedro Pablo Arancibia Soler.

Jaime Aldoney, militante socialista, constructor civil, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en Limache y trasladado a la base aeronaval de El Belloto por personal de la Armada. Allí fue sometido a torturas y se perdió su rastro.

El abogado y diputado (PS), Juan Bustos, anunció que apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el caso de Jaime Aldoney, cuyo cuerpo fue lanzado al mar en 1973, luego que el ministro en visita Julio Miranda condenara a cuatro oficiales (R) de la Armada a cuatro años de libertad vigilada, a penas remitidas a otros dos involucrados y absolviera a otros dos individuos.

Bustos calificó las penas como insuficientes "deben ser de presidio mayor, pues se trata de un crimen muy grave".

Entre los sentenciados se encuentran Sergio Iván Mendoza Rojas, Patricio Maximiliano Villalobos Lobos, Pedro Pablo Arancibia Solar y Jaime Urdangarín Romero, además del contraalmirante (R) Ernesto Hubert von Appen y el suboficial Manuel Bush López, quienes obtuvieron penas que van desde los 72 días hasta los cuatro años de presidio que podrán cumplir de manera remitida.

Jaime Aldoney era estudiante de Periodismo, constructor civil, regidor de Limache e interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) cuando fue detenido por Carabineros en 1973.

Según los testimonios de la época, desde la comisaría de Limache fue llevado por efectivos de la Armada a la base aeronaval de El Belloto -de la que estaba al mando Huber- allí fue torturado y se perdió su rastro.

Media prescripción en caso Alsina

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Donato López Almarza por el homicidio del sacerdote español Joan Alsina Hurtos, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Puente Bulnes de Santiago.

En fallo dividido los magistrados Alberto Chaigneau, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y los abogados integrantes Fernando Castro y Domingo Hernández sentenciaron a tres años y un día a López Almarza concediendo el beneficio de la libertad vigilada al condenado.

La sentencia aplica la media prescripción, previsto en el artículo 103 del Código Penal para rebajar la condena de segunda instancia que había sentenciado a López Almarza a 5 años y un día de presidio, sin ningún tipo de beneficios.

El ministro Ballesteros era partidario de aplicar la prescripción a favor del condenado.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó penas tan bajas que los siete condenados las cumplirán en libertad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.

Los ministros Manuel Silva Ibáñez y Gonzalo Morales (voto de mayoría) aplicaron el criterio jurídico de la "media prescripción" y aplicaron condenas de tres años y 541 días en contra de los seis capitanes de navío (R) -Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, Germán Valdivia Keller, Guillermo Vidal Hurtado y Sergio Mendoza Rojas- y el contraalmirante (R) Ernesto Huber von Appen.

Como las penas son inferiores a cinco años y un día todos los sentenciados las cumplirán en libertad.

La media prescripción es una fórmula "de reconciliación", instalada hace dos años por la Sala Penal de la Corte Suprema, que permite aplicar penas bajas a quienes cometieron crímenes durante la dictadura.

La sentencia fue considerada "grave y lamentable" por la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Karina Fernández, querellante en la causa: "se aplicó un tipo de prescripción a violadores de derechos humanos que les permite seguir libres, en una sentencia absolutamente contradictoria con los principios del derecho internacional".

La abogada dijo a La Nación que "la Armada no colaboró en la investigación, por lo que es aún más injusto" y agregó que "recurriremos de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema".

Jaime Aldoney, ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas de Limache y hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue detenido tras el golpe militar de 1973 y torturado en la base aérea naval de El Belloto, desde donde despareció.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Jaime Aldoney Vargas, periodista y exregidor de Limache, y ejecutado a partir del 12 de septiembre de 1973 desde la base aeronaval de El Belloto.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las penas, acogiendo la investigación que realizó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo.
La condena se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron partidarios de acoger la causal de prescripción de la acción penal.
El fallo absolvió a dos de los ocho acusados en la causa por falta de participación en los hechos: el contraalmirante en retiro Ernesto Huber Von Appen y al oficial en retiro Manuel Buch López. 
Cinco de los otros acusados fueron condenados a 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Ellos son los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Urdangarín Romero, y Germán Valdivia Keller.
Como encubridor se condenó al capitán Guillermo Vidal Hurtado a la misma sentencia, mientras que al capitán en retiro Sergio Mendoza Rojas se le aplicaron sólo 4 años y también con libertad vigilada.
En el aspecto civil se determinó que los condenados Valdivia Keller, Arancibia Solar, Urdangarín Romero y Mendoza Rojas deben cancelar una indemnización solidaria de $ 30.000.000 a
Gabriel e Iván Aldoney Vargas, hermanos de la víctima. 
Asimismo se desestimó la demanda en contra del Fisco de Chile acogiendo la causal de incompetencia absoluta del tribunal.
En el aspecto civil, la determinación de acoger la excepción a favor del Fisco de Chile se adoptó con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller.

Los procesos son en torno a los casos del ciudadano de República Dominicana, Juan Andrés Blanco Castillo, ocurrido en septiembre de 1973 y el secuestro del ciudadano, chileno Ramón Donato Navia Martínez, ocurrido el 14 de cotubre del mismo año.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, sometió a proceso ex funcionarios de la Armada de Chile, como autores del delito de secuestro con grave daño, en dos casos por violaciones a los derechos humanos que se encuentra tramitando.

Uno de los casos, en torno al ciudadano de República Dominicana Juan Andrés Blanco Castillo, el magistrado sometió a proceso a: Patricio Maximiliano Horacio Valentín Villalobos Lobos, Manuel Alejandro Buch López, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Osvaldo Francisco Rey Vergara y Víctor Orlando Rey Ringele.

De acuerdo a los antecedentes que existen en la causa “durante el mes de septiembre del año 1973, Juan Andrés Blanco Castillo, ciudadano de la República Dominicana, nacido el 15 de marzo de 1948, estudiante de economía, fue detenido por una patrulla de efectivos de la Armada de dotación de la Base Aeronaval de El Belloto, a cargo del Teniente 2° Jorge Ginouves Contreras en el sector Barrio Norte de la comuna de Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, quien es conducido al recinto naval para ser entregado al personal del Servicio de Inteligencia, de la Comandancia de Aviación Naval (COMAVNAV)”.

“La víctima es recluida inicialmente en un sector que fue habilitado para la detención de personas civiles al interior de la Base, en donde es sometido a distintos interrogatorios en la Oficina de Información de Control Aéreo (OICA) por personal de Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Aviación Naval (COMANAV)”.

“Luego de permanecer detenido en la Base Aeronaval de El Belloto, Juan Blanco Castillo es conducido al Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué, para permanecer recluido en los calabozos de dicho recinto, los cuales de ubican en el subterráneo donde es sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos de parte de sus captores”.

“Pasado un tiempo la víctima es sacada con signos evidentes de maltrato físico y psicológico del recinto antes señalado en dirección desconocida. Luego de un periodo de 6 meses, la Policía de Investigaciones de la comuna de Quilpué debe concurrir hasta un sector denominado la curva “M” en la localidad de Colliguay, lugar en donde se produce el hallazgo de un cadáver N.N. sexo masculino. De acuerdo a las características de vestimentas y examen del cadáver, el personal policial presume que se trata del Dominicano Juan Blanco Castillo, cuya autopsia no fue ubicada y los restos fueron remitidos a una fosa común del Cementerio de Quilpué, configurándose así el delito de secuestro con grave daño a la persona de Juan Andrés Blanco Castillo, figura prevista y sancionada en el Art. 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos”.

Por otro lado, por el secuestro del ciudadano, chileno Ramón Donato Navia Martínez, se encausó a Guillermo Retamales Ruz y Patricio Villalobos Lobos.

De acuerdo a los antecedentes de la causa “se pudo establecer que el día 14 de octubre de 1973, siendo aproximadamente a las 21:30 horas, en el domicilio ubicado en calle Antonio Varas Nº 1557, población Victoria Oriente de la comuna de Quilpué, fue detenido Ramón Donato Navia Martínez por personal de la Armada de dotación de la Base Aeronaval de El Belloto, quienes lo trasladan en una camioneta roja a dicho recinto, donde es recluido, específicamente en un patio que se le habilitó para la detención de personas civiles requeridas por la autoridad militar, el cual se encontraba delimitado y circundado por montículos de arena”.

“Ramón Donato Navia Martínez, es ingresado al recinto de reclusión justo al momento en que no había detenidos, debido a que se encontraban recluidos en dependencias de las salas de clases (CIAN), es interrogado en el pozo (lugar destinado para los detenidos en la Base Aeronaval) por un funcionario que se identifica con el grado de Teniente, respecto de la ubicación de armas que presuntamente tenía en su poder y de los nombres de todos su compañeros y miembros de la directiva política que integraba”, agrega la resolución.

Para finalizar menciona: “en cuanto a las causas del fallecimiento de la víctima Ramón Donato Navia Martínez, se pudo establecer que el día 15 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, el centinela que se encontraba de guardia en la Oficina de Reportes Aéreos, al oír los gritos que se escaba de un detenido del recinto de detención, salió de inmediato de su oficina portando un fusil M-1, percatándose en ese instante que una persona corría desde dicho recinto hacia la losa de aterrizaje, haciendo caso omiso de las advertencias para detenerse, ante lo cual el centinela hizo uso de su arma, disparando sólo una vez a la víctima”.

Dictadura El año 1972 Juan Andrés Blanco Castillo, regresó desde la Ex unión soviética a República Dominicana, luego de estudiar en la Universidad Patricio Lumunba de Moscú. Tras su llegada al aeropuerto "Las Américas" en Santo Domingo, el joven Juan Blanco fue expulsado del país por la autoridades dominicanas por provenir de un país comunista, así lo expuso su padre Ramón Blanco, político y académico dominicano, quien había sido uno de los fundadores del "Movimiento Clandestino 14 de Junio" que luchó contra la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961) y posteriormente fuera miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD).

Joaquín Pérez

Juan Blanco inició así un periplo por América latina, llegando primero a Venezuela, luego a Uruguay y recalando finalmente en Chile a inicios de 1973, donde comenzó a militar en el MIR.

El 14 de octubre de 1973, a los 25 años de edad, Juan fue detenido en su domicilio y trasladado a la base aeronaval, «El Belloto», en Quilpué. El centro de detención y torturas también fue denominado como Acapulc, El Hoyo o El Pozo. Posteriormente, fue llevado a un cuartel de la policía de investigaciones de Quilpué, donde los funcionarios del grupo de inteligencia lo interrogaron y torturaron, utilizando entre otras técnicas la aplicación de papel de diario encendido para quemarlo en el abdomen. Según consta en el expediente judicial, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose grave a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. "Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de Juan Blanco, este fue retirado desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha", consignó el documento.

Testigos aseguran que fue trasladado al barco de la Armada de Chile «Lebu», sin que existan certezas de aquello, lo que sí se sabe es que seis meses después de su detención, la policía halló su cuerpo en las cercanías de la localidad de Colliguay y sus restos fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Quilpué.

Su familia y la embajada de República Dominicana en Chile, realizaron acciones judiciales por su caso, las que terminaron en el procesamiento y condena por parte del juez de Corte de Apelaciones de Valparaiso, Julio Miranda Lillo, en noviembre del 2022, del capitán de navío Patricio Villalobos Lobos, el suboficial mayor Osvaldo Rey Vergara, el sargento primero Víctor Rey Ringele, el cabo primero Manuel Busch López y Wilfredo Zepeda Iturriaga, que prestaba labores como empleado civil de la institución, a 15 años de presidio. Todos ellos integraron los servicios de inteligencia de la Armada (Ancla2) a