Vicente Molina Enrique Francisco Humberto

Han pasado más de cinco años, desde que el abogado Guillermo Kegevic se hizo cargo de la querella en contra del actual Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, Enrique Vicente Molina, por su presunta participación en la muerte del Prefecto de Investigaciones, Juan Bustos Marchant, en mayo de 1974.

Hasta ahora, el caso avanzaba y se estancaba, pero la presión de las hijas del ex prefecto y el trabajo del abogado, ha permitido que el caso no sólo se reabra, sino que han dado un paso que permitirá dilucidar las reales causas de muerte del policía.

Enrique Vicente Molina es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y desde 1986 oficia como Director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, representando al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ahora se encuentra implicado en el presunto homicidio de Juan Bustos Marchant, quien fue el Prefecto de Investigaciones en la V Región durante el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens.

La historia oscura del Procurador Fiscal, salió a la luz pública en el año 2006, cuando la periodista que escribe este artículo denunció estos hechos públicamente. Dando con los expedientes navales correspondientes y a los que tuvo acceso en forma exclusiva, donde consta la relación directa que Enrique Vicente tenía con la detención y posterior muerte del prefecto Juan Bustos Marchant.

NO SE SUICIDÓ

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial, hasta el 2006, fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación.

Hasta ese año se había sostenido la tesis irrefutable que el ex prefecto se había suicidado. Sin embargo, corría también el rumor que el Prefecto de Investigaciones podría haber sido obligado a dispararse. El expediente naval quedó por años guardado bajo llaves, sin que nadie pudiese tener acceso a una parte de la verdad de esta historia y que, luego de develarse, pasados más de 40 años, su familia comenzó a recorrer los episodios de la muerte del Prefecto aunque nunca lograron conocer a cabalidad toda la información y pasajes oscuros que conforman, hasta hoy, esta historia.

Desde el año 2006, antecedentes nuevos recogidos por investigaciones realizadas por peritos y por Guillermo Kegevic, abogado que representa a las hijas del Prefecto, Pamela y Gloria Bustos, han originado una nueva mirada respecto de los últimos momentos en que el padre estuvo vivo y en cautiverio, en poder de la Armada de Chile, en Valparaíso.

Hoy, las investigaciones indican que es dudosa la posibilidad de un suicidio, ya que existen nuevos y contundentes argumentos para pensar que su muerte se debió lisa y llanamente a un homicidio perpetrado dentro de las dependencias de Investigaciones de la Región. Así queda de manifiesto en la solicitud de exhumación del cuerpo del malogrado detective, con el que la familia pretende que se determinen exactamente las causas de muerte y la forma en que Bustos Marchant fue ultimado.

CRÓNICA DE LA MUERTE DE BUSTOS MARCHANT

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios, y después del general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.

Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.

Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.

Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Allí le contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio al resto de la familia, amigos y colegas, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

«INTERROGADO POR DROGAS Y ARMAS INEXISTENTES»

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.

Sin embargo, Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento al director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, sobre lo sucedido. En esa misma ocasión, Bustos Marchant, reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.

El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Vicente Molina argumenta que si no se hubiera presentado habría sido considerado «desertor en tiempos de guerra». Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: Actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran.

Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en esa institución, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.

Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente, el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas. Hay constancia en el expediente con fecha 30 de abril de ese año. El fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaban al ex prefecto Bustos.

Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos. Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad de la época.

Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, un día feriado (1º de mayo) para visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: «Me tienen liquidado», dijo. Al día siguiente, Bustos Marchant apareció «suicidado».

Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina, en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿Cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?

«Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte», dijo su hija Pamela Bustos. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, hoy ya fallecida sin encontrar la verdad y menos justicia, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, «pues no se le había comprobado nada», le dijo en ese entonces según relataba.

BUSTOS FUE SEGUIDO POR EL SERVICIO DE INTELIGENCIA NAVAL

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.

Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval estadounidense y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos de ultra derecha, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, en 1970.

Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.

Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, quien resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.

Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.

Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato para la derecha y el alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

CARGOS POR HOMICIDIO

El caso de Juan Bustos Marchant, está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes e investigaciones apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval, con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.

El 19 de noviembre de 2010, el abogado querellante, Guillermo Kegevic, logró después de reiterados intentos y obstáculos que se declarara admisible la solicitud de exhumación de los restos de Bustos Marchant, enfatizando que existen argumentos sólidos para determinar que la causa de muerte no fue suicidio, sino homicidio, perpetrado por uniformados de la marina nacional, cuyo mayor responsable sería, entonces, el procurador fiscal del CDE de Valparaíso, Enrique Vicente Molina.

En efecto, en la causa ROL 143.578-2004, el jurista afirma que de acuerdo a declaraciones prestadas tanto por sus hijas y las indagaciones realizadas con posterioridad (fojas 74 y 76) ambas señalan que de lo único que tuvieron antecedentes en ese entonces, fue que el impacto de bala fue perpetrado por la sien izquierda, en circunstancias que el prefecto era diestro, y el ángulo de entrada de la bala es de arriba hacia abajo, difícil para que se lo haya autoinferido. Es necesario destacar que la familia no tuvo acceso a ver el cadáver puesto que les fue entregado en una urna sellada.

Por otra parte, en la exhumación, afirma el abogado Kegevic, “buscamos determinar el arma de fuego utilizada para ultimarlo, debido a que los informes del Sumario de Investigaciones y el Protocolo de Autopsia son contradictorios”.

Efectivamente, en el sumario realizado por Investigaciones (fojas 96) determina que el arma utilizada sería de calibre 7,65 milímetros, pero en el protocolo de autopsia /fojas 161) informa que el calibre del arma sería de 32 milímetros y que fue disparada con una pistola cuyos proyectiles son protegidos por un forro o camisa metálica distinta del plomo y, por consiguiente, pueden atravesar completamente el cráneo.

Kegevic es enfático en el esclarecimiento de esta causa, toda vez -afirma el abogado- “que tanto la familia como el país necesita conocer los antecedentes reales de la causa de muerte de un funcionario de alta envergadura como lo fue el señor Juan Bustos Marchant. Es necesario, señala, determinar con exactitud si la víctima fue torturada antes de morir, puesto que de acuerdo al protocolo de autopsia, el prefecto presentaba algunas anormalidades que hacen de este caso una muerte más con gran similitud al deceso del señor José Tohá González, de quien también informaron que se había suicidado y hoy está apareciendo una verdad que descarta esa hipótesis”.

Para Kegevic, lo importante es determinar con precisión los antecedentes de la autopsia y eso sólo se logra exhumando el cadáver para extraer la mayor cantidad de antecedentes que permitan llegar a la verdad que la familia del prefecto, sus hijas en este caso, reclaman. Por ejemplo, dice el jurista, existen dudas razonables en el informe de autopsia fechado el 21 de junio de 1974, practicado por el médico legista Carlos Sotomayor Pozo, que señala que el prefecto “presentaba un orificio de entrada del proyectil situado en el lugar más común usado por los suicidas, situado en la sien derecha, entre la cola de la ceja y el pabellón de la oreja, contrario a lo que dice el informe que se hizo el 2 de mayo del mismo año.  Así como también asegura que el cuerpo de Bustos Marchant “no presentaba signos de lucha ni otras lesiones que pudiera atribuirse a acción de terceros”. Informó, además que de acuerdo al peritaje, el arma utilizada podría tratarse de una calibre 32, donde -además- no se encontró signos de apoyo del arma usada, en la piel, por haber sido borrada al limpiar la herida.

Pero, el informe de autopsia realizado en Viña del Mar, el 02 de mayo de 1974,  es decir, un día después del deceso del prefecto, afirma que Bustos Marchant llegó con vida a la asistencia pública (Hospital Van Buren) y que después de cuatro horas aproximadamente falleció. Además, en este informe  se  lee que  el Prefecto Juan Bustos Marchant, presentaba dentadura incompleta, faltando gran número de piezas dentarias superiores. Para Kegevic, “este es un dato realmente importante, así como la contradicción entre un informe y otro sobre el calibre del arma utilizada”. Es decir, existen elementos realmente contundentes para iniciar un nuevo proceso investigativo que se adjunte al que hasta ahora hemos llevado y eso sólo lo obtendremos con la exhumación y la práctica de nuevos peritajes en el cuerpo del prefecto Juan Bustos Marchant”.

PRONTA EXHUMACIÓN

El 29 de noviembre de 2010, el abogado Guillermo Kegevic, apeló ante la negativa de permitir la exhumación del cadáver de Bustos Marchant por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en primera instancia por la ministra Eliana Quezada Muñoz; sin embargo, el 13 de enero, la misma Corte de Apelaciones revocó la decisión de la ministra Quezada, devolviéndole el expediente a la Ministra y la exhorta para que dictamine la ejecución de todas las diligencias pertinentes que permitan aclarar la muerte del  policía. La diligencia de exhumación, en principio, se estaría planificando para estos días de marzo.

Una de sus hijas, Pamela Bustos, quien vive en el extranjero, ya viajó a Chile para presenciar la exhumación y prestar declaraciones ante la justicia para colaborar con todo lo que ella sabe y recuerda del período en que su padre comenzó a verse involucrado en un seguimiento cruel que terminó con su muerte y la desmembración de la familia, quienes fueron obligadas a sumirse en el silencio por el temor de perder la vida también.

Este procedimiento se interpreta como un golpe para el actual procurador fiscal del CDE, Enrique Vicente Molina, puesto que la causa ha cambiado la carátula, quedando bajo el ROL IC-816-2010, rol 143578-2004, radicada en el ex segundo juzgado del crimen de Valparaíso, seguida contra Enrique Vicente Molina y otro, por el delito de Homicidio, artículo 391 N°2, aunque siga ejerciendo su cargo de funcionario del Estado.

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación. Hasta hoy sostienen que el ex prefecto fue asesinado: directamente o bien obligándolo a disparar contra sí mismo.
Su caso está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.
Luego de años de silencio, aunque el caso fue presentado a la Comisión Rettig, la familia se ha puesto en movimiento para aclarar los hechos. Con el apoyo del Fasic, a través del abogado Héctor Salazar, ha iniciado un proceso criminal para determinar la responsabilidad de "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant".

DESPUES DEL GOLPE

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios y después el general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.
Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.
Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.
Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Bustos contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

"ME TIENEN LIQUIDADO"

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.
Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, lo sucedido. Reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.
El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Hoy dice que si no se hubiera presentado habría sido considerado "desertor en tiempos de guerra". Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran. Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en el CDE, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.
Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, al que tuvo acceso Punto Final, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas.
Hay constancia en el expediente que el 30 de abril de ese año el fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaran al ex prefecto Bustos. Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos.
Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad.
Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, por ser día feriado (1º de mayo) a visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: "Me tienen liquidado", dijo.
Al día siguiente, Bustos Marchant apareció "suicidado". Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?
"Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte", dice su hija Pamela. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, "pues no se le había comprobado nada".

BUSTOS LUCHO POR LA DEMOCRACIA

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.
Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval norteamericana y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos fascistas, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.
Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, que resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.
Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.
Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato a la derecha y al alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación. Hasta hoy sostienen que el ex prefecto fue asesinado: directamente o bien obligándolo a disparar contra sí mismo.
Su caso está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.
Luego de años de silencio, aunque el caso fue presentado a la Comisión Rettig, la familia se ha puesto en movimiento para aclarar los hechos. Con el apoyo del Fasic, a través del abogado Héctor Salazar, ha iniciado un proceso criminal para determinar la responsabilidad de "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant".

DESPUES DEL GOLPE

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios y después el general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.
Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.
Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.
Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Bustos contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

"ME TIENEN LIQUIDADO"

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.
Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, lo sucedido. Reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.
El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Hoy dice que si no se hubiera presentado habría sido considerado "desertor en tiempos de guerra". Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran. Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en el CDE, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.
Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, al que tuvo acceso Punto Final, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas.
Hay constancia en el expediente que el 30 de abril de ese año el fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaran al ex prefecto Bustos. Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos.
Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad.
Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, por ser día feriado (1º de mayo) a visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: "Me tienen liquidado", dijo.
Al día siguiente, Bustos Marchant apareció "suicidado". Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?
"Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte", dice su hija Pamela. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, "pues no se le había comprobado nada".

BUSTOS LUCHO POR LA DEMOCRACIA

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.
Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval norteamericana y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos fascistas, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.
Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, que resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.
Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.
Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato a la derecha y al alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

Mediante un exhorto para que en Orlando, Estados Unidos, declare el ex agente de la Brigada Zorro 2 que operó en Valparaíso para la Armada, Óscar Correa Correa, la magistrada Eliana Quezada busca reunir más antecedentes respecto de la función que tras el golpe militar cumplió el fiscal naval Enrique Vicente Molina en los centros de detención y tortura, Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Playa Ancha.

Según antecedentes del proceso que se instruye por los delitos de lesa humanidad acontecidos en estos lugares, Vicente, actual abogado jefe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la V Región y capitán de corbeta (R), habría instruido las acciones cometidas por el equipo operativo Zorro 2.

Así lo estableció un informe policial adjunto al expediente que indica que Correa, el suboficial (R) Guillermo Peña González y el teniente coronel (R) Alejandro Vargas Goas, todos de Carabineros, "cumplían instrucciones del fiscal naval Enrique Vicente Molina".

Tanto Vargas como Peña, careados con Vicente, confirmaron en la investigación la presencia del entonces fiscal naval en estos centros de tormento, cargo que Vicente hasta ahora sigue negando.

Con la declaración del agente Correa, y si éste sostiene los dichos de Peña y Vargas, la jueza tendría ya tres testimonios que desmentirían a Vicente.

Quien también está acusado de tener una participación activa respecto del trato de los prisioneros en ambos recintos de la Armada es el capitán de navío (R) y entonces ayudante del fiscal Vicente con el grado de teniente, Patricio Schiavetti Rosas, lo que éste también niega en el proceso.

Sin embargo, careado con Peña González, Schiavetti no cubre a Vicente y admite que "no puedo afirmar ni negar que don Enrique Vicente Molina lo haya hecho (operado en la AGN y Silva Palma) en algunas de las causas que se tramitaban".

Entre las acusaciones de ex prisioneros en contra de Vicente está la de Nina Reyes Guzmán, quien sostiene procesalmente que el fiscal estuvo presente en una sesión de torturas que se aplicó en el Cuartel Silva Palma, reconociéndolo por un anillo de oro con las iniciales EV, "joya que después le volví a ver en la Fiscalía Naval".

El actual jefe del CDE en Valparaíso también está acusado en calidad de "inculpado" en las causas por los tormentos aplicados a Guillermo Kegevic Julio (fallecido por secuelas) y Dragomir Kegevic Ahumada, y el crimen del sacerdote Miguel Woodward. Abogado querellante en estas causas, salvo en la de Woodward, es Guillermo Kegevic Ahumada.

El ex fiscal Vicente también debe explicar en el proceso porque omitió declarar que su labor en ese cargo como capitán de corbeta en servicio activo se extendió hasta el 1 de enero de 1978, según el oficio 1600/0320 de la Armada, y no hasta el 31 de diciembre de 1974 como él lo aseguró en la investigación.

Además se está a la espera de un informe de la Contraloría General de la República para que aclare en qué calidad representan en estas causas al inculpado Vicente los abogados del CDE de Valparaíso, Juan García Bilbao y Helga Göcke Saavedra, información solicitada por el senador (PRSD) Nelson Ávila.

Bajó las órdenes de ex fiscal naval y Enrique Vicente, Guillermo Peña operó en el centro de tortura Academia de Guerra Naval de Valparaíso.

El ex agente del Grupo Zorro 2, suboficial (R) de Carabineros Guillermo Peña González, que operó en los centros de tortura Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma en Valparaíso, es actual concejal de Casablanca por el PRSD, postula a la reelección, y es superintendente del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.

La situación de Peña, inculpado en procesos por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en ese puerto, motivó la protesta de habitantes de esa comuna, entre ellos el candidato a concejal del PS, Ricardo Molina González.

Molina dijo a La Nación que tomó contacto con dirigentes del PRSD para hacer presente la situación "pero este señor Peña sigue donde está".

El ex agente fue careado en uno de los procesos con el actual jefe del CDE de Valparaíso, ex fiscal naval y capitán de corbeta (R) Enrique Vicente Molina, estableciéndose en ese trámite judicial que Peña reconoció a Vicente como quien operaba en esos centros de detención y tortura en los cuales él era agente.

Un informe policial en las causas que investiga la ministra Eliana Quezada, afirma que los hombres del Grupo Zorro 2 cumplían en la Armada "instrucciones del fiscal naval Enrique Vicente Molina".

"En Casablanca muchos están decepcionados del señor Peña que engañó a los que le hemos apoyado, y es una afrenta que ocupe el cargo de superintendente de nuestro Cuerpo de Bomberos", dijo Molina.

Según informaciones de habitantes de Casablanca, Peña intentó primeramente acercarse al PS y PPD para hacer carrera política, pero finalmente terminó en el radicalismo.

Consultado el senador Nelson Ávila, este manifestó que "a mí nadie me ha hecho llegar ninguna denuncia concreta sobre el señor Peña. No tengo nada que decir".

Pero el diputado por el distrito 15 del PRSD Samuel Venegas, afirmó a La Nación que está informado de la situación judicial y la calidad de ex agente de Peña, pero que "él sólo cumplió órdenes bajo el principio de la obediencia debida y era un subordinado, y eso no significa que tenga las manos manchadas con sangre".

El parlamentario agregó que "el señor Peña no ha sido procesado, porque si lo estuviera o lo fuera en el futuro, ahí la situación cambia. El hecho de estar en calidad de inculpado en un proceso no acredita que él es culpable de algún delito, por eso hemos continuado prestándole apoyo. Incluso hemos sabido que él ha estado colaborando con la justicia".

Para los detractores de Peña en Casablanca, sin embargo, él está "moral políticamente" inhabilitado para continuar siendo concejal "y más aún postular a ser reelecto el próximo 26 de octubre".

La información en la que se hizo pública la situación de Peña González y el jefe del CDE en Valparaíso Vicente Molina, fue publicada por la La Nación Domingo el pasado 13 de julio.

El también ex fiscal naval Enrique Vicente está querellado en varios procesos por violaciones de los derechos humanos y es acusado por ex agentes de ejercer poder en centros de tortura. Lo defienden tres abogados del propio CDE de la V Región.

La situación del abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, (capitán de corbeta (R), ex fiscal naval de Valparaíso durante la dictadura militar y ex seremi de Justicia de Augusto Pinochet) se complica cada vez más.

A las declaraciones de ex agentes del Grupo Zorro 2 -que lo acusan de ser uno de los hombres que tenía poder en los centros de detención y tortura como la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Silva Palma, lo que Enrique Vicente niega- y al ocultamiento a la justicia de su labor como fiscal entre los años 1975 y 1977 -declaró que sólo sirvió como fiscal naval de Valparaíso hasta el 31 de diciembre de 1974- ahora se sumaron dos oficios del senador Nelson Ávila.

El parlamentario pidió al contralor general de la república, Ramiro Mendoza, que indague los términos en que ejercen la defensa de Vicente los abogados del mismo CDE de la V Región y subordinados suyos, Juan García Bilbao, Helga Göcke Saavedra y Alfredo Larreta Granger.

"Estos abogados han realizado en las causas criminales (donde está imputado Vicente) actuaciones y diligencias procesales en horarios que corresponderían a los de su función pública, y para los efectos de las notificaciones (judiciales de estas causas) han consignado las dependencias del propio CDE", sostiene Ávila.

A su vez, el senador ex PPD y hoy radical envió un segundo oficio dirigido al presidente del CDE, Carlos Mackenney, donde le hizo presente la misma situación pidiéndole que el consejo abra una investigación sumaria en contra de Vicente.

Pero en este caso Ávila agregó la incongruencia de que, mientras el CDE es parte querellante en el país en diversas causas por delitos de lesa humanidad durante la opresión militar, en la V Región ello no sucede.

"Me tiene sorprendido el silencio y la pasividad del CDE en la instrucción y prosecución de causas por violaciones de los derechos humanos en la V Región", dijo el senador en su oficio a Mackenney.

En el texto el parlamentario citó el artículo que publicó La Nación Domingo el pasado 13 de julio, en el que se dio cuenta de las declaraciones y careos judiciales de los ex agentes del Grupo Zorro 2 que operó en la Academia de Guerra Naval y Cuartel Silva Palma de Valparaíso, teniente coronel (R) de Carabineros Alejandro Vargas Goas, y suboficial (R) de la misma institución, Guillermo Peña González, donde acusan a Vicente de circular frecuentemente en estos dos centros de tortura en el cerro Playa Ancha ejerciendo mando.

LND también informó acerca de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se estableció que los agentes del Grupo Zorro 2 "cumplían en la inteligencia naval las instrucciones dadas por el fiscal Enrique Vicente Molina".

En su oficio a Mackenney, Ávila le recordó que ya se había demandado durante la presidencia de Clara Szczaranski que el CDE investigue a Vicente por las acusaciones que se le formulan en las querellas en su contra, pero nada sucedió al respecto.

Los procesos

Entre los procesos abiertos en contra del ex fiscal Enrique Vicente por delitos de lesa humanidad, están los del sacerdote Miguel Woodward, los hermanos Dragomir y Guillermo Kegevic, y Nina Reyes. Esta última lo acusa de presenciar personalmente sus torturas en el Cuartel Silva Palma, habiéndolo reconocido después, según ella, por un anillo de oro con las iniciales EV.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó recientemente que Vicente aclare ante la jueza Eliana Quezada, que instruye algunas de estas causas, por qué ocultó a la justicia su labor como fiscal entre 1975 y 1977.

Enrique Vicente fue careado con ex miembros del grupo Zorro 2, que lo individualizaron. Además, Vicente debe aclarar tres años de servicio activo como fiscal naval que ocultó a la justicia.

El ex agente de seguridad Guillermo Peña González estaba sentado al lado del fiscal jefe del Consejo de Defensa del Estado de la Región de Valparaíso, Enrique Vicente Molina, cuando entregó su lapidario testimonio: "Él es el oficial de la Armada que se veía con mucho poder en el cuartel Silva Palma y se desplazaba al interior de la zona de interrogatorios.

Generalmente, yo veía a don Enrique Vicente, sentado aquí a mi lado, circular también por la Academia de Guerra Naval [AGN], donde estaban el centro de detenidos y las oficinas del Sicajsi [Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, también conocido como Cuartel Silva Palma]".

La lapidaria declaración del ex agente daba en las narices a Vicente, quien enfrentaba el careo en su calidad de ex fiscal naval de Valparaíso y capitán de corbeta en servicio activo durante la dictadura. Porque hasta hoy, el ex fiscal naval ha negado durante años, en todas sus declaraciones judiciales, haber siquiera pisado estos dos centros de detención y tortura que la Armada mantuvo después del golpe de Estado. Ambos están ubicados uno al lado del otro, al final de la calle Pedro León Gallo, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.

Entre los procesos abiertos en su contra por delitos de lesa humanidad que se le imputan están los del sacerdote Miguel Woodward, los hermanos Dragomir y Guillermo Kegevic, y Nina Reyes, entre otros.

"¡Jamás fui a esos lugares en que se mantenía detenidos, este señor está equivocado!", replicó Vicente, insistiendo en que mientras fue fiscal naval jamás salió de su oficina del edificio de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, en la plaza Sotomayor de Valparaíso.

Pero Peña González, un suboficial de Carabineros que en 1973 integró los grupos Zorro, adscritos a la Academia de Guerra Naval y al Cuartel Silva Palma para detener gente y decidir su destino bajo las órdenes del Sicajsi no estuvo solo al desmentir a Vicente.

Su jefe en el grupo Zorro 2, teniente coronel de Carabineros Alejandro Vargas Goas, también confirmó ante la justicia la presencia de Vicente en el "Palacio de la Risa", como irónicamente los prisioneros bautizaron a la AGN y el Silva Palma.

"De los oficiales de la Armada que cumplían funciones en la Academia de Guerra Naval, y específicamente en el Sicajsi, estaban el comandante Barra, que era el jefe del Sicajsi, el comandante Mackay, el comandante Soto-Aguilar, un teniente Riesco, de Infantería de Marina, y un teniente de reserva de apellido Vicente".

Los que acompañaban a Vicente, según Vargas, eran connotados personajes en la represión. Vicente era el único oficial de Justicia con ese apellido en aquel tiempo en la Armada.

Sergio Barra von Kretschman no sólo fue el jefe del Sicajsi y de la Academia de Guerra, sino también pronto pasó a la DINA. El entonces capitán de corbeta y actual vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga fue otra pieza relevante del Sicajsi, al igual que el ahora capitán de navío (R) Ricardo Riesco Cornejo.

Los tres fueron procesados en abril pasado por la jueza Eliana Quezada, en calidad de autores del crimen del sacerdote Miguel Woodward. Mackay y Riesco, al menos, estuvieron entre el grupo que lo torturó en la AGN.

Un informe policial existente en las causas contra Vicente establece que los hombres del grupo Zorro 2 Vargas, Peña y el ex agente Óscar Correa Correa, quien hoy vive en Estados Unidos y aún debe declarar por exhorto cumplían en el Sicajsi "instrucciones dadas por el fiscal naval Enrique Vicente Molina".

Antes de los dos ex agentes Zorro, cuyos careos y declaraciones en los que mencionan a Vicente datan de 2007, su nombre sólo había sido indicado por la ex prisionera Nina Reyes, quien lo acusaba desde 2004.

En la querella en su contra, Reyes denuncia que el fiscal del CDE estuvo en la sala del Silva Palma donde la torturaron entre cuatro personas, y cuando se le corrió la venda de los ojos dijo ver a un "oficial rubio con un anillo de iniciales EV" presente en sus torturas.

En la fiscalía naval lo reconoció después como Enrique Vicente, y afirmó que reconoció el mismo anillo. Pero cuando a Nina Reyes la carearon con Vicente, en junio de 2007, éste, tras negar la acusación, dijo: "Nunca he usado anillo porque me duele".

Además, y según ordenó una resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de mayo de 2008, Vicente debe ahora explicar qué hizo en la Armada como fiscal naval, con el grado de capitán de corbeta, entre 1975 y 1977.

Hasta ahora, Vicente insiste en sus declaraciones procesales que sólo cumplió la función de fiscal naval como oficial en servicio activo entre el 12 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1974.

Pero un documento de la Dirección de Personal de la Armada (oficio 1600/0320, de marzo de 2007), dirigido a los jueces que indagan las causas que existen en su contra, lo contradice: "Puedo indicar a US. que los registros indican que el último retiro definitivo de la institución del capitán de corbeta (R) Enrique Vicente Molina, fue el 1 de enero de 1978" .

¿Qué hizo Vicente en la Armada en los tres años que él no reconoce haber estado en servicio activo? En octubre de 2004, la Armada envió a los jueces un documento similar (oficio reservado 1595/S/63) dando cuenta de la fecha de permanencia de Vicente como oficial activo: "El mencionado oficial [Vicente] permaneció en servicio activo hasta el 31 de diciembre de 1974, fecha en que se cursó su retiro".

Por lo tanto, la Armada también entró en contradicciones respecto de las fechas que ahora la Corte de Valparaíso requiere que le aclaren. Entre 1975 y 1977, Vicente fue seremi de Justicia en la V Región, designado por Augusto Pinochet.

Ahora, abogados querellantes en estas causas contra Vicente quieren saber si los abogados que lo defienden por un poder que éste les confirió, Juan García Bilbao y Helga Goecke Saavedra, ambos profesionales del CDE en Valparaíso, lo hacen usando el horario y su sueldo fiscal, o si, por el contrario, sus funciones defensoras las cumplen fuera de esas horas y pagados con dinero del propio Enrique Vicente.

Enrique Vicente Molina fue fiscal naval después del golpe. Está querellado. Hay quienes que lo reconocen en interrogatorios y ordenando detención de personas que fueron torturadas por marinos. 

Familia del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, muerto en el buque Esmeralda, asegura que debe renunciar, ya que tiene acceso a la causa.

La “renuncia ética” que formalizó este lunes el general Guillermo Santelices, vuelve a poner en el tapete si personeros que tuvieron participación directa o indirecta en las violaciones de derechos humanos deben seguir en sus cargos.

El caso trae a colación la situación que enfrenta el procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la Quinta Región, el abogado Enrique Vicente Molina.

El profesional, que fue fiscal naval después del golpe militar del 73, interrogó a varias personas, ordenó la detención de otras, que fueron torturadas por funcionarios de la Armada. Algunos de estos últimos aparecen relacionados a la muerte del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward.

Es del caso señalar que Vicente desde su cargo tiene acceso a la investigación que ahora tramita la ministra Eliana Quezada y, al mismo tiempo, fue querellado por el abogado Guillermo Kegevic, por su eventual responsabilidad como fiscal naval en distintos hechos indagados por la justicia, entre ellos la muerte de su padre.

De hecho, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDHMI), continuador natural de la Comisión Rettig, tardó cerca de tres años acceder a la causa.

En otras palabras, el jefe del CDE en la Quinta Región actúa con una doble calidad, a la vez de imputado y querellante.

Si bien el caso no es exactamente igual al caso ocurrido con Santelices, cierto es que se pone entredicho la independencia que debiera tener un funcionario de esa investidura, en procesos sensibles como son los de derechos humanos, lo que afecta la imagen pública del CDE.

Para el abogado del PDHMI, Boris Paredes, quien ha estado ligado a la causa de Woodward, "es inaceptable que Vicente continúe en su cargo".

“Esto es a todas luces irregular. Tiene copia del expediente y, a la vez, actúa como querellado por lo que debería al menos abstraerse", criticó Paredes.

Fred Bennet, esposo de Patricia Woodward, hermana del sacerdote desaparecido dijo a El Mostrador.cl que es “un verdadero escándalo que Vicente, como el segundo hombre del CDE en Valparaíso, Luis Winter Igualt, otro fiscal naval para el golpe, sigan en sus cargos, porque para nosotros son encubridores”.

“Al menos el general Santelices tuvo el valor de admitir su participación, mientras que Vicente no ha tenido la suficiente hombría de hacerlo", manifestó Bennet.

Acusaciones

En el caso Woodward, declaró el comandante (R) de Carabineros Marcelo Vargas Goas, según publicó el 21 de mayo de 2006 el diario La Nación. 

Este último reconoció que después del golpe detuvo a unas 20 personas por orden de Vicente. “Las diligencias que cumplíamos en el Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior y las ordenaba la Fiscalía Naval, siendo fiscal el capitán Enrique Vicente”. En 2004 testimonió el suboficial (R) de Carabineros Guillermo Peña González.

En distintas entrevistas que ha dado Vicente, una de ellas a El Mercurio de Valparaíso en 2003, niega haber participado en torturas o tener conocimiento de ellas, ya que todo su trabajo estuvo centrado en las oficinas d ella fiscalía naval de la época.

Sin embargo, la querellante Nina Reyes, que estuvo detenida seis meses por orden de Vicente -según La Nación- lo contradice. “Una vez, cuando me interrogaban y torturaban en el Silva Palma, me corrí la capucha y vi quien me interrogaba. Era rubio, como alemán, con uniforme de comando de la Armada (camuflado). Me quedó grabado un anillo tipo tuerca que usaba, de oro, con iniciales E.V.”, declaró en el proceso el 31 de marzo de 2004.

Cuando quedó libre fue a la Fiscalía Naval por una diligencia. “Fui para que me autorizaran sobre una propiedad. Al fiscal Enrique Vicente, que ahora vestía uniforme azul de la Armada, lo reconocí como el que me interrogó bajo apremio físico cuando me corrí la capucha”.

¿Criterios igualitarios?

El caso instala una problemática de criterio tanto para La Moneda, como también al presidente del CDE, el DC Carlos Mackenney, porque un funcionario bajo su autoridad se encuentra cuestionado de actuar incompatiblemente en su cargo.

Si bien el Ejecutivo, a través de el ministro portavoz, Francisco Vidal, ha señalado que debe primar la presunción de inocencia en casos donde los imputados, militares o civiles no se encuentren sometidos a proceso, el titular de Defensa José Goñi, valoró la renuncia de Santelices.

Esta es la segunda vez que Mackenney se enfrenta a un problema de incompatibilidad de funciones. Anteriormente, se produjo por la empresa que creó la a consejera y ex titular del CDE, Clara Szczaranski -Compliance Consulting- dedicada a prestar asesorías en materias antilavado de activos, junto a dos funcionarios del organismo especializados en esta materia y que trabajan en ella en la actualidad para los intereses del fisco.

El CDE, desde la primera denuncia hace unos cuatro años contra Vicente, apoyó su permanencia en el cargo, bajo la égida de Szczaranski.

Pero ahora existe otra testera en el CDE, cuestión que debiera pesar a la hora de analizar alguna decisión, ya que Mackenney mantiene cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet, aunque Lagos lo nombró en el cargo. Tanto Mackenney como Bachelet son hijos de ex uniformados.

Este medio intentó obtener una opinión tanto de Vicente como Mackenney. El primero, pese a dejar recados a su secretaria no devolvió los llamados, mientras que el segundo salió ayer de vacaciones. Se trató también de requerir una versión del presidente (S), el consejero Eduardo Urrejola, pero a través del departamento de comunicaciones del CDE se indicó que no habría un pronunciamiento sobre el particular.

El abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la V Región, Enrique Vicente Molina, está en problemas. El lunes pasado se pidió su procesamiento a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, por delitos de “asociación ilícita, secuestro y tortura con posterior resultado de muerte” de Guillermo Kegevic Julio, hechos ocurridos en 1974 cuando Vicente era fiscal naval. La jueza Quezada instruye otras causas por violaciones de los derechos humanos, como la del sacerdote Miguel Woodward, donde el procurador está imputado.

El encausamiento de Vicente, que hasta el viernes pasado no se resolvía, lo solicitó el abogado Guillermo Kegevic Ahumada, hijo de la víctima. Su padre estuvo un mes detenido en el Cuartel Silva Palma de la Armada en Valparaíso.

En la querella de Kegevic contra Vicente de 2003 se afirma que su padre nunca superó las torturas y por ello murió en 1980.

Vicente es capitán de corbeta de Justicia (R) de la Armada. Fue fiscal naval en Valparaíso entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1974, a cargo de varias causas. Seremi de Justicia de la dictadura entre 1975 y 1977, y desde aquel tiempo es jefe del CDE en la V Región. Además, es consejero de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.

No quiso contestar las consultas de LND el jueves último. También negó una entrevista a fines de 2005 para consultarle por la larga lista de querellas en su contra en Valparaíso, todas por delitos de lesa humanidad. LND conoce al menos seis, pero hay más.

Quiénes lo acusan

Vicente niega, ante el tribunal y en una entrevista a “El Mercurio” de Valparaíso del 3 de agosto de 2003, haber ordenado en 1974 la detención de Kegevic Julio y enviarlo al Silva Palma. También niega interrogarlo, torturarlo u ordenar los tormentos aplicados a Kegevic, involucrado por tenencia de un arma.

No obstante, el teniente coronel (R) de Carabineros Marcelo Vargas Goas declaró en 2004, en el proceso, que detuvo a “20 personas” por orden de Vicente. “Las diligencias que cumplíamos en el Cajsi las ordenaba la Fiscalía Naval, siendo fiscal el capitán Enrique Vicente”. Dice que las detenciones fueron por “una orden de investigar que firmó el referido capitán”. Esa vez negó haber detenido a Kegevic. Pero el 11 de abril de 1974, en un antiguo expediente de la Fiscalía Naval, rol A-217, y declarando ante el mismo Vicente, lo reconoció.

En el mismo sentido declaró en 2004 el suboficial (R) de Carabineros Guillermo Peña González.

Vargas y Peña admiten que pertenecían al “Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Area Jurisdiccional de Seguridad Interior” (Sicajsi, para algunos Cajsi). Este servicio dependía de la Primera Zona Naval y operaba, según los declarantes, en la Academia de Guerra Naval de Playa Ancha, al lado del Silva Palma. Y las órdenes las habría impartído Vicente, según ambos lo reconocen.

Un “alemán” de anillo

El procurador niega que en aquel tiempo trató con prisioneros fuera de su oficina en la fiscalía, en la Plaza Sotomayor. Pero Nina Reyes, otra querellante en su contra, lo contradice. Detenida en 1974 por la misma orden de Vicente, fue llevada al Silva Palma, donde estuvo seis meses.

 “Una vez, cuando me interrogaban y torturaban en el Silva Palma, me corrí la capucha y vi quien me interrogaba. Era rubio, como alemán, con uniforme de comando de la Armada (camuflado). Me quedó grabado un anillo tipo tuerca que usaba, de oro, con iniciales E.V.”, declaró en el proceso el 31 de marzo de 2004.

Cuando quedó libre fue a la Fiscalía Naval por una diligencia. “Fui para que me autorizaran sobre una propiedad. Al fiscal Enrique Vicente, que ahora vestía uniforme azul de la Armada, lo reconocí como el que me interrogó bajo apremio físico cuando me corrí la capucha”.

Extraño suicidio

La extraña muerte del prefecto de Investigaciones de Valparaíso al tiempo del golpe de Estado, Juan Bustos Marchant, también persigue a Vicente. Sus hijas Gloria y Pamela se querellaron en su contra. El abogado representante, Héctor Salazar, dice que “para pedir el procesamiento de Vicente estoy esperando que la jueza Quezada profundice la investigación”. Según la versión oficial, el prefecto se suicidó en la madrugada del 2 de mayo de 1974 en la Prefectura de Investigaciones de Valparaíso. Pero los querellantes no lo creen. No se conoce autopsia, pero la buscan. “Si es necesario, pediremos la exhumación para una nueva autopsia”, dice Salazar.

Vicente niega haber ordenado la detención del prefecto para interrogarlo por supuestos cargos en su contra, pero un telegrama del 25 de abril de 1974 con la orden de arresto de Bustos enviado al “Director de Investigaciones”, firmado por Vicente, lo contradice. El documento está en el expediente A-158 de 1974 de la Fiscalía Naval.

Supuestamente Bustos llegó a manos de Vicente el martes 30 de abril de 1974, quien lo habría interrogado. El interrogatorio quedó firmado por Vicente, el propio Bustos y el teniente Patricio Schiavetti, ayudante del fiscal. El prefecto murió poco más de 24 horas después.

La muerte en dictadura, hace 45 años, de quien fuera Prefecto de Investigaciones de Valparaíso, Juan Bustos Marchant – caso caratulado hoy como homicidio calificado – significó una larga y dura batalla por el esclarecimiento de la verdad, que está llegando a su término. En tanto tiempo la justicia vio obstruida su labor por la negativa persistente de los responsables a reconocer lo sucedido.

  Trabajando sobre la base de prolijas indagaciones, careo de sospechosos y peritajes balísticos, el ministro de la Corte de Apelaciones porteña, Jaime Arancibia Pinto, involucró a 12 funcionarios de ese servicio, la actual PDI. Sólo dos de ellos están vivos y jubilados, Mario Tashima Rebolledo y Raúl Chenevier Laffont, cuyo procesamiento fue ordenado por el magistrado que conoce las causas por violaciones de los derechos humanos.

   Aunque el golpismo siempre lo presentó como un suicidio, a nadie le cupo nunca duda alguna de que el jefe policial fue asesinado a sangre fría, sin testigos, con premeditación y alevosía  propias de quienes en aquella época negra avasallaron al país y su gente sin contrapeso pero con odio, aprovechando la tenencia de las armas y protegidos por un régimen ilegal que ejercía el terrorismo de Estado.

   Funcionario de carrera, Bustos había asumido la prefectura designado por la dirección general de la institución en abril de 1972 por sus méritos personales, su capacidad profesional y su probidad indesmentible. Sabía que su tarea sería difícil en una ciudad como Valparaíso donde la oficialidad clasista de la Armada sobrepasaba la autoridad de su comandante en jefe, Almirante Raúl Montero Cornejo, y comenzaba a preparar la conspiración que llevaría al derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Allende.

   El prefecto desplegó una ardua labor al enfrentar a los enemigos del gobierno popular, en especial al grupo fascista Patria y Libertad que contaba con armas y explosivos proporcionados por oficiales navales para la comisión de actos de sabotaje y atentados terroristas. Ese grupo tenía la protección del contralmirante Ismael Huerta Díaz que en una oportunidad protagonizó un serio incidente con la autoridad policial por la detención de uno de sus integrantes que resultó ser su yerno. Indignado, Huerta amenazó con que “las cosas no quedarán así”.

   Juan Bustos, que concitaba el odio de la conjura golpista, fue destituido de su cargo por los marinos  que coparon Valparaíso la mañana del 11 de septiembre de 1973. No fue dado de baja y continuó prestando servicios profesionales a su institución,  mientras la fiscalía naval y el servicio de inteligencia naval seguían sus pasos y lo investigaban a fondo buscando cargos ficticios en su contra.

   Los días 11 de octubre y 26 de abril siguientes, Bustos fue secuestrado desde su domicilio en Viña del Mar por un grupo de matones que le dieron un maltrato brutal. Estos lo subieron a la fuerza a un vehículo en que fue llevado a otro lugar, maniatado,  con los ojos vendados y una frazada en la cabeza para interrogarle bajo golpes, torturas, aplicación de electricidad y amenazas hacia él y su familia, tratando de que confesara delitos inexistentes.

   Por orden del fiscal naval  Enrique Vicente, que ostentaba el grado de capitán de corbeta, el detenido quedó finalmente recluido en un calabozo de la misma prefectura cuya jefatura había ejercido hasta meses antes. Durante horas y días fue sometido a intensos interrogatorios por el fiscal junto a algunos que habían sido sus subordinados en la policía civil – inducidos por la dictadura se habían convertido en sus enemigos – y que se prestaban  para la encerrona en su contra. Tratando de vencer su resistencia todos insistían, sabiendo que no era verdad, en su participación en tráfico de armas y drogas.

    Minutos después de las 7 de la mañana del 2 de mayo de 1974, el destituido prefecto fue encontrado agónico en su celda de aislamiento: “Se había disparado” un balazo en la cabeza con perforación de cráneo y salida de proyectil. Junto a él estaba el revolver empleado, sin que nunca se supiera cómo había llegado allí ni en qué circunstancias. El deceso se produjo alrededor de mediodía tras lo cual de inmediato se emitió un apresurado comunicado oficial dando cuenta de un “suicidio”.

 Esa versión fue siempre inverosímil.  Quienes tenían antecedentes de la situación y estaban al tanto de lo que estaba sucediendo,  tenían la certeza de que Juan Bustos no saldría vivo del calabozo que ocupaba. Nunca se estableció – o al menos se informó – cómo un revolver pudo ser ingresado a una celda aislada de un detenido incriminado, o si “alguien” entró y le disparó a quemarropa o quizás si ese “alguien” lo forzó a tomar  el arma con sus manos, llevándola a la cabeza y apretó el gatillo.

   Semanas después de ocurridos los hechos,  el fiscal naval citó a su oficina a la viuda y le comunicó que después de todas las averiguaciones practicadas la conclusión era que el nombre del presunto suicida estaba limpio y era inocente, ya que no se habían encontrado cargos en su contra ni en tráfico de drogas o armas,  ni en ningún otro delito. Las múltiples disculpas y explicaciones, sin embargo, fueron innecesarias y no sirvieron en absoluto, porque ya era demasiado tarde.

En las últimas semanas, el Gobierno chileno ha desplegado una febril actividad y ha realizado enormes esfuerzos para instalar en la Secretaría General de la OEA al ministro José M. Insulza. Para ello ha usado todo el aparataje del Estado, en especial toda la diplomacia chilena. A pesar de las deficiencias de la OEA y […]

En las últimas semanas, el Gobierno chileno ha desplegado una febril actividad y ha realizado enormes esfuerzos para instalar en la Secretaría General de la OEA al ministro José M. Insulza. Para ello ha usado todo el aparataje del Estado, en especial toda la diplomacia chilena. A pesar de las deficiencias de la OEA y su permanente dependencia de los EE.UU., creemos que sigue siendo un instrumento regional que permite, al menos a través de su Comisión de DD.HH. (CIDH), denunciar y poner coto a los atropellos y excesos en ese ámbito en nuestra América. Por lo mismo creemos que el actual Gobierno de Chile no alcanza la solvencia moral y política para instalar a un personero que ha sido la cara operativa de todos los intentos de crear condiciones de impunidad en los dos últimos gobiernos del país.

Fue José M. Insulza, en su condición de Ministro de RR.EE., quien gestionó el regreso del dictador Pinochet desde Londres con el pretexto de su deteriorada salud y la promesa de que sería prontamente enjuiciado en Chile, lo que recién ocurrió después de 5 años y no por causas de Derechos Humanos (ni por empeño del gobierno) sino que, al igual que el mafioso Al Capone, por evasión tributaria. E n sus funciones ministeriales, ha sido articulador de todas las propuestas de rebajas de penas por crímenes de lesa humanidad y, en múltiples declaraciones de prensa, ha expresado su escaso interés por el enjuiciamiento de los responsables de tortura. Por el contrario, ha sido abierto partidario de dar por cerrado el tema de DD.HH. en Chile. Expresión de esto ha sido la promulgación en sólo 48 horas de la escuálida Ley de Reparación a los Ex Presos políticos, en la cual ignoró, ex profeso, tanto las propuestas de los afectados como las sugerencias de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, a pesar de la alta valoración ciudadana por el trabajo de dicha Comisión, desechando todas las normativas y peticiones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como de la ONU (las cuales el gobierno se comprometió a respetar). Así, en una vergonzosa maniobra, por fuertes presiones de Insulza y del gobierno, no se permitió que el Parlamento discutiera ni un ápice de dicha ley, imponiéndose una tramitación inmediata.

Otro aspecto de esta política del Gobierno se expresa en el papel cumplido por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya presidenta no sólo aboga por la aplicación de la ley de amnistía (también contraviniendo lo expresado por los organismos internacionales), sino que en innumerables procesos niega validez al Informe Rettig (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), y suponemos que con los mismos argumentos lo hará también con el Informe Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura). Como si no fuera suficiente, el CDE incluye en su planta funcionaria como Fiscal Regional a Enrique Vicente Molina, ex fiscal Naval durante la dictadura, que tuvo a cargo Consejos de Guerra en el año 1973, y ahora contrata al contralmirante (r) Arturo Ojeda como Gerente, a pesar de su declarado pasado golpista.

No somos partidarios de persecuciones ni caza de brujas, pero contratar a un personaje que firmó una carta sediciosa contra el Gobierno Constitucional en 1973, mientras vestía uniforme, y que ahora considera mercenarios a quienes protestan en las recaladas del buque-escuela «Esmeralda», contrasta con la situación de cientos de ex Presas y ex Presos Políticos imposibilitados de ejercer cargos públicos, o docencia, o dirigir Corporaciones, etc. por la falta de voluntad política del Gobierno de restituir los derechos que les fueran conculcados durante la dictadura y anular definitivamente los «antecedentes penales políticos», lo que no ha ocurrido en los tres gobiernos de la Concertación.

Por ello, y considerando que Chile tiene la mayor cantidad de denuncias ante la Comisión Interamericana de DD.HH. sin resolver (muchas por falta de respuesta adecuada del gobierno) y considerando, además, que José M. Insulza es expresión de ese desprecio del Gobierno por enfrentar adecuadamente la problemática de los DD.HH., la Agrupación de ex Presas y ex Presos Políticos de Valparaíso – V Región, se suma a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Comisión Ética Contra la Tortura en la campaña de rechazo a la postulación de José Miguel Insulza a la Secretaría General de la OEA en el próximo período.

Llamamos que todas las organizaciones de DD.HH. de otros países hagan llegar a sus gobiernos respectivos los reparos y la inconveniencia de apoyar al funcionario del gobierno chileno que tan mal ha tratado a las víctimas de las violaciones a los DD.HH. ocurridas en Chile durante la dictadura ya que siguen pendientes en nuestro país la Verdad, la Justicia y la Reparación.