Vega Vargas Omar Segundo Del Carmen

Arcadia Flores tenía 27 años cuando una brigada de la Policía de Investigaciones asaltó su casa y terminó baleándola mortalmente.

La Corte Suprema condenó a dos ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) por su responsabilidad en el delito de homicidio simple de la estudiante de periodismo Arcadia Patricia Flores Pérez, crimen perpetrado en agosto de 1981 en la Región Metropolitana.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Omar Segundo del Carmen Vega Vargas y Luis Orlando González Cuevas a penas de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En 1981 Arcadia Flores tenía 27 años. Había estudiado periodismo en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde ocupó el cargo de sub-jefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización. El 16 de agosto de ese año funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos de la PDI llegaron hasta la pieza que arrendaba en Quinta Normal junto a su pareja, Guillermo Rodríguez Morales.

Doce años antes, en septiembre de 1973, Guillermo había sido condenado por un Consejo de Guerra a 23 años de presidio, pero se le había conmutado la pena por extrañamiento, saliendo del país a Canadá. En 1978 ingresó nuevamente a Chile de forma clandestina, encargándose de desarrollar una milicia de resistencia a la dictadura cívico-militar, una de cuyas integrantes era Arcadia.

En esas circunstancias es que se organizó un operativo por parte de la PDI para realizar el allanamiento a la casa de ambos, en el que participaron al menos 10 integrantes de la mencionada Brigada Investigadora de Asaltos. Al ingresar al lugar, los policías trasladaron hasta la parte posterior del inmueble a dos personas que encontraron allí, para luego entrar a la habitación en donde estaba Arcadia Flores Pérez. La joven tenía en su poder un revólver calibre 38 y se hallaba tendida en una cama. Pudo intercambiar disparos con los policías, pero recibió varias heridas de bala que terminaron por quitarle la vida en el lugar.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos, Leopoldo Llanos, dictó condena de primera instancia contra  dos ex subcomisarios de la Brigada de Asaltos  de la Policía de Investigaciones de Chile ( PDI),  por su participación en el delito de homicidio simple de la profesora de inglés y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Arcadia Patricia Flores Pérez, ilícito perpetrado el 16  de agosto de 1981, en la comuna de Quinta Normal.

 En la resolución, el ministro Llanos condenó a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo a Omar Segundo del Carmen Vega Vargas y Luis Orlando González Cuevas. A ambos se les concedió  el beneficio de la libertad vigilada.

Según los antecedentes recopilados en la investigación: «A las 8:30 horas del 16 de agosto de 1981 fue detenido por funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos de la Policía de Investigaciones Guillermo Aurelio Rodríguez Morales, quien el 14 de septiembre de 1973 fue condenado por un Consejo de Guerra a 23 años de presidio, y mediante decreto 504 se le conmutó por extrañamiento, saliendo del país a Canadá; ingresó en 1978 en forma clandestina a Chile, y se encargó de desarrollar una milicia de resistencia al gobierno militar; una de cuyas integrantes era Arcadia Patricia Flores Pérez, de 27 años de edad, soltera, con estudios de periodismo en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) donde ocupó el cargo de Sub-jefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización, la cual pasó a ser pareja de Rodríguez Morales, arrendando una pieza en calle Santa Petronila N°644 de Quinta Normal. En esas circunstancias, se organizó un operativo para realizar el allanamiento al inmueble mencionado, al que concurrieron varios miembros de la Brigada Investigadora de Asaltos (a lo menos diez), disponiéndose que las personas que iban a entrar al inmueble fueran los funcionarios que tenían la calidad de jefe y subjefe de la Subcomisaría a cargo de la diligencia, por tener mayor antigüedad; una vez que éstos ingresaron al inmueble, caminaron por un pasillo que terminaba en un patio interior, y atrás de los anteriores los siguieron en «fila india» varios funcionarios, entre ellos Nelson Roberto Cortés Gutiérrez; permaneciendo Carlos Juvenal Díaz en las afueras del inmueble. El jefe de la Subcomisaría encontró a dos personas, Osvaldo del Tránsito Rojas Castillo y Sara del Carmen López Llantén, a quienes trasladó de inmediato hasta la parte posterior del inmueble, en tanto que el sub jefe ingresó a la habitación de la casa en que se encontraba Arcadia Flores Pérez. Ésta, que tenía en su poder un revólver calibre 38 y se encontraba tendida en una cama, intercambió disparos con  los policías y recibió varias heridas de bala de carácter mortal, falleciendo en el lugar».

Continúa el fallo: «Se desprende que los hechos descritos son constitutivos del delito de homicidio, pero en su hipótesis simple que describe el Art. 391 N° 2 del Código Penal, y no en la hipótesis calificada, descrita en el N° 1° de la primera disposición. En efecto, se ha comprobado que se dio muerte a una persona, mediante el uso de armas de fuego, con las que  le provocaron las heridas que fueron la causa de su deceso. Sin embargo, no se ha establecido en la especie la concurrencia de la premeditación expresada en la acusación, como quiera que numerosos declarantes en el proceso  están contestes en que se dirigieron al domicilio  de Arcadia Flores Pérez con el fin de allanarlo y detenerla, y no con el fin de darle muerte».

Agrega: «Cabe señalar, sin embargo, que los ejecutores del delito reaccionaron u obraron ante una agresión ilegítima (en cuanto siempre resulta antijurídico intentar impedir una posible detención disparando a los aprehensores), sin existir provocación de su parte, pero –como se dijo- , sin que concurriera la necesaria racionalidad de los medios empleados para impedirla o repelerla».

El ministro Llanos calificó los hechos como constitutivos de delito de lesa humanidad, en el contexto de la normativa nacional e internacional,  discrepando  del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que estimó que Flores Pérez «murió víctima de la violencia política imperante».

Al respecto señala «(…) resulta un contrasentido afirmar que tales muertes, en esas condiciones, no constituyan un «acto inhumano», toda vez que el organismo estatal, contando con manifiesta superioridad de hombres y armamentos, optó por darle muerte, en vez de obtener su rendición a fin de ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente».