Vásquez Villegas Hernán Antonio

Comenzó el traslado hasta ese recinto de la mayoría de los 33 reos sentenciados por las muertes de cinco frentistas en 1987. El penal cuenta con un módulo especial para ellos.

Esta mañana se inició el traslado de la mayor parte de los 33 condenados por los crímenes de cinco frentistas hacia la Cárcel de Colina 1, que por primera vez recibirá a sentenciados por casos de derechos humanos.

Las sentencias del juez Mario Carroza obedecen al caso por las muertes de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, secuestrados en septiembre de 1987 con el objetivo de intercambiarlos por el coronel Carlos Carreño, plagiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en lo que se considera el último acto represivo de la DINE y la CNI durante la dictadura.

Finalmente, una vez liberado el militar en Brasil, en diciembre de ese año, se decidió que los cinco fueran asesinados y arrojados al mar por el Comando de Aviación del Ejército.

Dado que la capacidad del penal Punta Peuco se encuentra prácticamente completa, con excepción de cinco plazas que serán ocupadas por este caso, se optó por trasladar a los restantes sentenciados a Colina 1, donde tendrán un módulo acondicionado especialmente para recibirlos y estarán aislados del resto de la población del recinto.

Mientras tanto, la única mujer involucrada será derivada al Centro Penitenciario Femenino.

Entre los condenados se encuentran 13 que ya cumplen penas por otros delitos. Entre ellos se está Álvaro Corbalán, quien recibió 15 años, el mismo tiempo que Hugo Salas Wenzel.

Sentenciados a 10 años fueron Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

Mientras que Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo, Manuel Ramírez Montoya, Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez deben cumplir presidio por cinco años y un día. Mario Campos Valladares, en tanto, recibió tres años y un día, que deberá purgar bajo libertad vigilada.

Raúl Meza, abogado defensor, manifestó su preocupación por la seguridad de los familiares que visiten a los reos. “Hay un solo ingreso (a la cárcel) y, a mi juicio, no está garantizada ni la integridad física ni la vida de las visitas”, manifestó.

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

Ex CNI, atrapado anoche en Concepción, además de su notificación por el caso Albania fue encargado reo por desaparición de 5 frentistas en las postrimerías de la dictadura de Pinochet.

Siete ex uniformados, entre ellos el recién detenido Iván Quiroz Ruiz, fueron procesados esta mañana por el ministro de fuero Mario Carroza por los distintos grados de participación que les corresponde en la desaparición de 5 ex frentistas en septiembre de 1987.

Además del coronel de Carabineros, el  magistrado encausó a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Uribe y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

Quiroz, quien formó parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fue notificado de su encargatoria de reo en este caso por Carroza al momento en que se le informaba formalmente su condena a 10 años y un día de cárcel por su rol en la Operación Albania.

De acuerdo a las investigaciones, los 5 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron secuestrados luego que esa organización secuestrara al comandante de Ejército, Carlos Carreño Barrera, para eventualmente canjearlos por dicho oficial quien finalmente fue entregado con vida en Brasil, suerte que no corrió para los civiles.

Los agentes, a partir de tales antecendetes judiciales, llevaron al grupo hasta el cuartel Borgoño de la disuelta CNI donde se les mantuvo ocultos y bajo custodia. Desde este recinto, días después, fueron retirados por funcionarios del mismo organismo cinco cadáveres los que, se presume, correspondían a los frentistas, y que luego fueron arrojados al mar desde un helicóptero militar por lo que no fueron identificados.

Los desaparecidos son Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los homicidios calificados de Enzo Muñoz Arévalo, Héctor Patricio Sobarzo Núñez, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia, ilícitos perpetrados el 2 y 3 de julio de 1984, en diversos puntos de la Región Metropolitana.

Enzo Muñoz, de 30 años de edad, era comerciante, originario de la provincia de Arauco y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); Héctor Sobarzo, de 31 años, era profesor, natural de Lebu y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos eran amigos desde sus años de vida en el sur. Por su parte, Juan Varas era militante del MIR y Ana Delgado integrante del FPMR.

En fallo dividido (causa rol 27178-204), la Segunda Sala de febrero -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Ricardo Blanco y Andrea Muñoz- condenó a los ex oficiales de ejército y agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex teniente coronel, actualmente cumpliendo condena en el Penal Punta Peuco, Pedro Javier Guzmán Olivares, ex coronel, Juan Eduardo Rubilar Ottone, ex teniente coronel, Pedro Javier Guzmán Olivares, ex coronel, Reimer Eduardo Kohlitz Fell, ex mayor de ejército, y a los ex suboficiales de ejército Hernán Antonio Vásquez Villegas, alias "Pablito", y Jorge Eduardo Hernández Espinoza, alias "Oscarito", a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los homicidios de las 4 víctimas.

A la fecha de ocurrencia de los homicidios Corbalán cumplía funciones como jefe de la División Anti Subversiva de la CNI, que operaba en el Cuartel Borgoño de la capital; los demás condenados eran todos integrantes de la Brigada Verde, unidad encargada de la persecución del PC y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El fallo de primera instancia, dictado en enero del 2012 por el ministro en visita Joaquin Billard, había condenado a Corbalán a 15 años de presidio, a Kohlitz Fell y Vásquez Villegas a 6 años, a Rubilar Ottone y Hernández Espinoza una pena de 3 años, y absolvía a Guzmán Olivares.

La reiterada práctica de los falsos enfrentamientos

Según los antecedentes recopilados en la etapa investigación, el ministro en visita Joaquín Billard logró acreditar que las cuatro víctimas fueron asesinadas por los agentes, desvirtuando la versión oficial que las sindicó como muertas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

«Con el mérito de los antecedentes analizados, ponderados en forma legal, se ha logrado establecer que contrario a la versión oficial, el día 2 de julio de 1984, aproximadamente a las 23:00 horas, personal de la denominada Central Nacional de Informaciones (CNI) que se movilizaba en un automóvil de sur a norte, interceptó a un vehículo particular que se encontraba detenido en la Avenida José Pedro Alessandri, trescientos metros antes de llegar a la Rotonda Departamental y en los momentos en que uno de los ocupantes del vehículo particular se dirigió en una cabina de teléfono público, ubicaba frente al N° 6132, de esa avenida, el personal de la CNI acribilló en ese sitio al conductor del vehículo que se encontraba al interior del mismo y luego de subir al otro sujeto a un vehículo furgón tipo utilitario, procedió a ejecutarlo en las cercanías del «Zanjón de la Aguada», distante unos metros de la detención, hecho ilícito constitutivo del delito de Homicidio calificado en las personas de Enzo Muñoz Arévalo y Héctor Patricio Sobarzo Núñez", sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Con el mérito de lo reseñado precedentemente, se tiene por justificado en autos que, el día 2 de julio del año 1984, en horas de la noche, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que conformaban el aparato antisubversivo y cuya sede se encontraba en el Cuartel Borgoño de esta ciudad, procedieron a detener a un hombre y una mujer en las proximidades de la Rotonda Departamental, lugar donde se había producido un supuesto enfrentamiento entre personal de la ex CNI y supuestos extremistas, para posteriormente trasladarlos, a ambos, al Cuartel Borgoño ubicado en esta ciudad y en cuyo subterráneo fueron interrogados. Posteriormente, en horas de la madrugada, ambos detenidos fueron retirados desde ese lugar y trasladados a las proximidades del Callejón Lo Ovalle con calle San Petersburgo de la Comuna de San Joaquín, lugar en el cual, cerca de las 6 de la mañana, bajo pretexto de un enfrentamiento armado, ambos detenidos fueron ejecutados por miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), entregándose la versión oficial de que las víctimas de autos, habían sido abatidas en un enfrentamiento armado en las proximidades del Callejón Lo Ovalle, hechos constitutivos del delito de Homicidio Calificado perpetrado en las personas de Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia".

La decisión definitiva de la Suprema se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes fueron partidarios de aplicar la media prescripción. Esta actitud es casi costumbre en estos dos jueces partidarios por razones ideológicas de otorgar beneficios indebidos a los criminales, aun contraviniendo los compromisos internacionales que obligan al Estado chileno a adoptar determinadas conductas anti impunidad y privilegios en delitos de lesa humanidad y de derechos humanos.

En un inédito fallo, la Corte Suprema confirmó las condenas a 33 ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia –CNI–, del Batallón de Inteligencia del Ejército –BIE– y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados a partir de septiembre de 1987.

El máximo tribunal del país condenó a Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros calificados, mientras que Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales, deberán cumplir penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los cinco delitos.

A ellos se suman los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya, que deberán cumplir penas de 5 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados. Y además Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez fueron condenados a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices de los delitos. En tanto, Mario Campos Valladares debe purgar 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada -es decir, no entrará a prisión-.

La investigación judicial determinó que el secuestro de los 5 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodriguez se realizó como represalia tras el secuestro que realizó la organización de el ex Coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera el 1 de septiembre del 87. “Entre el 9 y 10 de septiembre del mismo año recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por dicho oficial. Actuaron mediante equipos organizados y concertados por un mando general, comunicándose mediante claves para ocultar sus autorías y evitar ser descubiertos por terceros.”, señala la investigación. Luego de ello fueron sometidos a interrogatorios y torturas, y sus cuerpos fueron finalmente lanzados al mar, amarrados a durmientes.

“Antes de la liberación del Coronel Carreño en Brasil y no siendo posible efectuar un canje, se decide por estos organismos de seguridad la eliminación de los detenidos y, para ello, organizan un operativo que permite sacar los 5 cuerpos como bultos del recinto en que se encontraban privados de libertad, al parecer sin vida o previamente drogados, y fueron transportados en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, donde finalmente se arrojaron sus cuerpos al mar atados a durmientes.”, afirma la investigación.

El secuestro de Carreño Barrera por parte del FPMR tuvo el objetivo de que se publicara una proclama contra la dictadura en todos los medios de prensa chilenos, el canje por algunos prisioneros políticos y el reparto de víveres, ropa, juguetes y materiales de construcción en 13 poblaciones de Santiago. La acción fue bautizada como “Operación Príncipe” y mostró la audacia de la organización que le permitió tener secuestrado al militar por 3 meses, para después liberarlo en Brasil, sin que la Dictadura los hubiese detectado, utilizando pasos fronterizos clandestinos.

Las negociaciones fracasaron y el Frente no pudo conseguir la liberación de los presos políticos, sin embargo, accedieron a la liberación de Carreño luego que su familia pagara 13 camionadas de ropa y comida, que fueron distribuidas en poblaciones pobres de Santiago.

La tarde de este domingo, en un supermercado de la ciudad de Pucón, la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la Policía de Investigaciones (PDI), logró la captura del ex oficial de ejército que operó en el Cuartel Borgoño de la CNI durante la década del 80, formando parte de la División Antisubversiva del ente represivo, en Santiago.

El capturado Juan Eduardo Rubilar Ottone, alias "El Gato", usaba la chapa "Pedro Lira", se hacía llamar "Capitán Lira", y actuó en las unidades Plomo, en la Apache, en la Café y en la Brigada Verde de la mencionada División. En esta última, operó como jefe de la unidad destinada a combatir al FPMR y al PC.

En agosto de 2015 fue condenado a 15 años de presidio por la Corte Suprema por los asesinatos de Enzo Muñoz Arévalo, Patricio Sobarzo Núñez, Juan Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia, perpetrados el 2 y 3 de julio de 1984 en Santiago.

Enzo Muñoz, de 30 años de edad, era comerciante, originario de la provincia de Arauco y militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); Héctor Sobarzo, de 31 años, era profesor, natural de Lebu y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Ambos eran amigos desde sus años de vida en el sur. Por su parte, Juan Varas era militante del MIR y Ana Delgado integrante del FPMR.

En el fallo de la justicia, además del ex coronel Juan Eduardo Rubilar Ottone, fueron condenados los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex teniente coronel, actualmente cumpliendo condena en el Penal Punta Peuco, el ex coronel Pedro Javier Guzmán Olivares, el ex mayor de ejército Reimer Eduardo Kohlitz Fell, y los ex suboficiales de ejército Hernán Antonio Vásquez Villegas, alias "Pablito", y Jorge Eduardo Hernández Espinoza, alias "Oscarito", todos a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los homicidios de las 4 víctimas.

En un supermercado de Pucón la Policía de Investigaciones detuvo a Juan Eduardo Rubilar Ottone, de chapa “Capitán Lira”, ex Coronel de Ejército y agente de la Central Nacional de Informaciones, CNI, quien estaba prófugo desde 2015, tras ser condenado por crímenes cometidos durante la dictadura.

El “Capitán Lira”, quien comandaba una brigada de la CNI integrada por 25 agentes. Su superior en el organismo fue Álvaro Corbalán, actualmente preso en Punta Peuco. Rubilar Ottone es responsable de asesinar, junto a su equipo, a cuatro resistentes antidictatoriales, entre ellos a quien ejercía de Secretario Ejecutivo del CODEPU, Héctor Patricio Sobarzo Núñez, quien había concurrido a una clínica para informarse y prestar ayuda humanitaria a un militante del FPMR que había resultado herido en una acción de propaganda de dicha organización.

Patricio Sobarzo y Enzo Muñoz Arévalo, quienes se conocían desde hacía años, concurrieron al local, pero previamente se detuvieron en un teléfono publico para realizar una llamada, todo esto en las cercanías de la Rotonda Departamental. En ese momento fueron asesinados por la brigada de la CNI.

Entre tanto, los militantes de izquierda que se encontraban en la clinica escuchan los disparos y comienzan a salir del lugar ante el peligro de allanamiento del lugar. Entre las personas que salieron del domicilio estaban Juan Varas Silva y Ana Delgado Tapia quienes son detenidos en las cercanías de la casa y llevados al Cuartel Borgoño de la CNI, ahí son duramente interrogados y torturados y luego en horas de la madrugada son sacados de ese lugar y trasladados hasta las proximidades del Callejón Lo Ovalle con la calle San Petersburgo, de la comuna de San Joaquín. Allí, cerca de las 6:00 de la mañana ambos detenidos fueron ejecutados por la CNI.

Por estos crímenes, fueron condenados, entre otros, Álvaro Federico Julio Corbalán Castilla, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Jorge Eduardo Hernández, Juan Eduardo Rubilar Ottone y Reimer Eduardo Kohlitz Fell. Este último, también se encontraba prófugo desde el año 2015 y fue detenido recién en noviembre del año recién pasado tras una operación antidrogas de Carabineros.

La versión que entregaron las autoridades dictatoriales y los medios de prensa oficialistas en al año 1984 fue que los crímenes fueron resultado de enfrentamientos, lo que a todas luces era una farsa.

Patricio Sobarzo era profesor de historia, compañero de Inés Castillo, fue uno de los fundadores de la AGECH y de la UNED, y a la fecha de su muerte, a los 31 años, era secretario regional del CODEPU. Desde su adolescencia en Concepción militaba en el MIR y fue presidente del centro de alumnos Liceo Enríque Molina en tiempos de la Unidad Popular. Tras el golpe cívico-militar, Patricio estuvo detenido por más de un año en la cárcel de Concepción. Al ser liberado se traslada a Chillán, a estudiar pedagogía en historia en la Universidad de Chile. En 1981 se traslada a Santiago, trabaja como profesor y participa en la Agech, y se incorpora a CODEPU.

La detención del prófugo, Juan Eduardo Rubilar Ottone, la anterior detención del otro prófugo, Reimer Eduardo Kohlitz Fell, deben ser consideradas una situación preocupante, pues no son los únicos perpetradores de crímenes de lesa humanidad que han estado prófugos. Hay otros. Y todo indica que de parte de los ex agentes de los servicios de seguridad dictatorial solo existe el animo de evadir la necesaria justicia, y tampoco hay arrepentimiento de los crímenes cometidos.